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El señor ALESSANDRI BALMACEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, quiero hacer resaltar la gran importancia del proyecto que aprobaremos hoy, el cual espero que cumpla su último trámite.
Toda la modernización experimentada por nuestro país en los últimos 15 ó 20 años se ha entendido, muchas veces, como que se trataba sencillamente de salir a competir al exterior, de mantener tarifas bajas y parejas, de abrirse al comercio exterior, de fijar un tipo de cambio algo alto y parejo; que eso bastaba para competir.
Pero ello no es así. La modernización del mercado de capitales, del mercado del trabajo, del sistema previsional, del sistema de salud en algunos casos con muy buen éxito; en otros, todavía con deficiencias más o menos graves era fundamental para tener posibilidades de competir en forma sana con el resto del mundo. Para darse cuenta de ello, basta con observar a países que trataron de apurar el proceso de apertura al comercio exterior pensando que tendrían éxitos fáciles y rápidos, pero, al carecer de una normativa adecuada sobre los distintos mercados que intervienen en el quehacer económico, han debido sufrir problemas tan graves como inflación, cesantía e incluso, en algunos casos, tener que dejar de lado procesos de modernización que no fueron abordados en conjunto.
Debe tenerse en cuenta la importancia de haber logrado un mercado de capitales moderno, transparente y fluido. Todo el impulso a la inversión y, por lo tanto, el crecimiento del país, se han debido claramente a la modernidad del mercado de capitales. Incluso el prepago de la deuda externa, que en algún momento se pensó que podría paralizar el crecimiento del país, fue posible gracias a un mercado moderno, profundo y con muchos instrumentos.
Pero fue la aparición de las administradoras de fondos de pensiones y de las compañías de seguros, ligadas a los seguros de vida y al sistema previsional, la que posibilitó realmente, en su momento, la modernización de dicho mercado y la existencia de un mercado de capitales a mediano y largo plazos, de lo cual no nos cabe sino alegrarnos.
Sin embargo, esta modernización tan rápida planteó problemas técnicos y también, en algunos casos, éticos, que nuestra sociedad debía resolver. Creo que este proyecto los resuelve en forma muy satisfactoria.
El primero es el siguiente: si las administradoras de fondos de pensiones van a comprar acciones de compañías que están actuando en el mercado, ¿cómo se ejercerá el derecho a voto de esas acciones que son propiedad del fondo, pero deben ser administradas por la sociedad administradora? Obviamente, aquí hay un problema, porque tener acciones da derecho a voto que debe ser ejercido en bien de los dueños de las sociedades administradoras, que lo único que están arriesgando es un capital muy pequeño.
En este sentido, son fundamentales las modificaciones que establecen requisitos de información y sobre todo de fundamentación para la votación en los directorios de las sociedades anónimas, y también que las AFP no pueden votar por directores que estén vinculados a grupos que quieran adquirir el control de esa compañía con los votos de la AFP.
Esto es importante desde el punto de vista de la sanidad del mercado de capitales; también por un problema ético a todo el mundo le repugna que con recursos ajenos, de terceros, sobre todo con dineros ahorrados en virtud de normas obligatorias, se pretendan controlar grandes compañías, y porque en la medida en que se cautela el bienestar de esos trabajadores que tienen sus ahorros en fondos de pensiones, se están cautelando los derechos de los accionistas minoritarios. Y esto es importante, porque si se cautelan los derechos de los accionistas minoritarios, obviamente, se está cautelando el bien público.
La segunda pregunta que se plantea sobre el crecimiento progresivo y muy rápido de los fondos de pensiones y, en general, de los inversionistas institucionales, es cuál es el tipo de personas que pueden ser directores de la sociedad administradora que va a ejercer tales derechos, y en el proyecto se prohibe que ejecutivos del sector financiero y quienes participen en las decisiones de inversiones de sus diversas entidades puedan ser directores de AFP. Creo que esto va a poner fin a una práctica que ha causado malestar, cual es que las mismas personas sean directores en muchas entidades distintas, teniendo acceso a información muy privilegiada y, por lo tanto, a tomar decisiones para sí mismas o para terceros; personas que pueden provocar grandes riquezas, no basa das necesariamente en una acción especial o en una capacidad especial, sino que, sencillamente, en el uso de información privilegiada.
Esto también está ligado con el tercer punto que aborda el proyecto en forma muy buena, que es cómo evitar que las decisiones adoptadas respecto de la inversión de los fondos de pensiones, inversiones gigantescas, que pueden producir variaciones importantes en los precios de las acciones y de los instrumentos, ya sea en alza o en baja, cuando se toma la decisión de "comprar o de salirse de un instrumento generen riquezas indebidas. En este sentido, el proyecto define ampliamente el concepto de información privilegiada y penaliza su uso en beneficio de la persona que la tiene o de terceros.
El cuarto punto es ¿de quién es el instrumento que se compra en la bolsa, tanto por la administradora como por el fondo de pensiones? Puede suceder que todos los instrumentos que se adquieran a precios bajos sean de las administradores y los que se compren a precios altos, del fondo, y viceversa cuando se venden. En este sentido, el proyecto establece que antes de la compra debe definirse claramente si va a ser del fondo o de la administradora.
Estos cuatro puntos han sido abordados en forma seria y poco ideologizada, pero sí de manera estricta, tratando de velar por el bienestar, sobre todo por la transparencia y por que el mercado de capitales dé tranquilidad a todo el mundo que participe o que, de algún modo, contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad económica de nuestro país.
Sin embargo, quiero decir que estas normas sólo serán eficientes si se moderniza el sistema de aplicación de justicia. Las materias económicas son sumamente complicadas; toda persona que haya participado en la Comisión de Hacienda sabe que ellas son cada día más especializadas y difíciles de entender. En realidad, es importante que existan tribunales o magistrados especializados en ellas, para que haya juicios algo más rápidos que los ocho, doce o quince años que pueden durar ahora, como, por ejemplo, los casos de bancos que fueron intervenidos.
Si no tenemos este segundo elemento, el proyecto, que es muy bueno, que está bien inspirado, que es lógico, por lo cual lo respaldo, desgraciadamente puede llegar a ser letra muerta, por cuanto, como dije, si no tenemos magistrados, salas o tribunales especializados en materia económica, sencillamente un magistrado no va a poder resolver sobre asuntos tan complicados.
Otro punto que aborda el proyecto de ley en forma muy importante es el crecimiento del fondo de pensiones y la escasez de instrumentos que ello va generando. Cuando los fondos de pensiones fueron realidad recién aprobado el decreto ley Nº 3.500, se podían invertir sólo en algunos instrumentos de deudas. A medida que fueron creciendo se amplió su posibilidad de inversión y se permitió también invertir en acciones, bonos y en muchos otros instrumentos. Sin embargo, en la medida en que el fondo de pensiones se acercaba al producto geográfico bruto, era necesario pensar en nuevas posibilidades de inversión, porque la necesaria diversificación de esas inversiones ya no era posible llevarla a cabo solamente en Chile. Es decir, dicha diversificación es absolutamente imprescindible para asegurar una adecuada pensión a la gente que ahorra forzosamente en las AFP. Pero, hoy, el riesgo de las inversiones de los fondos de pensiones es igual al riesgopaís; si al país le va bien, a ellos también les va bien, y viceversa. Por lo tanto, ya era necesario que parte de dichos fondos fuese invertida en instrumentos en el extranjero.
Creo que el proyecto ha abordado ese tema en forma moderna y lógica, lo cual era indispensable, porque además del problema de la diversificación, si existe ese flujo inmenso de dinero que debe invertirse mes a mes, corríamos el peligro de que se formara una burbuja en los precios de las acciones, o de los distintos instrumentos financieros, que provocara un alza absolutamente artificial, no compatible con la realidad de los precios de los pocos instrumentos disponibles para la inversión de los fondos de pensiones, de las compañías de seguros y de otros inversionistas institucionales.
Realmente, estoy contenta de haber participado en este proyecto. Creo que la Comisión de Hacienda de la Cámara realizó un trabajo muy serio, extenso y silencioso. Desgraciadamente, lo que apreciamos hoy en la Sala es lo que ocurre por lo general con los proyectos relacionados con economía. Quizás no "desgraciadamente", sino "afortunadamente". Es muy poca la gente que los entiende; se discuten por un grupo pequeño de iniciados y generalmente se les concede mucho menos importancia que a otros proyectos en cuya discusión, con gran bombo, nos demoramos dos o tres días.
Probablemente, éste es uno de los mejores proyectos que se ha elaborado en estos cuatro años, en este primer período, y me alegro, porque tanto los aportes de la Cámara como del Senado han contribuido a contar con una legislación moderna sobre el mercado de capitales, la cual, no creo que será definitiva. Quizás en cuatro o seis años más tendremos que introducirle modificaciones, pero, claramente, está bien encaminada.
He dicho.
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