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El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas . No está en la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez. Tampoco está.
Hago presente a la Sala que, conforme a lo establecido en los artículos 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada Karla Rubilar se ha inhabilitado para la votación de este proyecto.
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Señor Presidente, después de largos ocho meses de tramitación, por fin conocemos en la Sala los informes de las comisiones de Educación y de Hacienda respecto del proyecto que crea un nuevo Sistema de Educación Pública.
Se trata de un proyecto que aborda una materia largamente postergada: la denominada desmunicipalización de la educación, por la vía de la creación de los servicios locales de educación pública, los que a su vez serán coordinados a nivel nacional por una Dirección de Educación Pública.
Lo que se busca con este importante cambio es recuperar y fortalecer una alicaída educación pública, para que, al igual que en la mayoría de los países y en el pasado del nuestro, vuelva ser la base de nuestra república y de nuestra convivencia democrática.
Este nuevo sistema contará con importantes herramientas, como el Convenio de Gestión Educacional, que la Dirección de Educación Pública suscribirá con el Ministerio de Educación, que tendrá una duración de seis años.
A su vez, el Servicio Local de Educación Pública también tendrá su propio instrumento de gestión: el Plan Estratégico Local, que contendrá un diagnóstico de la prestación del servicio educacional en el territorio de su competencia.
La gestión educacional también amplía e institucionaliza los espacios de participación de los diversos integrantes de la comunidad educativa. Esto, a través de los consejos locales de educación pública, que estarán integrados por el o los alcaldes respectivos, un representante de los padres y apoderados, uno de los estudiantes, uno de los profesores, uno de los asistentes de la educación, un representante de las universidades de la región acreditadas por cuatro años, un representante de los centros de formación técnica o institutos profesionales de la región, y un representante del intendente regional.
Este proyecto también contempla, como es lógico, el traspaso de los bienes y del personal, entre ellos, los funcionarios de DAEM o corporación respectiva, los docentes y los asistentes de la educación.
En el caso de los asistentes de la educación, el proyecto del Ejecutivo señalaba en su articulado transitorio que su situación seguiría siendo regida por las mismas normas que hasta ahora, pese a que desde hace algún tiempo los asistentes vienen trabajando en conjunto con el ministerio una propuesta de estatuto propio.
Por eso, en la Comisión de Educación presentamos una indicación que se hiciera cargo de este diálogo y del compromiso de avanzar en la institucionalización del importante rol que cumplen los asistentes de la educación en el sistema educativo. Y aunque en la Comisión de Hacienda volvió a revisarse la situación contractual de los asistentes, finalmente el Ejecutivo presentó una indicación para intercalar un art��culo cuadragésimo quinto, nuevo, en que se compromete que “el Presidente de la República enviará, antes del 31 de enero del año 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación”.
Confiamos en que así será, así como confiamos en que este importante paso permitirá superar el modelo municipal de educación, impuesto sin debate y sin Congreso en 1986 con la mala excusa de la descentralización, para avanzar hacia una educación propia del siglo XXI, que dé cuenta de la diversidad de realidades locales y que incluya a los profesores y a las comunidades en la definición de los contenidos que debieran contemplar los proyectos educativos.
Los niños y jóvenes de Chile no solo vienen reclamando desde hace muchos años por una educación pública, gratuita y de calidad, sino también por un cambio de paradigma que haga que la educación deje de ser un negocio o una red de contactos sociales, y pase a ser la herramienta clave para la construcción de una sociedad moderna, integrada y más equitativa.
Por supuesto, voto a favor.
He dicho.
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