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El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa y que pretende modificar el actual Código de Aguas se fundamenta en que este recurso natural, de uso público, enfrenta un escenario de mayor escasez y contaminación, producto de condiciones climáticas desfavorables y de un desarrollo económico basado principalmente en la explotación de recursos naturales. Junto con ello, también está el problema de la excesiva permisividad de nuestra actual legislación respecto a la propiedad y uso del recurso. Estos elementos obligan a modificar la legislación existente y a adecuarla al escenario actual.
En el informe presentado por la Comisión especial legislativa, que durante largo tiempo se ha abocado a estudiar este tema, hay algunos aspectos que quiero destacar, especialmente contenidos en dos informes entregados por la Dirección General de Aguas. En ellos se da cuenta que la disponibilidad actual de este recurso es bajísima, ya que gran parte de los derechos de aguas están actualmente constituidos, y los disponibles, casi en su totalidad se encuentran en proceso de adjudicación, producto de solicitudes ya presentadas.
Sólo como dato, menciono dos cifras ya conocidas por la Sala: el 43 por ciento de los recursos hídricos ya están asignados, y sólo un 13 por ciento de estos derechos están siendo debidamente utilizados, es decir, la disponibilidad del recurso es escasa y, lo que es peor, su utilización alcanza un bajísimo porcentaje.
La primera pregunta que me surge es: ¿quiénes son los actuales propietarios del agua en nuestro país? La respuesta también está contenida en estos informes. Endesa actualmente tiene derechos constituidos que representan un 60 por ciento del caudal constituido y, además, solicitudes en trámite que permiten decir que la propiedad de este recurso en sus manos representará el 80 por ciento del total de los recursos hídricos utilizables en nuestro país.
La exposición hecha días atrás por el Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos , fue categórica al demostrar la forma de concentración que ha alcanzado la propiedad de este recurso y la importancia de encontrar mecanismos que permitan dar solución al problema.
Más allá de consideraciones técnicas o económicas ligadas al desarrollo, estamos frente a una obligación ética y responsable del futuro que queremos construir.
Los hechos nos demuestran que enfrentamos una situación donde se han cometido y se siguen cometiendo profundas equivocaciones. Por ello, nuestra responsabilidad es inmensa y el tratamiento de este tema debe situarse en su verdadero contexto. Estamos ante el desafío de modificar una legislación contenida en el actual Código de Aguas, que a lo largo de su existencia ha sufrido una serie de modificaciones, que, lejos de perfeccionarlo, han abierto una puerta para que se cometan situaciones de injusticia, falta de equidad y, lo que es peor, se ha privilegiado el derecho individual por sobre el bien común, respecto de un recurso como el agua, cada día más escaso y que nos pertenece a todos.
Después de analizar el informe de la Comisión y de haber escuchado las intervenciones de los diputados que me antecedieron, quisiera resaltar algunos aspectos:
La Comisión escuchó a muchos representantes de las más diversas organizaciones gremiales del sector empresarial y profesional; pero, ¿por qué no se consideró a los campesinos, que sí sufren los efectos de la sequía, y a los mapuches, que teniendo recursos de la Ley Indígena para comprar derechos de aguas, no pueden hacerlo porque ya están agotados? ¿Por qué no se ha escuchado a los pobladores, como los de Domeyko, cuya experiencia nos relatara días atrás el propio Ministro de Obras Públicas?
Es cierto que nuestro rol de legisladores está limitado por el carácter colegislador del Ejecutivo , pero ello no debiera implicar que nosotros mismos cercenemos nuestras facultades y no hagamos participar a la sociedad en su conjunto, a través de sus organizaciones, en un tema tan delicado como la modificación de la legislación actualmente contenida en el Código de Aguas.
Nuestro país tiene una de las legislaciones más débiles del mundo respecto de este tema. En los países verdaderamente desarrollados, aquéllos donde el progreso se ha logrado después de un constante trabajo, el agua es un recurso que se cuida, que debe ser bien utilizado. Son países donde nadie puede actuar a su antojo con un recurso definido como natural de uso público, donde la expresión del bien común está claramente definida en sus textos legales, cuando se está frente a un recurso imprescindible, escaso y necesario para la vida humana.
Es necesario cambiar esta legislación insuficiente, y frente a la propuesta del Ejecutivo nos encontramos con que quienes han representado a estas organizaciones gremiales y profesionales en esta discusión, opinan en contra del proyecto, argumentando inconstitucionalidades, facultades excesivas al Estado y suponiendo actitudes discrecionales de autoridades y funcionarios.
Nos dicen que este proyecto de ley atenta contra el derecho de propiedad. Me pregunto: ¿en qué lugar de su escala de valores estos señores tienen signado el bien común? Nos dicen que entregar facultades discrecionales al Estado distorsiona el mercado y, por supuesto, la libre competencia. ¿Es que no ven que el actualmente existente ha generado una verdadera ley de la selva?
También nos dicen que al entregar mayores facultades al Estado estamos permitiendo la corrupción de sus funcionarios. Pregunto: ¿no es más corrupto tener instrumentos jurídicos que avalen la desigualdad? En mi opinión -es lamentable decirlo-, estamos frente a la situación extrema de quienes no quieren ver más allá de sus narices, de quienes privilegian el derecho individual por sobre el bien común; estamos frente a quienes defienden equivocadamente sus personales y, en muchos casos, mezquinos intereses.
En mi opinión, el proyecto es insuficiente.
No existe país comparable con el nuestro o alguno que nos sirva de ejemplo por tener una legislación tan débil respecto del uso de este recurso. En esos países, el agua es un recurso que se cuida y que debe ser bien utilizado.
Las autoridades de Gobierno han expresado que con este proyecto será posible evitar abusos y distorsiones. No lo creo así. En todo caso, lo votaré favorablemente, como una forma de apoyo al esfuerzo que el Gobierno está haciendo por velar, aunque tangencialmente, por el bien común. Pero reitero que no estamos atacando el tema de fondo.
Lo correcto sería asegurar a la Nación entera, a través de esta modificación legal, el uso adecuado, racional y sustentable de un recurso tan importante como el agua, recurso cada día más escaso y necesario, que en nuestro país, ejemplo para muchos, su uso y propiedad está violentando ferozmente el bien común de la Nación y legitimando una situación de profunda desigualdad.
Confío en que aquellos que no quieren entender que por sobre el interés individual está el de la Nación toda, reflexionen y entiendan que los hombres y mujeres, principalmente los débiles, esperan señales claras de igualdad, de equilibrio y de justicia en la construcción de nuestra patria.
He dicho.
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