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El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO .-
Señor Presidente , junto con señalar que hablo a título personal, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, aun cuando hay aspectos muy importantes del proyecto con los cuales discrepo.
Quiero manifestar a las bancadas del oficialismo, particularmente a las de Izquierda, que me parece un contrasentido llamar a hacer un análisis objetivo, a pedir altura de miras y seriedad para pasar inmediatamente a hacer descalificaciones, basadas en cuestiones de orden ideológico y político o, simplemente, por animosidad.
Esta materia es de la mayor importancia y trascendencia para el país, puesto que el futuro implicará un alto nivel de demanda por el desarrollo eléctrico, industrial, minero, agrícola y de consumo, lo que, por cierto, acarreará altos niveles de conflictividad y una escasez creciente del recurso hídrico.
Como criterio previo, señalo que a dicho recurso le asigno no sólo el carácter de un ente económico, sino también un rol social y, particularmente, ecológico-ambiental.
Me parece que el proyecto debe respetar la institucionalidad, es decir, los derechos y deberes que establece nuestra Constitución. Pienso que debe estar en el marco del sistema económico; o sea, respetar la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de aguas que consigna el respectivo Código. Efectivamente, debe ser el mercado el que actúe como asignador de recursos; sin embargo -quiero enfatizar este aspecto-, el Estado no debe renunciar a su rol subsidiario y regulador, cautelando siempre el bien nacional por sobre el particular. Un bien nacional de uso público gratuito, que tiene costo cero de mantención, y que se asume como un capital especulativo, no puede ser administrado en la forma en que hoy se hace.
En Chile se requiere una política nacional de aguas que tienda a optimizar, conservar y proteger; que responda adecuadamente a las demandas de solución, por el requerimiento presente y futuro, y por la conflictividad a la cual me referiré.
Asimismo, creo que se hace necesario establecer en Chile el criterio de la administración integrada de cuencas hidrográficas. Valido y hago resaltar el concepto de caudal ecológico. Aunque parezca increíble, en la zona que represento, el río Loa -el más relevante de la zona- tiene tramos muy importantes de su cauce que están completamente secos, debido, precisamente, a que se está efectuando un aprovechamiento irracional de sus aguas. No es ajena a él la autoridad pública, porque la regulación de esas aguas corre por cuenta de instancias estatales.
En relación con el derecho de aprovechamiento de aguas, soy partidario de aplicar un criterio distinto del que plantea el proyecto del Gobierno. En mi opinión, la lógica que debe existir en esta materia es exactamente la misma que se aplica a la propiedad minera. Pienso que resulta absurdo exigir una patente a quienes no utilizan el derecho de aprovechamiento y, sin embargo, dejar exentos de pago a los que lucran con el aprovechamiento del recurso. Creo que un bien nacional de uso público debe redituar beneficios para todos los chilenos. Se dice que cualquier chileno puede acceder a un derecho de aprovechamiento de aguas, lo cual es una verdad a medias, porque debe concurrir otro elemento: el recurso económico o el poder adquisitivo para, efectivamente, hacer uso de ese derecho; si no, no se puede ejercer.
Entonces, repito, en mi opinión, el pago de patente debe seguir la lógica de la patente minera y aplicarse a todo aquel que tenga un derecho de aprovechamiento. Creo que son pamplinas eso de que es inconstitucional. No soy abogado, pero creo que esa afirmación carece de fundamento.
Por cierto, el valor de la patente no debe estar asociado al patrimonio del proyecto de que se trate, ni a la rentabilidad económica ni social, porque, obviamente, constituiría un tributo, un impuesto. Debe estar asociado, simplemente, a la cantidad por la unidad de tiempo, metros cúbicos o litros por segundo, según corresponda, para que, efectivamente, tenga ese concepto de patente. Además, debe tener un valor diferencial, según se trate de derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos o no consuntivos. En el evento de que sean consuntivos, si no se utilizan, las aguas deben volver al cauce y ser aprovechadas en el curso inferior. Asimismo, en los derechos consuntivos, la patente debe ser más cara que en los no consuntivos, porque de esa forma se estimula a un aprovechamiento más racional de las aguas que se sacan del cauce. Al ser más cara, se estimula, por esta vía, el avanzar en procesos de tratamiento. Se logra efectivamente el propósito del proyecto: la eficiencia en la utilización de este recurso.
Incluso, podría acogerse la idea de establecer una sobretasa para aquellos que no utilicen ese recurso; sean derechos consuntivos o no consuntivos, porque este criterio seguiría la lógica que ya ha aplicado la Cámara, por ejemplo, respecto del bien raíz o de la propiedad privada, cuando establece impuestos territoriales a los sitios eriazos, porque asume que son una externalidad negativa para la sociedad y, en consecuencia, el Parlamento tiene el deber de aplicar una sobretasa.
Quiero enfatizar que el recurso proveniente de la patente por derechos de aprovechamiento de aguas, también haría justicia al impacto ecológico, a la externalidad negativa que representa el sacar las aguas de un cauce, con su impacto ambiental -repito- en una zona geográfica. Por esa razón, este beneficio debe ser estrictamente de carácter regional.
En cuanto a la caducidad de un derecho de aprovechamiento de aguas, estimo que en cualquiera de los casos debe hacerse con parámetros objetivos, es decir, operar cuando no se paga una patente o no se cumplen las normas reguladoras establecidas por el Estado, sean de materia ambiental u otras. Además, debe haber cierta gradualidad. Primero, aplicar una multa, y si se reincide en ello, caducar el derecho.
Referente a la administración integral de cuencas, debe haber una política más clara y definida para la protección, vigilancia y control que debe ejercerse sobre las cuencas; si no, remitámonos al dramático y vergonzoso episodio que vive Chile por la contaminación del río Loa, en relación con la cual, las principales empresas estatales, que son las que están envenenando a la Segunda Región, se excusan públicamente y viven clamando por que no se les impute responsabilidad por la contaminación. Son las que realizan los exámenes e inducen a un intendente a cometer graves errores. ¿Por qué? Porque no existe una instancia donde hacer efectiva esa vigilancia y protección.
Finalmente, debe haber un catastro nacional, un registro similar al de la propiedad raíz o al de la propiedad minera, que verifique la disponibilidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, con una visión integral porque, efectivamente, el uso de uno afecta al otro.
Respecto del caudal ecológico, felicito y aplaudo esta iniciativa. Hay que cautelar para que exista un mínimo caudal ecológico; de lo contrario, se provocaría un grave daño. En resumen, que el mercado asigne los recursos, pero aquel que haga uso de éstos, reditúe un beneficio a la comunidad nacional. No estoy a favor de las acciones o facultades discrecionales de ningún organismo ni funcionario público. Sí creo que deben establecerse criterios objetivos y también soy partidario de que el Estado cumpla su función subsidiaria y reguladora, roles que son muy mal entendidos y, a veces, hay inconsecuencia en la interpretación del modelo.
De manera que votaré a favor de la idea de legislar, pero -repito- dejando claramente establecido que deben cambiarse aspectos muy importantes del proyecto, y llamo al Gobierno a que asuma esta misma línea.
He dicho.
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