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El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, debemos recordar que este proyecto implementa acuerdos suscritos con el Colegio de Profesores en el marco de la discusión de la iniciativa sobre nueva carrera docente, junto a la Ley sobre Inclusión en Educación, que ya aprobamos en este Congreso.
Solo resta despachar el proyecto sobre desmunicipalización para dar por completada la reforma a la educación escolar que propuso este Gobierno.
Sin duda, este conjunto de leyes está llamado a cambiar el rumbo de la educación chilena en las próximas décadas.
Algunos de sus frutos pueden ser percibidos de inmediato. Pero la gran mayoría de ellos solo podrán ser apreciados en el mediano y en el largo plazo, pues los resultados en educación únicamente pueden madurar en períodos más extendidos.
Por lo mismo, tiene pleno sentido definir una regla para el incentivo al retiro del personal de educación por un lapso mayor y no reducirlo a un beneficio vigente por uno o dos años, como ha ocurrido en la generalidad de los casos. Una norma similar -según se recordó- acabamos de aprobar para los asistentes de la educación.
En consecuencia, los profesores contarán ahora con una verdadera carrera docente, con nuevas reglas que regularán desde su ingreso hasta su retiro, y en las cuales ellos han tenido una amplia participación.
Con esto se hace justicia a quienes han ejercido en nuestras escuelas justamente en un período marcado por el deterioro de la educación pública, que afectó no solo a generaciones de estudiantes, sino también a los maestros.
Quienes jubilan en estos años son precisamente aquellos que en los inicios de sus carreras fueron traspasados a municipalidades o corporaciones; que perdieron el carácter de funcionarios públicos; que sufrieron el arrebato de un reajuste que les correspondía, y que durante muchos años recibieron remuneraciones insuficientes.
Hoy la situación es otra. Pero todavía subsisten efectos de esa nefasta política de destrucción de la educación pública.
Por ejemplo, hace pocos días se divulgaba un reportaje que mostraba la situación de tres profesores de la comuna de Cerro Navia que postularon a este mismo bono hace tres años, pero que no lo han recibido hasta ahora porque "el municipio ocupó los fondos entregados por el Ministerio de Educación en otros fines". Y, por ello, no han podido jubilar, como era su deseo.
Mi experiencia municipal me ha permitido conocer de cerca el tremendo esfuerzo que ha hecho la gran mayoría de los municipios de nuestro país para sostener la educación pública y cubrir su desfinanciamiento histórico.
Pero ningún déficit puede justificar las irregularidades en que han caído algunos alcaldes, que han hecho un uso indebido de recursos destinados a la educación pública.
Es triste confirmarlo, pero hay que decir que también en importantes ciudades de mi Región se registran situaciones de esa índole, que afectan los recursos de subvenciones y que han sido investigadas por la Contraloría Regional y por el propio Ministerio Público.
Creo relevante, en consecuencia, señora Ministra, que el proyecto que estamos aprobando contemple mecanismos de resguardo, de manera que las transferencias que deban hacerse por concepto de este incentivo al retiro efectivamente sean destinadas a los fines previstos.
Al respecto, cabe señalar que no es suficiente establecer sanciones para ese tipo de ilícitos, pues a pesar de operar procesos disciplinarios, civiles e incluso penales en contra de las autoridades responsables, en la práctica los profesores no pueden jubilar una vez que se ha dado una finalidad distinta a los recursos transferidos.
Por lo tanto, el Ministerio debe tener la facultad de pagar directamente a los docentes beneficiados en los casos en que existan antecedentes de uso indebido de estos fondos.
Aquellos que han destinado una vida entera a la formación de niños y jóvenes no pueden pagar los costos de los errores o malos manejos de algunas autoridades, y tienen derecho a condiciones de retiro dignas y seguras.
Voto a favor.
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