REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA Sesión 32ª, en martes 9 de enero de 2001 (Ordinaria, de 11.15 a 15.13 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto. Presidencia accidental del señor Acuña Cisternas, don Mario. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia6 II. Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 -Minuto de silencio en memoria de detenidos desaparecidos9 V.Orden del Día. Transparencia, límite y control del gasto electoral. Primer trámite constitucional. (Continuación)9 VI.Proyectos de acuerdo. -Compatibilidad entre funciones municipales y cargos de exclusiva confianza en la Administración Pública. (Continuación)41 -Informe sobre medidas adoptadas por la Superintendencia de Valores y Seguros ante situación de Gener41 -Comisión especial encargada de estudiar efectos de medidas en favor de zonas extremas43 -Comisión especial investigadora de intervención electoral del Estado en campañas presidencial y municipal45 -Creación de Comisión especial investigadora para analizar funcionamiento de la Caja de Crédito Prendario47 VII.Incidentes. -Informe sobre destino de detenidos desaparecidos49 -Homenaje en memoria de don Eugenio Velasco Letelier. Oficio51 -Reconocimiento al Instituto Nacional por resultados en la Prueba de Aptitud Académica. Oficio51 -Información sobre estudios de evacuación de aguas lluvia. Oficio52 -Desabastecimiento de medicamentos en hospital y consultorios de Talca. Oficio54 -Precisiones sobre negociaciones de compra de aviones para la Fuerza Aérea de Chile. Oficio54 -Información sobre traslado de servicios y atenciones de salud al hospital de Temuco y costo de las intervenciones quirúrgicas y otras prestaciones. Oficio55 -Facilidades a pequeños agricultores de la Novena Región prestadores de servicios de agroturismo. Oficio56 Pág. -Precisiones sobre planes para combatir la cesantía en la provincia de Curicó. Oficio57 -Medidas para contrarrestar contaminación de plomo en Segunda Región. Oficios59 VIII.Documentos de la Cuenta. -Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 1.Sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo (boletín Nº 1035-07)61 2.Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín Nº 2361-23)61 3.Adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio suscritos por Chile (boletín Nº 2421-03)62 4.Introduce modificaciones a la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios y deroga la ley Nº 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales y su reglamento (boletín Nº 2570-09)62 5.Modifica la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial (boletín Nº 2416-03)63 6.Modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones (boletín Nº 2219-02)63 7.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que denomina “Aeropuerto Presidente Eduardo Frei Montalva” al actual Aeródromo Presidente Balmaceda, ubicado en la comuna de Coihaique, en la Undécima Región de Aisén (boletín Nº 1456-06)64 8.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Regional, recaído en el proyecto que establece un sistema de elección separada de alcaldes y concejales (boletín Nº 2035-06) (S)64 9.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que establece normas legales para combatir la evasión tributaria (boletín Nº 2572-05)85 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: Ministerio del Interior -Del diputado señor José García, lista de postulantes a pensiones asistenciales de vejez e invalidez. -De los diputados señores Sánchez, Urrutia, Jaramillo y Navarro, inversiones realizadas en la construcción de un camino exclusivo de la mina Franchina, comuna de Chile Chico. -De los diputados señores Kuschel, Bertolino y Ulloa, razones para suspender la construcción de la escuela Paso El León en la comuna de Cochamó. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción -De la diputada señora González, empresas instaladas en el Parque Chacalluta, de la Primera Región. -Del diputado señor José García, transferencias a la Corporación Justicia y Democracia. -De la Corporación, subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado. Ministerio de Defensa Nacional -Del diputado señor Luksic y de la diputada señora Caraball, procedimiento policial en las Canteras de Colina. -Del diputado señor René García, situación de criminalidad en localidades de la Novena Región. Ministerio de Obras Públicas -Del diputado señor Ceroni, elusión en plaza de peaje Retiro. Ministerio de Bienes Nacionales -Del diputado señor Mora, medidas adoptadas en la Segunda Región destinadas a favorecer a las comunidades indígenas. -Del diputado señor Galilea, proceso de saneamiento de títulos de la franja fiscal de la Carretera Austral entre las comunas de Puerto Montt y Villa O’Higgins. Ministerio de Vivienda y Urbanismo -De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Gutiérrez, Huenchumilla, Mulet y Rincón, estudio de ingeniería eje vial Miguel Ramírez, camino Machalí, de las comunas de Rancagua y Machalí. Municipalidades de Máfil, San Pablo y Fresia -Del diputado señor Kuschel, funcionamiento internados municipales. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (114) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio -Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Bustos. -Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear; de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari; de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García, y de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss.' II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.15 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 26ª se declara aprobada. El acta de la sesión 27ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recuerdo a la Sala que el próximo jueves 11 no habrá sesión, ya que ese día se llevará a efecto la primera sesión del Cuarto Parlamento Juvenil. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, deseo hacer una petición. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, en nombre de los Comités de la Concertación, solicito un minuto de silencio por las víctimas cuyos nombres dio a conocer su Excelencia el Presidente de la República. Después de lo que se informó, no podemos hacernos los desentendidos ante un hecho tan grave y dramático que nos afecta a todos. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Con la venia de la Sala, se accederá a lo solicitado por su Señoría. -Las señoras y señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio. V. ORDEN DEL DÍA TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Cito a reunión de Comités. Se suspende la sesión. -Se suspendió la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Continúa la sesión. El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités sobre el proyecto en discusión. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.Votar en la presente sesión, al término del Orden del Día, sólo en general, el proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; 2.Remitirlo a la Comisión de Gobierno Interior para segundo informe; 3.Considerarlo en particular en la sesión ordinaria del próximo martes, hasta su total despacho, y 4.Los señores diputados que no alcancen a hacer uso de la palabra en la sesión de hoy, podrán insertar sus discursos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, esta iniciativa recoge el interés del gobierno del Presidente Lagos por fortalecer el régimen democrático y los partidos políticos como instituciones esenciales en la conducción de la vida pública, todo lo cual deriva en la dignificación de la actividad política y de nuestro sistema civilizado de convivencia nacional. Hace seis años, cuando el entonces diputado don Jorge Schaulsohn ocupaba la presidencia de la Cámara, se atrevió a explicitar lo que era un secreto a voces, rompiendo una suerte de gran pacto de silencio entre los actores políticos: las relaciones entre el mundo de la política y los negocios. Schaulsohn decía que era vergonzoso ver a algunos políticos pasando el platillo a los empresarios en tiempo de campaña y advertía sobre los riesgos que ello acarreaba a la actividad política. Las críticas en ese entonces no se hicieron esperar, y en una práctica común en nuestro país, unos se alzaron pidiendo nombres concretos; otros lo descalificaron, diciendo que hacía acusaciones al voleo, y los más, agacharon la cabeza y callaron, como casi siempre ocurre. Las elecciones posteriores, especialmente la parlamentaria y la presidencial, demostraron fehacientemente, y a ojos vista de la ciudadanía, que las palabras de ese presidente de la Cámara de Diputados eran ciertas. En una campaña senatorial se desangraron política y económicamente Andrés Allamand y Carlos Bombal, con un derroche de recursos nunca antes visto en la historia del país. Eran tiempos de bonanza económica y, pese a algunos reclamos aislados, en general el tema no llamó a escándalo. Hoy, cuando el país vive una crisis económica de cierta magnitud, situaciones como la comentada se revertirían en contra de los derrochadores. ¿Cómo se explica que se gasten millones de dólares en la elección de un parlamentario o decenas de millones de pesos en la elección de un alcalde, más aún cuando muchas veces la mayoría de los candidatos no son personas de fortuna personal? Este tipo de cuestionamiento exige ser contestado. Lo que hoy nos motiva, en el fondo, es la lucha contra el poder del dinero y en favor de los méritos de las personas; es la lucha por la transparencia y en contra de lo oculto, de lo subrepticio, de los acuerdos en las sombras; es la lucha por la moderación y en contra de un derroche abusivo que indigna la conciencia del hombre común. Es fundamental avanzar en el esfuerzo desplegado por el gobierno. El financiamiento público, negado y desprestigiado por aquellos que disfrutan del apoyo empresarial casi ilimitado, es una eficaz herramienta anticorrupción y, desde esa perspectiva, debería ser apoyado por todos los sectores representados en esta Corporación. No hacerlo, so pretexto de velar por intereses de gente modesta, me parece una afirmación tan falaz como grosera, que no se sostiene racional ni éticamente. Si no somos capaces de avanzar en estas materias, nos arriesgamos, como país, a socavar las bases de nuestro sistema de convivencia nacional -tan difícilmente construido o reconstruido en estos años-, a corromper nuestras instituciones políticas, a hipotecar la libertad de las autoridades de elección popular, y pasamos a llevar también la voluntad y la dignidad de los electores, que quieren ver en sus mandatarios, en sus diputados, en sus autoridades locales, a gente honesta, transparente, prudente y esencialmente libre. Por este cúmulo de razones, la bancada del Partido por la Democracia votará afirmativamente este proyecto, uno de los más importantes para el futuro del desarrollo democrático de nuestra nación. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, el proyecto en discusión se podría calificar de primera generación en lo que se refiere al tema del gasto electoral, por cuanto aquí aún no se ha entrado en el debate que otros países han realizado sobre el financiamiento de las campañas electorales y del que, por diversas razones -y ése será el debate eventual en Chile-, se ha concluido que hay una responsabilidad social en cuanto a cómo se financia una actividad pública y cómo a través de un financiamiento no sólo transparente y con límites, sino también con aporte público, se garantiza en mejor forma el sistema democrático. Ahora bien, el hecho de plantear este tema en nuestra sociedad, por el contexto histórico en que vivimos, muchas veces se presta para malentendidos y distorsiones. No me cabe duda de que debatiremos durante mucho tiempo -quienes estamos hoy aquí y los parlamentarios que vendrán- el financiamiento de las campañas electorales, que, en realidad, no es el tema en discusión, sino la forma de dar transparencia al actual sistema de financiamiento. No estamos cuestionando su fondo. La iniciativa sólo fija algunos mecanismos para lograr dicha transparencia -a juicio de algunos colegas, no del todo- y establece un límite a los gastos. Pero aquí surge una dificultad respecto de cuáles deben ser las fuentes de financiamiento de las campañas electorales, porque -quiérase o no- hasta que no asumamos ese debate -entiendo que es complejo-, siempre existirán prejuicios sobre la connotación de quienes aportan recursos para su financiamiento. Es muy lícito que una empresa equis, i griega o zeta, o un particular, hagan aportes para una campaña; sin embargo, debido al tipo de sociedad en que vivimos y a nuestras experiencias y prácticas culturales, muchas veces existen prejuicios sobre el motivo por el cual esa empresa o esa persona entregan recursos a un partido o a un candidato que será elegido en votación popular. Pues bien, el proyecto no aborda el problema del financiamiento público de las campañas. Otros países de América Latina han tenido la capacidad de hacerlo, entendiendo que ello puede contribuir a una mayor transparencia y a un acceso igualitario a los espacios de representación popular. Por eso -reitero- diversos países, no sólo de América Latina, sino de Europa y también Estados Unidos, solucionaron este problema hace mucho tiempo. Hago un llamado para que, en el futuro, seamos capaces de entender que al país le hace bien garantizar que la competencia electoral esté basada en las ideas y exista igualdad de oportunidades para plantearlas ante la opinión pública, y que el financiamiento con el cual cuenta una campaña no sea determinante al momento de proponer programas, proyectos y visiones de la sociedad a nuestros conciudadanos. La iniciativa sólo establece criterios relacionados con la transparencia y con el límite de los gastos. Y es en esta última materia en la que quiero detenerme, porque, a mi juicio, allí radica el principal problema del proyecto. Considero que el techo establecido para los gastos es aún muy alto. Los criterios sobre la forma en que se deben difundir los planteamientos y las propuestas deben cimentarse en otro tipo de lógica. Por cierto, comprendo que algunos colegas reaccionen y digan que estiman muy bajo el techo propuesto. Señor Presidente, el colega Vilches me pide una interrupción y, por su intermedio, se la concedo con todo gusto. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que hay veinte diputados inscritos y que si continuamos con las interrupciones, se alterará el orden de las inscripciones, lo que producirá problemas. Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, agradezco al diputado señor Juan Pablo Letelier la interrupción que me ha concedido. Considero que ésta es la única forma de llevar a cabo un debate real, porque si cada diputado dice su discurso, esto se transformará en un monólogo y será muy difícil que la ciudadanía se forme una opinión cabal sobre las diversas posiciones. Por lo tanto, haciendo uso de esta interrupción, quiero manifestar lo siguiente: coincido con muchos de los conceptos expresados por el diputado Juan Pablo Letelier; pero si con algo podemos aportar al proyecto es dando las cifras reales que los diputados de las distintas bancadas han gastado para financiar sus campañas electorales. Por ejemplo, por comparación podríamos conocer las sumas gastadas en el distrito Nº 5, de la Tercera Región, que yo represento. Me parece que esta cifra de 0,04 UF por ciudadano inscrito, como máximo del gasto, es muy exigua y no corresponde a la realidad. Pedí la interrupción, porque el colega ha señalado que para algunos puede ser muy baja y para otros, muy alta. Para que exista mayor claridad en el debate, sería conveniente que señalara -si tiene los antecedentes del caso- los gastos efectuados en algunas campañas electorales. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Puede continuar el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, entiendo la reflexión del colega Vilches. Estoy de acuerdo en que los debates deben ser precisamente eso: debates, a fin de llegar a un consenso en cuanto a fijar conceptos. Por cierto, el proyecto de ley establece algo que no comparto: poner las candidaturas parlamentarias, en general, al mismo nivel de las municipales. Por decirlo suavemente, lo considero un despropósito. Y no lo digo porque piense que unas son más importantes que otras, sino porque son absolutamente distintas en su lógica, en los desplazamientos físicos que deben efectuarse, en el número de personas involucradas en ellas, en el uso de los medios, etcétera. Mi primera reflexión tiene que ver con la igualdad de oportunidades, a fin de garantizar que cualquier ciudadano, sea creyente o laico, cristiano de Derecha, de Centro o de Izquierda, independiente, hombre o mujer, pueda expresar sus ideas y pensamiento en una campaña electoral. Considero que en tanto no discutamos la forma de garantizar esta igualdad de acceso a los recursos, resulta muy alto el techo propuesto. Aquí se proponen, aproximadamente, 700 pesos por voto, que para algunos puede resultar poco. Es efectivo que la realidad del país no es pareja: tanto en el norte como en el sur las distancias son mayores; pero el solo hecho de hablar de campañas parlamentarias -en un pasado no tan lejano se gastaron millones de dólares- nos coloca en una situación que justifica establecer un límite. Soy partidario de bajar el techo del gasto total y de buscar otros mecanismos complementarios, a fin de garantizar lo que les preocupa también a otros colegas, como el diputado Vilches; es decir, la igualdad de oportunidades para llevar a cabo una campaña electoral. Si en una zona del país represento a los pescadores artesanales, que están en grave conflicto con las industrias pesqueras, probablemente los empresarios no querrán que efectúe campaña o que cuente con recursos para hacerla. Por su parte, los pescadores artesanales son pobres y no están en condiciones de hacer aportes para propaganda. En esas circunstancias, en la próxima vuelta unos contarán con recursos y otros no; no existirá igualdad de acceso a los medios de comunicación, a la imprenta, a vehículos para acercarse a la comunidad con el objeto de dar a conocer su opinión. Y eso puede llevar a una situación tremendamente perversa, cual es que la voluntad de los ciudadanos se coarte para expresar lo que piensan por miedo a no poder competir en igualdad de condiciones con respecto a las ideas que profesan. Esto mismo les pasa a los trabajadores agrícolas, a los temporeros de las zonas que represento. Son violados sus derechos laborales, pero no se atreven a realizar las denuncias porque los echan de la “pega”. En un símil, aquí, cuando no se entra a debatir el límite del gasto y se deja un techo alto -considero alto el propuesto en el proyecto-, se genera una situación de potencial desigualdad al momento de competir. Es útil y necesario revisar en el artículo 4º el multiplicador propuesto de 0,04 y pensar en reducirlo a la mitad, por cuanto las ideas deben debatirse no solamente con la estrategia más reciente, como es el marketing, porque, en verdad, no está claro cuándo es para fomentar una industria paralela vinculada a las actividades de promoción y cuándo es eficaz para promover ideas y debates más sustantivos de nuestra sociedad. No voy a repetir las inquietudes que han planteado otros colegas, pero sí destacaré que temo que el proyecto tenga aún grandes imperfecciones. Quienes cumplimos un tercer período en el Congreso por los resultados logrados en elecciones populares, sabemos que no todas las campañas se financian de la misma forma, lo cual genera dificultades. A veces se producen situaciones como las que señalaba el colega Elgueta, en cuanto a que no se sabe si la gente vota por las ideas que cada uno de nosotros defendemos en esta Cámara e intentamos representar de la mejor forma que sabemos y entendemos, o si, muchas veces -cuando no lo hemos hecho, consciente o inconscientemente- lo hacen por otra razón. Hago un llamado para que reflexionemos en cuanto a si esta legislación, con el techo que fijamos, no hace lo mismo, en el sentido de fomentar un clientelismo electoral, porque si hay un techo alto y gran cantidad de recursos -suponiendo que todo el mundo se va a mantener dentro de ese margen, esto es, dentro del criterio y espíritu del proyecto- se puede producir un cohecho moderno, un clientelismo sofisticado, que no ayuda a la verdadera esencia de la democracia republicana: el debate, el respeto y la tolerancia de las ideas; que las personas opten libremente por uno u otro candidato por las ideas que representan y no por la “gauchada”, el favor, la prebenda o el regalo. Honestamente, pienso que en estos años todos hemos sido testigos de que en la sociedad hay prácticas de un clientelismo que no es bueno ni sano. Este proyecto debe contribuir a que esa práctica no se fomente, sino que, por el contrario, con el control del gasto electoral y los mecanismos de transparencia que aquí se proponen -sin duda pueden ser complementados y mejorados- no se sigan creando distorsiones. Tengo serias dudas respecto del monto del gasto que se establece. Creo que el límite es muy alto, que deberíamos reducir a la mitad el techo propuesto y, en el futuro, hacer una reflexión sobre cuál es la fuente pareja de recursos, sin temer al debate del financiamiento público de las campañas con techo bajo. De esa forma, si mañana un colega de enfrente quiere defender una opinión determinada, cualquiera que ésta sea, lo podrá hacer de acuerdo con su buen saber y entender, sin temer que las fuentes de financiamiento de campaña puedan ser amenazadas, del mismo modo como podré actuar yo o un colega que esté sentado a mi lado. Necesitamos fomentar un país donde la libertad de pensamiento y de opiniones se garantice. El proyecto contribuye a avanzar en ese camino al establecer un límite en el gasto electoral, pero nos falta entrar en el debate de fondo sobre las fuentes de financiamiento y no dejarlo tan abierto. Voy a votar a favor. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en la discusión de este proyecto, que es una legislación fundamental para el funcionamiento mismo del Congreso Nacional, en las sesiones anteriores destinadas a analizarlo, hemos podido observar un ausentismo impresionante de parlamentarios en la Sala. Quiero creer que los señores diputados han seguido por televisión y con interés el debate desde sus respectivas oficinas. Hemos escuchado discursos de la más variada índole; se han hecho cálculos matemáticos, cálculos proyectados y ponderados sobre las variables del gasto electoral; se ha recurrido a la legislación comparada y a los más variados argumentos para demostrar la necesidad de observar la mayor transparencia en nuestros gastos electorales. Ciertamente que esta transparencia es una necesidad del porte de una catedral; pero solamente se ha puesto énfasis en los eventuales aportes de algunas entidades del sector privado. Se ha hablado de lo mucho que se ha dilapidado en algunas candidaturas, en especial del sector alto de la capital. Se ha dejado entrever cómo algunos parlamentarios venderían su alma al diablo y se amarrarían con determinados intereses a cambio del financiamiento de las campañas políticas. Para mí, esta afirmación constituye una ofensa gratuita a algunos de nuestros colegas, situación que, a lo menos, no estoy dispuesto a aceptar. Creo firmemente en los valores éticos de todos nuestros parlamentarios de hoy y de ayer. No conozco ni un solo caso de un parlamentario chileno que se haya enriquecido en el ejercicio de su mandato. En cambio, he podido apreciar cómo muchos de nuestros colegas, o quienes han sido tales, se han empobrecido dramáticamente en la función pública. Dentro de la variada argumentación planteada por los señores diputados para defender el proyecto, también se ha recurrido a la legislación comparada no sólo de América, sino que también de la vieja Europa. Todo esto está muy bien; pero han olvidado lo esencial. Todos los casos citados cuentan con financiamiento estatal para sus respectivas campañas y el mantenimiento de los partidos políticos. En el proyecto en debate nada se dice sobre esta materia. Luego, lo que está en juego no es el dinero fiscal, que pertenece a todos los chilenos. En segundo término, al buscar transparencia ocultan lo que significa toda la maquinaria del Estado al servicio de las candidaturas de gobierno. ¿Acaso en la reciente campaña presidencial no denunciamos la más increíble intervención del gobierno, expresada en dádivas, créditos, beneficios, presiones y acciones personales que llevaron a los señores ministros, subsecretarios y altos jefes de la Administración Pública a desfilar en procesión por las calles de las ciudades, golpeando la puerta de cada una de las casas en busca de los votos para los candidatos oficialistas? ¿Acaso los organismos de ayuda y de crédito del Estado permanecieron impasibles frente a la lucha electoral o, por el contrario, vaciaron sus bolsillos en favor del oficialismo? ¿En qué estado recibió Lagos la hacienda pública? ¡Ah! Eso lo sabemos todos muy bien: se gastó hasta el último centavo del caudal público en lograr el triunfo electoral. En consecuencia, si nada se dice respecto de esta materia en el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos, si nada se hace para impedir la acción oprobiosa de las autoridades del gobierno de turno en los actos electorales y, así, otra cantidad de situaciones sobre las cuales es indispensable legislar, queda en evidencia que el proyecto es absolutamente incompleto y seriamente defectuoso. Desde mi punto de vista, en un país donde las elecciones se realizan con excesiva frecuencia, es prioritario legislar sobre el agrupamiento de las mismas para efectuarlas todas, en lo posible, en un solo acto, tal vez cada cuatro años. Así lograríamos, sin duda, una mayor transparencia. Luego, habría que reducir el tiempo de las campañas. No se ha escuchado a ningún analista en derecho comparado decir que en Chile las campañas de diputados se prolongan por 150 días, en circunstancias de que en todos los países donde se ha estudiado este tema son mucho más breves. Podríamos concluir, entonces, que 90 días serían suficientes, es decir, un tiempo prudente, para desarrollar las campañas de los candidatos a diputados. En ese mismo orden de materias, habría que establecer que los aranceles de radio, televisión, prensa escrita, etcétera, para difundir la propaganda de las campañas políticas, no podrán ser superiores a las tasas más bajas del avisaje comercial en los seis meses anteriores al acto electoral, porque es sabido por los señores diputados que aumentan en 100, 200 y 300 por ciento las tarifas que cobran para estos efectos los medios de comunicación. Asimismo, habría que impedir, a cualquier título, la contratación de funcionarios en empresas u organismos del Estado en los seis meses anteriores a una elección, salvo que ésta cuente con la autorización, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado o de un organismo que merezca fe en toda la ciudadanía. En resumen, ruego a su Señoría que solicite al Presidente de la República que, dada la importancia y trascendencia del proyecto, le retire la urgencia, a fin de permitirnos contar con el tiempo y la información necesarios para elaborar una eficaz ley de saneamiento electoral. De otra forma, nos veremos forzados a votarlo en forma negativa, en general, por las razones que acabo de señalar. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Reyes. El señor REYES.- Señor Presidente, estamos discutiendo el proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyos informes técnicos nos fueron entregados ya la semana pasada por las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda. En primer lugar, quiero señalar que con la iniciativa en estudio, el gobierno de la Concertación está dando cumplimiento a uno de sus compromisos de la campaña electoral, que también fue compartido, durante el desarrollo del proceso de elección presidencial, por el candidato de la Oposición, señor Joaquín Lavín. En consecuencia, con esta iniciativa el gobierno da respuesta a un anhelo muy sentido de la ciudadanía, que periódicamente asiste impávida y sorprendida a un enorme derroche de recursos económicos con motivo de los procesos electorales, lo cual resulta inexplicable para miles de compatriotas que viven en situación de pobreza e indigencia, y que sólo aspiran a solucionar sus problemas del diario vivir, como contar con casa propia, mejorar sus condiciones de salud o acceder a una educación de mejor calidad para sus hijos. Con justa razón, se preguntan de dónde provienen tantos recursos, quién o quiénes financian dichas campañas, qué compromisos implican recibir tales aportes o contribuciones, de qué manera ellos influyen en la voluntad ciudadana, cómo pueden tales medios ser factores de corrupción o de influencia indebida en la actividad política. En segundo lugar, quiero consignar, como ya se ha recordado, que esta no es la primera vez que el tema se debate en la Cámara, pues en enero de l996 tuvimos la ocasión de pronunciarnos sobre una iniciativa semejante, propuesta por el entonces diputado señor Andrés Aylwin y por el actual diputado señor Sergio Elgueta, a la cual adherimos varios parlamentarios, convencidos todos de la necesidad, ya en esa época, de dictar normas legales para la regulación de los gastos electorales. Me permito recordar que, en esa oportunidad, sólo faltó un voto para aprobar la idea de legislar, por tratarse de una iniciativa de carácter orgánico-constitucional. En tercer lugar, quiero hacer presente que el proyecto tiene mucho que ver con el perfeccionamiento y el fortalecimiento del sistema democrático, que, sabemos, tiene varias limitaciones, una de las cuales es la inexistencia de igualdad de oportunidades para acceder a cargos de elección popular, precisamente por la enorme diferencia que marcan quienes cuentan con cajas electorales o pueden recurrir a importantes apoyos financieros. Es cosa de observar lo ocurrido en las recientes elecciones municipales, en que algunos tuvieron una avasalladora presencia pública, y otros ni siquiera lograron que sus nombres pudieran ser conocidos por los electores. La democracia se sostiene, entre otros aspectos, por sistemas electorales adecuados y justos, en que la igualdad de posibilidades exista de verdad para que así la ciudadanía conozca las alternativas, opciones o personas que concursan y pueda escoger con libertad y en conciencia. Ese fundamento, tan sustantivo en un sistema democrático, se resiente cuando algunos pueden gastar sin control y obtienen ventajas más allá de lo razonable. El proyecto en debate pretende, precisamente, incursionar en materias de control y fiscalización de gastos electorales; pero no sólo en el sentido de fijar topes o montos máximos de los mismos, sino también en saber de dónde provienen los recursos, a cuánto ascienden, quién los provee, cómo se gastan, y poner toda esta información en conocimiento público, sujeta al examen de un órgano independiente como el Servicio Electoral. Al respecto, me parece relevante destacar la regulación que el proyecto desarrolla de los aportes o contribuciones que se efectúan a los candidatos y a los partidos; la creación de la figura de los administradores electorales, que se desempeñarán en funciones de control de ingresos y gastos; la obligación de llevar una contabilidad completa y de presentar, al término de una elección presidencial, parlamentaria o municipal, una cuenta general y un balance consolidado de las operaciones registradas en el período de campaña. Por último, quiero valorar en la iniciativa el carácter público de las cuentas de ingresos y gastos, las que estarán a disposición de quienes las soliciten, como así también la obligación de los partidos de dar a conocer, a través de medios escritos, el balance general de los ingresos y gastos verificados con ocasión de un proceso electoral. Sé que el proyecto puede parecer insuficiente, pero creo que le hace bien a nuestra democracia. Por cierto, no resuelve una cuestión más de fondo, como es el financiamiento público de los partidos y de las campañas electorales, materias que algún día espero que puedan ser abordadas; pero, sin duda, constituye un avance significativo en cuanto al financiamiento privado de los gastos electorales y un paso importante en materia de probidad y en el sentido de evitar las corruptelas o influencias indebidas del dinero en la política. Los vacíos e imperfecciones se pueden salvar durante la tramitación parlamentaria; de hecho, la Comisión que presido tendrá que conocer las indicaciones presentadas dentro del plazo estipulado. Pero es importantísimo que hoy la Cámara de Diputados dé una señal clara y positiva aprobando la idea de legislar, respecto de la cual anuncio mi voto favorable, e invito a todos los colegas, tanto de Gobierno como de Oposición, a proceder de la misma manera. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña Angélica).- Señor Presidente, aunque no concierne directamente a la discusión y contenido del proyecto, hay algo que me ha preocupado por mucho tiempo en el tema del gasto electoral. Esa materia está propuesta en otro proyecto de ley que ha sido archivado y que me gustaría rescatar, a fin de que los señores diputados puedan evaluar desde otra perspectiva la proposición contenida en esta iniciativa de ley. Desde mi punto de vista, el tiempo más difícil y de mayor gasto en una campaña electoral lo constituye el de la propaganda legal, el mes anterior a las elecciones, en que existe autorización para colgar letreros en algunos lugares, hoy día, en la nueva moda, la gigantografía y cuanta cosa pueda permitir la imaginación en publicidad callejera. Dicha propaganda es tremendamente costosa y representa, quizás, la inversión más grande en la mayoría de las campañas. Además, es riesgosa, peligrosa, agresiva y absolutamente inconducente a estas alturas del avance de la tecnología, si se considera que en la actualidad, en los sectores rurales y en los más alejados, las personas tienen teléfonos -adelanto que no existía hace 10 ó 12 años- y hay muchos medios modernos para comunicarse. Las personas valoran mucho más la comunicación directa, incluso de casa en casa, y encontrarse en grupos pequeños. Si fuera posible, me gustaría que se terminara, de una vez por todas, con todo tipo de propaganda callejera. En países como Estados Unidos y también de Latinoamérica, he estado un día antes de finalizar una campaña presidencial. No he visto despliegue alguno de propaganda callejera, la que, con toda razón, enoja a la ciudadanía, porque molesta, ensucia y se convierte en un agravio tremendo contra la gente. No he presentado indicación en ese sentido, porque, de acuerdo con lo que conversé con el subsecretario del Interior, debería hacerla en otro proyecto que se está tratando en el Senado, en materia de modificación a la ley electoral. Me gustaría que esta sugerencia llamara la atención de los parlamentarios, porque, si hubiera consenso al respecto, podríamos hacerla parte de este proyecto. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, por lo que uno conversa con la gente que se impone de la actividad legislativa, tengo la impresión de que la opinión pública, en general, tiene una idea bastante distorsionada de este proyecto. Es frecuente escuchar que con él estamos buscando el financiamiento público de las campañas políticas; también algunos hablan del financiamiento de los partidos políticos. Como esta sesión es transmitida por televisión, me gustaría dejar absolutamente claro que por ningún motivo se está tratando hoy el financiamiento de las campañas o de los partidos políticos. Sencillamente, estamos haciendo un esfuerzo legislativo importante para hacer más transparentes y limpios los procesos electorales. Hace muy pocos días -después de mucho tiempo, cinco años o más-, aprobamos la ley del Deporte. Los señores diputados recordarán que una de las grandes dificultades que tuvimos fue el tema de las donaciones, porque se permitía que pudieran ser hechas por empresas privadas; pero teníamos el serio temor de que, a través de ellas, se manipulara a algunos grupos o asociaciones deportivas, con lo cual, en compensación, se obtendrían favores políticos que, naturalmente, distorsionarían la actividad política. Esa discusión se mantuvo durante muchos meses y hasta años. Sólo logramos un procedimiento que no satisfizo plenamente a quienes queríamos que las donaciones no fueran de la absoluta disponibilidad de quien las hacía, sino a través de un organismo que tuviera proyectos aprobados en consenso y con la participación de la actividad privada. Se llegó a una fórmula ecléctica que permitió que parte de la donación fuera de libre disponibilidad, y otra, entregada a través de Chiledeportes. Digo esto para que se vea qué importancia tiene la incorporación de los recursos privados en la actividad política. Esto me hace recordar que en la última campaña electoral parlamentaria se produjeron situaciones realmente escandalosas. Aquí se han mencionado algunas. En una circunscripción senatorial del sur, un diputado tenía propaganda exclusiva en una radio. Cuando un candidato a senador, que pertenece a su misma lista, quiso hacer publicidad en esa radio, se le dijo que no, porque había un compromiso de exclusividad. Entonces, sencillamente, ese candidato compró la radio, con lo cual se acabó la competencia del otro candidato. Situaciones como ésa no deben volver a ocurrir. A lo mejor, cuando los aportes o cantidades de dinero que se destinan a una campaña son similares, el daño no es tan grande; pero es inmenso e irreparable cuando las diferencias económicas son grandes. Como lo dice el informe de este proyecto, no es posible que la democracia soporte el hecho de que el acceso a los cargos de elección popular esté asociado al dinero. Como decía la diputada señora Cristi, con mucha razón, hace unos instantes, las empresas publicitarias del país inventan cada día sistemas para atraer a los candidatos a fin de que aporten y gasten más dinero. Tengo entendido que hay una indicación del diputado señor Elgueta, que tiene mucha importancia, por cuanto no permite la propaganda política a través de la televisión por cable. Señor Presidente, los diputados del Partido Radical Social Demócrata apoyaremos el proyecto. Queremos procesos democráticos limpios y transparentes, y creemos que esta iniciativa apunta correctamente en esa dirección. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, a mi juicio, el profundo desequilibrio que presenta nuestro sistema electoral tiene dos raíces. Una proviene de su concepción. Naturalmente, como todos sabemos, aquí se hizo un diseño muy inteligente, por cierto, para permitir que una minoría quedase en situación de igualdad respecto de la mayoría. Es así como basta que un candidato obtenga el 33,3 por ciento para que, automáticamente, quede en un pie de equivalencia con otro que logra el 60 por ciento. Lo anterior se traduce en lo que hemos vivido a lo largo de estos años; por cierto, con mucho mayor desvergüenza en el Senado, porque allá se agrega la circunstancia de existir un número de representantes de designación institucional, que pasan por alto la soberanía popular. Este cuadro, que es pernicioso y, desde luego, degrada profundamente el sistema democrático, tiene una agravante que podría ser aún más seria que la que acabo de reseñar. Las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional no son elementos abstractos, no son fuerzas que levitan sobre el escenario social. Los partidos políticos chilenos echan raíces en sectores muy específicos. La Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ciertamente, son los representantes políticos del empresariado chileno. Esto que señalo, obviamente, no puede escandalizar a nadie, y ojalá no haya alguna sensibilidad que se sienta herida, porque lo que consigno es simplemente una realidad que, por lo demás, todo el mundo sabe y conoce. En consecuencia, si representan en el Congreso al tercio de nuestra sociedad que posee el mayor poder económico, es obvio que apostarán con su dinero a quienes defiendan esos intereses. Ellos son los “lobbistas” del empresariado nacional en el ámbito del Estado. Si uno examina sus actuaciones, verá que son de una gran coherencia, ya que siempre se muestran como cancerberos implacables de este sistema ultraliberal que nos rige, potenciado, desde luego, por la moda de la globalización. Señor Presidente, en un cuadro de esta naturaleza, las fuerzas políticas que representan al hombre común de Chile, a aquel que no tiene ingresos para desembolsar aportes electorales, quedan en una situación completamente desmedrada. Es ir cuesta arriba, casi heroico, luchar en contra de la inmensa adversidad que representan, por una parte, como lo he señalado, un sistema concebido para favorecer a la minoría y, por otra, la potencia que concede a esa minoría el poder del dinero. En consecuencia, ¿puede hablarse de una democracia genuinamente representativa si adolece de semejantes vicios en los mecanismos de elección de representantes? Obviamente que no. He escuchado atentamente algunas intervenciones de los diputados de Oposición. Particularmente, me sorprende la del colega Gustavo Alessandri, porque él es un hombre a quien tengo por ponderado, ecuánime y muy sensato. Sin embargo, ha vertido juicios que más bien me parecen extraídos o desempolvados de la época de los pelucones y pipiolos. Francamente, considero que estamos en presencia de una realidad completamente distinta, por lo que estimo que todos -Gobierno y Oposición- debemos hacer un esfuerzo por dotar a nuestra democracia de los signos de modernidad institucional que ellos se preocupan de expresar fundamentalmente respecto del mundo económico, del mercado, ese espacio que los lleva al delirio, que les hace pensar que todo se traduce en signos provenientes desde ese ámbito. La sociedad es mucho más que la economía de mercado. La democracia debe generar la igualdad de oportunidades como objetivo fundamental de su propia estabilidad, proyección y consolidación. Por lo tanto, debemos expresar claramente esta igualdad de oportunidades en el sistema político-representativo. De lo contrario, la gran mayoría de los chilenos vivirá siempre bajo el poder del dinero, dado que, de seguir este estado de cosas, el tipo de representación que se dé en el Congreso Nacional estará siempre marcado por el aspecto económico. Señor Presidente, en términos generales, creo que, a lo menos, este proyecto tiene la virtud de dar paso a un debate que resulta indispensable. En todo caso, pienso que en el análisis particular de la iniciativa habrá oportunidad de corregir muchos aspectos que están un tanto deformados por ese prurito del consenso, que nuestras autoridades parecen empeñadas en alcanzar siempre, como requisito sine qua non de algo que se envía al Congreso. Vamos a precisar mejor algunos aspectos específicos de la iniciativa, que no dan cuenta con exactitud de situaciones que es indispensable corregir. Ciertamente, daré mi voto favorable al proyecto en general, junto con el de mi bancada -entiendo que lo va a hacer-, reservándome la posibilidad de introducir modificaciones cuando se lleve a cabo la discusión particular. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez. El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).- Señor Presidente, estimo que la importancia del tema ha sido bien expuesta por todos los colegas que han intervenido en el debate y que las razones que justifican la necesidad de una ley de este tipo están consignadas en el mensaje, como lo han estado en los diversos proyectos de ley que, en el pasado, presentaron algunos colegas y que nosotros rubricamos, o respecto de los cuales colaboramos con un conjunto de indicaciones. Sólo abordaré una faceta para ligarla a las dos o tres afirmaciones que reseñaré. Además de la igualdad de oportunidades, de las características democráticas, de la transparencia del sistema, también hay que preocuparse de la buena imagen de la política y de que ésta responda efectivamente a los principios que deberían informarla. Esto no quiero decirlo en la tónica y en la lógica de lo ya bien argumentado por otros colegas en cuanto a la transparencia, al nivel de los gastos, sino basado en que también es importante que el tipo de normas que elaboremos permitan que su implementación, ejecución o cumplimiento no generen camisas de fuerza que, al final, en vez de ayudar al sistema, le originen mayores dificultades. En esto quiero ser extremadamente franco. Uno ve que en otros países con legislaciones sobre la materia, esto se presta para un elemento más de la campaña política. Acusaciones van, acusaciones vienen; candidatos que van a los tribunales, antes o después; candidatos que, después de la elección, ven impugnadas sus candidaturas, en razón de un uso político de los elementos que puede haber en esta materia. Una disposición de buena fe, en la que podamos superar una visión de corto plazo o de discusión tradicional en nuestra Cámara al respecto, es, precisamente, un ámbito en el cual, desde el punto de vista del bien común, debemos pensar más a mediano plazo que en las contingencias. Me parece que el procedimiento adoptado por los Comités es correcto, ya que, desde la primera lectura de las indicaciones, uno encuentra muchísimas bien planteadas, y quiero sumarme a una, precisamente en la idea de apertura entre nosotros, que nos permita llegar a una buena solución el próximo martes. La idea planteada por algunos colegas de la Oposición en relación con el beneficio tributario, me parece que debería ser plenamente aceptada por nosotros. Si juzgamos que la política es una actividad importante; si, incluso, algunos creemos que el financiamiento público es un tema al cual deberíamos llegar en el momento en que las condiciones estén maduras, el hecho de establecer un beneficio tributario al respecto, similar al que existe en otras actividades, es una forma de reconocer la respetabilidad de lo nuestro y también de transparentar y de fomentar su factibilidad. Además, aprovechando la instancia de las indicaciones presentadas y de su reestudio por la Comisión, hay que mirar todo lo que dice relación con materias de procedimiento, con la buena imagen y el óptimo funcionamiento de la política. A veces, se generan disposiciones que son muy buenas en su lectura inicial, pero que, después, en los efectos prácticos, generan un cúmulo de limitaciones, rigurosidades e incumplimientos, aun de buena fe, que se vuelven en contra de la norma. Finalmente, es indispensable aprobarla a tiempo. Me parece muy lógico lo que planteaba, entre otros, el colega señor Alessandri -como en muchas de sus intervenciones, si no en todas-; pero creo que, en esto, como se dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Tenemos la próxima elección parlamentaria a un año, y creo que la futura ley debe tener capacidad de regir en el corto plazo y no en el largo plazo. De ahí que me parece altamente conveniente y necesario, especialmente, el tema de la simultaneidad, entre otras materias que él planteó. Por eso, considero que está muy bien el acuerdo de los Comités de despachar la iniciativa legal el próximo martes. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, el tema es de la más alta importancia, no sólo por la imagen de la política, sino también para establecer de qué manera hacemos la democracia mucho más profunda y más real en el país y de qué manera la ciudadanía se expresa y está representada en nuestras instituciones políticas, ya que hay una estricta relación entre la soberanía popular, la voluntad, el convencimiento, y la representación en los distintos estamentos políticos. El proyecto de ley va en esa línea. Celebro que realmente lo concretemos, y me sumo a lo dicho por el diputado señor Gutenberg Martínez en cuanto a que debemos ser capaces de que la futura ley rija para la próxima elección parlamentaria. Es fundamental poner límites y dar transparencia a los gastos, porque, a través de los últimos diez años, cada vez más vemos que el despliegue de gastos en publicidad y en otros aspectos, constituye, muchas veces, un cohecho disfrazado y es muy importante que la ciudadanía lo sepa. El impacto de los gastos publicitarios es tremendo. No he leído, pero me imagino que puede haber estudios bastante certeros, en términos de cómo una candidatura, con un gran gasto electoral en publicidad, tiene, por lo menos, un 10 por ciento más de votación que si no incurriera en él; y esto se agrava, por ejemplo, en distritos de la periferia de Santiago -a uno de los cuales represento-, donde es muy difícil hacer gastos en medios de comunicación, ya que allí no están focalizados, en circunstancias de que la manera de llegar a la ciudadanía -en mi caso, el distrito 17, con 200 mil electores-, es a través de la comunicación y de esos medios. Entonces, vemos que candidatos con recursos, obviamente, tienen una ventaja enorme sobre aquellos que no los tienen, y el gasto puede ser ilimitado. Hemos visto en la última campaña municipal que algunos candidatos que ni siquiera viven en la comuna, ni han pasado por ella, hoy son alcaldes por el solo hecho de tener recursos. Creo que podemos hacer un estudio de las últimas elecciones municipales, ya que es increíble lo que ha pasado. Eso se debe al poder del dinero. Desgraciadamente, en las campañas electorales no sólo se gasta en la comunicación, que sería lo importante, sino que también hay formas de cohecho disfrazado. Realmente, duele el alma democrática cuando se observa la compra del voto por una canasta de alimentos, por un remedio, por una receta o por el pago de una cuenta, y cómo los candidatos que hacen esto se aprovechan de la situación, de la falta de información y ponen a los ciudadanos y ciudadanas en un nivel de indignidad tremenda, que toca directamente a su conciencia, en cuanto al agradecimiento natural por el apoyo que reciben en una situación desesperada; y después, esa misma gente, muchas veces, no sabe que el candidato por el cual ha votado hace cosas, aquí, en el Parlamento o en el municipio, que van a desmejorar su propia situación. Entonces, en las condiciones en que estamos, en que hay una falta de educación cívica tremenda, y las candidaturas de los partidos se presentan disfrazadas, sin sus propias ideologías, donde no hay consecuencia entre el pensamiento, la acción política y los planteamientos que se le hacen al electorado, el aporte de este proyecto, en términos de límites y de transparencia de gastos, ya es bastante; es un paso importante, aunque tenemos que dar muchos otros pasos, también relevantes. Es tan increíble cómo se disfrazan las candidaturas que, por ejemplo, he conocido candidatos y candidatas que se han retratado con gente que no son de su propio partido o referente político; que imprimen en sus folletos fotografías en que aparecen con alguna persona de un sector distinto. Y cuando les he preguntado por qué lo han hecho si dicha persona no piensa como ellos, han respondido que la admiran. Pero engañan al electorado. Nosotros, como políticos y políticas, debemos hacer una profunda reflexión al respecto, porque el proyecto es, como dije, un paso adelante; pero también debemos tener un gran cambio cultural en cuanto a que la impresión que damos al elector y a la electora, a través de las campañas, sea lo que realmente somos y representamos, de manera que sepa cuál será nuestra conducta política posterior. El proyecto es un importante paso adelante. Evita todo lo que han denunciado algunos colegas -cuyas opiniones comparto totalmente-, en especial el aporte que en la actualidad hacen los empresarios a las campañas mediante subterfugios económicos, boletas, etcétera, quienes después cobran la cuenta. Por eso es importante fijar un límite y establecer transparencia en los gastos. Si queremos avanzar a fin de que la soberanía se exprese, debemos hacer otras modificaciones. En primer lugar, cambiar el sistema binominal mayoritario del Parlamento. Hoy la soberanía está absolutamente desdoblada, porque con un tercio se puede tener el 50 por ciento de los votos. Es como si en un partido de fútbol se ganara, pero, al final, el resultado real fuera un empate. Es muy importante reformar el sistema electoral para posibilitar que la voluntad soberana de los electores -ciudadanos y ciudadanas- se exprese realmente. Reitero que en virtud del sistema binominal una fuerza política puede tener el 50 por ciento del Parlamento y representar sólo el 30 por ciento del electorado, lo cual es absolutamente antidemocrático en el sentido de la expresión de la soberanía. Asimismo, para cumplir con nuestra Constitución en términos de la igualdad que ella consagra, el financiamiento público es fundamental. Sé que este tema complica a la ciudadanía, porque es “tal la desinformación sobre lo que hacemos” que, al final, pregunta: ¿Cómo vamos a financiar los gastos electorales? El financiamiento público es importante, porque ¿quiénes llegan aquí? Los que tienen posibilidades de conseguir recursos. Y mucha gente honesta, servidora pública, no llega aquí, porque no se atreve a dar el paso debido al costo de una campaña política. Otro tema importante que la Cámara nunca ha tratado, pero que otros países de América Latina ya han incorporado en sus debates, es el de las cuotas de discriminaciones positivas que hacen representativas las instancias parlamentarias. Hace unos veinte días, el presidente argentino, preocupado por el tema, propuso, motu proprio, al Senado, las cuotas de discriminaciones positivas para que las mujeres -el 50 por ciento de la población- estén representadas en las instancias de decisión, debido a la desigualdad existente en el sistema electoral En nuestro país, contribuye a ello el sistema binominal y el no financiamiento de las campañas políticas. Esas leyes las tienen Perú, Bolivia y, ahora, Argentina. En este país, nuestro proyecto ni siquiera ha ingresado en la Oficina de Partes. El tema no ha sido asumido ni tratado por los partidos políticos, pese a que es tremendamente importante. Repito que el proyecto constituye un aporte fundamental. Ojalá sea elaborado de la manera más clara, en cuanto logremos que sus disposiciones sean fáciles de cumplir; no sean engorrosas, y que la ciudadanía sepa que tal campaña costó tanto -es decir, que haya transparencia respecto de quienes aportaron-, y que sigamos efectuando estos cambios legales que posibiliten realmente que la soberanía popular se exprese en las instancias de decisión. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Entiendo que cualquier iniciativa legal es perfectible. Puede haber cosas que agregarle; pero no cabe la menor duda de que el hecho de que este proyecto de ley no considere una adecuada fiscalización para los gastos de las campañas, por parte del Estado o de los funcionarios públicos, no debe ser motivo para rechazarlo. Todo lo contrario: debe ser fundamento para agregarle controles a fin de evitar que el Estado, el Gobierno, las autoridades, con recursos de todos los chilenos, destinen medios y personas para las campañas electorales. ¿Por qué estoy de acuerdo con este proyecto de ley? Porque creo que si hay algo que jamás debe ocurrir es que el trabajo responsable, a conciencia, por ejemplo, que efectúe un concejal, un alcalde, un diputado o senador, pueda, de la noche a la mañana, ser borrado de una plumada por alguien que, por disponer de gran cantidad de recursos, sencillamente lo margine del proceso electoral. Digamos las cosas como son. Cuando comencé a trabajar en política, toda la actividad era gratuita. Debí haber tenido catorce o quince años de edad cuando acometí mi primera campaña, por el candidato a regidor don Emeterio Larraín Bunster. Posteriormente, en 1964, trabajé por don Rodolfo Ramírez Valenzuela, en Curicó, en el llamado “naranjazo”. Y nunca nadie nos pagó un centavo ni se nos pasó por la mente cobrar. Hoy es muy difícil encontrar a una persona que realice campañas electorales en favor de otro y que no tenga un precio. Aún más, la multiplicidad de elecciones ha permitido que algunas personas hayan transformado la actividad política en una fuente de ingresos. No me cabe ninguna duda de que cuando nuestros abuelos integraban el Congreso, su equipo de secretarios o de activistas de terreno no tenían los ingresos que perciben hoy, y esos recursos se destinaban a ayudar a la gente. Lo importante, además de limitar los gastos electorales, es lograr una adecuada fiscalización para que los fondos no se inviertan en lo que no corresponde. Si fuese consultado, en un plano ideal sería partidario de establecer un centro donde se aportaran los recursos para cada candidato y que cada uno de ellos supiera de cuánto dispone. Además, que el costo de toda la propaganda se pagara con esos fondos, de manera de poder mostrar en cualquier momento al ente fiscalizador las facturas de las radioemisoras, de los calendarios, etcétera. Como decía mi colega Gustavo Alessandri, uno de los factores que aumenta el gasto electoral es la duración de las campañas. Al respecto, el ministro del Interior es testigo de que nosotros, con la firma y patrocinio de diputados de las distintas bancadas, presentamos un proyecto de ley para reducir de 150 a 90 días el plazo entre la inscripción de las candidaturas y la fecha de la elección. Cuando hicimos esta proposición, hace varios años, el director del Servicio Electoral, don Juan Ignacio García, en la Comisión de Gobierno Interior nos contestó que un plazo breve dificultaba la calificación de las candidaturas. Sin embargo, ese plazo disminuyó para la elección municipal. El ministro sabe que hoy los candidatos a concejales se inscriben 90 días antes de las elecciones; y si el proceso de calificación se puede hacer para las elecciones municipales, con mayor razón se puede hacer para las parlamentarias, en las que el número de candidatos es muy inferior. Alguien puede decir que eso beneficia a los parlamentarios en ejercicio. Ello depende de varios factores. En 1989, perdí la elección y al día siguiente andaba recorriendo las ferias de Puente Alto y La Pintana, agradeciendo el apoyo de la gente. Trabajé durante cuatro años y, en 1993, gané la elección. En consecuencia, reducir el plazo de 150 a 90 días en las elecciones parlamentarias, igual que en las municipales, sería un modo concreto de reducir el costo de las campañas electorales. Pero eso debe hacerse ahora para que rija en la próxima elección, y no dejar la materia para el 2005. Por ser un ferviente partidario de la disminución de los gastos electorales -y también de que el Estado los restrinja-, anticipo que votaré a favor del proyecto y que estoy dispuesto a complementarlo en todo lo que sea necesario. Pero pido al Ejecutivo que envíe -ojalá con urgencia calificada de “suma”, pues se trata de algo muy fácil: sólo hay que cambiar “150” por “90”- el correspondiente proyecto de ley para reducir el plazo entre la inscripción de las candidaturas y la elección. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, el proyecto es muy importante, en primer lugar, para la calidad del sistema político. En una sociedad comunicacional, como la nuestra, los gastos de las campañas van a determinar en gran medida las personas que serán elegidas. Y si queremos contar con un sistema político sano, de calidad, de nivel, debemos seguir el camino que han transitado algunos países de Europa y de América Latina, los que han avanzado hacia un sistema de financiamiento de las campañas y de la política, de transparencia, desde el punto de vista del gasto electoral. Hoy los ciudadanos, por efecto de la propia sociedad comunicacional, poseen gran información. Pero hay una tendencia a la reducción de la participación y del poder de los ciudadanos en cuanto a las decisiones de la sociedad. Muchos expertos y estudiosos hablan de que cada día caminamos hacia una democracia del espectador. Incluso, sociólogos de la Concertación teorizan y señalan que basta estar muy bien informado para ejercer el papel de ciudadano y que, en definitiva, el rol de espectador crecientemente se va incorporando en el ámbito de los sistemas políticos democráticos. Sin embargo, creo que los miembros del Congreso queremos que los ciudadanos no sólo sean espectadores, sino que también ejerzan cada vez más los roles, entre ellos el de la soberanía popular, de elegir libremente a sus representantes populares -por eso, queremos terminar con cualquier tipo de enclave que dificulte la presencia de la soberanía popular, que tenga que ver con el voto ciudadano- y que, además, cuenten con mucho más poder dentro del sistema político. En esto, hoy lo fundamental es impedir que el dinero compre los cupos parlamentarios, que exista el “lobby” de financistas, que se aseguran cupos parlamentarios, los cuales, con posterioridad, les son fieles en la discusión de determinados proyectos. A mi juicio, felizmente, no tenemos un nivel de degeneración en nuestra vida parlamentaria. En esta Cámara se actúa con honestidad. Pero es peligroso el vínculo que existe, cada día más, entre quienes poseen los recursos y los parlamentarios que necesitan financiar sus campañas. Creo que ninguna persona puede solventarlas de su propio bolsillo, sobre todo si se considera cómo se han incrementado los gastos. Lo vimos en la última campaña presidencial y, en menor medida, en la municipal. Por tanto, la tendencia a establecer un vínculo entre el dinero y la política es la más corrosiva de las instituciones, desde el punto de vista de la ética política. La gente se pregunta de dónde salen esas grandes cantidades de recursos para realizar tanta propaganda, para desarrollar campañas millonarias; cuál es el nivel de información de la opinión pública acerca de los donantes, y cómo los donantes condicionan la conducta del parlamentario. Este tema, sobre el cual se debate en el mundo entero, fue puesto en discusión por el Gobierno, porque tiene que ver con el prestigio, con la solidez, con la calidad del sistema político. Lo que debemos asegurar a través de esto es, en primer lugar, la transparencia. Sé que los privados pueden aportar a las campañas, pero los aportes deben tener un tope fijado por ley. En segundo lugar, deben ser conocidos. Es decir, los recursos que un empresario engrega a un determinado partido o candidato para que lleve adelante su campaña deben ser públicos, conocidos y transparentes. Ello permite que el propio parlamentario tenga independencia. Este proyecto de ley es fundamental para cada uno de nosotros, porque cuando se aseguran las normas que aquí se plantean, en definitiva, se permite la posiblidad de que el parlamentario pueda actuar con independencia política, incluso cuando recibe recursos que ayudan a financiar su campaña. La transparencia impide que existan los condicionamientos que pueden darse cuando esto se realiza de manera oculta, cuando la opinión pública y los electores no saben cómo los parlamentarios financian sus campañas, cuando más tarde se piden favores, cuando se hace “lobby”. Esto último es bastante común en el Parlamento chileno, y legítimo, en la medida en que no condicione la independencia y la volutand política, la honestidad y la ética de los parlamentarios. Es absolutamente necesario fijar topes a los gastos de las campañas, control y transparencia a los aportes privados y avanzar hacia la experiencia de otros países que han sido capaces de garantizar un financiamiento público al sistema político. Aquí damos un paso limitado. Soy partidario del financiamiento público al sistema político. Creo que es mejor, más honesto, transparente, y posibilita el uso de recursos públicos. En todo caso, a pesar de su limitación, el proyecto es importante, porque significa que el sector político quiere trabajar de manera más honesta, transparente, eficiente y con mayor vínculo con la ciudadanía. En definitiva, no será el dinero el que determine quién es diputado o senador. Esto es muy importante, a la luz -y lo subrayo- de lo que ha ocurrido en algunos países de América Latina, en que el dinero de la droga ha entrado a decidir las bancadas parlamentarias o el cohecho ha terminado con la estabilidad política, como ocurrió en el Perú. Incluso, este tipo de situaciones se ha dado en Argentina con motivo de la discusión del proyecto de ley laboral. Pues bien, se trata de que avancemos en un paquete de iniciativas legislativas que garanticen la transparencia y la honestidad del Parlamento chileno y la independencia de cada uno de sus integrantes. Por eso, el proyecto, con límites, es un primer paso, y el apoyo de todas las bancadas hacia él debería ser unánime. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, deseo expresar mi apoyo entusiasta al proyecto, respecto del cual he escuchado opiniones pesimistas, en el sentido de que no será suficiente ni surtirá los efectos que se esperan y que deberá ser complementado con varias disposiciones más, etcétera. Pero los electores con los cuales he conversado han depositado muchas esperanzas en él, ya que significará cierto orden en el panorama electoral que cada cierto tiempo vivimos los chilenos. Sin duda, durante las elecciones se produce un derroche de recursos. Comúnmente, en Chile no hay plata; pero comienzan las campañas y aparece por milagro, lo que se refleja en un desborde de publicidad radial, mural, por telones, gigantografías y otros medios modernos. Por supuesto, eso constituye un elemento negativo de la política. Incluso, a los candidatos que muestran mayor disponibilidad económica, algunos electores les formulan peticiones que en otras circunstancias no harían. Es indudable que debe corregirse esta parte de la política. Puede que el proyecto sea insuficiente, como algunos consideran, pero surtirá efecto en los partidos, en los candidatos y ojalá en el electorado, porque en nuestro país, además, debe modificarse la cultura política y cultivarse la manera de comprenderla y practicarla. En este sentido, la transparencia electoral es fundamental. El candidato debe dar a conocer públicamente las fuentes de recursos, de manera que el electorado sepa de dónde salen y cuánto cuesta cada campaña. El objetivo de esto es la igualdad, con el fin de que los candidatos, cualquiera sea su origen, tengan la misma posibilidad de ocupar un cargo de elección popular y no predominen los recursos económicos, que se reflejan en la capacidad propagandística. La opinión pública, con seguridad, pensará que al fin los parlamentarios hemos entrado en un proceso de regularización de nuestras propias funciones con la creación de normativas al respecto. En definitiva, el electorado recibirá bien el proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Por eso, debe ser aprobado en general, sin perjuicio de las indicaciones que se formulen para su mejoramiento. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, para quienes tenemos vocación de servicio público y por años hemos estado vinculados a la política, no cabe duda de que el proyecto es uno de los más interesantes, desde el punto de vista conceptual, parte de cuyo debate he oído con sumo interés. Legítimamente, hay posiciones, no sé si encontradas, pero, por lo menos, en parte, discrepantes respecto de la mejor forma de reforzar nuestro sistema democrático desde el punto de vista electoral. Según el mensaje en que se funda el proyecto, la idea matriz o central, básicamente, es contribuir a un desarrollo democrático más intenso y profundo, y nadie podría estar en contra de esto, que es la génesis del conjunto de disposiciones específicas. Todos queremos contribuir a un desarrollo democrático más intenso y profundo, porque es la forma de asegurar y reforzar las libertades y los derechos de las personas. ¿Cómo propone el Gobierno desarrollar y poner en práctica esa idea matriz o central? A través de cinco puntos precisos, los cuales no tienen un hilo conductor nítido. A saber: l.Fijar el monto máximo de gastos en campañas electorales. 2.Regular el financiamiento privado de las campañas electorales. 3.Externalizar la administración de los recursos y los gastos electorales. 4.Crear un sistema de control externo del origen de los recursos empleados en la campaña electoral. 5.Consagrar un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos. He pensado largamente en lo prudente o imprudente del proyecto y en cómo tomar y reforzar las cosas buenas y modificar aquellas que no lo son, en términos de que las legítimas inquietudes sean subsanadas. Por eso, traduciría los cinco puntos en que se basa la idea matriz en tres grandes líneas de acción, a las cuales me quiero referir. En primer lugar, si se desea fijar el monto máximo de gastos en campañas electorales, en el fondo, con esa limitación, se pretende cierta igualdad entre los candidatos y, a través de ella, una mayor transparencia frente al electorado. Si se mirara unívocamente este concepto, parecería razonable que, por la vía de la limitación, se pretendiera cierta igualdad. Pero, además, me pregunto si este sistema, que apunta a la igualdad, ayuda a la alternancia en el poder. Y para ser franco, me caben profundas dudas. Debo señalar que llevo tres períodos de parlamentario y, en ese contexto, no me resultaría nada más grato, si fuera a postular por el mismo lugar, cosa que no está clara, que los candidatos que me enfrenten tengan, ojalá, la menor cantidad de recursos. Para ser franco, sería fantástico desde un punto de vista personal. Pienso que varios parlamentarios pueden sentir lo mismo. Si uno ya ejerce el cargo y aprovecha la experiencia que ha tenido, es obvio que le gustaría que su competidor tenga mínimas posibilidades de hacer ver sus puntos de vista. Este es un tema que debemos analizar en la Cámara, porque no somos una Corporación cuyo objetivo sea asegurar la reelección de todos sus integrantes. Muy por el contrario, una parte del desarrollo demócratico más intenso y profundo está en dar posibilidades para que haya una alternancia razonable en el poder. He leído con detalle obras de autores como Alejandro Silva Bascuñán, constitucionalista relevante, quien dice que lo importante en un sistema electoral es establecer las posibilidades de pronunciarse o escoger, y ello supone tener adecuada información de los antecedentes y una posibilidad cierta de que el elector determine con todas las condiciones para poder tener su opción. Algo parecido dijo, con motivo del estudio del tema, don Jaime Guzmán, senador y amigo, quien señaló en su época lo que es la clave de toda elección: supone que pueda existir una información amplia de las opciones en juego y en lo que cada una de éstas o de las personas pueden plantear. Aquí está el nudo central de lo que debemos resolver. Hacer campaña siempre es más fácil y económico para el candidato que está ejerciendo el cargo y aspira a ser reelegido que para quien aparece como retador. Digamos las cosas con franqueza. El primero es conocido y su propia tarea como autoridad sirve para hacer campaña. El candidato desafiante es quien necesita darse a conocer y, por lo mismo, requiere mayor cantidad de recursos. ¿Cuál es el contexto que corresponde al Estado, entonces, en esta tarea? A mi entender, la protección de la libre competencia en el modo de fomentar que el mercado, electoral para estos efectos, funcione adecuadamente: que los oferentes, en este caso los candidatos políticos, expongan libremente sus posiciones para que los demandantes, los ciudadanos, puedan escoger sin trabas entre ellos. Los resultados de una elección no son caprichosos, sino que tienen que ver con la forma de plantear la elección. Soy de aquellos que creen que la actividad política debe estar abierta y condicionada por grados importantes de competencia. En un sistema libre, siempre existirán actores que partan con ventajas relativas, sea porque son productos de mejor calidad, sea porque su marketing los hace más atractivos, sea porque tienen una marca más consolidada en el mercado. Por eso, el acceso a la información que se quiera dar a los electores no es un tema menor, y tiene que ver con que la información y la capacidad de elegir son a lo menos hermanas. Si tratamos de limitar arbitrariamente la competencia, no cabe duda de que el producto final será deficiente o tendrá un costo tan alto, en caso de haber financiamiento público, que afectará al país. Soy de aquellos que creen que junto con la transparencia debemos velar con fuerza por la capacidad de alternancia. No estoy dispuesto, en aras de lo primero, a suprimir lo segundo, porque, de lo contrario, estaríamos condenando al país a que los parlamentarios, que en un momento dado fueron elegidos, permanezcan por siempre. El candidato actualmente elegido tiene profundas ventajas por el ejercicio del cargo -como dije-, por el contacto con los electores, por las redes internas de apoyo, todo lo cual genera barreras a los nuevos candidatos. De ahí esta primera idea. No digo que no limitemos, pero, sí, ¡ojo!, que esa limitación no sucumba a la posibilidad de alternancia en el poder, porque de ese modo cercenaríamos el desarrollo democrático intenso y profundo que el mensaje plantea. El segundo de los temas dice relación con la regulación. ¿Se debe o no regular el aporte de las personas en este caso? Aquí tenemos dos visiones que pueden resultar contrapuestas; sin embargo, son legítimas. Por un lado, aparece atractivo que los actores privados tengan ciertos límites en su aporte para los efectos de no influir, como dijeron algunos parlamentarios, casi monopólicamente sobre las decisiones que otros tomen. Pero este elemento, que entiendo es relevante, hay que contraponerlo con otro: el concepto de libertad y, hasta qué medida, por regular la acción de un particular para evitar una influencia negativa, se cercene un atributo esencial del ser humano, la libertad, en especial de disponer de sus recursos. Este punto es extraordinariamente importante y, dicho sea de paso, está muy vinculado con el tema anterior, o sea, con los límites de los gastos y la capacidad de reforzar la alternancia en el poder. Debemos debatir esta materia (sé que se hizo en la Comisión, porque he leído algunas de sus actas donde aparece un debate muy interesante al respecto); éste no es un tema que se pueda resolver sin más trámite. ¿Hasta dónde uno va a poder limitar la libertad de quien cree en el servicio público, en las ideas, en que con parte importante de su esfuerzo contribuye a un país mejor? Este tema hay que conceptualizarlo en un esquema donde también se producen desigualdades. No quiero generar debate alguno sobre esta materia, sino, simplemente, hacer una reflexión. No es lo mismo para un candidato vinculado al Gobierno, que está acostumbrado por naturaleza -es un Poder Ejecutivo fuerte- a hacer muchas cosas que para aquel que está en la Oposición. No es equivalente. Admitámoslo objetivamente. Quizás no lo sea en ninguna parte del mundo, pero aquí tampoco estamos haciendo una reflexión respecto del tema específico chileno. Debo reconocer que en la última campaña presidencial vi muchas cosas que no me hubiera gustado ver en esta materia, pero obedecen a otro punto. En definitiva, muchas veces, las limitaciones a los particulares no sólo afectan los grados de libertad del individuo, sino que también tienen un correlato: la influencia o la desregulación que se produce al estar cerca de la autoridad, del poder, de quienes resuelven el problema, de quienes asignan fondos, de quienes cortan cintas, de quienes toman decisiones. Entonces, también debemos tener, a lo menos en la misma escala, la regulación privada y la regulación pública, la cual me parece fundamental asumirla en una nueva dimensión, porque ahí se están produciendo algunos de los desencuentros, desarreglos o falta de equidad más importantes entre los candidatos. Sin perjuicio de entender que podemos innovar en la materia, debemos reconocer también que la regulación privada tiene un contrapunto relevante en la regulación pública y que la libertad del individuo no puede pasar a un segundo plano en función de los objetivos que se busquen en un momento determinado. El resto de los temas los entiendo más como materias de administración y regulación. Aquí también tengo ciertas aprensiones, que no nacen necesariamente de una experiencia, sino de leer lo que en general ocurre en otros países en esta materia. A mi juicio, se puede buscar un tipo de control administrativo en la medida en que el objetivo sea evitar inequidades o abusos, pero no impedir que las personas actúen con libertad en el ámbito público. Por ejemplo, un dirigente sindical ¿podría verse incentivado a donar públicamente en favor de un partido que promueva el libre mercado? A la inversa, una persona de familia conservadora, ¿se vería o no intimidada si supiera que su nombre va a aparecer publicado con toda difusión respaldando tesis izquierdistas? ¿Será razonable que quienes aporten a uno u otro lado opten según el costo de imagen que ello suponga, más allá de los deseos de las personas? Esta no es una pregunta menor, sino importante, acuciante y relevante, que se debe resolver, porque no puede ser que el beneficio de imagen sea el hilo rector o conductor respecto de las decisiones particulares que los individuos adopten. Además, esto se puede prestar para mucho abuso el día de mañana en relación con un gobierno equis, i griega o zeta, que puede mirar en una lista pública que quienes tienen decisiones vinculadas con la autoridad apoyan públicamente a candidatos que estan en contra. Estoy de acuerdo con buscar una fórmula para administrar y regular el sistema del gasto electoral, pero ¿es deseable generar que en un escenario como ése se tomen las decisiones? En particular, me parece que no, porque es perfectamente posible establecer esa instancia a través de la entrega de los antecedentes a organismos como la Contraloría General de la República, la cual deberá mantener un grado de privacidad en los aportes con un sistema similar al que existe con la declaración de intereses de los parlamentarios. Quizás eso podría apuntar a un sentido más adecuado. Como usted ve, señor Presidente, concuerdo en que estamos ante una materia respecto de la cual debemos legislar, y que se trata de un tema interesante y moderno que tiene que ver con muchas decisiones que debemos tomar más adelante. Pero quiero colocar los contrapuntos en cada uno de los elementos para demostrar que éstos no tienen sólo una respuesta, sino que también se puede innovar. Para tal efecto, hemos presentado un conjunto de indicaciones que, ojalá, nos ayuden a alumbrar esta línea de posibilidades. Por último, muy brevemente voy a hacerme cargo de una sugerencia que hizo el diputado Errázuriz al ministro del Interior, respecto de la cual -siendo muy franco- no tengo tanta claridad. Se dice: ahorremos gastos acortando el período electoral. Esto me parece muy razonable, en teoría; pero ello -insisto-, supone colocar la rueda de la fortuna, con mayor intensidad, en los que ya están elegidos, en circunstancias de que un sistema electoral democrático profundo no se basa en la reelección democrática permanente de los que están. Insisto, ¿por qué en lugar de 90 días no acortamos el período de publicidad a 30 ó 15 días para que haya menos posibilidades de cambio de los actuales parlamentarios? Aquí no sólo debemos jugar con el concepto del gasto, sino también con los valores que se incentivan en uno y otro escenario. Considero que en el plazo de 120 días es más factible que quienes hoy no estén ocupando cargos puedan acceder a ellos, porque en 90, 60, 30, 15 ó 5 días -exagerando la idea- es mucho más limitante la posibilidad para que alguien que quiera aportar al servicio público pueda tener un rol relevante en el Congreso Nacional. Señor Presidente, dejo planteadas estas consideraciones y reflexiones, porque considero que ameritan un tratamiento serio. Tengo entendido que la Comisión estudiará las indicaciones dentro de las próximas horas, por lo cual espero que este tema sea lo más concordado posible, porque aquí no está simplemente en juego una visión unilateral de las cosas, sino la forma en que daremos curso a la idea matriz del proyecto, que es contribuir a un desarrollo democrático más intenso y profundo. Ojalá que queden absolutamente de lado la demagogia, la frase fácil y la descalificación, a fin de que seamos capaces de construir un sistema respecto del cual todos nos sintamos orgullosos, quedando relativamente equiparadas transparencia y alternancia, regulación y libertad, y la alternancia con profundidad en la democracia. He dicho. -o- -El señor Presidente informa a la Sala que se encuentra en las tribunas una delegación de Hungría, encabezada por su embajador e integrada por su ministro de Agricultura y Desarrollo Regional, además de parlamentarios húngaros, a quienes da la bienvenida y les brinda un aplauso. -o- El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Ovalle. La señora OVALLE (doña María Victoria).- Señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley de suma importancia, más aún cuando se avecinan elecciones para este año, por lo cual volveremos a presenciar un cuantioso gasto en las campañas electorales. Concuerdo con muchas de las opiniones del diputado Coloma, pero tengo ciertas dudas en cuanto a restringir las libertades. Si bien la libertad y la competencia son sanas, estamos conscientes de que la gente está cansada de que las campañas se transformen en un desfile de pancartas, de afiches y en “jingles” cuyo resultado es una contaminación acústica y daños a la propiedad pública y privada, porque se pegan carteles y se ensucia la ciudad. En resumen, se deteriora la calidad de vida de todos los chilenos. Este dispendio de recursos contrasta con las grandes necesidades de la mayoría de las comunas de nuestro país. Como dije anteriormente, la competencia es muy sana, pero ello motiva a gastar más. Por lo tanto, una buena solución para evitar la mugre que queda después de una campaña electoral es lograr que esa competencia vaya en beneficio de la gente. Si vamos a fijar un límite al gasto, sugiero que éste se invierta en obras sociales y culturales, porque son muchas las necesidades de nuestro país. Por lo demás, resulta bueno competir en ese nivel, no sólo para el candidato, sino también para la gente. Si bien ya había manifestado esto en la sesión anterior, he querido reiterarlo ahora, porque en aquella oportunidad la concurrencia fue escasa. Al respecto, me gustaría dar a conocer una experiencia personal muy importante que tuve en la elección pasada. Yo era una candidata nueva, que competía con diputados que iban a la reelección, los cuales pertenecían a partidos muy fuertes dentro de mi distrito. Pero me propuse quebrar esquemas, y para derrotar a parlamentarios conocidos, que tal vez lo habían hecho peor o mejor, enfoqué mi campaña en la realización de obras que quedaran en la comuna y no en la ejecución de publicidad barata, que crea riñas y rivalidades entre los contendores al despegar o romper los carteles. Fue así como ofrecí a los habitantes de mi distrito gastar dicho dinero en bienes para la comunidad. Para ello, hice pintar hospitales y consultorios, creé plazas e implementé bibliotecas. Como esto nunca había sucedido, la gente lo supo agradecer y reconocer dándome un respaldo y un triunfo electoral enorme al quedar de manifiesto que se pueden hacer cosas. Es cierto que se necesitan recursos. Por ello, he presentado una indicación para que por lo menos el 50 por ciento de los recursos con que cuenta el parlamentario sean usados en obras sociales para la comunidad. Así, evitaríamos, por un lado, que se botara la plata y, por otro, competiríamos haciendo cosas productivas, para disminuir la pobreza, porque hay muchas cosas que la gente necesita, y también crear más cultura. Por su parte, el parlamentario tendrá la oportunidad de demostrar su ingenio haciendo las mejores obras en beneficio de la gente a la que quiere servir. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Zarko Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, seré breve, pero muy claro y conciso. He escuchado las palabras del diputado señor Coloma, y claramente pienso que hay un problema de concepto. Él señaló que la limitación al gasto electoral cercena la alternancia en el poder. Al revés, creo que permite a los candidatos que no gozan de un patrimonio o no tienen la oportunidad de conseguir suficiente dinero, competir con los que ya ejercen el cargo, y, como él bien dijo, no sólo por uno, sino durante varios períodos. Por otra parte, él considera que la limitación del gasto afecta la libertad. Quiero decir a los diputados que representa el señor Coloma que es necesario hacer una distinción entre libertad económica y libertad política. Soy de los que creen que los partidos políticos son órganos públicos del Estado que contribuyen a una mayor democracia y participación. Por eso, los partidos políticos y las campañas electorales deben contar con financiamiento público, y aclaro que la libertad política no es la de mercado, no es la libertad económica. Aquí hay un error de concepto y es bueno destacarlo. Estamos acostumbrados a que nos señalen, en forma reiterada, que la libertad pública, establecida en los derechos fundamentales, es la libertad económica. A veces, debido al quehacer, a la actividad cotidiana, no diferenciamos la libertad de expresión de la libertad que ejercen los medios de comunicación; no diferenciamos la libertad política para representar ideas de esa índole, participar en el quehacer y en la consolidación de la democracia, de la libertad económica para recibir donativos y hacer campañas millonarias. Aquí hay un tema de fondo, y es lamentable que por lo breve del tiempo no lo podamos tratar; pero me parece fundamental avanzar en una democracia que es precaria, incompleta, en la cual hay enclaves autoritarios, donde los poderes fácticos y el dinero se entrometen en las decisiones a través de las campañas. De ahí la importancia de la iniciativa. Para que haya alternancia en el poder, transparencia y libertad política, votaremos a favor del proyecto, que establece límite a un gasto que, a veces, es una verdadera bofetada a la gente pobre y a los cesantes, quienes no entienden cómo se pueden hacer estos gastos, muchas veces abusivos. Éste es un paso en la consolidación de la democracia, en la construcción de un estado de derecho de partidos políticos y en la transparencia. Pero aún queda por reconocer la importancia y función de los partidos políticos y de las campañas electorales para que haya una representación equitativa, igualitaria y transparente. He dicho. -Aplausos. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Con la intervención del diputado señor Luksic se da por cerrado el debate. El diputado señor Enrique Van Rysselberghe y la diputada señora Rosa González, quienes estaban inscritos y no alcanzaron a hacer uso de la palabra, tienen derecho a insertar sus discursos. -En virtud del acuerdo anterior, se insertó el siguiente discurso: La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, en el día de hoy he querido intervenir en el análisis de un proyecto de ley que persigue un objetivo en teoría muy loable: la transparencia y límite del gasto electoral. Difícilmente escucharemos a algún diputado manifestar en esta Sala su disconformidad con un proyecto que persiga la transparencia. Por eso quiero ser muy clara: estoy de acuerdo con el objetivo general del proyecto; pero, de aprobarse en los términos enviados por el Ejecutivo, no producirá ningún efecto positivo. En los actuales términos, el proyecto es inviable, incompleto y muy peligroso. Es inviable, pues resulta absolutamente imposible efectuar un control de los gastos de una campaña electoral que permita un efectivo cumplimiento de disposiciones como las que hoy se analizan. Por lo demás, hay una serie de aportes que no se encuentran regulados en este proyecto y difíciles de avaluar, como, por ejemplo, el apoyo de figuras deportivas, artísticas o culturales a un determinado candidato. Considero, además, que es incompleto, porque el Mensaje enviado por el Ejecutivo no considera el principal factor que actualmente afecta la transparencia y la igualdad. Me refiero al tema de la intervención electoral del Estado. Esta iniciativa nada dice respecto de la regulación de los aportes directos o indirectos del Estado en favor de uno u otro candidato. La vergonzosa intervención que el Estado y sus organismos han efectuado en la elección presidencial pasada y en la última elección municipal nos demuestran la gravedad de este problema. Por último, considero que algunas de sus disposiciones son tremendamente peligrosas, pues permitirán al Estado y a sus organismos contar con mayores facultades para fiscalizar políticamente a empresas privadas que aporten fondos a candidatos que no sean del agrado del aparato oficialista. Insisto, señor Presidente, estoy de acuerdo con el propósito del proyecto; pero, de aprobarse en los términos propuestos, no se cumplirá el objetivo y se prestará para abusos de poder, muy comunes en estos tiempos. Finalmente, quiero expresar mi más absoluto rechazo a todas aquellas normas que encubiertamente propenden y fortalecen este rol inquisidor del Estado y que terminan siempre afectando a aquel sector de chilenos que contribuyen al crecimiento del país. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cito a reunión de Comités. Se suspende la sesión por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Continúa la sesión. Informo a la Sala que han llegado a la Mesa los siguientes pareos: de los diputados señores Patricio Walker con Mario Bertolino y Guido Girardi con Arturo Longton. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, quisiera saber si esos pareos no alteran los quórum. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No, señor diputado. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado en general el proyecto, con el quórum constitucional correspondiente. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Ignacio). -Se abstuvieron los diputados señores: Ibáñez y Kuschel. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo 1º 1.Del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente: “Artículo 1º.- Los límites, control y medidas de publicidad de los gastos electorales que realizan los partidos políticos y candidatos, como consecuencia de los actos eleccionarios contemplados en la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se regirán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.”. 2.De los señores Elgueta y Seguel para agregar a continuación del vocablo “regulación”, la siguiente expresión: “, control y transparencia”. 3.De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para sustituir en el inciso primero, la expresión “un sistema de regulación de”, por “normas relativas a”. 4.De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para reemplazar en el inciso primero, la expresión “como consecuencia de actos electorales,” por “con motivo de los actos electorales, así como las referidas a las actividades y actos realizados por funcionarios públicos o de la administración del estado durante ellos,”. 5.De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: “Asimismo, contiene normas aplicables a los órganos de la Administración del Estado, servicios o reparticiones públicas, a fin de evitar la utilización de recursos o bienes públicos en actividades políticas partidistas.”. Al artículo 2º 6.De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para reemplazar en el inciso segundo, letra a), la frase “cualquiera sea la forma y medio que se utilice.” por “entendiéndose por ésta la comprendida en los artículos 32 y 33 de la ley Nº 18.700. 7.De los señores Elgueta y Seguel para anteponer en la letra e) del inciso segundo, la siguiente expresión: “El capital e”. 8.De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar en su inciso segundo, letra f), después del guarismo 31, la frase “y 31 bis”. 9.De los señores Elgueta y Seguel para intercalar en el inciso segundo, la siguiente letra g), nueva, pasando la actual g) a ser letra h): “g) Las erogaciones o donaciones realizadas por los candidatos a organizaciones o a personas naturales o jurídicas, a pretexto de actos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo a celebrarse dentro del ámbito territorial respectivo.”. 10. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para eliminar en el inciso segundo, la letra “g)”. 11. De la señora Ovalle, para agregar la siguiente letra h) al inciso segundo: “h) Especialmente, los gastos por los que se financien directamente obras de desarrollo social y/o cultural, sin sujeción a las disposiciones del título II de esta ley.”. 12. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para incorporar las siguientes letras nuevas al inciso segundo: “g) Los ingresos totales percibidos por los concejales, alcaldes, diputados y senadores; durante su respectivo período, cuando postulen a la reelección en sus cargos, como también los montos percibidos por sus empleados y funcionarios rentados que trabajen bajo sus órdenes. h) Todo aporte o apoyo publicitario o propagandístico efectuado por personajes públicos de figuración nacional, regional, comunal, internacional, sea este remunerado o no. Para los efectos de poder cuantificar pecuniariamente la situación anterior, facúltase al Director del Servicio Electoral para tasar dicha participación de conformidad a lo que habitualmente cobrarían dichas personas por realizar un comercial. En caso de no poder ser aplicable la regla anterior, el Director deberá tasar el aporte prudencialmente, pudiendo solicitar informes de peritos. i) Presentaciones voluntarias de personas que no estén comprendidas en la letra anterior. Para estos efectos, será necesario que cada partido y candidato lleve un registro en el cual se individualice a todas estas personas, señalando el número de horas destinadas a la propaganda. j) Donaciones o cualquier otra liberalidad en beneficio de personas jurídicas o naturales y asociaciones o grupos de cualquier naturaleza. k) Patrocinios de eventos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo. l) Créditos contratados durante la campaña electoral. m) Todo pago, viático, bonificación, o cualesquiera que sea su denominación, provenientes de fondos públicos o municipales, que se efectúen por parlamentarios, concejales, alcaldes, o por cualquier funcionario de la administración del Estado.”. 13. De la señora Ovalle para agregar al artículo 2º, el siguiente inciso final: “Son también gastos electorales, las inversiones hasta en un 50% del gasto destinadas directamente a obras de desarrollo social y/o cultural de libre elección por el candidato o partido político. Tales inversiones a título de gasto electoral, no estarán limitadas por las normas establecidas en el Título II de la presente ley.”. Al artículo 3º 14. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar el siguiente inciso segundo: “Los gastos se entenderán realizados durante la campaña electoral cuando los bienes o servicios se apliquen durante el lapso señalado en el inciso anterior, y siempre que su pago se realice entre el sexto mes anterior a la fecha de declaración de las campañas y hasta el sexto mes posterior a la fecha de la elección.”. 15. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para eliminar el párrafo 2º del Título I del proyecto, como sus artículos 4º al 7º que lo componen. Al artículo 4º 16. Del señor Molina para sustituirlo por el siguiente: “Artículo 4º.- Ninguna candidatura a Senador, Diputado o Concejal podrá sobrepasar, por concepto de gastos electorales, la cantidad que resulte del siguiente cálculo: a)Multiplicar por 0,06 unidades de fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la circunscripción senatorial, el distrito o la comuna correspondientes. b)Multiplicar la cifra resultante de la letra anterior por el factor 1,2 siempre que la elección se verifique en una comuna, distrito o circunscripción cuya densidad poblacional sea inferior al promedio nacional de dicha densidad. c)Sumar a la cifra resultante de la aplicación de las letras anteriores, el producto de 0,15 unidades de fomento por la superficie en kilómetros cuadrados de la circunscripción, distrito o comuna, siempre que esa superficie exceda de 5.000, 15.000 ó 30.000 kilómetros cuadrados. En el caso de las candidaturas a Presidente de la República, el límite de gastos electorales será el equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por 0,1 unidades de fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país. Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política, dicho límite se calculará considerando como factor multiplicador 0,04 unidades de fomento. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Director del Servicio Electoral, mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial, establecerá los máximos de gastos electorales permitidos, considerando para ello la fecha de cierre del período de inscripción electoral establecido en el artículo 22 de la ley Nº 18.556.”. 17. De la señorita Rozas y de los señores Andrés Palma, Navarro, Jaramillo, Acuña y Seguel para sustituir en el inciso primero, el guarismo “0,04” por “0,02”. 18. Del señor Encina para reemplazar en el inciso primero, el guarismo “0,04”, por “0,02”. 19. De la señora Allende para reemplazar en su inciso primero el guarismo “0,04” por “0,02” 20. De los señores Monge y Molina para reemplazar en su inciso primero el guarismo “0,04” por “0,06”. 21. De la diputada Ovalle, doña María Victoria, para intercalar en el inciso primero, a continuación de las palabras “gastos electorales” la frase “incluidos los gastos a beneficio social y/o cultural,”. 22. De la señorita Rozas y de los señores Andrés Palma, Navarro, Jaramillo, Acuña y Seguel para reemplazar en el inciso segundo, los guarismos “0,03” y “O,01” por “0,015” y 0,005”, respectivamente. 23. Del señor Encina para reemplazar en el inciso segundo, los guarismos “0,03” y “0,01” por “0,015” y 0,005”, respectivamente. 24. De los señores Monge y Molina para reemplazar en su inciso segundo los guarismos “0,03” y 0,01” por “0,1” y 0,04”, respectivamente. 25. De la señora Ovalle, para agregar en el inciso segundo del artículo 4º, luego de las palabras “gastos electorales” lo siguiente: “, incluidos los gastos a beneficio social y/o cultural,”. 26. Del señor Monge para agregar los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual tercero a ser inciso quinto: “En las comunas, distritos o circunscripciones que presentan tasas de ruralidad superiores al 25% de la población, estos valores máximos se incrementarán en un 0,25%. Asimismo, los valores máximos se aumentarán, en los porcentajes que a continuación se indican, luego de aplicar las siguientes fórmulas: a)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 10% del promedio nacional, se aumentarán en un 5%. b)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 20% del promedio nacional, se aumentarán en un 10%. c)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 30% del promedio nacional, se aumentarán en un 15%. d)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 40% del promedio nacional, se aumentarán en un 20%. e)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 50% del promedio nacional, se aumentarán en un 25%. f)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 60% del promedio nacional, se aumentarán en un 30% y; g)En las comunas, distritos o circunscripciones cuyo promedio de densidad sea inferior a un 70% del promedio nacional, se aumentarán en un 35%.”. Al artículo 6º 27. De los señores Monge y Molina para agregar antes del punto seguido la frase “la que se expresará en unidades de fomento.” -o- Artículo nuevo 28. De los señores Monge y Molina para incorporar un artículo 6º bis nuevo del siguiente tenor: “Artículo 6º bis.- Todo gasto superior a los límites que fija esta ley constituye renta del candidato, conforme al número 5 del artículo 20 del decreto ley Nº 824, de 1974, que se entenderá retirada por aquél para todos los efectos legales.” -o- Al artículo 7º 29. De los señores Monge y Molina para reemplazar el vocablo “suficientes” por “fidedignos”. Al artículo 8º 30. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para sustituir el inciso segundo, por el siguiente: “Para estos efectos, se entenderá que constituye aporte de campaña electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, efectúen a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de donación, mutuo, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales.”. 31. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar en el inciso segundo, a continuación del vocablo “privado” la expresión “y público”. Al artículo 10 32. Del señor Pérez, don Víctor, y la señora Pérez, doña Lily, para reemplazar en el inciso primero, la frase: “Órganos de la Administración del Estado,” por “los ministerios, las intendencias, gobernaciones, los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, municipalidades,”. 33. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Asimismo, los candidatos y los partidos políticos no podrán aceptar, directa o indirectamente, ningún tipo de apoyo consistente en asistencia logística, medios de transporte, fotocopias, mobiliarios y otros similares; ni la participación de persona del Estado en actos propagandísticos o de trabajo electoral.”. 34. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero: “Se prohíbe realizar actos electorales en dependencias o en recintos de propiedad del Estado o de sus servicios dependientes. Con todo, cuando una autoridad del Estado facilite una gestión en relación a un candidato para un cargo de elección popular, quedará por este solo hecho obligado a prestar ese mismo servicio en idénticas condiciones a los otros candidatos.”. Al artículo 12 35. De la señora Pérez, doña Lily, y del señor Pérez, don Víctor, para suprimir el artículo 12. 36. De la señora Pérez, doña Lily, y del señor Pérez, don Víctor, para eliminar, en el artículo 12, la expresión “o privados sin fines de lucro”. 37. Del Ejecutivo para suprimir en el inciso primero, la frase “incluidas las sometidas a la ley Nº 19.526” y la coma (,) que le antecede. 38. De los señores Elgueta y Seguel para agregar el siguiente inciso final: “Prohíbese a los candidatos a una postulación de elección popular a que se refiere esta ley, formar parte del directorio de corporaciones y fundaciones de derecho privado sin fines de lucro. Declarada la candidatura en el Servicio Electoral, cesará en cualquier cargo que ostente en el Directorio.”. Al artículo 13 39. De la señora Pérez, doña Lily, y del señor Pérez, don Víctor, para eliminar el inciso segundo. 40. De la señora Allende para introducir como nuevo inciso segundo, el siguiente: “Asimismo, las donaciones para efectos electorales superiores a 20 unidades tributarias mensuales deberán ser informadas por el donante, sea persona natural o jurídica, al Director del Servicio Electoral. Dicha información deberá estar contenida en una declaración jurada”. 41. Del Ejecutivo para reemplazar en el inciso segundo, la frase “de 300 ó 500 unidades tributarias mensuales” por la frase “de 500 ó 900 unidades de fomento”. Artículo 13 bis, nuevo 42. De los señores Elgueta, Jaramillo y Seguel para agregar el siguiente artículo nuevo: “Artículo 13 bis.- Prohíbese a la televisión por cable difundir publicidad electoral durante la campaña respectiva, sin perjuicio de la transmisión de noticias, reportajes o entrevistas en que se procurará una adecuada distribución para los diversos candidatos.”. 43. De la señora Lily Pérez, y del señor Víctor Pérez para incorporar el siguiente artículo 13 bis: “Artículo 13 bis. Los aportes a las campañas electorales pueden, a solicitud del donante, ser calificados con el carácter de “reservados”, siempre que dicha reserva se mantenga también respecto del candidato o partido beneficiado con tal aporte. Dichos aportes se realizarán directamente y en forma nominativa al administrador electoral o al administrador general electoral, con identificación de su origen al Director del Servicio Electoral. El Director del Servicio Electoral estará obligado a mantener esta información en reserva, y entregarla a los Tribunales de Justicia bajo reserva, haciendo entrega de la misma en la forma establecida por la ley. En todos los demás casos, la información de donaciones y aportes será pública”. Al artículo 14 44. Del señor Ignacio Walker para reemplazar “20” por “100”. 45. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para reemplazar el guarismo “20” por “100”. 46. Del Ejecutivo para reemplazar la frase “20 unidades tributarias mensuales” por la frase “70 unidades de fomento”. Al artículo 15 47. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar el siguiente inciso: “Dichas donaciones constituirán renta para efectos del Impuesto Global Complementario, y se podrán acoger a las donaciones culturales establecidas por la ley.”. Al artículo 16 48. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para reemplazar las palabras “equivalente al” por “que no puede exceder del”. 49. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar el siguiente inciso, nuevo: “La participación de funcionarios públicos en actividades partidistas o en las campañas electorales en contravención a esta ley, será sancionada con la pérdida automática del cargo o empleo público, o con el término del contrato a honorarios, en su caso, la que será aplicada por el Director del Servicio Electoral. Asimismo, el funcionario sancionado no podrá ser recontratado o nombrado en otro cargo dentro de la Administración del Estado, servicios o reparticiones públicas por el plazo de cinco años.”. Al artículo 24 50. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: “Los administradores generales electorales y administradores electorales estarán obligados a mantener reserva de los antecedentes que reciban en el ejercicio de su cargo, encontrándose respecto de las mismas obligados en los términos que establece el artículo 164 y siguientes de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores.”. Al artículo 31 51. De la señora Allende para reemplazar en el inciso primero, las expresiones “treinta días” por “tres meses”. Al artículo 33 52. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para reemplazar en el inciso tercero, la expresión “equivalente al” por “que no puede exceder del”. 53. De la señorita Rozas y de los señores Andrés Palma, Seguel, Navarro, Muñoz, Acuña y Luksic, para agregar el siguiente inciso cuarto: “En el caso que el rechazo de la cuenta se deba a un exceso de gasto que represente un monto superior al 10% (diez por ciento) del máximo autorizado, la sanción será la nulidad de los votos emitidos a favor del candidato sancionado.”. 54. De la señora Allende para agregar, al artículo 33, el siguiente inciso: “Si el Director del Servicio Electoral realiza observaciones a las cuentas presentadas por el Administrador General Electoral o el Administrador Electoral, las calidades de tal se entenderán prorrogadas a las respectivas personas durante el período que dure el proceso establecido en el artículo 32 de la presente ley”. Artículos nuevos 55. De la señora Allende para agregar los siguientes artículos 37 bis y 37 ter: “Artículo 37 bis.- El Director del Servicio Electoral tendrá la facultad de solicitar por oficio la información que estime necesaria a los organismos públicos competentes, tales como Superintendencias y el Servicio de Impuestos Internos, cuando sea pertinente para aclarar algún punto de las cuentas presentadas por el Administrador General Electoral y el Administrador Electoral, como también de las declaraciones efectuadas por los donantes en conformidad con lo establecido en el artículo 13 inciso segundo de esta ley. Artículo 37 ter.- Las personas que oculten o alteren dolosamente la información a que se hace referencia en los artículos 13, inciso segundo y 30 de esta ley, serán sancionadas con la pena establecida en el artículo 210 del Código Penal.”. Al artículo 39 56. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para sustituirlo por el siguiente: “Artículo 39.- Los ítem globales de los ingresos y gastos electorales presentados ante el Director del Servicio Electoral serán públicos. Los aportes individuales de los donantes a campañas, candidatos o partidos políticos serán públicos, salvo que el aportante de dichos ingresos señale expresamente, por medio de declaración simple, que desea que su aporte sea considerado en calidad de “reservado”, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 bis. Cualquier persona podrá obtener, a su costa, copia de dichas cuentas, salvo que en tales partidas se encuentren aportes calificados por los donantes como reservados, de acuerdo a lo prescrito en los incisos precedentes. Durante el examen de las cuentas, el Director del Servicio Electoral velará por que el ejercicio del derecho establecido en el inciso anterior se compatibilice con las labores propias del servicio examinador.”. Al artículo 40 57. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para reemplazarlo por el siguiente: “Artículo 40.- Los partidos políticos que hubiesen presentado candidaturas a las elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales deberán publicar en un diario de circulación nacional un balance general de los ingresos y gastos electorales. Esta se hará a costa del respectivo partido, y deberá efectuarse en el plazo máximo de sesenta días contados desde la aprobación de dichas cuentas. Esta publicación contendrá las siguientes menciones: a)El monto total de gastos electorales en que hubiese incurrido directamente el partido político. b)El monto total de los ingresos para el financiamiento de gastos electorales percibidos por el partido. Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará también a los candidatos independientes en las elecciones presidenciales.”. 58. Del señor Urrutia para agregar en el inciso segundo, la siguiente letra d), nueva: “d) En la misma publicación se informará el gasto electoral realizado por cada candidato del partido.”. Al artículo 42 59. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para agregar en el inciso primero, antes del punto aparte, lo siguiente: “y siempre que se encuentren autorizados de manera específica en la Ley de Presupuestos”. Al artículo 43 60. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para eliminar la expresión “y cuya difusión no afecte el debido funcionamiento del órgano respectivo”. 61. De los señores Elgueta, Jaramillo, Luksic y Seguel para agregar el siguiente inciso segundo: “Prohíbese la difusión de encuestas, sondeos y estudios de opinión pública relativos a pronósticos electorales el día de la elección y en los quince días anteriores. La infracción a esta prohibición será sancionada con la multa, forma y procedimiento previstos en los artículos 124 y siguientes de la ley Nº 18.700.”. 62. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para consultar los siguientes incisos nuevos: “Para ello, el jefe superior del servicio que contrató los estudios a los que se refiere el inciso anterior, deberá dar a conocer el hecho de haberse evacuado el informe, a través de los medios de comunicación social. Dichos estudios e informes quedarán a disposición del público para su consulta y obtención de copia de cargo del solicitante. En cualquier caso, el jefe superior del órgano requerido deberá proporcionar la documentación que se le solicite dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la formulación del requerimiento por un interesado.”. Al artículo transitorio 63. Del Ejecutivo para suprimirlo. 64. De los señores Elgueta, Luksic y Seguel para sustituirlo por el siguiente: “Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia una vez finalizado el plazo para declarar candidaturas en el Servicio Electoral para la primera elección de Presidente de la República, o de senadores y diputados, que se realice con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial.”. 65. De la señora Lily Pérez y del señor Víctor Pérez para sustituirlo por el siguiente: “Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia para la primera campaña electoral que corresponda a una elección popular que se efectúe en la forma y oportunidades establecidas en la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1999, que fija el texto refundido de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”. -o- VI. PROYECTOS DE ACUERDO COMPATIBILIDAD ENTRE FUNCIONES MUNICIPALES Y CARGOS DE EXCLUSIVA CONFIANZA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Continuación). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En la sesión pasada, quedó pendiente la última votación del proyecto de acuerdo número 506, por falta de quórum. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por no haberse reunido el quórum requerido, queda rechazado el proyecto de acuerdo. INFORME SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS ANTE SITUACIÓN DE GENER. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo siguiente. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 507, del diputado señor Mora: “Considerando: 1.Que es de público conocimiento que la empresa Gener, por requerimientos financieros que se arrastran desde varios años producto de su alto endeudamiento para aventuras en el exterior, ha buscado diversas fórmulas para solucionar dicho problema. 2.Que la situación actual de endeudamiento sobrepasa los 2.500 millones de dólares, producto de las compras de centrales termoeléctricas en Argentina y Colombia, lo cual no guarda relación con sus activos en bolsa que corresponden a unos 1.500 millones de dólares. 3.Que la administración de dicha empresa la ha tenido un grupo de personas vinculadas a la privatización de la compañía durante el gobierno militar, quienes han actuado conjuntamente con representantes de las AFP, las que aún poseen cerca del 31% de las acciones de la empresa. 4.Que el grupo operador de la empresa ha convenido con la compañía francesa TotalFinaElf, la compra de un 20% por accionista y los activos que Gener tenía en el extranjero, en una cantidad que en un comienzo pareció razonable. Para estos efectos, se acordó entre el grupo controlador y los nuevos accionistas, un mecanismo que les permitiera a los primeros seguir participando en la dirección de la empresa. Sin perjuicio de lo anterior y para el evento de que tal participación no ocurriera, la administración de la compañía se acordó una indemnización equivalente a sus doce últimas remuneraciones, al mejor estilo de lo que se ha criticado en las empresas del Estado. 5.Que lo anterior resulta particularmente grave si se considera que en esta empresa existen comprometidos fondos de las AFP, que pertenecen a un grupo importante de chilenos, por lo que resulta necesario conocer si los representantes de los inversionistas institucionales tuvieron noticias o si estos directores consintieron en este tipo de maniobras. 6.Que, por otra parte, existe interés de la empresa AES, inversionista de origen norteamericano, que ha efectuado una oferta pública por el 80% del paquete accionario. No obstante, este competidor, a los pocos días de hacer su oferta, se puso de acuerdo con el grupo francés para distribuirse Gener, quedándose AES con la parte chilena y colombiana de la empresa y los franceses con la filial argentina, por la que se comprometió a pagar, curiosamente, una suma de 90 millones de dólares más de lo que anteriormente había ofrecido a los actuales administradores de Gener. 7.Que resulta necesario poner atención en Gener por tratarse de una empresa que concentra un monto importante de los recursos de inversionistas institucionales, por una parte. Además, se trata de una empresa vital para el desarrollo del país que tiene una gran participación en el sistema interconectado central y que está siendo objeto de maniobras especulativas que vulneran las normas más elementales de la prudencia y ética comercial y que, de paso, pone en evidencia, una vez más, lo extraordinariamente débil que es nuestro ordenamiento económico. 8.Que lo ocurrido en Gener pone de manifiesto que, al parecer, un grupo importante de directivos de estas compañías obtiene lucros indebidos y beneficios personales, utilizando indebidamente los recursos provenientes de los cotizantes en el sistema de AFP, endeudando peligrosamente a compañías estratégicas al embarcarlas en aventuras financieras en el extranjero. 9.Que los acuerdos a los que habrían llegado los inversionistas franceses y norteamericanos que han intervenido en Gener vulneran las normas sobre libre competencia, porque el objetivo último de sus maniobras es desalentar la participación de terceros. 10. Que la autoridad debe intervenir en estos actos, evitando que los accionistas institucionales se vean perjudicados por este tipo de actuaciones, efectuando las denuncias y aplicando las sanciones que correspondan. La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar al señor ministro de Hacienda, para que, por su intermedio, el superintendente de Valores y Seguros, informe a esta Corporación respecto de las medidas que ese órgano fiscalizador ha efectuado respecto de lo ocurrido en Gener y de los resguardos decretados para salvaguardar que los directores elegidos con el voto de los inversionistas institucionales no lesionen los intereses de los chilenos que mantienen sus fondos previsionales bajo la administración de las AFP. Igualmente, oficiar al ministro del Trabajo y Previsión Social, para que, por su intermedio, el superintendente de AFP informe sobre los recursos que las AFP mantienen invertidos en la empresa Gener y la forma en que dicho organismo ha fiscalizado las actuaciones de los directores elegidos con el concurso de las acciones que poseen los fondos en esta empresa, y los mecanismos, medidas, instructivos u otras acciones que se han tomado para proteger los intereses de los fondos de pensiones en este tipo de inversiones”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo. El señor MORA.- Pido la palabra. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor MORA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene por finalidad solicitar a la Superintendencia de Valores y Seguros la máxima información posible sobre las características del cambio de propiedad de Gener, dado que se han invertido cerca de 400 millones de dólares de los fondos de pensiones en dicha empresa. Debido al alto grado de endeudamiento de la empresa, se ignora el efecto que puede tener ese hecho en los fondos de pensiones invertidos en ella. En síntesis, el proyecto de acuerdo requiere la mayor información posible, a fin de resguardar la rentabilidad de los fondos de pensiones. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Bartolucci, Caraball (doña Eliana), Correa, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jeame Barrueto, Krauss, León, Luksic, Masferrer, Mesías, Monge, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco y Villouta. COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR EFECTOS DE MEDIDAS EN FAVOR DE ZONAS EXTREMAS. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a lectura al proyecto de acuerdo siguiente. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 508, de los diputados señores Krauss, Alvarado, señorita Sciaraffia, señores Urrutia, Ascencio, Pedro Muñoz, señora Rosa González y señores Sánchez y Pablo Galilea: “Considerando: Que en la actualidad existen diversas medidas de incentivos para el desarrollo de las zonas extremas del país que otorgan franquicias y bonificaciones a las provincias de Arica, Iquique, Chiloé y Palena y a las XI y XII regiones; Que estas medidas, que son de naturaleza legal y administrativa, tienen el propósito de potenciar el desarrollo económico y el asentamiento social de las referidas zonas, motivo por el cual su efecto y cumplimiento debiera ser objeto de periódicos análisis y revisiones; Que la conveniencia de este análisis ha quedado en evidencia en el debate recientemente efectuado en esta Corporación, con ocasión de la discusión del proyecto de ley que prorroga la bonificación a la mano de obra a que se refiere el decreto ley Nº 3.625; Que esa revisión puede efectuarse en esta Cámara, genuina representante de todos los sectores de la sociedad, de manera que a través de los trabajos de una comisión se propongan las medidas de mejoramiento y perfeccionamiento de los beneficios existentes y se sugieran los complementos que se estime convenientes; La honorable Cámara de Diputados acuerda: Constituir una Comisión especial, integrada por el mismo número y en la misma proporción que la de Gobierno Interior, la cual deberá informar a esta Sala, a más tardar el 31 de julio de 2001, acerca del cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas aplicadas en favor de las zonas extremas del país y proponer los perfeccionamientos y mejoras que convenga introducirles”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo. El señor KRAUSS.- Pido la palabra. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, con ocasión de la discusión en esta Sala de la prórroga del decreto ley Nº 3.625, sobre bonificación a la mano de obra, quedó en evidencia que resulta necesario revisar la eficacia de las diversas medidas tendientes a incentivar el desarrollo de las zonas extremas del país, que otorgan franquicias y bonificaciones a las provincias de Arica, Iquique, Chiloé y Palena, y a la Undécima y Duodécima regiones. Estimamos conveniente que esa revisión sea practicada en la Cámara de Diputados, y que tales medidas no queden entregadas a la administración exclusiva de los organismos del Poder Ejecutivo o a organismos del sector privado. Es esta rama del Poder Legislativo, que tiene facultades fiscalizadoras y, además, la responsabilidad de legislar, la que debe efectuar dicho análisis. Por eso, proponemos que este trabajo sea encomendado a una Comisión especial, la cual tendría el objetivo señalado en la parte resolutiva del proyecto de acuerdo. Ése es el sentido de la propuesta que, para todos los efectos de su establecimiento fidedigno, fue presentada con fecha 29 de diciembre de 2000, cuando el candidato de nuestro partido por la Primera Región era Jaime Ravinet. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, quiero recordar a la honorable Sala que hace alrededor de dos años fue presentado aquí un proyecto de acuerdo de similares características -prácticamente idéntico-, el cual fue aprobado por amplia mayoría. Sin embargo, la Comisión especial que se propuso crear, a fin de que estudiara los problemas que afectaban a las regiones extremas, nunca funcionó y ni siquiera fue citada. Por lo tanto, quiero pedir a los diputados que representan a las zonas extremas y a la Mesa que, de aprobarse, este proyecto de acuerdo no se transforme en otro saludo a la bandera, y que la Comisión que se propone crear funcione realmente y se aboque a estudiar los temas relacionados con las zonas extremas. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Bartolucci, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Correa, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jeame Barrueto, Krauss, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Mesías, Monge, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches y Villouta. -o- El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, quiero solicitar que, a continuación, se trate el proyecto de acuerdo Nº 514, que está suscrito por todos los jefes de Comités y cuenta con la aprobación de todas las bancadas. Pido que se trate de inmediato, porque se refiere a una materia que requiere urgente solución: la necesidad de que la Comisión de Distorsiones del Banco Central establezca salvaguardias para la importación de queso. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para tratar de inmediato el proyecto de acuerdo Nº 514. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor SEGUEL.- Que se trate primero el proyecto de acuerdo Nº 512. Un señor DIPUTADO.- Que se trate primero el Nº 509. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para tratar el proyecto Nº 514? No hay acuerdo. COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL DEL ESTADO EN CAMPAÑAS PRESIDENCIAL Y MUNICIPAL. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo siguiente. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 509, de los diputados Monge, Orpis, Rojas, José García, René Manuel García y Recondo: “Considerando: 1.Que una de las características del sistema democrático es que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a los cargos de elección popular. 2.Que para que esto sea efectivo es fundamental que quienes están en el Gobierno mantengan prescindencia en materia electoral. 3.Que esto ha sido confirmado por un dictamen de la Contraloría General de la República (Nº 17.161), en el cual se señala en forma categórica que “los funcionarios públicos se encuentran impedidos de realizar actividades de carácter político contingente. En consecuencia, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, apoyar candidaturas políticas, promover o intervenir en las respectivas campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ni ejercer coacción sobre sus empleados con este objeto”. 4.Que este dictamen termina concluyendo que, en general, los funcionarios públicos no pueden valerse de su autoridad o cargo para favorecer o dañar, por cualquier medio, a alguna tendencia o partido político. 5.Que, lamentablemente, en los últimos años el Estado ha intervenido con todo su aparato en favor de determinados candidatos en campañas políticas. A través de los canales de televisión, todo el país ha sido testigo de cómo ministros de Estado, intendentes y otras autoridades han efectuado trabajo proselitista en favor de candidatos oficialistas, cómo se han repartido canastas familiares, bonos en dinero, plásticos para invernaderos, y otros beneficios cuya entrega se encuentra al borde de la legalidad. 6.Que producto de lo anterior, si bien compartimos el objetivo general que persigue la iniciativa legal sobre control y límite del gasto electoral, consideramos que es débil en evitar el problema planteado, esto es, el desvío de recursos y la influencia del aparato público en beneficio de las candidaturas y partidos oficialistas. 7.Que por esta razón se ha propuesto al Ejecutivo una serie de indicaciones tendientes a evitar la utilización de vehículos fiscales en actividades político-partidistas, regular la publicidad que pueden efectuar los órganos del Estado, sancionar a los funcionarios públicos que anticipen información con el objeto de obtener dividendos electorales, y otras que, obviamente, persiguen la transparencia pública y la prescindencia electoral del Gobierno. 8.Que, lamentablemente, sólo algunas de ellas han sido acogidas, lo que, en la práctica, impedirá que el proyecto cumpla con su objetivo y se constituirá en una pésima señal en materia de probidad y transparencia pública. Proyecto de acuerdo: La Cámara de Diputados acuerda que la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social se constituya en investigadora de las diversas formas de intervención electoral del Estado denunciadas durante la última campaña presidencial y municipal, y en esa calidad emita un informe a la Sala, dentro del plazo de 90 días desde su constitución”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En la sesión pasada, se otorgó la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra para hablar en contra. El señor AGUILÓ.- Pido la palabra. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, sólo tengo un problema formal de fecha con el proyecto de acuerdo. El considerando número 5 señala “Que, lamentablemente, en los últimos años el Estado ha intervenido con todo su aparato a favor de determinados candidatos en campañas políticas”, haciendo referencia al año 2000, en circunstancias de que debería referirse al año 1989. Es mi único problema; no tengo ninguna otra dificultad adicional. En virtud de lo expuesto, si no hay acuerdo para modificar la fecha, votaríamos en contra. Es todo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- No voy a hablar ni a favor ni en contra del proyecto de acuerdo, sino que intervengo como uno de los autores del mismo para cobrarle la palabra al diputado señor Aguiló, en el sentido de que la investigación se lleve a cabo a partir de 1989. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 26 votos. No hubo abstenciones. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en el tablero electrónico aparecen votando diputados, como la señorita Sciaraffia, que no están en la Sala, razón por la cual solicito que se repita la votación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se repite la votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 30 votos. No hubo abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Bartolucci, Correa, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Martínez (don Rosauro), Monge, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, Vargas y Vilches. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Caraball (doña Eliana), Encina, Gutiérrez, Jaramillo, Jeame Barrueto, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Valenzuela y Velasco. CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA PARA ANALIZAR FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE CRÉDITO PRENDARIO. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo siguiente. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 510, de los señores Pérez, don Víctor; Rojas, Ulloa y Moreira. “Considerando: 1.Que hace algunos días el país ha sido testigo de un inusual robo perpetrado en las oficinas de la Dirección de la Caja de Crédito Prendario de la unidad Los Andes. 2.Que producto de dicho robo, se han visto afectadas miles de familias de la provincia de Los Andes y San Felipe que perdieron joyas y otros bienes de incalculable valor comercial y sentimental. 3.Que, según estimaciones preliminares, el monto de lo sustraído asciende a cerca de dos millones y medio de dólares, convirtiéndose este robo en el más grande de la historia de la ciudad de Los Andes. 4.Que lamentablemente el reglamento que regula este tipo de créditos data del año 1951 y establece que en caso de pérdida del bien empeñado, la Caja sólo se obliga a indemnizar el avalúo de la joya practicado por la propia Caja, incrementado en un 50%. 5.Que si bien ya se han iniciado las investigaciones encaminadas a determinar las circunstancias en que se han producido estos hechos y sus responsables, se ha solicitado la designación de un ministro en visita y se ha reforzado la labor policial con personal de Santiago, hay ciertos hechos nuevos que ameritan una investigación más acuciosa. 6.Que estos nuevos hechos se refieren a una serie de denuncias efectuadas por la Asociación Nacional de la Caja de Crédito Prendario en relación a irregularidades y deficiencias en materia de infraestructura, sistemas de seguridad y alarmas de una serie de unidades, específicamente de la unidad de Los Andes. 7.Que estas irregularidades han sido confirmadas por la Contraloría General de la República en informe Nº 37/98. La Cámara de Diputados acuerda que: Con motivo del escandaloso robo perpetrado en la Caja de Crédito Prendario de la ciudad de Los Andes y las circunstancias en que ha ocurrido, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se constituya en Comisión investigadora con el objeto de analizar el funcionamiento de la Dirección de la Caja de Crédito Prendario y las irregularidades denunciadas en materia de infraestructura y seguridad. Esta Comisión deberá emitir un informe a la Sala en un plazo no superior a 60 días”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo una abstención. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por no reunirse el quórum requerido, se repite la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por no haberse alcanzado el quórum requerido, se va a llamar a los señores diputados por 5 minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Queda pendiente, para la próxima sesión, la votación del proyecto de acuerdo. VII. INCIDENTES INFORME SOBRE DESTINO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en estos días la sociedad chilena se ha visto profundamente remecida por el contenido del informe dado a conocer por su Excelencia el Presidente de la República, y que da cuenta del destino de aproximadamente doscientos compatriotas que, en alguna oportunidad, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, que se encontraban desaparecidos y que las Fuerzas Armadas y de Orden han señalado que fueron ultimados y, en algunos casos, lanzados al mar, a ríos, lagos, o sepultados en forma clandestina. Es cierto que para muchos de nosotros esto es la confirmación de algo que sabíamos. Para otros, es una verdad dura; porque, aunque había sospechas de lo sucedido, siempre, en algún espacio de sus conciencias, existía la legítima esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. No puedo dejar de recordar que hace un año y medio, junto con dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, concurrimos hasta Parral, en las cercanías de la ex Colonia Dignidad, porque se nos había entregado la información, prácticamente confirmada, incluso con fotografías, de que algunos detenidos desaparecidos que figuran en la lista que hoy conocemos se encontraban allí, trabajando como zombies, a raíz de las torturas sistemáticas que habrían sufrido. Eso es parte de la legítima esperanza de encontrar con vida a los seres queridos. Otro sector de la población siempre negó esa posibilidad y, hoy, esperamos que esté reflexionando acerca de los antecedentes proporcionados. Chile entero tiene una información que hasta hace pocos años se negaba de manera sistemática. Hace más de una década se decía que no existían detenidos desaparecidos; que todas esas personas, extremistas, pasaron a la clandestinidad, se fueron del país, estaban en el exilio y viviendo, además, las condiciones de un exilio dorado. Incluso, se ironizaba respecto del dolor de las víctimas al sostener que había gente que se fue con sus amantes, que no quería seguir viviendo con sus familias, y se aprovechó de las circunstancias para huir de sus casas. En otros momentos -y no están en la lista que hemos conocido aquellos que sufrieron ese vejamen aun después de muertos-, se cometió el agravio de decir que se habían exterminado entre ellos, como ratas. Ese fue el titular de un medio de comunicación de la época, del que se hicieron eco un diario de Brasil y otro de Argentina, respecto de 119 militantes del MIR de las décadas de los años 70 y 80. Todo ello, para evitar reconocer lo que hace 48 horas el país ha terminado por saber de manera definitiva: que los detenidos desaparecidos constituyen una dramática realidad; que se trata de personas que no murieron en enfrentamientos, sino que fueron detenidas y llevadas a centros de detención; que estuvieron días y meses siendo sometidas a brutales y sistemáticas torturas y que luego fueron asesinadas, y sus cuerpos hechos desaparecer de la manera que hoy sabemos. Probablemente, los casi ochocientos casos que no están incluidos en el informe han corrido una suerte similar. Es muy impactante, pero indispensable, que el país haya conocido esta verdad. No obstante el infinito dolor que debe haber causado a sus familiares, los socialistas queremos reconocer el inmenso valor del informe. El Presidente de la República ha hecho una enorme contribución al país al darlo a conocer y expresar las palabras solemnes que dijo en esa ocasión. No obstante ser miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden los victimarios de cada una de las personas que sufrieron tan atroz suerte, queremos decir que otros soldados de uniforme, oficiales de hoy, han debido dar la cara por los que perpetraron tales crímenes. Una palabra de reconocimiento de los socialistas a los uniformados que tomaron la decisión de entregar el informe y decir: “sí, fueron detenidos por gente nuestra, ultimados y luego hechos desaparecer en el mar, en los ríos o en otro lugares”. En el listado hay 48 militantes del Partido Socialista. En los escasos minutos de que disponemos no los nombraremos a todos; pero queremos simbolizar en el ex diputado, médico y ex jefe de nuestro partido en la clandestinidad, compañero Carlos Lorca, el tremendo impacto que nos causa a los socialistas saber que los miembros de esa dirección clandestina -que se hizo cargo de la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país en aquellas horas difíciles-, hayan aparecido en la nómina con distintos destinos, pero con la misma tragedia de haber sido asesinados y enterrados o lanzados al mar en diferentes lugares. A Carlos, a Exequiel, a Ricardo Lagos Salinas, a Freddy Taberna y a tantas compañeras y compañeros socialistas que están en esa lista y que esperamos ingresen a la verdad en otras listas, les rendimos el homenaje emocionado de quienes han hecho lo posible para que algún día Chile se reencuentre con sus mejores tradiciones democráticas y libertarias. Compartimos muy profundamente con el Presidente de la República la opinión de que este informe no basta para esclarecer la verdad, incluso de los casos incorporados en él. Los tribunales de justicia deberán investigar a fondo, con estos antecedentes y muchos otros -que tiene la Vicaría de la Solidaridad, los abogados de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos-, para esclarecer totalmente la suerte de cada uno de los detenidos desaparecidos. En un estado de derecho es indispensable que esa verdad la generen, la ratifiquen y, después de una investigación, la sancionen los tribunales de justicia. Del mismo modo, los socialistas no descansaremos hasta que se sepa el paradero o destino del último de los detenidos desaparecidos. Cerca de 800 familias esperan saber qué pasó con sus padres, madres, hijos, hermanos o hermanas. No vamos a descansar hasta saber el paradero de cada uno de ellos. Los propósitos de verdad y justicia que han animado la lucha de las agrupaciones de familiares de las víctimas, de los abogados de derechos humanos, de los socialistas, de los demócratas del país, de la Concertación de Partidos por la Democracia, constituyen una lucha justa, que hoy vive un avance, pero que continúa con más fuerza luego de este informe. En ese sentido, a algunos familiares -a los que respetamos su dolor- les han surgido legítimas dudas sobre la veracidad de este informe y de algunos de sus aspectos. Por lo tanto, exigiremos que los tribunales de justicia corroboren estos datos, los chequeen con los antecedentes que tienen otros organismos de derechos humanos, llamen a testificar a los responsables y, luego de que la verdad esté completa, la entreguen, como corresponde a un estado de derecho, a la sociedad en su conjunto. Por último, quiero recordar las palabras que expresó Viviana Díaz hace dos noches, cerca de la una de la madrugada, en una conferencia de prensa que dio luego de reunirse con el Presidente de la República: “Después de tantos años no podré abrazar a mi padre, porque fue lanzado al mar; pero me reconforta saber que hay un Gobierno y un Presidente de la República que han entendido nuestra lucha y dolor y, como máxima autoridad del Estado, éste se compromete a luchar por la verdad y la justicia y a que aquí no habrá punto final”. He dicho. HOMENAJE EN MEMORIA DE DON EUGENIO VELASCO LETELIER. Oficio. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, hace pocas horas falleció Eugenio Velasco Letelier. Brillante abogado, profesor de derecho, director y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, tuvo también un compromiso político. Fue militante y dirigente del Partido Radical, y en la perspectiva de su compromiso humanista laico defendió la expresión de quienes eran atropellados durante el período de la dictadura. Él también fue afectado. Por ser consecuente con lo que su profesión podía aportar en la dura y difícil lucha que se libraba por mantener la dignidad de los chilenos, fue expulsado del territorio nacional con nuestro camarada Jaime Castillo Velasco, y vivió, tal vez lo que dice un poeta español, la peor de las muertes: el exilio. Retornado a Chile, siguió con su cátedra de derecho civil, heredada del gran civilista don Arturo Alessandri Rodríguez. Ejerció su profesión con dificultad, porque las enfermedades habían mermado su excelente y notable capacidad vital, la que también entregó en el campo del deporte. Fue dirigente del club deportivo de la Universidad de Chile y de la Asociación Nacional de Fútbol. Además, entre otros deportes, practicó el automovilismo. Lamentablemente, esa capacidad de Eugenio Velasco ha concluido. Su círculo vital ha alcanzado su término. Pero quienes lo conocimos y compartimos desde distintas visiones políticas su compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos, a pocas horas de que conocimos el destino definitivo de la eternidad que le está reservado, queremos expresar nuestra solidaridad a su familia, al Partido Radical y a la Universidad de Chile. Por las razones expuestas, solicitamos que se oficie en el sentido señalado a quienes hemos indicado. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités Demócrata Cristiano, Socialista, de Renovación Nacional y de la UDI. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO NACIONAL POR RESULTADOS EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA. Oficio. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, en otro plano, porque en la vida hay momentos de dolor, pero también de estímulos y alegrías, solicito que se oficie al señor rector del Instituto Nacional, don Sergio Riquelme, para manifestarle la satisfacción que corresponde al típico liceo fiscal del país, que marcó el signo distintivo de la clase media de Chile; al primer foco de luz de la nación, que hoy ha tenido el privilegio de que el más alto porcentaje de los mejores puntajes en la Prueba de Aptitud Académica fuera obtenido por ex alumnos de ese establecimiento. Es una demostración del esfuerzo de quienes se educan en colegios como el Instituto Nacional y de lo que pueden lograr. Ello también indica de qué manera el país debe comprometerse -como fue el signo característico desde el siglo XIX- a abrir las expectativas de la educación a todos los sectores que integran nuestra sociedad. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Lorenzini, Gutiérrez, Núñez, Navarro, René Manuel García, Rojas, Caminondo, Correa y Acuña. INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, después de las sentidas palabras de mis colegas señores Aguiló y Krauss, volveré a temas propios de nuestra labor. En ese esquema, quiero señalar un problema que se aproxima. Me refiero a la evacuación de las aguas lluvia que se empozan en las calles y que no tienen un adecuado tratamiento, problema que se ha visto acrecentado en los últimos años, en que se han producido fuertes precipitaciones, las que provocan grandes dificultades en Santiago, en Valdivia, en Villarrica, ciudad que su Señoría conoce, especialmente entre los más desposeídos. Desde hace largo tiempo y bajo diversos gobiernos, el Ministerio de Obras Públicas ha tratado de mitigar y de tener una infraestructura adecuada para dar una salida a esta situación, sobre todo cuando se producen temporales o aluviones. Se han dado soluciones parciales a través de muchas leyes, las que han abordado especialmente el problema de las aguas lluvia que afectan a quienes tienen problemas en sus inmuebles, es decir, la gente más modesta. Por lo tanto, estamos ante un tema nacional, que se debe asumir como tal. Los estudios de esta materia se han radicado en los distintos departamentos y áreas del Ministerio de Obras Públicas, MOP; pero no hemos visto al respecto la preocupación específica de las municipalidades -salvo su buena voluntad para solucionar los problemas que se producen cuando ocurren estos hechos-, ni de otras instituciones. Afortunadamente, la ley Nº 19.525, promulgada hace tres años, hizo responsable al Estado de regular los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvia, para lo cual estableció las que se denominan “red primaria” y “red secundaria”. Además, dispuso que el estudio, diagnóstico, planificación, proyección, construcción reparación y mantención de la red primaria corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, mientras que la planificación y estudio de la red secundaria estará a cargo de los servicios de Vivienda y Urbanización, es decir, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estamos hablando de lo que la ley denomina “planes maestros”, que tienen por objeto estudiar el problema de la evacuación de las aguas lluvia, diagnosticar la situación en las distintas áreas, solucionarlas y proponer medidas para avanzar en proyectos cuyos montos, se espera, sean superiores a 1.500 millones de dólares. Evidentemente, Santiago o la Región Metropolitana es el área principal en que se realizarán estos estudios. Aunque no seamos de esa región, todos conocemos lo que ocurre en algunos lugares, porque nos ha tocado viajar en momentos en que llueve. Por ejemplo, quienes ingresan a Santiago por el sur conocen lo que sucede en la Gran Avenida; quienes han transitado por Vicuña Mackenna pueden citar los problemas que se producen cuando se viaja a Puente Alto. Incluso, el desborde del estero Lampa produce serias dificultades en Lampa y Pudahuel. Por lo tanto, el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno han estado trabajando en solucionarlos. Además, se debe felicitar a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, porque está encaminada en la búsqueda de alguna alternativa o solución a estos problemas. Señor Presidente, usted se preguntará: “Diputado, nos parece muy bien lo que plantea; pero, ¿cuál es el tema?” El tema es -no me volveré repetitivo con el asunto de las privatizaciones ni con el de las empresas sanitarias- que uno ya empieza a escuchar argumentos respecto de estudios realizados en esta línea y pagados por ejecutivos del Gobierno para determinar quién financiará y construirá estas redes, estos planes maestros, cuyo costo, de acuerdo con lo señalado, asciende a más de 1.500 millones de dólares. Se expresa que la lógica es que estos trabajos por realizarse en el Gran Santiago los haga nuestra conocida Emos. ¡La guinda de la torta! Después de la privatización y de las tarifas extraordinarias que obtuvieron, que no eran las que se habían conversado, hoy algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas pretenden concluir esos estudios señalando lo siguiente: “Si la Emos tiene una red, ¿para qué vamos a contar con dos?” O sea, nadie está capacitado para hacer estas inversiones. Por lo tanto, agreguemos esta guinda a la Emos, lo que significará alzas de las tarifas de agua de no menos del 30 ó 40 por ciento adicional. Estamos hablando de que están pendientes para los próximos cinco años, aumentos del 40 o del 50 por ciento por el tratamiento de las aguas, y de iguales porcentajes por la evacuación de aguas lluvia. En consecuencia, la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿Es que algunos funcionarios públicos no conocen el concepto “licitación pública”? No queremos más designaciones a dedo, mediante justificaciones por estudios relacionados. En este sentido, me preocupa lo que pueda suceder el día de mañana en Curicó, Talca o en cualquier ciudad de más al sur o de más al norte. Si la idea es entregar estos planes de aguas lluvia a las empresas que quedan por privatizar, que les significan cientos de millones de dólares, pongámoslos de inmediato en el precio de licitación, con el objeto de que después no reciban gratis estas ganancias y tarifas adicionales. Por lo tanto, solicito que se oficie al señor ministro de Obras Públicas, con el objeto de que ponga en conocimiento de esta Cámara de Diputados el grado de avance de estos estudios; si los funcionarios del MOP encargados de ellos han tenido alguna relación anterior con las empresas sanitarias, ya sea dentro de ellas o en sus licitaciones como representantes del gobierno; a qué empresas les hemos encargado estos estudios y si ellas tienen o tuvieron relación con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, que están tomando estas decisiones. Considero importante, para la transparencia y claridad de lo que se está realizando en relación con estas obras, que el ministro nos diga si está de acuerdo en que estos financiamientos se estudien y realicen por otros sistemas, mediante licitaciones públicas abiertas, o si, a su juicio, deben ser entregados a dedo a las empresas que se van privatizando. Esto nos evitará tener algunos problemas a futuro respecto de un tema que preocupa a todos los chilenos y que, obviamente, debe ser resuelto, pero con justicia, con equidad y, sobre todo, con transparencia. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los honorables diputados señores Gutiérrez, Rojas, Correa, Caminondo y Acuña. DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN HOSPITAL Y CONSULTORIOS DE TALCA. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la señora ministra de Salud, con el objeto de hacerle presente mi preocupación por los numerosos reclamos que he recibido respecto de que el hospital y los consultorios de Talca no cuentan con remedios para combatir enfermedades que afectan a personas de la tercera edad, como los destinados a regular la presión, y de los niños, como jarabes y otros, los que, hasta hace poco, se entregaban con mucha rapidez a la gente que acudía a los consultorios. Eso no sucede en este momento. Los usuarios son atendidos por el médico, quien les extiende una receta a las personas, pero el consultorio no les entrega los remedios. Este fenómeno ha ido aumentando y existe preocupación por el tema. Reitero, solicito oficiar a la señora ministra de Salud, con el objeto de que las autoridades de salud de Talca informen sobre la preocupante situación que estoy planteando, porque, aun cuando se trata de remedios económicos -las pastillas para la presión cuestan entre 300 y 500 pesos-, los sectores más modestos de la población muchas veces no cuentan con ese dinero. Señor Presidente, pido una información lo más detallada posible. Tal como me indica el honorable diputado señor Pablo Lorenzini, en ella se debe incluir lo que sucede en las comunas de la provincia de Talca, porque es una preocupación que ha ido creciendo en el último tiempo. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los honorables diputados señores Lorenzini, René Manuel García, Caminondo y Acuña. PRECISIONES SOBRE NEGOCIACIONES DE COMPRA DE AVIONES PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Caminondo. El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, la determinación del Gobierno de autorizar a la Fuerza Aérea de Chile para iniciar conversaciones con la empresa norteamericana Lockheed Martin, tendientes a la adquisición de los aviones F 16, para reemplazar la flota de nuestra aviación militar, fue tomada con bastante satisfacción por las autoridades del área, puesto que se ponía fin a una larga espera que llevaba ya cerca de 5 años. Sin embargo, las revelaciones del embajador de los Estados Unidos, en orden a que estas aeronaves serán entregadas sin armamento, ha dejado al descubierto y ha ratificado que Chile no puede seguir confiando en la política del país del norte para con el nuestro, menos en materia de defensa, puesto que ya tenemos la experiencia con la denominada enmienda Kennedy. En ese sentido, me sumo a lo expresado por el subsecretario de Aviación, en orden a rechazar cualquier tipo de negociación con la señalada empresa, en las condiciones expresadas por el embajador señor John O’Leary. Sin embargo, el reinicio de las negociaciones en las últimas horas llama poderosamente la atención, considerando las drásticas posturas adoptadas por las autoridades de gobierno la semana pasada. Por tal razón, es necesario que se señale con la máxima precisión si este nuevo capítulo tiene relación con las conversaciones que se comienzan a desarrollar en Chile respecto del eventual Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los chilenos no queremos que en materia de defensa y, particularmente en lo referido a los aviones para la Fach, los norteamericanos pretendan vendernos algunos aviones que sólo servirán para dar paseos a la velocidad del sonido, pero dejándonos en una posición desmedrada en el concierto de los países del área, en circunstancias de que Chile requiere mantener su poder disuasivo. Los argumentos entregados por el representante de la diplomacia estadounidense en el país revelan el verdadero trato que el país del norte da a Chile y la escasa confiabilidad que representa para los intereses nacionales. Chile, su Gobierno, su Fuerza Aérea y sus ciudadanos, no pueden aceptar que el gobierno de Estados Unidos sólo permita que seamos propietarios de la “flota acrobática más cara del mundo”, como lo señaló un analista de defensa. La versión entregada por los ejecutivos de la Lockheed Martin, en orden a recalcar que el modelo es una maravilla, calificándolo de avión de combate multirrol y muy versátil, que puede utilizar más de 100 tipos de armas, constituye una burla, puesto que difícilmente las podrá utilizar si los Estados Unidos no las entrega. El gobierno y la Fach deben estar alertas a las versiones que han surgido en los últimos días, que tratan de revertir lo dicho por el embajador O’ Leary, señalando que sus dichos iban dirigidos a los países de la región, particularmente a Argentina, Perú y Bolivia. Los chilenos hemos vivido muchas situaciones en que el país del norte ha abusado, por ejemplo, en el caso de las uvas y de la enmienda Kennedy, entre otros. Ello obliga a los chilenos, en el tercer milenio, a tener la fuerte resolución de cuidarnos en las negociaciones que efectuemos con Estados Unidos y, eventualmente, de algunos chilenos que puedan estar asociados a los norteamericanos en esta negociación. En mérito a lo expuesto, solicito que se dirija oficio al señor ministro de Defensa, con el objeto de que informe a la Cámara sobre el estado de las negociaciones, criterios analizados y demás antecedentes relativos a las posibles limitaciones anunciadas por Estados Unidos. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García, Rojas, Correa, Gutiérrez y Acuña. INFORMACIÓN SOBRE TRASLADO DE SERVICIOS Y ATENCIONES DE SALUD AL HOSPITAL DE TEMUCO Y COSTO DE LAS INTERVENCIONES Y OTRAS PRESTACIONES. Oficios. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a un problema que todavía está en la situación del “general rumor”. Por un grupo de madres de Cunco, me he enterado de que a la maternidad del hospital de esa ciudad se la quiere trasladar a Temuco. Tengo antecedentes, además, de que se pretende que varias funciones de hospitales de la zona que no disponen de la infraestructura necesaria para operar y entregar la medicina que se requiere, se realicen también en Temuco. Respecto del hospital de Cunco, quiero que se oficie a la señora ministra de Salud para que me diga si es efectivo el rumor relacionado con el traslado de la maternidad. Nosotros creemos que eso no es bueno, porque cuando se dan fondos de inversión, las comunas que no registran nacimientos, se ven afectadas. En consecuencia, en diez, quince o veinte años más, Cunco tendrá el mismo número de habitantes, lo que va en desmedro de la gente, ya que ese hospital dispone de una maternidad bastante buena, donde mensualmente nacen muchos niños, por lo que creemos que no se justifica la medida de trasladarla a Temuco, cuyo hospital está claramente congestionado. Es tan cierto lo que digo que el año pasado ya se invirtieron más de cuatro mil millones de pesos solamente en remodelarlo, y con el recargo de las 31 comunas de la Novena Región se producirá un caos gigantesco y no podrá satisfacer las necesidades y muchas de las urgencias con que las madres llegan a Temuco. De manera que pido que la ministra nos informe cuántos hospitales o qué prestaciones serán derivados a Temuco. En segundo lugar, solicito que se oficie al director regional del hospital de Temuco para que me informe sobre el costo de las operaciones quirúrgicas de vesícula biliar, páncreas, corazón y otras, porque he quedado abismado y pasmado al conversar con médicos que no saben cuánto les cuesta una operación quirúrgica a ese hospital y al Estado, y que resulta más barato derivar una operación cardíaca -y pagarle los dos y medio millones de pesos de costo- a la Clínica Alemana. De manera que quiero que se nos informe cuánto valen las distintas prestaciones de salud, especialmente las operaciones quirúrgicas, y si existe un estudio al respecto. La gente cree que los presupuestos dependen de nosotros. Eso nos preocupa, porque al derivar a él pacientes de otros hospitales de la zona, el déficit en la atención será mayor. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. FACILIDADES A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA NOVENA REGIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGROTURISMO. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- En tercer término, quiero referirme a la situación de pequeños agricultores y de comunidades mapuches, especialmente de la zona lacustre que represento, como Villarrica, Pucón, Curarrehue, Lican Ray y muchas otras comunas con turismo naciente, como Toltén y la zona costera, a quienes se les incentiva a exhibir y a lucir sus tradiciones, a que instalen restaurantes y campings, para que los visitantes puedan hacer agroturismo. Pues bien, se hace todo para que esta gente diversifique su agricultura, muestre sus tradiciones y gane unos pesos extras, dadas las malas condiciones en que está la agricultura. Sin embargo, la semana pasada llegaron a mi oficina varias personas que tenían campings familiares -en los que las personas podían comer un asado y pasar el día- para informarme dos cosas. Primero, los multaron por no cumplir con normas sanitarias y, segundo, les cerraron sus campings, sin ningún aviso. Entendemos que hay disposiciones sanitarias. El mismo inspector les dice: “Tienen que colocar agua potable, luz, baño, cocina con azulejos”, todo como si fuera un camping de primer nivel, cinco estrellas, después de que se les incentiva a trabajar en este tipo de negocio. Me preocupé del tema y me enteré de que Indap tiene un programa para favorecer el agroturismo. Pues bien, fui a pedir los formularios para que los afectados los llenaran y solucionaran el problema. Respuesta: “Hemos dado mucha importancia y énfasis al programa, pero no tenemos los recursos; vamos a ver si en marzo de este año llegan los fondos”, oportunidad en que ya habrá pasado la temporada turística. En consecuencia, pido formalmente a la señora ministra de Salud que se instruya a los inspectores que fiscalizan el cumplimiento de las normas sanitarias para que, por lo menos, digan a estas personas lo que tienen que hacer, les den un plazo prudente para adecuarse a las condiciones exigidas y no les corten los brazos, en plena temporada, a quienes están haciendo justamente lo que se les está pidiendo: mostrar sus tradiciones e incentivar el agroturismo. Es decir, cuando cumplen todas las instrucciones, les cortan las alas y no los dejan trabajar. En consecuencia, quiero saber cuál es la razón de fondo de lo sucedido con esta gente en que trabaja el marido, su señora y sus hijos. Ni siquiera es una gran empresa. Y esto ha pasado en más de veinte campings de las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue y también en Lican Ray. Tengo la impresión de que esta situación se está extendiendo al resto del país. Claramente, es una persecución a la gente y a comuneros mapuches que, de buena voluntad, sin medios, están tratando de hacer las cosas mejor para obtener su sustento. Les cortan las alas y los dejan trabados, sin poder trabajar. En estas cosas no podemos estar de acuerdo. Indudablemente, puede haber una falencia sanitaria; pero entonces debe darse un plazo prudente para que esto se pueda arreglar. Y si el Gobierno comprueba que no tienen agua ni luz, que solucione el problema por medio de esos programas que tanto ha incentivado y dado a conocer a la opinión pública; pero resulta que son puros programas, porque no tienen los fondos. Esa misma gente me decía: “Diputado, hemos hecho un esfuerzo gigantesco para hacer esto. Hemos creído en la palabra del Gobierno y, hoy, después de que le hicimos caso para salir adelante, mire lo que nos pasa”. Ése es el problema. Por eso me permito pedir que se oficie a la señora ministra para que instruya a su gente a fin de que no sólo se limite a sacar partes a los encargados de los referidos campings y los cierren de inmediato, sino que, previamente, les informen acerca de las condiciones mínimas para su funcionamiento, de manera que cuenten con el sustento que permita que sus hijos estudien, accedan a la salud, etcétera. Lo peor de todo es que se trata de campings que están a orilla de ríos, donde hay piedras y arena, pero no ofrecen ninguna actividad productiva. Y esta gente engrana con la que baja al río Toltén, la cual, después de pescar, para allí a comer asaditos, a tomar una bebida o un trago. Hoy, a esa gente se le está coartando la libertad de trabajo por medio de trabas burocráticas. Quiero que la señora ministra de Salud informe sobre las razones de esta persecución amparada, aparentemente, por la ley, pero que, insisto, coarta la libertad de trabajo de esos pequeños empresarios. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Caminondo y Acuña. PRECISIONES SOBRE PLANES PARA COMBATIR LA CESANTÍA EN LA PROVINCIA DE CURICÓ. Oficio. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa de la Cerda. El señor CORREA.- Señor Presidente, una vez más, quiero referirme al problema del desempleo que está afectando a nuestro país. En verdad, mucho se habla sobre el tema, pero muy poca claridad existe en cuanto a las informaciones que se han entregado últimamente. La semana pasada, en un sector costero de la provincia de Curicó, que represento, hubo una reunión a la cual asistieron, entre otras autoridades, el intendente regional, el gobernador provincial, el jefe de planificación regional, el seremi de Trabajo y todos los alcaldes, con el objeto de analizar los problemas de la provincia. Sin duda, el asunto más importante, que prácticamente abarcó todo el tiempo de la reunión, fue el relacionado con la cesantía. De las informaciones consignadas en dicha reunión, se advierte una actitud poco clara y muy errática en relación a cómo se abordará el tema. Por ejemplo, se dice que habrá un plan de contingencia, pero no se sabe cuándo comenzará ni cómo funcionará; se plantea que se subsidiará la mano de obra del sector privado, mas tampoco se señala cómo funcionará. Nada se dice de las promesas del Gobierno. ¿Cómo operará el sistema en las comunas que superen el 9 por ciento? El Presidente de la República señaló, hace pocos días, que en aquellas provincias o comunas en que la cesantía llegara al 9 por ciento, empezaría a aplicarse, en forma automática, un plan de contingencia. No se tiene claro ni se ha dicho cómo funcionará ese sistema. ¿Qué pasará con las comunas que hoy tienen más de 10 por ciento de cesantía, como Curicó, donde llega al 11,2 por ciento? Para enero, febrero y marzo se advierte una baja ostensible de la mano de obra en relación con otros años, por problemas de menores cosechas y bajos precios de los productos. El Presidente de la República prometió crear 200 mil nuevos empleos; sin embargo, después ha reconocido, hidalgamente, que se equivocó, y hoy tenemos 21 mil empleos menos que hace un año. En marzo de 1999, las comunas que tenían trabajadores en programas de empleo podían continuar con ellos durante todo el año; pero, en esa fecha, la gente de Curicó estaba en la cosecha de la fruta y, por lo tanto, se quedó sin programas de empleo. Hay muy poca claridad en las noticias entregadas sobre cómo funcionarán estos programas. Se dice, por ejemplo, cuándo se iniciarán, pero no la fecha en que se interrumpirán; se indica que serán sólo para los jefes de hogar y que no se incluye a mujeres ni a mayores de 50 años. ¿Por qué no adelantar un programa piloto en comunas como Curicó, que ya presentó en la intendencia regional diez proyectos muy claros y categóricos para elaborar programas de empleo? En resumen, de las informaciones entregadas a los alcaldes en esa reunión, se desprende que sólo la pequeña comuna costera de Licantén tendrá recursos para contratar trece trabajadores en los meses de verano. Es decir, en toda la provincia de Curicó habrá trece trabajadores contratados por los programas de empleo, lo cual demuestra -insisto- la falta de claridad y la poca importancia que se le está dando al problema de la cesantía en la zona. El resto de las comunas tendrá que esperar el plan de contingencia, que, como digo, no se sabe cómo ni cuándo funcionará. Pido, por intermedio de su Señoría, que se envíe un oficio al señor ministro del Trabajo, con el objeto de que se entregue a cada uno de los alcaldes una información más acabada, o mejor elaborada, respecto de cómo se aplicarán los planes de contingencia. Asimismo, le solicito que en aquellas comunas que tengan más de 10 por ciento de cesantía, como la de Curicó, haya un plan piloto que tome en cuenta los programas que se han enviado a la intendencia regional y que están siendo priorizados por el Serplac regional. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Manuel Rojas. MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR CONTAMINACIÓN DE PLOMO EN SEGUNDA REGIÓN. Oficios. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, sin duda, en Incidentes se pretende plantear algunos problemas que afectan a nuestras comunidades para buscarles solución. Hace muy poco, el país fue testigo del problema de contaminación de plomo que enfrentó el barrio Bellavista, de la ciudad de Antofagasta, donde específicamente muchos niños, en especial de corta edad, fueron afectados. Hemos apreciado que existe poca coherencia en lo que se dijo en esa ocasión respecto de la solución del problema. Para colmo, hoy hemos detectado otro sector contaminado con plomo, cual es el de la playa El Carboncillo, donde habita personal de Carabineros con sus familias. Un examen, practicado por el Servicio de Salud de Antofagasta, detectó un porcentaje bastante alto de contaminación, que fluctúa entre 11 y 44 microgramos de plomo en la sangre de los chiquillos. A pesar de estar a dos puntos del límite para ser hospitalizados, se vislumbra un problema bastante grave que afecta a esta comunidad de la Segunda Región. En ese sentido, es válido tomar las providencias del caso. Una es la situación, clara y precisa, de detectar el foco contaminante. Si bien es cierto ayer se descubrió un sector donde se almacenaban los acopios de plomo del país hermano de Bolivia, que iban en tránsito a otras localidades y a otros países y se almacenaba en los patios de acopio del ferrocarril, hoy supimos que en una zona de mucha afluencia de público, la contaminación detectada está provocando un daño, quizás irreparable, a la juventud del sector. Por lo tanto, también es válido ver la posibilidad de pedir a Bolivia que tome las providencias del caso, dado que el plomo se traslada a granel, en camiones, desde los patios de acopio del sector kilómetro 12 de Antofagasta. Además, tenemos conocimiento de que no existe la fiscalización correspondiente al respecto. Por ello, pido enviar oficio a la ministra de Salud para que se sirva informarnos acerca del problema real que afecta al sector de la playa El Carboncillo, de las medidas adoptadas para mitigar el problema, cuántos niños y adultos están siendo contaminados, si se determinó cómo llegó el plomo a ese sector -por vía aérea o terrestre-, y qué medidas se implementarán para solucionar el problema. Además, me gustaría saber los recursos que destinará el ministerio para realizar estas acciones, por cuanto ya fue planteado el problema de la falta de financiamiento para solucionar el asunto de los acopios en el ferrocarril. Espero que no haya dificultad al respecto. Asimismo, pido oficiar al general director de Carabineros para que nos informe sobre las medidas que tomará su institución respecto de la población de funcionarios afectados. Estos dos oficios tienden a poner una voz de alerta sobre el doble estándar que ha tenido el Servicio de Salud de Antofagasta respecto de las medidas de mitigación de los problemas de la comunidad. Comparado este problema con el causado por el petcoke, daño que se producía a la comunidad, específicamente por un interés económico, o, quizás político, el ministerio actuó de inmediato y tomó resoluciones de alto nivel. Espero que demuestre la misma fuerza y preocupación que entonces tuvo para solucionar, ahora, el problema de la contaminación del plomo de la playa El Carboncillo, que afecta a los chiquillos de Antofagasta. He dicho. El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Correa, Iván Mesías y de quien habla. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 15.13 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.