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- rdf:value = " AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Primer trámite constitucional.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos a fin de financiar la construcción de un parque científico-tecnológico, y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
Diputado informante es el señor Gutenberg Martínez.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, boletín Nº 2454-19, sesión 17ª, en 18 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente , para mayor comprensión de la Sala, solicito a la Mesa fijar la hora de término del despacho del proyecto, con una hora de discusión porque, de lo contrario, si el horario es ilimitado, puede afectar al desarrollo de las comisiones.
Sugiero que se adopte alguna pauta antes de entregar el informe, para atenerme al tiempo.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , al respecto sólo hay un acuerdo de la Sala para despachar el proyecto en esta sesión y, mientras su Señoría rinde el informe, citaré a una reunión de los Comités para determinar el procedimiento de la discusión.
Simultáneamente al informe del diputado señor Gutenberg Martínez, cito a reunión de Comités.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Gracias, señor Presidente.
Me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto, de iniciativa del Ejecutivo, que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos destinados a financiar la construcción de un parque científico-tecnológico, y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
El crédito es por hasta 20 millones de dólares, que se pagará en un plazo de veinticinco años, con un período de gracia de ocho.
El proyecto en referencia se fundamenta en los cambios que el país requiere en el ámbito de su situación tecnológica y de innovación.
Todo el mundo ha discutido últimamente que el país requiere necesariamente de una mayor capacidad para los efectos de generar, dominar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos con fines de producción de bienes y servicios; esto es, que para los efectos de mantener tasas de crecimiento como las actuales, en términos permanentes, es indispensable agregar valor a la producción del país.
El gasto en ciencias y tecnología representa el 0.6 por ciento del producto interno bruto, PIB. En este plano, cabe compararnos con sociedades o países que están en niveles de desarrollo que serían aspirables por nosotros, como España, Italia o Canadá, en los que el porcentaje que se destina para estos efectos fluctúa en promedio entre 1 punto y 1 punto y medio.
En este caso, cabe señalar que, en relación con la innovación tecnológica, el país muestra una baja capacidad local aun en áreas de producción en que se emplea tecnología de punta, como la minería, la pesca, la industria forestal y algunos sectores de servicios.
En el campo de la investigación científica, el 70 por ciento de esta actividad emana de las universidades, y la mayor parte de esta producción está concentrada en cinco disciplinas: biología, biología molecular y genética, bioquímica, matemáticas y física, en el ámbito de la investigación científica básica del país.
En el caso de la investigación tecnológica y de la innovación -una parte bastante baja de lo que se gasta en Chile-, éstas se realizan sólo en un 75 por ciento entre las universidades y los institutos no universitarios de investigación, como son los institutos tecnológicos Corfo. Por lo tanto, es escasa la participación o contribución en el rubro por parte del sector privado. Y todos sabemos -se ha dicho otras veces en la Sala- que, en esta relación, el sector privado colabora con el 20 o el 25 por ciento del gasto, y el Estado, con el saldo, situación que es absolutamente inversa en los países más desarrollados y que representa más de la mitad en aquellos que comparábamos.
En este campo, cabe destacar que la Comisión de Ciencias y Tecnología, en eventos realizados en años anteriores, ha llegado a la conclusión de que es indispensable aumentar el gasto y, a su vez, generar incentivos económicos que faciliten el emprendimiento en esta materia por parte del sector privado. Es indiscutible que la mayor capacidad científica y tecnológica se encuentra en las universidades y en los institutos de investigación universitarios, los que, en conjunto, son responsables de más del 95 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo que se realiza en Chile.
En este contexto, se analiza la debilidad del país frente al desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente cuando se advierte que el mayor impulso tecnológico proviene del sector privado, que incorpora tecnología de punta, generalmente comprada en el extranjero, en productos y procesos sin mucha participación de la capacidad científica nacional. Como consecuencia de estos análisis críticos, se establece un diagnóstico común que apunta a la existencia de debilidades estructurales que padecemos como país.
En primer lugar, se advierte que el sector tecnológico público, que incluye las universidades y los institutos, está excesivamente dedicado a la capacidad de oferta muy por sobre el estímulo de la demanda tecnológica en las empresas. Más del 95 por ciento del esfuerzo público en este campo está concentrado en financiar, vía aportes directos, indirectos o concursables, a universidades e institutos tecnológicos públicos y mixtos.
Esto quiere decir que la red institucional pública concentra sus esfuerzos en desarrollar nuevos conocimientos y tecnologías, muchas veces sin cuidar ni explorar el interés que estos trabajos pudiesen tener para la empresa privada. Esta desvinculación es dañina para ambos sectores y, por tanto, urge construir puentes de colaboración entre la empresa y la universidad.
Cabe recordar que en los tres encuentros que han realizado nuestras comisiones de investigación científica y tecnológica, la necesidad de generar puentes de colaboración entre las empresas, los científicos y las universidades ha parecido un punto claramente esencial.
Una segunda debilidad estructural es el franco deterioro y falta de renovación de la infraestructura tecnológica y de información.
Una tercera es la limitada participación del sector financiero en el progreso y estímulo a la innovación tecnológica. Ya hemos mencionado la falta de estímulo e incentivo económico de nuestro país para los efectos de la investigación y desarrollo que realizan las empresas.
Además, hay que anotar otros cuatro factores negativos, a saber: la inexistencia de fondos de capital de riesgo; el pequeño tamaño de los proyectos; la escasa presentación de proyectos de calidad, y las fallas de sistemas adecuados de financiamiento de proyectos de riesgo.
Una cuarta y última debilidad es la insuficiente inversión que se orienta a la formación de recursos humanos para el sistema de innovación.
Como lo señaló un grupo de expertos de Conicyt, en 1995, diversos antecedentes indican que existe un déficit importante de científicos e ingenieros respecto del potencial crecimiento de la investigación tecnológica.
A estas restricciones se añade la escasa dotación de recursos humanos en las instituciones encargadas de diseñar y monitorear las políticas en ciencias y tecnología. El país -dice el informe- no está realizando el esfuerzo necesario para formar la generación de científicos y profesionales que demandará el nuevo sistema de innovación.
La conclusión universal de la comunidad científico-tecnológica apunta a que es urgente incentivar la utilización productiva del conocimiento, desarrollando una capacidad de demanda, investigación y gestión tecnológica en empresas públicas y privadas; formar y renovar recursos humanos especializados desde el ámbito de la formación profesional, así como de investigadores, y generar mecanismos adecuados para que la empresa demande y participe más de la capacidad científico-tecnológica nacional. Entre estos mecanismos se ha mencionado repetidamente la potencialidad de los parques tecnológicos, al igual que los incentivos fiscales y públicos destinados a estimular la inversión de riesgo, orientado todo a financiar nuevos emprendimientos tecnológicos.
En este marco se genera el proyecto de la referencia.
En la discusión que se suscitó en uno de los encuentros científicos y parlamentarios efectuados en esta Cámara, decíamos que se ha señalado como central el tema de la vinculación universidad-empresa. Durante mucho tiempo, en el pasado, se aceptó que los resultados de la investigación científica se transformarían, naturalmente, en nuevas tecnologías para ser comercializadas. La transformación de la investigación básica en investigación aplicada y, luego, en manufactura, se consideraba como la secuencia natural originada por las necesidades de la demanda y la competitividad que se generaban en la industria. Sin embargo, esto no sucedió ni ha sucedido y se requirió de nuevos mecanismos para incentivar este proceso, en los cuales resultaba indispensable no sólo la participación de los centros de investigación y del sector productivo, sino también contar con el compromiso y apoyo del Estado y del sector financiero.
Los años en que los sectores productivo y científico trabajaban en forma paralela, sin interacción entre sí, están quedando atrás en el mundo desarrollado, y las nuevas tendencias demuestran que la posibilidad de crear esta relación entre universidades y empresas es una de las tendencias vitales para conseguir el objetivo de agregar mayor valor a nuestros productos. Esta nueva realidad ha llevado a que, cada día más, el desempeño económico de los países esté asociado a su capacidad de generar, dominar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos con fines de producción de bienes y servicios para el consumo y la exportación. La tecnología está cambiando la naturaleza de la competitividad, y la forma como reaccionan los países ante este nuevo ambiente competitivo determina efectivamente su rol en la economía mundial.
Por tanto, es así como la vinculación entre las fuentes del desarrollo científico y tecnológico y el sector productivo, es un fenómeno que está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo. Una forma de lograr esta relación son los denominados “parques tecnológicos”, los cuales -plantea-dos también en las reuniones en que han sido objeto de estudio por esta Cámara- apuntan -reitero- a resolver el tema del encuentro entre el mundo universitario y el de la empresa. Sabido es que, en el modelo tradicional, las universidades deben cumplir con las necesidades de docencia, investigación y extensión. Algunos han señalado que el cumplimiento de estas tres labores no siempre permite los mejores términos de relación para los efectos de la aplicación de la ciencia y la tecnología generada por estos centros universitarios. Por ello, se ha planteado la necesidad de crear centros de excelencia en materia de investigación científica, tecnológica y de innovación. Al respecto, una de las alternativas que el país conoce, es la agrupación de los mismos científicos de proyectos autónomos, que concursan, como el proyecto Gémini, o que se sitúan en regiones, como es el caso del grupo de físicos instalado en Valdivia, que ha generado un convenio especial con la Universidad Austral.
La otra necesidad es la que se inscribe en el ámbito de los parques tecnológicos. En cuanto a estos últimos, existen dos experiencias comparadas: las que se desarrollan en Europa, modelos que se gestan por iniciativa del sector público y cuya administración es compartida o entregada al sector privado interesado en la investigación aplicada a sus áreas de producción de bienes o servicios.
La segunda alternativa son los parques científicos y/o tecnológicos de carácter universitario. Es obvio que el proyecto en referencia se inscribe en la segunda.
Los parques tecnológicos promueven nuevas relaciones, reuniendo al Estado, las universidades, los centros de investigación, las empresas de capital de riesgo y a las industrias. Constituyen el ambiente propicio para la creación de nuevas empresas de base tecnológica para la realización de investigaciones que serán esenciales en el desarrollo económico futuro. Este fenómeno ha permitido que países en vías de desarrollo, que ostentan un buen nivel tecnológico y, a la vez, condiciones económicas ventajosas, se tornen atractivos para el establecimiento de grandes empresas basadas en tecnología de punta.
El desarrollo local de una capacidad científica de alto nivel ha permitido a estos países entrar al mundo de la tecnología de vanguardia, creando sobre esta base grandes industrias y atrayendo a su territorio cuantiosas inversiones. En el ambiente es conocida la experiencia de una multinacional del área tecnológica que, según entiendo, intentó la posibilidad de instalarse en nuestro país y que por distintas cuestiones, algunas burocráticas y por la inexistencia de proyectos como el que está en debate, resolvió instalarse en un país centroamericano. Cabe mencionar que las tasas de crecimiento de dicho país dependen, en más de un 50 por ciento, de lo que significó el inicio de la inversión.
En el caso de los parques tecnológicos universitarios, vale la pena citar, como experiencias que nutren el planteamiento del proyecto en discusión, la creación del Parque Tecnológico de Stamford y del Parque Tecnológico de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y Parque Científico de la Universidad de Lovaina La Nueva, en Bélgica.
Es probable que a los colegas les llame más la atención si recordamos que el Parque Tecnológico Universitario de Stamford es el que sirve de referencia al denominado Silicon-Valley, en el caso californiano, a partir del cual se generan la experiencia y el impacto mundial, desde los puntos de vista económico, de investigación y de creación.
En el caso de América Latina, sólo existen iniciativas de parques tecnológicos en Brasil, en el área de Sao Paulo. Por lo tanto, la posibilidad de iniciar una experiencia de este tipo en nuestro país, puede ser de suyo vital e importante.
Asimismo, es bueno hacer resaltar que, por definición, estos parques requieren un ambiente que posibilite, en la ubicación de la infraestructura universitaria, la presencia de empresas de alta tecnología y la existencia de un entorno medioambiental, sociocultural y recreativo de calidad.
En las experiencias comparadas, quienes han tenido la posibilidad de estudiarlas o de conocerlas directamente, estos parques tecnológicos por definición propia y por ser gestionados o de propiedad de universidades, destacan por el entorno ambiental que los rodean y por la calidad, tanto de las áreas verdes como de los proyectos de uso del espacio con diseños urbanísticos adecuados. Se ha señalado que en ese contexto se inspira este proyecto.
Recuerdo a los señores diputados que el proyecto en discusión se realizará en un terreno de 1.011 hectáreas, ubicado en el sector Laguna Carén , en el valle de Lo Aguirre, a 16 kilómetros del centro de Santiago, perteneciente, en términos administrativos y limítrofes, a la comuna de Pudahuel. En este parque, se desarrollarán tres áreas principales:
-Un parque tecnológico, en el que se instalarán empresas de base tecnológica, institutos de investigación, centros tecnológicos e incubadoras de empresas, oficinas profesionales y de servicios;
-Un parque universitario, y
-Un parque público para el desarrollo de actividades recreacionales, deportivas, culturales y de esparcimiento.
La ubicación del parque permite que la calidad medioambiental se exprese en una urbanización de alta calidad, en una densidad muy baja y rodeada de grandes áreas verdes, parques, paseos peatonales, zonas de recreación y de esparcimiento.
En forma paralela a este parque, la Universidad de Chile ha hecho presente que se presentó al primer concurso nacional de proyectos concesionales de interés regional, convocados por el Ministerio de Obras Públicas, con un proyecto de parque público de 200 hectáreas, el cual ganó el lunes 8 de mayo, viabilizando de esta forma la construcción de este gran parque verde, mediante la incorporación de capitales operados bajo los términos de concesión.
Las áreas verdes de reserva y áreas libres, planteadas en el plan dentro de las 1.029 hectáreas, se desglosan del siguiente modo:
-Un área de parque público de 227,5 hectáreas y otras áreas verdes y de reserva, equivalentes a 402,7 hectáreas. Sumados los dos sectores hacen un total de 630,2 hectáreas destinadas a áreas verdes, reservas naturales o áreas libres.
Hago esta reseña, porque durante el debate la Comisión tuvo muy presente las implicancias ambientales y ecológicas del proyecto en referencia. Por ello, recibió a representantes de entidades ecológicas, que han objetado el proyecto, y al alcalde de Pudahuel para analizar los intereses que el municipio señalaba, además de los representantes de la Universidad de Chile y el Seremi de Vivienda, a fin de esclarecer aspectos relacionados con el plano regulador.
Según la información entregada en ese aspecto, las áreas verdes del parque científico-tecnológico para la Región Metropolitana tendrían un impacto directo. Si se toma como base el informe final del catastro de áreas verdes intercomunal de 1992, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se establece que el estándar de metros cuadrados de área verde de uso público por habitante a nivel metropolitano, equivale a 5,65 metros cuadrados por habitante. Con la incorporación de las áreas verdes, zonas de reservas y áreas libres contenidas en el plan maestro, dicho estándar subiría a casi siete metros cuadrados de áreas verdes públicas por habitante en la región. En otras palabras, las áreas verdes públicas del parque representarían un aporte a la ciudad a razón de 1,32 metros cuadrados por cada habitante de Santiago. Esto, sin duda, representa un aporte urbano de la mayor magnitud.
Si se estudia el impacto de las áreas verdes en Pudahuel, el estándar local en este sentido se elevaría de 2,3 metros cuadrados a más de 48 metros cuadrados por habitante, esto es, más de veinte veces, con lo cual esa comuna tendría la mayor provisión de áreas públicas verdes totales y por habitante del país.
En cuanto a otros ámbitos de preocupación ambiental, la Comisión tuvo presente que en los estudios de la estación fija automática del sistema de vigilancia de la calidad del aire es evidente que Pudahuel aparece como una de las comunas más castigadas. En este contexto, el fortalecimiento de sus áreas verdes, naturalmente, debería generar una mejor relación.
Como se ha dicho, el proyecto establece la autorización para que la Universidad de Chile suscriba un crédito de veinte millones de dólares. Al respecto, cabe señalar el carácter discriminatorio de la norma legal, que obliga a las universidades públicas a solicitar autorización para los efectos de generar inversión, lo cual, en términos comparados con las universidades del sector privado, produce una discriminación.
En todo caso, la Comisión, en su segundo trámite, analizó el proyecto y se pronunció respecto de algunas indicaciones, no obstante que su presidente declaró inadmisibles otras por el hecho de establecer una carga y obligación financiera al fisco.
Concretamente, las de los diputados señores Melero y Luksic no sólo buscaban circunscribir este crédito al uso del parque científico y tecnológico, sino que también extenderlo al Metropolitano público.
Dadas las normas del artículo 62, inciso tercero, de la Constitución, la Comisión entendió que ellas establecían un destino y, por lo tanto, una carga y una obligación financiera que no estaban en la idea matriz del proyecto y necesitaban del patrocinio del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, una indicación del diputado señor Melero para que se llamara a propuesta pública para seleccionar a las empresas que se encargarían del diseño y construcción del parque, por significar una carga financiera, fue declarada inadmisible.
Cabe señalar que lo del diseño fue superado en el primer trámite de la Comisión, en el cual se indicó que sería asumido por la propia universidad.
Por último, una indicación de los colegas Orpis , Correa , Dittborn y Díaz , para incorporar un nuevo artículo 6º que estableciera que cualquier préstamo garantizado por el Estado debería ser administrado por una sociedad anónima, fue declarada inadmisible por exceder la idea matriz del proyecto.
Los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado son el 1º, 2º y 4º.
No hay artículos suprimidos, modificados, nuevos ni que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
En consecuencia, repito, el proyecto autoriza a la Universidad de Chile para contratar un préstamo por veinte millones de dólares. Se establece que deberá pagarse con cargo a su patrimonio y que ella llamará a propuesta pública para seleccionar a las empresas que se encargarán de la construcción del parque. Asimismo, autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Se acordó destinar 15 minutos para hablar a favor y 15 minutos para hablar en contra. Se encuentran inscritos para impugnar el proyecto, los diputados señores Patricio Melero, Alejandro Navarro y, para apoyarlo, los diputados señores Jaramillo, Luksic y Vilches.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , ¿puedo hacer una consulta al diputado informante en relación con el proyecto?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , más allá de sus méritos, tengo entendido que la iniciativa está planteada en virtud del Nº 7) del artículo 60 de la Constitución. O sea, se requiere autorización por ley para que la Universidad de Chile contrate un empréstito cuando su cumplimiento comprometa a más de un período presidencial y cuando el Estado sea aval.
Me parece clarísimo lo relativo al aval en el artículo 4º, pero formulo la pregunta para dejarlo establecido en la historia de la ley.
Por el artículo 1º se autoriza la contratación de un crédito hasta por 20 millones de dólares, pero en ninguna parte se establece que su vencimiento excederá el término del respectivo período presidencial. No sé si, técnicamente, ese punto habrá quedado bien de esa manera, caso en el cual no se requeriría ley. Lo que sí exige ley son los empréstitos contratados por más de un período presidencial, cuestión que no aparece en el mencionado artículo.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente , en términos literales, el proyecto no señala el plazo del crédito, pero en la Comisión se hizo presente que el empréstito se pagará en un plazo de cinco años con un período de gracia de ocho; no se especificó el plazo de tiempo exacto, por cuanto se empezaba a negociar, pero, en todo caso, se extendía por más del actual per��odo presidencial. En razón de eso, la Comisión concluyó que el artículo 1º requería quórum de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Como se acordó destinar 30 minutos para la discusión del proyecto, 15 para apoyarlo y 15 para impugnarlo, según ya se informó, propongo distribuir el tiempo en forma proporcional, es decir, cinco minutos a cada diputado.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión, en segundo trámite reglamentario, tiene su origen en el decreto Nº 350, de febrero de 1994, que traspasó a la Universidad de Chile, en forma gratuita, el parque Carén , última reserva que quedaba para parque en la Región Metropolitana.
A mi juicio, no puede hoy esta Cámara garantizar el financiamiento externo para un proyecto cuya ejecución es, en mi opinión, ilegal y que en la Comisión de Ciencias y Tecnología no se pudo aclarar dado su carácter.
Es ilegal, en primer lugar, porque el asentamiento original del predio laguna Carén se originó en la ley de Reforma Agraria. La ley Nº 16.640 estableció que, producida la expropiación de un predio y habiendo la Cora tomado posesión del mismo, “ésta procederá a la instalación de un asentamiento campesino”. Ese asentamiento campesino dio a los propietarios originales derechos sobre esas tierras.
En cumplimiento de la ley de Reforma Agraria, en 1978, en el decreto que autorizó el traspaso de la Cora a la Digeder, se dejó expresa constancia de que la transferencia no incluía las mejoras efectuadas por las 28 familias que allí vivían ni las propiedades de la Sociedad Agrícola de la Reforma Agraria Lo Aguirre, de las cuales disponían libremente sus propietarios. El decreto, de febrero de 1994, no respetó a los asignatarios originales de la reforma agraria y usurpó los derechos a las familias que vivían en ese asentamiento.
Primera ilegalidad hasta hoy no solucionada.
Segunda ilegalidad. El mismo decreto -lo tengo en mis manos- señala que el proyecto consulta la creación de un parque público de 200 hectáreas que la Universidad de Chile ejecutará para ponerlo a disposición de los habitantes de la Región Metropolitana. En ninguna parte del proyecto se dice que la Universidad de Chile ejecutará el parque, sino que endosa al Ministerio de Obras Públicas la obligación de construirlo mediante licitación. Segundo subsidio que estamos entregando a la Universidad de Chile. El primero consistió en un regalo de todos los chilenos, en especial de los habitantes de la Región Metrolitana, de 1.011 hectáreas. Ahora le hacemos un segundo regalo: 1 millón 300 mil dólares correspondientes al 10 por ciento de los 13 millones de dólares que significa la negociación y no construye el parque metropolitano. Es más, pretende hacerlo en contraposición abierta, por un lado, con el plan de descontaminación y, por otro, con el plan regulador metropolitano, que establece que todas las actividades que allí se generen deben ser compatibles con el carácter de área verde de uso público, su valor paisajístico y su equilibrio ecológico.
Imagino que muchos parlamentarios están pensando en un parque tecnológico, en aulas de clases, en recintos universitarios, pero para ilustrarles hasta dónde puede llegar este proyecto, tengo en mi poder, para todos los diputados que quieran verla, una carta fechada en julio del año pasado, firmada por don Patricio Rojas , vicepresidente ejecutivo de la Corporación Valle Lo Aguirre, dirigida a la Negociation Agent in Chile, de la United Aviation Exchange, institución que propone desarrollar en las 200 hectáreas, en vez de un parque metropolitano, ni más ni menos que un hotel de cinco estrellas, un casino de juegos y un parque con 25 mil aposentadurías para recibir a los socios de la Apec y del Mercosur.
Estamos pensando en un parque universitario y podemos terminar con un casino de juegos. En vez de ver a estudiantes concentrados, podemos ver a frenéticos ciudadanos en la lujuria y en el juego. Ese no es el objetivo al cual estaba destinado ese terreno: un parque para la Región Metropolitana, sobre la base de un proyecto propuesto por el municipio de Pudahuel, que ganó el premio de la Bienal de Arquitectura.
Además de la ilegalidad de pasar por sobre los reformados de la reforma agraria, de la arbitrariedad de habernos quitado este parque a los habitantes de la Región Metropolitana, se comete una tercera ilegalidad: el parque no se puede construir, porque cuenta con estudio de impacto ambiental previo, pero no con respecto al proyecto.
Tengo en mi poder la información precisa de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, firmada por don Gianni López Ramírez , que dice que el proyecto parque científico-tecnoló-gico de la Universidad de Chile no ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, que cuente con resolución de calificación ambiental o que esté actualmente en tramitación.
En resumen, 20 millones de dólares de aval del Estado, en un subsidio dirigido de la Universidad, que deja de lado al resto de las universidades del país. ¿Por qué la Universidad de Chile sí y no la Universidad de Concepción? ¿Por qué la Universidad de Chile sí y la Universidad Católica no? ¿Por qué las universidades regionales valen menos que la Universidad de Chile? ¿Por qué tenemos que hacer esto en contra de los habitantes de la Región Metropolitana? ¿Por qué tenemos que pasar sobre los reformados de la reforma agraria? ¿Por qué tenemos que hacerlo en contra de las normativas ambientales de la Región Metropolitana y del Plano Regulador de Santiago? Me parece que estamos consumando una tremenda injusticia.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Se ha cumplido el tiempo, señor diputado.
El señor MELERO.-
Este proyecto debe ser revisado en profundidad en su legalidad y en los impactos que puede generar en la Región Metropolitana.
En consecuencia, los invito a rechazar esta iniciativa, porque ella no se ha enfocado bien desde su origen y menos en este estado de su tramitación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en realidad me impacta pensar en la discusión que podría tener este proyecto con los relatores siguientes.
Me referiré sólo al informe macizo, completo y objetivo del diputado informante , el colega Gutenberg Martínez. Él lo dijo todo. Por eso es extraño encontrar negativas en un momento en que todos debiéramos manifestar nuestro apoyo decidido y entusiasta a esta iniciativa que la Universidad de Chile, en conjunto con empresarios privados visionarios que se han unido con ella, quiere llevar a cabo para realizar un gran proyecto de la ciencia y la tecnología. El Gobierno también apoya la idea y la oportunidad de crear las condiciones adecuadas para que una universidad pública -no me parece un error el hecho de que sea pública, como lo es la Casa de Bello- pueda sacar adelante este gran proyecto, ambicioso por supuesto. Es el inicio de algo sobre lo cual nosotros, los diputados, siempre hablamos: más educación y más salud. Ésta es la oportunidad de la educación.
Es necesario crear infraestructura física y adiestrar profesionales científicos que estén al servicio del desarrollo nacional, lo cual involucra a todas las universidades, ya que no pueden seguir siendo una especie de grandes colegios de docencia superior, dedicados sólo a formar profesionales y técnicos superiores, sino que, aliadas con el sector privado y el Estado, deben ser motores de progreso para el país, haciendo ciencia y creando tecnología que pueda aprovechar la industria, la agricultura y la minería. No quiero decir que no se está tratando de hacer, pero nos falta mucho.
Porque queremos universidades comprometidas con el país y con su gente, respaldamos el proyecto, que no significará gastos para el erario nacional, aun cuando comprometa -como dice el diputado señor Melero - las cauciones del patrimonio público. En este tipo de situaciones hay que comprometerse. Lo importante es saber que tenemos confianza en el Gobierno, que ha tomado las providencias para asegurarse de que estamos ante un proyecto viable, que será exitoso, por cuanto será administrado de manera profesional y con excelencia.
Desde esa perspectiva, la confianza gubernamental debe ser también nuestra confianza, la que hoy expresamos al señor rector de la Universidad de Chile, a la Fundación Valle Lo Aguirre y a uno de sus grandes gestores, don Patricio Rojas.
Respecto de las voces que se levantan en contra de la iniciativa, o al menos sembrando dudas sobre ella, han sido atendidas sus razones por un grupo de ecologistas, el municipio de Pudahuel y algunos vecinos del sector Carén. En cada caso, el proyecto contempla -como lo ha dicho el diputado informante -, medidas de coordinación, colaboración y reparación. Además, en materia medioambiental se han tomado precauciones para evitar impactos mayores, mediante el diseño de medidas de mitigación y, en cuanto a los pobladores, está en marcha -según he sido informado- un proyecto que involucra, incluso, la construcción de un villorrio rural en la zona.
Confiamos en que estas iniciativas se cumplan en el más breve plazo y que, por supuesto, continúen.
Por lo tanto, como no se innovó en el segundo informe reglamentario, anuncio mi voto afirmativo a esta iniciativa, que abre nuevas sendas de trabajo mancomunado entre los sectores público y privado y nuestra Universidad de Chile.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda la discusión de este proyecto debió haber ofrecido un marco de debate superior en cuanto a la necesidad, posibilidad o factibilidad de endeudamiento de las universidades públicas que requieren aportes para desarrollar proyectos técnicos tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza.
Esta iniciativa, cuyo único beneficiario es la Universidad de Chile, apunta en esa dirección. Sin embargo, hay que recordar que en Chile hay 66 universidades, 25 de las cuales reciben aporte directo y participan en el Consejo de Rectores, 7 son privadas autónomas, 8 están en el sistema de examinación y 29, en el sistema de acreditación. Asimismo existen 68 institutos profesionales, todos privados, sin aporte fiscal directo. De éstos, 5 son autónomos, 38 están en el sistema de examinación y 25 en el de acreditación. Hay, además, 120 centros de formación técnica cuya supervisión corresponde al Ministerio de Educación.
Mi objeción al proyecto no significa oponerme al desarrollo de la Universidad de Chile -la más importante del país-, sino muy por el contrario, reiterar lo que en su oportunidad se dijo en cuanto a que esta posibilidad que se abre ahora por ley para una capacidad de endeudamiento de 20 millones de dólares, debiera ser un instrumento abierto a las otras universidades públicas, a fin de iniciar proyectos de desarrollo. Ninguna universidad pública puede realizar proyectos de esta envergadura, aun cuando tenga los medios económicos para pagar su endeudamiento con la banca privada. La exclusión o el absoluto privilegio de una sola universidad me parece acotado, pobre, precario.
Aquí ha habido una gran oportunidad para discutir sobre cómo se puede contribuir al desarrollo de las universidades públicas. La pregunta es: ¿Por qué no la Universidad de Magallanes, la del Bíobío o la Austral de Valdivia?, ¿por qué no las universidades públicas de este país, las que, al cumplir el debido proceso respecto de su situación financiera y el proyecto por desarrollar, podrían optar a este tipo de privilegio? Claramente, para apoyar a cada una de las 24 universidades restantes se requerirá de una ley. La pregunta que cabe es: ¿cada vez que una universidad se decida, tenga las condiciones, se atreva y enfrente el desafío, tendremos que legislar sólo respecto de ella cuando se produzca una situación como ésta? Por lo demás, todas nuestras universidades requieren desarrollo y oportunidades de crecimiento.
En consecuencia, me voy a abstener en este proyecto, porque hubo una discusión insuficiente, a pesar de que tuvimos la oportunidad de debatir el tema de fondo de la educación superior en Chile en cuanto a las posibilidades que tienen las universidades para su autosuperación y a fin de brindar mejores condiciones en la educación del país. En ese sentido, hubo una visión apresurada que, además, se contravino con el tiempo del debate. Por meses completos y de manera ininterrumpida los personeros de la Universidad de Chile han concurrido a la discusión del proyecto, pero han debido volver una y otra vez hasta que la iniciativa se tratara. Entonces, el problema no es el tiempo de tramitación, dado que estuvo tres meses en Tabla, sino no haberla puesto en votación.
Por otra parte, no hubo ninguna posibilidad de que los parlamentarios presentáramos indicaciones en ese sentido, por la limitante constitucional que existe, ya que no es posible presentar indicaciones que involucren gastos o compromisos del Estado, pero el tema fue planteado.
Reitero que, en definitiva, para la próxima universidad que decida tener un privilegio como éste, aun cuando cumpla con los requisitos financieros, tendrá que producirse un debate en la misma forma, con igual agilidad y mayor profundidad que éste, porque no se puede estar legislando sobre cada caso especial de las universidades chilenas, sobre todo cuando se trata del porvenir y desarrollo de la educación superior del país.
Me abstendré en la votación, aun cuando estimo que es un proyecto importante. Sin embargo, quiero dejar constancia de las limitaciones del debate y de la oportunidad que perdimos al votar apresuradamente, sin abrir esta posibilidad al conjunto de las universidades del país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, sin duda, este proyecto de ley ha originado un debate muy extenso, pero incompleto.
Considero necesario manifestar en esta Sala que esta iniciativa que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico, constituye un privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas universidades dependientes del Estado también quisieran tener esta oportunidad. Sin embargo, como en una iniciativa no es posible incluir proyectos futuros, estamos abocados a discutir uno que es real: la construcción del primer parque científico-tecnológico que existirá en Chile. Experiencias similares en países extranjeros, como por ejemplo, Silicon Valley , en Estados Unidos, han significado un aporte al desarrollo científico y tecnológico de esos países, porque permite reunir a académicos, científicos y empresarios. Y es precisamente esto último lo que no se ha señalado en este debate, puesto que hay muchos privados que tendrán la posibilidad de disponer de centros de investigación para desarrollar la ciencia y la tecnología del país. Esto hay que decirlo, no debe ocultarse.
Ahora, si la discusión apunta a que estamos pasando por encima de los derechos de algunas familias, también habría que velar por que éstos sean respetados, para lo cual el proyecto debería incluir la obligación -en este caso de la Universidad de Chile, en representación del Estado, por el privilegio que se le otorga- de reubicar a las 28 familias que están asentadas en el parque Carén. De esta manera, gracias al aval del Estado, se puede iniciar la solicitud de un crédito que será respaldado con el patrimonio de la Universidad de Chile. Ahora, si nosotros pensamos anticipadamente que este proyecto fracasará, este mismo temor habría impedido la creación de muchos centros, incluso de investigación, que hoy día tienen treinta a��os de existencia y que han entregado desarrollo científico y tecnológico a nuestro país.
Quiero señalar que considero absolutamente lícito otorgar el aval del Estado a una universidad que ha entregado tradición y educación superior durante tantos años. Sin embargo, tiene algunas dificultades con su actual administración, porque está muy endeudada. La posibilidad de concretar este proyecto es una apuesta a futuro, y considero necesario apoyarlo, porque, de lo contrario, el país jamás podrá desarrollar proyectos similares en otras regiones si no existe uno inicial. Es la semilla para iniciar un real apoyo a una universidad de tanta tradición, como es Universidad de Chile, pero dejando establecido, para la historia fidedigna de la ley, que este derecho no podrá ser negado a otras universidades regionales que así lo soliciten.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
¿Me permite, señor diputado? Le resta medio minuto.
El señor VILCHES.-
En segundo lugar, el servicio de la deuda está absolutamente respaldado por el articulado del proyecto. Por otra parte, no se puede hablar de inconstitucionalidad, en primer lugar, porque una ley aprobada por el Congreso Nacional posibilita que el Estado sea aval y, en segundo lugar, el hecho de que termine un período presidencial no impide que la Universidad de Chile cumpla su obligación de servir la deuda en el período de 25 años señalado aquí, con un período de gracia de ocho años.
En síntesis, considero que este proyecto no obstaculiza el desarrollo de la Región Metropolitana. Además, se considerarán todos los informes de impacto ambiental que son absolutamente necesarios y, de ser aprobados, el proyecto debería salir ade-lante.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por último, para argumentar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
Informo a la Sala que la Mesa ha concedido cinco minutos a cada diputado. Hasta el momento han intervenido tres a favor y tres en contra del proyecto, lo que suma -si no me equivoco- media hora.
Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, este proyecto demuestra cuán equivocadas están las prioridades del actual Gobierno.
La capacidad del Estado de dar garantías es limitada; no puede concederlas en forma infinita. Entonces, la pregunta es: ¿Es ésta una prioridad tan importante en la educación superior que hace que el Estado le dé su aval a éste y no a otros proyectos alternativos?
Durante la campaña presidencial, el candidato Lagos prometió ampliar el crédito fiscal universitario a todos los alumnos que estudian en un instituto profesional, en un centro de formación técnica o en una universidad privada que hicieran méritos para obtenerlo. Considero que el Gobierno habría respetado mejor las prioridades de la gente y que habría sido más consecuente con las promesas hechas durante la campaña presidencial, si hubiera creado un fondo de garantía para otorgar crédito fiscal universitario a todos los alumnos de institutos profesionales, centros de formación técnica o universidades privadas que lo merecieran y que hoy día no tienen acceso a dicho crédito, utilizando para tal objeto esta garantía de 20 millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno prefiere otorgar esta garantía a una universidad que hoy está tan endeudada en el sistema bancario, que prácticamente ningún banco privado está dispuesto a otorgarle nuevos créditos; a una universidad que está tan mal administrada, que hizo quebrar a la Editorial Universitaria, una empresa que durante más de veinte años produjo e imprimió libros. La administración del ex rector Lavados, finalmente produjo su quiebra y la de la Fundación Guillermo Puelma, creada por la familia de don Guillermo Puelma para apoyar estudios biológicos en la Universidad de Chile. Pues bien, el rector Lavados, en forma inexplicable, procedió a vender las acciones de esa fundación, impidiendo que se concretara el deseo de don Guillermo Puelma , que era aprobar proyectos de neuropsicología en la Facultad de Medicina de esa universidad. En fin, a una universidad que durante los últimos años ha dado suficientes demostraciones de estar pésimamente mal administrada, se le dará un aval de 20 millones de dólares para iniciar la construcción de un parque científico-tecnológico que, supuestamente, será similar al de Silicon Valley.
En realidad, considero que es una inconsecuencia con las prioridades que tiene la gente, que son otras; es una inconsecuencia seguir apoyando a una universidad que ha sido muy mal administrada. No sería raro que en los próximos años este parque impida cumplir...
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
¿Me permite, señor diputado? Le restan 30 segundos.
El señor DITTBORN.-
...con el crédito fiscal y, entonces, tengamos que ser todos los chilenos, con nuestros impuestos, quienes debamos apoyarla.
Yo lo lamento, porque hay muchas otras acciones más útiles que hacer con estos 20 millones de dólares que continuar apoyando una universidad que no ha dado precisamente muestras de administrarse eficazmente.
He dicho.
El señor ÁVILA.-
¡Qué hipocresía más grande!
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, quizás en la discusión del proyecto debería hacerse una distinción. Por un lado, contiene un aspecto de carácter económico que considera nuestra Carta Fundamental en el número 7) de su artículo 60. En él se establece que serán materias de ley las que autoricen al Estado, a sus organismos -que corresponde al caso que nos preocupa-, para contratar empréstitos y obtener el aval del Estado.
Pero también hay un aspecto de dulce y agraz.
Sin lugar a dudas que para la comuna de Pudahuel, que represento en esta Cámara, constituye un orgullo que la Universidad de Chile construya en su jurisdicción un parque científico-tecnológico y, posteriormente, traslade sus facultades a los terrenos donde se ubica la laguna Carén.
Sin embargo, tiene de agraz el hecho de que aún no contamos con estudios de impacto ambiental; que aún no exista una coordinación y cooperación con la municipalidad en lo que se refiere al diseño que está llevando a cabo el alcalde, señor Johnny Carrasco , en cuanto a elaborar un plan de desarrollo comunal, tan importante para esa comuna, de escasos recursos, que requiere aumentar su desarrollo a través de los terrenos que la circundan.
También tiene de agraz la situación que viven 28 familias que actualmente ocupan esos terrenos, los que tendrán que dejar.
Pero lo más importante para la comuna de Pudahuel y la Región Metropolitana es que en el decreto supremo de 1994, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacional, a través del cual se traspasan a la Universidad de Chile 1.011 hectáreas, se señala de manera muy precisa y explícita que 200 hectáreas del total se destinarán a la construcción de un parque metropolitano, tan necesario para nuestro contaminado Santiago.
Quiero poner el acento en este aspecto, puesto que la comuna de Pudahuel y las del sector poniente de la Región Metropolitana permanentemente están siendo perjudicadas por la contaminación del aire, del agua y del suelo.
Es pertinente -y así lo quisimos hacer con el diputado señor Melero , también parlamentario del distrito 16-, que se haya incorporado la obligación de que la Fundación de la Universidad de Chile también se responsabilice de esta área verde que representa el parque metropolitano.
Por eso, el proyecto, no obstante resuelve un tema de carácter económico dispuesto en nuestra Carta Fundamental, contiene una serie de compromisos medioambientales, de ordenamiento urbano y, por sobre todo, la construcción del parque metropolitano, que la Universidad de Chile debe cumplir.
Estoy consciente de que se han hecho esfuerzos. De hecho se ganó un concurso en el Ministerio de Obras Públicas para el diseño de ese parque, de esa área verde que tanto necesita no solamente Pudahuel, sino la Región Metropolitana en su totalidad.
Reitero que debemos pronunciarnos sobre un proyecto que contiene un tema económico, pero además una serie de otras materias que debe asumir la Universidad de Chile.
He dicho.
El señor KRAUSS.-
Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, se ha dicho que este proyecto contiene normas que requieren quórum calificado y, para tal efecto, se señala que el empréstito que se autoriza en el artículo 1º y el servicio en el artículo 2º, así como el otorgamiento de la garantía del Estado estarían comprendidos en la norma del número 7) del artículo 60 de la Constitución.
La verdad es que la intervención en este debate del colega señor Coloma y la respuesta del diputado informante , señor Gutenberg Martínez , me ha llevado a revisar las normas y llegar a la conclusión de que efectivamente correspondería que este proyecto se despachara con quórum calificado si es que expresamente, de conformidad a la parte final del número 7) del artículo 60, el servicio de los empréstitos excediera del término del respectivo período presidencial.
Nada se dice sobre el particular en el texto y una norma básica de interpretación de la ley es que cuando el sentido de la ley es claro, no corresponde recurrir ni siquiera a su historia, mucho menos a su espíritu.
Adicionalmente, no me cabe duda que el artículo 4º incide en el número 8) del artículo 60 de la Constitución y no en el 7), y no tiene quórum calificado autorizar la celebración de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado.
En otras palabras, corresponde que la Sala se pronuncie. Evidentemente que si el quórum reúne los niveles que corresponda, será con quórum calificado, pero si es con quórum simple, los términos de la autorización serán los mencionados y, en ningún caso, corresponde ese pronunciamiento respecto del artículo 4º.
El señor diputado informante podría, a lo mejor, precisarnos estos alcances.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente , el colega Coloma nos hizo una consulta al inicio de la discusión, en términos de que el proyecto, en su sentido literal, establecía sólo una autorización por 20 millones de dólares, pero no hablaba del plazo por el cual se otorgaba esa autorización.
Desde un punto de vista formal, se requiere quórum para los efectos de autorizar un endeudamiento mayor al del período presidencial en curso. Indiqué que, de acuerdo con la información que se había entregado en la Comisión por parte de quienes representaban al Ejecutivo al efecto, se trataba de un crédito que se estaba negociando por 25 años, con 8 años de gracia, y que no se habría especificado el plazo específico en el proyecto, por cuanto eso era materia de negociación. Por eso, la Comisión optó por dejar constancia de que se requería del quórum para que la autorización cubriese más allá del plazo presidencial.
La interpretación que ha hecho el colega Krauss me parece razonable, en cuanto a que el quórum se requiere para autorizar un endeudamiento por mayor tiempo al del período presidencial en curso.
Se requiere ley simple para autorizar el crédito y de quórum calificado para extender el plazo más allá del período presidencial; quórum simple si queremos ceñirnos en forma literal a lo que señala el proyecto.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, entiendo lo que han planteado los diputados señores Gutenberg Martínez y Krauss ; sin embargo, subsisten dos problemas que no son menores para interpretar la norma.
Si uno lee la historia de la ley, allí se indica que los artículos 1º, 2º y 4º del proyecto están relacionados con el número 7) del artículo 60 de la Constitución Política. Al pedirse autorización por esa vía, debió aclararse que la solicitud excedía, en tiempo, al período presidencial. De otra forma, el proyecto cobra sentido únicamente en razón de su artículo 4º, en virtud del cual se autoriza “al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones provenientes de los empréstitos que contrate la Universidad de Chile...”.
De aprobarse el proyecto tal como está, el plazo por el cual se solicitará el crédito será menor en relación con la duración del período presidencial. Ahora bien, si se interpreta que esta materia requiere quórum simple, debemos actuar de esa manera a todo evento. Ello significaría que la autorización no supone un endeudamiento por un período mayor a la duración del actual período presidencial.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , de aprobarse el artículo con quórum simple, se entiende -no sé si coincide con la opinión de los diputados señores Krauss y Martínez, don Gutenberg- que el lapso por el cual se pide el crédito es menor al de la duración del período presidencial.
Los artículos 2º y 5º se declaran aprobados por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En votación el artículo 1º, cuya aprobación requiere quórum simple.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Jocelyn-Holt, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Muñoz (don Pedro), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Sánchez, Ulloa, Vargas y Vega.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Jiménez, Muñoz (doña Adriana) y Navarro.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En votación el artículo 3º, que requiere quórum simple.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Dittborn, Elgueta, Encina, García (don José), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Tuma, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prokurica, Recondo, Ulloa, Vargas y Vega.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Girardi, Jiménez, Lorenzini, Muñoz (doña Adriana), Navarro y Sánchez.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En votación el artículo 4º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobado.
Despachado en general y en particular el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Dittborn, Elgueta, Encina, García (don José), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jeame Barrueto, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Mora, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prokurica, Recondo, Tuma, Ulloa, Vargas y Vega.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Acuña, Allende (doña Isabel), Díaz, Lorenzini, Muñoz (doña Adriana), Navarro y Sánchez.
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