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El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve .
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación y a la subsecretaria de la misma cartera, presentes en este hemiciclo. También saludo con mucho afecto al Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech), a las dirigentes de trabajadoras de jardines vía transferencia de fondos y a los representantes de trabajadores del Departamento de Educación Municipal (DAEM) y de las corporaciones.
El diputado Ernesto Silva manifestó que la iniciativa contempla 208.000.000.000 de pesos en gastos burocráticos. Esa cifra financia fundamentalmente las nuevas plantas de personal de los servicios locales de educación, integradas por profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares que, entre otras cosas, se harán cargo de la gestión administrativa, financiera, técnica, pedagógica y del recurso humano de esos nuevos servicios. Eso no es burocracia, sino entregar condiciones de trabajo dignas y garantizar que existan profesionales y técnicos que realmente gestionen la educación pública de Chile.
Todos nos preocupamos por la educación que se entrega a los hijos de las familias chilenas. Sin embargo, para materializar esa preocupación el primer cambio que es necesario efectuar se relaciona con que la educación no sea un bien de consumo dependiente de la capacidad de pago de las familias, del lugar en el que viven o de las condiciones culturales del hogar donde se nació. La principal respuesta que debemos entregar a las familias es transformar la educación en un derecho.
Es un hecho que para algunos la educación debería seguir seleccionando de acuerdo a la condición económica y étnica de los niños, o seguir siendo un bien de consumo que permita lucrar, entre otros canales, a través del sistema de copago, que obliga a las familias a sacar plata de sus bolsillos para pagar la educación de sus hijos.
¡No creo en eso! Como sociedad debemos avanzar en entregar una educación como derecho. Ello se puede lograr si garantizamos un sistema educacional con carácter laico, pluralista y democrático que, además, sea gratuito y de calidad.
Este proyecto busca garantizar ese derecho, que tanto merecen las familias chilenas. Por eso algunos dicen que lo importante es lo que sucede en las salas de clases, pues allí se genera el proceso de aprendizaje. O sea, el proceso de la educación, en lo fundamental, se produce en la sala de clases.
Pero ¿quién puede pensar que lo que ocurre en la sala de clases está aislado de lo que sucede en la escuela y en los establecimientos que forman parte de la red educacional del territorio? ¿Quién puede pensar que lo que ocurre en la sala de clases está aislado de los planes de convivencia, de la decisión de abarcar la totalidad del currículo, de la preocupación por el equipamiento y la infraestructura del establecimiento o de la tarea de generar participación social en torno a la educación pública?
La sala de clases no está aislada; es parte de un sistema que debe funcionar bien. Por ello, queremos garantizar a las familias de Chile una institucionalidad que gestione bien la educación de sus hijos desde los puntos de vista técnico pedagógico, financiero, administrativo y de recursos humanos, y que incorpore la participación social. Por eso el director del servicio local de educación será designado a través del sistema de Alta Dirección Pública.
Pero este nuevo sistema, esta nueva institucionalidad para la educación pública, debe ser acompañado en el proceso de traspaso, a fin de garantizar que quienes trabajan en el sistema educacional gozarán de las condiciones laborales y los derechos que requieren.
Quiero reconocer algunos avances, sin perjuicio de hacer énfasis en las debilidades que todavía persisten en esta materia.
Quiero reconocer que el gobierno haya presentado una indicación para introducir un artículo cuadragésimo quinto transitorio que obliga al gobierno a enviar al Congreso Nacional, antes del 31 de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación de Chile. Lo reitero, porque es hora de terminar con la arbitrariedad que soportan los trabajadores que cumplen funciones de asistentes de la educación al interior del sistema educacional. Ellos requieren condiciones transparentes para ingresar a su carrera funcionaria, para conocer el salario que van a ganar y para saber cómo se van a capacitar y a perfeccionar, y cómo van a concluir y egresar de dicha carrera.
Es una tarea esencial, si queremos fortalecer la educación pública. No se puede fortalecer la educación pública sin los asistentes de la educación.
También quiero reconocer que se incorpore en el proyecto el traspaso de los técnicos que se desempeñan en salas cuna y jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF), quienes ya cuentan con una ley, la N° 20.905, que asimila sus salarios. De esta forma se garantizará a quienes no son educadores de párvulos su traspaso al sistema en la condición de asistentes de la educación, lo que les permitirá integrarse al estatuto de los asistentes de la educación.
Pero quiero manifestar nuestra preocupación por los trabajadores de los departamentos de educación municipal. Pese a que hemos mejorado el proceso de traspaso en el curso del debate legislativo en la Comisión de Hacienda, y a que el Ejecutivo va a presentar una indicación para garantizar que los llamados a concurso sean secuenciales, hay un hecho evidente: no todos los trabajadores de esos departamentos ingresarán a los servicios locales de educación. La respuesta que da el proyecto, de entregar una indemnización por años de servicio a los trabajadores que no sean ingresados, es completamente insuficiente.
Por su intermedio, señor Presidente, pido a la ministra de Educación que manifieste en la Sala la voluntad del gobierno de que en el proceso legislativo -si ello no es posible en este trámite constitucional, pido que sea abordado en el segundo trámitese mejorará la respuesta que se dará a los trabajadores que hoy se desempeñan en las corporaciones municipales, porque se requiere para ellos una compensación adicional a la que entrega el proyecto de ley y, además, porque es necesario implementar mecanismos que garanticen de mejor manera la reinserción laboral. Espero que en este debate el gobierno se pronuncie sobre el punto.
Asimismo, reconozco que se haya incorporado una indicación a la iniciativa, que prorroga la vigencia del fondo de fortalecimiento de la educación pública. Se trata de 450 mil millones de pesos que el proyecto no contemplaba, pero que ahora sí considera mediante un artículo. Esos 450 mil millones de pesos, nuevos, serán destinados a la educación pública de Chile. La idea es cautelar que en el proceso de traspaso al nuevo sistema, que va a durar seis años, se cuente con los recursos necesarios para que sea llevado a cabo en condiciones adecuadas para los estudiantes, para las familias y para los trabajadores.
No cabe duda de que en materia de financiamiento hay una deuda pendiente, que si no se aborda en este proyecto, deberá ser tratado en un nuevo proyecto de ley. No es posible fortalecer la educación pública manteniendo un sistema de financiamiento de mercado -el váucher-, como es el subsidio a la demanda. Es necesario que eso cambie, ministra. Si ello no es posible en el marco del presente proyecto, deberá ser abordado en un nuevo proyecto de ley.
Creo en la educación pública, ministra; pienso que debemos fortalecerla, porque es lo que merece Chile y lo que merecen los trabajadores. Esta iniciativa contribuye a que Chile avance para que la educación sea un derecho social.
Los diputados y diputadas socialistas vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
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