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El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, este proyecto se materializó a partir del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, en circunstancias de que debió mirarse desde la perspectiva de la ciudad, del ordenamiento urbano, del territorio y de la arquitectura, toda vez que se refiere a la creación de una actividad de microempresa familiar en casas habitaciones y en conjuntos habitacionales.
Pues bien, la única referencia del proyecto en tal sentido es lo que dispone el inciso cuarto que se agrega al artículo 26, que dice que si la vivienda en la cual se desarrollará esta actividad está en una unidad de un condominio, deberá contar con la autorización del comité de administración respectivo.
En mi opinión, en nuestra legislación existe una importante carencia sobre la materia. En general, el parque habitacional ha experimentado un gran incremento en nuestro país: se ha multiplicado casi seis veces en los últimos diez o doce años, y se ha construido el 600 por ciento más de todo lo que se construyó en los primeros 500 años desde la fundación de Chile. Sin embargo, nuestra legislación se ha ido quedando atrás, y los colegas pueden ver cómo vamos a hacer ciudad y arquitectura mediante la modificación de un decreto ley sobre rentas municipales. ¡Qué insuficiencia de nuestro aparato legislativo y de nuestra reglamentación! ¡Qué falta de fiscalización y de preocupación existe aún en nuestra estructura legislativa y reglamentaria! Digo esto porque, al final, todas estas disposiciones terminan materializándose en obras construidas; es decir, en volúmenes que aparecen en la ciudad y que determinan la relación entre un vecino y otro, entre un conjunto de vecinos y la ciudad, en la conformación de barrios y en la alegría o la infelicidad de los ciudadanos de vivir en una ciudad que puede armonizar o no los volúmenes construidos.
Desde el punto de vista productivo, este proyecto me parece excelente y voy a votarlo a favor, porque es necesario desarrollar las empresas familiares.
Sin embargo, debemos avanzar en el desarrollo de una forma de legislar que permita que cuando alguien interviene en la ciudad, en los barrios, en las construcciones y en la arquitectura, a partir de un decreto ley que no tiene relación con la volumetría ni con la arquitectura, nosotros deberíamos exigir que estos proyectos pasen por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, a fin de que reciban la mirada específica, sectorial; porque, a fin de cuentas, si se toma una decisión en virtud del decreto ley Nº 3.063, sobre rentas municipales, se termina materializando un volumen por sobre la ciudad. En efecto, si la situación no se observa desde ese punto de vista y se hace sólo desde la honorable mirada que han tenido los legisladores, en este caso, para decidir rentas, patentes, impuestos y tributos, comienzan a proliferar empresas sin un ordenamiento básico adecuado. La gente no vive con decretos tributarios, sino que lo hace bajo la arquitectura, sobre ella, a su lado, en frente y a sus alrededores.
Soy partidario de que exista ese ordenamiento y que se libere a este tipo de empresas de la aplicación de un conjunto de normas, un poco como aquí se señala. Pero no estoy de acuerdo con que queden sin normar, porque se va a perjudicar al vecindario, al barrio y a la ciudad.
En el proyecto se señala que no se aplicarán las limitaciones que contemplen las leyes, las ordenanzas municipales en materia de zonificación comercial e industrial. El artículo 26 del decreto ley Nº 3.063 dispone que para otorgar este tipo de patentes se exigirá la comprobación de requisitos de orden sanitario cuya normativa está vigente, y el emplazamiento, según las normas sobre zonificación del plan regulador.
Los vecinos han opinado sobre el plan regulador en mi opinión participan poco, pero luego se toman decisiones en las cuales los acuerdos no son respetados. En mi opinión, debe existir un permiso para las microempresas familiares, el que debe tener alguna reglamentación.
He estado ahí en La Valleja, donde la gente dice que quiere trabajar, pero se lo impiden al no otorgársele el permiso de edificación. Estoy de acuerdo con ellos. Nos lo dicen quienes viven en Pedro Donoso : deben realizar 43 trámites antes de conseguir el permiso de edificación sólo para transformar un garaje en amasandería, que podría dar grandes posibilidades de trabajo.
Lo absurdo es que las normas de edificación que se aplican a este tipo de intervenciones en la arquitectura, que son menores, son las mismas que rigen la construcción de un edificio de tres pisos. Entonces, no se le da facilidad alguna a esta microempresa familiar, que tiene ganas de hacer algo en su pequeño espacio que accede a la calle.
Ahí lo veo en la población Juan Antonio Ríos ; ahí lo veo en la Santa Mónica; ahí lo veo en los distintos barrios en las zonas de El Salto. En cada lugar donde hay edificios y sitios comunes, nuestros vecinos quieren abrir espacios en la arquitectura.
La decisión que hoy tomamos pareciera decir: “Haga lo que quiera”. La decisión que hoy existe en el funcionamiento municipal es: “No haga nada”. A la luz de la permisividad total de la mirada de los especialistas de Hacienda; de la mirada de los especialistas tributarios que tenemos en este Congreso, pareciera que no existe arquitectura ni volumen construido después de esta autorización.
Quiero decirles: “¡Alerta!” La ciudad no se hace sola. La ciudad la hacen este tipo de autorizaciones y la vida de los vecinos que quieren progresar. Mantener la norma actual en materia de edificación, en cuya virtud un vecino debe efectuar la barbaridad de 43 pasos para transformar un pequeño garaje en una amasandería, constituye una tontera que le atropellará la vida y no habrá ley de urbanismo ni construcción alguna que impida que este vecino instale la amasandería o el puesto para la venta de helados y dulces en su población; porque, al final, de eso vive y eso le impide que caiga en la delincuencia y le da cabida a la posibilidad de que su familia se desarrolle.
Estoy totalmente de acuerdo en que no se debe exigir todo lo que hoy se pide. Pero si se pasa al otro extremo, en que nuestros legisladores, cuando construyen viviendas y ciudades sin saberlo, lo hacen a partir de la discusión de las rentas municipales y, de pasada, dicen que no se tendrá que respetar ninguna norma municipal en materia de arquitectura, ninguna norma de zonificación, ninguna indicación del plano regulador, como aparece en la agregación propuesta al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, la ciudad no la terminarán haciendo ni los urbanistas, ni los arquitectos, ni los ciudadanos, sino los especialistas en impuestos, en rentas, los que autorizan patentes, que, al final, creen que la idea de pedir un permiso de edificación sería como una especie de trámite innecesario, un estorbo a la hora de cobrar tributos.
¡Cuidado, porque esta visión de hacer ciudad y arquitectura es responsable de que nuestras ciudades funcionen, entre otras cosas, tan mal y se vayan afeando!
Todos los ciudadanos, al levantarse, anhelan estar bien parecidos, y, curiosamente, la gran mayoría de los 6 mil millones de habitantes del planeta se miran en el espejo o en una laguna para ver cómo están. Asimismo, gustan de sus casas, de sus barrios, de sus fachadas, y adornan sus casas, por muy pocos recursos que tengan, con un poco de cerámica, con un radier, con la grutita de una virgen, con un macetero con una flor. Ese toque que da a su vivienda y a su barrio, debe ser acompañado de una mirada de afecto del legislador cuando toma una decisión de rentas y de patentes y, a lo mejor, no piensa que, tras aquélla, está haciendo también ciudad. Cuidemos nuestras ciudades, porque, al final, si no las ordenamos, viviremos muy mal.
Hay que apoyar el proyecto; pero también hay que ser capaces de entregarles a las municipalidades algún tipo de instrumento flexible, distinto de la tontera de realizar 43 trámites para instalar una pequeña amasandería o un pequeño puesto de helado, trabas administrativas propias de un gran permiso de edificación y no del que se merece obtener rápidamente esa gente. Pero tampoco el permiso en cero; porque no les va a gustar ni al que se instala, ni al vecino, ni al barrio, ni al alcalde, ni al diputado del distrito, construir una ciudad sobre la base de lo que dicen los expertos en tributos o en rentas municipales.
El artículo 26 del decreto ley Nº 3.063 dispone que las municipalidades podrán otorgar estas patentes y que deberán comprobar el adecuado emplazamiento, según las normas de edificación.
Está bien que el proyecto establezca un cuidado especial para que se respete el decreto supremo Nº 60, del Ministerio de Salud, y que, además, se eviten ruidos, gases, humos, olores molestos o contaminación de cualquier forma.
En nuestra legislación, están prohibidos, en los barrios y en las ciudades, los olores, los humos, los ruidos, los gases, todo tipo de contaminaciones de ese orden, y no existe la fealdad, la aberración formal, el atropello al vecino, el alero mal hecho, la mala pintura, la mala construcción, el volumen que termina transformando un barrio en un objeto lleno de tumores, todo lo que va dañando el aspecto de lo que el ciudadano anhela.
Votaré a favor del proyecto para facilitar el trabajo de las microempresas familiares; pero me parece que necesitará de algún tipo de reglamento general para que las municipalidades, a través de sus direcciones de obras, liberen al ciudadano y a la microempresa familiar de los absurdos trámites a que los someten hoy en materia de permisos; pero al mismo tiempo les otorguen, por lo menos, una pequeña guía en el momento de inscribirse para que nuestra arquitectura y nuestra ciudad sean amables y tengamos un espacio feliz.
Así, los legisladores entenderemos que, además de las muchas contaminaciones, existe la contaminación del espacio feo.
He dicho.
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