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El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde, en primer lugar, continuar la discusión general del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker .
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, en buena hora estamos discutiendo sobre un tema tan importante y postergado como el límite y control del gasto electoral en el país.
Sin duda, uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema político es justamente la muy deficiente institucionalidad política del país, con problemas tanto de legitimidad como de eficacia de sus instituciones.
La institucionalidad política que tenemos después de doce años de haber ganado el plebiscito y diez de haberse instalado el primer gobierno democrático, del Presidente Patricio Aylwin , corresponde más bien a la de un país subdesarrollado.
En la década de 1950 alguien sostenía que Chile era desarrollado políticamente y subdesarrollado económicamente. Hoy, 50 años después, tal vez habría que decir lo contrario: que nuestro país se encamina hacia el desarrollo en lo económico, pero es subdesarrollado políticamente, puesto que no hemos logrado dotar a nuestras instituciones políticas de la necesaria legitimidad y, desgraciadamente en muchos casos, tampoco de eficacia.
En el caso de los gastos electorales y, en general, del financiamiento de la política y de los partidos, además tenemos un serio problema de falta de transparencia. A decir verdad, el sistema de financiamiento de la política y de los gastos electorales es una verdadera caja negra, una zona muy oscura, un ámbito desregulado que, comparado con el de Norteamérica, de Europa e incluso de América Latina, es una verdadera vergüenza.
A mi juicio, ha faltado visión y voluntad política. Hemos carecido de la visión necesaria para relevar la importancia de este tema y hemos empleado múltiples medidas dilatorias a lo largo de la década para evitar un pronunciamiento sobre el tema. De hecho, el último proyecto que conocimos sobre limitación del gasto electoral, cuyos autores fueron el entonces diputado señor Andrés Aylwin y el diputado señor Sergio Elgueta, se perdió en la Cámara por un solo voto.
Por lo tanto, es importante replantear la relevancia del tema y, ojalá, tener la visión y la voluntad política para legislar al respecto.
En otro orden de cosas, cabe puntualizar que la experiencia comparada no es concluyente sobre esta materia.
En primer lugar, el hecho de legislar no impide necesariamente la corrupción. Hay muchos países con legislaciones modernas, avanzadas, muy sofisticadas, aparente o teóricamente adecuadas sobre gastos electorales, en los cuales cada cierto tiempo quedan igualmente al descubierto distintos casos de corrupción, como en el último año en Alemania y Francia.
En segundo lugar, hay distintas formas de eludir las disposiciones de legislaciones de esta naturaleza. Hay resquicios legales que se emplean en Estados Unidos, donde está muy delimitado, por ejemplo, el aporte financiero a candidaturas individuales, con límites muy definidos, con normas muy estrictas; pero existe desregulación en lo que se denomina aportes institucionales, los que se hacen a los partidos y, por lo tanto, muchas veces se elude el espíritu de la ley, sobreponiéndose a esas regulaciones respecto de las donaciones individuales a través de las institucionales.
En fin, la legislación comparada da cuenta de luces y sombras al respecto; pero lo cierto es que, sin duda, el establecimiento de un tipo de legislación ayuda a evitar tanto la corrupción como esta situación de caja negra, de zona oscura, en que se mantienen los gastos electorales cuando no hay una legislación adecuada.
Quiero ser muy claro: no habrá verdadera solución al tema del financiamiento de la política y de los gastos electorales si no se introduce un sistema de financiamiento público.
Sé que es un tema odioso, impopular, difícil; pero la única forma de corregir las inequidades, distorsiones y desequilibrios que se producen en la materia es a través de un sistema de financiamiento público de los gastos electorales. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, para enfrentar este tema tan importante.
Desgraciadamente, el proyecto que estamos conociendo no regula esa situación, ya que no introduce un sistema de financiamiento público y, por lo tanto, es una solución parcial, limitada.
Insisto, no habrá una verdadera transparencia y una verdadera equidad mientras no se introduzca el sistema de financiamiento público en nuestro país.
Señor Presidente, el proyecto mismo apunta a cuestiones que son importantes y que debemos acoger. El tema del límite máximo de gastos, con cifras razonables, para las elecciones presidenciales, de senadores, de diputados, de alcaldes, me parece de la mayor importancia; es un avance sustantivo. Actualmente no existe en nuestro país un límite máximo para los gastos electorales.
La prohibición de aportes financieros procedentes de la administración pública, de los órganos del Estado o de las empresas del Estado, al igual que aportes de origen extranjero, también es importante para velar por la adecuada transparencia del sistema de financiamiento de la política.
El establecimiento del 5 por ciento como máximo de apoyo anónimo al total de gastos electorales, asimismo, es un margen razonable.
La creación de un sistema de administración electoral ad hoc, especialmente concebido para este sistema de financiamiento, también es un aporte importante.
¿Cuáles son las dudas y las sugerencias que podrían transformarse en indicaciones más adelante?
En primer lugar, definir con mayor realismo y precisión lo que debe entenderse por gasto electoral. El gasto electoral que verdaderamente importa lo sabemos quienes hemos sido candidatos a cargos de representación popular es básicamente el de la publicidad, fundamentalmente el de la publicidad radial, que, además, digámoslo derechamente, es una forma de apoyar, especialmente para quienes somos de regiones, a las radioemisoras de provincia y de regiones, dado que la televisión es gratuita en materia de propaganda electoral. El tema de la imprenta, de la publicidad escrita, obviamente es una ayuda mayor para los candidatos. Asimismo, el tema del transporte es relevante.
Menciono estos ejemplos, porque son fácilmente controlables desde el punto de vista de la fiscalización.
Queda una gran duda acerca del tema de la publicidad de los donantes o aportantes. Algunos países, como Alemania, establecen que sobre un cierto límite debe establecerse la identidad de los aportantes, con el objeto de lograr transparencia. En cambio, bajo ese límite, no es necesario señalar a la persona natural o jurídica que aportó determinados recursos.
Por cierto que esto se presta también para resquicios y fraudes. De hecho, el caso de corrupción que se ha denunciado en Alemania, por ejemplo, tiene mucha relación con este tema.
En fin, sugiero innovar se va a presentar indicación a este respecto, en lo que se refiere al proyecto de ley, al menos en tres aspectos:
En primer lugar, que se establezca un sistema de crédito tributario para donaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas, fijando un tope. Esto, que será un incentivo para generar aportes en donaciones a las candidaturas electorales, existe en muchos países. En Chile se ha establecido este tipo de estímulos para favorecer a la educación y a la cultura, por lo que, a mi juicio, no hay razones para no extenderlo al financiamiento de los gastos electorales. Se materializará en una indicación importante, que presentaremos algunos diputados, porque estimamos que será un incentivo adecuado en ese aspecto.
En segundo lugar, hay que subir el tope de los aportes que señala el artículo 14 del proyecto, según el cual sobre 20 unidades tributarias mensuales debe señalarse la identidad, el nombre del aportante. Dicha cifra, que equivale aproximadamente a 540 mil pesos, es muy baja. Considero razonable establecer la identidad del aportante por sobre una cifra importante, pero no por 540 mil pesos; porque, obviamente, mucha gente no estará dispuesta a hacer un aporte tan exiguo, tan modesto, si a cambio de ello debe identificarse.
Personalmente, estimo razonable establecer un límite de 100 unidades tributarias mensuales cinco veces lo dispuesto en el proyecto, que equivalen aproximadamente a unos 2 millones 500 mil pesos, para obligar a señalar el nombre del aportante, ya que una cifra menor me parece muy poco realista y se prestaría para aplicar muchos resquicios y formas para eludir ese control.
En tercer lugar, debemos establecer una medida importante, que hemos conversado con diputados de distintas bancadas: despenalizar este tipo de infracciones, no convertirlas en delitos. Por ejemplo, establecer que cuando se exceda el límite máximo permitido por la ley, se declare como renta y, por lo tanto, se pague como impuesto a la renta dentro del global complementario. Me parece que eso sería mucho más realista.
Existen diversas formas, que se pueden concretar en indicaciones, para perfeccionar el proyecto, el que apunta en la dirección correcta al establecer un límite y un control al gasto electoral, pero que es insuficiente, porque no hace frente al tema de fondo, que es la necesidad del financiamiento público de la política y de los gastos electorales, razón por la cual creemos que muchas de sus normas pueden ser perfeccionadas mediante distintas indicaciones.
Señor Presidente, termino recordando que en el programa presentado por la Alianza por Chile durante la campaña presidencial pasada, cuyo candidato presidencial fue Joaquín Lavín , se establece textualmente, en la página 101, lo siguiente, bajo el título “Transparencia en el financiamiento de las campañas políticas”: “Para lograr este objetivo se debe establecer la obligación de las campañas de llevar contabilidad pública respecto de los aportes que reciben y los gastos que realizan, de manera de garantizar la transparencia de los recursos que se emplean, evitar la corrupción y la coerción.
“Además, hay que acortar el período oficial de campaña para reducir los costos que tiene para el país el proceso electoral”.
Entiendo que los partidos políticos de la Alianza por Chile la UDI y Renovación Nacional, contrajeron un compromiso con el país al aprobar el programa de gobierno del entonces candidato presidencial Joaquín Lavín. Por lo tanto, espero que eso sea un incentivo, y por ello lo recuerdo, para que voten a favor del proyecto, que, precisamente, establece un sistema de contabilidad pública en materia de gasto electoral. En consecuencia, confío en que la iniciativa recibirá un apoyo sólido, fuerte, unánime, de las bancadas, o bien, que sea aprobado por abrumadora mayoría, con el objeto de que no se repita lo que sucedió la última vez por un voto se perdió un proyecto similar en la Sala y de que podamos introducir indicaciones para perfeccionar el límite y el control del gasto electoral.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en la discusión de esta iniciativa, quiero abordar este importante tema desde el punto de vista de mi experiencia como titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara, pues considero que, en la actualidad, uno de los pilares centrales de la actividad legislativa es justamente el referido a la capacidad de regular y ordenar los mercados de la más variada índole, aunque debe quedar en claro que la disputa de ideas no es un mercado.
Más allá de los comentarios sobre tan importante materia, considero indispensable consensuar en algo de tanta trascendencia en la sociedad chilena. El artículo 45, que nos correspondió tratar en la Comisión de Hacienda, y que, prácticamente, no fue discutido y se aprobó por unanimidad, da un respaldo a lo que entro a comentar.
Los antecedentes del proyecto son de un peso profundo, ya que nos hacen retroceder en la historia política de Chile y recordar cuánto ha costado a este nuevo país instalar la débil democracia que tenemos.
Aunque la exposición de los diputados informantes ha sido muy explícita y amplia, nunca dejará de ser interesante el aporte que cada uno de los parlamentarios podemos hacer.
Los ciudadanos corrientes del país el hombre y la mujer que sufren los avatares de un mercado enorme, integrado, hiper-tecnologizado, en los esfuerzos de control y de manejo de sus vidas, encuentran en el Estado y especialmente en el Parlamento, un instrumento de control de ese gran poder de los conglomerados. Lo hemos visto en las regulaciones sobre tarifas de las empresas de servicios básicos; en los esfuerzos llevados a cabo para asegurar los derechos de los deudores de bancos y financieras.
Pues bien, la independencia de juicio de todos los parlamentarios, especialmente de quienes conforman las comisiones técnicas encargadas de esta temática, es fundamental. Cuando hablamos de independencia, lo decimos claramente: es independencia de grupos, y eso sólo se logra cuando éstos no financian las campañas parlamentarias o, si lo hacen, no son decisivos en la definición de las contiendas electorales.
No queremos ver diputados ni senadores, y tampoco alcaldes o concejales, sujetos al veto de sus propiciadores. Queremos ver hombres y mujeres de todos los niveles sociales que opinen libremente en favor de los grandes intereses de la patria. ¡Cómo quisiera no equivocarme y dar respuesta a nuestra tradicional historia republicana!
Pero, así como debe haber independencia del mundo de las finanzas, deberá haberla respecto del mundo del Estado. Tan grave como emplear abusivamente el dinero de origen privado, es abusar del aparato del Estado para conseguir objetivos políticos.
Mi opinión y mi comentario es muy personal, ya que se basa en la experiencia que tuve de ver cómo candidatos usaron y abusaron de los medios de un organismo público, de sus planes y programas, para generarse dividendos muy personales. Dado que denuncié oportunamente tales hechos, creo que la experiencia es válida. Aquello tampoco puede admitirse y es una cuestión que nos obligará a dictar, seguramente, normas más estrictas para sancionar el intervencionismo estatal indebido en los procesos electorales.
Termino haciendo un llamado a la prudencia, a la generosidad de todos los señores diputados. Debemos crear un sistema de financiamiento público de la política para evitar, por el bien del país, el desprestigio de la función pública, que hoy se encuentra tan desgastada y relativamente desprestigiada; sobre todo, para resguardar el fuero más esencial de la función legislativa: la independencia de juicio. Sólo de eso se trata; de algo que parece tan básico pero que, a veces, no se entiende.
Creo que el proyecto que hoy se debate, tan interesante y de tanta trascendencia, no podrá ser una ley perfecta, y al no haberla, el intento es válido.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, inicio mi intervención sobre el proyecto relacionado con la transparencia, límite y control del gasto electoral, manifestando que en nuestra trayectoria política ya hemos tenido ocasión de discutir y de hacer propuestas en forma reiterada sobre la materia, buscando una solución en nuestra democracia a la participación de los partidos políticos en las campañas electorales.
El tema siempre se ha centrado en si el Estado debería financiar a los partidos políticos para garantizar el buen funcionamiento de la democracia; porque es reconocido que las corrientes políticas se concentran en los partidos, depositarios de las ideas, sueños y aspiraciones de los distintos sectores.
Por eso, cuando nos presentan en la Cámara de Diputados este proyecto del Ejecutivo, lo primero que podemos afirmar es que echamos de menos cómo resolver que hoy puedan seguir existiendo los partidos políticos que no están en el Gobierno. Esa es la primera gran incógnita que tenemos, porque es sabido que los partidos se deben financiar con aportes de privados para poder contratar un aparato administrativo y de profesionales que permita realmente cumplir con los requerimientos de entregar una respuesta adecuada a la ciudadanía. Sin embargo, en el proyecto que estamos analizando se ha puesto, incluso, un límite al gasto electoral; pero antes de dar mi opinión respecto de cómo podría votarlo, quiero señalar tres aspectos.
En primer lugar, en los últimos diez años hemos asistido a una intervención descarada del Gobierno, de las municipalidades, en las campañas electorales, y esa intervención pasa por poner la infraestructura de las organizaciones fiscales al servicio de candidaturas con nombre y apellido. Eso es absolutamente comprobable y ha sido denunciado en forma reiterada, ya que camionetas, conducidas por funcionarios públicos, han sido empleadas en campañas políticas. Si agregamos la contratación indiscriminada de personas para hacer política en las poblaciones, cabe concluir que son activistas contratados con recursos del Estado.
Entonces, es muy difícil pensar en tener una ley ecuánime en cuanto al gasto electoral; porque mi segunda observación es cómo valoramos todos los aportes del aparato fiscal a una campaña electoral: las personas contratadas, los vehículos disponibles, el combustible y los locales que se utilizan; los gastos reservados de los funcionarios de alto nivel puestos a disposición de esas campañas. Si a ello agregamos las escenas que hemos visto en cada campaña, como reparto de alimentos, casa por casa; la ayuda social; la prioridad en la entrega de viviendas básicas a personas que se identifican con ciertos colores políticos, concluiremos que es muy difícil evaluar una ley que dé equidad a las campañas electorales.
En tales condiciones resulta muy difícil entrar en el tema, y no hay ni siquiera indicaciones que pudieran reflejarlo; porque, en este proyecto del Gobierno, se habla de aportes máximos que se podrían obtener y se limita el gasto electoral a la cifra de 0,04 de unidad de fomento por cada ciudadano inscrito “en los registros electorales en la circunscripción senatorial, el distrito o la comuna correspondientes”.
Esa cifra más bien parece una mascarada, porque los recursos que se necesitan para una campaña son absolutamente diferentes de ese valor, ya que la publicidad sube sólo en el período de las campañas electorales. Los medios de comunicación escritos hacen que éstas tengan un tremendo costo que, a veces, es imposible de solventar. En esas circunstancias, entonces, todas las campañas requieren pasar el platillo, situación reflejada en el proyecto, porque plantea que si un candidato a parlamentario solicita recursos a determinados empresarios, existe el riesgo del compromiso y la venta de ese parlamentario a los grupos económicos. Esa es una verdad. Pero, ¿de qué otra manera se puede hacer?
Entonces, fijar un límite como el señalado, impediría llevar adelante las campañas.
También hay una diferencia sustantiva entre ser candidato de Gobierno y serlo de Oposición. Con este proyecto de ley se pretende ecuanimidad y transparencia en el gasto electoral. Pero y es bueno que lo digamos, porque la sesión se televisa a través del canal de la Cámara, que se ve en todas partes de Chile no hay posibilidades ecuánimes para que cualquier chileno pueda ser candidato a concejal o a parlamentario. En este país, el ciudadano que no es capaz de autosustentarse económicamente, no puede ser candidato. Esto hay que repetirlo, porque es una realidad que vivimos permanentemente. Siempre debemos buscar a las mejores personas para postularlas, pero como todas dependen de sus ingresos ordinarios, en la práctica, muchas están imposibilitadas de ser candidatas. Eso tiene relación con este tema la fijación de un tope, porque es imposible que una persona deje su puesto de trabajo a fin de presentarse a una elección sin contar con un ingreso razonable o equivalente al que tenía. Luego, nos vemos enfrentados a situaciones que son muy difíciles de resolver.
Por otra parte, el artículo 2º señala los siguientes conceptos que se considerarán gastos electorales en una campaña: propaganda y publicidad dirigidas a promover el voto para un candidato o candidatos determinados; arrendamiento de inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de campaña; pagos al personal que presta servicios a las candidaturas; gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, etcétera. Hay una diversidad de ítem que hacen imposible que este proyecto pueda tener destino. Lo digo con mucha tranquilidad. No es cuestión de sesgo político, sino que reitero es imposible que el proyecto pueda llegar a buen puerto, porque no representa la realidad que vivimos permanentemente.
El problema ha sido resuelto de distintas maneras en otros países. En algunos casos se paga por voto a los partidos políticos para que puedan financiar sus candidaturas. Este proyecto no tiene nada de eso, y ni siquiera una indicación nos serviría, porque cambiaría absolutamente sus ideas matrices, por lo que sería reglamentariamente improcedente.
Me resulta muy difícil aprobar un proyecto de esta naturaleza, aunque su “cáscara” presente una loable iniciativa: transparencia, que libremente los candidatos puedan pedir apoyo, recibir donaciones cuyo origen se conozca.
Una cosa más. ¿Cómo valoramos la ayuda internacional? Hay organizaciones internacionales que en forma permanente han ayudado a distintos grupos en todas las etapas de la historia política del país. Al respecto, se formulan acusaciones, por ejemplo, se desclasificaron documentos de la CIA y se señalan los grupos económicos o políticos que han ayudado a determinados sectores. También se sabe del plan de la Unión Soviética para introducir el socialismo en Sudamérica, con recursos y elementos bélicos.
Esos son hechos que tienen directa relación con lo que estamos debatiendo, pero que no están debidamente reflejados en la iniciativa ni tenemos cómo contrarrestarlos. Esa es mi preocupación. ¿Por qué el proyecto no dice relación con la realidad chilena? Somos un país pequeño, muchas veces entregado a poderosas naciones que lo han utilizado como plataforma para experimentar corrientes políticas. Así, han venido de Europa y han existido las organizaciones no gubernamentales, ONG, cuyo actuar se ha traducido, finalmente, en la contratación de miles de personas que han sido proselitistas políticos.
Por eso, rechazo en la forma y en el fondo el proyecto. Creo que ni con indicaciones podría tener alguna viabilidad. El día en que los parlamentarios tengamos la facultad de presentar un proyecto de ley sobre la materia que no sea declarado inadmisible hoy la facultad es sólo del Ejecutivo, podremos entrar a dialogar y a buscar consensos sobre los elementos necesarios para financiar los partidos políticos y, de buena forma y con transparencia, las campañas electorales, con lo cual permitiremos que cualquier chileno pueda ser candidato y no deba perder su independencia o estar bajo el alero de partidos políticos para tener esa opción.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, como se ha expresado, éste era uno de los temas pendientes que teníamos como país, el cual tiene el desafío de modernizar su Estado y consolidar y ampliar su democracia. En definitiva, tenemos la obligación de fijar reglas claras que determinen la relación, hoy oscura y poco transparente, entre dinero y política.
En nuestro país como se ha dicho el financiamiento de las campañas políticas es un misterio, una caja negra. Es un hecho en Chile, y si se observan experiencias en otros países, se podrá ver que las campañas cada vez parecen ser más onerosas y no se avanza hacia la ampliación o consolidación de las democracias, sino hacia una plutocracia, donde pareciera que pueden tener éxito aquellos candidatos que más gastan, que más recursos tienen, que más dinero reciben; que en plenas campañas no sólo se publicitan más a través de la prensa, sino que ya se aprecian acciones que contrastan absolutamente con la ética.
Es lamentable, pero ello existe en nuestro país. No reconocerlo y no decirlo es la política bastante frecuente de la hipocresía.
En mi distrito he visto estoy segura de que también todos los señores diputados cómo algunos candidatos abusan, no sólo demostrando tener gran cantidad de dinero que arrojan en sus campañas, sino que, incluso, pagando cuentas a ese extremo de luz y de agua de electores.
En el siglo pasado se luchó arduamente en contra del cohecho, por establecer que los ciudadanos aquellos que deben elegir votaran en conciencia y libremente, sin la presión que ejercían los patrones de los fundos. En la actualidad existen nuevas modalidades de cohecho. Quiero llamar, tranquilamente, con el nombre de “cohecho” la circunstancia de que candidatos paguen cuentas, lo cual se ha transformado en una relación clientelar que, incluso, ha llegado a extremos. Por ejemplo, un elector me dijo: “Quiero saber si me va a pagar una cuenta”, a lo cual yo le respondí: “Mire, yo no voy a pagar ninguna cuenta. Usted sabrá si va a votar o por quién lo hace”.
En un mundo en que las campañas son cada vez más onerosas, la relación entre política y ética debería ir estrechamente ligada. Por eso, estoy satisfecha de que, por lo menos, discutamos este tema que, al parecer, no nos llama la atención a todos de igual manera y sobre el cual, de cara al país, deberíamos exigir que sea de la mayor importancia, pues la credibilidad y el prestigio de la actividad política también están relacionados con él.
Es un hecho que el financiamiento de las campañas políticas, hoy oscuro y poco transparente, puede transformarse en una indebida presión a la hora de tomar decisiones políticas, acuerdos o de votar determinados proyectos de ley. Se corre el riesgo de socavar una sociedad auténticamente democrática cuando no hay equidad, cuando parece ser que para financiar una campaña se tiene que tener medios, amigos con recursos o relaciones muy estrechas con empresas. Aparentemente, no se entiende otra manera de hacerlo. Por eso, era necesario poner el tema en el tapete para su discusión. Hay que darse cuenta de que no contar con financiamiento público para las campañas y los partidos es el inicio de la corrupción. Ello da pie a las nuevas modalidades de cohecho denunciadas y a la construcción de una sociedad poco democrática.
Es fundamental legislar para hacer transparente la relación entre política y dinero. Daremos un paso adelante si logramos establecer los mecanismos necesarios que permitan esa transparencia. Se trata de limitar, de controlar la influencia del dinero en la actividad política. A partir de este principio, las distintas democracias modernas del mundo han abordado y regulado este complejo tema. Al respecto, se citaba los ejemplos de Alemania, Francia, España, Estados Unidos y muchos otros países que no reiteraré. Sin embargo, es interesante constatar porque es cierto que no basta con la sola legislación para evitar la corrupción. Pero ya es un instrumento. A eso apunto. Ésa es la razón por la cual debemos apoyar el proyecto, más allá de sus insuficiencias, que pueden ser perfeccionadas con indicaciones.
No hablamos sólo de que tiene que haber mayor transparencia en el ámbito público, sino, también, de la perspectiva de la actividad política, del propio sector privado. Incluso, un factor que pueden considerar los empresarios internacionales a la hora de decidir inversiones en un país, entre otras cosas, por ejemplo, puede ser la transparencia del financiamiento de la política. ¿Por qué? Para resguardarse de los abusos o presiones a que pueden ser sometidos por sectores o personas que tengan algún poder.
Eso no es una cuestión menor, como ha quedado comprobado con la denuncia de ciertos actos de corrupción o presiones a empresas por parte de personas poderosas.
Es efectivo que la legislación comparada, como decía el colega Ignacio Walker , no es concluyente. Estoy de acuerdo, pero lo importante es contar con instrumentos, los que en Chile con vergüenza, debemos reconocerlo no existen.
Sin embargo, aquí se trata de establecer por lo menos los mecanismos que limiten el monto y la concentración de las donaciones y el gasto en los procesos electorales. Durante la campaña presidencial pasada, el país entero quedó anonadado al ver la cantidad de recursos que se invirtieron. El tema de cómo se manejará el financiamiento público en las campañas electorales debe golpear nuestras conciencias.
En ese sentido, este proyecto de ley ha abordado estos tres temas. Espero que alguna vez tengamos la misma transparencia para el financiamiento de los partidos políticos, como se ha dicho, que no es materia del proyecto, pero que comparto. Alguna vez tendrá que ser abordado para la sanidad del país, la claridad del ámbito público y para una buena relación entre ética y política.
Desde esta perspectiva general, sin duda, el proyecto contribuye a resolver los temas mencionados con anterioridad y limita por primera vez la relación entre política y dinero, relación que necesariamente debe ser transparente y servir de ayuda para clarificar el origen del financiamiento de las campañas políticas. Ello, con el establecimiento de normas que no sólo regulen la actividad de los candidatos, sino también la de los ciudadanos, de las empresas y de los grupos sociales que, desde el ámbito privado, quieren legítimamente colaborar con ese financiamiento.
Estamos ciertos de que se alzarán voces para poner en duda la eficiencia de los costos del proyecto o para dar cualquier argumento que intente afirmar, como se ha hecho, que estamos fomentando la evasión. Al respecto, siempre habrá alguien que pretenda escapar a los efectos de una norma. Pero no podemos abstenernos de legislar, cuando lo que se busca es una mayor transparencia.
Nunca podrá ser un impedimento para legislar, por ejemplo, el argumento de algún costo que dificulte la fiscalización de las donaciones y sus límites máximos. Es más, es la oportunidad que tenemos en esta Sala y el plazo para perfeccionar dicho mecanismo. Los gastos en televisión y en los medios de comunicación son completamente fiscalizables.
La idea de generar mecanismos internos, por ejemplo, para supervisar las donaciones en las empresas, es completamente fiscalizable. La mejor forma de combatir la evasión de las normas reguladoras de las donaciones y los límites de los gastos electorales, a mi juicio, es fortaleciendo las facultades y las sanciones de las instituciones responsables.
En la Sala, escuché una opinión perfectamente respetable, pues, desde luego, este es un tema controvertible y reconocemos su complejidad que señalaba que quizás lo mejor sea despenalizar las acciones. Yo creo lo contrario. Debemos facultar a la entidad que va a fiscalizar, pero, al mismo tiempo, crear nuevas figuras penales para sancionar con más severidad a los transgresores. De otra manera, estamos creando ficciones. Todos sabemos que los llamados “administradores electorales” deben entregar la información; si mienten, la ocultan o transgreden su obligación y no existe sanción penal, lo más probable es que esa institución carezca de eficacia.
Por eso, a pesar de que el proyecto establece ciertos mecanismos adecuados y equilibrados de regulaciones y sanciones, podríamos perfeccionarlo, por ejemplo, mediante la regulación de los procedimientos a través de los cuales las sociedades anónimas, colegios profesionales, sindicatos u otras entidades privadas tomen la decisión de realizar una donación a un determinado candidato o candidata. Ello perfectamente podría ser aprobado por sus directorios.
Otra materia importante es la que fija facultades al organismo contralor. Hablo, en este caso, de la dirección del Servicio Electoral para recolectar la información necesaria en las distintas instancias. Si no dotamos a la entidad fiscalizadora, concretamente al director del Servicio Electoral, lo estamos maniatando, lo que le impedirá ejercer esa facultad. Por lo tanto, deberíamos establecer con claridad la obligatoriedad de entregar esa información por parte de las candidaturas y los administradores electorales en general.
Además, es importante consignar que los donantes privados también deberían estar obligados a declarar sus donaciones ante el Servicio Electoral. Se sugería fijar una cantidad no tan baja en UTM. Podría ser y estaría de acuerdo. En todo caso, estos puntos tienen tremenda trascendencia y es de nuestra responsabilidad buscar el consenso para legislar de la mejor manera.
Sin embargo, debería crearse una figura penal especial, como una manera de mostrar voluntad política clara, que es lo que falta hoy, fundamental para preservar el prestigio y la necesaria transparencia que deben primar en el ámbito público.
Por último, según antecedentes que proporcionó el diputado informante, ninguna candidatura a senador, diputado o concejal podría sobrepasar, por concepto de gastos electorales, la cantidad que resulte de multiplicar por 0,04 unidades de fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la correspondiente circunscripción, distrito o comuna. Por ejemplo, en el distrito 29, que represento, con cuatro comunas, hay 208.641 electores. Si se multiplica esta cantidad por 0,05, que era el porcentaje que originalmente se consignaba, se llega a la cantidad de 162.218.378 pesos. Esa sería la cantidad que se autorizaría gastar en la próxima campaña a diputado.
Sólo la posibilidad de permitir ese gasto en un distrito me deja perpleja y me parece un escándalo. Llamo la atención de los honorables colegas al respecto. Por eso, debe rebajarse ese índice, por lo menos, a la mitad, que es lo que propondré en una indicación, porque no estoy dispuesta a aceptar que se establezca ese marco, aunque se sabe que ha habido personas que han gastado más. En nuestro país existe la experiencia de campañas escandalosamente millonarias, que distorsionan la conciencia de la ciudadanía y crean una relación clientelar con los electores que altera la elección libre, soberana y en conciencia.
Por lo tanto, considero que el índice de 0,04 unidades de fomento por elector es inadmisible. En un país como el nuestro, donde existen tantas necesidades, con un alto nivel de cesantía y con una economía que no se dinamiza como quisiéramos, haríamos mal si no fuéramos capaces de establecer regulaciones claras, precisas y efectivas, de manera de prestigiar la actividad pública y demostrar que se está en ella para servir y no para servirse.
Por lo tanto, en general, es necesario formular indicaciones que permitan perfeccionar el proyecto, que de todos modos constituye un primer paso en la materia.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, tal vez no se ha dimensionado en toda su magnitud la importancia del proyecto. Quizás el Gobierno conoce su relevancia, pero lo ha calificado de “suma” urgencia, con lo cual se trató de impedir un debate adecuado.
Quiero recordar que el Gobierno, al establecer esta calificación, en la práctica obligaba a la Cámara a discutir el proyecto en general y en particular e impedía presentar indicaciones. Por lo tanto, sólo quedaba la posibilidad de aprobar o rechazar lo que establecieron las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.
Gracias a la decisión de la Mesa y de los Comités se logró un plazo más amplio de dos días de debate y la posibilidad, por acuerdo unánime, de presentar indicaciones hasta el próximo lunes a las 12 horas, con el objeto de que se debatan y voten en la Sala el martes. Sin duda, esto es un avance respecto de la técnica para imponer determinado criterio por parte del Gobierno.
Lo óptimo sería que retirara la suma urgencia y que las indicaciones que se hagan llegar a la Mesa se debatieran en comisiones, ya que, de las conversaciones preliminares con diputados de distintas bancadas, se colige que constituirán un cúmulo significativo, al menos en número, por lo que el martes será difícil su debate y compaginación.
Por ende, teniendo presente la relevancia, importancia y trascendencia del proyecto para la actividad política, para la acción que nosotros mismos desarrollamos, pido de nuevo al Gobierno que retire la “suma” urgencia, sin perjuicio de asumir el compromiso por nuestra parte de no dilatar en exceso su tramitación. Lo despacharíamos en el presente mes de enero, lo cual posibilitaría tratar adecuadamente las indicaciones que se presenten, de manera de lograr una legislación eficaz y coherente que cumpla el objetivo que se pretende, como es que en las campañas electorales haya transparencia e igualdad de oportunidades.
Por lo menos, mi bancada hará los esfuerzos necesarios para que las indicaciones de los diputados que la integran respondan a ese anhelo. En otras ocasiones, en proyectos quizás de similar relevancia, el tiempo, a pesar de la facultad del Gobierno de determinar la urgencia, no ha sido tan estrecho.
Por consiguiente, hago un llamado al ministro del Interior subrogante, que está en la Sala, a fin de que tome esa decisión y se ponga de acuerdo con la Mesa de la Cámara para el despacho del proyecto en su primer trámite constitucional.
Por lo demás, estoy seguro de que el Senado no lo tratará durante enero y sólo recién en marzo comenzará a discutirlo, por lo cual el Gobierno le dará mayor tiempo. En consecuencia, a lo anterior se suma un factor de respeto hacia la Cámara de Diputados, que es fundamental.
Planteada la primera parte de mi exposición, entraré al análisis del proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Dudo de que en alguno de los diputados integrantes de esta Sala, incluso de los distintos actores políticos del país, no exista unanimidad para que la actividad electoral sea transparente y digna, y no quepan dudas acerca de la honorabilidad de nuestro actuar. Por eso, es importante tener una legislación que contribuya a lograr ese objetivo.
A ninguno de los diputados de mi bancada con quienes he conversado sobre el tema le interesa que existan zonas oscuras y turbias en su accionar en la vida política, así como tampoco a los diputados que conozco, de otras bancadas, que también realizan esta actividad con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio. Ninguno de nosotros acepta que exista una legislación que permita dudar de nuestra honorabilidad.
En los tres períodos que llevo en la Cámara de Diputados, he visto que cuando se habla de cohecho, de alianza con grupos económicos, de falta de independencia de los diputados, cuesta bajar del concepto general a lo que es particular propiamente tal. No se dice qué diputado, de qué sector, ni en qué situación han prevalecido los intereses económicos sobre la visión política que tiene cada parlamentario.
No hay duda de que queremos avanzar en el estudio del proyecto, a fin de que nuestra actividad se rija por una legislación moderna, eficaz y eficiente, que genere una transparencia adecuada y que el gasto en que cada uno incurre cuando, cada cuatro años, acomete una campaña electoral, sea regulado de manera de que nos permita mirar a la cara al conjunto de la ciudadanía y llevar a cabo nuestra función con transparencia y dignidad.
A mi juicio, el proyecto del Ejecutivo adolece de una serie de falencias e incoherencias y, además, de omisiones importantes. Cuando nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, uno necesariamente debe prender, a lo menos, una luz amarilla y tratar de contribuir a superar ese tipo de dificultades. Insisto en este aspecto, a fin de que no se crea que en este debate unos están por que las cosas se mantengan como están, y otros, por la transparencia, porque sería una afirmación absolutamente falaz.
No obstante lo anterior, es necesario hacer presente que tenemos objeciones importantes que formular en relación con algunas normas del proyecto. Una se refiere al límite del gasto electoral. La diputada Allende, quien me antecedió en el uso de la palabra, encontraba que esto del límite podría resultar encandaloso. A mi juicio, el límite no tiene ninguna importancia real si existen normas transparentes y adecuadas. Si se fija un límite claramente irreal, puede ocurrir que sea eludido, burlado, y que las campañas permanentemente se transformen en denuncias de unos en contra de otros, en el sentido de que se ha violado y transgredido cada cierto tiempo ese límite.
En mi concepto, la fijación del límite generará más dificultades que beneficios a los futuros candidatos que han de ocupar cargos de representación pública.
En segundo lugar, el límite requerirá de una fiscalización que claramente el proyecto no sustenta. Si uno lo lee con atención, podrá advertir, por un lado, que se generarán dudas razonables acerca del cumplimiento del límite y, por otro, que no se entregará la contrapartida al órgano público por excelencia, como es el Servicio Electoral, para garantizar que los distintos partidos, candidatos, etcétera, respeten el límite. En consecuencia, nos crearemos gratuitamente conflictos, una serie de denuncias y el consiguiente desprestigio, en circunstancias de que las normas de transparencia que establece la iniciativa son mucho más eficaces.
Al iniciarse en la Comisión de Gobierno Interior la discusión general del proyecto, planteamos el tema del límite al ministro José Miguel Insulza , porque en ese momento algunos diputados consideraban necesario bajar el límite por las mismas consideraciones hechas valer por la diputada señora Isabel Allende . Producido el debate, se llegó a consenso en el sentido de que si el límite no era real generaría más perjuicios que beneficios y conflictos claramente artificiales y, además, daría lugar a denuncias que en ningún momento iban a ser probadas por algún independiente. Ante esa situación aquí están las actas, el ministro Insulza se comprometió, si bien el Gobierno seguía insistiendo en que debía existir un límite, a no modificar el establecido originalmente en el proyecto.
Lamentablemente, el ministro Insulza no cumplió con su palabra, porque a la semana siguiente presentó indicaciones para bajar los límites. Por nuestra parte, seguimos insistiendo en nuestra idea original. Coincido con la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que el límite en determinado distrito puede resultar extremadamente elevado. No tengo en este momento las cifras, pero en mi distrito, al menos, es tres veces superior a lo que personalmente he gastado en las elecciones anteriores.
El punto no es que la persona vaya a gastar o no hasta ese límite, sino evitar un conflicto innecesario y artificial, todo lo cual queda superado con las normas de transparencia del proyecto. Sin duda, si en determinado distrito cualquiera de nosotros gastara 200 millones, 150 millones o 160 millones en una campaña electoral, y eso fuera públicamente conocido, se puede encontrar en una situación difícil ante el electorado, no porque transgredió el límite establecido en la ley la ley no determinará cuánto es bueno o malo gastar, sino porque la información que recibe la comunidad puede provocar su rechazo, producirle un sentimiento de frustración y transformarse en algo inaceptable.
En esto de darse el gustito de fijar límites nos vamos a ir cazando en conflictos que necesariamente nos pueden conducir a un elemento que se quiere evitar: el desprestigio de la clase política. Establecer normas por esa vía, lo único que originará será una discusión eterna acerca de si te pasaste o no te pasaste del límite; unos tratarán de probar que no lo hicieron, y otros, que sí, pero no habrá un órgano público con capacidad para dilucidar ese conflicto en el corto plazo y con medidas adecuadas. Por el contrario, llevará a la típica discusión entre políticos y, por lo tanto, a una situación extremadamente compleja y difícil ante la opinión pública.
Queremos dejar planteado eso como un asunto verdaderamente importante y primordial a nuestro juicio.
El segundo tema que quiero abordar se refiere a la transparencia en el gasto. Al respecto, es muy importante tener presente que la misma rige solamente en la época que la ley en estudio define como campaña. Ahí hay transparencia. El límite lo fija la campaña, en el momento en que se inscribe. Incluso hay algunos que, además de eso, dicen: “Acortemos la campaña”.
Esto, de una u otra manera, debe llevarnos a reflexionar, porque nosotros somos titulares de cargos de elección popular, y estas normas también serán aplicadas a quienes traten de acceder al Congreso Nacional. Por lo tanto, es muy importante que establezcamos normas que no signifiquen una protección de nuestros cargos, sino que también permitan llegar a ellos a quienes postulan por primera vez.
Con respecto a la transparencia electoral en período de campaña, quiero mostrarles algo que queda totalmente fuera de la misma, del límite y del gasto de la campaña. Esto está pasando hoy. No sé cuánto costará. A los que les gusta hablar de cifras, sabrán cuánto cuesta una tarjeta de Navidad con estas características: es extensible en cinco tarjetas y contiene leyendas y motivos por ambos lados. ¡Bonita tarjeta de Pascua! Además, viene de un representante de un partido de los trabajadores. ¿Cuánto cuesta esta tarjeta, considerando que no entra en la transparencia de la campaña? A lo mejor, muchas de estas tarjetas llegaron a las casas de varios electores, a través de un sobre con un timbre del Senado. No hay duda de que este elemento genera una barrera de entrada importante para quien quiera acceder por primera vez a determinado cargo y, por ende, la transparencia es muy relevante.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
¡Y cuánto gastaron ustedes en la campaña presidencial!
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Lo que pasa, diputada Pollarolo , es que usted debe fijarse también en lo que gastan los suyos. Su Señoría se preocupa mucho de los otros.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
¿Cuánto gastaron ustedes con Lavín?
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Lo importante es que estamos ante una situación que se puede ir complicando. Pero aquí tenemos omisiones en la transparencia del gasto electoral.
¿Qué pasa y esta situación se ha regulado en otros países cuando un tercero hace la inversión para apoyar a determinado candidato? Por ejemplo, puede ir a la radio “El Carbón”, de Lota, y contratar publicidad para apoyar al diputado Rocha . En dicho caso, de acuerdo con este proyecto, el diputado Rocha no tendrá ese gasto en su estructura de campaña con su administrador electoral, ni en su contabilidad, por cuanto no lo realizó. Y sería muy injusto que se le imputara a él, porque fue efectuado por un particular. A través de este ejemplo quiero reflejar que existen omisiones muy importantes en este proyecto, lo cual hace necesario revisarlo más a fondo, porque si el día de mañana ese particular...
El señor MORA (Vicepresidente).-
Le queda un minuto de los dos discursos, diputado Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Es muy importante tener presente que ese particular puede hacer su aporte de buena fe. Sin embargo, puede haber otro que proceda de mala fe para perjudicar al diputado. Es decir, existe una serie de falencias que es importante tener en cuenta.
Otro punto que lo voy a redondear, porque forma parte del debate, se refiere a cómo se deben considerar las asignaciones que tenemos los diputados y senadores. ¿Forman parte del financiamiento electoral las asignaciones de bencina, de vuelo, de secretarias y de oficinas, sobre la base de que las oficinas de los diputados muchas veces son las sedes de las campañas electorales? A mi juicio, no queda suficientemente resuelto ese tema, por lo cual estimo que debe estudiarse.
Por último, no existe una evaluación del costo que la ley asigna a las personas que por primera vez serán candidatos. Con la asignación de personal que da la Cámara de Diputados, uno podrá contratar al contador o a la persona que estará a cargo de la campaña y llevará la contabilidad; pero aquí el proyecto de ley en debate le pone obligaciones al administrador electoral; por lo tanto, tiene responsabilidades que la ley le impone. Ese es un costo que necesariamente uno asume al incorporar a esa persona.
Reitero que esta situación la veo, más bien, desde la perspectiva del nuevo candidato. Ese costo que se incorporará al límite, ¿es un gasto electoral? Este es un tema que también debiéramos resolver.
Lamentablemente, se ha agotado mi tiempo; pero quiero insistir en la parte inicial de esta discusión, cual es pedir al Gobierno que cambie la calificación de “suma” urgencia al proyecto para que las indicaciones, cuyo plazo para presentarlas vence el lunes, puedan ser discutidas en la Comisión de Gobierno Interior antes de analizarlas en la Sala de la Cámara de Diputados. Siempre lo hemos hecho así y el Reglamento es sabio en ese sentido. Con la calificación de “suma” urgencia, lo que hace el Gobierno es saltarse esa instancia que establece nuestro Reglamento, evitando reflexionar más a fondo y con mayor capacidad de análisis las indicaciones formuladas a una iniciativa verdaderamente relevante, respecto de la cual, como consecuencia del debate, aparecen discrepancias y proposiciones por parte de los diputados de las distintas bancadas.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, considero que este tema tiene realmente gran importancia y no creo que nadie se oponga a que exista transparencia en las campañas electorales.
La cantidad de dinero que se gasta es enorme, y a la gente se le arruga el corazón cuando ve que esos recursos se invierten en grandes carteles con fotografías, panfletos y jingles, de lo que, al final, no queda nada.
Este es un tema relevante, porque impedirá el cohecho como decía la diputada Allende o que se malgaste el dinero en forma excesiva, como lo cree mucha gente.
Por esto, quiero poner en el tapete una idea que puse en práctica, con la cual puedo decirles a mis colegas diputados que me fue extremadamente bien.
Es bien difícil llegar a un término medio y a que exista transparencia, debido a que siempre habrá mil motivos para eludirla, pero me parece bueno establecer un piso y un techo respecto de lo que se debe gastar en las campañas, a fin de que no exceda de un monto determinado.
También estoy muy de acuerdo con el diputado señor Víctor Pérez , en el sentido de que, debido a la relevancia del tema, el Gobierno debe darnos un poco más de tiempo para tratarlo.
Mi propuesta es que el 50 por ciento del gasto se invierta en cosas que vayan en beneficio del distrito que postula representar el candidato y no de una persona; por ejemplo, pintar los hospitales y consultorios, hacer plazas públicas, etc. Así, los electores se beneficiarán con la plata que se invierta en las campañas, la que en la actualidad generalmente se bota. Eso es lo que queremos.
La ciudadanía tiene la idea de que los diputados debemos solucionarles sus problemas; pero, mientras ejercemos nuestros cargos, es muy difícil estar en contacto con ella y obtener recursos para ayudarla. Entonces, me gustaría que quedara establecido que parte del dinero que se gaste en las campañas luego de que concordemos el monto favorezca efectivamente a la gente del distrito o región a que pertenezca el candidato.
Esta idea la apliqué en mi propia campaña, en la cual no sólo ocupé el dinero en la propaganda que hice para promover mi candidatura y contar las cosas que había hecho, sino también en obras para la comunidad. Se pintó un hospital, trabajo que no se había hecho en 40 años, iniciativa que la gente apreció, la supo respaldar y hasta hoy la agradece. También se hicieron plazas. La salud mejoró notablemente en mi distrito y me sentí contenta, porque la gente apoyó esa cooperación. Por eso deseo que no se desperdicie el dinero. Ojalá que no hubiese gastado nada en publicidad de papeles.
La gente debe promover el nombre del candidato. Yo no ocupaba el cargo con anterioridad y debí darme a conocer en la campaña. Pero la gente no es tonta y le gusta ver cosas concretas. Es así como después, durante nuestro período legislativo, nos exigen cosas que son muy difíciles de conseguir, porque nuestra misión no es preocuparnos de la ejecución de obras que, muchas veces, corresponden a las municipalidades; sin embargo, en muchos distritos, como el mío, ellas son pobres y no disponen de suficientes recursos. Entonces, tal vez las campañas sean la gran oportunidad para que los dineros no se desperdicien y vayan en beneficio de los electores. De esa manera podremos colaborar para que nuestro país surja y salga de la pobreza.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, como han señalado otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto es importantísimo, porque permitirá dar transparencia, disciplina y sobriedad a las campañas electorales. Sabemos bien que los países más desarrollados que el nuestro, con democracias consolidadas, han optado por normar el gasto de las campañas políticas, por cuanto no hacerlo da pie a la anarquía, a la falta de transparencia, a la arbitrariedad e inequidad en la competencia de los diversos actores de las campañas electorales. Es necesario dar a todas las partes una cierta igualdad en el trato. Para eso, nada mejor que la sociedad lo exprese a través de una ley.
Sabemos muy bien que las leyes no bastan para evitar los delitos. Hay muchísimas leyes contra el robo, el crimen, la violación y la estafa, a pesar de lo cual se siguen cometiendo esos delitos; pero no por eso vamos a decir que no debemos legislar para erradicar la comisión de delitos. La ley da una señal social de que el delito es perseguido, es inaceptable y moralmente malo. Por lo tanto, se disminuye en forma indirecta la perpetración de delitos a través de la enseñanza, la docencia que significa la existencia de la ley, y las sanciones que deben aplicarse, las cuales, en este caso, ayudan a que un pequeño margen de delincuentes potenciales no cometan delitos por temor a la sanción; pero el principal efecto de la ley es enseñar, dar una señal clara y didáctica a todos los miembros de la sociedad de que tal conducta es reprobable y, en consecuencia, no debe realizarse.
En el tema del gasto electoral, debemos evitar todo lo que favorezca la desigualdad entre los candidatos, porque no es posible que uno de mucha capacidad y con grandes dotes de servidor público se vea disminuido e ignorado simplemente porque no tiene dinero. Debemos ayudar, precisamente, a los candidatos que tienen pocos medios o que no cuentan con ellos para que, de alguna manera, puedan igualarse con los que, por razones de herencia, de padres, de familias con inmensas riquezas o por pertenecer a grupos de poder económico copen los medios de comunicación, los letreros, la radio, la televisión, los diarios y, en el fondo, también entreguen aportes directos a los electores.
El proyecto apunta a buscar esa igualdad. No la conseguirá en un ciento por ciento, porque eso es imposible; pero Chile dará un paso hacia adelante en la igualdad de trato entre los distintos candidatos.
La opinión pública será la principal censora y la que equilibrará la situación, porque la transparencia que busca la ley en cuanto a que se conozca con exactitud el gasto electoral, evitará desembolsos escandalosos, fuera de la austeridad con que debemos vivir. Chile siempre ha sido un país austero, pero en el último tiempo hemos caído en un consumismo excesivo. Por consiguiente, debemos evitar que se exprese también en las campañas electorales, o lograr, por lo menos, que se mitigue bastante ese efecto.
La transparencia que busca el proyecto será, a mi juicio, la principal herramienta. Las medidas administrativas para fijar el gasto son importantes, pero la transparencia es el eje que permitirá que el gasto excesivo poco a poco desaparezca, se oculte y sea moralmente indeseable.
Las cuentas bancarias, el límite de los aportes, la publicidad y el conocimiento público de todos los gastos que realizarán los candidatos, a través de sus administradores electorales, servirán de freno personal a cada candidato y a cada grupo político que lo apoya para ir disminuyendo el gasto electoral que, en el último tiempo, ha sido escandaloso. Chile es un país pobre, que no puede dilapidar dinero en una actividad que no produce, que no se exporta, que es un bien no traspasable y que muere en el mismo momento en que se realiza, como es la propaganda electoral.
Todos hemos sido candidatos y sabemos que necesitamos dar a conocer nuestras propuestas al público, las cuales pueden hacerse con un gasto electoral mesurado y apropiado a nuestra realidad.
El proyecto apunta a poner término a una espiral descontrolada del gasto electoral, el cual lo único que hace es empobrecer al país y debilitarnos moralmente, porque crea, en una actividad tan noble como es la política, un predominio excesivo del que tiene más dinero por sobre el que tiene menos.
De manera que el proyecto, pese a sus imperfecciones, apunta en el sentido correcto, el que Chile siempre debió seguir en cuanto a cómo debe ser la política: austera, moderada y con equilibrio entre las partes.
En ese sentido, nuestra sociedad ha dado pasos gigantescos en áreas como salud, educación, trabajo y derechos humanos; pero también es bueno que en política siga esa dirección.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, insisto en la necesidad de aprobar este importante proyecto para la sanidad moral del país.
La expresión “candidato” viene desde los romanos: el ser cándido e inmaculado, que se vestía de ropaje blanco y que no tenía ninguna mancha. Sin embargo, hoy los candidatos no aparecen ante la opinión pública con toga blanca, sino con enormes bolsillos desde donde brota dinero a raudales y nadie sabe de dónde viene.
Cuando se cambió la cédula que los partidos políticos entregaban en secretaría por la cédula única, don Eduardo Frei Montalva dijo que “había llegado el momento en que era más fácil comprar un candidato que comprar votos lo que hoy se ha transformado en una trágica realidad, y después se le pasaba la cuenta”.
Por eso, en la última campaña presidencial, los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta expresaron que debía haber transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
Tengo en mi poder el programa del candidato Joaquín Lavín . En la página 101 decía textualmente: “Transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
“Para lograr este objetivo se debe establecer la obligación de las campañas de llevar contabilidad pública respecto de los aportes que reciben y los gastos que realizan, de manera de garantizar la transparencia de los recursos que se emplean, evitar la corrupción y la coerción.
“Además, hay que acortar el período oficial de campaña para reducir los costos que tiene para el país el proceso electoral”.
A mi juicio, existe pleno consenso sobre este punto de la declaración; pero es necesario ponerlo en acción y no esperar una próxima elección. Cuando el gurú, el profeta, el líder de la Derecha proclamó en esa oportunidad tan solemne como es el hecho de ser candidato presidencial este verdadero dogma de fe, reconoció implícitamente que hoy no se lleva contabilidad, que no hay transparencia, que nadie sabe de dónde se reciben los aportes y que eso se debe aclarar, objetivo que es, exactamente, el que persigue el proyecto.
Por otro lado, el diputado señor Víctor Pérez se equivoca cuando sostiene que las asignaciones y la dieta parlamentaria se deben incluir en los gastos de las campañas. Si los parlamentarios estuvieran sentados en sus hogares, no asistieran a las sesiones de Sala ni de Comisiones a cumplir con su obligación de legislar, y no estuvieran desarraigados de sus labores habituales, indudablemente que no tendrían derecho a una remuneración. Además, el artículo 59 de la Constitución Política que redactó el gobierno militar establece que “los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”.
En consecuencia, no se puede afirmar en esta Sala sobre todo cuando la sesión se está televisando y la gente se puede formar una opinión equivocada acerca de esas materias que la dieta y las asignaciones que reciben los parlamentarios deben formar parte del gasto en una campaña electoral, porque los candidatos que se presentan por primera vez no las reciben. En 1990, nosotros también fuimos candidatos por primera vez y nadie sostuvo en esa oportunidad ni en las elecciones posteriores que las asignaciones debían constituir una parte del gasto en la campaña electoral, porque se trata de una contraprestación del servicio que cada congresista presta al Estado.
Otra crítica formulada es que si el proyecto llega a ser ley se va a eludir; pero nadie se pone en el caso de que toda ley puede ser materia de fraude, de simulación, de mala fe, de perversión y puede ser eludida; de lo contrario, los 120 diputados seríamos personas perfectas, lo que es imposible. Siguiendo la línea argumental de la crítica, también se podría pensar en el absurdo de derogar en el Código Civil la parte que se refiere al Matrimonio Civil, que establece la obligación de fidelidad, ya que muy pocas personas son fieles. En consecuencia, ese argumento no es válido.
Se ha dicho también que los órganos del Estado entre los cuales se encuentran los gobiernos regionales y las municipalidades realizan gastos propios de una campaña electoral. Por consiguiente, se propone que el Estado, a través de sus órganos o de los servicios públicos, tenga una reglamentación acuciosa. Pero esa reglamentación acuciosa existe. Es así como hay largos períodos de análisis del Presupuesto de la Nación, oportunidad en que cada parlamentario debe investigar en qué se va a invertir el dinero público; el Código Penal también establece una serie de sanciones gravísimas para los empleados públicos; lo mismo la ley de Probidad; la Contraloría General de la República; cada sector de la Administración del Estado tiene su estatuto propio, como sucede, por ejemplo, con los funcionarios municipales y los profesores. En consecuencia, aducir que el Estado gasta mayor cantidad de recursos en períodos electorales no corresponde, porque sólo hace lo que es propio del Gobierno; lo mismo ocurre con las municipalidades, que invierten los dineros que se fijaron en sus respectivos presupuestos. De ahí que resulta absurdo pensar que durante las campañas electorales el Estado no ejecuta, por destinar los recursos a otros fines, las obras señaladas en el Presupuesto de la Nación, en los presupuestos municipales o de los servicios públicos.
A mi juicio, esos argumentos no tienen ningún fundamento y no resisten ningún análisis, ya que sólo se trata de respetar la igualdad, la transparencia y la libertad de los electores.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en este debate se ha enfatizado el sentido de hacer transparente y limitar los gastos electorales e informar sobre ellos.
Al iniciar su discurso, el diputado señor Elgueta ha recordado el impacto que tuvo en el comportamiento de los electores y de quienes aportan fondos el hecho de introducir la cédula única en las campañas electorales. No cabe duda alguna de que los países se han visto obligados a establecer límites y a exigir transparencia en la información sobre gastos electorales, en la medida en que la democracia ha ido perdiendo fuerza frente a los poderes económicos. Históricamente, la democracia aparece al terminar la sociedad feudal, después de la revolución industrial y luego del desarrollo de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque el poder de la concentración económica sobre el ciudadano era muy grande, y fue necesario darle a éste un espacio de participación en que valiera como persona. La democracia va de la mano de los derechos de ésta, los cuales se pierden cuando en el sistema político, en lugar de regir las reglas de la igualdad, rigen las del mercado. Ahora, éstas prevalecen cuando los distintos candidatos y partidos no tienen financiamiento público ni iguales posibilidades de acceder a los recursos. Esto empieza a cobrar relevancia cuando en las sociedades democráticas se conforman bloques, algunos de los cuales representan los intereses económicos de los grandes grupos, y otros, los de los pobres.
Este problema ha sido resuelto de diferentes maneras por los países desarrollados. Casi en todos ellos existe financiamiento público para los partidos políticos y para las campañas electorales. Es una necesidad del sistema democrático.
Respecto de la intervención del diputado señor Vilches , que me antecedió en el uso de la palabra, acojo su planteamiento en cuanto a que tenemos que legislar sobre esta materia. Pero hagámoslo; porque son él y los representantes de su partido los que dicen que no debemos avanzar sobre la misma. Hace tres años, por un voto no aprobamos una disposición relativa al mismo tema sobre el cual estamos legislando ahora. Sostiene que no debemos legislar sobre esto, porque no existe lo otro. Entonces, lleguemos a un acuerdo y comprometámonos a legislar respecto del financiamiento público de las actividades políticas, porque es la manera más sensata y sana de resolver el problema. Pero debemos avanzar en este sentido no sólo porque otros países lo hayan hecho antes con razón, sino porque el problema en Chile es apremiante y acuciante. En ese sentido, discrepo del diputado Víctor Pérez , de la UDI, porque la idea central del proyecto es establecer un límite para el gasto electoral. No se trata sólo de transparencia, la cual se consigue al fijar un límite; si no hay límite, tampoco habrá transparencia.
Quiero traer a colación aquí se han dicho muchas cosas un artículo publicado en el diario “La Tercera”, del 29 de noviembre del año pasado. El título dice: “Centro de Estudios Públicos: campañas a diputados del 97 gastaron un promedio de 300 mil dólares”. A continuación, la crónica señala que se entrevistó a cinco jefes de campaña tres de diputados y dos de senadores, que aceptaron entregar un detalle de los ítem de gastos en que incurrieron, a cambio de mantener sus identidades en reserva.
Si el Centro de Estudios Públicos me lo hubiera pedido, habría concedido gustoso la entrevista. Yo abrí una cuenta corriente para depositar todos los aportes que recibí para financiar mi campaña, y les puedo asegurar podría entregar las colillas de los cheques que giré y los comprobantes de los depósitos que recibí que el monto de los aportes recibidos alcanzó a una cifra inferior a los 24 millones de pesos. Hubo absoluta transparencia. Y fue una campaña cara para un distrito con 210 mil electores. Pues bien, esta cifra de 300 mil dólares que, según el CEP, se gastó en promedio en una campaña de diputado, representa 174 millones de pesos. Es decir, según dicho centro se gastaron, en promedio, 174 millones de pesos. Sé que el colega que también es diputado por mi distrito gastó una cifra superior a la indicada; pero ni aun considerando eso llegaríamos a un promedio de 174 millones de pesos en mi distrito. Como conozco a muchos colegas: mi hermano Joaquín , Mario Acuña que está sentado a mi lado y a todos los diputados presentes, pregunto: ¿dónde están los candidatos a diputado que gastaron, en promedio, 300 mil dólares en la última campaña? Estimo que aquí existe una distorsión, porque seguramente entrevistaron a unos pocos candidatos de partidos que tienen acceso a cuantiosos recursos en distritos en que se gasta mucho dinero. Probablemente, entrevistaron a los candidatos de Las Condes, de Providencia, y no sé de dónde más.
Quiero comentar otra cifra relacionada con los 300 mil dólares por campaña. Si calculáramos a cuántos electores, en promedio, debería representar un diputado de ese distrito que gastó 174 millones de pesos, según ese estudio considero que no es así a 0,04 UF por elector, para estar dentro del promedio lo que significa que algunos gastaron más, el candidato debería representar a 272 mil electores. Pues bien, si no me equivoco no alcancé a revisar las cifras, me parece que existe sólo un distrito en el país con ese número de electores: el conformado por las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos. Incluso, creo que ni siquiera llega a esa cifra. La Florida tiene, aproximadamente, 180 mil electores; Santiago , menos de 150 mil; Las Condes , 226 mil, es decir, no alcanza a los 272 mil. Estamos hablando de cifras entregadas por un instituto serio el Centro de Estudios Públicos, sobre la base de una mala muestra, porque, por cierto, no refleja la realidad de las campañas electorales. Ellos afirman que determinado candidato a diputado gastó, en promedio, 174 millones de pesos en una campaña, lo que significaría, de acuerdo con los límites establecidos reitero, que representaría a 272 mil electores.
Esto demuestra que el límite que estamos fijando es excesivo y que debemos establecer uno mucho más bajo. Por eso, en conjunto con la diputada Marina Prochelle y los diputados Carlos Montes , Enrique Jaramillo y Rodolfo Seguel , hemos presentado una indicación en el transcurso de hoy será suscrita por otros parlamentarios, a fin de rebajar a la mitad el límite establecido en el proyecto: de 0,04 UF a 0,02 UF para las campañas de parlamentarios y concejales, para las presidenciales y los plebiscitos. Considero que es más real fijar estos límites.
De acuerdo con el mismo estudio del CEP, si en esa elección de 1997 hacemos una proyección del número de distritos y de los candidatos a senadores, tenemos que éstos gastaron 1 millón 200 mil dólares, cifra absolutamente excesiva de acuerdo con la realidad de las campañas electorales. Por lo tanto, establecer un límite de gastos sobre la base de estudios de esta naturaleza es algo irreal e implica enquistar inequidades del sistema económico en el sistema político, las que deben ser corregidas y compensadas, pero no reproducidas.
Pero quiero ir más allá. Aquí también se ha hablado mucho de las sanciones. Y plantear que la sanción tiene que ser económica, es dejar todo esto en el ámbito del mercado.
Si alguien es elegido parlamentario porque gastó más recursos que los permitidos por la ley, decirle que debe pagar más es como si nos estuviéramos refiriendo al mercado.
Si alguien pagó mal algo, está bien entonces que se le multe para que pague correctamente; si alguien no pagó un impuesto, recarguémosle el gravamen que no pagó para sancionarlo; pero si alguien gastó más recursos, en una campaña parlamentaria, de concejal y alcalde o en una presidencial, que los que la norma legal autoriza, la sanción no puede ser que pague más, porque eso sería consignar en la ley que ella misma no tiene ningún objetivo. La ley pretende establecer un límite para quienes tienen más recursos, y aquí sólo se está diciendo que esas personas tendrán que gastar más de lo que tenían planificado, si es que se les llega a descubrir.
Países civilizados, como Francia y Alemania, han avanzado en sus legislaciones para corregir esta situación. He presentado una indicación que espero sea acogida, pero lo voy a decir con toda sinceridad sé que en esta Cámara no hay suficientes varones ni mujeres como para votarla a favor. En ella se plantea que si alguien se excede, comprobadamente, en el 10 por ciento del límite, se anulan todos sus votos, con lo cual la persona pierde la calidad de electa y pierden los votos la lista y su partido.
A mí me parece que esa es la manera lógica de ordenar el sistema político y que no sea el peso económico el que mande en estas decisiones; es decir, que la democracia sea plenamente autónoma de los poderes económicos.
Cito a Francia y a Alemania, porque allí efectivamente ocurre así. En Francia, en las elecciones que se verificaron el año anterior a las efectuadas en Chile en 1997, dos parlamentarios de la coalición de gobierno y uno de la de oposición perdieron sus cargos, descalificados por el tribunal electoral, por haber incurrido en un exceso de gastos respecto del límite autorizado en la ley.
Eso debe ser así, porque si les estamos diciendo a los ciudadanos que queremos transparencia; que los recursos no se gasten en exceso; que queremos autonomía de los poderes políticos respecto de los poderes económicos, entonces la sanción no puede ser vulnerada por los poderes económicos.
Si alguien está dispuesto a gastar más plata en apoyar a una persona, que sepa que no pagará una multa, sino que su candidato no va a ser elegido.
Esa es la coherencia que debe tener el sentido del proyecto en discusión y el resultado de las decisiones que se adopten. Con esas normas, ningún candidato ni partido podrían decir, respectivamente: no supe de ese gasto o fui vulnerado.
Se establece un margen, porque en la indicación se habla de un gasto superior al 10 por ciento del límite autorizado. Alguien podría sostener que se pasó en el gasto, porque se equivocó en sacar una cuenta, pero no podría aducir ese argumento si supera el límite del 10 por ciento, porcentaje que parece sensato, más todavía si se baja, como espero, el monto máximo que se puede gastar en una campaña.
El proyecto puede ser imperfecto, como se ha dicho aquí, pero constituye un avance para la consolidación de la democracia. Por eso, espero que lo despachemos el próximo martes.
Gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma .
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, voy a dar lectura a la intervención que, sobre la materia, ha elaborado el diputado señor Rosauro Martínez , quien no ha podido asistir a la sesión por estar cumpliendo labores parlamentarias en Santiago.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
“Señor Presidente, definitivamente, lo que estamos discutiendo en esta sesión se inscribe dentro del ámbito de aquellas iniciativas que dicen relación con temas que tienen incidencia directa en el desenvolvimiento de nuestro sistema democrático y su proyección.
“Tener la capacidad de establecer un sistema claro y transparente, donde las diferentes expresiones existentes en la sociedad se manifiesten libremente, es un desafío que nos compete a todos y donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos para ello. Si no lo hacemos, no sólo estaremos transgrediendo un principio básico: la igualdad ante la ley, sino condicionando peligrosamente nuestro desarrollo futuro.
“Hay que cimentar un sistema donde todos nuestros compatriotas puedan sentirse parte, tanto de elegir como de ser elegidos, sin más limitantes que su capacidad y esfuerzo individual. Y eso implica, naturalmente, crear las condiciones mínimas a partir de las cuales desarrollar ideas y pensamientos tendientes a captar el electorado que se pretende representar.
“Es usual que a quienes llevamos algún tiempo en la actividad pública, donde hemos llegado por la confianza de nuestros electores, se nos mire en cierta medida con desconfianza, en el sentido de que estamos utilizando el poder para nuestro propio beneficio y que, por los diferentes mecanismos de la actividad parlamentaria, mantenemos una posición expectante que impide, muchas veces, el surgimiento de nuevos liderazgos.
“Eso, francamente, no es así, porque cada uno de nosotros está más preocupado de representar los intereses de nuestras respectivas comunidades que de torpedear potenciales candidaturas. Pero estimo que el ejemplo bien vale la pena considerarlo, pues nos permite reflexionar sobre cuestiones que están presentes en el quehacer contingente, especialmente ahora, que la moda es criticar a los parlamentarios y políticos en general.
“Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la institución del Congreso Nacional, sus integrantes y la denominada clase política estén en el foco permanente de la crítica, muchas veces sin fundamento, y, en otros es bueno decirlo, con algún grado de solidez conceptual. Pero no es que deseemos permanecer en el Olimpo como intocables, sino que lo que molesta es el ataque artero, despectivo, la mayoría de las veces, sin aportar una idea o una propuesta que nos haga corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien.
“De allí la importancia de la transparencia en la actividad pública, que sea no sólo respecto de cuestiones que involucren recursos económicos, de las aportaciones de tal o cual persona o de financiamiento, sea público o privado. Materias de enorme trascendencia, pero que también deben ser vistas en un análisis global, donde se eduque y se informe a la comunidad respecto de la función que desempeñamos. Si nos quedamos sólo en cuestiones presupuestarias y de dinero, mucho me temo que la opinión crítica de la gente adquirirá mayor fuerza, especialmente en un momento donde legislar sobre estas cosas es delicado y tremendamente sensible.
“¿Cómo le explicamos a ese pensionado que gana 30 mil pesos o a los casi 600 mil cesantes, que para ellos no hay recursos, en circunstancias de que sí están disponibles para la actividad política, aunque sean privados? No es que quiera hacer demagogia u oponerme a la iniciativa, que incluso fuimos mejorando en la Comisión de Gobierno Interior, sino que estoy haciendo un ejercicio práctico que vamos a tener que responder en nuestros distritos.
“De allí, entonces, la importancia de desarrollar una sistemática programación de formación cultural y cívica a la comunidad, que difunda los porqué y las razones que motivan legislar sobre una materia controvertida no sólo en Chile, sino también en el mundo de las democracias contemporáneas.
“Efectivamente, lo que estamos tratando hoy ha sido motivo de debate en distintos países democráticos del mundo y, como hemos visto, no existe en la legislación comparada un modelo único, respecto del cual podamos decir: éste es el que ha dado mejor resultado, porque ha conjugado igualdad de oportunidades con libertad e iniciativa privada.
“Ello, si bien es un antecedente por considerar, no nos exime de nuestra responsabilidad de buscar la mejor fórmula capaz de garantizar ambos principios, propios y consustanciales a una sociedad libre, hoy patrimonio de la humanidad, con lo que quiero significar que a pesar de los acuerdos y consensos, presentes por ejemplo en instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, donde se consagran principios como la soberanía popular y el derecho de todos los ciudadanos de participar en elecciones libres y periódicas se estructuran y se materializan de diversa forma, de acuerdo con la historia y tradiciones políticas de cada nación.
“Por eso es que cuando la Comisión Nacional de Ética Pública evacuó su informe hace ya algunos años y estableció recomendaciones tendientes a limitar los gastos en las campañas electorales y acortarlas; realizar simultáneamente las elecciones parlamentarias y presidenciales; prohibir la contratación de avisos en la televisión de libre recepción y por cable, y financiar con fondos públicos el acceso a los medios de comunicación, lo que estaba haciendo era adelantarse a una materia que, tarde o temprano, tendríamos que tratarla, pero con la seriedad que merece, y no hacer de ella un elemento para la demagogia o para justificar ideológicamente nuestras propias convicciones.
“Es un hecho de la causa tal como lo consigna el estudio elaborado por el Centro de Estudios Públicos que en Chile el conjunto de normas existentes carecen de fiscalización, y la opinión general es que no se cumplen. Esto significa que buena parte de los donantes y ejecutivos de las candidaturas se mueven de hecho en la informalidad y son susceptibles de acciones legales que podría iniciar, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, se encargó un estudio para aquilatar el riesgo que implica la aplicación cabal de la legislación vigente. Las normas que rigen castigan duramente las contribuciones informales. A la vez, desincentivan la contribución formal al financiamiento de la política al punto de hacerla prohibitiva.
“Es precisamente aquello lo que nos debe ilustrar para encontrar los mecanismos adecuados. Un factor que se discutió bastante en la Comisión fue el denominado límite al gasto a las donaciones, pues revisando la experiencia internacional y lo que nos demuestra el informe del Centro de Estudios Públicos, CEP, contrariamente a lo que podría pensarse, la competitividad y diversidad tienden a disminuir con la imposición de límites al gasto. Esto, por una razón muy simple: quienes ocupan cargos públicos tienen, por eso mismo, ya asegurado un cierto nivel de visibilidad pública. Los aspirantes, en cambio, en general deben gastar más para darse a conocer. Los límites estrechan, por lo tanto, la competencia a los partidos establecidos y, dentro de ellos, dificultan la entrada en escena a los dirigentes nuevos.
“Y sobre lo mismo, recojo la opinión del informe, en cuanto a que los límites señalados al gasto, en tanto y cuanto sean operantes, además constituyen un obstáculo a la libre expresión de la intensidad de las opiniones y preferencias políticas. Puede haber circunstancias en las que esté en condiciones de ganar un candidato cuyo programa se oponga a convicciones y aspiraciones muy profundas y fundamentales para un sector. En tal caso, los fuertemente interesados en el tema sentirían que se están poniendo cortapisas al ejercicio de la libertad de culto y de opinión al imponerles un techo a lo que pueden gastar en difundir su doctrina y su candidato.
“Hay que ser muy cuidadosos con la fijación de límites al gasto máximo en dinero, porque puede conducir a canalizar los aportes por la vía de organizaciones intermedias que los reciben, como incentivar la adquisición de medios de comunicación con el fin de usar sus espacios como propaganda encubierta o para colocar en la agenda del debate temas específicos con el solo objeto de hacer girar a las campañas, y de premiar o castigar candidatos y políticos en función de ellos.
“Son, en general, mecanismos indirectos que permiten, de hecho, dirigir el dinero a la política sorteando los límites al gasto. La fiscalización de este tipo de financiamiento indirecto resultará difícil y lenta. La regulación demasiado compleja y de fiscalización costosa genera una búsqueda incesante de subterfugios y resquicios. “Sin duda, señor Presidente, el tema de la publicidad de los donantes es sensible, pues puede inducir a aumentar las represalias. Por ejemplo, la información plena puede permitir que un candidato amenace con dañar en el futuro a quienes donen a sus rivales o que el donante se inhiba de donar para evitar represalias de su grupo social. Puede ocurrir, en consecuencia, que la publicidad total tienda a disminuir la competencia política.
“Diferentes autores y estudiosos coinciden en que la publicidad total arriesga otros bienes. Las personas pueden preferir mantener en privado la intención de su preferencia política.
“En ese contexto, creo que la propuesta contenida en el citado informe publicado por el Centro de Estudios Públicos armoniza inteligentemente todos los bienes en juego, a través de la institución de un mecanismo de donaciones indirectas y confidenciales, acompañada de un mecanismo de donaciones directas y públicas.
“Señor Presidente, en definitiva, creo que si bien el proyecto cumple con el objetivo buscado, especialmente en lo referente a limitar los gastos electorales, es importante reconocer que en lo que a transparencia se refiere, tal como está redactado, puede ocasionar más problemas que los que pretende solucionar.
“Aun cuando votaré favorablemente los informes, en el curso de la tramitación parlamentaria tendremos la oportunidad de ir haciendo las indicaciones correspondientes.
He dicho”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/2499-06