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La señora VON BAER.-
Señor Presidente , como se ha dicho, este es un bono de incentivo al retiro para los profesores, un reconocimiento a la labor que realizan nuestros maestros durante su vida para educar a nuestros niños y mejorar la calidad de la educación.
Se establece una bonificación de un monto fijo de hasta 21 millones 500 mil pesos para un contrato de 37 horas y 11 años de servicio o fracción superior a seis meses.
Es de cargo del empleador hasta el monto que corresponda a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado, con un máximo de once meses. Y la diferencia que se produzca se cancelará con aporte fiscal.
Para el pago de dicho bono los municipios pueden solicitar un adelanto de subvención.
Hasta este punto del proyecto, todo bien.
Pero de nuevo estamos frente a una iniciativa que se legisla desde Valparaíso, desde Santiago, y finalmente quienes en parte importante deben pagarla no son el Estado central ni el Fisco, sino los municipios.
¿Cómo tienen que financiarla? El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades lo ha mencionado ya varias veces en la Comisión de Educación: con adelanto de subvención.
¿Qué significa eso? Deuda.
Entonces, al final del día uno se pregunta por qué los municipios se hallan desfinanciados en el ámbito educacional.
Lo están también por este tipo de proyectos, que se deciden a nivel nacional. Es una buena iniciativa para los profesores, pero quienes la pagan en gran parte -pasó lo mismo con el bono de incentivo al retiro de los asistentes de la educación- son las municipalidades.
Desgraciadamente, no pudimos abstenernos en este proyecto. Ello, por la forma como venía redactado del Ejecutivo, lo cual no permitió que uno pudiera hacer el punto específico y abstenerse respecto al sistema de financiamiento.
Sin embargo, considero importante señalarlo una y otra vez, mientras se insista en que sea el Gobierno central el que defina la política pero no el que paga la cuenta.
Aquí la cuenta la cancelan los municipios, y lo hacen contra deuda.
Otra cosa que llama mucho la atención acá es que los cupos no son iguales en cada año.
Fíjese, señor Presidente, que en el año 2016 son mil 500; en el 2017, mil 500, y en el 2018, 3 mil 200.
¿Qué pasa en 2018? Llega el próximo Gobierno.
Por lo tanto, aumenta el gasto y la cantidad de cupos cuando no le toca pagar la cuenta a la actual Administración, sino a la siguiente.
Reitero que nos encontramos ante una buena iniciativa.
Bien por los profesores; mal que la deban financiar los municipios y mal que ello en gran parte no lo haga este Gobierno, que puede dar la buena noticia de este bono, pero acumulando los cupos para la próxima Administración.
El año 2018 -y nos abstuvimos en esta parte en la Comisión- la cifra llega a 3 mil 200 cupos, y después se regulariza en 2 mil 300 por año.
Pero en el período que le resta al actual Gobierno son solo mil 500 cupos anuales.
Por lo tanto, es una buena política impulsada por la actual Administración. Pero -repito- no es esta la que paga la cuenta, sino los municipios y el siguiente Gobierno.
A mi juicio, esa no es una forma correcta de realizar políticas públicas.
Cuando uno plantea una política pública, debe preocuparse también de pagarla. No puede cargarles la mano a los gobiernos que vienen.
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