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- rdf:value = " El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín.
El señor BALBONTÍN.-
Señor Presidente, el martes 30 de mayo a las 18:15, se dio a conocer un fallo de carácter histórico. La Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile procedió a emitir un juicio definitivo, en su condición de tribunal supremo, condenan do al señor Manuel Contreras y al Brigadier General Pedro Espinoza por el delito de homicidio, en calidad de coautores, en contra de la persona del ex Canciller de la República de Chile, don Orlando Letelier, y de su secretaria, doña Ronny Moffit.
Al producirse este hecho se pone término a un proceso que; desde el punto de vista político, ha tenido 19 años de duración, y 17 desde el punto de vista jurídico.
No me voy a referir, porque hay antecedentes suficientes, al contenido jurídico del dictamen, sino concretamente a las declaraciones del señor Contreras, de los ex Generales y actuales Senadores -uno designado y otro elegido- señores Santiago Sinclair y Bruno Siebert, y del Senador designado, señor Ronald Mc-Intyre, quienes han señalado que el dictamen viene a herir profundamente al Ejército de Chile y, por lo tanto, a sus Fuerzas Armadas. Con esto, a mi juicio, confunden un dictamen que abarca a dos personas en su responsabilidad de carácter penal, con la institución del Ejército y de las Fuerzas Armadas.
Quiero señalar como lo hicieron hace pocos días el Presidente de la República y el Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo, minutos después de pronunciado el fallo, que me parece que éste es un momento de paz y reconciliación, de profunda meditación entre los chilenos para lograr la estabilidad del régimen democrático y una convivencia pacífica y adecuada. Es el momento de restañar las heridas y no de abrir otras nuevas. Sin embargo, no puedo dejar pasar las declaraciones de estos ex oficiales, porque pretenden confundir conceptos que, desde el punto de vista de la ciencia política y del derecho, no pueden ni deben confundirse. Concretamente, me refiero a que la responsabilidad política del régimen autoritario que hubo en Chile durante el período 1973-1990 y las responsabilidades personales de carácter criminal y penal, son distintas. Una cosa es la responsabilidad política y otra, muy distinta, la responsabilidad personal en actos de carácter criminal. Por lo tanto, él referirse al honor de las Fuerzas Armadas, estos señores oficiales han pretendido confundir las cosas y generar un mal clima dentro de la opinión pública.
Es cierto que se ejerció el terrorismo de Estado tanto en Chile como en Estados Unidos, en Roma -como nos consta según la relación de los señores Viera-Gallo y Ascencio- y también, de acuerdo con informaciones de prensa, en la ciudad de Bue nos Aires.
La responsabilidad política normalmente la juzga el pueblo a través de dos formas básicas.
En primer lugar, mediante el voto libre, universal, personal, secreto e informado. Tengo claro que el juicio acerca del régimen político de entonces lo emitió el pueblo de Chile el 5 de octubre de 1988, y con posterioridad, en 1990, cuando por una amplísima mayoría fue elegido Presidente de la República don Patricio Aylwin, y lo reiteró al elegir Presidente a don Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el 58 por ciento de las preferencias.
Esta es una forma de juicio político que emite el pueblo en forma pacífica y sagrada.
Otra forma de juicio político es aquella que pueden ejercer los órganos del Congreso Nacional, específicamente el Senado, a raíz de una acusación constitucional presentada en esta Cámara. Es así como se procede a emitir juicios de carácter político.
Por lo tanto, las declaraciones de estos ex oficiales apuntan a confundir el principio de la responsabilidad y el juicio de orden político, con las responsabilidades individuales de carácter penal. Con esto, tienden a confundir a la opinión pública.
Me parece absolutamente contraria a la dignidad del uniforme que invisten o invistieron, pretender esconderse detrás de él para evitar los resultados de la justicia. Aquí se trata de juzgar a personas determinadas, en virtud de un proceso penal que fue llevado a cabo limpiamente por parte de los organismos de Estado competentes, en forma autónoma, y que no duró nada más y nada menos que 17 años, con abundante material, con un proceso que fue conocido por la opinión pública y que, desgraciadamente, estuvo paralizado durante mucho tiempo, por razones que todos conocemos.
Ha sido lamentable, y reclamo y rechazo absolutamente, como parlamentario de la República, las declaraciones tanto de los Senadores Sinclair, Mc-Intyre y Siebert, como también el intento de amedrentamiento al cual se somete al país con las declaraciones del señor Contreras Sepúlveda, doblemente emitidas por canales de televisión. No le voy a aceptar al señor Contreras que venga a tratar en forma displicente y soberbia a parlamentarios que han emitido una opinión mesurada y ponderada acerca del juicio. No es precisamente él quien está en condiciones de emitir juicios descalificando a otros acerca de sus acciones. Es él quien ha sido sometido a juicio por un tribunal competente. Por lo tanto, lo único que le cabe es allanarse a las decisiones de los tribunales de justicia, como lo han señalado tanto los propios miembros del Tribunal Superior, como innumerables juristas.
No cabe otra instancia que aquella que fue definitivamente sancionada y establecida. Lo otro, sencillamente, es insinuar la rebeldía frente al Estado y sus organismos competentes.
Como representante de esta Corporación, una de las instituciones más importantes del Estado, y por el honor de la Cámara, no puedo dejar de reclamar, porque si no lo hacemos a tiempo y estas cosas se reiteran a través de los pronunciamientos de unos y otros, de las posiciones extremas, con la racionalidad propia del "ultrismo", sólo vamos a colaborar con la destrucción del régimen institucional.
Aprovecho la ocasión para decir que me parece noble y honrada la actitud de todos los partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición, que se pronunciaron claramente por el cumplimiento del fallo y que condenaron las declaraciones a que me refiero. Sin embargo, como hasta este momento no lo hemos hecho en esta Sala, me parece indispensable que la Cámara tenga conocimiento formal de estos hechos, se pronuncie respecto de ellos, repudie esta acción y señale, desde ya, que no está dispuesta a que le falten el respeto a los órganos del Estado, al Poder Ejecutivo y al Honorable Congreso Nacional.
He dicho.
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