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El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el eventual fraude de empresas de inversión.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes pasado, se destinará un tiempo de debate de una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Hago presente a la Sala que el informe de la comisión especial investigadora fue rendido en la sesión 67a, del 8 de septiembre pasado.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de organismos públicos en eventual fraude de empresas de inversión se rindió en la sesión 67ª de la presente legislatura, en 8 de septiembre de 2016.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber.
El señor SILBER.-
Señor Presidente, en la sesión 67a conocimos de voz del presidente de la comisión investigadora el informe y las conclusiones de esta instancia, a la cual citamos e invitamos a representantes de diversas entidades públicas como el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Unidad de Análisis Financiero, a fin de conocer de cerca cómo han operado diversas empresas de fachada que en el último tiempo han protagonizado situaciones que son de conocimiento público y que han costado cuantiosos recursos a miles de estafados en nuestro país. Esas empresas se dedicaban a ofrecer certificados de intermediación financiera, de Forex, respecto de monedas extranjeras. En los hechos, como lo ha determinado el Ministerio Público a medida que ha avanzado en sus investigaciones, simplemente se trataba de empresas de papel. Es el caso de Ac Inversions, del Grupo Arcano o de Rodríguez & Asociados.
A la luz de la investigación que hicimos los parlamentarios en la comisión, pudimos acreditar la falta de regulación, es decir la precariedad con que los reguladores operan en términos de prevenir y advertir a tiempo ese tipo de ilícitos, que han causado efectos patrimoniales importantes, que han afectado la fe pública y que tienen de rodillas a miles de familias, dada la situación de estafa de que fueron víctimas.
Señor Presidente, más que a la acreditación de hechos que hoy son de conocimiento e investigación por parte de la justicia, como comisión investigadora nos adentramos más bien a conocer de cerca cómo actuaron de manera preventiva algunos reguladores que, según consta en las actas de la comisión y también en la propia investigación penal, recibieron las debidas alertas y advertencias por parte de usuarios de esas empresas de fachada o de papel. En efecto, hubo consultas en Impuestos Internos respecto de la situación e indagaciones por servicios de inteligencia del Ejército de la época, quienes también tenían información sobre la forma en que operaban esas empresas. Una de las principales conclusiones a que arribamos como comisión fue precisamente que hubo precariedad en la forma en que actuaron nuestras instituciones, desde el punto de su musculatura investigativa, toda vez que reaccionaron y operaron muy tardíamente frente a hechos que, como dije, han puesto de rodillas a miles de familias en nuestro país.
Desde esa perspectiva, urge robustecer nuestra Superintendencia de Valores y Seguros en iguales condiciones que su homóloga norteamericana, en términos de que se convierta en una suerte de policía financiera que pueda advertir a tiempo, con facultades proactivas, in situ, el actuar de esas empresas que, en la práctica, hacen actividades propias del giro bancario, esto es, toman recursos para invertirlos -más bien dicen que lo hacen, porque en los hechos ello no ocurre-, lo cual es propio de la intermediación bancaria.
En la comisión investigadora también se hizo presente la necesidad de que exista una comisión de valores que pueda integrar efectivamente la información de un órgano a otro. Lo que ocurrió en este caso fue que una superintendencia recibía información y estaba advertida de los hechos, pero esa información prácticamente quedaba en el escritorio del funcionario público que recibió la denuncia. Es decir, no había integración respecto de información que, de haberse conocido a tiempo, pudo haber significado desbaratar estas verdaderas bandas criminales, según dan cuenta los hechos acreditados mediante la investigación penal respectiva.
En consecuencia, advertimos falta de proactividad en los funcionarios públicos encargados de fiscalizar en este ámbito, lo que queda en evidencia con su inacción respecto de las advertencias que se les hicieron en cuanto a su perímetro de fiscalización. Por ejemplo, hubo quienes señalaron que ellos solo fiscalizaban a quienes están regulados, pero en este caso en la esquina de esa institución se ofrecían iguales servicios, iguales actividades, incluso con promoción en la prensa, a vista y paciencia de la autoridad, que no hizo nada.
Señor Presidente, en nuestras conclusiones advertimos acerca de la inactividad, de la falta de proactividad de algunas instituciones y de algunos reguladores.
También llamamos la atención acerca del rol del Ejército de Chile, que al final del día solo veló por la seguridad y la integridad patrimonial de sus miembros, cosa que está bien; pero, dado que sabía que esas entidades financieras promovían los mismos ilícitos entre otras personas naturales, todas chilenas, debería haber sido más proactivo y diligente. Era esperable un actuar institucional más responsable de parte del Ejército de Chile, que incluso desplegó, como se ha podido acreditar, a sus servicios de inteligencia para indagar acerca de estas instituciones financieras, lo que le permitió alertar a los miembros de las Fuerzas Armadas en cuanto a que se abstuvieran de invertir en esas empresas, como dije, de fachada, de papel.
Reitero que era esperable mayor proactividad respecto del resto de los chilenos que estaban siendo afectados por esos fraudes.
En conclusión, llamamos a la Sala a votar a favor las conclusiones de la comisión investigadora, que, como hemos señalado, también advirtió falta de proactividad entre los entes reguladores. La Superintendencia de Valores y Seguros, por ejemplo, recibió alertas sobre este caso y varios otros de la misma naturaleza, pero poco y nada hizo respecto de abrir una investigación que hubiese permitido alertar a tiempo a otras personas que seguían invirtiendo de buena fe en instituciones que abusaron de la candidez de muchos compatriotas, pues ofrecían tasas del 5, del 10 por ciento mensual, obviamente muy por sobre las que ofrecían otras entidades financieras.
Sentimos que nuestros reguladores no estuvieron a la altura de las circunstancias a la hora de investigar y enfrentar con responsabilidad y con la seriedad esperable esas denuncias.
También consideramos que hay un vacío regulatorio importante y que es necesario dotar de mayor robustez y musculatura investigativa a algunas instituciones públicas, como la Superintendencia de Valores y Seguros, de manera que se puedan aproximar a las capacidades con que cuenta la SEC norteamericana a partir del 2008, cuando debieron enfrentar la crisis subprime, que gatilló sus debilidades respecto de la industria financiera, pues quedó en evidencia que había muchas empresas que operaban en el límite y con mínimas condiciones de seguridad respecto de su estabilidad para operar en el mercado, lo que hizo necesario aumentar la facultades de ese organismo público de Estados Unidos de América. Lo mismo deberíamos hacer nosotros.
En consecuencia, señor Presidente, llamamos a aprobar las conclusiones de la comisión investigadora.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra, debo corregir un error que cometí en el momento en que dimos la bienvenida a una delegación de Taiwán que nos visitó hace poco rato, pues saludé como embajador a quien en realidad es el encargado de negocios de la oficina de la República de Taiwán en Chile.
Estimo necesario precisar mi error para efectos del acta.
El señor WALKER.-
Las democracias tienen derecho a tener embajadores, señor Presidente.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Espero que nadie vaya a sospechar o suponer que fue un error premeditado.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, me sumo a las palabras del diputado Walker: debiesen tener embajador.
En cuanto al informe que nos ocupa, debo expresar que en la comisión hicimos un trabajo bastante serio y llegamos a la conclusión de que las instituciones del Estado pudieron haber realizado una labor de fiscalización mucho mejor y haber evitado así que miles de chilenos fueran estafados de manera burda por las empresas que incurrieron en estos fraudes piramidales.
Instituciones del Estado fallaron, y durante largo tiempo. Además, no fue solo una institución del Estado la que falló, sino varias, pues no obstante disponer de toda la información que requerían, que hacía evidente que se estaba cometiendo una estafa piramidal, no hicieron absolutamente nada.
Si uno va a un banco para buscar una alternativa para invertir sus ahorros, ve que las tasas que le ofrecen fluctúan entre 0,4 y el 0,5 por ciento mensual; con mucha suerte podría llegar a tasas del 0,8 o 0,9 por ciento mensual. Entonces, si estas empresas prometían, sin riesgo, tasas de 10 por ciento mensual, era evidente que se trataba de una estafa.
No es posible sostener una institución que paga tasas de 10 por ciento mensual por los depósitos que recibe. Por lo mismo, nadie que tenga una mínima formación financiera puede no haberse dado cuenta de que detrás de eso había una estafa, como es el caso de lo que estaba haciendo la empresa AC Inversions, al igual que algunas otras. Prometían tasas de retorno de 10 por ciento mensual, e incluso más, sin riesgo, para lo cual utilizaban la figura del contrato de mutuo.
Por eso decimos que las actuaciones de instituciones del Estado no estuvieron a la altura de lo que se espera de ellas. Me referiré a cada una de ellas, siguiendo el mismo orden que se utiliza en el informe que consensuamos en la comisión.
La Unidad de Análisis Financiero.
Esta institución tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Evidentemente, acá no estamos hablando de lavado de activos ni de financiamiento del terrorismo; pero creo que al haber recibido tantas advertencias, provenientes de las más variadas personas, respecto del actuar de estas empresas, lo mínimo que debería haber hecho es alertar a quienes estaban haciendo las denuncias para que entregaran los antecedentes al Ministerio Público.
Entendemos que en esa institución tienen el deber de secreto, pero sabían perfectamente bien lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada. La Unidad de Análisis Financiero que tenemos es una vergüenza.
Insisto: entendemos que tienen el deber de guardar secreto y que no podían actuar institucionalmente, pero bien pudieron haber buscado, a través de la institucionalidad, alguna fórmula que permitiera que esa información fluyera, a fin de evitar que más personas fueran estafadas.
La Unidad de Análisis Financiero lo hizo muy mal.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El caso de esta institución es, a mi juicio, el más grave.
El artículo 2° de la Ley General de Bancos dispone que corresponderá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza, y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución.
Es evidente que la Superintendencia de Bancos, conforme dispone ese artículo, debe fiscalizar a todas las instituciones que captan dinero del público, y estas empresas lo hacían, y con publicidad, Lamentablemente, no lo hizo.
No se cumplió el mandato de la ley, y es evidente que el superintendente tiene una responsabilidad muy fuerte y clara por no haber fiscalizado; solo reaccionó una vez que esto salió a la luz pública.
Si a lo anterior agregamos lo que dispone el artículo 39 de la misma ley, queda clarísimo que el superintendente de Bancos debió haber actuado, pues el primer inciso de dicho artículo señala que ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley podrá dedicarse al giro que en conformidad a Ley General de Bancos corresponda a las empresas bancarias y, en especial -fíjese en esto-, a captar o recibir de forma habitual dinero del público, que es exactamente lo que hacían estas empresas a través de depósitos, de mutuos o de cualquier otra forma.
Más adelante, el mismo artículo otorga a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las atribuciones necesarias para fiscalizar.
En consecuencia, el superintendente pudo haber evitado una gran cantidad de esas estafas, pero no hizo absolutamente nada. Es cierto que la SBIF, a diferencia de la Unidad de Análisis Financiero y de la SVS, no recibió denuncias específicas, o por lo menos la comisión no tuvo conocimiento de ello; sin embargo, por ley estaba obligada a fiscalizar y facultada para hacerlo.
Por eso, a mi juicio, no cumplió con la ley, motivo por el cual tiene responsabilidad política en esta situación.
Quedó demostrado que cuando se hicieron las denuncias en contra de esas empresas, ya la gente había sido estafada, razón por la cual el cometido del superintendente queda severamente cuestionado en estas estafas piramidales.
El caso de la Superintendencia de Valores y Seguros es distinto, pero tiene gran responsabilidad.
En ese organismo hay gente que entiende de finanzas y que sabe que es imposible que una empresa garantice sin riesgo una rentabilidad mensual del 10 por ciento, ¡lo que se denunció quince veces a la Superintendencia de Valores y Seguros! No obstante, ese organismo no hizo absolutamente nada. Lo más grave es que esta oferta se hacía de manera pública, como lo hemos comprobado en la investigación. Sabemos que la oferta pública de valores también tiene que ser fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Reitero: el superintendente tiene una responsabilidad política clara y evidente por no haber ejercido las labores de fiscalización correspondientes, a pesar de haber conocido 15 denuncias.
Por otro lado, entiendo su posición, pero lamento que la Nueva Mayoría, a pesar de conocer toda esta información, no haya exigido la responsabilidad política de los superintendentes de Valores y Seguros, y de Bancos e Instituciones Financieras por no haber hecho la pega de fiscalizar, lo que habría salvado a muchos chilenos de esa estafa.
En el caso del director del Servicio de Impuestos Internos se podría decir que no se ejecuta su responsabilidad política por llevar menos tiempo en el cargo que los superintendentes. No obstante, el rol del Servicio de Impuestos Internos es recaudar recursos para la nación. Un año antes de que supiéramos de este escándalo, el Servicio de Impuestos Internos tenía pleno conocimiento de que esas empresas utilizaban contratos de mutuos, los que deben pagar el impuesto de timbres y estampillas; pero ese servicio no recaudó esos dineros para el erario nacional, lo que permitió que toda esa industria funcionara sin pagar los impuestos correspondientes.
Además, muchas personas que estuvieron al principio de la estafa piramidal obtuvieron grandes ganancias. El Servicio de Impuestos Internos sabía que las empresas existían, sabía el tipo de contratos que tenían, pero no fiscalizó los impuestos a las ganancias de quienes obtuvieron las rentabilidades que esas empresas les entregaban.
Por lo tanto, es evidente que el Servicio de Impuestos Internos no solo debió haberlos denunciado al Ministerio Público cuando recibió la información, razón por la cual le cabe responsabilidad, sino que debió haber acometido su rol principal, que es recaudar recursos donde corresponde. Sin embargo, no recaudó el impuesto de timbres y estampillas de los contratos de mutuos ni el impuesto a las ganancias de las personas que obtuvieron utilidades con la estafa piramidal al inicio de la pirámide.
Por otra parte, como señaló el diputado Silber, el Ejército debe ser leal con todos los chilenos, no solo con sus miembros. En consecuencia, si el Ejército, como quedó demostrado, tenía clara información de que miembros de esa institución estaban involucrados en esta situación, debió entregar la información de manera oficial al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público.
Por eso, al Ejército también le cabe un reproche.
Para concluir, debo señalar que esta comisión considera que organismos del Estado no estuvieron a la altura; pudimos haber salvado a muchas personas de la estafa, pero no se hizo, lo que requiere de una revisión de la forma en que se está fiscalizando en Chile para que estas estafas no ocurran.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, en la sesión pasada rendimos el informe de la comisión investigadora, por lo que no solo corresponde dar a conocer el trabajo de la comisión, sino también las conclusiones y las propuestas formuladas por unanimidad.
Tal como señalaron los diputados señores Silber y Edwards, la principal falla que detectamos en los organismos fiscalizadores, léase Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Valores, es que si bien la normativa orgánica que regula a cada una de esas entidades fiscalizadoras no establece con precisión ni con claridad su perímetro regulatorio respecto de esas empresas, no cabe duda de que algo raro existe si la Superintendencia de Valores recibe 15 consultas en relación con el funcionamiento de empresas de esta naturaleza, a las que se les da la misma respuesta, cual es que no tiene competencia para abordar una denuncia formulada por un ciudadano. Lo mismo sucede cuando la Superintendencia de Bancos también recibe denuncias en la misma dirección.
Por lo tanto, nuestra conclusión es que si bien la facultad no está consignada expresamente en sus leyes orgánicas, estos organismos pudieron haber hecho más que contestar las consultas señalando que no estaban dentro del ámbito de su competencia. Además, habida consideración de que esas empresas que cometieron estafas masivas funcionaban con páginas web, con oficinas conocidas y con propaganda impresa, no era una actividad financiera que se realizara en la clandestinidad, sino muy por el contrario.
En consecuencia, las instituciones fiscalizadoras que recibieron reiteradas denuncias de esa naturaleza pudieron haber concurrido a otros organismos del Estado, léase Ministerio Público u otros, con el propósito de hacerles saber su preocupación por denuncias reiteradas en la misma dirección y que afectaban la misma actividad financiera.
Señor Presidente, le pido que disponga la remisión del informe de la comisión investigadora al ministro de Hacienda, con el objeto de que el gobierno tome las iniciativas legislativas que se consignan en dicho documento.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, mi intervención obedece a un tema muy puntual relacionado con el reproche que hizo un señor diputado al Ejército por no haber entregado esos antecedentes.
Señor Presidente, el Ejército tomó las providencias correspondientes cuando tuvo conocimiento de esos hechos. Lo digo, porque presido la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, instancia en la cual quedó meridianamente claro que, por ley, el Ejército no puede inmiscuirse en los asuntos particulares de sus funcionarios. Sin embargo, tras tomar conocimiento de situaciones que, eventualmente, pudieren ser anormales, el Ejército notificó a la Superintendencia de Valores y Seguros, pero no obtuvo respuesta. Quiero dejar claro que no hubo respuesta.
En consecuencia, el Ejército hizo solo lo que podía hacer: elevar los antecedentes ante el órgano al cual le correspondía fiscalizar, que es la Superintendencia de Valores y Seguros. No pudo hacer otra cosa, porque las instituciones fiscalizadas a través de esta comisión investigadora estaban actuando en el marco de las atribuciones que les otorga la ley. Si el Ejército de Chile hubiese responsabilizado a esos organismos, que actuaban en el marco legal, habría sido objeto de denuncias.
Por lo tanto, no es posible plantear este tipo de reclamaciones.
Deseo aclarar que la Dirección de Inteligencia del Ejército formuló consultas incluso a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero no recibió respuesta alguna. La UAF no contestó porque no puede hacerlo, pues la ley que la creó especifica los casos que puede atender y a quién debe dirigir información. No puede hacer otra cosa; no puede entregar información a la Dirección de Inteligencia del Ejército ni a ninguna institución que no esté establecida en dicha ley.
Entonces, en cuanto al Ejército, el informe en estudio adolece de una lamentable desinformación.
Reitero: la institución castrense puso atención en esta materia y señaló el cuidado que debía existir. Su comandante en jefe fue muy explícito en manifestar que se prohibió a todos sus funcionarios actuar como captadores o intermediarios de este tipo de inversiones.
Eso sí podía hacer el Ejército. Lo que no podía hacer era formular una denuncia, porque no había qué denunciar, puesto que -lo que es peor se trataba de instituciones legalmente autorizadas.
Como Presidente la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, integrada por siete colegas de distintos partidos, responsablemente puedo afirmar que el oficial a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército nos dio a conocer expresamente los oficios destinados a las autoridades que señalé, de las cuales no obtuvo respuesta.
Por esa razón, en cuanto al Ejército -no me pronuncio sobre los demás instituciones fiscalizadas porque no conozco los antecedentes-, me parece impropio el reproche formulado en el informe. Los colegas que integran la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado pueden decir si estoy faltando a la verdad.
Estoy cierto de que, cuando procede, se deben hacer los respectivos reproches, pero considero que en este caso no corresponde.
Reitero que la comisión que presido fue absolutamente bien informada sobre esta materia, razón por la cual rechazo el reproche que se hace al Ejército en el informe en estudio. Dicha institución se adelantó a los hechos y advirtió a las autoridades competentes, más allá de lo que le correspondía. Una cosa distinta es si dichas autoridades tomaron o no en consideración lo que se les informó.
Repito: los colegas que integran la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado conocen la información que he detallado y saben que la Dirección de Inteligencia del Ejército fue convocada expresamente para que informara sobre esta materia.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión especial investigadora en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el eventual fraude de empresas de inversión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Hasbún Selume, Gustavo ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Girardi Lavín, Cristina ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea.
El señor ANDRADE (Presidente).-
A petición del diputado señor Aldo Cornejo, solicito la unanimidad de la Sala para enviar copia del informe al ministro de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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