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El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, hemos concurrido a la presentación de este proyecto convencidos de que la falta de agua en nuestro país es hoy un problema serio, pues es un recurso cada vez más escaso en el mundo, con prolongados períodos de sequía que afectan a vastas zonas, de los que no escapa nuestro país, por lo que requiere una regulación de la mayor profundidad y envergadura.
Esperamos buenos resultados, primero de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, y después de la de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sobre las modificaciones al Código de Aguas.
Chile necesita establecer una regulación y exigencia para tener un buen estándar de calidad del agua para el consumo humano, sobre todo cuando en muchas regiones y localidades del país se contradicen, aparentemente, el desarrollo productivo y económico, particularmente la actividad minera, con la protección de la calidad del agua para las comunidades. Así ocurre en el conflicto entre la comunidad y la mina Los Pelambres, en Caimanes, puesto que hay fallos judiciales que ordenan a la empresa adoptar medidas que garanticen no solo el acceso al agua potable de la población, sino también su calidad. Son numerosos los conflictos ambientales entre empresas y comunidades. Pascua Lama es otro ejemplo de aquello.
En todo caso, Chile ha avanzado mucho en esta materia. Como autoridad local, me tocó representar una zona en la cual la costumbre era retirar en baldes el agua para el consumo diario. Así como hemos avanzado en todo Chile en electrificación rural, en las zonas urbanas pobres avanzamos para que cada familia tuviera infraestructura sanitaria y para el consumo de agua en su propio domicilio. Sin embargo, esta norma, que debe ser parte de una norma mayor, aspira a que se garantice la calidad del agua para el consumo humano. Son numerosas las enfermedades que podría sufrir la población si el país no está en condiciones de garantizar este aspecto sanitario.
También es importante asumir otro problema: la escasez del vital elemento. ¿Se garantiza la calidad del agua cuando en la zona norte de Santiago, particularmente en las comunas de Melipilla o Tiltil, los municipios se ven obligados a entregar el producto a través de camiones aljibe, por la escasez de lluvias y de abastecimiento de las napas subterráneas? Es parte del dilema que debemos resolver en un debate más profundo sobre este bien de consumo.
Espero que la nueva Constitución Política garantice el derecho al agua como un derecho humano esencial en nuestro país, porque no es aceptable que en la zona de Chicureo, por ejemplo, un vecino llene una piscina artificial con el agua de las napas subterráneas, pero a un kilómetro de distancia los alcaldes la repartan en camiones aljibe. El acceso al agua debe estar garantizado como un derecho humano esencial y básico para los chilenos, donde prime el bien común por sobre la opulencia y el lujo de algunos. Por eso fue importante lo aprobado hace poco tiempo en esta Sala sobre el fortalecimiento de las asociaciones de agua potable rural, organizaciones que han logrado incorporar ese derecho básico en más comunidades, para que los domicilios cuenten con este bien tan preciado.
Con esta propuesta nos estamos aproximando a los países de la OCDE, que, como señala la Cepal, garantizan a su población que están tomando un agua que no les hace daño. Eso no ocurre actualmente en Caimanes, ni en Alto Hospicio, ni donde hay pilas de materiales contaminantes, como en Arica y Antofagasta , donde ese derecho tan esencial no está protegido ni existe la confianza, al abrir las llaves todas las mañanas, de beber un vaso de agua de manera natural con la seguridad de que la salud está garantizada. Reitero que con esta propuesta nos estamos aproximando a lo que ocurre en otros países, pues esperamos que Chile tenga un estándar de calidad en una materia tan esencial para la vida humana.
He dicho.
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