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El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, da gusto discutir estos temas en la Cámara. Quizás algunos somos más especialistas que otros; pero claramente estos son temas-país, y creo que, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, cabe, en primer lugar, con lealtad, felicitar al Ejecutivo por su trabajo en el desarrollo de este proyecto de ley. Su tratamiento ha sido impecable, lo cual me lleva a felicitar, con mucho respeto y humildad, al Presidente de la República. Hace algunos meses, partimos conversando el tema en el cerro Castillo, y él, en presencia del ministro de Hacienda, dio su respaldo inicial a una apertura con las autoridades parlamentarias de Gobierno y de Oposición, y con todos aquellos que, como representantes de la vida laboral, empresarial o académica, pudieran efectuar aportes.
Este es -recuerdo la ley de Opas- otro proyecto de ley debatido, técnica y profesionalmente, en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado señor José Miguel Ortiz , con la participación y el aporte de todos sus integrantes. Creo que es importante dejar constancia de ello en la versión, porque quienes nos ven y escuchan deben saber que, durante muchas horas de sesiones en Comisiones, en Santiago y en Valparaíso, también se discuten este tipo de materias. Ello ha permitido elaborar este proyecto en general -ya lo trataremos en particular en otra reunión-, lo cual es un gran avance.
Digo que es un tema-país, porque la cantidad de personas jurídicas y empresas involucradas es impresionante: declaraciones de impuestos a la renta en el último año alcanzan a casi dos millones; declaraciones de impuestos de primera categoría, a casi 700 mil; declaraciones del impuesto global complementario, a casi un millón y medio; declaraciones de IVA, a 700 mil. Es decir, dos millones de chilenos, en edad suficiente para realizar declaraciones por sus actividades, se verán afectados por el proyecto.
Sin lugar a dudas, es un proyecto-país importantísimo y, sin embargo -es mi primera crítica constructiva-, hubiera preferido una reforma tributaria integral. Quizás deberíamos haber esperado un par de años, con la misma disposición que hemos tenido en la Comisión; con esa relación de franqueza, de tecnicismo, con el Ejecutivo, para plantear una reforma tributaria que Chile tanto necesita, que haga que nuestros impuestos sean más justos o equitativos; más flexibles, más simples, más eficientes y también más sociales. Debiéramos tener un par de impuestos muy claros, muy precisos, para que todo el mundo vea, con transparencia, qué declara, cómo declara y cuándo declara.
Se ha perdido esa oportunidad. Entiendo al Presidente de la República -conversamos sobre el tema con el señor ministro-. Prometió en su campaña no tocar el tema; me parece válido; pero también, como parlamentario, lo echo de menos. Creo que aquí hay una deuda. Ojalá que durante el Gobierno de Ricardo Lagos, pasadas las elecciones, haya tranquilidad. El tema se puede conversar con los técnicos, profesionales, académicos y con la Oposición. Creo que el país, más allá de los asuntos políticos, necesita una gran reforma tributaria que queda pendiente. Este es un gran avance; pero no estamos solucionando el problema de ingresos del país.
Hecha esta aclaración, me parece que el enfoque es impecable; nadie podría discutirlo. Estamos hablando hoy en general. Podemos tener discrepancias de detalle en algunos artículos; pero, en general, el proyecto es antievasión o antielusión.
Siempre he aceptado que la elusión es permitida. Si se practica, es porque alguien se aprovecha de los resquicios de la ley, de las faltas claras, de las interpretaciones, de las circulares. Las oportunidades están ahí y se han dado; por lo tanto, no son ilegales. Pero, evidentemente, algunas elusiones son inmorales -desde el punto de vista de la moralidad; no de la legalidad-. De estudios realizados por expertos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile, del Servicio de Impuestos Internos o por extranjeros, se plantean cifras de evasión del orden de 3.800, 4.000 o de 4.200 millones de dólares. Es una cantidad impresionante. En promedio, representa el 23 ó 24 por ciento anual, más alto que en la mayoría de los países razonablemente desarrollados. Tampoco es un escándalo. Hay países con un 38 ó 40 por ciento, como término medio, de evasión.
Es evidente que había que hacer algo; no ha sido mucho. Por lo tanto, es muy razonable que, de aquí a cinco años, se piense en bajar y en poder recuperar para el fisco 800 millones de dólares, en promedio -900 millones o 750 millones de dólares, con las modificaciones-. Entonces, estaremos hablando de 500 mil millones de pesos en un año -representan muchos profesores, muchas escuelas, muchas viviendas, muchos consultorios- que no pagan los chilenos. No estamos contra alguien en especial. Aquí hay una responsabilidad moral y a ello apunta la corrección del Gobierno.
Conceptualmente, están bien los vocablos “antievasión” o “antielusión”. Aparentemente, no hay ningún argumento en su contra; son impecables. Sin embargo, ¿cómo hacemos eso?
En primer lugar, a través de los impuestos específicos que modificamos, donde hay discrepancias con muchos técnicos y gente de la Oposición -algunos piensan que esto es un alza escondida de impuestos. El tema es discutible-.
En segundo lugar, con fiscalización, que significa menos facturas falsas, menos movimientos extraños, menos elusiones; legislar para aclarar y no permitir.
Otra de mis discrepancias -la hice presente; pero reconozco la democracia y a muchos pudiera asustar; aunque no es el concepto-, es que me hubiera gustado que la reserva bancaria fuera un poco más abierta. Quizás, entonces, tendríamos respuestas, como la del Banco del Estado de Chile y de otros que se escudan en la reserva bancaria. Creo que, en general, deberíamos haber tenido una reserva más abierta, racional y absolutamente privada, para Impuestos Internos, basada en antecedentes. En fin, hay dudas sobre si eso hubiera sido efectivo. Lo acepto; pero, como digo, me hubiera gustado haber abierto un poco más el tema de la fiscalización. Lo que se ha hecho es muy razonable, de cara a un consenso de todos quienes participan en la actividad empresarial y personal del país.
Otra de mis discrepancias dice relación con la fiscalización. En los últimos tres años ha quedado demostrado que el rendimiento de un fiscalizador es espectacular. Con promulgación de la ley de pensiones aumentamos la fiscalización y el rendimiento fue el doble de lo esperado. Hoy tenemos mil fiscalizadores para atender dos millones de contribuyentes. Si sólo se quisiera revisar el 10 por ciento de los contribuyentes, cada fiscalizador atendería 250; es decir, uno por día. Creo que el hecho de dedicar un día a fiscalizar una empresa es muy poco. No sólo necesitamos quinientos fiscalizadores -entiendo que no es fácil armar esto-; debiéramos contar con unos mil o dos mil fiscalizadores más. Su rentabilidad económica y social es la más alta que puede tener un negocio en el país, y el señor ministro dirige el negocio de Chile. Sé que a veces es difícil presentarlo. No importa gastar 10 millones de dólares más para tener otros quinientos fiscalizadores adicionales al año. Pero estamos avanzando.
Además, quiero referirme a los tribunales tributarios, que, sin duda, constituyen uno de los grandes avances del proyecto. En la oportunidad, planteamos al Presidente Lagos este tema, como también el de los tribunales económicos y contencioso-administrativos. El Presidente nos dio el pase y el ministro Eyzaguirre, aquí presente, recogió ese desafío -porque lo es-, que, entiendo, no comparte en todas sus condiciones el director de Impuestos Internos. Pretendemos ser duros con los que evaden o eluden, pero también dar la posibilidad de que tengan justicia. En democracia se habla de que todos deben tener derecho a defenderse, e Impuestos Internos no puede ser juez y parte.
Junto con los diputados Enrique Krauss y Edgardo Riveros planteamos al Presidente de la República la necesidad de establecer tribunales tributarios, y él, a través de su ministro que lo representa, nos ha contestado lo siguiente: “Diputados, habiéndose expresado la idea, hemos ratificado la constitución de una Comisión especial para analizar esta materia y formular proposiciones que resulten procedentes. Les hacemos presente que el Servicio de Impuestos Internos está llano a prestar toda la colaboración que sea necesaria”.
Tenemos el compromiso del Presidente para que, en los próximos días, se constituya una comisión que discutirá lo que el país espera: justicia tributaria; que el Servicio de Impuestos Internos no sea juez y parte, y que expertos, fuera del sistema, sean quienes determinen, sobre la base de fundamentos técnicos y profesionales, si algún contribuyente tiene diferencias con la Administración.
Este es un gran avance. En los próximos años -de aquí al quinto año de gobierno- contaremos con 800 millones de dólares y con una serie de adecuaciones tributarias simples, flexibles y transparentes. Por lo tanto, espero que en algunos meses más -durante este año- discutamos y aprobemos, junto al señor ministro, un proyecto de ley que dé tranquilidad a los contribuyentes. Es decir, con este proyecto todos ganan. ¿Quién quedará atrás? Eso lo veremos en relación con alguno de los impuestos específicos, que sólo representan el 15 por ciento de la recaudación. Cuando hablamos de 800 millones de dólares por fiscalización, por distintas adecuaciones en los Servicios de Impuestos Internos, de Aduanas y de Tesorerías; por reglamentaciones y más fiscalizadores, estamos generando 600 millones de dólares. Sólo son 140 millones o 150 millones de dólares; el 15 ó 20 por ciento que ingresa en forma específica.
Al respecto, hubo bastante flexibilidad en algunos temas; otros se dejaron de lado.
En esos términos, es evidente que el enfoque debe estar dirigido a dejar de lado la evasión y la elusión. El tema específico lo discutiremos en una próxima sesión; ya hay algunos consensos. En este tipo de proyectos, nunca van a quedar todos conformes. Es evidente que algunos se pueden sentir; pero, en general, se escuchó a los gremios, a las universidades, a los institutos. Creo que en el futuro, el país sabrá valorar esta iniciativa como una de las grandes leyes que se aprobaron en el gobierno de Ricardo Lagos.
Dejo constancia de la promesa del Presidente de la República respecto de los tribunales tributarios y, como sugerencia o idea -de este modesto diputado-, que ojalá, durante este período presidencial, no sólo contemos con tribunales tributarios, sino también con la reforma tributaria integral que el país necesita.
He dicho.
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