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El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los dirigentes gremiales que nos acompañan en las tribunas, especialmente a mis amigos del Sindicato de Asistentes de la Educación de San Bernardo y de Buin.
Hace exactamente treinta años, Sergio Gaete , entonces ministro de Educación de la dictadura, anunciaba en conferencia de prensa, sin ningún debate democrático previo, el inicio de la última etapa de lo que se conocería como la municipalización de la educación pública.
Esa mal llamada reforma, única en el mundo, realizada en medio de un verdadero frenesí desregulador, no tenía otro objeto que no fuera debilitar y transformar nuestra educación, al igual que hicieron con la salud y con la previsión social, en una mera y vil mercancía, en un bien de consumo más al que se accedería según la capacidad económica de las familias.
Fue una tremenda irresponsabilidad de quienes hoy se oponen a este cambio, de quienes se han empeñado en entregar la responsabilidad de administrar la educación pública nacional, las esperanzas de millones de familias, a las municipalidades del país.
Los municipios gobiernan pequeñas localidades o grandes ciudades; pero como los alcaldes se reeligen cada cuatro años, no pueden establecer una política global, de largo plazo para mejorar la calidad de la educación.
Además, las municipalidades deben destinar sus recursos preferentemente a la mantención de plazas, a retirar la basura, a mantener el alumbrado público de la comuna respectiva.
Por estas razones, durante estos años han demostrado ser un completo fracaso en la tarea de mejorar y proyectar la educación pública.
Obviamente, un sistema sustentado en la segregación económica y en el debilitamiento de lo público ha creado un sistema educacional en el que el lugar donde se vive y el bolsillo de los padres, y no el esfuerzo de los estudiantes, son los que determinan si un niño tendrá o no oportunidades de recibir una educación de calidad.
Después de treinta años, los resultados nos muestran que el sistema es un fracaso, mayor en algunos municipios y menor en otros. Eso ha generado que millones de estudiantes hayan emigrado de la educación pública, el desmembramiento del sistema educacional chileno en tantos sistemas educativos como municipalidades existen, así como enormes diferencias de resultados entre distintas escuelas de una misma comuna o región; el sometimiento salvaje de la docencia al liberalismo mercantil y la ausencia de un adecuado control del uso de enormes cantidades de recursos estatales, lo que incluso ha amparado episodios de corrupción.
En algunas comunas de mi distrito, por ejemplo, en diversos periodos no se enteraron las cotizaciones previsionales y los descuentos voluntarios, ni se pagó parte de las remuneraciones de los profesores, de los asistentes de la educación y de las educadoras de párvulos, quienes han debido marchar por las calles para que se les cumpla una obligación elemental de todo sostenedor. Incluso, algunos municipios han sido demandados ante la justicia, como ocurre en San Bernardo, donde el Consejo de Defensa del Estado presentó querellas por malversación de fondos de la ley SEP, que sigue vigente.
Por ello, es absolutamente necesario un nuevo sistema educativo.
La idea matriz de este proyecto es crear un nuevo sistema de educación pública, para lo cual se crean la Dirección de Educación Pública y los servicios locales de educación, que estarán a cargo de la administración de los establecimientos educacionales, lo que, dadas las actuales condiciones de nuestro sistema educativo, resulta imperativo, primordial.
Hay que quitarle este servicio a los municipios y entregárselo a entidades que tengan el soporte y el respaldo del Estado, para así poder asegurar el derecho a la educación.
Estamos a tiempo para terminar con una de las peores ideas de la dictadura, una idea que durante treinta años ha limitado el desarrollo de muchas generaciones. En consecuencia, llamo a aprobar en general este proyecto.
Por último, hago presente que este cambio debe hacerse con respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, quienes deben mantener sus derechos adquiridos; el traspaso no puede significar pérdida de beneficios para nadie.
(Aplausos)
También es importante crear un estatuto propio para los asistentes de la educación, con incentivos al retiro, tanto de los asistentes como de los docentes. Ellos no pueden esperar.
Son temas que tienen que estar presentes en la reforma. Por eso, hago público mi compromiso personal y el de la bancada del Partido Socialista para que estas legítimas demandas y aprensiones encuentren solución en este paso histórico de la educación pública.
He dicho.
-Aplausos.
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