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El señor SULE.-
Señor Presidente , nos encontramos ante un proyecto de ley que dice relación directa con una forma de marginación que viven vastos sectores de nuestra población. Esta marginación excluye su participación en las decisiones de los que gobiernan el sistema en los distintos niveles. Los excluye del disfrute de los recursos, de las garantías, de los privilegios que el sistema asegura a la mayor parte de sus miembros. También podemos afirmar enfáticamente que se trata de un aspecto de la pobreza y, como ha expresado un especialista, la pobreza es la forma macroscópica de la desigualdad.
El Gobierno de la Concertación está enfrentando el tema de la pobreza con gran decisión y despliegue de recursos. Recientemente, en el informe presentado sobre Desarrollo Humano ante las Naciones Unidas, nuestro país subió del lugar 33 al 30 en el índice que mide este aspecto.
La materia que nos preocupa es una iniciativa orientada a aquellos propietarios de viviendas sociales que han realizado ampliaciones y demás construcciones con o sin permiso municipal de edificación. Se trata de que regularicen su situación legal y administrativa ante los organismos técnicos correspondientes. También el proyecto busca encausar dentro de la legalidad las edificaciones que albergan actividades de carácter microempresarial inofensivas. En estos casos, se trata de un nivel de subsistencia personal y familiar, que se encuentran y emanan de la ilegalidad y la marginalidad.
La dictación de esta ley beneficiará aproximadamente a 600 mil microempresas informales y permitirá regularizar situaciones de otras 400 mil. En conjunto, ambas actividades generan más de un millón seiscientos mil empleos en el país. En el lenguaje de algunos economistas nos encontramos ante un caso típico de "economía sumergida".
Nos preguntamos por qué se ha producido esta situación. La respuesta tiene dos vertientes. Por una parte, el costo económico que demanda el pago de derechos, permisos e impuestos, y por otra, las enormes trabas burocráticas, la complejidad de los trámites, los papeleos y el tiempo que todo esto ocupa. Esta iniciativa legal permitirá, por una sola vez, resolver tales cuestiones con un mínimo de requisitos.
Resulta evidente la ventaja que esto puede significar para una microempresa, ya que la coloca en situación de estar apta para acceder a apoyo crediticio, asistencia técnica o a capacitación.
Es interesante destacar que en el marco del informe de las Naciones Unidas, éste aclara que, fundamentalmente, para superar la pobreza "lo que falta no son recursos ni soluciones económicas, sino el impulso político para enfrentar directamente el problema". Hoy nos encontramos ante una gran oportunidad de ayudar a un grupo importante de nuestros conciudadanos, al resolver un problema que los integrará plenamente a la sociedad.
Sería deseable que los alcaldes y los concejos municipales se replantearan el tema de los costos de esta operación. El proyecto de ley señala que por regularizar viviendas inferiores a 70 metros se pagaría el 25 por ciento de los derechos correspondientes, y, en el resto de los casos, el 50 por ciento.
En el marco actual de la situación de emergencia que vive el país tras las inundaciones, es fácil suponer que gran parte de los afectados pertenece al segmento que la ley pretende beneficiar. Ofrecer facilidades de pago o intentar rebajar aún más las tasas propuestas, sería un importante incentivo para la regularización que se pretende realizar.
Por lo dicho, votaré, con mucho agrado, favorablemente el proyecto.
He dicho.
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