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El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín.
El señor BALBONTÍN .-
Señor Presidente , es bueno fijar los términos del debate en torno a lo sustancial, porque lo demás tendrá que ser observado cuando analicemos pormenorizadamente el proyecto.
A mi juicio, lo que estamos debatiendo es si dejamos -en términos de permanencia- el Código de Aguas dictado el 29 de octubre de 1981, durante el gobierno del general Pinochet, o lo cambiamos, en razón del interés común; si transformamos en sacrosanto este principio de la propiedad privada sobre -en este caso- las aguas o si transformamos el derecho de aguas, básicamente, en un bien común regulable para el interés de todos los chilenos.
Me pronuncio a favor del proyecto del Ejecutivo porque, a mi juicio, hay varias cuestiones que se atacan a fondo y que es necesario hacerlo así. No sólo se trata de una concentración de derechos de aguas que se concedieron, básicamente, a través de un procedimiento que ni la opinión pública ni Congreso alguno pudieron cautelar, porque al adquirir el sector privado las posesiones de Endesa a la tercera parte de su valor real, no se hizo bajo la supervigilancia de los chilenos, ni de la voluntad popular, sino por la voluntad autoritaria de un régimen que, poco a poco, fue constituyendo el que la sacrosanta propiedad privada de algunos, y no de todos los chilenos, tuviera más posibilidades que la representación del Estado y mucha más expresión que la capacidad de todos los chilenos.
Por eso, muchas veces he recordado en esta Cámara que se podían reír, a través de su vocero oficial, “El Mercurio”, cuando esos sectores decían: ¿Qué importancia tiene que cambie el Poder del Estado? ¿Qué importancia tiene que cambie el régimen político, si poseemos hasta tal punto una propiedad privada que nos permite dominar en los términos en que lo hacemos? ¿Qué ocurre? Se ha señalado varias veces, pero quiero repetirlo para que se grabe en la mente de los chilenos. El total utilizable estimado es de 30 mil metros cúbicos por segundo; sin embargo, los derechos solicitados son 38.509; es decir, el 128 por ciento.
Es cierto que el agua, muchas veces, se puede utilizar para distintos usos, siempre que no se consuma, pero también lo es que cuando se inscriben derechos de propiedad mucho más allá de lo susceptible de ser controlado por los chilenos, se produce una enorme concentración y un uso indebido de un recurso que nos pertenece a todos, en beneficios de carácter particular y ni siquiera del desarrollo de la propia empresa privada.
Por eso, comparto el concepto de que se pague una tasa determinada de derechos para el uso de este bien, a fin de garantizar que la persona que no usa lo que ha inscrito tenga una sanción, porque ello agilizará y dará mayor envergadura al mercado. Desde ese punto de vista, creo necesario que los chilenos tomemos conciencia de que no sólo dependemos de las reservas que tiene la naturaleza. Pero -caso curioso-, desde el punto de vista geográfico, Chile es uno de los pocos países que tiene reservas permanentes en su cordillera que no usa en forma eficiente, precisamente, porque no hay una adecuada regulación de estos bienes que nos entrega la naturaleza.
Es bueno que nos preguntemos si son suficientemente adecuadas las tecnologías que se emplean en nuestro país para usar los hielos eternos de la cordillera, o si estamos aplicando tecnologías que derivan de conocimientos científicos de otros países y no de nuestra propia realidad.
Es cierto que hay una desertificación mayor y progresiva. Es cierto que el agua ha disminuido en un 50 por ciento en el norte, y en alrededor de un 30 por ciento en la zona central. Entonces, si son ciertas estas condiciones, me pregunto si no tendremos que hacer un esfuerzo de civilización, no para santificar ni sacralizar un derecho en términos de que no pague patentes, sino, por el contrario, para hacerlo útil y beneficioso tanto para los empresarios como para la gente, tanto para los que beben el agua como para aquellos que la usan para objetivos de carácter mineral o de cualquiera otra naturaleza.
El bien colectivo tiene un sentido: la propiedad social debe estar presente. No sólo lo dijeron los Papas que originalmente hablaron de la doctrina social de la Iglesia, sino que hasta Juan Pablo II ha debido recordar a qué lleva el mal uso de esta especie de mercado absolutamente salvaje al cual estamos sometidos. Entonces, ¿por qué subordinar un recurso tan escaso como el agua al criterio de un mercado no regulable?
Por eso, el principio de que exista una patente es absolutamente claro: evitar que por la vía del uso y goce se pase al uso abusivo, a través del dominio privado de un bien que tiene una característica tan extraordinariamente importante para la vida humana. De allí la necesidad de que haya un uso adecuado y regulable a través de las patentes y, además, que no sólo haya conciencia a través del derecho, sino que es indispensable que no exclusivamente a través de la educación -como lo recordó un señor diputado -, sino también de los medios de comunicación, se cree una cultura y una civilización adecuadas para el uso del agua en nuestro país, para que sepamos cómo producir mejor y mayor cantidad de agua usando nuestra naturaleza. En definitiva, para que Chile tenga garantías de desarrollarse es indispensable que fijemos claramente el criterio.
Se trata de que los chilenos, en el uso de un recurso que es escaso, nos sometamos a la voluntad de quienes, en momentos determinados y bajo circunstancias de coerción, se autotransfirieron determinado tipo de recursos en beneficio privado, o si vamos a someternos, de una vez por todas, a que sea de utilidad para todos los chilenos. Ésa es la cuestión. Por eso, discrepo profundamente de lo dicho por algunos diputados y diputadas de la bancada de la Derecha. El punto central es saber entonces si estamos dispuestos a cambiar o a dejar las cosas en su mismo sitio.
Creo necesario también regular, en mejor forma, algunas de las cuestiones planteadas en el proyecto. Por ejemplo, usar mecanismos de mercado en la compra de territorios aledaños a las ciudades para hacer uso indebido de vertientes, quebradas, esteros y ríos ha pasado a ser un excelente negocio para un determinado grupo del sector privado.
Este tipo de hechos, entre otras cosas, son los que han ocurrido en la Empresa de Agua Potable Lo Castillo S.A.
Pues bien, comparto el principio general, como lo señalaba Andrés Bello, de que las aguas son un bien nacional de uso público, que debe ser regulado a través de patentes.
He dicho.
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