REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA Sesión 39ª, en martes 11 de abril de 2000 (Ordinaria, de 11.15 a 15.48 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo. Presidencia accidental de los señores Olivares Zepeda, don Carlos, y Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia6 II. Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Prórroga de plazo a Comisión de Derechos Humanos9 Permiso constitucional9 Acuerdos de los Comités9 V.Orden del Día Acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Primer trámite constitucional. (Continuación)10 Incremento del fondo de estabilización del petróleo. Primer trámite constitucional32 VI.Proyectos de acuerdo. Provisión de unidades médicas móviles a provincia de Parinacota. (Continuación)52 Rechazo a remisión de proyecto de ley sobre traslado del Congreso Nacional53 VII.Incidentes. Alcances sobre iniciativa de traslado del Congreso Nacional60 Iniciativa de ley en defensa de los productores lecheros61 Medidas fitosanitarias en defensa de la industria del salmón de la Octava Región. Oficios62 Abusos de los poderes compradores de uva. Oficios63 Fijación arbitraria del precio del arroz paddy. Oficio64 Elecciones presidenciales en Perú64 Decisiones de países limítrofes en perjuicio de zona franca de Iquique. Oficios65 Acciones judiciales a raíz de irregularidades en municipalidad de Calama. Oficio66 Informe de la Contraloría sobre creación de juzgados de policía local. Oficios67 Medidas para facilitar acceso de estudiantes a crédito Corfo. Oficio68 Daño en Jardín Botánico de Viña del Mar por expropiaciones para la construcción de tramo del Troncal Sur. Oficios69 Pág. VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de su Excelencia el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que prohíbe el uso de fuegos artificiales, mediante reforma de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos y regula la realización de espectáculos pirotécnicos masivos. (boletines Nºs 150202 y 151602)71 2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para pequeños empresarios, deroga la ley Nº 18.645, y dicta demás normas que indica. (boletín Nº 242603)71 3.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, y su Protocolo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996. (boletín Nº 211310)72 4.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, originado en moción, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las personas que tienen fuero constitucional. (boletín Nº 248107) (S)72 5.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto con urgencia calificada de “suma”, que incrementa el fondo a que se refiere la ley Nº 19.030. (boletín Nº 247505)76 6.Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico y tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar garantía del Estado. (boletín Nº 245419)90 7.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico y tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar garantía del Estado. (boletín Nº 245419)97 8.Informe de la Comisión especial investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país99 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para ampliar el plazo reglamentario de que dispone para despachar el informe complementario del proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas. 2.Comunicaciones: De la Comisión de Familia mediante la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidenta a la diputada señorita Sciaraffia. Del diputado señor Valenzuela, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de abril en curso, para dirigirse a Bolivia. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (103) --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Arratia Valdebenito, Rafael --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Correa de la Cerda, don Sergio --Cristi Marfil, doña María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --JocelynHolt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D’Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soria Macchiavello, Jorge --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional estuvieron ausentes la diputada señora Allende, doña Isabel, y los diputados señores Cornejo, don Patricio, y Valenzuela, don Felipe. Asistieron, además, los ministros de Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss. También concurrió el senador señor Andrés Chadwick.' II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.15 horas. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 34ª se declara aprobada. El acta de la sesión 35ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. IV. CUENTA El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga de plazo solicitada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para el despacho del informe complementario del proyecto de reforma constitucional que reconoce y ampara a los indígenas. ¿Habría acuerdo? Acordado. PERMISO CONSTITUCIONAL El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Felipe Valenzuela para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de abril en curso. ¿Habría acuerdo? Acordado. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, adoptaron los siguientes acuerdos: 1ºConceder cinco minutos, al término de la Cuenta de la presente sesión, a la honorable diputada señora Marina Prochelle para que se refiera a la participación de la Cámara en el Parlamento Latinoamericano. 2ºIntegrar la Tabla de mañana con los siguientes asuntos: El que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las personas que tienen fuero constitucional; El que autoriza a la Universidad de Chile a fin de contratar empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico, y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado, y El informe de la Comisión especial para analizar las actuales características de la televisión chilena. 3ºLos proyectos e informes señalados precedentemente se votarán al final del Orden del Día de dicha sesión, prorrogándose su hora de término, si fuere necesario. V. ORDEN DEL DÍA ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión en general del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, a través de su historia, Chile siempre ha suscrito los convenios internacionales que han tendido a mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad nacional. Así, fue histórico el acuerdo de Costa Rica, sobre derechos humanos, redactado en Chile y después suscrito por la gran mayoría de los países del mundo. No obstante, quiero exponer que en la Parte II. “Tierras”, de este Convenio, hay un reconocimiento, en relación a la propiedad de la tierra, que preocupa particularmente a quien les habla, que representa a zonas de actividad minera tradicional y de concesiones mineras que, a través de muchos años, ha significado progreso para el norte y para el país. Este tema puede tener grandes inconvenientes ante las solicitudes de concesión y propiedad mineras, porque la inversión generada en este tipo de proyectos es muy importante en el desarrollo de la región, en la generación de empleos, de tributos y de riquezas para el país. Sin embargo, las normas que aquí estaríamos aprobando pueden significar un obstáculo para el incremento de la propiedad minera. Este es el punto más sensible que deseo abordar. Al respecto, el artículo 14 dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes”. Esta situación se da en la Región de Atacama. ¿Por qué hago la observación? Porque efectivamente el pueblo colla, en la Región de Atacama, está reclamando hoy zonas de la alta cordillera, con agua, donde en gran parte de ellas ha desarrollado una floreciente agricultura. Tanto es así que los productos agrícolas, como la uva de mesa de exportación, es la primera del año y la carta de presentación de Chile en los mercados de Estados Unidos, Europa y del Medio Oriente. Los grupos descendientes de indígenas reclaman derechos sobre estas zonas, y con este reconocimiento que estaríamos aprobando, se obstaculizarían grandes proyectos mineros en el futuro. Ante la imposibilidad de modificar estos artículos, no vamos a aprobar estas normas y, particularmente, me voy a abstener en los puntos que dicen relación con el derecho a la propiedad de la tierra. En la concesión minera, se otorga la propiedad del subsuelo, lo cual podría contravenir los derechos que se otorgan en este tratado internacional. En consecuencia, esas normas pueden traer grandes problemas de freno al desarrollo y de atraso para estos mismos pueblos que queremos beneficiar. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, el tratamiento de este convenio sitúa un tema que rebasa la consideración exclusiva del contenido del mismo, porque de alguna manera lo que hace es traducir un avance que en la dinámica de la consideración de la realidad de los pueblos originarios, de las comunidades autóctonas y de las comunidades tribales se ha ido planteando. La Organización Internacional del Trabajo tiene el mérito, entre otros, de haber sido el primer organismo internacional que mostró preocupación efectiva por esta realidad que hoy es asimilada o compartida por, prácticamente, toda la humanidad. Fue en un convenio de 1957, no ratificado por Chile, en el cual por primera vez se reconoció en un instrumento internacional la existencia de esta problemática, que estaba subsumida de alguna manera en la consideración histórica, pero que no se reconocía con todo el potencial que tiene, desde el punto de vista de su vigencia presente y constante. Sin embargo, el convenio de 1957, por la fuerza de los tiempos, por la dinámica propia de los problemas sociales del mundo, ha sido considerado obsoleto, porque lo que hizo fue asimilar los conceptos integracionistas que mayoritariamente tenía la política y doctrina europea de la época. Y de allí surge, en 1989, en la Conferencia 76, este Convenio 169 que nos propone la Organización Internacional del Trabajo y que no plantea la integración, sino el reconocimiento de la verdad cultural, social y política que representan los pueblos originarios que conviven desde la noche de la historia con la mayoría de las realidades, desde luego las latinoamericanas y, concretamente, la chilena. Es una visión distinta que ciertamente provoca problemas de entendimiento conceptual e incluso de eventual colisión desde el punto de vista de las normativas del derecho. Si quisiéramos darle algún contexto de carácter sociológico al tema, tendríamos que profundizar en aquello que un cientista político alemán, Ferdinand Tonnies, marcó respecto a lo que es la realidad social contemporánea, que frente a la marea avasallante de lo que la prensa ha dado en denominar la globalización, opone los nacionalismos, que no son los de carácter ideológico, no son los que vienen a alterar la concepción democrática de países como el nuestro en estos días. Es el nacionalismo que recoge y reconoce las realidades culturales. Y Tonnies sostiene, con un concepto que es difícil de traducir dentro de esta forma que tienen los alemanes de configurar conceptos a través de palabras, que el “gemeinschaft” es la comunidad tradicional que se sustenta en los valores permanentes. ¿Cuáles son? La familia, el lenguaje, las concepciones religiosas básicas, el terruño, el afecto a la tierra en que se nace y, ojalá, se muere. Y esos elementos configuran, en nuestro caso, nuestras realidades étnicas en todas las distintas expresiones que tienen a lo largo del territorio, pero particularmente en la comunidad más importante: la mapuche, marcada, además, por la historia de su desvinculación con las ideas que trataron de plantear, primero, el conquistador, y luego, la República. Tres siglos y medio de lucha constante y, de alguna manera, no concluida formalmente. Esta realidad, de enorme fortaleza y potencia, reconoce su elemento fundacional en las tradiciones y en la historia, las que es menester considerar, no para integrarlas a nuestra realidad como hemos estado haciendo debemos reconocer que ha sido una política equivocada, sino para respetarlas y considerarlas como tales. Esa es la esencia del convenio que hoy discutimos, en virtud del cual se dictan normas de diversas especies lo dice el preámbulo del convenio que consideran la evolución que desde 1957 han tenido los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo. Pero no lo hace para tratar de que esta realidad aplaste, supere, se enquiste y distorsione la tradición jurídica y formal de los pueblos en que se efectúe este reconocimiento. También en el mismo preámbulo se reconoce que “estos pueblos aspiran a asumir el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y su desarrollo económico, así como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. No se trata de establecer un estatuto que pretenda sobreponerse o entrar en colisión con los vigentes en los países que suscriban el convenio, en nuestro caso, Chile, sino de armonizar. Por eso, la mayoría de las disposiciones contenidas en este convenio, más allá de aquellas reconocidas en nuestra propia legislación, específicamente en la ley indígena, Nº 19.253, de 5 de octubre de 1993, contienen lo que nuestro viejo profesor de derecho constitucional, don Gabriel Amunátegui, denominaba las “disposiciones programáticas”: la invitación al legislador para que se preocupe de materias que no tienen fuerza legal ni imperio para significar demolición, superación, conflicto con la norma vigente. Lo establece, a mayor abundamiento, el artículo 34 del convenio, cuando sostiene que la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente tratado deberán determinarse con flexibilidad, tomando en cuenta las condiciones propias de cada país. Por eso, entendiendo y justificando la preocupación que a algunos colegas mueve el alcance de determinadas normas de este convenio, cabe llamar a la tranquilidad, porque el sentido es el señalado. Aquí se trata de adecuar, en la medida de lo posible así lo dice en varias oportunidades el articulado del tratado por pronunciamiento del órgano legislativo pertinente, que es el Congreso Nacional, o a proposición, si correspondiere, del Poder Ejecutivo en cuanto colegislador, la adecuación de las disposiciones que interese rectificar, complementar o adecuar al contenido de esta norma. El sentido de la propuesta de aprobación del convenio es señalar desde el mensaje, en la exposición de motivos, que esta propuesta de adecuación, esta invitación a legislar a futuro, si fuere necesario, tendrá que hacerse en virtud o de acuerdo con las declaraciones que, atendido el estatuto de la Organización Internacional del Trabajo, formulará nuestro Gobierno en el momento de la ratificación del respectivo convenio. En consecuencia, las observaciones a inquietudes formuladas por muchos de los señores parlamentarios, que tienen fundamento, quedarán plenamente despejadas en virtud de este testimonio contenido en la declaración pertinente. Lo señala el Ejecutivo en su propio mensaje: “Por la vía de las declaraciones dice la exposición de motivos se podrán precisar las condiciones en que una determinada norma convencional deberá ser interpretada o aplicada. En este sentido, el Poder Ejecutivo considerará, al momento de la ratificación, la necesidad y conveniencia de formular estas declaraciones respecto de las normas relativas a las tierras, contenidas en la parte segunda; de las referidas al régimen de salud y de las que disponen de regulaciones en materia penal, cuestiones todas que han estado presentes en el debate suscitado con ocasión de la discusión del proyecto de acuerdo que nos preocupa. De modo concluye de obtener a través de ellas de las declaraciones una compatibilización entre las normas establecidas en nuestro derecho interno y las disposiciones convencionales que se acuerdan en virtud de la aprobación de este documento internacional”. Incluso, se ha avanzado en esta materia, porque deja constancia el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que don José Miguel Insulza, en esa época ministro de Relaciones Exteriores subrogante, hizo entrega de un texto tentativo de esas declaraciones, que resume y acoge todas las inquietudes planteadas en el debate parlamentario. De tal manera que estas observaciones deben ser disipadas y superadas, y considerar la importancia que la aprobación de este texto tiene respecto de la consideración real, del avance positivo en la búsqueda de entendimientos entre los pueblos originarios y quienes configuramos este país, igual que ellos, pero con realidades distintas, con sensibilidades diversas, con culturas de distinto origen, pero que estamos unidos en el compromiso nacional, porque tampoco se trata de establecer que los pueblos originarios son sujetos de derecho internacional que vienen a discutir o a convenir situaciones con el gobierno de la República, sino de reconocer que en el concepto “pueblo”, que es el concepto sociológico de la expresión “pueblo constituido por unidades”, es necesario considerar la realidad, la importancia, el sentido humano de cada uno de los integrantes de esa comunidad. Por lo tanto, convencidos de que ése es el alcance, de que no existen las dudas o inquietudes que se han planteado, los diputados democratacristianos concurriremos a la aprobación de este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, la frecuencia con que esta Cámara se ve abocada a pronunciarse acerca de convenios internacionales, ha provocado una verdadera rutina en su aprobación. Sólo muy de tarde en tarde se suscita una discusión más o menos breve y, en general, carente de mayor profundidad. Hoy, sin embargo, nos vemos abocados a pronunciarnos sobre un convenio que ha dado origen a un amplio y muy necesario debate. Hace unos años, tratar en nuestra patria la situación de los pueblos indígenas y tribales hubiera sido un ejercicio de política casi de laboratorio. Este Convenio lo habríamos visto como aplicable a otros pueblos, pero sin mayor utilidad práctica en el nuestro. Sin embargo, han bastado diez años de régimen democratacristiano-socialista para que, prácticamente de la nada, haya brotado y crecido un muy grave conflicto, en especial en la zona de La Araucanía, que trata de mostrar, mucho más al mundo exterior que a los mismos chilenos, cómo en nuestra patria habría pueblos indígenas que sufren una abyecta situación de explotación, expoliación y otras innumerables injusticias, todo lo cual obligaría a nuestro país a aceptar un virtual desmembramiento de su territorio con el objeto de satisfacer las demandas de los grupos que se presentan como conductores de esos pueblos indígenas. Mucho se ha criticado el proceso de conquista llevado a cabo por los primeros españoles que pisaron el territorio de nuestro continente y el que ahora constituye nuestro país, como también el período posterior al de la Colonia. Sin duda, se cometieron muchos abusos e injusticias contra las poblaciones aborígenes. No es del caso entrar ahora en un análisis pormenorizado de la acción de colonizadores y conquistadores, y menos soy yo el llamado a hacerlo. Con todo, no está de más señalar cómo, desde el principio, la corona española tuvo conciencia del problema que se suscitaba acerca de los justos títulos que correspondía respaldar en su acción en América. Es así como ello originó la célebre polémica que, sobre ese punto, sacudió en la metrópoli a universidades, conventos, órdenes religiosas y hasta a la misma corte durante el siglo XVI, la que no se acalló hasta bien entrado el siguiente. Lo cierto es que para la corona y sus representantes, el cuidado y respeto de las poblaciones indígenas constituyó, como todos sabemos, un postulado esencial de la acción colonizadora. Si muchas veces no fue debidamente respetado y otras tantas burlado por la acción concreta de quienes vinieron a instalarse en estas latitudes, no dejó de producir variados efectos benéficos que perduran hasta hoy. En especial, cabe destacar aquel punto que marcó una absoluta diferencia con los procesos colonizadores llevados adelante por otras potencias europeas: el hecho de considerar al indígena como una persona humana, esencialmente igual al europeo, dotado, por ende, de similares derechos y a cuyo servicio la corona se debía tanto como al de sus súbditos peninsulares. Este principio constituyó el eje de la acción colonizadora a que nos referimos, y él, más allá de las injusticias y tensiones que se dan al interior de todo grupo social, está en la base sobre la cual se cimentó el timbre de gloria de la colonización española: el mestizaje. Es decir, la consideración del indígena como un ser humano igual al colonizador o conquistador, indujo a ambas razas a fundirse en una sola, la que en abrumadora mayoría habita nuestro continente. Todo esto sucedió mientras las potencias que hoy dirigen un dedo acusador contra nuestro país, entraban a sangre y fuego en otros mundos indígenas, reduciendo su población a la esclavitud, cuando no masacrándola cruelmente y exterminándola sin piedad. ¿Dónde están las poblaciones mestizas en Canadá o en Nueva Inglaterra? Lo que es más grave, si no hubo mestizaje, ¿dónde están ahora las poblaciones indígenas nativas? El desprecio que el colonizador anglosajón mostraba frente a los indígenas y el exterminio a que los sometió, tuvo como base la negación de su condición humana y, por ende, de su esencial igualdad con el europeo. En lo que ahora es el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, habitaban casi tantos indígenas como en los territorios conquistados por nuestra Madre Patria. Mientras allá hoy no queda ni siquiera un indígena para muestra, basta recorrer la región andina de nuestro continente para apreciar cómo las poblaciones indígenas no sólo subsistieron, sino que crecieron, se multiplicaron y se mezclaron con los europeos hasta prácticamente absorberlos. En países como el nuestro, donde la población indígena era mucho menor, el mestizaje ha sido casi completo. Por cierto, quedan minorías del todo europeas; asimismo, todavía subsisten minorías aborígenes, pero nada obsta ni ha obstado nunca para que el proceso de mestizaje continúe su camino. En nuestra patria no hay grupos étnicos distintos e incomunicados entre sí. Sólo quedan, en ambos extremos, grupos remanentes de un proceso que aún no alcanza su término y que, probablemente, no lo alcanzará nunca, pero que en ningún caso alteran para nada la conclusión: una sola población con todos los matices étnicos que ella pueda contener; una cultura, mestiza también en su esencia; un idioma común que, sin perjuicio de otros que aún subsisten, permite que todos podamos comunicarnos; un solo territorio para esta población, y una sola legislación aplicada a todos en los mismos términos de igualdad que ella prescribe. Agreguemos que este notable proceso de fusión étnica incluye también a los grupos muy numerosos algunos que llegaron como inmigrantes a nuestra patria durante el siglo XIX y buena parte del XX. Hemos recibido aportes sustantivos de grupos humanos venidos de los Balcanes, en especial de Croacia; de China, Italia, España, del mundo árabe, en especial de Palestina; del mundo hebreo y, en su momento, también de Alemania y Gran Bretaña, entre otros. En los años que corren ha aumentado el flujo inmigratorio de países asiáticos, como Corea. En su conjunto, nunca nuestra patria, ni como legislación ni como cultura, ha manifestado asomos de xenofobia, apartheid o segregación racial. El componente hispánico de nuestra cultura e idioma constituye la base para que naciones tan distantes como la mexicana o la nuestra, incluidas las que se sitúan entre ambos países, puedan decirse con propiedad naciones hermanas, pues fue ese componente el que dio la unidad a lo que era, antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus marinos, una enorme variedad y heterogeneidad de usos, costumbres, religiones y lenguas. De todo lo anterior, cabe concluir que la situación que vive el país en la región de La Araucanía es, también en su conjunto, artificial. En todo grupo social siempre habrá conflictos. Para resolverlos, los países se dotan de un sistema legal y judicial al cual corresponde recurrir cuando ellos se presentan; pero en los conflictos que hoy tienen lugar, es evidente la huella de la vieja táctica marxista que trata de hacer antagónicos, hasta la lucha armada, los intereses de un grupo y los de otro. Nuestra legislación dispone hasta el exceso de recursos para hacer valer los derechos de cada parte en conflicto. Es inaceptable, pues, que por la vía de la presión armada o invocando difusos e inexistentes derechos ancestrales, se trate de resolver esos conflictos de manera distinta de la que prescriben nuestras leyes. A quienes agitan estos conflictos no les interesa para nada la suerte de las minorías indígenas, tal como antaño a quienes predicaban la lucha de clases hasta el exterminio de las que eran presentadas como enemigas, no les interesaba para nada la situación de la clase proletaria, pues sólo les importaba usarla como palanca de subversión para desestabilizar el país y conquistar el poder total. Nadie más interesado que yo en apoyar a los sectores más vulnerables de nuestro país, sean éstos indígenas o no, a fin de que superen situaciones de extrema miseria y pauperismo cultural e integrarlos al progreso y desarrollo social. Sin embargo, para eso debemos rechazar sin vacilaciones la táctica que trata de construir para ellos un verdadero apartheid: grupos étnicos que deberán encerrarse en guetos, que no dejan de serlo por grande que sea su superficie; que están obligados a congelarse en hábitos y costumbres que, de verdad, han sido resucitados para las cámaras de televisión extranjeras; que están obligados a mantenerse en situación de miseria para, así, concitar la lástima de esos extranjeros y generar sustanciosos ingresos por donativos que, por cierto, ellos nunca verán, porque su destino será sostener las burocracias internacionales que viven de estos conflictos. En este contexto, considero inapropiado vernos abocados a discutir un convenio como el que ahora se nos presenta. No necesitamos para nada que vengan de fuera a darnos lecciones de cómo tratar en justicia y derecho a quienes componen nuestra patria, y menos a los grupos indígenas que habitan entre nosotros como parte de este único cuerpo social, cultural y político que es Chile. Lo único que puede resultar de la aplicación de este Convenio entre nosotros, es dar pie para que nuestro país sea objeto de una nueva intervención proveniente de esta legión de personas y organismos que, por dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, sólo busca desestabilizar y crear condiciones de caos y anarquía, porque es en esas condiciones en que ellos se solazan. En conclusión y por las razones que he mencionado, voto en contra del proyecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, tal como lo señalé al informar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, este Convenio tiene por objeto establecer un estatuto jurídico internacional que reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico; a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven. Según el informe, en nuestro país hay 150 mil personas pertenecientes a etnias no mapuches y 928 mil mapuches, de los cuales el 80% vive en la Región Metropolitana y el 20% en el sector rural, que corresponde a la Araucanía. Si bien en nuestro país existe el mestizaje, el pueblo araucano no se mezcló con los españoles. El mestizaje se plasmó en la fusión con los otros pueblos originarios de nuestro país. Los araucanos que ocupaban el territorio del Biobío al sur, primero se opusieron al dominio de los incas y, luego, cuando llegaron los españoles a conquistar Chile, ofrecieron una tenaz resistencia, hasta que nuestro país logró ser república. Al repasar la historia de nuestro país concluimos que el conflicto en que se ha involucrado al pueblo mapuche se inicia con el intento de dominación del imperio Inca antes de la llegada de los españoles y perdura hasta hoy. Si bien han existido períodos de paz a través de los siglos que siguieron y de convivencia armónica entre mapuches y los demás habitantes de Chile, podemos señalar que las más de las veces esta relación ha sido de graves enfrentamientos y tensiones. La llegada de los españoles en los primeros años del siglo XVI tenía como objetivos fundamentales la conquista de tierras y riquezas para la corona española y la evangelización de los pueblos aborígenes, además del enriquecimiento personal de los expedicionarios. Tras estos propósitos, y no obstante los reclamos de algunas personalidades con gran sentido humanitario, entre ellos el padre Bartolomé de Las Casas y, posteriormente, el padre Luis de Valdivia, la conquista española recurrió a procedimientos extremadamente crueles de dominación sobre los naturales de nuestra América, particularmente cuando encontraron obstáculos para la expansión territorial, como ocurrió con los territorios de los araucanos. En esta continua lucha también hubo períodos de paz, acordados en los parlamentos. En 1700, por ejemplo, los jesuitas crearon un colegio para hijos de caciques en Chillán. En el siglo XVIII, el último de dominación española, hubo largos períodos de paz que permitieron intercambios económicos y culturales que enriquecieron a ambos pueblos. La Guerra de Arauco, que motivó a don Alonso de Ercilla a escribir su célebre epopeya en la que cantó al heroísmo y valentía de mapuches y españoles, fue una guerra regida por los cánones de la época. Los mapuches defendían sus tierras y sus bienes y los españoles pretendían ocuparlas y dominarlos imponiéndoles, además, su propia cultura. Distintas estrategias utilizaron los conquistadores españoles para resolver la confrontación; todas ellas fracasaron, hasta que en el siglo XVIII resolvieron aceptar la situación de autonomía y libertad de la zona de Arauco y, no obstante dos levantamientos indígenas, ese siglo fue de convivencia pacífica, de intercambios comerciales y de mutuas influencias culturales que resultaron beneficiosas para los hispanocriollos y para los mapuches. Bajo la administración del gobernador español Agustín de Jáuregui hubo, incluso, una representación de cuatro jefes mapuches, uno por cada distrito indígena, que tenía como función representar ante las autoridades hispanocriollas los problemas que afectaban a sus pueblos. Concluimos en que los españoles, en el último siglo de la dominación colonial, lograron una situación de entendimiento con los mapuches y de respeto a su libertad y a sus posesiones. Tal vez si este hecho determinó el apoyo que la mayoría de los caciques otorgó al militar realista Vicente Benavides en la reagrupación de un ejército que se levantó contra el gobierno de Bernardo O’Higgins, además del ofrecimiento de ampliar sus bienes al norte del río Biobío practicando el bandolerismo. Esta experiencia concluyó con la derrota de las fuerzas realistas en octubre de 1821 y la consolidación de la naciente República de Chile. He entregado estos antecedentes históricos porque permiten apreciar los orígenes y la complejidad del conflicto con los mapuches, que hoy debemos enfrentar. Bajo los gobiernos de la nueva República hubo acciones acertadas y otras, las más, muy desacertadas respecto a la relación con los pueblos aborígenes de nuestro territorio. Así, por ejemplo, Bernardo O’Higgins acertadamente dictó tres decretos que beneficiaron a los grupos étnicos autóctonos. Una vez proclamada la independencia de Chile, a través de una consulta popular que la legitimó, se dictó, con fecha 3 de junio de 1818, un decreto que sustituyó la denominación de español por la de chileno “entendiéndose, respecto de los indios, no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos...”. El segundo decreto, del 4 de marzo de 1819, reconoce la ciudadanía de los naturales de Chile, declarando “su derecho a ser llamados ciudadanos chilenos y libres como los demás habitantes del Estado, con los que tendrían igual voz y representación” así como derechos. Los exonera, además, de la contribución de tributos y “por consecuencia de su igualdad con todo ciudadano...”. El tercer decreto dictado por O’Higgins se orientó a “restablecer vínculos de amistad y unión con los araucanos, ceruchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes que durante la guerra de la independencia combatieron encarnizadamente contra los patriotas unidos al ejército real”, llamándolos a vivir en la más inalterable buena armonía y fraternidad. Por medio de este decreto se aseguraba la propiedad perpetua de las tierras de todos los indígenas. Un grave error constituyó la denominada “pacificación de la Araucanía” en 1882, encomendada al coronel Cornelio Saavedra y al coronel Urrutia. El pretexto para esta acción de guerra fue un levantamiento indígena cuyas causas fueron adoptar represalias por abusos cometidos en su contra por los “huincas”. Si bien existía la necesidad de consolidar el territorio chileno ante tentaciones colonialistas de otros países, preocupación que surgió por la experiencia del francés Orélie Antoine de Tounens, quien había logrado proclamarse rey de la Araucanía y de la Patagonia, la eufemística “pacificación de la Araucanía” se convirtió en una matanza indiscriminada de indígenas, utilizando modernas tecnologías de combate, y en una apropiación de sus tierras por parte del Estado. La Comisión Radicadora de Indígenas que a continuación se nombró otorgó un poco más de 500 mil hectáreas a los mapuches en forma de reducciones indígenas de carácter inalienable. El resto, es decir más de cinco millones de hectáreas, fueron rematadas por el Estado a particulares entre los que había colonos extranjeros, principalmente europeos y colonos nacionales. Los valles de mayor vocación agrícola fueron entregados a los colonos y las tierras de menor calidad a los mapuches. Este hecho constituyó un despojo de la propiedad de los mapuches. Otro error fue la dictación de un decreto supremo, en 1931, que permitió la división de las tierras convertidas en reducciones y su enajenación. Sabido es que propietarios de la zona utilizaron recursos éticamente vedados, como el otorgamiento de créditos hipotecarios impagables, para adquirir las hijuelas de los mapuches. Se calcula que hasta 1947 el pueblo mapuche había perdido 100 mil hectáreas por la venta o pérdida de sus tierras. Bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, la Ley de Reforma Agraria, bajo el lema de “la tierra para el que la trabaja”, hizo posible el acceso de los indígenas a tierras que les habían pertenecido; es así que la ley Nº 16.640 permitió la expropiación de tierras para ser entregadas a comunidades indígenas. En 1972, bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende, mediante la ley Nº 17.729 se puso fin a la división de las tierras pertenecientes a las comunidades autóctonas. Bajo estos dos gobiernos, se pusieron en marcha convenios entre la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Indígena, tanto para ampliar la propiedad de tierras indígenas hasta sus territorios ancestrales como para obtener créditos baratos y asesoría técnica para la producción. Las comunidades indígenas, por convenios con Cora y Conaf, sembraron centenares de hectáreas de bosques en los terrenos recuperados. Cuando aún estaba pendiente el traspaso de títulos de dominio sobre estos territorios en favor de los mapuches, los que permanecían en manos de la Cora, ocurrió el quiebre del sistema democrático en septiembre de 1973. El gobierno militar procedió al desalojo violento de los indígenas, devolvió los terrenos a sus antiguos dueños revocándose los decretos expropiatorios, quienes se beneficiaron, además, al recibir tierras sembradas con bosques. Estos bosques, que desde hace algunos años están en edad de explotación, señala el investigador Martín Correa, fueron plantados por los indígenas a través de acuerdos con organismos jurídicamente competentes del Estado chileno en terrenos que les habían sido conferidos por ley. Estos bosques fueron objeto de un nuevo despojo, esta vez por una autoridad política que había llegado de facto y por la violencia al ejercicio del poder. Pero los desaciertos continuaron: el gobierno militar embargó y remató tierras mapuches por deudas por concepto de contribuciones y otros; además permitió la división y enajenación de la propiedad indígena. Sólo en 1988 el gobierno remató 600 predios pertenecientes a los huilliches. Una medida positiva fue la ley Nº 19.253, que reconoce a las etnias y busca salvaguardar las expropiaciones de tierra resolviendo que por exigirlo el interés nacional éstas no podrán ser enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas. Esta ley creó el Fondo de Tierra y Aguas, administrado por Conadi, que permite adquirir terrenos para los mapuches. Hasta el año pasado este Fondo había materializado la entrega de 85 mil hectáreas de tierra y ha financiado programas de desarrollo en favor de las comunidades indígenas y de las personas. Sin embargo, la citada ley y otras medidas adoptadas bajo los gobiernos de la Concertación, no obstante ser positivas, han sido insuficientes. Como lo decía al comienzo de mi intervención, el 20% de los mapuches, es decir, 180 mil personas, vive en el sector rural, en la región de La Araucanía. Si revisamos el informe del Mideplan, podemos ver que, en el primer quintil del sector rural, 108 mil personas viven, en dicha región, con un ingreso promedio mensual per cápita de 15 mil pesos y que, en el segundo quintil, 80 mil personas viven con un ingreso levemente superior a los 25 mil pesos. Esa es la situación en que actualmente se encuentran nuestros hermanos de la Araucanía. La mirada panorámica que hemos dado al problema indígena, el que se arrastra desde hace quinientos años, requiere de una visión distinta respecto a cómo resolverlo y de acciones complementarias a las ya adoptadas. Es necesario, por ejemplo, reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas de Chile, otorgarles autonomía y crear mecanismos de participación ante decisiones políticas, económicas, educacionales, culturales y de organización ante materias que los involucran. Es necesario, además, continuar con el proceso de otorgamiento de tierras que en el pasado les pertenecieron, conforme los procedimientos legales; otorgarles asesoría en gestión para la producción, líneas de crédito blandas por parte del Banco del Estado, respetar su cultura y aportar a su preservación y enriquecimiento para así fortalecer su identidad como etnias. Chile tiene un retraso en materia constitucional, no sólo por las limitaciones a la democracia que la Carta del 80 establece, de por sí graves, sino, además, porque en materia de minorías étnicas no contiene ninguna mención. Hoy existen nueve países de América Latina en cuyas constituciones se contempla el reconocimiento a las minorías étnicas, dando lugar al carácter multicultural de la sociedad nacional. Una de tales constituciones, la de Colombia, establece incluso la discriminación positiva en favor de las comunidades indígenas. Esta pluralidad cultural que reconocen otros países hermanos no sólo significa la valoración de las minorías étnicas en la dignidad que merecen, sino además estimula el enriquecimiento de la cultura nacional. Cuando nos referimos a los hechos de violencia ocurridos principalmente en la Araucanía, debemos afirmar que no hay nada que lleve tanto a la violencia como lo hace la injusticia. Ésta es el germen de todo clima de violencia. Ello nos obliga hoy a reflexionar y a buscar los mecanismos para encontrar una solución a este problema, de manera integral y a nivel nacional. Considero, señores diputados, que hemos hecho poco en favor de las minorías étnicas. No comparto el criterio, expresado por algunos dirigentes indígenas, de crear un nuevo Estado en nuestro territorio, que los cobije. Considero, no obstante, que existe una deuda histórica del Estado y de la nación chilena con quienes, desde los albores de nuestra República, fueron reconocidos como ciudadanos iguales en derechos y deberes y a quienes les fueron reconocidas sus tierras entendidas como propiedad perpetua. Es esta la deuda que debemos saldar. Al respecto, me parece de gran importancia la decisión del Presidente Ricardo Lagos, en el sentido de crear una mesa de diálogo para enfrentar el problema indígena, asumiendo el compromiso de tratar de resolver de manera integral los problemas de las etnias originarias del país desde una perspectiva nacional e intersectorial. De esta mesa saldrá un cuerpo de políticas públicas, planes y proyectos que beneficiarán a quienes constituyeron los pueblos aborígenes de nuestro país, cuya cultura y cuyas acciones heroicas han llamado la atención del mundo. Nuestro compromiso debe estar orientado a fortalecer y hacer viable esta iniciativa. Estimo que al aprobar este proyecto vamos encaminados hacia lograrlo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la ministra señora Alejandra Krauss. La señora KRAUSS (Ministra de Planificación y Cooperación).- Al señor Presidente, a los honorables diputados y a quienes estiman que la aprobación de este Convenio es una aspiración largamente esperada, con cariño y respeto, les digo: mari mari pu lauien. Por formación profesional y personal, tengo un gran respeto por el Congreso. Me enorgullece profundamente dirigirme a ustedes en la certeza de que la relación que entablaremos será de colaboración, más allá de las diferencias propias de la dialéctica democrática. Antes de la votación sobre el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la adhesión de Chile al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, quisiera compartir con ustedes unas breves consideraciones al respecto. La dignidad de nuestras raíces y el respeto a ellas inducen al Gobierno del Presidente Lagos a solicitarles la aprobación del Convenio Nº 169, ingresado a la honorable Cámara de Diputados a principios de 1991, esto es, hace ya nueve años, tiempo suficiente para dar una respuesta a nuestro país, a nuestros compromisos internacionales y, por sobre todo, a los pueblos indígenas. La comunidad internacional de la cual formamos parte considera que la promoción y protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios debe constituirse en un principio inspirador de las legislaciones internas. El instrumento concebido para tal efecto es el Convenio Nº 169, cuya aprobación hoy está en vuestras manos. Este Convenio otorga un marco que orienta el tratamiento legal de nuestras etnias originarias en materia laboral, educacional, régimen de salud, tierras y en el ámbito penal, materias que ya han sido recogidas en gran parte por nuestra legislación positiva, sea en el Código del Trabajo y su legislación complementaria, o en la ley indígena, Nº 19.253, normativa trascendental, si bien perfectible, en el avance de la normativa aplicable a las etnias. Es importante destacar que con la aprobación del Convenio no se crearán situaciones que pudieran poner en peligro la unidad e integridad del Estado. Muy por el contrario, tal y como se señaló en el mensaje, su normativa se constituirá en freno a cualquier tendencia separatista, pues, como se dice en su exposición de motivos, propicia mayor participación de estos pueblos en el quehacer nacional cuando éste los afecte. Al existir en él propuestas que no están establecidas en nuestra legislación, el Ejecutivo hará aclaraciones, a fin de permitir su compatibilidad con el derecho interno. Por ello, tal y como ya se señaló en la Comisión respectiva y según se da cuenta en el correspondiente informe, se reafirmará lo expuesto en el Convenio en cuanto a que el concepto de “pueblo” no les otorga la calidad de sujeto de derecho internacional y que, esencialmente, lo que se pretende es la debida integración de los pueblos originarios en términos de igualdad, respetando sus peculiaridades culturales. El artículo 1º del Convenio señala que asumimos la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Se dejó expresamente establecido en el Convenio, particularmente en el número 3 del artículo 1º, que “la utilización del término pueblos (...) no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicancia alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. Lo anterior significa claramente que, conforme al derecho internacional, en relación con Chile, y no obstante el reconocimiento de que en su interior se encuentran poblaciones indígenas, existe un solo pueblo, tanto en orden a su estructura política interna como desde el punto de vista de la proyección de éste en el campo internacional. Es perfectamente posible que en la sociedad nacional coexistan diversos sectores entre sus habitantes que reúnan características atribuidas a los pueblos según el convenio y que provienen de la conjunción de variadas circunstancias históricas, sociales, sociológicas, lingüísticas, religiosas y culturales, y, sin embargo, seguiremos siendo una única nación. Así, los habilitados para ejercer los derechos son los individuos de los pueblos, pero en ningún caso éstos. Queremos ser muy explícitos en esta materia, para los efectos de la historia de la aprobación del Convenio. Asimismo, las normas y principios contenidos en el Convenio ya se encuentran incorporados en diversos documentos, leyes y en la propia Constitución Política de nuestro país. Aprobar el Convenio es sólo hacer realidad una legítima aspiración de nuestros pueblos originarios. Además, tal como se señaló en el mensaje, la declaración del Ejecutivo establecerá que el ejercicio de los derechos de estos pueblos no puede constituir privilegios ni afectar los derechos de los demás miembros de la comunidad nacional, ni se lesionará la integridad territorial de la república. Con las aclaraciones y prevenciones necesarias, el Convenio Nº 169 nos permitirá crear un marco de referencia legislativo básico para toda actividad encaminada a permitir el desarrollo integral de nuestros pueblos originarios, con la consideración y respeto a su historia y cultura. Asimismo, la adecuación normativa anunciada por el Ejecutivo para extender el régimen de concesiones mineras a las tierras indígenas, permitirá conciliar la normativa interna con el Convenio Nº 169. El principio de la discriminación positiva es una anhelada aspiración de nuestros pueblos indígenas, del Gobierno del cual formo parte y, estoy cierta, de todos los honorables parlamentarios aquí presentes. Se debe tener presente lo que el Convenio Nº 169 implica para nuestro ordenamiento: subrayar, de un modo constante y firme, el principio básico de la igualdad consagrado en la Constitución Política. La ratificación del Convenio Nº 169 es una de las principales aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de institucionalidad y de legislación. Así se concluye en el informe de la comisión asesora de Mideplan en temas de desarrollo indígena, la cual, luego de un arduo trabajo, sintetizó las más importantes demandas de las comunidades y organizaciones de las etnias de nuestro país. En relación con el supuesto problema de constitucionalidad que han planteado algunos honorables diputados, que básicamente se refiere a las normativas relativas a tierras y, específicamente, al acceso a los recursos naturales, en opinión del Ejecutivo tal problema no se da. En efecto, el Convenio dispone en su artículo 15, número 2, que en el caso de que los recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, situación que ocurre en nuestro ordenamiento, los gobiernos deberán establecer los procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, y siempre que sea posible, ellos deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades. Es decir, se respeta el derecho de propiedad que tiene el Estado sobre los recursos minerales. El Convenio sólo exige que existan procedimientos de consulta a los pueblos interesados, mas no que ellos sean propietarios de un derecho preferente sobre tales recursos. Este alcance ha suscitado diversas intervenciones de honorables diputados, quienes han invocado la constitucionalidad de algunos preceptos, particularmente del número 2 del artículo 15; pero bastaría adecuar la normativa interna, procediendo a modificar en forma aditiva el artículo 17 del Código de Minería, agregando un número 7º, que estableciera la necesidad de contar con la autorización del Presidente de la República, previo informe favorable de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, para ejecutar labores mineras en terrenos del dominio de los pueblos tribales. En el caso de casas y sus dependencias o de terrenos plantados de vides o árboles frutales, respecto de los cuales el artículo 15 del Código de Minería dispone que el permiso sólo puede otorgarlo el dueño, se puede modificar, con el objeto de que sólo las comunidades o personas podrán autorizar las labores mineras necesarias. A fin de concordar la legislación interna con los preceptos que a este respecto establece el Convenio, se ha planteado como alternativa una modificación al artículo 17 del Código de Minería, norma que establece que para ejecutar labores mineras en cementerios, parques nacionales, etcétera, se requiere de un permiso previo de la autoridad que se señala en cada caso. Por lo tanto, el titular de la concesión minera no puede actualmente ejercer sus derechos de exploración o explotación en estos casos sin la autorización correspondiente. De esta manera se podría modificar el Código de Minería y en especial dicho artículo, y agregar que en el caso de tierras indígenas se requerirá de la autorización del Presidente de la República, previo informe favorable de la Conadi, como señalé, con lo cual se mantendrá coherencia con la legislación vigente. Asimismo, si se examina detenidamente cada uno de los preceptos del Convenio, puede observarse que están formulados como nuevas aspiraciones programáticas, entregadas a su realización en la medida de lo posible, mientras que los que tienen carácter imperativo, tal como lo han sostenido los constitucionalistas, no son incompatibles con los principios constitucionales, y todos ellos pueden llegar a ser interpretados y desarrollados dentro de la letra y del espíritu de la Ley Fundamental. O sea, se trata de normas puramente programáticas, que podrán ser concretadas dentro de las posibilidades de realización, y de reglas imperativas que darán origen a la obligación de adoptar normas legales encaminadas a concretarlas dentro de las bases generales de la Constitución. La ley indígena establece como deber de la sociedad y del Estado respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Quiero leerles una breve cita: “Para mí, este viaje significa comprender más y entender mejor a una parte de Chile. La riqueza de un país está en la diversidad, en sus costumbres y tradiciones. Esta diversidad es parte de nuestra riqueza y nuestra fuerza, por eso tenemos que integrar nuestras tradiciones y costumbres”. Para quienes votaron, en forma secreta e informada, por el candidato presidencial de la Alianza por Chile, don Joaquín Lavín, debo señalar que estas palabras recién leídas fueron dichas por él el martes 31 de agosto de 1999, comprometiéndose de esa forma con los pueblos indígenas de nuestro país. Invocando la norma ya citada y haciendo valer el compromiso que muchos de ustedes contrajeron al votar por el candidato Joaquín Lavín, solicito a los honorables diputados, quienes convirtieron en ley de la República el proyecto de ley indígena, que den su aprobación a este proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169. Ya han pasado diez años, y nuestras raíces no pueden seguir esperando. Muchas gracias. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero referirme brevemente a este Convenio y señalar que, a mi juicio, el tema principal que aquí se discute es cultural y también histórico, respecto de los cuales tenemos algunas distancias. Algunos partimos de la lectura histórica de que este territorio que hoy se llama Chile fue ocupado por otros antes de que llegáramos, antes de que lo conquistáramos, antes de que restringiéramos a los aborígenes a sus actuales territorios, antes de que les usurparan sus tierras. Es decir, tenemos una lectura histórica de lo que pasó en indoamérica, de cómo el proceso de colonización usurpó derechos de otros. No obstante, desde el fin de la segunda guerra mundial se han ido creando bases de una nueva comunidad internacional, con el objeto de otorgar derechos a quienes les fueron pisoteados, y a quienes han sido discriminados y marginados a lo largo de estos años. Entre las personas a las que se les han reconocido derechos y que son sujetos del derecho internacional, están, por cierto, las mujeres, que en nuestras sociedades fueron discriminadas históricamente; en nuestro país, recién se les consideró ciudadanas con derecho a voto en la segunda mitad del siglo. En ese mismo contexto, los niños figuran como sujetos del derecho internacional gracias al Convenio de los derechos de la infancia, y también los pueblos indígenas, a los cuales hoy, a través de diferentes instrumentos internacionales, se les reconoce como sujetos de derecho internacional, por cuanto han sido discriminados, han sido arrinconados y se han violentado sus derechos. Por ello partí señalando que aquí está en discusión un tema de cultura, es decir, de cómo estos nuevos pueblos, entre los que estamos los chilenos, hacemos ajustes con nuestra historia. Para ese efecto, uno de los elementos dice relación con el reconocer al otro, con tolerar al otro, con respetar al otro. Nuestro país tiene una gran deuda respecto de reconocer los derechos de los otros, entre los cuales se debe considerar a los pueblos indígenas en su totalidad y no sólo a los mapuches que, sin duda, es el más numeroso, ya que en nuestro territorio habitan, viven y se desarrollan culturalmente más de diez pueblos indígenas de diferentes características. Este Convenio, al igual que otros similares, reconoce derechos a esos pueblos; reconoce su existencia, que es tremendamente importante, y establece las bases para políticas de discriminación positiva en beneficio de estos ciudadanos que habitan en este territorio que se llama Chile, pero que tienen particularidades. En este contexto es útil reflexionar sobre el concepto de integración. El gran problema de algunos es no querer aceptar que la diversidad es sana, que es buena, que no todos somos iguales ni estamos obligados a derretirnos en un crisol y a perder nuestras identidades. Como concepto, hasta ahora, la integración ha sido domesticación, asimilación, uniformidad, lo que hace muy mal, a mi juicio, a los pueblos y a las culturas. Necesitamos asumir la pluralidad de nuestra sociedad en materias etarias, de género, étnicas, culturales, políticas y sociales y no decir, como lo hacen tantas veces los medios de comunicación, que todos somos iguales. No somos todos iguales, y en buena hora. A partir de nuestras diversidades, todos debemos tener derechos, y la ley y los tratados internacionales tienen que garantizarlos. Por ende, entiendo que este convenio reconoce a los pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional. Al respecto ya lo hemos debatido en otras ocasiones; recuerdo que el colega José García lo planteó una cosa es reconocer la diversidad y otra, abrir la puerta a movimientos separatistas en el país. Sobre la materia, ninguno de los parlamentarios presentes creemos que al reconocer al otro, con sus especificidades, derechos culturales y ancestrales y también sobre la tierra después me quiero referir a eso, se está abriendo la puerta para legitimar algo que está fuera de discusión: que Chile es un Estado, una nación, un territorio en el cual convivimos personas diversas. Aquí no está en discusión la posibilidad de crear estados dentro del Estado de Chile y, por tanto, el sujeto del derecho internacional el Estado es uno en el país, aunque en su interior coexistan y de hecho coexisten diferentes pueblos y personas. Señalo esto porque en la actualidad la persona es sujeto del derecho internacional y no sólo las comunidades. A veces, nos enredamos en estos conceptos. El ser humano, la persona, no sólo tiene derechos dentro de nuestro territorio, sino que cada uno de nosotros somos sujetos del derecho internacional y, en este contexto, por cierto, también los pueblos indígenas. Nos interesa ver cómo se ejercen estos derechos, cómo en ciertos momentos se discrimina en favor de quienes han sido discriminados en forma histórica. En eso quiero destacar sólo dos o tres tópicos. Uno es el tema del derecho a la tierra. Nuestra cultura dominante ha elevado la propiedad privada al nivel de principio sacrosanto, sobre el cual, a lo menos, habrá que asumir que es un concepto histórico, que está delimitado temporalmente. El concepto de la propiedad privada no es ante Dios ni menos ante los derechos más consustanciales de las personas. Es un derecho situado históricamente y los pueblos que habitaron este territorio, que hoy se llama Chile, tienen otro concepto de la propiedad, de la tierra, diferente del que tiene nuestra cultura dominante. En esto, como país, debemos tratar de compatibilizar dos visiones distintas, a partir del reconocimiento de un hecho: antes que nosotros, hubo otros que habitaron estas tierras. Eso está consagrado en leyes que ha aprobado el Congreso Nacional. Los criterios sobre la tierra son, ni más ni menos, aspectos que hemos reconocido anteriormente: que los pueblos tienen derecho a tener y a traspasar la tierra de acuerdo con sus tradiciones y no necesariamente de acuerdo con las nuestras. Significa respetar la diversidad cultural, los distintos conceptos que hay sobre la tierra. A los mapuches, uno de los pueblos indígenas de nuestro territorio, les parece un poco absurdo que uno sea dueño de la tierra por un motivo obvio: por su cosmovisión, si uno es de la tierra ¿cómo puede ser dueño de ella? Eso tiene que ver con la tolerancia. Por último, espero que, en la medida en que aprobemos el convenio, que refuerza el derecho internacional, que obliga al Estado chileno ante la comunidad internacional con una serie de normas y en torno a una en particular, logremos dar pasos más sustantivos de los que hemos dado. Me refiero en particular al tema de la educación. La señora ministra nos ha dado una indicación muy clara sobre tenencia de la tierra en relación con el subsuelo, sobre el cual, a mi juicio, agregaría como referencia la ley de bases del medio ambiente, que establece restricciones a la propiedad, y en buena hora, porque está en discusión un derecho constitucional superior. Sin embargo, tal como he compartido la visión de la señora ministra en torno al tema, quiero pedir que el Gobierno informe a la Corporación sobre cómo vamos a avanzar en la educación para asegurar que haya políticas de discriminación positiva en este ámbito. No hemos logrado hacer realidad la educación bilingüe en todas las escuelas a las que asisten alumnos mapuches. En verdad, la mayoría de la población mapuche vive en Santiago, según los censos del país por mencionar una sola de las muchas etnias y todavía no tenemos educación bilingüe, como requerimos. Entiendo que es difícil formar profesores y profesoras con esa especialidad, pero siento que, en la medida en que aprobemos el convenio, adquirimos nuevas obligaciones internacionales que a todos nos interesa fortalecer. Respetar la diversidad, fortalecer su reconocimiento y, sobre todo, ser un país más tolerante, creo que es lo que está detrás del Convenio, por lo que la bancada socialista va a votar favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio, con la convicción de que aquellos que argumentan tópicos como el de la inconstitucionalidad, o aquellas personas que, como representantes del gobierno militar en 1989, no votaron a favor de este convenio, con el tiempo podrán hacer una reflexión en cuanto a que, al abrirse el nuevo siglo, nos debe caracterizar cada vez más como nación la tolerancia, el respeto al otro, y entender que en el respeto al otro también hay que respetar visiones o cosmovisiones de cada uno que no tienen por qué ser iguales. Es buena la existencia de pluralidad y también aprender a convivir y a tolerar las diferencias que tenemos. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en esta Sala se ha hablado de una discriminación positiva. En la Cámara de Diputados y en el Senado estamos llenos de buenas intenciones que en la práctica no han funcionado, y voy a poner un par de ejemplos. Todos sabemos que la ley indígena establece que las tierras indígenas no se pueden enajenar y que están libres de contribuciones. Eso no es novedad para nadie; en cambio, las tierras que derivan de la reforma agraria no son tierras indígenas, pagan contribuciones y las pueden vender, aunque sus propietarios sean mapuches. Vale decir, un mapuche que adquirió una parcela a través de la reforma agraria, tiene que pagar contribuciones, sus cuotas y la puede vender, a diferencia de un mapuche, cuyas tierras no estuvieron afectas a la reforma agraria, que no paga contribuciones, pero no las puede vender y queda atado. En consecuencia, dentro de los mapuches, las mismas leyes chilenas hacen discriminaciones: unos adquirieron la tierra como consecuencia de la reforma agraria y otros, por herencia de sus ancestros. También los mapuches hablan de que les han expropiado la tierra. Hay muchos casos. Por ejemplo, en la zona costera de la Novena Región ha habido muchas ampliaciones de caminos, el Fisco les ha expropiado y llevan meses esperando que se les pague. Ahí tenemos otra discriminación hacia ese pueblo. Todo el mundo habla de su pobreza, de que se les va a ayudar y el propio Gobierno no les paga las expropiaciones. En la honorable Cámara de Diputados se habla de sus tierras ancestrales. ¡Qué lindas palabras! ¿Y quién les expropió las tierras ancestrales a los mapuches cuando llevaban sus animales a las veranadas en la precordillera de la Séptima, Octava y Novena regiones? El Gobierno, que hace parques nacionales, reservas forestales y prohíbe que lleven a sus animales a las veranadas porque son tierras del Estado. Estos mismos son los que hablan de que hay que hacer una discriminación positiva, cuando los mapuches no pueden pastorear; no los dejan sacar leña. ¡Nada! Y quienes disponen esas prohibiciones son los que están haciendo las leyes para favorecerlos. Los mapuches usaron esas veranadas durante cientos y miles de años y nunca hubo daño ecológico, y hoy no pueden hacerlo porque, según los genios del Gobierno, se causa daño ecológico a esos parques nacionales y reservas forestales. Entonces, ¿de qué respeto al territorio ancestral me están hablando cuando es el propio Gobierno quien no respeta al pueblo mapuche? Respecto de una ley discriminatoria positiva, yo le pregunto a la honorable Sala ¿cuántos mapuches se han beneficiado con la ley indígena que establece, por ejemplo, que se les deben entregar fondos para electrificación? Hoy, en las comunas de Curarrehue y Melipeuco hay gente que no puede acogerse a los planes de electrificación porque no tiene ciento treinta mil pesos para pagar la cuota inicial. ¿Y dónde está lo dispuesto por la ley mapuche que otorga fondos para ello? El diputado Jarpa ha dicho que hay gente que vive con diez y quince mil pesos en la Novena Región. Ello significa que a muchos mapuches que hicieron el esfuerzo de reunir esos ciento treinta mil pesos se les ha cortado la luz porque no pueden seguir pagando ese servicio. ¡Y así me hablan de ayuda al pueblo mapuche! Estos son los convenios internacionales. Yo me pregunto si realmente el pueblo mapuche quiere convenios. ¿No querrá, a lo mejor, más créditos, tecnología, educación, salud y mayor ayuda en la tierra? ¿Y quién no respeta a los mapuches? Estamos acostumbrados a convivir con ellos, desde nuestros abuelos. Hemos vivido toda la vida con ellos. En consecuencia, aprobemos el Convenio. Da lo mismo. Está demostrado, claramente, que los convenios y las leyes que se han aprobado en el Congreso no se han materializado en una discriminación positiva. Los han postergado más y, hoy, las autoridades se están preocupando de veinte o treinta comunidades más revoltosas y no de las mil doscientas que están dedicadas a trabajar y que no han tenido incentivos para poder desarrollarse como ellas quisieran. Esas son verdades. ¿Cómo no voy a saber yo si me he criado y vivo en la Novena Región? Esta gente de Santiago dice que también hay mapuches urbanos. Claro que sí y hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque no han tenido ayuda. Hoy se habla de un millón de mapuches en la Novena Región, pero no de los seiscientos mil que viven en Santiago. Y si tanto nos preocupáramos de nuestros ancestros o antepasados, ellos debieran estar trabajando su tierra, algunos educándose, y no preocupados de salir a buscar nuevas posibilidades que los gobiernos no han sido capaces de proporcionarles. Por eso, me da lo mismo. Voy a apoyar el convenio porque contiene buenas intenciones que, en el fondo, nunca se cumplen. Los mapuches quieren dignidad, trabajo, ayudas concretas y no más palabrería ni gente que se aproveche de ellos en períodos eleccionarios, cuando les ofrecen cosas que después no cumplen. El pueblo mapuche está cansado, reitero; quiere ayudas efectivas y no más palabrería. El otro día, cuando le leí a la señora ministra el artículo 10, me dijo que yo actuaba por presunción y, hoy, el diputado Krauss, su padre, expresa que no; que se van a respetar los derechos y las leyes. Es decir, él también está actuando por presunción, porque presume que este Convenio va a estar por sobre la Constitución, y mi pregunta apuntaba justamente en el sentido de si se van a respetar las concesiones mineras; si en relación con el artículo 10, cuando un mapuche, un aimara o alguien de cualquier etnia comete un delito no puede ir preso. Esa es una discriminación. ¿También dirán que es positiva? Perdónenme, la verdad es que la igualdad que tanto han expresado es ante la ley, porque nadie puede ser diferente ante la justicia. O sea, discriminamos cuando tenemos que enjuiciar a un ex presidente; pero, ante la ley, todos los chilenos somos iguales. En consecuencia, estos convenios no pueden atropellar la Constitución Política de la República. El mapuche es respetuoso de la ley y no permitamos que la infrinja. Eso no es discriminación, sino, a lo mejor, amparar a un grupo de personas que van a aprovecharse de las etnias para cometer fechorías. Los mapuches no se prestan para eso y no queremos que constituya una discriminación positiva. Eso no es ser positivo, sino crear malos precedentes respecto de la igualdad ante la ley, que tanto predicamos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Me gustaría que la señora ministra me aclarara si, en nuestro país, un convenio puede estar por sobre la Constitución Política, porque creo que ella no puede ser avasallada por un convenio que, al ser aprobado, se transforma en ley. Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al diputado José Antonio Galilea. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor GALILEA (don José Antonio).- Señor Presidente, en vista de la intervención del diputado René Manuel García, le ruego que me borre de la lista de inscritos, porque, también como representante de la Región de La Araucanía, manifiesto mi acuerdo con el ciento por ciento de las cosas que él ha manifestado. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Puede continuar diputado señor García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, repito que me gustaría que quedara establecido para la historia de la ley como a todos les gusta, que la señora ministra nos aclarara si un convenio o ley común puede estar por sobre la Constitución. En honor al tiempo, voy a terminar aquí mi discurso y anuncio mi voto positivo a este proyecto. Ojalá se cumpla lo que los convenios y las leyes disponen con respecto a los pueblos mapuche y ancestrales de nuestro país. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, después del brillante discurso del diputado René Manuel García, al cual también adhiero en todas sus partes haciendo presente que los indígenas de mi distrito son los aimaras y que, sin duda, han tenido exactamente el mismo trato que los mapuches, quiero que, por su intermedio, la señora ministra me conteste qué vamos a hacer en Arica, donde hay 350 mujeres detenidas en la cárcel por tráfico de drogas y el 95 por ciento de ellas pertenece como decimos en la región a la sierra, o sea, a etnias. El artículo 10 establece claramente que habría que hacer una diferenciación en la parte penal; pero me gustaría mucho saber cómo nos vamos a arreglar. Asimismo, de una población penal de 1.400 hombres, 800 están detenidos por tráfico de drogas y son también de la sierra. Como todas esas personas están procesadas con penas bastante largas, quisiera saber si la aprobación de esta iniciativa implicaría que se les deberá dar un trato preferencial a las personas procesadas por tráfico de drogas; si serán encarceladas, se las dejará en libertad o será necesaria la construcción de otros centros de detención o medios similares. A mi juicio, el problema no es menor, toda vez que Chile se está transformando en un verdadero pasadizo de la droga hacia Europa y Estados Unidos. Por ello, cualquier señal equivocada puede llevar a los productores a incentivar el tráfico por nuestro país, y a los carteles internacionales a aumentar esta exportación no tradicional. Me asiste la certeza de que las autoridades chilenas han hecho innumerables esfuerzos en el combate contra la droga, mediante la dictación de leyes para estos efectos. Los jóvenes están padeciendo las consecuencias de su consumo. Por ello, a pesar de mi voto afirmativo, creo que debemos ser muy cuidadosos en la aprobación del tratado y realizar los cambios necesarios a la legislación interna para dar claros indicios al mundo que su aprobación no incentiva ni beneficia a los traficantes de drogas. Debemos ser muy cuidadosos, pues en mi región el tema es muy sensible y, por lo demás, afecta al país entero. Aparte de las otras consultas formuladas a la señora ministra, me gustaría que me aclarara el artículo 17 del Código de Minería. En nuestra zona, esa actividad está paralizada sólo por estarse tratando esta iniciativa de ley. Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al diputado señor Díaz. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, junto con apoyar lo mencionado por el diputado señor René Manuel García, plantearé dos o tres inquietudes relacionadas con la discriminación positiva. Después de esta lata discusión, pregunto a quién se discrimina positivamente. El pueblo mapuche, a quien tengo el honor de representar en la zona costera de la Araucanía, es mestizo está profundamente mezclado, hijo del sincretismo, mayoritariamente cristiano, cree en el derecho de propiedad y demuestra un gran patriotismo hacia su cultura y hacia Chile. A mi modo de ver, se debe evitar la discriminación por raza y no por pobreza, a fin de que no ocurra una situación similar a la de Marcelo Salas Melinao, quien, sin necesidad, ha comprado a través de la Conadi una porción importante de tierras en la zona de mi distrito, en circunstancias que no pueden hacer lo mismo campesinos de origen no mapuche, en situación de pobreza extrema. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recupera la palabra la diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, sólo para reiterar la importancia de mis consultas a la ministra señora Krauss. Gracias. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra la señora ministra de Planificación. La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).- Señor Presidente, con el mayor respeto contestaré las preguntas de los diputados señor René Manuel García y señora Rosa González. Insistir en el tema del narcotráfico, en las implicancias o interpretaciones extensivas que se pretenda dar a las normas contenidas en el convenio, constituye una visión un poquito errada y catastrofista, que el Gobierno no comparte, porque cree profundamente en los pueblos originarios. Las normas contenidas en un texto legal deben interpretarse en su contexto general, no en forma aislada, porque así lo establece el Código Civil. El convenio pretende la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por consiguiente, la interpretación de una norma en forma aislada con seguridad será errada y no atingente. Las normas respecto a delitos no se aplican en el convenio en los términos de la inquietud formulada por los señores diputados, toda vez que cualquier atenuación o eximente de responsabilidad debe ir contextuada dentro de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. Así lo establece en forma expresa el convenio. Asimismo, tal como le constesté en una oportunidad anterior al diputado señor René García, la costumbre, como fuente de derecho, ya se está aplicando en el país. Por ende, insistir en ese punto no nos conduce a nada satisfactorio respecto de lo que se pretende con el convenio. En cuanto a la supremacía o no de la Constitución sobre el convenio, eso está establecido en una norma expresa en la Constitución Política de la República. Supongo que aquí todos somos sujetos de derecho y perseguimos el respeto absoluto al Estado de Derecho, por lo menos así lo ha manifestado el Gobierno del Presidente Lagos y me comprometo a eso ante la Cámara. La Carta Fundamental consigna en forma expresa que todos los convenios deben adecuarse a la norma fundamental. Somos un Estado de Derecho. Así lo ha señalado el Gobierno y me comprometo a ello. Muchas gracias. En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala: El señor MONGE.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la mayoría de las intervenciones que los honorables colegas han hecho en este hemiciclo a raíz de la discusión del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Me agrada escuchar la fuerte dosis de pasión existente en algunas de ellas, como también la facilidad con que algunos se desentienden del pasado histórico del país, de nuestra tradición y de nuestra realidad actual, olvidando que los legisladores de hoy somos los accidentales continuadores de los primeros legisladores chilenos que iniciaron nuestra tradición y representamos al Chile de siempre. Se presentan hoy algunos señores diputados como agentes justicieros, generados espontáneamente en otra galaxia o en una instancia internacional, que irrumpen en Chile del año 2000 para hacer justicia y hacer tabla rasa de todo, para poner orden en un país donde pareciera que se practican desde siempre las más abyectas prácticas de discriminación, segregación, exterminio y atropello sistemático a las minorías étnicas. A fuerza de repetir el sermón nosotros mismos, al igual que la opinión pública, nos vamos convenciendo de que así fue y sin darnos cuenta vamos renegando y menospreciando nuestro rico pasado histórico y jurídico. Chile es uno solo: el de ayer, el de hoy y el que vendrá, y es, ha sido y será, el que los chilenos quisimos o queramos que sea. Nuestros aciertos y nuestros errores históricos como país independiente son nuestros, son patrimonio de todos nosotros y debemos también asumirlos entre todos, con autocrítica, tanto para celebrarlos como para condenarlos. Son creaciones colectivas de todos nosotros a través de quienes asumieron las funciones de gobierno de la nación en cada período histórico. Si dejamos de lado algunas consignas y lugares comunes, tan propios de nuestra vida política, cada vez que profundizamos en el conocimiento de nuestra historia, en el desarrollo de nuestras instituciones y en especial en el de nuestra legislación, debemos sentirnos orgullosos de la evolución que como país hemos experimentado. Más orgullo aún debemos sentir cuando la comparamos con la de otras naciones, que hoy incluso pretenden erigirse en nuestros tutores y jueces en las materias más diversas, no obstante tener un pasado negro y siniestro de opresión, exterminio y esclavitud. Sin duda que no hemos sido perfectos ni mucho menos, pero a todos ellos les damos cancha, tiro y lado en estos temas. Mayor aún es nuestro mérito si consideramos las particulares condicionantes históricas, nuestro consabido aislamiento geográfico y los limitados recursos económicos con que nos hemos desarrollado como nación. El tratado que hoy nos ocupa presupone la existencia de países con legislaciones muy atrasadas, no sólo en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, sino también en el ámbito social, cultural y en el respeto de los derechos inherentes a la persona humana y la existencia de pueblos o tribus absolutamente segregados del resto de las respectivas comunidades nacionales en que se encuentran insertos, lo cual afortunadamente no es la tónica de lo que ocurre en Chile. Por el contrario, el alto grado de mestizaje de nuestra población, estimado en más de un 88 por ciento, los esfuerzos que desde hace muchos años se vienen realizando por diferentes gobiernos y actores políticos, sociales y religiosos para elevar los niveles de vida de la población indígena, y su integración, en parte forzada, por los crecientes procesos de “urbanización” de la población rural al decaer la actividad agrícola, que constituía hasta hace unos pocos años su principal fuente de sustento, ha significado de una u otra forma y nos guste o no, altos y efectivos grados de integración racial y cultural de nuestras etnias, con la que podríamos denominar la “cultura chilena dominante”, fenómeno sin duda inicialmente doloroso para quienes han protagonizado la experiencia, pero mucho menos traumático y difícil de lo que algunos interesadamente pretenden hacernos creer. Quienes nos consideramos chilenos y nos sentimos orgullosos de nuestros genes indianos, en diferente medida hemos sufrido a nivel de nuestras historias familiares incluso desde antes de la llegada del conquistador europeo episodios de violencia, de discriminación, de enfrentamientos y de injusticias y hemos debido asumirlos y son hoy parte de nuestro bagaje histórico y cultural. Han tenido lugar sucesivas invasiones y pugnas étnicas precolombinas, la expansión del imperio inca, la conquista española y el proceso de la llamada pacificación de la araucanía, desde el punto de vista indígena, y la lucha por la independencia, las guerras de Arauco, salteos y malones, la guerra a muerte, las guerras civiles y externas en las cuales se vio involucrado el país, desde el punto de vista “chileno”. Parte de nuestro “ser histórico” ha sido a través de los tiempos, indistintamente, dominante y dominado, invasor o invadido, agresor o agredido, conquistador o conquistado. Estos antecedentes nos demuestran que nuestra problemática indígena es diametralmente diferente a la que presentan otros países con realidades muy diferentes a la nuestra. Nuestras raíces han interactuado por casi 500 años, quizás con una secuela de encuentros y desencuentros, pero en que sin duda los primeros son muchos más numerosos que los segundos; donde hemos creado una cultura con particularidades propias, con elementos culturales europeos e indígenas y que rescata componentes de unas y otras, pero distinta a la europea y sin duda distinta y en muchos aspectos quizás superior a la indígena pura. No estamos en la disyuntiva de esclarecer si una de las dos culturas es superior a la otra, porque tal vez nunca llegaremos a un acuerdo, ni si unos individuos dentro de la sociedad tienen más derechos que otros a sentirse dueños de un territorio o de una parte de él; la verdadera disyuntiva es determinar qué elementos nos faltan para que todos nos sintamos cómodos en ese gran proyecto de país llamado Chile, respetando nuestras diversidades y asegurando la igualdad efectiva de oportunidades y derechos. No es tiempo de recriminaciones por las deudas del pasado, ni alegar compensaciones por los errores cometidos por individuos pertenecientes a los diferentes grupos de nuestro componente racial a través de la historia, porque éstas son incobrables por parte de las víctimas anónimas, y los responsables tampoco están hoy entre nosotros. Nuestros pueblos autóctonos tienen todo el derecho a reclamar su derecho a la diversidad y a conservar su identidad cultural, en tanto cada individuo pueda elegir libremente el grado de integración que desea tener con la sociedad mayor o cultura dominante, pero bajo ningún concepto ni pretexto imponer prácticas contrarias a ciertos principios y derechos universalmente aceptados por el resto de la humanidad; me refiero al respeto a los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos civiles, los derechos de la mujer, el derecho a la educación y a la salud, los derechos reproductivos, la monogamia, las prácticas democráticas y tantos otros que, muchas veces, son contradictorios con las prácticas y costumbres de nuestras minorías étnicas, porque hacerlo significaría un claro retroceso en todo lo que se ha avanzado en estas materias, en los últimos siglos. Me considero un admirador y defensor de nuestras culturas aborígenes, pero así como debemos preservarlas, también creo que no podemos caer en el exceso de idealizarlas, a tal punto de no reconocer en ellas ningún defecto, porque como toda creación humana tampoco son perfectas y sin duda algunos aspectos de ellas son contradictorios con muchos logros que hoy son patrimonio de la humanidad y que sin duda aseguran al individuo mejores condiciones de vida y de desarrollo espiritual y material. Me preocupa también que por la vía de convenios internacionales se tienda a “africanizar” a todo el continente americano, lo que significará entrabar nuestras legítimas expectativas de desarrollo e integración nacional. Anuncio mi voto a favor del convenio, pero estimo que el Gobierno debe ratificar el convenio formulando las declaraciones que anunció el canciller del gobierno anterior y hacer expresa reserva del artículo 10 del convenio por ser contrapuesto con el orden jurídico interno del país. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 11 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. El señor CORNEJO (don Aldo).- Solamente quiero dejar constancia de que se reunió el quórum requerido. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Es sólo para dejar constancia de que mi voto no apareció marcado y es favorable. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Cuál es la votación definitiva, entonces? El señor LOYOLA (Secretario).- Con los votos de los señores Andrés Palma y Navarro son 72 votos a favor. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Arratia, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Díaz, Elgueta, Encina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Melero, Molina, Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Recondo, Reyes, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Vargas, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Bertolino, García-Huidobro e Ibáñez. Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca, Correa, Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Fossa, Guzmán, Martínez (don Rosauro), Orpis, Prokurica y Vilches. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Alejandra Krauss. La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).- Señor Presidente, agradezco a los honorables diputados la aprobación del acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169. Además, debo señalar, en nombre del Gobierno que represento, que dicho convenio será aplicado con prudencia y con pleno respeto al Estado de Derecho de nuestro país. (Aplausos). INCREMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. Primer trámite constitucional. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Julio Dittborn. Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 2475-25, sesión 27ª, en 7 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4. Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en esta oportunidad me corresponde informar sobre el proyecto que incrementa el Fondo de estabilización de precios del petróleo e introduce algunas modificaciones muy sustanciales a su operatoria. Conviene recordar que, en sus inicios, la iniciativa en estudio contenía un solo artículo que incrementaba el monto del Fondo de estabilización de precios del petróleo en 62,8 millones de dólares, proyecto muy similar al que la Cámara aprobara en enero del año en curso, que también aumentaba el Fondo en 200 millones de dólares. Frente a este proyecto, los diputados de la Alianza por Chile y algunos invitados académicos, argumentamos al Ejecutivo que no estábamos dispuestos a votar favorablemente los parlamentarios un incremento de los recursos del Fondo si, simultáneamente, no se modificaban algunas normas respecto de su funcionamiento. Reconozco que el Gobierno del Presidente Lagos aceptó discutir algunas modalidades del funcionamiento de dicho Fondo, lo que se llevó a cabo en la Comisión de Hacienda. En lo personal, y creo representar a los diputados de la Alianza por Chile, agradezco la apertura del nuevo Gobierno, porque, a mi juicio, permitió establecer algunos cambios muy significativos e importantes en el funcionamiento del Fondo. Mediante esta nueva iniciativa, se aumenta en 62,8 millones de dólares los recursos del Fondo, el cual debe contar con una cifra de alrededor de 150 millones de dólares. Pero lo más importante, a juicio de este diputado, no es tanto el aumento en la cantidad de recursos, sino los cambios a la operatoria del Fondo de estabilización de precios del petróleo, que fundamentalmente son tres. El primer cambio se refiere a que el precio de referencia variará semanalmente y será fijado en forma técnica, a través de una fórmula matemática que se establecerá en el reglamento respectivo. El proyecto sólo establece criterios o parámetros generales. Respecto de este punto, próximamente presentaremos una indicación, que hemos concordado quienes, para este efecto, integramos una pequeña subcomisión dentro de la Comisión de Hacienda, para acotar la desviación que puede tener el precio de referencia respecto de los precios de paridad de importación. La materia es muy técnica y no quiero distraer a los honorables diputados con detalles, pero, básicamente, con la indicación se evitará que el precio de referencia o, dicho de otra forma, los subsidios que se otorguen se alejen sustancialmente del precio internacional del petróleo, que es relevante para el país. Se ha presentado a la Mesa la indicación y entiendo que se votará en su oportunidad. ¿Qué significación tiene el hecho de que el precio de referencia se establezca mediante una fórmula matemática y no como es ahora, a través de una decisión política del Ministerio de Minería, con la aprobación del Ministerio de Hacienda y de la Comisión de Energía? Que la autoridad política, que administra el fondo de estabilización de precios del petróleo, no podrá hacer cambios por presiones de orden gremial, por conveniencias de carácter político o por cualquiera otra razón. De manera que el precio de referencia, que es el del medio de la banda del Fondo de estabilización de precios del petróleo, en el futuro será fijado por razones técnicas y no políticas. A nuestro juicio, esto es positivo, por lo cual los diputados de la Alianza por Chile hemos presentado la indicación a que he aludido. El segundo cambio en la operatoria del fondo tiene que ver con la distribución en cinco subfondos, uno para cada producto: para las gasolinas automotrices, para el kerosene doméstico, para el gas licuado, para el petróleo diesel y para los petróleos combustibles. Cada subfondo tendrá un monto inicial de recursos, que resultará del fondo general dividido por cinco, en función de la importancia dentro del consumo en el país de cada producto. A su vez, cada subfondo tendrá un precio de referencia y una banda dentro de la cual se moverá aquél. ¿Cuál es el objetivo de la creación de los cinco subfondos? Fundamentalmente, evitar que los consumidores de un producto subsidien a los consumidores de otro producto. Es decir, en términos económicos, asegurar que los precios relativos de los cinco productos sean los reales y evitar que el gobierno de turno, que administrará el Fondo, pueda subsidiar a los consumidores de un producto financiado por los consumidores de otro producto derivado del petróleo. El tercer cambio en la operatoria es la modificación de la manera en que, a través del Fondo, se dan créditos o subsidios o se colocan impuestos al consumo de los derivados del petróleo. Aquí daré una breve explicación de cómo funcionará el Fondo. Tendrá un precio de referencia, que, como ya dije, será fijado por una fórmula matemática. Si al precio de referencia se le suma un 12,5 por ciento, resulta el precio techo; si se le resta un 12,5 por ciento, se obtiene el precio piso. En la medida en que el precio internacional se mueva dentro de estas bandas, de más 12,5 por ciento y de menos 12,5 por ciento del precio de referencia, el Fondo no operará y los chilenos deberán pagar el precio internacional del crudo por los productos derivados del petróleo. Sin embargo, una vez que el precio internacional supere el precio techo o esté debajo del precio piso, el Fondo operará. Específicamente, ¿cómo operará? Según la ley vigente, que se modifica por el proyecto que se debate, cuando el precio internacional está sobre el precio techo, se subsidia el precio a los consumidores en un ciento por ciento de la diferencia, y cuando el precio internacional está debajo del precio piso, sólo se cobra un sesenta por ciento del precio a los consumidores, porcentaje que va a engrosar los recursos del Fondo. El proyecto cambia ese sistema y lo torna simétrico; es decir, cuando el precio internacional supere el precio techo, se dará un subsidio del ciento por ciento, y cuando el precio internacional esté debajo del precio piso, se cobrará un impuesto del ciento por ciento. Es razonable esta modificación, que hace simétrico tanto el subsidio como el impuesto, y nosotros concurrimos a su aprobación. Sin embargo, a juicio de la Comisión, el cambio más sustancial en la operatoria del Fondo no es la simetría, sino el hecho de que en el futuro, cuando se subsidie el precio de los combustibles porque el precio internacional es superior al precio techo, el subsidio, mediante una fórmula matemática, irá descendiendo de manera automática, en la medida en que sus recursos vayan disminuyendo. Esto difiere de modo sustancial de la modalidad actual, en que el subsidio es de carácter fijo y se mantiene, salvo que el precio internacional del crudo comience a bajar y se introduzca dentro de la banda. Pero mientras ello no ocurra, el subsidio se mantiene en forma fija, hasta que los recursos del Fondo se agotan. Eso, precisamente, ocurrió durante el segundo semestre del año pasado, razón por la cual el Parlamento debió aprobar, en el mes de enero, un aumento de 200 millones de dólares para suplementar el Fondo. Según el cambio que se introduce, repito, cuando se otorgue un subsidio a los combustibles derivados del petróleo, en el futuro su monto irá disminuyendo en la medida en que el Fondo se agote, lo que constituye una cuasi garantía de que no se requerirán más recursos públicos para su funcionamiento. De igual forma, cuando el precio internacional del crudo esté por debajo del precio piso, se cobrará un impuesto, que también irá disminuyendo en la medida en que se reduzca el llamado fondo óptimo. De manera que habrá una cuasi garantía, reitero, de que en el futuro el Fondo no requerirá de recursos adicionales. Estos son los cambios sustanciales que se introducen en la operatoria del Fondo. En esta oportunidad, debemos agradecer a todos quienes participaron en la discusión que hubo la Comisión de Hacienda. Cabe hacer especial reconocimiento a académicos muy importantes en la elaboración del proyecto, como los economistas Felipe Larraín y Jorge Quiroz, que hicieron un estudio muy interesante sobre la operatoria del Fondo durante esta década, y al economista de la Universidad de Chile, don Ronald Fischer, cuyo aporte fue muy relevante. Debo destacar, además, la participación que cupo, en la discusión en la Comisión de Hacienda, a las empresas que hoy proveen al país de gas natural. Tanto Metrogas como la empresa de la Octava Región, que traen gas natural de Argentina, veían con mucha preocupación el proyecto porque, si Chile subsidiaba en forma sistemática los derivados del petróleo, se corría el riesgo de que Argentina, país del cual nos proveemos de gas natural, pudiera tomar algún tipo de represalia que, eventualmente, harían peligrar el abastecimiento de ese combustible en nuestra nación. Creo ser justo y representar a mis colegas de la Comisión de Hacienda al afirmar que el aporte de las empresas de gas natural fue importante para llegar a este proyecto. En suma, la iniciativa que hoy informo y que probablemente votaremos en esta sesión o en los próximos días, dará origen a una ley muy relevante, no sólo porque aumenta los recursos del Fondo, sino porque establece cambios en su operatoria, que tecnifican y despolitizan su uso, lo cual, a mi juicio, es muy valioso. Simultáneamente, se garantiza el desarrollo de la industria del gas natural sin subsidiar el precio de los combustibles, lo que eventualmente haría retardar la expansión de esta industria, tan importante para el país, no sólo porque constituye una fuente energética a un valor relativamente bajo y competitivo, sino que, además, porque logrará notables mejorías en el medio ambiente. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, quiero que el diputado informante, quien entregó un informe extenso y muy completo sobre el proyecto en discusión, aclare un punto para la historia de la ley. Me parece que el señor Dittborn incurrió en un error al referirse al comportamiento de la banda de precios, porque, de conformidad con la ley actual, cuando el precio de paridad de importación está bajo el piso de la banda de precios, el 60 por ciento se destina a tributo y el 40 por ciento a incrementar el Fondo. Tengo la impresión de que escuché al señor Dittborn decir lo contrario. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Dittborn para aclarar el punto. El señor DITTBORN.- Con mucho gusto. Señor Presidente, cuando el precio de paridad de importación es inferior al precio piso de la banda, la actual ley cobra un 60 por ciento de impuesto por esa diferencia, la cual pasa a engrosar las arcas del Fondo, por así llamarlo, que, eventualmente, tiene que devolver créditos al Fisco recordemos que el Fondo debe pagar deudas al Estado; el otro 40 por ciento se refleja en una rebaja de precios al consumidor. Hay una asimetría en la ley actual, porque repito cuando el precio de paridad de importación es superior al techo de la banda, el subsidio o crédito es del ciento por ciento de la diferencia; en cambio, cuando el precio de paridad de importación está bajo el piso, sólo se cobra un impuesto del 60 por ciento. Con el cambio propuesto en el proyecto, el impuesto que se cobrará será también el ciento por ciento, al igual como ocurre con el subsidio cuando el precio de paridad es superior al techo de la banda. He dicho. El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, voy a separar mi exposición en dos puntos. En primer lugar, mucho se ha dicho en la prensa, por parte de la Oposición, que hubo un uso político del Fondo durante la campaña presidencial reciente, y eso claramente no es así. Si uno toma las cifras mediante las cuales se movió el precio del crudo durante el año pasado, en especial en enero del presente, entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, se aprecia claramente que en los primeros días de enero, fecha en que yo presidía la Comisión de Hacienda, aprobamos el adicional de 200 millones de dólares, cuando el precio estaba en poco más de 25 dólares por barril. Sólo en cinco días dicho precio bajó a 23 dólares por barril el 9 y 10 de enero y, en la semana siguiente, subió a casi 29 dólares por barril. En esas condiciones, era evidente que no había posibilidad de planificar el uso del Fondo en forma política. Más aún. Si en ese entonces no hubiéramos aprobado aquel aumento del Fondo, sólo teníamos posibilidades de traspasar a público esta gradualidad de precios hasta el 30 de enero. Allí se acababa el Fondo. Si hubiéramos aprobado los 200 millones de dólares como lo hicimos sin que se alterara el precio de referencia y, por lo tanto, el precio a público en febrero, habríamos llegado al 4 de abril, caso en el cual no tendríamos a qué echar mano. Con el aumento de precios que se realizó, esa posibilidad se trasladó al 30 de junio. Entonces, claramente no hubo planificación política y es evidente que existió neutralidad en el manejo del Fondo, porque a esa fecha se habían recaudado, por concepto de impuestos, 311 millones de dólares y se habían pagado por subsidios 308 millones de dólares. Por lo tanto, debemos dejar zanjado ese tema. Obviamente, como alguien insinuó esa posibilidad, estamos dispuestos a aclarar en una comisión investigadora estos temas, todos los cuales son teóricos, cifras y fórmulas. Agradezco la transparencia y, sobre todo, la didáctica información que nos ha entregado el diputado informante del proyecto, señor Dittborn. Hablemos de lo que interesa a la gente. La semana anterior aprobé este proyecto en la Comisión de Hacienda; hoy me retracto, porque la primera transparencia debe ser con los parlamentarios. Nada nos dijeron las autoridades de Gobierno que cuatro días después se iba a bajar un impuesto específico para el sector de los transportistas, y a subir los valores de la gasolina al público. Nosotros trabajamos con otra información. En la Comisión lo dijo el diputado Dittborn, bajo la presidencia de quien habla y posteriormente del diputado Ortiz, hicimos un trabajo serio y responsable para buscar neutralidad, la cual, como se dice en el informe y lo acaba de señalar el diputado Dittborn, significó rediseñar el mecanismo de operación del Fondo, que antes no era neutral, puesto que el propio ministro Marfán había hablado de los subsidios. La idea era tener una especie de subsidio que en el largo plazo, como demostró con cifras, fuera cero, pero que se usara en el corto plazo. Dice el informe en su parte pertinente: “Se rediseña el mecanismo de operación del Fondo en procura de la neutralidad fiscal es lo que buscábamos a plazo razonable...”. El plazo razonable pudo ser tres días, al minuto siguiente de haberse aprobado la iniciativa en la Comisión de Hacienda. ¡Qué raro que no supiéramos que subiría el precio de la gasolina al público! Sin embargo, ¿qué sucede? Aquí hay tres sectores involucrados. Los transportistas, a quienes se les rebaja un impuesto específico. Me dirán que es a cinco años, y un porcentaje menor, pero es rebaja per se, de por vida, del impuesto, lo cual afecta a un sector que dijo sobre la mesa: “Me atienden y me rebajan el precio o hago un paro”. Es decir, aquí se imponen los gremios que tienen fortaleza. En cinco años esto va a costar $ 26 mil millones, es decir, $ 5.200 millones por año. ¿A cambio de qué? ¡A cambio de dejar sin efecto una rebaja que se pensaba hacer en los peajes! ¿Y quién usa los peajes? ¡Todos los chilenos! Con esto se beneficia a los transportistas. ¡Gremio fuerte! Pero ¿qué pasa con el gremio de los microbuseros? Hace dos semanas obtuvieron un alza de tarifas. ¡Gremio fuerte! De lo contrario, se iban a un paro. Pero ¿qué pasa con Juan Verdejo y con aquellos chilenos que no están organizados?, ¿qué pasa con la comunidad que no está organizada, que no puede “hacer gallitos” con el Gobierno? Sencillamente, a ellos les subieron los precios del pasaje hace pocos días. ¡Ésa es la distribución que existe del Fondo creado! Sin embargo, en ese momento no se tuvo esta información de los US$ 348 millones, de los cuales US$ 60 millones son para la parafina y el gas licuado productos derivados del petróleo que la gente más humilde empezará a utilizar en los próximos días, o sea, sólo el 17 por ciento del Fondo de Subsidio; petróleo diesel: para los transportistas y los microbuseros, US$ 196 millones, es decir, el 55 por ciento del Fondo de Subsidio para ellos. Hay que hablar de Fondo y no de subsidio, porque hay algunas personas a quienes que no les gusta que se utilice la expresión “subsidio”. Parece que este país se está socializando al revés: para la gasolina, el 27 por ciento. Es decir, aquellos que van a comprar gas licuado y parafina o sea, la gente más pobre son los que menos reciben de este subsidio, porque no están organizados. En la Comisión de Hacienda nunca se dijo que iba a haber un alza. Y ¡cosa curiosa!: si uno, en teoría, hace la operación con cifras personales, concluye que, con este sinceramiento de los precios, deberían venir nuevas alzas. Es evidente, porque aun cuando todo porcentaje tiene impacto en la inflación, éste es menor. Lo dijo el ministro De Gregorio. Sin embargo, ayer el ministro de Hacienda manifestó que van a bajar los precios. En estas circunstancias, cuando hace sólo cuatro días fue nacional e internacionalmente conocido que el precio del barril de petróleo y sus derivados había bajado de US$ 29 a US$ 25, a US$ 24, a US$ 23, en algunos casos, ayer sube el precio de referencia, y hoy está al mismo nivel del precio internacional. Eso se supo hace cuatro días. Entonces, ¿por qué subió el precio de la gasolina? Más aún, cuando todo apunta a que los precios internacionales van a seguir bajando. Se critica al Gobierno cuando los precios están altos. Pero se supone que este Fondo es un sistema para atemperar, para amortiguar las alzas y así evitar que sean asumidas por la gente; sin embargo, cuando ésta debe recibir una baja de los precios, suben los precios de referencia internos para acomodarlos a los internacionales y, además, sube el precio de la gasolina. ¡O sea, no entiendo nada! ¡Y ésta es información posterior a la semana pasada! En la Comisión de Hacienda no se habló nada de esto cuando estuvieron las autoridades. En consecuencia, cancelaré mi voto positivo y voy a abstenerme hasta no tener más claridad al respecto. Se dice que la neutralidad da plazos razonables, pero cinco días no pueden ser neutralidad. No estoy contra la mecánica de la Comisión de Hacienda, ya que lo que allí se hizo fue un trabajo serio y responsable, dándole al sistema neutralidad y transparencia, creando estos subfondos con gradualidad. Sin embargo, en la práctica no se ha hecho lo que aprobó la Comisión, y se nos ha sorprendido favoreciendo a un sector económico y castigando al resto de la gente. Me gustaría saber claramente si se va a seguir utilizando este Fondo o si se está ante su réquiem, porque cuando va hacia arriba, se le critica; y cuando la gente tiene que aprovechar la rebaja de los precios internacionales del petróleo, suben los precios. El propio ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán cuando estuvo en la Comisión a fines de eneroseñaló que las autoridades proyectaban abrir un precio del petróleo a 22 dólares el barril. ¡Fue ministro hasta hace pocos días! O sea, las autoridades sabían que esto iba a bajar a US$ 22; se subió el precio de referencia hasta cerca de US$ 23, precio internacional. O sea, ¡no entiendo nada! Los parlamentarios estamos para representar a la gente. Puede que algún autobusero, algún transportista, nos pida que lo escuchemos. Lo haremos, porque tenemos que ser justos; pero nosotros estamos para representar al que compra parafina, al que compra gas licuado y al que tiene su automóvil como arma de trabajo. Pero en esas condiciones no tenemos claridad sobre lo que pasará a futuro. Ahora se podría hablar a lo mejor de un uso no político, pero en aras de tener estas macrocifras del déficit fiscal y de la inflación, y en una reactivación que no se aprecia todavía en su forma, pues suben las tasas de interés, se sigue postergando a Juan Verdejo no digo Moya, porque se puede visualizar como el otro Moya, dirigente, que hace muy bien su trabajo, al igual que Marinakis. ¿Y dónde desarrollamos nuestro trabajo los parlamentarios? La Comisión de Hacienda trabaja bien, pero con otra información. En esas condiciones, me veo en la necesidad de recoger lo que la gente me ha conversado los fines de semana; porque, aparte de no entender nada lo que es obvio, porque es un tema muy técnico, la realidad es que hoy se cruza hacia abajo y ella no va a recibir beneficios. En las próximas semanas, cuando el ministro de Hacienda informe que bajará el precio de la gasolina, me gustaría ver a las gasolineras y a los distribuidores de gas licuado y de parafina cuánto lo van a bajar. ¡A ver si son tan ágiles para bajar los precios! ¡Ahí sí que no! ¡Ahí el precio es justificado! En las actuales condiciones no veo para qué se debe mantener el Fondo. A mi juicio, los US$ 63 millones están de más, ya que con el aumento de la paridad interna es evidente que el Fondo durará hasta diciembre. Entonces, ¿para qué seguir soportándolo? ¿A quién se quiere engañar? Siento tener que abstenerme, en protesta por no haber sido informado como parlamentario de esta solución. De haber sido éstas las ideas y de haberlas conocido, se hubiera revisto el tema, sin cambiar el trabajo hecho, pero sí, al menos, fijando la gradualidad, que no fue analizada por esta Cámara. En virtud del proyecto se aprueba un aumento del Fondo, mejorando su mecánica como instrumento para que sea neutro y transparente. Pero la gradualidad la fija el Ejecutivo y ésta fue: a los tres días, paga Juan Verdejo; a los cinco días, los transportistas golpean la mesa. ¡Tienen una ventaja comparativa! Espero que algún día Juan Verdejo se organice y sus parlamentarios lo puedan representar, para que también golpee la mesa y que este Fondo sea lo que pretendió ser: un amortiguador hacia arriba, pero, también, un amortiguador hacia abajo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cito a los Comités parlamentarios a una reunión. Se suspende la sesión por cinco minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Reunidos los Comités, acordaron por unanimidad prorrogar el Orden del Día hasta que intervengan los trece parlamentarios inscritos hasta el momento. Con posterioridad, se votarán los dos proyectos que figuran en la tabla del Orden del Día. Las intervenciones son de hasta cinco minutos cada una. Solicito el acuerdo unánime de la Sala para que pueda ingresar a ella la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner. Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, ¿sería posible suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo e Incidentes? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No, señor diputado. El acuerdo fue sólo para prorrogar el Orden del Día. Tiene la palabra el diputado señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ¿podría aclarar lo relativo a las intervenciones en el proyecto sobre el Fondo de estabilización del petróleo? Entiendo que el acuerdo no fue que cada diputado podía disponer de cinco minutos, sino que de todo el tiempo que reglamentariamente le corresponde. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, quise decir que, reglamentariamente, podía hacer dos discursos de cinco minutos cada uno. Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, quiero hacer un alcance complementario a lo expresado por el diputado informante, relativo al origen de la modificación que se introduce a la ley Nº 19.030, que creó el Fondo de estabilización de precios del petróleo. Como lo recordarán los señores diputados y señoras diputadas, el Fondo de estabilización de precios del petróleo se creó en 1991, con motivo de la Guerra del Golfo; pero en esa oportunidad en el Parlamento no existió unanimidad para aprobarlo. Así, desde su creación, ha habido una amplia discusión respecto de si es bueno o malo que exista; de que podría haber decisiones arbitrarias en su manejo, y si efectivamente funcionará para los efectos de estabilizar los precios de un insumo tan importante para nuestro país. Cuando en enero aprobamos un aporte de 200 millones de dólares adicionales, diversos diputados cuestionaron la conveniencia de mantener dicho fondo. Con motivo del proyecto que envió el entonces Presidente Eduardo Frei, a fin de aportar otros 70 millones de dólares al Fondo, en la Comisión de Hacienda algunos parlamentarios de Gobierno planteamos que ésa era la oportunidad para discutir la necesidad de que existiera una política de Estado sobre el precio del petróleo. Pues bien, en mi modesta opinión, la discusión habida en la Comisión de Hacienda permitió alcanzar un consenso que yo definiría como una política de Estado. Las indicaciones presentadas, producto del trabajo de algunos parlamentarios y de técnicos vinculados tanto al Gobierno como a la Oposición, encabezados por la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner, culminaron en el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo y en una política de Estado en materia de precios del petróleo. En pocas palabras, ¿en qué consiste esta política, sin meternos en el esquema técnico ya descrito por el señor Dittborn, en su calidad de diputado informante? Consiste en lograr que el Fondo de estabilización se incremente cuando baja el precio del petróleo a la misma velocidad con que aquél decrece cuando éste sube. Es decir, consiste en lograr que los márgenes dentro de los cuales sube o disminuye dicho Fondo dependan del volumen de recursos acumulados en él, de manera que el país opte por una política gradual de traspaso de las fluctuaciones del precio internacional, como es la lógica del Fondo, en la cual va disminuyendo el subsidio en la medida en que la fluctuación se hace permanente. Si el alza es permanente, el subsidio disminuye en el tiempo. De manera que llegará un momento en que, con los volúmenes de recursos que maneja el Fondo, ante un alza permanente del precio del petróleo, como la que hemos vivido en estos meses, probablemente en el transcurso de un año, más o menos, el precio internacional se tendrá que validar. Si la baja de precios es permanente, entonces el impuesto es decreciente en forma gradual, y al cabo de un año, aproximadamente, si fuera la fluctuación inversa al alza que hemos tenido en este período, el impuesto desaparece, y la baja de precios se transfiere completamente a los consumidores. Esto es muy sano para el país. No hay nada que genere más inequidades en una sociedad que las fluctuaciones en su economía. En un país dependiente energéticamente del petróleo, como Chile, las fluctuaciones del precio del petróleo siempre generarán inequidades. El proyecto que aprobaremos atenuará las fluctuaciones y, por lo tanto, disminuirán las oportunidades de generar desigualdades. En ese sentido, me alegro de que en la Comisión de Hacienda el proyecto haya sido aprobado por unanimidad, porque ahora sí contamos con el acuerdo de todos los sectores del país para establecer una política de Estado, que, además de los elementos que he señalado, contiene una disminución de los arbitrios de la autoridad, lo cual es muy importante. En enero discutimos qué pasaba si se incrementa el Fondo. El debate, cuando se anunció el proyecto que origina esta modificación tan sustantiva de la política, apuntaba a que cada vez que sube el precio del petróleo, habrá un grupo social que presionará para incorporar más recursos, porque si el Fondo cuenta con más recursos habrá, obviamente, un mayor subsidio. Con la norma que aprobaremos, la autoridad no tiene un grado excesivo de libertad para transferir recursos a determinados sectores. Los camioneros, los transportistas, las empresas generadoras de energía o las de diversa índole, inclusive los consumidores de combustible y nosotros, sabremos exactamente, de ahora en adelante, cuál será el impacto único posible de una fluctuación en el precio internacional del petróleo. Al respecto, no hay incertidumbre en cuanto a si la autoridad subirá o disminuirá el subsidio o si modificará la banda; porque hemos definido las normas regulatorias de ese proceso, de manera de dejar, en definitiva, disminuidas las fluctuaciones, y para aquellas inevitables se han aumentado los grados de información y de certeza para todos los afectados o beneficiados por esta política, lo que constituye una avance muy importante. Por esa razón, aprobaremos esta política. Ella contribuye a la estabilidad del país y al bienestar de todos los chilenos, en especial de los más pobres, que son los que más sufren con las inestabilidades. Quiero comentar muy brevemente la intervención del diputado señor Lorenzini relacionada con el anuncio de la autoridad de rebajar el impuesto al petróleo diesel. Se trata de un proyecto que el Ejecutivo enviará a nuestra consideración. No se puede rebajar el impuesto al petróleo diesel sin la aprobación del Congreso Nacional. Si la autoridad ha optado por sustituir una rebaja en los peajes que podría hacer por la vía administrativa, por una rebaja al impuesto al petróleo diesel, lo que se está haciendo en esta oportunidad, a diferencia de lo señalado por el diputado señor Lorenzini, es considerar al Parlamento en la discusión de la política. La rebaja a los peajes se podía hacer por la vía administrativa, sin someterla a debate en el Congreso. En cambio, la del impuesto al diesel no se puede materializar sin tratarla en el Parlamento. En horabuena que sea así, porque es muy positivo y prudente que políticas tan importantes, como la tributaria y la del uso de la energía porque el impuesto vinculado al petróleo diesel y a los peajes son políticas vinculadas al uso de la energía en nuestro país las discutamos en el Congreso. Ojalá que cuando llegue ese proyecto, podamos avanzar aún más, no sólo en una política de Estado sobre el precio del petróleo o sobre cómo transferir al país las fluctuaciones de precios internacionales del petróleo, sino también en que, a raíz de ese otro proyecto, consensuemos una política de Estado sobre el mejor uso de la energía. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, los comentarios huelgan al tratar hoy un tema tan importante. Lamentablemente, el precio del carburante es determinado por la Organización de países exportadores de petróleo, Opep, la cual, por sí y ante sí, vulnerando, a mi juicio, todas las normas internacionales sobre libre comercio, fija cuotas de producción por países, con lo que termina manejando el precio del combustible en el mundo entero, que no es ni más ni menos que el motor de la economía de aquellos países que no lo producen. ¡Bien por unos pocos, mala señal para la humanidad! Me alegra también escuchar comentarios tan profundos como los del diputado señor Lorenzini, cuyas discrepancias lógicas debemos aceptar. Por lo menos, voy a tener que revisarlas, por la dependencia misma que este carburante importado tiene, y, a lo mejor, nos entendemos. Las mismas anomalías del mercado internacional del crudo y las externalidades medioambientales negativas del uso de combustibles fósiles, debiera motivar a nuestras autoridades a pensar, mirando el futuro, en la utilización de nuevas energías y tecnologías alternativas, tanto para el transporte como para la industria y la calefacción. El Ejecutivo ha enfrentado el incremento del fondo, por algo más de 62 millones de dólares, con cargo a la cuenta especial 3653, o sea, la cuenta de referencia del precio del cobre, a la cual es menester restituir los recursos utilizados. Si bien como legislador de Gobierno entiendo la preocupación del Ejecutivo por la aprobación de este proyecto, no puedo dejar de llamar la atención sobre un hecho muy injusto y que se vincula, y a lo mejor es la oportunidad, a una vieja demanda de quienes habitamos en el sur de Chile. Estos subsidios públicos al combustible llegan indirectamente a todos los empresarios del transporte público del país. Mientras ellos lucran en un pingüe negocio, en donde las partes débiles conductores y pasajeros llevan la peor parte, los grandes empresarios, sobre todo los que tienen recorridos de largas distancias, cuentan con una capacidad económica y un peso político que aún sorprende. Pues bien, me molesta pensar que al aprobar nuevamente esta iniciativa se les otorgará un beneficio no querido. Digo esto, porque también llega a las bases que no entienden mucho de economía, punto que comentábamos hace algunos días, a un grupo de habitantes del sur de Chile, quienes me decían por qué el ferrocarril medio de transporte seguro, no contaminante y más económico, no consigue reanudar su marcha sobre las líneas de hierro al sur de Temuco, ni en la Región del Biobío, ni en las lluviosas tierras en mi Región de Los Lagos. Resulta curioso que en esta ley del carburante tengamos que tocar también ese tema. Pero es el clamor de la gente, que ve con cierta distancia el tener que molestar otra vez y dirigir a quienes, a lo mejor, no debiera. Y allí concuerdo con lo expresado por el honorable diputado señor Lorenzini. Estas situaciones injustas, inconvenientes para el país, no pueden permanecer en el tiempo. Sólo aprobaremos esta iniciativa, porque entendemos que muchas consecuencias directas del alza del precio del petróleo las pagarán las personas más modestas: las que usan el gas licuado en la cocina y en la estufa; las que andan en micro y en taxi colectivo. Por ellos, y sólo por ellos, anuncio mi voto favorable a la iniciativa del Ejecutivo. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en enero de este año voté en contra de la iniciativa enviada por el Presidente Frei para aumentar el Fondo del petróleo en 200 millones de dólares, porque en esa oportunidad no se acogieron las indicaciones y los cambios que hoy se le están haciendo a la ley. Sin embargo, en esa ocasión el Ejecutivo no tuvo ninguna, repito, ninguna predisposición a corregir el funcionamiento del Fondo. Entonces, cabe preguntarse ¿por qué la Concertación en enero no tuvo ninguna predisposición a corregir el funcionamiento del Fondo y, en cambio, sí la tiene ahora en marzo? ¿Qué ocurrió entre enero y marzo que modificó la actitud respecto de esta ley? Por una parte, cambió el gobierno; eso es muy claro. La administración de Frei ya había usado el Fondo para fines político electorales; ya se había logrado el objetivo de elegir al tercer gobierno de la Concertación. Una vez gastados 200 millones de dólares de todos los chilenos en la más descarada y cara intervención electoral que ha visto la república, entonces se habla de cosas técnicas, de mejorar las leyes y disponer que los gobiernos no podrán interferir más en la determinación del precio de referencia y de todos esos tecnicismos de los que ahora nos vanagloriamos, diciendo que la Comisión de Hacienda funcionó bien, que es una Comisión técnica. No nos engañemos. El primer objetivo de la Comisión de Hacienda era elegir al tercer gobierno de la Concertación y para eso estuvo dispuesta a que se dilapidaran 200 millones de dólares. Cuando se dice que la campaña de Joaquín Lavín fue cara, debo sostener lo contrario, porque estos 200 millones hay que sumárselos a la de Ricardo Lagos. ¿Cuántos votos le habría costado al candidato Lagos si entre agosto de 1999 y enero de 2000 se hubiera reflejado en el público el precio del petróleo? En ese lapso el precio del petróleo pasó de 15 a 30 dólares el barril. Sin embargo, en nuestro país prácticamente no aumentó, porque bajaron el precio de referencia. La billetera más rápida de Chile se encargó de bajarlo en agosto. Se dilapidaron 200 millones de dólares mucho más que el presupuesto de la Junji para todo un año, con el fin político-electoral de elegir, por tercera vez, a un candidato de la Concertación. No nos engañemos y no vengamos a decir que somos técnicos, que hacemos buenos trabajos. Aquí se usó el Fondo del petróleo descaradamente con un fin político-electoral. ¿Y cuándo se estuvo dispuesto a ser técnico? Cuando ese objetivo se había logrado y el candidato se había convertido en presidente. En ese momento sí que hubo apertura y disposición para hacer los cambios que garantizaran, y hasta cierto punto porque se sabe que nunca nada está garantizado en política, impidieran que otro gobierno, de cualquier color político, usara este instrumento y los recursos de todos los chilenos con fines político-electorales. Me alegro de eso y por ello también voy a votar favorablemente el proyecto. Sólo quería dejar constancia de esto, porque creo que los chilenos deben saber el uso que se le dio a este Fondo durante seis meses. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, lo vital en la discusión del proyecto que incrementa el Fondo de estabilización del precio del petróleo es recordar por qué se dictó la ley Nº 19.030. Fue motivada por las posibles consecuencias de la Guerra del Golfo. La unanimidad de la Sala asumió algo que es cierto: el 95 por ciento del petróleo que se ocupa en nuestro país es importado y es bueno que se diga, porque se está televisando esta sesión, lo que significa que Chile es un país vulnerable a los cambios bruscos que experimenten los precios internacionales del petróleo. A título de ejemplo: si el precio del barril del petróleo el año pasado hubiera subido de 11 dólares por barril, precio fijado en 1991, a 29 dólares, como promedio anual, el país debería haber pagado un costo de 1.222 millones de dólares en los últimos 9 años, lo cual equivale a un 1,8 por ciento del PIB simplemente como producto del mayor precio. El Fondo cumple con dos grandes objetivos. En primer lugar, atenúa o elimina altibajos transitorios en los precios internacionales de los derivados del petróleo y, en segundo lugar, gradúa los cambios bruscos en los precios internacionales de los derivados del petróleo cuando estos se sostienen en el tiempo. Se trata de absorber de mejor forma el efecto “shock”, aplicando impuestos cuando los precios internacionales del petróleo son bajos, y otorgando subsidios o créditos cuando éstos son altos. Para evaluar el rol de la ley Nº 19.030 es necesario considerar los elementos reales y efectivos del proceso económico de nuestro país. Por ejemplo, la variabilidad del precio interno comparado con el internacional. Este Fondo la ha disminuido. El coeficiente de variación del precio interno es del 6 por ciento comparado con el 17,2 del precio internacional. ¿Quién puede negar que este Fondo ha tenido una neutralidad de largo plazo? En estos años de existencia ha intentado ser neutro respecto de las eventuales distorsiones del precio. La mejor prueba de ello se logra con un análisis contrario al realizado por el colega Dittborn. Esos 200 millones de dólares no son el costo de la campaña del entonces candidato presidencial y actual Presidente de Chile. El efecto de la iniciativa despachada en enero fue evitar que subieran en forma excesiva los precios de todos los productos derivados del petróleo, lo cual significó mantener los parámetros macroeconómicos en nuestro país. Recuerdo muy bien que el miércoles de la semana pasada en la Comisión de Hacienda escuchamos la exposición del ministro señor Nicolás Eyzaguirre, y hubo unanimidad en cuanto a que las situaciones que se han presentado y las variables económicos han significado que nadie discuta que en este año 2000 el aumento de nuestra economía será, por lo menos, de un 6 por ciento, lo cual generará, también, a lo menos, 200 mil nuevos empleos en el sector privado. Tampoco se discutió ese día miércoles que en el 2001 el aumento de la economía será de un 7 por ciento hacia arriba, y 300 mil chilenas y chilenos tendrán posibilidad de un empleo en el país. ¿Por qué planteo esto? Porque aquí se ha discutido el que fue, el que no fue. Había un proceso eleccionario que produjo situaciones muy especiales y que suceden cuando la pasión es más que la razón; pero aquí hay un hecho real y efectivo: este proyecto que plantea el aumento del Fondo en 62,83 millones de dólares, y tal como lo planteó el colega Andrés Palma ex presidente de la Comisión de Hacienda, y quiero ser justo con él, tuvimos la posibilidad de abrir un gran debate en nuestra Comisión para cumplir el objetivo más allá del populismo y del hecho de tratar de captar más votos de legislar para todo el país y no en función de focalizar algunos cuerpos sociales que el día de mañana nos signifiquen más votos. Dos parlamentarios de Gobierno y dos de Oposición, encabezados por la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner, lo han demostrado. Y aquí hay algo que no se ha dicho: a solicitud de quien habla, desde hace veinte días presidente de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, le planteé a los diputados de Oposición que también participaran sus economistas para que juntos con el profesional a cargo de la política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, se lograra una indicación consensuada sobre cosas muy concretas. Por ejemplo, nadie lo ha destacado, actualmente hay un mecanismo que es insuficiente; con la indicación se pretende hacerlo diferente en el sentido de que haya gradualidad, sin alzas excesivas. Eso demuestra la verdadera preocupación que debemos tener como legisladores. En especial me interesa que los sectores más modestos de nuestro país, no enfrenten, de la noche a la mañana, un alza de un 20 o un 30 por ciento. En mi rol de representante popular, quiero actuar con seriedad, con transparencia. Así lo hicimos en no menos de 16 horas de trabajo y nunca con prensa, sino escuchando a los técnicos del Gobierno y de la Oposición, y con la convicción de que planteábamos una adecuada normativa en un país dependiente de la Opep y de los productores de petróleo. En efecto, en este proyecto de ley se establecen reglas simétricas que aseguran que los recursos del Fondo no se terminen, ni se requiera de nuevas suplementaciones. Se establece una periodicidad determinada de vigencia de los precios de referencia de carácter semanal, a fin de incorporar en las proyecciones toda la información relevante que corresponda, delimitándose en términos precisos los márgenes de diferencia entre el precio de referencia intermedio y los precios de referencia superior e inferior. Se separa el Fondo en fondos específicos para cada combustible con el propósito de dar mayor racionalidad al sistema, con lo cual estamos cuidando algo que es parte de mi Octava Región: el gas natural. Hemos actuado con mucha seriedad, invitamos a la Comisión a todos los economistas que tienen que ver con el gas natural: de dos grandes empresas, una de la Región Metropolitana y otra de la Octava Región. Los escuchamos, tomamos nota y concluimos en una indicación que dará la posibilidad y tienen competencia para hacerlo, para dar un mejor servicio, lo cual es óptimo para el país. Se asigna a la Comisión Nacional de Energía la obligación de estimar con la anticipación requerida, los recursos disponibles del fondo y del consumo esperado para la semana siguiente, y se redefinen las variables y parámetros para la aplicación de los impuestos y créditos fiscales describiendo su forma de aplicación. Por otra parte, entregué a la Mesa una indicación firmada por los cuatro diputados que trabajamos en ella, tendiente a mejorar el proyecto de ley para que vaya en beneficio de todos los chilenos y no sólo para algunos; entre sus firmantes están Julio Dittborn, Enrique Jaramillo, José García Ruminot y José Miguel Ortiz, pero, lamentablemente, se planteó que ella era inconstitucional, y tienen toda la razón del mundo. Sin embargo, solicito, en nombre de la bancada democratacristiana, que se pida el patrocinio del Ejecutivo para que la ingrese al Senado de la República en el segundo trámite legislativo, con lo cual demostramos que efectivamente estamos haciendo una excelente ley para el bien del país. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, esta Sala ha presenciado varias intervenciones que trataré de contestar porque creo que la demagogia ha prevalecido por sobre las ideas y los fundamentos. El diputado Lorenzini, que lamentablemente no está presente, ha señalado que en la administración del Fondo no hubo uso electoral, afirmación absolutamente falsa, porque sólo hizo referencia a la primera semana de enero y olvidó absolutamente el año 99, cuando en el segundo semestre los diputados de Oposición tuvimos que formular denuncias públicas para que el ministro de Minería despertara y se preocupara de hacer una modificación en la banda de precios, pero dijo que se debía mandar un proyecto de ley al Congreso para hacerlo. Craso error. En esa oportunidad salieron al frente otros técnicos y señalaron que era perfectamente posible, porque la ley faculta a las autoridades, en este caso a los ministros de Hacienda y de Minería, con la información de la Comisión Nacional de Energía, para establecer los precios de referencia sobre la base de la información de los mercados internacionales. De manera que la opinión pública debe saberlo durante 1999 se manejaron los precios a fin de que no subieran la gasolina, el petróleo, el kerosene y el gas licuado, ello a pesar de que los precios internacionales estaban bajando. De modo que no pueden venir a decirnos que el tema fue bien manejado; por el contrario, fue absolutamente mal administrado y el país se farreó 250 millones de dólares en subsidios. Eso debe saberlo la gente y, por lo demás, lo refrendan connotados economistas en diarios nacionales. En 1999, aún quedaban 150 millones de dólares, pero a fin de año las reservas se agotaron. Durante la primera semana de enero aprobamos 200 millones de dólares más, pero de esa cifra sólo restan 100 millones de dólares. Ahora, nos abocamos a un proyecto patrocinado por el Ejecutivo que persigue incrementar el fondo en 62,83 millones de dólares. Lamentablemente, tendremos que aprobarlo porque no queremos ser responsables de la pésima administración de estos recursos. De lo contrario, mañana se responsabilizará a la Derecha del alza del precio de los pasajes de la locomoción colectiva. Ése es el discurso que normalmente utiliza la Concertación. La opinión pública debe saber que esta mala administración se tradujo precisamente en que la ley diseñada para aminorar las fluctuaciones de precios internacionales no fuera utilizada para ese fin, sino para entregar subsidios, evitando que la gradualidad del alza del precio, que no provoca presión inflacionaria, se llevara a cabo durante 1999. No es desconocido para nadie que entre 1998 y los primeros días de febrero de este año, el precio del barril de crudo subió de 9,6 a 32 dólares. Frente a estas alzas, el país, que depende prácticamente en un 95 por ciento del ingreso e importación de combustibles, escondió la cabeza y no acogió los precios internacionales, medida del todo adecuada en el marco de una administración correcta. De manera que nadie puede venir a decir que esto estaba absolutamente calculado. Suscribiré y apoyaré las indicaciones presentadas por Hacienda, pero las facultades allí consideradas ya estaban contempladas en la ley. Si los ministros hubieran actuado en forma correcta, habrían modificado las bandas de precios. Si no es así lo que señalo, emplazo a cualquiera en esta Sala a que me desmienta. La ley dice claramente que ellos, como representantes del Ejecutivo, tienen facultades para modificar las bandas. De esa manera, se habría evitado la entrega de subsidios. Ahora bien, considero correcta la indicación que busca asignar subfondos, porque eso evita los subsidios cruzados, con lo cual se beneficiará a las clases más modestas. Sin embargo, con ello no quiero dejar establecido que se ha actuado bien en esta materia. Si concurro con mi voto favorable a la aprobación del proyecto es para ayudar a hacer realidad esta apuesta, esto es a normalizar el precio del crudo en los próximos meses, de tal modo de no echar mano a los recursos del Fondo. La idea es que se administren adecuadamente estos fondos; de lo contrario, nos veremos en la necesidad, dentro de dos o tres meses, de legislar una vez más para incrementar el Fondo de estabilización de precios del petróleo. Por último, quiero señalar que existe una Comisión investigadora en la Cámara que deberá abocarse a este tema. En mi opinión, allí quedará claramente establecido el mal uso que se hizo del Fondo al entregar subsidios que significaron una farra de más de 250 millones de dólares. ¿Quién la paga? ¿Quién se hace responsable de esos dineros? En su momento, quienes debieron actuar fueron personeros de la Concertación, pero callaron. Ahora, vienen a tratar de demostrar que esto no fue utilizado para fines electorales. Nosotros debemos defender los recursos del Estado y pedir que se administren en forma adecuada, de modo de contar con una ley que efectivamente sirva al país. Como señaló el honorable diputado señor Andrés Palma, en 1991, cuando legislamos sobre esta materia a propósito de la crisis desatada en el Golfo Pérsico, pudimos aminorar el alza de precios y evitar que repercutiera en los usuarios. En esa ocasión, las cifras superaron con mucho los 32 dólares el barril de crudo. Durante seis años el Fondo fue administrado en forma correcta. Insisto, el lapso comprendido entre 1998 y 1999 años en que gobernaba el Presidente Freifue el período en que peor se manejó el Fondo. Durante esos años se produjeron pérdidas que hoy tratamos de resarcir con 62,83 millones de dólares. Con ese dinero procuramos incrementar el Fondo y subsidiar el precio del petróleo, de modo de evitar que las alzas lleguen al público. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, la discusión de este proyecto cobra vital importancia porque su efecto en la sociedad es inmediato: el precio del combustible tiene repercusiones en distintos rubros de la economía y, concretamente, en el bolsillo de las personas. Por esa razón, debemos ser objetivos y serios en el debate y análisis de esta iniciativa. Aunque aquí algunos no lo quieran reconocer, para nadie es un misterio que desde agosto en adelante el Fondo quebró su tendencia de utilización, comenzó a ser usado para otorgar subsidios y perdió la neutralidad que demostró en años anteriores. Curiosamente y en momentos en que la tendencia de los precios internacionales sistemáticamente apuntaba al alza, en agosto el precio de referencia se fija a la baja, aumenta la diferencial, lo que trae como consecuencia que el subsidio comience a operar a mayor escala. Ello significó que en enero, el Ejecutivo presentara un proyecto que buscaba suplementar el fondo en 200 millones de dólares. Debemos recordar que ese mismo mes coincide con la puesta en vigencia de una ley que aplicaba un impuesto a los combustibles como compensación a la rebaja arancelaria. Ahora bien, en aquella oportunidad se cuestionó el manejo político del Fondo y se nos trató de demostrar que su operación era neutra y que el alza sería absorbida cosa curiosa por la Enap, a fin de no ser traspasada al público por una decisión comercial. Es bueno ligar estos aspectos, por cuanto ellos fueron parte del debate habido en enero a propósito del proyecto que perseguía incrementar el Fondo en 200 millones de dólares. Sin embargo y hasta hoy, Enap no ha dado una explicación clara respecto de cuánto debió desembolsar para evitar el traspaso al público del alza del precio de los combustibles. Es verdad que en el proyecto en discusión queda establecida la objetividad y racionalidad con que debe operar el Fondo y se saca a la autoridad política del plano de las decisiones, a fin de que, no sujeta a presiones de importantes grupos económicos o vinculados a sectores productivos, administre variables técnicas en la operación del Fondo, el que se hace simétrico en el subsidio y en el impuesto. El Fondo y el subsidio van operando de acuerdo con la disponibilidad de los recursos existentes. Eso me parece bien; sin embargo, debemos reconocer que es una discusión que podría haberse iniciado mucho antes y, de esa manera, evitar todas las suspicacias y comentarios manifestados en esta sesión. Para finalizar, quiero señalar que considero positivo que la forma en que ha quedado estructurado el proyecto y el cálculo de la operatoria del Fondo tienda, en el mediano y largo plazo, a adecuar los niveles de precios internos a las variaciones internacionales. Eso es sano, evita distorsiones, y disminuirá significativamente su manejo político. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor José García Ruminot. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que la intervención del diputado señor Lorenzini es manifiestamente contradictoria. Señaló que no hubo manejo político del Fondo de estabilización de precios del petróleo durante los meses de la campaña electoral. Sin embargo, a renglón seguido manifestó que no entiende por qué si el precio internacional del petróleo viene descendiendo, en Chile el precio al público se incrementa. Por eso digo que hay una contradicción. Precisamente, porque se hizo un manejo político de dicho Fondo durante la campaña electoral, con el evidente propósito de mejorar las expectativas del candidato oficialista, señor Ricardo Lagos, ahora los chilenos debemos sufrir las alzas violentas en el precio a público de los combustibles. Dichos aumentos debieron efectuarse en el segundo semestre de l999, sobre todo en diciembre pasado y en enero del presente año. Como no se llevaron a cabo, ahora debemos soportar estas alzas tan bruscas. Mientras los precios internacionales del petróleo subían y subían, las autoridades bajaron los valores de referencia, a fin de determinar un mayor subsidio en la venta a público. Así se manejó el asunto. Como en algún momento los fondos comenzaron a acabarse, en enero el gobierno se vio en la necesidad de suplementar en 200 millones de dólares el Fondo para continuar con el subsidio elevado. Debido a que estos recursos también ya se terminaron, se nos está proponiendo un último suplemento de 62 millones de dólares. ¿Qué podríamos haber hecho, como Oposición, con el proyecto en estudio? Lisa y llanamente, haber aprobado los 62 millones de dólares y dejado que el Fondo siguiera operando en forma discrecional, como la autoridad quisiera manejarlo, y que cuando la plata se acabara decir que el responsable del alza de los precios a público de los combustibles es el gobierno y, de ahí, sacar la ventaja electoral que una situación de esa naturaleza podría acarrearnos. Sin embargo, no lo hicimos. Es evidente que mientras los precios internacionales del petróleo continúen subiendo o se mantengan por sobre los 11 dólares el barril, como ocurre en la actualidad, los chilenos tendremos que asumir ese mayor costo en el precio de los combustibles. Esa es la verdad y en algún momento debíamos asumirla, pues no nos parece sano para el país ni para nuestra economía que mientras la ministra Bachelet debe andar rasguñando fondos en los distintos ministerios a fin de juntar l0 ó 20 millones de dólares para terminar con las colas en los consultorios, nosotros gastemos mensualmente entre 50 y 60 millones de dólares en subsidio a los combustibles; que mientras se hagan enormes esfuerzos, también sacando de todos los ministerios un poquito, para mantener los programas de empleo en las municipalidades, nosotros entreguemos, vía subsidio a los combustibles, una enorme cantidad de recursos fiscales. ¡Si el país es de todos y entre todos debemos cuidarlo! Por eso, me duele profundamente la intervención del diputado señor Lorenzini presente en la Sala, porque lo único que va a faltar es que el día de mañana se diga que a raíz de este proyecto, consensuado entre Gobierno y Oposición, se tendrán que subir nuevamente los precios de los combustibles a público, en circunstancias que la verdadera razón está en el hecho de que el país debe adecuar sus precios internos a los costos internacionales. Esa es la realidad. La culpa de subir los precios a público no la tendrá ni el Gobierno ni la Oposición, sino, como lo señalaron los diputados señores Ortiz, Jaramillo, Vilches y Dittborn, a que estamos frente a un mercado internacional profundamente imperfecto, en el cual los grandes países productores de petróleo se ponen de acuerdo para determinar los niveles de producción y, según eso, fijan el precio internacional. Como son pocos los países que tienen dicha riqueza natural, se dan el lujo de poner los precios que a ellos les interesa. Frente a eso, debemos reconocerlo, poco o nada podemos hacer. Termino diciendo a los chilenos que siguen las sesiones de la Cámara de Diputados, que para nosotros sería mucho más fácil actuar con demagogia y cada vez que se produzca un alza en el precio de los combustibles acusar al Gobierno. Pero eso no me parece justo para el Gobierno y, sobre todo, sería una falta de respeto mentir a los miles de chilenos que con su esfuerzo diario por el progreso del país tienen que pagar un costo mayor por la bencina, el boleto del colectivo o del microbús. Aquí hay una sola verdad: resulta insostenible que mientras el precio internacional del petróleo sigue subiendo o se mantiene en niveles altos, el país mantenga precios bajos. Eso no es posible, porque los ahorros que había para ello se están terminando. Por eso, lo prudente, lo razonable, lo honesto es que, junto con aprobar mayores recursos, se introduzcan modificaciones que aseguren que no habrá mayor arbitrio de la autoridad. Por las razones expuestas, los diputados de Renovación Nacional concurriremos con nuestros votos a la aprobación de la iniciativa en debate. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, hay muchas cosas que podemos compartir del análisis del diputado señor García Ruminot cuando señala que uno debe ser honesto con el país y mostrar la realidad de lo que está ocurriendo con los precios internacionales. Si Chile tiene necesidad de importar el 95 por ciento del petróleo que consume, es evidente que existe una dependencia de los precios internacionales que fijan los productores del crudo, quienes en forma arbitraria pueden subirlos o bajarlos de acuerdo a su conveniencia. Sin embargo, el sentido y la orientación del Fondo de estabilización de precios del petróleo es justamente morigerar, atenuar, graduar el impacto de las decisiones que se toman en el extranjero, que ni la Oposición ni el Gobierno pueden evitar. El precio del petróleo no es un tema menor. No se puede decir que es menos importante atenuar sus variaciones que obtener recursos para terminar con las colas en los consultorios o continuar los planes de empleo, porque el precio del crudo incide en la vida cotidiana de las personas, no sólo en el valor de los combustibles, de los pasajes, del transporte, sino también en los de todos los productos que normalmente consumimos los chilenos. Muchas veces, para quienes somos de regiones, los productos tienen alza cuando deben ser transportados hacia ellas, porque el precio del combustible sube. Por eso, hay que dejar de lado la discusión sobre la utilización política, porque lo serio y responsable es valorar lo que el Gobierno ha establecido en el proyecto: autolimitar sus propias facultades, pues si quisiera hacer las cosas en forma arbitraria no tendría ningún problema, porque esta materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, el Gobierno, en forma personal y responsable, ha tomado la decisión de limitar sus facultades con el fin de que esta materia se rija por normas matemáticas y económicas, y no en forma arbitraria. El hecho de que en la actualidad el Fondo de estabilización del petróleo se haya subdividido en cinco subproductos impide que el subsidio de los consumidores de un producto afecte o se traspase a los otros, además de establecer que, de acuerdo con fórmulas matemáticas, se puedan fijar los precios de paridad y las bandas de precios. La existencia de una transparencia mucho mayor en el manejo del Fondo de estabilización del petróleo es verdaderamente garantía para el país, un avance. También hay que reconocer que la Oposición ha tenido grandeza para hacer aportes al proyecto que estamos discutiendo. Hay que valorar la actitud del Gobierno en términos de hacer de este fondo un instrumento objetivo y serio, que no signifique estar adicionándole recursos sin saber adónde van. La preocupación de muchos integrantes de la Comisión de Hacienda era que cada vez que se acababan los recursos, teníamos que sacar recursos del cobre para aportarlos al Fondo del petróleo. En ese sentido, ha habido buena disposición del Ejecutivo, y lo que hay que hacer es aprobar el proyecto y seguir construyendo instrumentos que nos permitan atenuar los efectos de estas decisiones provenientes del extranjero, de países productores de combustibles y del petróleo, que afectan al chileno común, al estudiante que a veces ve aumentado el valor de su pasaje. Aquí hay un impacto del tecnicismo mucho mayor del que uno ve en estas disposiciones, y otro social, por lo cual considero que ha sido una excelente iniciativa del Gobierno hacer mucho más objetivas y transparentes las decisiones en esta materia. Por las razones expuestas, nuestra bancada va a votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, quisiera salir al encuentro de algunas expresiones poco felices, vertidas hace un rato por el diputado señor Julio Dittborn respecto del incremento del Fondo de estabilización del petróleo. Cuando habla de descaro, ¿cómo puede hacerlo cuando se está defendiendo a los más pobres? Es un tema demasiado importante, delicado y sensible como para utilizar esos términos. Me recuerda el viejo refrán de quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Digo esto por la mala memoria del referido diputado. Recordemos que dijo que hubo una atroz y descarada intervención electoral cuando Ricardo Lagos fue elegido Presidente. Recordemos la intervención electoral del sector que representan los defensores de Pinochet en el plebiscito de 1988, en el que, a pesar de la tremenda intervención y de que corría solo el General, entonces detentor del poder, perdió. El otro, el señor Büchi, ése de la contradicción vital, a pesar de todo el poder que en ese momento tenía el gobierno militar, también perdió. ¿Quién dice algo de eso en el sector que representa el diputado Dittborn? Quiero ser lo más honesto posible: si en algo pecó el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle fue en la poca difusión de sus logros, que fueron muchos, cosa que advirtió tardíamente. Ésa es la verdad. Por favor, seamos serios al hacer los análisis. Y eso que no he mencionado aludo nuevamente a las expresiones del diputado Dittborn, que formó parte de la campaña y de la intervención que también hubo en esos años, el crimen organizado como fase de la propaganda del gobierno militar, cosa que recién en la actualidad, por presión externa, el sector que representa el referido diputado comienza a reconocer tímidamente, aunque todavía no a condenar. Pero quiero referirme muy sucintamente al proyecto, que pretende superar una situación producida por el aumento del precio del crudo en los mercados internacionales, a consecuencia de acuerdos de los miembros de la Opep, que ordenada y sistemáticamente buscan sacarle mejor partido a sus recursos naturales, aunque sea a costa del encarecimiento del principal combustible utilizado en Occidente. Mi preocupación, como parlamentario comprometido con la defensa del medio ambiente, es si como Estado estamos tomando la decisión más racional al subsidiar el precio de un combustible que es conocidamente sucio, dañino para el entorno y que provoca la mala calidad del aire que respiramos. Cuando se discute sobre entregar decenas de millones de dólares para financiar el mayor costo de los combustibles, pienso en el costo que supone esta iniciativa para mantener el actual nivel de consumo de combustible para microbuses, vehículos particulares, industrias, etcétera, y lo que significa, de paso, impedir que el mercado desincentive el uso de estos medios de tecnología contaminante, subsidiado en más de los millones que se consignan en este informe, pues debemos sumar los correspondientes a la atención médica en los consultorios donde se atiende a los niños de Santiago con obstrucción bronquial; además, subsidiamos a los accidentados del tránsito, a los transportistas que, antes y hoy, muestran un poder casi omnímodo y se dan el lujo de extorsionar con amenaza de paros cada vez que se tocan sus particulares intereses. La semana pasada se abrió una polémica acerca de la oportunidad y conveniencia de establecer restricciones a la circulación de los vehículos catalíticos. Pues bien, a mi juicio y al de muchos, el Gobierno acertó al incorporar esta medida restrictiva en casos extremos, pues hoy, a diferencia de lo que ocurría hace diez años, se tiene claro que la contaminación del aire de la capital, con una información mucho más amplia, se debe no sólo a la presencia de gases y químicos, sino también a las partículas y al polvo en suspensión. Al subsidiar el precio del combustible, nuevamente hacemos lo contrario de lo que hemos dicho con anterioridad. Cabe preguntarnos, entonces: ¿Permitiremos que se pueda seguir usando el vehículo particular sin mayores encarecimientos, a costa del erario público y del medio ambiente? Ojalá tuviéramos los 60 millones de dólares para reforzar el plan de descontaminación de Santiago o la investigación en el área de las energías y tecnologías limpias y, sobre todo, ojalá que una parte de los recursos públicos considerados en el proyecto aunque sea mínimase destine a la investigación, producción y comercialización por parte del holding de Enap, para suministrar combustibles mucho más refinados y, por ende, más limpios, menos contaminantes y más eficientes. Sin embargo, entiendo la urgencia del Ejecutivo, que pretende evitar un alza desmesurada del precio de los carburantes, lo que importaría un daño también mayor a la economía nacional, toda vez que se produce una cadena de alzas de precios que aumenta la inflación y, al mismo tiempo, acrecienta los costos de producción, con lo que perdemos competitividad en los mercados, tanto internos como externos. Sobre todo, entiendo que nuestros conciudadanos, que viven de un sueldo, toman dos o tres buses al día para ir a sus trabajos y cocinan y calefaccionan sus casas con gas licuado o parafina, no pueden soportar mayor carestía en su vida. Sólo por estas últimas razones daré mi voto afirmativo a la iniciativa patrocinada por el Ejecutivo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar a la señora subsecretaria cuáles son las estimaciones de los beneficios sociales del Fondo de estabilización de precios del petróleo desde su creación, en 1991, hasta ahora, y la proyección que se tiene de ahora en adelante. Además, ¿cuál es su impacto, en términos económicos y sociales, sobre la contaminación, aspecto tocado por el diputado señor Sánchez? ¿Por qué se usó el término “sinceramiento”, en circunstancias que se hablaba de que era un Fondo totalmente transparente, como decía en un principio el diputado señor Lorenzini? Ahora, a pesar de esa transparencia, estamos hablando de cierto sinceramiento. ¿Cuál ha sido el impacto del Fondo sobre el consumo interno: si tiene alguno, si aumenta, disminuye o es neutro? ¿Qué hubiera sucedido si no existiera el Fondo? ¿Por qué la evolución de los precios internacionales fue tan poco simétrica respecto de los precios internos hasta ahora, porque en la actualidad los internacionales están bajando, mientras que en Chile están subiendo? ¿Cuánto ha costado y costará la administración directa de este Fondo, porque entiendo que también debe tener un valor, respecto del cual no tenemos ninguna noticia hasta el momento? También quiero formular una pregunta relacionada con la Comisión investigadora de la Cámara: ¿Qué sucedió en el transcurso del año pasado? Estos son antecedentes muy importantes para tomar una decisión en torno de este tema. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la señora subsecretaria de Hacienda. La señora WAGNER, doña María Eugenia (Subsecretaria de Hacienda).- Señor Presidente, el diputado señor Kuschel ha hecho una serie de preguntas respecto del funcionamiento del Fondo del petróleo y otras que van más allá de eso. No obstante, todas tienen una respuesta bastante clara. No tenemos cálculo ni cifras respecto del costo social que tiene la brusca fluctuación de los precios de la gasolina o del petróleo; pero no debemos olvidar que este Fondo fue creado en 1991, porque el precio del petróleo tenía una fluctuación muy fuerte a raíz de la guerra del Golfo. La idea que siempre existió, debido a que el precio del petróleo experimentaba grandes fluctuaciones, fue que el Fondo morigerara los precios a público de este producto, con el objeto de que no cambiaran en forma brusca y no se produjeran efectos tan fuertes y negativos en la población de un día para otro. Eso es básicamente lo que se ha estado hablando durante toda la mañana en la Comisión de Hacienda y la razón por la cual logramos acuerdos en ella. Luego de casi diez años de funcionamiento del Fondo, hemos adquirido experiencia en la materia, lo que nos permitió darnos cuenta de que era el momento de adecuarlo y modernizarlo. Ésa es la razón por la que nos sentamos a debatir en la Comisión de Hacienda, donde pudimos hacer un trabajo, por así decirlo, de alto nivel técnico. Quiero destacar la participación de los parlamentarios de Oposición y de Gobierno, que permitió el perfeccionamiento de este Fondo, dada nuestra experiencia y porque sabíamos que no era perfecto. Lo hemos mejorado y modernizado, en aras de conseguir un Fondo que permita un cambio aún mucho más gradual en los precios de la gasolina para que los chilenos no nos veamos afectados por cambios bruscos en el mercado externo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos: El señor BARRUETO (Presidente).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado en general. Por no haber sido objeto de indicaciones, también se da por aprobado en particular. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Rozas (doña María), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, JocelynHolt, Leal, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Vargas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Bertolino y Kuschel. Se abstuvo el diputado señor Lorenzini. VI. PROYECTOS DE ACUERDO PROVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES A PROVINCIA DE PARINACOTA. (Continuación). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario)Se encuentra pendiente la votación, por última vez, del proyecto de acuerdo Nº 388, de la diputada señora González, doña Rosa; de los diputados señores Palma, don Osvaldo; Núñez, Prokurica, Krauss, Valenzuela, Riveros, Orpis y Jarpa, que en su parte expositiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda solicitar al ministro de Salud adopte las medidas necesarias a fin de poder dotar de una o más unidades médicas móviles, a las comunas que integran la Provincia de Parinacota y así de esta forma poder garantizar a los habitantes de estas comunas la asistencia oportuna en caso de urgencias médicas”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Rozas (doña María), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Riveros, Rojas, Sánchez, Soto (doña Laura), Ulloa, Vargas, Venegas y Vilches. Votó por la negativa el diputado señor Villouta. Se abstuvieron los diputados señores: Ortiz y Rocha. RECHAZO A REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE TRASLADO DEL CONGRESO NACIONAL. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 389, de la señora González, doña Rosa; Palma, don Osvaldo; Núñez, Valenzuela, Krauss, Riveros, Jarpa y Orpis... El señor PROKURICA.- Reglamento, señor Presidente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, junto a otros parlamentarios, el 7 de marzo último presentamos el proyecto de acuerdo Nº 375. Sin embargo, hasta la semana pasada no se había tratado. Al preguntarle al Prosecretario, señor Zúñiga, el motivo por el cual no se había sometido a consideración de la Sala, me respondió que estaba suspendido. Para poder suspenderlo, reglamentariamente se necesita la firma de todos los que lo hemos patrocinado, y yo nunca he dado mi firma para tales efectos, ni tampoco el diputado señor Longton. En ese entendido, conversé con él, y en la reunión de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento planteé que se tratara hoy. Sin embargo, ahora me encuentro con la sorpresa de que nuevamente no está en tabla. Por ello, solicito una explicación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, me informan que el proyecto de acuerdo fue suspendido, en alguna medida de buena fe, porque se planteó por algunos señores diputados firmantes que así se procediera. Después nos hemos enterado de que ello no tuvo la venia de todos, y, efectivamente, el diputado señor Prokurica, fuera de tabla, en reunión de comités de la mañana, planteó el problema, por lo cual se consideró la necesidad de reactivar el proyecto de acuerdo. Creo que, más bien, aquí ha existido un problema entre los señores diputados firmantes del proyecto de acuerdo lo que es claro, y propongo que, con la venia de todos los parlamentarios firmantes, sea visto en la sesión de mañana o de pasado mañana. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, si la Mesa dio lugar a la suspensión del proyecto de acuerdo sin la autorización nuestra, lo que debe hacer, para reparar el problema que se generó por una confusión, es tratarlo de inmediato y no mañana, porque reglamentariamente el proyecto de acuerdo nunca estuvo suspendido. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, en la medida en que se cometió un error, ¿por qué volver a incurrir en él? Propongo y creo que no cambiaría nada sustancialque con el acuerdo de todos los señores diputados firmantes lo reactivemos y sea visto mañana o el próximo jueves, en primer lugar. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ocurre que usted requiere la unanimidad de la Sala para hacer justamente lo que está pidiendo: postergarlo, y yo no he dado mi firma para suspenderlo. ¡El proyecto de acuerdo tiene que verse ahora! El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, quiero agregar dos cosas. En primer lugar, se causa “un daño” a quienes han patrocinado un proyecto de acuerdo y no han dado su firma para retirarlo. Por lo tanto, la Mesa tiene la obligación de reparar ese daño en forma inmediata. En segundo lugar, en conversaciones directas con su Señoría, usted me señaló que la diputada señora Laura Soto y el diputado señor Gonzalo Ibáñez habían promocionado el retiro. Conversando con este último, expresó que se trataba de otro proyecto y no de éste. Entonces, con mayor razón, no sólo hay una confusión, sino un error muy grande que la Mesa debe reparar. El señor MOREIRA.- Reglamento, señor Presidente. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no se trata de exigir absolutamente nada, sino de hacer lo que corresponde. Aquí ha habido una falta al Reglamento y, precisamente, hubo una modificación reglamentaria en el tema de los proyectos de acuerdo para que sólo los firmantes pudieran retirarlos. Entonces, me parece que no cabe una discusión mayor al respecto y corresponde que su Señoría, sobre la base de sus atribuciones para salvaguardar el derecho de los señores diputados, coloque en tabla el proyecto de acuerdo. Creo que ningún señor diputado se va a oponer a esta determinación; además, ello no se puede hacer por una cuestión reglamentaria. La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me preocupa mucho que usted dé como argumento fundamental que el diputado señor Ibáñez, de la UDI, haya pedido retirar su firma, toda vez que él no es firmante del proyecto de acuerdo. Yo soy firmante y no he dado mi firma para hacerlo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señora diputada, no he planteado eso; ni siquiera he nombrado parlamentarios. La señora PÉREZ (doña Lily).- Entonces, le solicito decir qué diputados firmantes retiraron su firma, ya que, por lo menos de los que he consultado, ninguno lo ha hecho. Me gustaría saberlo, ya que su Señoría lo ha usado como argumento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señora diputada, no lo he usado como argumento. He dicho que parlamentarios que firmaron el proyecto de acuerdo, pidieron su suspensión. En todo caso, ya que su Señoría ha planteado el tema, como información debo decir que el diputado señor Mora retiró su firma, pero no fue él quien solicitó la suspensión. Sin embargo, debo reconocer que aquí se cometió un error por parte de los parlamentarios firmantes del proyecto de acuerdo, porque se habría necesitado la anuencia de todos ellos para suspenderlo, y eso no fue así. En la medida en que se ha cometido este error, pondré en discusión y en votación el proyecto de acuerdo. El señor Prosecretario le dará lectura. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 375, de los diputados señores Prokurica, Bertolino, Vargas, Longton, Vilches, Soto, doña Laura; Jaramillo, Urrutia y Pérez, doña Lily: “Considerando: 1ºQue el artículo 60, Nº 17, de la Carta Fundamental enumera entre las materias de ley “Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”. 2ºQue en base a esta disposición, la ley Nº 18.678, de 1987, estableció que “El Congreso Nacional tendrá su sede y celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso”. 3ºQue, de esta forma, el cambio de sede del Congreso exige una ley, la cual, en cuanto origina gastos, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Formalmente, el proyecto de ley debe ir acompañado de los antecedentes que expliquen esos gastos, la fuente de los recursos y la estimación de su posible costo, so pena de ser declarado inadmisible. 4ºQue han sido reiteradas las proposiciones para trasladar el Congreso a Santiago. El primer intento fue el 2 de septiembre de 1991, mediante una moción de los diputados Dupré, Seguel y Sabag, y actualmente, somos testigos del último esfuerzo que consiste en que, si un grupo importante de parlamentarios solicita al Presidente de la República el envío del proyecto respectivo, el Primer Mandatario accedería. 5ºQue las razones para mantener el Congreso en Valparaíso o para trasladarlo a Santiago son variadas, en uno y en otro sentido. Pero hay una que, sin pronunciarse sobre el traslado o de la eficacia de la medida, o del mayor o menor grado de descentralización que ha generado, resulta ser hoy la más importante, y es la que se refiere al monto de recursos requeridos para concretar el traslado. 6ºQue en este orden de ideas se ha estimado que el traslado originaría un gasto cercano a doscientos cincuenta millones de dólares, a lo que debe agregarse la inversión ya efectuada en el actual edificio, el que, por ahora, ni tiene un uso alternativo. 7ºQue en este contexto, solventar el costo económico del traslado, aparece indudablemente como una frivolidad insostenible frente a los cuatro millones de pobres y a los cuatrocientos mil cesantes que existen actualmente en el país. 8ºQue ante esta realidad la pregunta que necesariamente surge es cómo el Gobierno financiará el costo del traslado, si se considera que, como producto de la crisis económica, ha reducido el presupuesto de ministerios que cumplen funciones sociales. A vía de ejemplo, cabe señalar que, a fines de 1998, se recortaron doscientos millones de dólares del presupuesto del Fisco para 1999, que se tradujeron en rebajas en las inversiones y bajas en los costos de operación de todos los sectores. En base a las consideraciones precedentes, sometemos a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de acuerdo: Solicitar al Presidente de la República que se abstenga de enviar a tramitación legislativa el proyecto de ley que traslada el Congreso Nacional a la ciudad de Santiago y que los recursos necesarios para financiar dicho traslado, estimados en doscientos millones de dólares, sean destinados a financiar actividades estatales, en beneficio de los sectores más desposeídos, los que, producto de las medidas para afrontar la crisis económica, han sido objeto de drásticas reducciones presupuestarias”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, queremos destacar su hidalguía, porque es bueno que se reconozcan los errores y se reparen. Eso es inédito en las Mesas de la Cámara. Hemos presentado el proyecto de acuerdo por muchas razones. En primer lugar, el costo de implementación de este edificio fue, aproximadamente, de 200 millones de dólares, suma que simplemente se perdería, ya que no se divisa un uso alternativo para este inmueble, y también constituye un despilfarro. Tanto es así porque somos testigos, a través de la prensa que 57 mil personas no pueden ser recontratadas en los planes municipales de absorción de cesantía porque no hay recursos. Entonces, mal nos podríamos dar el lujo de gastarnos más de 200 millones de dólares en dejar este inmueble y construir otro en Santiago. El costo actual de traslado, según estudios realizados al efecto, sería del orden de doscientos cincuenta millones de dólares como mínimo, y esto constituye una frivolidad inaceptable frente a los millones de pobres y de cesantes que aún existen en el país. Tampoco se sabe cómo se financiará el costo del traslado; ello es más decisivo aún, si se considera que el presupuesto anual de la nación ha ido recortándose en forma continua y sostenida durante los últimos años. ¡Qué lastima que no esté presente la señora subsecretaria de Hacienda para haber ratificado lo que decimos en este momento! Por todas estas razones consideramos que el Ejecutivo no debe enviar a trámite un proyecto de ley que disponga el traslado del Congreso de la ciudad de Valparaíso a Santiago, y que los fondos disponibles para ello deben destinarse a los sectores más desposeídos, víctimas de los recortes presupuestarios. Por último, cabe sostener que el país no resistiría un gasto de esta naturaleza, y menos aún un Congreso quienes somos parte de élestaría dispuesto a aceptar las críticas de la ciudadanía. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, es poco lo que se puede agregar a esto. Yo diría que, en vez de solicitar al Presidente que se abstenga de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley porque, gracias a Dios, todavía no existe, él no debe prestar oídos a los cantos de sirena sobre un traslado del Congreso desde Valparaíso a Santiago. Es importante hacer hincapié en el costo enorme de semejante iniciativa y en el despilfarro que significaría utilizar fondos en dicho traslado. Pero también es importante recalcar los beneficios que ha traído para la actividad legislativa el operar en Valparaíso, distante, aunque relativamente cerca, del centro del Poder Ejecutivo, y cuán beneficioso ha sido para el mismo ejercicio de ese Poder Ejecutivo el hecho de que el Poder Legislativo no esté adosado a él; de lo contrario, tendríamos a todos los parlamentarios en las oficinas públicas. Por muchas razones expuestas, por las que hemos planteado hoy en el hemiciclo, a las que agregamos el hecho de que gran cantidad de funcionarios del Congreso residen en Valparaíso, dado que contrajeron el compromiso de vivir acá, creo que su traslado sería extraordinariamente negativo y costoso. Por eso, la prudencia, el buen uso de los fondos nacionales y el buen destino de la actividad legislativa, recomiendan aprobar este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, cuesta un poco entender la motivación de los colegas parlamentarios para presentar este proyecto de acuerdo; porque, aparte de dejar en evidencia la errónea decisión primaria de instalar el Congreso aquí, con una cantidad estratosférica de recursos, cabe concluir que todo ello, obviamente, no guarda ninguna relación con lo que hoy costaría implementar un Parlamento, una oficina o la sede del Poder Legislativo donde realmente corresponde: exactamente al lado del Ejecutivo o muy cerca de él, para, efectivamente, hacer un adecuado trabajo mancomunado al servicio del desarrollo del país. Si quisiéramos entrar al fondo del asunto, podríamos dar muchos argumentos, desde los que ya hemos señalado en términos económicos. Estimaciones serias nos informan que el hacer funcionar el Congreso aquí, en las condiciones en que estamos, con lo que significa el traslado de parlamentarios, de funcionarios, de ministros, del Ejecutivo, todas las semanas, desde Santiago hacia acá y viceversa, representa un costo superior a los 300 millones de dólares. Si quisiéramos considerar, incluso yendo más allá, otro argumento, tal vez bastante poco técnico, sería el tema humano: los funcionarios que prestan su servicio por ejemplo, quienes nos atienden en los comedores viajan todos los días desde Santiago. A lo mejor, podríamos preguntar de qué le ha servido a la Quinta Región el Parlamento en Valparaíso. Absolutamente de nada. Y otras iniciativas podrían desarrollarse en este edificio que efectivamente le significaran a Valparaíso, a la Quinta Región en su conjunto, no sólo demostrar, sino abrir una ventana al país y al mundo por qué no decirlo; por ejemplo, un centro de conferencias, de eventos, etcétera. Podrían pensarse, inteligentemente, distintas opciones para este edificio. No quisiéramos quedarnos y basarnos solamente en esas reflexiones, sino ir un poco más allá. Si a la hora de legislar, de desarrollar nuestra actividad, hacemos que se respeten las facultades del Congreso, también debemos estar dispuestos a respetar las prerrogativas o facultades del Presidente de la República. No es facultad del Congreso pedir al Presidente que se inhiba de cumplir las funciones que le son propias. Por eso, aparte de los argumentos técnicos, económicos, y de los raciocinios que hemos escuchado, quiero agregar que, hoy, la presentación en debate no sólo es irracional, sino que no cuenta con ningún apoyo constitucional para ser vista aquí, y por eso vamos a concurrir a rechazarla. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, ha sido difícil desarrollar esta discusión en un clima desapasionado, porque los parlamentarios de la Quinta Región han asumido la bandera del Congreso como una razón esencial de la supervivencia de su región. Creo que están exagerando y que el país también lo ve así. Hoy, respecto de este proyecto de acuerdo, en que, realmente, se esgrime un argumento demagógico lo digo con toda lealtad y camaradería, y chantajista frente al país, me da mucha pena el hecho de que no podamos tener una discusión clara. En todos los países, el poder legislativo está cerca del ejecutivo. Los costos que significa el funcionamiento del Congreso en Valparaíso son considerables. Se han hecho estudios. Tampoco es cierto que le haya traído tantos beneficios a Valparaíso. Entonces, aquí se está haciendo uso de un chovinismo, de una demagogia, de hacernos aparecer ante el país, al resto de los diputados, como si fuéramos absolutamente insensibles y estuviéramos en contra del desarrollo nacional, lo cual no es justo. Yo les digo a los colegas de Valparaíso que están cometiendo una tremenda injusticia con los que legítimamente queremos que el Congreso Nacional esté en Santiago. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señora diputada, terminaron sus 5 minutos. La señora SAA (doña María Antonieta).- Termino diciendo que sería estupendo, y de mucho más provecho para la región, que este edificio lo ocupara la Universidad de Valparaíso, que tiene casi mil sedes. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, francamente, a pesar de todo el respeto que tengo de la Oposición, me parece inaceptable que se le haya dado la palabra a dos de sus miembros haciendo aparecer como que éste es un problema político. ¡No es político; es un problema del país! Su Señoría no me dio la palabra, sino a dos diputados de allá y a dos de acá. No se puede hacer eso. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señores diputados, el Comité de la bancada democratacristiana ha solicitado que la votación de este proyecto de acuerdo sea secreta. Hablan varios señores diputados a la vez. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación dicha petición. Varios señores DIPUTADOS: ¡Escandaloso! ¡Vergonzoso! Por fallas del sistema electrónico no se registra la nómina de los señores diputados que participaron en la votación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se va a repetir la votación por problemas en el tablero electrónico. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Rechazada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Arratia, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, León, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Núñez, Ojeda, Olivares, Palma (don Joaquín), Pareto, Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Tuma y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Elgueta, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hales, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rocha, Rojas, Sánchez, Soto (doña Laura), Ulloa, Vargas, Venegas, Vilches y Walker (don Ignacio). Se abstuvieron los diputados señores: Rozas (doña María), Girardi, Palma (don Andrés) y Villouta. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, pido que la próxima sea votación nominal. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No ha lugar, señor diputado, pues debe ser solicitada por dos Comités. En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Rechazado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Bartolucci, Bertolino, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Hales, Ibáñez, Jaramillo, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Soto (doña Laura), Ulloa, Vargas, Venegas, Vilches y Walker (don Ignacio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Arratia, Rozas (doña María), Ceroni, Elgueta, Girardi, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, JocelynHolt, Krauss, León, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Tuma y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca, Rocha y Villouta. Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma por un asunto reglamentario. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, solicito que una copia de la votación del proyecto de acuerdo sea enviada al Presidente de la República. El señor MORA (Vicepresidente).- Eso no es cuestión de Reglamento. Se suspende la sesión por cinco minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión: VII. INCIDENTES ALCANCES SOBRE INICIATIVA DE TRASLADO DEL CONGRESO NACIONAL. El señor MORA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, en forma muy rápida hemos votado un proyecto de acuerdo respecto de la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso o de su eventual traslado a Santiago, sin tener la posibilidad de debatirlo a fondo y con tranquilidad. Sus considerandos son bastante lógicos; no es el momento de entrar en ese tipo de situaciones: el país sigue soportando una crisis económica muy fuerte, muchos sectores esperan aportes fiscales a la situación que los afecta, entre ellos los jubilados, las montepiadas, la gente que participa en los programas municipales de empleos de emergencia, etcétera. Ahora, debemos enfrentar la nueva alza del petróleo y sus derivados. ¡Hay tanto que hacer con los fondos fiscales, como para derrochar el dinero en iniciativas innecesarias! El proyecto de acuerdo, bastante lógico y sólido, pedía al Presidente de la República que se abstuviera de enviar a tramitación legislativa una iniciativa para trasladar el Congreso Nacional a Santiago, porque el país no comprendería una decisión distinta. A mi juicio, el Primer Mandatario no enviará un proyecto de esta índole; entre otras razones, por la estrechez del resultado de la votación. Además, ha asumido que la situación económica del país y los recursos fiscales deben ser destinados a los problemas sociales y necesidades de la gente y no a nuestras comodidades, como parlamentarios. Por ello, tengo plena confianza en que tomará en consideración esta lógica. Por lo demás, recordemos que tanto él como, en su momento, el Presidente Frei, pidieron una resolución sustancial sobre la materia; no una diferencia de cinco votos. Dijeron que si el Congreso Nacional, por una clara mayoría, tomaba una decisión en ese sentido, podrían considerar el tema; y hoy se produjo una votación sobre la marcha con una diferencia de apenas cinco votos. Es obvio que eso demuestra la ausencia de una decisión sustancial de la Cámara de Diputados ante un asunto tan controvertible y no se cumple el requisito pedido por el Ejecutivo: una resolución clara, definida, determinante y amplia del Congreso sobre la materia para entrar a considerarla. De modo que a pesar de lo sucedido hoy algo subrepticio, sobre la marcha, donde no hemos tenido la oportunidad de ver el fondo del tema, el Presidente de la República tendrá la prudencia de no proceder en este aspecto y no enviará un proyecto de ley de traslado del Congreso por los dos motivos señalados: en primer lugar, porque económicamente no es sostenible ni presentable frente al país un despilfarro de esta naturaleza, con la destinación de fondos fiscales a nuestras necesidades como sector político, y no a la satisfacción de las de la ciudadanía, sobre todo de la gente más pobre, que espera tanto de nosotros y del empleo de los recursos fiscales. En segundo lugar, porque la resolución ha sido tomada con una diferencia de cinco votos. Con esa diferencia no es posible sostener que ha habido una decisión fundamental del Congreso Nacional. He dicho. INICIATIVA DE LEY EN DEFENSA DE LOS PRODUCTORES LECHEROS. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, en esta ocasión deseo reiterar la actual situación del sector productor lechero del país, el que ha vivido una crisis muy profunda en los últimos dos años. El nivel de precios al productor a que ha llegado la leche, en verdad, no permite mantener este rubro y, por lo tanto, peligra una importante actividad en el sur de Chile, que genera varios miles de empleos. La crisis del sector lechero se ha visto agudizada porque se pretende que compita con los países más eficientes en la materia, entre los cuales el principal es Nueva Zelanda, donde el costo de producción es igual al precio que reciben los productores chilenos en el mercado nacional. En estas condiciones, es imposible pensar que podrá subsistir. En los últimos días ha habido, incluso, manifestaciones callejeras de los productores frente a las industrias para solicitar un mejoramiento del precio de la leche. Pero, al mismo tiempo, ha habido una proposición muy concreta, que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, que dice relación con un anteproyecto de ley, preparado por los propios interesados, que entregaron al ministro de Agricultura. Ellos pretenden que se establezca un sistema de sobretasa arancelaria para la leche, en el entendido que quedaría enmarcado en las normas de la economía de mercado, en las que estamos insertos y de las cuales no podemos salirnos, por cierto, y en los acuerdos internacionales suscritos por Chile, o sea, compatible con la OMC, por decirlo de alguna manera. Siempre que esto se ha discutido públicamente, ha saltado una suerte de contradicción entre economía social de mercado, economía de fronteras abiertas, como modelo exitoso de Chile, versus la sobretasa arancelaria para la leche, como si fueran dos cosas contrapuestas que no pueden convivir en una economía de mercado. El anteproyecto de ley que plantean los productores se sustenta en un hecho indesmentible: el mercado mundial de la leche es el más distorsionado del mundo. Son tres los que tienen las mayores distorsiones económicas: el del trigo, el del aceite y el de la leche. Según estudio realizado por economistas norteamericanos ni siquiera por chilenos, los productos lácteos tienen una distorsión de hasta un 51 por ciento. ¿Qué significa esto en términos simples? Que si no existieran las distorsiones como consecuencia de los subsidios que los propios gobiernos entregan a los productores de países de Europa y de Estados Unidos, el precio de la leche sería un 51 por ciento más caro que en la actualidad. Dicho en otros términos, si hoy la tonelada de leche importada vale 1.500 dólares, sin esos subsidios podría ser de 2.300 dólares. Y como hay una correlación directa entre el precio de importación y el que se paga a los productores, éste podría ser un 50 por ciento más caro. Debe enfrentarse ese mercado comprobadamente distorsionado. Una economía de mercado no puede estar desprotegida de las distorsiones del mercado. En “El Mercurio” de hoy aparece un editorial que critica duramente la posibilidad de aplicar una sobretasa a la importación de leche. Con argumentos que se consideran importantes dentro de la economía social de mercado, se plantea, como un aspecto fundamental en el análisis, que el principio básico que sustenta la aplicación de un tratamiento arancelario especial, es decir, la sobretasa a la leche, es la existencia de prácticas orientadas a debilitar y, eventualmente, a eliminar la competencia y que sea de carácter transitorio. Y como establece que los subsidios son permanentes y no transitorios, no sería conveniente aplicar la sobretasa. Con este criterio, se está aceptando que las potencias Estados Unidos y países de la Unión Económica Europea dispongan cómo deben asignarse los recursos de inversión en Chile, lo que es inaceptable. Si somos partidarios de una economía abierta, de igualdad en la competencia, al menos, no podemos competir en mercados reconocidamente distorsionados por los propios países que entregan los subsidios, ya que son declarados cada año ante la OMC y, por lo tanto, se conoce su monto. En esas condiciones, es imposible competir. Los productores chilenos, a través de su anteproyecto, proponen competir en igualdad de condiciones, incluso con la presencia de subsidios. Es más, hasta un 7,5 por ciento de subsidio, no quieren sobretasa; pero sí en el caso de que en los países europeos los subsidios excedan de ese porcentaje. Eso es de plena justicia y lógica, concordante con el modelo económico y plenamente compatible con los acuerdos internacionales suscritos por Chile. De manera que vamos a seguir trabajando con todos los sectores hasta lograr que el criterio que exponen los productores sea acogido por el Gobierno y enviado como proyecto de ley al Congreso. He dicho. MEDIDAS FITOSANITARIAS EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- Restan cuatro minutos al Comité de la UDI. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, la salmonicultura de la Décima Región, bastante desarrollada, ha sido afectada por infecciones y enfermedades que pueden dañar la incipiente industria del salmón de la Octava Región. Por eso, pido que se oficie a los ministros de Economía y de Agricultura, para que dispongan el estudio del establecimiento de una barrera fitosanitaria en la Octava Región, de manera de evitar esas infecciones y enfermedades. Hasta ahora, la subsecretaría de Pesca ha estimado que el problema es del SAG, el que, a su vez, considera que es de la subsecretaría de Pesca. En consecuencia, alguien debe colocar el cascabel al gato. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Leopoldo Sánchez, Guillermo Ceroni, Felipe Letelier, Carlos Olivares y Waldo Mora. ABUSOS DE LOS PODERES COMPRADORES DE UVA. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, sin perjuicio de pedir que se envíe a su Excelencia el Presidente de la República el resultado de la votación del proyecto de acuerdo sobre el traslado del Congreso de Valparaíso a Santiago, quiero llamar la atención acerca de la actitud desleal en época de cosechas y solicitar el envío de oficios a algunos ministros. En el caso del trigo, los molineros se ponen de acuerdo para bajar los precios en épocas de cosecha; sin embargo, pagamos mucho más caro el grano que proviene de Argentina. En el sector arrocero sucede algo parecido. Pero me interesa llamar la atención sobre el tema de la uva. En los últimos años, nuestro país ha incrementado fuertemente su exportación, lo que ha significado mejorar o reconvertir las plantaciones, cosechas y procesamiento del vino. Sin embargo, hoy nos encontramos lo digo en nombre de las comunas de Quillón, en especial Cerro Negro, Coelemu, Ranqui, Portezuelo, Ninhue, San Nicolás, Quirihue, Trehuaco, grandes productoras de vinocon que los molineros están pagando 30 ó 40 pesos por el kilo de uvas. Está claro que, en esas condiciones, a un agricultor ni siquiera le conviene cosechar la uva ni tampoco vendimiar, porque le sale más caro que el precio que le están pagando por el kilo. Por las razones señaladas, pido que se oficie a los ministros de Economía y del Interior, a fin de que informen a esta Corporación cuáles son los mecanismos que se utilizan para fijar el precio de la uva, con el objeto de determinar si hay concomitancia entre los compradores de este producto, lo cual termina perjudicando a los pequeños y medianos productores, porque aquí no resultan perjudicados los grandes productores de uva. Debe haber un mecanismo estatal de protección a los productores, de manera de terminar con esta actitud desleal de los molineros en general. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Palma, Sergio Ojeda y de la diputada señorita Antonella Sciaraffia. FIJACIÓN ARBITRARIA DEL PRECIO DEL ARROZ PADDY. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, he querido intervenir en esta ocasión para denunciar en forma vehemente las prácticas abusivas de los poderes compradores del arroz paddy en contra de los productores. En la actual cosecha se está ofreciendo al productor arrocero un precio que, no me cabe la menor duda, no es el reflejo de un mercado transparente, sino el producto de un acuerdo ilegal de los industriales del arroz. Todo indica que los industriales arroceros se han puesto de acuerdo para fijar un precio arbitrario, con lo cual perjudican los intereses legítimos de los agricultores arroceros. Hasta hace cinco días, los industriales ofrecían 9.500 pesos por el quintal de arroz paddy, pero, curiosamente, después todos coincidieron en bajar el precio a 9 mil pesos el quintal, en un acto expropiatorio de las pocas utilidades que obtienen los productores agrícolas. Es muy fácil que se produzca acuerdo entre los molineros en materia de precios, fundamentalmente, porque, en nuestro país, los industriales o poderes compradores del arroz son muy pocos, no más de diez. La principal industria compradora de arroz, Tucapel, concentra en sus manos más del 50 por ciento del poder de compra en el mercado del arroz. Esto hace mucho más fácil lograr acuerdo entre pocos molineros para fijar un precio arbitrario y no el que corresponde. Ante esta situación, tremendamente grave incluso ayer provocó una protesta de los agricultores, especialmente de los pequeños, pido, en forma encarecida, que se oficie con urgencia al fiscal económico, a fin de que se realicen los estudios que permitan determinar si se está infringiendo la ley antimonopolios, y se proceda a investigar, a la brevedad, el mercado de compra del arroz paddy, a fin de detectar posibles irregularidades y, en caso de que existan, se apliquen las más drásticas sanciones, adjuntando copia de mi intervención. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Leopoldo Sánchez, Sergio Ojeda, Carlos Olivares y las diputadas señoras Eliana Caraball y Antonella Sciaraffia. ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, el domingo recién pasado se verificaron elecciones generales en la hermana República de Perú. Desde hace meses sabemos de la agudización de los conflictos en su proceso político. Al afán del Presidente, señor Fujimori, de lograr una segunda reelección se suman las denuncias de intervencionismo electoral, de control de las autoridades judiciales y del organismo electoral nacional y, más encima, el manejo hegemónico de la prensa escrita y televisiva. En definitiva, elecciones en un marco completamente inadecuado para permitir la expresión libre de los ciudadanos peruanos. Todos los hechos antes señalados han sido denunciados, primero, por instituciones internacionales de prestigio, como Transparency International, American Watch, International Amnesty; después, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y más recientemente y en forma muy tímida, por la Organización de Estados Americanos. Recordemos que Perú, al igual que Chile, suscribió el Acuerdo de Santiago, que importa una cláusula democrática de las naciones americanas e impide la participación en encuentros multilaterales de los países cuyas autoridades no acceden al poder de manera legítima. La única legitimidad la da el pueblo soberano que participa en un clima de libertad en elecciones periódicas. Sabemos que las relaciones con Perú son fundamentales para nuestro país, en términos políticos y económicos, dada nuestra condición de vecinos y por nuestra historia. Sin embargo, creemos lo decimos con todo respeto que el Gobierno de Chile debe expresar públicamente sus deseos de que los peruanos puedan, soberanamente, definir su destino institucional y político. Como bancada del PPD nos preocupa el atropello de los derechos de los hermanos de Perú. Criticaremos cualquier intento de burlar este derecho humano básico de decidir en conciencia qué tipo de gobierno desean para su país, y haremos lo imposible para impedir que surja nuevamente en América Latina un Estado al margen de los principios democráticos. He dicho. o El señor MORA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el diputado señor Carlos Olivares presida mientras hago uso del tiempo que me corresponde en Incidentes. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor MORA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité del Partido Socialista. Ofrezco la palabra. DECISIONES DE PAÍSES LIMÍTROFES EN PERJUICIO DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficios. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señorita Antonella Sciarrafia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, quiero plantear una situación que preocupa en forma muy particular a la comunidad iquiqueña. Dice relación con los efectos que está sufriendo particularmente el sistema de zona franca, uno de los sustentos básicos de la región, en términos de ocupación de mano de obra, debido a diversas decisiones de los países vecinos. Hace algún tiempo, Bolivia restringió el acceso a su país de mercancías provenientes de la Zofri y lo mismo ocurrió con Paraguay. A lo anterior se suma hoy una disposición de la aduana argentina que prohíbe, por un año, la importación y tránsito de una enorme cantidad de mercaderías provenientes de la Zofri. La Zona Franca de Iquique es una de las palancas de desarrollo más importantes de nuestra Región y una de las empresas que ocupa mayor cantidad de mano de obra. Por esa razón, por el efecto negativo y muy grave que pueden tener en Iquique, resultan preocupantes estas decisiones de los países vecinos, dado que las mercaderías, cuya importación y transporte se prohíben, equivalen, más o menos, al 70 por ciento de las que se expiden desde la Zona Franca. Quiero hacer un llamado de atención a las autoridades respecto de esta situación y pedir, por intermedio de la Mesa, que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia para que haga saber al SAE de los efectos que esto puede acarrear al sistema de zona franca. Además, solicito, particularmente en esta materia, la intervención de la Cancillería es evidente que se debe mantener la relación cercana que se tiene con los países vecinos para que no se afecten nuestras empresas, ya que dan trabajo a muchos ciudadanos de Iquiquea fin de que realice las gestiones para que se pueda superar esta situación. Hay que considerar que en este momento, producto de esta disposición de la aduana argentina hay muchos camiones retenidos, de propiedad de transportistas de la ciudad de Iquique, quienes han hecho un esfuerzo por trabajar, a pesar de que las condiciones son cada vez más adversas. Es necesario tener presente que la Zona Franca de Iquique es un orgullo para el país en términos de comercio exterior y del manejo de lo que eso significa. He dicho. El señor OLIVARES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. ACCIONES JUDICIALES A RAÍZ DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Oficio. El señor OLIVARES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora, por cinco minutos. El señor MORA.- Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Cámara sobre un tema que ha causado alarma pública en la Segunda Región, en particular en la ciudad de Calama. A raíz de una serie de denuncias que me hicieron llegar los ciudadanos de Calama, solicité de acuerdo con las facultades que la Constitución nos otorga que se oficiara a la Contraloría para que iniciara una investigación en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Calama, la cual duró aproximadamente diez meses. Dicha investigación concluyó en que existían una serie de irregularidades administrativas y hechos constitutivos de delito. El señor alcalde de Calama, haciendo caso omiso del informe de la Contraloría y vencidos los plazos para formular descargos, no encontró nada mejor que presentar un recurso de protección contra la Contraloría por no haberle garantizado un debido proceso, acusándola de no informarle de la investigación llevada a cabo, remitida a la Cámara de Diputados y entregada para conocimiento del diputado señor Waldo Mora, enviando el oficio, además, al senador don Carlos Cantero. Finalmente, presentó una querella contra los que resultaren responsables por haber hecho uso malicioso de esta información, es decir, actuó con un desconocimiento absoluto de lo que son las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. A tal punto ha llegado la situación, que he conversado con varios colegas diputados y con la propia Contraloría, haciéndoles ver que lo que se vive en Calama va a sentar precedentes en la historia de la corrupción municipal en Chile. Por ello hemos presentado un proyecto de ley que tiende a otorgar facultades a la Contraloría General de la República para que pueda suspender y destituir a los alcaldes que aparezcan comprometidos en hechos dolosos, producto de su gestión municipal; y para modificar la ley a fin de que un concejal o un parlamentario en ejercicio pueda recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, es decir, entregar a los concejales la misma facultad que tienen los parlamentarios, porque los alcaldes se encuentran en tierra de nadie, y a veces mayorías políticas circunstanciales, confundidas en una lealtad equivocada, rayana en la complicidad, amparan y protegen a estas autoridades que desprestigian la democracia. Por ello, solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se haga parte en la querella criminal, radicada en el segundo juzgado del crimen de Calama, en contra del alcalde de Calama, don Erwin Rowe Molina, y de los que resulten responsables, para que la ciudadanía y el país sepan que nadie tiene derecho a la impunidad y que la justicia es igual para todos: para los chicos, para los grandes y, especialmente, para los hombres públicos. He dicho. El señor OLIVARES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señorita Antonella Sciaraffia y señora Eliana Caraball. INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios. El señor OLIVARES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda, por cuatro minutos. El señor OJEDA.- Señor Presidente, a mediados de 1998, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley por medio del cual se crean juzgados de policía local en diversas comunas del país, y fue producto de la preocupación e inquietud del Gobierno por resolver el problema que se estaba produciendo en diversos juzgados de policía local. Desde luego, estos tribunales presentan graves problemas, entre los cuales destaca la sobrecarga de trabajo en la tramitación de sus causas, aunque son la institución adecuada para resolver los problemas cotidianos de la gente, donde está en juego el acceso directo a la justicia para una cantidad significativa de personas. Este proyecto se tramitó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde fue aprobado; posteriormente pasó a la Comisión de Hacienda, donde quedó estancado desde mediados de 1998. Ello, porque habría ciertas dudas, ya que, fruto de la reforma constitucional que tuvo por objeto dotar a las municipalidades de nuevas atribuciones y conferir mayor participación a la comunidad local, se entendió que las municipalidades podrían tener atribuciones para crear estos tribunales y dotarlos a su vez del personal. Esta reforma, contemplada en la ley Nº 19.526, publicada en el Diario Oficial del 17 de noviembre de 1997, modificó el artículo 110 de la Constitución Política. Existía la duda en el Ejecutivo respecto de si las municipalidades tenían facultades para crear los juzgados de policía local. Frente a ello existían dos criterios: uno señalaba que sólo se podía hacer en virtud de una ley; el otro, que podría procederse a través de un acto administrativo. Sin embargo, en una intervención que tuve hace un tiempo, solicité que se aclarara la situación a fin de dar libre curso a la tramitación del proyecto sobre creación de estos juzgados, ya que son muy necesarios. La Contraloría evacuó su informe, con fecha noviembre de 1999, el cual señala textualmente: “En consecuencia, después de hacer el estudio, esta entidad fiscalizadora opina que actualmente la creación de los juzgados de policía local es de iniciativa legislativa, radicada en el Presidente de la República, atendido el especial carácter de servicio público que revisten dichos órganos, sin que el actual artículo 110 de la Carta Fundamental habilite a que pueda autorizarse a las municipalidades para crear tales órganos jurisdiccionales”. Y agrega la Contraloría: “Por otra parte, no puede dejar de considerarse lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, según el cual la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. O sea, los tribunales de justicia son siempre creados por ley. En consecuencia, la creación de juzgados de policía local es facultad exclusiva del Presidente de la República, a través de un proyecto de ley. En consecuencia, la situación estaría absolutamente aclarada, por lo que considero pertinente que se dé libre tramitación al proyecto que se encuentra radicado en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, solicito oficiar al Presidente de la República para que, en virtud de la resolución de la Contraloría General de la República, se sirva incluir el proyecto en esta legislatura extraordinaria. Además, oficiar al ministro de Hacienda con copia del oficio a la Contraloría, a fin de que tome nota de ello; de igual manera al ministro de Justicia y a la Subdere, a través del ministro del Interior. Al mismo tiempo, solicito enviar copia de la resolución de la Contraloría a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señora Eliana Caraball y señor Carlos Olivares. MEDIDAS PARA FACILITAR ACCESO DE ESTUDIANTES A CRÉDITO CORFO. Oficio. El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo que le resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Olivares. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, como es de conocimiento público, entre los meses de marzo y abril se iniciaron las actividades en las universidades de nuestro país. Lamentablemente, algunos estudiantes aún no han podido matricularse. Esta situación, que conlleva inseguridad para el futuro de los jóvenes, se origina en problemas derivados de la estructura del crédito Corfo, que es la fuente de financiamiento de sus estudios. Dicho crédito, que el Estado entrega a los estudiantes a través de la banca privada, ha mostrado importantes deficiencias que dicen relación con la forma en que se entrega, su oportunidad, y los requisitos exigidos para poder optar a ellos. En primer lugar, los bancos que administran el crédito exigen a los estudiantes avales que cumplan ciertos requisitos que, muchas veces, no son fáciles de reunir. Por ejemplo, deben tener determinada renta, no pueden ser trabajadores independientes y, en algunos casos, deben hacerse clientes del banco que administra el crédito, es decir, abrir una cuenta corriente en él. Otro de los problemas radica en que los alumnos del primer año deben enfrentar mayores obstáculos que los de otros cursos o, lisa y llanamente, se les niega la posibilidad de acceder al crédito. Se comprende fácilmente que si alguien no puede ingresar al primer año, difícilmente podrá estudiar una carrera. Asimismo, nos encontramos con la dificultad que representa el hecho de que dicho crédito debe renovarse año a año; pero si algún aval ha tenido problemas, entonces ya no sirve y el estudiante debe conseguirse otro o quedarse sin el crédito, debido a lo cual no podrá seguir estudiando. Estas situaciones han derivado en que muchos estudiantes, a pesar de lo avanzado del año académico, todavía no puedan matricularse. El problema es muy complicado. Por ejemplo, también hay alumnos de los últimos años de las diversas carreras que no han podido matricularse, por lo que no podrán continuar con sus estudios. Considero que para resolver de buena manera este problema deben adoptarse algunas medidas que paso a enumerar. En primer lugar, que el Estado, a través de la Corfo, suba las garantías de los créditos hasta el 90 por ciento del total del capital prestado. De esta manera, los bancos disminuirán los requisitos exigidos para otorgar el crédito a los estudiantes. En segundo lugar, se debe terminar con los subsidios a las universidades privadas, tales como el Afi y el Mece sub, y entregar esos dineros directamente a los estudiantes. En tercer lugar, implementar una libreta de ahorro para la educación superior, estableciendo un premio al final. Es decir, que se otorgue un subsidio estatal a todos aquellos que ahorren y que sirva para que los jóvenes puedan terminar sus carreras. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación, adjuntando el texto de mi intervención. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de la honorable diputada señora Eliana Caraball y de los honorables diputados señores Sergio Ojeda y el que habla. DAÑO EN JARDÍN BOTÁNICO DE VIÑA DEL MAR POR EXPROPIACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DEL TRONCAL SUR. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el honorable diputado señor Arturo Longton. El señor LONGTON.- Señor Presidente, están prontas a comenzar las obras de un camino esperado durante muchos años por esta región, en especial, por las personas que viven al interior: Quilpué, Villa Alemana, Olmué, Limache, etcétera. Me refiero al Troncal Sur. Hace algunos días, el jueves 6 de abril, el secretario regional ministerial de Obras Públicas reconoció que la franja que se expropiará al interior del Jardín Botánico de Viña del Mar será de alrededor de 45 metros. En principio, se dijo que la franja alcanzaría alrededor de 12 metros, pero se explicó que aunque el trazado está definido desde hace mucho tiempo, a la hora de aplicar lo proyectado en el terreno siempre se producen “pequeñas variaciones”, lo que ha generado preocupación entre las personas que administran el Jardín Botánico, quienes temen un impacto ambiental mayor que el esperado. El Jardín Botánico ocupa alrededor de 404 hectáreas, considerando todo el terreno, 40 de las cuales forman el parque propiamente tal y corresponden a la zona de la planicie. La expropiación anunciada afecta la zona del parque, entre el puente Las cucharas y el viaducto Las Palmas. Lo más grave es que las obras pondrán en riesgo el trabajo de conservación que la fundación Jardín Botánico realiza desde 1988, con flora de Juan Fernández e isla de Pascua, que ya se ha visto afectada por el efecto de la vía Las Palmas entre otras especies, han muerto coihues y por la reparación del camino El Olivar. Es decir, las obras del Troncal Sur vienen a representar un tercer perjuicio para el entorno, lo que refleja, una vez más, la falta de respeto por el tema medioambiental específicamente porque el Jardín Botánico es único en el país, además de la imposición de una política ya estamos acostumbrados a ella de hechos consumados. En síntesis, los 45 metros de la franja que se va a expropiar afectarán a 4 palmas chilenas especie en peligro de extinción, 20 palmas de Canarias y diversas especies nativas que son vulnerables, como bosquetes de peumos, quillayes, boldos, litres, cactos, bromelias, etcétera. Como una forma de graficar la vulnerabilidad de estas especies, hay un decreto supremo que exige la plantación de diez puyas chilensis por cada una extraída, porque son muy delicadas y están en peligro de extinción. Por todas las razones señaladas y pensando en que podría haber una solución que evite el deterioro del Jardín Botánico y del medio ambiente, por su intermedio, solicito que se oficie a la directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, y al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informen a la brevedad posible de los daños que están a punto de causarse a la zona mencionada. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntándose el texto de su intervención, con la adhesión de la honorable diputada señora Eliana Caraball y de los honorables diputados señores Sergio Ojeda, Carlos Olivares y el que habla. Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 15.48 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.