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- rdf:value = " El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , la crisis energética que afecta al país, que ha motivado esta sesión especial de la Corporación, es obviamente un tema de interés nacional que debe ser abordado por nosotros, máxime cuando, de una u otra forma, la legislación vigente, que rige en el país más o menos desde 1982, ha regulado desde esa época el marco legal de las empresas generadoras y distribuidoras de energía en nuestro país.
La prensa ha señalado que las empresas eléctricas han ocultado información vital para tomar decisiones fundamentales en el momento de abordar esta crisis. Y he querido intervenir para señalar precisamente este tema como eje central del sistema, porque, si bien es cierto que puede existir consenso claro y mayoritario en Chile respecto de la economía de mercado, y, en consecuencia, del rol protagónico de éste en la asignación de recursos, no es menos cierto que, respecto de temas tan importantes como el de un servicio público donde la electricidad está en juego, el mercado, necesariamente, debe tener una regulación especial y estricta.
Lejos estoy de afanes estatistas que en nada conducen al proceso de desarrollo económico del país. Sin embargo, una regulación adecuada del mercado en materias como ésta es fundamental. El hecho de contar con información adecuada relativa a la generación eléctrica es sumamente importante; tanto es así, que las estaciones con que actualmente se monitorea la capacidad de agua en nuestro país también se encuentran privatizadas. Es decir, se privatizó globalmente el sistema que hoy regula la legislación vigente; en consecuencia, quienes pueden fiscalizar no cuentan con las respectivas estaciones de monitoreo que son de propiedad de aquellos que operan y lucran con el sistema, principalmente de la Endesa y empresas relacionadas. De manera que se habla de ocultamiento de información porque quienes pueden entregarla, además, la generan, por cuanto poseen las estaciones de monitoreo y mantienen el sistema a cabalidad en todos sus aspectos.
Aquí, claramente, ha habido una situación de egoísmo, en la que se ha privilegiado controlar e incidir sobre los precios para beneficio económico particular de las empresas. Por eso estamos preocupados de la situación y la denunciamos públicamente.
Quiero llamar especialmente la atención respecto del control estatal sobre estas actividades. Hoy, cuando estamos en proceso de privatización de las sanitarias, llamo a pensar qué puede significar en Chile cuando no sólo falte la luz, sino también el agua potable, que es vida para cada uno de los habitantes de nuestro país. La regulación del Estado es fundamental, y quienes ocultan información, como lo han hecho las empresas privadas, deben recibir las sanciones que corresponden y responder a los verdaderos intereses del país.
A Chile, la crisis eléctrica le cuesta, diariamente, un millón de dólares. Catorce millones de pesos es la multa máxima que se puede aplicar cuando se ha contravenido el ordenamiento legal vigente. No hay proporción alguna entre los beneficios económicos, de público conocimiento, que han experimentado esas empresas y el daño que le han ocasionado al país y a los consumidores.
Por eso hemos adherido a una presentación del Diputado de nuestra bancada, Edgardo Riveros , para solicitar una comisión investigadora especial sobre este tema, porque hay que cambiar el sistema y otorgar, por ley, mayores facultades reguladoras y fiscalizadoras, de manera de garantizar a los usuarios no sólo precios justos, sino también servicios justos, porque no se les pregunta por las tarifas ni tampoco por los cortes, pero sí, obviamente, se les exige el pago oportuno de sus cuentas.
Llamo a constituir dicha comisión especial investigadora y a tener en cuenta que la legislación debe estar al servicio de la gente y de sus beneficios, y no de las grandes empresas. Sólo así se valida un sistema de desarrollo económico en nuestro país que jamás el egoísmo podrá validar.
He dicho.
"
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