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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO.-
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene un gran significado histórico y político, por cuanto constituye una importante expresión de voluntad del Gobierno para enfrentar uno de los principales desafíos que debemos encarar como país, cual es el de resolver la condición general crítica en que se encuentran nuestros recursos hídricos.
Asimismo, me parece especialmente importante destacar la normativa de este proyecto de ley destinado a resguardar un caudal mínimo ecológico, concepto jurídico medioambiental de reciente incorporación a nuestro sistema legal, que permite incorporar criterios de racionalidad en la concesión de los derechos de aprovechamiento de agua, propendiendo a la conservación y protección del recurso.
En igual sentido, me merecen particular valoración las normas de este proyecto que fortalecen las atribuciones e instrumentos de la Dirección General de Aguas para promover la protección de los recursos hídricos, reforzando su capacidad fiscalizadora.
Llamo a enfrentar este desafío con coherencia política e intelectual y con espíritu patriótico que demanda dar solución a una realidad tan crítica como relevante para el futuro de nuestra sociedad, entendiendo, por sobre todo, que el agua es un bien social de múltiples usos, vital para el mantenimiento de la vida individual y colectiva de la población, y cuya adecuada regulación tiene especial importancia en la Segunda y Tercera regiones, donde la disponibilidad del recurso agua es particularmente grave y dramática.
Como Diputada representante de un distrito de la Segunda Región, quiero centrar mi intervención en este aspecto, porque en el Norte Grande se evidencian, de manera dramática, problemas que, en general, aquejan y preocupan hoy a toda la humanidad. Me refiero al agotamiento del recurso hídrico y los graves y crecientes fenómenos de desertificación de las tierras áridas.
Naciones Unidas se ha mostrado alarmada ante los fenómenos de desertificación del planeta, que ya ocupa una extensión de 3.500 millones de hectáreas -equivalentes a las dos Américas-, sobre todo, porque aumenta a un ritmo de 6 millones de hectáreas por año.
En nuestro país, este fenómeno es grave. La desertificación cubre el 32 por ciento del territorio y, para algunos, es el problema ecológico número uno que debemos enfrentar. La Segunda Región, por su aridez característica, es la más vulnerable a los procesos de degradación y de desertificación, cuyos indicadores son muy claros y visibles: deterioro de las zonas cultivadas y de los pastizales; se secan los terrenos agrícolas y los oasis de Calama; han ido desapareciendo las zonas húmedas de los pueblos del interior y los bofedales donde los atacameños llevaban a pastar los animales. Es alarmante la reducción de las aguas superficiales y profundas de la cuenca del Loa. Su degradación y contaminación ha sido evidenciada ante el país al producirse un accidente ambiental reciente, cuya naturaleza aún no está perfectamente clara. La salinización de las zonas regadas, otra forma en que se manifiesta la desertificación, también es un típico fenómeno de la zona de El Loa.
El agua se agota en el mundo, y especialistas aseguran que su escasez será uno de los problemas más acuciantes del siglo XXI.
Por lo tanto, en el debate que hoy desarrollamos es necesario que tomemos clara conciencia de este fenómeno, el cual constituye un desafío a nuestra racionalidad y a nuestro sentido de responsabilidad y de futuro.
Se agota el agua en el mundo, y de manera dramática en la aridez de nuestra Segunda Región. Su uso intensivo en la minería obliga a pensar que, de no plantearnos una política activa de búsqueda de nuevas fuentes y de total aprovechamiento del recurso, y de planificación adecuada, podemos llegar pronto a un punto verdaderamente crítico.
El investigador Roberto Rojas dijo, en 1991, que la demanda de la gran minería puede alcanzar los mil millones de metros cúbicos al año. Las reservas -5 mil millones en el altiplano y 6.400 millones en la pampa- se agotarían en cinco o seis años si se autorizaran las 192 solicitudes para uso en la minería, cuyo número ya debe ser mayor.
Entonces, en el Norte Grande el problema radica, más que en el no uso de los derechos de agua, en la forma en que se utiliza el recurso: sin planificación, sin priorización, sin aseguramiento del caudal hídrico ni protección de la cuenca hidrológica.
No obstante, el agotamiento de los cauces naturales y su degradación y contaminación no es el único problema. Hay que añadir la posibilidad que otorga este Código permisivo para que este bien escaso y tan bien pagado por las grandes empresas mineras en la Segunda Región sea utilizado como instrumento de lucro y de especulación. El Código de Aguas, con su irracionalidad, ha permitido que algunas personas se conviertan en potentados en muy poco tiempo, al comprar derechos de agua a pequeños agricultores o solicitarles directamente para revenderlos con inmensas ganancias, a la gran minería. Hablo de personajes perfectamente conocidos en el distrito que represento. Uno de ellos, por lo demás, fue alcalde en la dictadura.
Queda así en evidencia la necesidad imperiosa de establecer condiciones regionales para el análisis y las normativas que se planteen en el proyecto.
La regulación debe responder necesariamente a la grave situación de disponibilidad y protección en el manejo de este recurso en la Segunda Región. No es posible que para zonas con exceso de lluvias, o para las más desérticas del mundo exista la misma regulación.
Por lo mismo, quiero poner el acento en la conveniencia de estudiar con urgencia y profundidad la manera de que el proyecto y las indicaciones que lo complementen respondan a esta situación tan especial como grave. Es necesario analizar en forma concreta y desideologizada cómo influirá la regulación que se propone en el manejo y protección del recurso agua en zonas que carecen de este elemento. Para ello, a mi juicio, debemos asumir que en las zonas desérticas el mercado no ha sido, no es, ni podrá ser un mecanismo idóneo de asignación del recurso agua para asegurar su adecuado y equitativo aprovechamiento en las múltiples necesidades, porque, tal como lo afirmó en la Comisión el representante de la Sofofa, es posible que sólo se asigne a aquellas demandas económicamente rentables, en perjuicio y postergación de las necesidades de los asentamientos humanos, de la población, del desarrollo social y del medio ambiente. No se trata de problemas de mercado, sino de un juicio sobre la forma en que funciona esta materia en la Segunda Región.
Por ello, en la discusión en particular del proyecto propondré las siguientes indicaciones destinadas a abordar esta grave situación que afecta, en especial, a la Segunda Región, para las cuales solicitaré el patrocinio del Ejecutivo:
1. Para establecer, al menos en las zonas desérticas del país, el sistema de administración integrado de las cuencas, de modo de asegurar la disponibilidad y uso armónico del recurso en favor de las variadas demandas que éste tiene.
2. Para que, en particular en estas zonas, exista un sistema de tarificación que asegure la administración y asignación armoniosa y equitativa del recurso, de modo que quienes más lo demandan, usan y degradan paguen por este elemento, que es altamente rentable, y con lo recaudado se constituya un fondo de desarrollo del agua de las zonas desérticas que permita financiar la búsqueda de nuevas fuentes, investigar y desarrollar formas de desalinización del agua y establecer plantas de tratamiento de aguas servidas y contaminadas.
Para terminar, quiero reafirmar que el agua debe ser considerada, como lo es en casi todos los países del mundo, un bien comunitario que debe ser resguardado y cuya utilización, en especial en regiones desérticas, debe ser necesariamente planificada.
Nuestra responsabilidad con el futuro de Chile y del planeta, así lo exige.
He dicho.
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