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El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , la modificación del Código de Aguas constituye una necesidad para asegurar que el desarrollo nacional sea equitativo y, sobre todo, equilibrado.
Como se dijo en el debate de la semana anterior, las modificaciones inciden en cuatro criterios: primero, mecanismos para evitar la acumulación indebida de derechos de aguas, para lo cual se propone la creación de una patente; segundo, justificación de las peticiones de los nuevos derechos de agua; tercero, establecimiento de algunas normas sobre conservación y preservación de los recursos hídricos, y, por último, mecanismos que aclaren la interacción entre aguas superficiales y subterráneas.
Lamento las limitaciones políticas que existen para discutir la reforma del Código de Aguas, por cuanto partimos de un rayado de cancha muy estrecho que define la propiedad sobre un recurso, que es de todos los chilenos, como algo sacrosanto, y de una lógica de debate que no considera necesariamente el interés nacional, sino el de algunos particulares que han acumulado gran cantidad de derechos de aguas, producto de la reforma al Código efectuada hace 10 ó 15 años. Por ende, partimos con un debate trunco. En el caso del mundo agrario, por ejemplo, se da el absurdo de que los derechos de uso y goce de las aguas están desvinculados de la propiedad de la tierra. Lo anterior hace necesariamente que este debate se realice en un escenario limitado, reducido y condicionado por poderes económicos y por situaciones de facto producidas con la modificación del Código de Aguas durante el gobierno militar.
También quiero plantear que en este debate, que ha demorado casi cinco años en el Congreso Nacional, hemos sido testigos presenciales de las presiones de los grupos económicos del país. Quiero señalar, muy en particular, el rol de Endesa, la cual, sin duda, por su magnitud, por su tamaño, muchas veces ejerce presiones para defender sus intereses particulares y no el nacional, más allá de la publicidad y los avisos que se hagan al respecto.
Mi intervención se limitará a mencionar tres temas específicos.
En primer lugar, me referiré a la necesidad de implementar medidas para limitar la acumulación indebida de derechos de aguas.
En la sesión anterior, el Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos , entregó una serie de criterios sobre cómo se contraponen los intereses de algunas comunidades, como Domeyko, para acceder al agua potable para el consumo humano con los intereses especulativos de empresas mineras, las cuales, debido a que presuntamente quieren invertir a futuro en proyectos agrícolas, solicitan la inscripción de derechos de aguas.
Destaco la situación de Endesa -que tuvo un conflicto con la Dirección General de Aguas a fines del año pasado- en relación con la acumulación de derechos de aguas que ejerce.
En la zona de Aisén es posible explotar 5.926 megawatts, de los cuales Endesa tiene a su haber 2.800. Vale la pena destacar que, en la actualidad, en dicha zona Endesa tiene acumulados más de 2.800 megawatts de derechos posibles de uso, en circunstancias de que a la fecha se utilizan sólo 9 megawatts. El conflicto se produjo porque Endesa quería acumular, adicionalmente, 1.565 megawatts; es decir, controlar en forma monopólica el destino de ríos de la Undécima Región tan importantes como el Yelcho, Las Heras , Mañiguales y Rosselot , y la cuenca del Baker, entre otros.
Al observar la situación del sistema interconectado, se aprecia que hay en explotación un total de 3.972 megawatts, de los cuales Endesa tiene derechos por 3.581 megawatts. O sea, a la fecha tiene en explotación 2.676 megawatts y con derechos, que no están siendo utilizados en el sistema interconectado, por 3.581 megawatts. A pesar de que posee más del doble de derechos no utilizados, está pidiendo, en forma adicional -lo cual originó el conflicto-, más de 2.040 megawatts. Es obvio que aquí estamos frente a un fenómeno que hay que frenar, como es la acumulación monopólica de un recurso de todos los chilenos: el agua.
Estos ejemplos son suficientes para justificar la aplicación de un impuesto a quienes hagan mal uso del recurso hídrico, el más escaso en el planeta, el cual permite desarrollar y garantizar la vida de la especie a futuro.
Por lo tanto, dado que no hemos logrado restablecer para el Estado -la entidad que nos reúne a todos- la facultad de quitar derechos de aguas ya concedidos y de volver a vincularlos a la tierra, lo único que se puede hacer es establecer el mecanismo de una patente, a fin de evitar la acumulación especulativa de derechos de aguas.
Esto va más allá de otras disquisiciones que se pudieran hacer, y de la justa reflexión planteada por el Diputado señor Álvarez-Salamanca -a la cual adhiero-, sobre cómo los intereses rurales y las zonas agrícolas se ven limitados por los derechos de aguas que poseen las empresas eléctricas. La situación de la Sexta y de la Séptima regiones es dramática. En la Sexta Región no se puede extraer agua del río Cachapoal o del río Tinguiririca para resolver problemas de sequía o implementar nuevos proyectos de riego, debido a que Endesa considera que todos los derechos de esos ríos están inscritos a su nombre para utilizarlos en la central hidroeléctrica del lago Rapel. Por lo tanto, reitero la importancia de incorporar un mecanismo para evitar la acumulación monopólica de derechos.
En segundo término, deseo plantear la necesidad de que en las normas de conservación y preservación de recursos hídricos se complemente y aborde un tema que hasta ahora no está bien resuelto y para el cual tampoco tengo una propuesta específica: ¿De quiénes son las aguas tratadas y descontaminadas por las empresas de servicios sanitarios, entre ellas Emos, en el caso de Santiago, que después vuelven a su cauce? Esas empresas sanitarias usan y gozan de esas aguas y los consumidores compramos el derecho al uso de las mismas. ¿Son objeto de nuevas concesiones? ¿ Puede el Estado reasignar los derechos?
Esta materia es muy importante para zonas como las que representan los Diputados señores Sota y Coloma , donde existe un antiguo proyecto de riego muy esperanzador, que permitiría utilizar las aguas del canal de la Prosperidad en el riego de miles de hectáreas en el valle central, el que no ha podido implementarse precisamente por no haber derechos de agua. Por lo tanto, es necesario saber de quiénes son las aguas tratadas, luego devueltas a sus cauces y que están en condiciones de ser usadas en el riego. Esto, que es muy importante para las regiones Quinta y Metropolitana, puede ser aún más relevante para otras zonas del país.
Por último, quiero manifestar mi desaliento por el retiro del tema de la administradora de cuencas de agua del proyecto. Es necesario generar una instancia, con respaldo legal, que obligue a las partes que usen este recurso a ponerse de acuerdo. Es preciso juntar a las empresas mineras, a las eléctricas, a los agricultores, a la asociación de regantes, a los municipios, a las direcciones de agua y a Conaf para administrar las cuencas.
La situación actual es desastrosa por hechos que muchas veces provocan los privados. Al extraer áridos de las cuencas de los ríos algunas empresas obligan al Estado a gastar millones y millones de pesos para reencauzar ríos y construir defensas pluviales, a fin de evitar que se pierdan tierras agrícolas. Este tipo de acciones deberían ser abordadas por los sectores público y privado en administraciones compartidas de cuencas de agua.
En el debate habido en la Comisión, el Director Nacional de Aguas se comprometió a la urgente presentación de un nuevo proyecto de ley para abordar el tema. En ese contexto, accedimos a desglosarlo del proyecto en trámite. Lamento que ese compromiso aún no se haya materializado y, por su intermedio, señor Presidente , pido que el Ejecutivo se pronuncie acerca de cómo se abordará el tema de las administradoras de cuencas de ríos antes de que el Congreso Nacional despache la iniciativa en discusión.
He dicho.
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