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El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente , las inquietudes que ahora analizamos ya fueron señaladas por los Senadores señores Cooper y Ríos. En el informe quedó constancia de su planteamiento al referirse al comportamiento que deben tener las personas interesadas en el aspecto habitacional, el cual -según expresan-, desde el inicio, debe ajustarse a las normas legales, a fin de evitar posteriormente la dictación de normas especiales para dar solución a casos determinados.
En el informe se habla de 600 mil microempresas. Es una cifra enorme, y no la creo correcta, pues considero imposible que haya tal número sin haber legalizado su situación. Y el que exista un millón de viviendas en situación irregular, también es algo bastante anormal. De todas maneras, creo que el sólo hecho de tener que aprobar una iniciativa en estas condiciones -porque estamos obligados a hacerlo- para solucionar problemas pendientes de 600 mil microempresas, no es lo más conveniente. Y ello no ha ocurrido sólo ahora, sino que en otras oportunidades nos hemos visto en la necesidad de tramitar iniciativas en condiciones más o menos similares, como la postergación de las elecciones municipales; condonación de deudas impagas a instituciones del Estado; amnistía a delitos electorales, y regularización de diversas situaciones. Es decir, varias veces nos hemos abocado a la aprobación de iniciativas como ésta. Si esto se repite, se producirá una situación que don Pablo Rodríguez ha llamado la "desnormativización del derecho". Creo que tiene toda la razón, pues el sólo hecho de estar aprobando iniciativas como ésta, significa desvirtuar la ley fundamental, la que se encontraría mal planteada.
En cuanto a la presentación de indicaciones, el Senador señor Díez tiene razón. Deben formularse algunas observaciones. Una de las primeras que se me viene a la mente se relaciona con los plazos. La iniciativa despachada por la Cámara de Diputados hablaba de 18 meses o un año contado desde la publicación de la ley. En el informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado se omite el momento a partir del cual se cuenta dicho plazo. O sea, en la práctica, si no corregimos eso, no habría plazo.
Otra pregunta que me formulo es la de a quién beneficia este proyecto, ¿sólo a los que construyeron, o también a los que adquirieron inmuebles construidos por otros? Creo que estas dos interrogantes tal vez merecerían indicaciones, modo que concuerdo con fijar plazo para presentarlas.
He dicho.
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