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El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite, que modifica el Código de Aguas, con informes de las Comisiones de Obras Públicas; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, con urgencia calificada de "simple", cuya votación general está pendiente.
--Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Constitución, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Hacienda, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Discusión:
Sesiones 8ª y 9ª, en 7 y 8 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusión general), y 15ª, en 5 de diciembre de 2000 (queda pendiente su votación general).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, la discusión general se encuentra cerrada, por lo que corresponde votar.
Hago presente a Sus Señorías que para la aprobación del proyecto se requieren 27 votos afirmativos.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor NÚNEZ.-
Señor Presidente , ¿está cerrado el debate?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , sólo quiero reiterar una sugerencia que en el curso del debate hicimos varios señores Senadores en el sentido de que, si se aprueba la idea de legislar -lo que me parece lógico-, el proyecto pase para su segundo informe a las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, unidas, ya que la materia es de interés para ambas.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El señor Senador se refiere a que la iniciativa sea analizada en particular por dichas Comisiones. Así está establecido en la petición.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , por tratarse de la modificación de un Código, considero inevitable que la materia se conozca también por la Comisión de Constitución. Me parecería delicado que en la discusión particular no sucediera así.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Eso se verá después del pronunciamiento de la Sala.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación)
El señor PRAT.-
Señor Presidente , voy a votar en contra, porque la futura ley va a producir una gran desarticulación de la legalidad en torno de las aguas en nuestro país.
Para atender un problema circunscrito a una zona determinada y a una actividad específica, cual es la hidroeléctrica, la iniciativa afecta a la totalidad de la asignación de aguas en el país, perjudicando gravemente a la agricultura y a la minería. La solución que pretende dar al inconveniente producido en la generación de energía hidroeléctrica, será a costa de producir una grave alteración en el mercado de las aguas relacionado con la agricultura y en el desarrollo de proyectos mineros.
El hecho de establecerse en la normativa una tasa exponencial por el no uso de aguas, va a perjudicar considerablemente los proyectos mineros, que no pueden concebirse si no disponen en forma clara de derechos de aguas, por cuanto muchas veces se van a llevar a cabo diez o quince años después; pero que sin esos derechos, es imposible imaginarlos y levantar los capitales necesarios para concretizarlos.
Las disposiciones contenidas en la iniciativa que establecen la necesidad de especificar el destino de las aguas en la agricultura, van a traer fuertes complicaciones y, dada la responsabilidad que se pretende entregar a funcionarios públicos para calificar el uso de las aguas, se provocarían distorsiones tremendamente inconvenientes en cuanto a lo que se entiende por una correcta asignación de recursos, lo que en una economía de mercado debe hacerse de acuerdo a las estimaciones de cada cual.
Por eso, señor Presidente , soy un ferviente defensor de las fórmulas planteadas para solucionar las dificultades existentes. Si hay problemas de orden monopólico respecto de las aguas en el área de la hidroelectricidad, entonces que se aborden por vía de la legislación antimonopolios. Ése es el camino adecuado. Si se debe establecer un cobro por la tenencia de derechos de agua que deba financiar la administración del sistema y que, de alguna manera, signifique un desincentivo a la acumulación de derechos sin mayor destino, entonces fijemos una contribución general y pareja.
Pero no llevemos esto al absurdo, como el de obligar a pagar patentes crecientes por el no uso de derechos eventuales. La esencia de tales derechos es que no se usen, porque fueron concebidos como elementos eventuales. Y el proyecto establece sobre ellos tasas crecientes en el tiempo; o sea, se cae en verdaderos absurdos como el que estoy señalando.
A mi juicio, el proyecto genera una cercanía -así ha ocurrido en su trámite de años en el Parlamento, ya que se originó en una iniciativa de quien hoy es Presidente de la República cuando fue Ministro de Obras Públicas-, porque se ha creído que con él se resuelve un problema serio: el de la hidroelectricidad. Sin embargo, a lo largo de la discusión se ha ido tomando conocimiento de que produciría un daño muy grande en la asignación de recursos hídricos destinados a la agricultura y a la minería.
Por lo tanto, el proyecto en su esencia, en lo más fundamental, es inconveniente. Creo que todos estamos dispuestos a buscar una solución a los problemas existentes en el ámbito monopólico si ellos requirieran de una ley nueva, pues lo más probable es que con las normas actualmente vigentes sea posible resolverlos. Sin embargo, no podemos pensar que se logrará solucionar las dificultades a través de esta iniciativa, por cuanto ésta va a provocar un daño muy grande -como señalé- en la asignación de recursos hídricos en la generalidad de las áreas de nuestra economía.
Por eso, voto que no.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, intervendré brevemente, porque ya lo hice extensamente en sesiones anteriores.
A mi juicio, el proyecto trata de un asunto muy importante. Es probable que se apruebe la idea de legislar. Sin embargo, quiero hacer llegar una señal de preocupación muy grande respecto de diversas disposiciones en él contenidas, particularmente la relativa al fondo del problema de cobrar una patente por el no uso del agua. Con ello, se crea un incentivo perverso, el de "dejar la llave abierta", como lo he denominado.
Ése es un primer punto central; el segundo, es el de la discrecionalidad funcionaria. El proyecto entrega un conjunto de facultades a funcionarios de la Administración Pública que, desgraciadamente, permite todo tipo de presiones y de influencias hacia las personas que deban calificar la entrega de un derecho de aprovechamiento de agua. Eso, a mi juicio, puede ser una fuente de dificultades de todo orden. No quiero entrar a prejuzgar, pero obviamente es una materia muy delicada.
En tercer lugar, creo que debiésemos tener un diagnóstico más claro respecto de la creación de un catastro y saber exactamente en qué consiste. Yo mencioné los informes de organismos especializados. He tenido a la vista diversos documentos sobre el particular. Además, cuando el actual Presidente de la República fue Ministro de Obras Públicas , tuvimos varios debates con respecto a esta materia. Él sabe -al igual que muchos señores Senadores- que diversas personas conocen el tema. Ahí está el informe del Banco Mundial, elaborado por los señores Ríos y Quiroz , al cual hice mención. Ahí están los informes de TACS, publicados por ILADES-Georgetown University. Tales documentos señalan que debemos centrar el debate en la existencia de un mercado más perfecto en lo que dice relación a las aguas.
A mi juicio, estamos interviniendo indebidamente en un asunto donde es perfectamente factible encontrar una salida a través de las instituciones que -según algunos- funcionan muy bien en Chile y mediante presentaciones a la Comisión Antimonopolios, para evitar la concentración de derechos, la que no comparto. Pero, obviamente, hay un camino distinto.
Probablemente -y vuelvo a repetirlo-, este proyecto será aprobado en su idea general. Sin embargo, votaré en contra como una señal, por cuanto me parece que es importante introducir modificaciones sustantivas. Hago tal advertencia, porque deseo realizar un aporte constructivo mediante la presentación de indicaciones, para que el día de mañana tengamos un Código de Aguas que se avenga con los tiempos modernos.
Voto que no.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , esta iniciativa legal se encuentra en el Parlamento desde 1992; vale decir, ha tenido una larga trayectoria. Evidentemente, su objetivo es modificar el procedimiento para otorgar derechos de aguas. Todos sabemos que hoy día es muy fácil obtenerlos: basta con que se presente la solicitud, conforme a la normativa administrativa; que exista disponibilidad de aguas en el río donde recae la petición, y que no se afecten derechos concedidos. No es necesario indicar para qué se necesitan los caudales, y ni siquiera presentar un proyecto. Si las aguas son para riego, no se requiere ser propietario ni de una hectárea de terreno, pues sólo se piden los derechos y la autoridad administrativa está en la obligación de concederlos.
Ese procedimiento se ha traducido en que gran parte de las aguas concedidas no se utilicen. El país dispone de 30 mil metros cúbicos por segundo de aguas no consuntivas, de los cuales en la actualidad sólo se ocupa 1 mil 699 y se han concedido 11 mil 203. Además, hay peticiones en trámite que alcanzan los 39 mil 509 metros cúbicos.
¿Qué se pretende a través de este proyecto de ley? Cambiar las reglas del juego para el otorgamiento de ese derecho sobre un preciado y escaso bien, como son las aguas, y que se concede gratuitamente. Así, la persona que las necesite y las solicite deberá decir cuántas hectáreas desea regar, y les serán otorgadas conforme a esa petición. Si las va a utilizar en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, industrial o minero, tendrá que explicar cuáles son las minas, darlo a conocer e indicar el plazo que requiere para ponerlo en marcha; vale decir, deberá exponer las razones por las que solicita el derecho. De esta forma se evitará otorgarlo de la manera como se ha estado haciendo hasta hoy.
¿Qué pretendemos respecto de los derechos ya constituidos, los que, de acuerdo con esta iniciativa legal, pasan a ser propiedad de la persona? Que se utilicen en beneficio de la producción del país y no sean acaparados. Hace algunos días, el señor Ministro de Obras Públicas citó el caso de una compañía minera de cobre que invirtió 1 mil 300 millones de dólares y no disponía de aguas; pero un particular que contaba con ellas y que no había pagado ni un solo peso, se las vendió en una suculenta cantidad de millones de dólares.
Eso es lo que deseamos evitar. Por tal motivo, se establece que las personas que no utilicen el agua deberán pagar patente después de transcurrido un cierto número de años del no uso de aquélla.
Se ha hecho alusión a los agricultores. No estoy en contra de ellos, porque todos pagan por sus derechos. Conviene tener presente que una hectárea sin riego cuesta entre 500 y 600 mil pesos; pero basta que lo tenga para que las contribuciones de bienes raíces alcancen los tres o cuatro millones de pesos por hectárea. Vale decir, paga por ese derecho, use o no use el agua.
¿Qué perjuicios tendrá la normativa para el agricultor? ¡Ninguno! Si se le otorga por primera vez una concesión, por el sólo hecho de construir compuertas, se da por entendido que está usando las aguas. Si no las utiliza, paga por concepto de contribuciones de bienes raíces.
Ahora bien, en cuanto a los tranques y a las nuevas obras de riego que se están construyendo, lo cierto es que se venden acciones, y éstas evidentemente representan un costo para el agricultor, quien, además, debe pagar derechos por su uso y para mantener el canal. Lo mismo pasa con los demás canalistas, los cuales tienen que pagar por derechos de mantención. Ése es el costo anual.
Señor Presidente , aquí no se pretende perjudicar a nadie, ni mucho menos a los agricultores ni a las personas emprendedoras. Se trata de regular, en beneficio del país, un bien escaso que pertenece a todos los chilenos y que está siendo acaparado por muchos para obtener grandes utilidades, sin que él sea utilizado.
Con respecto a las patentes que se pretende cobrar, éstas incluso serán devueltas después de dos o tres años.
En virtud de esta regulación, el Estado chileno no desea obtener mayores ingresos para las regiones y comunas, sino constituir una fuente de presión para que las personas usen el agua o devuelvan el derecho concedido por un bien que es escaso.
Voto a favor.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , creo que en la aprobación del proyecto puede haber un viso de inconstitucionalidad, porque tal vez se afectarían los números 23º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Por tal motivo, me pronuncio en contra.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , ha habido un extenso debate sobre la materia y un largo proceso de tramitación de esta iniciativa legal, lo cual pone en evidencia o confirma la trascendencia que han tenido las aguas a través de la historia en todos los países y cómo ellas han sido fuente de conflictos muy graves.
La sola circunstancia de que este proyecto permanezca ocho años en el Parlamento demuestra, por una parte, que existe un problema en orden a que la legislación actual no es la adecuada; y, por otra, deja en claro que las soluciones fundamentales propuestas en él no son las mejores y, en algunos casos, hasta inconvenientes.
Lo anterior hace que yo sea contrario al texto que se nos propone. Pero deseo ser consecuente con la forma en que he actuado en casos equivalentes a éste.
Estamos frente a un problema muy importante, ante un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados y cuyo rechazo por parte del Senado traería como consecuencia que vaya directamente a Comisión Mixta y, con ello, evitar un examen más acucioso de sus normas, las cuales -como dije- en algunos casos son confusas y en otros resultan inconvenientes.
La señal de votarlo en contra es algo que respeto y, tal vez, la considero adecuada. Pero dado el hecho de que es un proyecto al que de todas maneras tendremos que abocarnos, prefiero que las diversas modificaciones que puedan introducirse -porque tengo conciencia de que las requiere- sean analizadas en plenitud por el Senado, en una o más Comisiones, mediante un examen acucioso.
Durante mi participación en lo que ha sido el análisis detallado de esta iniciativa legal, he aprobado muchas normas y desechado otras. Quizás en general rechazo el arma más importante que ella contiene. Pero -tal como lo señalé-, porque existe conciencia de que es necesario modificar algunas disposiciones y porque ciertamente deberemos abocarnos a ese examen, soy partidario de que éste se realice con la debida calma por las Comisiones técnicas del Senado, y no en forma apresurada por una Comisión Mixta. La materia es demasiado importante para resolverla por ese camino.
Por ello, consecuente con la actitud que he sustentado por años en esta Corporación respecto de proyectos aprobados ya en general en la Cámara de origen, me pronunciaré en forma favorable -hago, sí, absoluta reserva de mi fuerte rechazo hacia la mayor parte de las disposiciones propuestas-, en la esperanza de que seamos capaces de introducir en el Código de Aguas modificaciones que realmente impliquen un avance en una materia tan trascendente para Chile.
Por esa consideración y con la reserva indicada, voto que sí.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, por las razones que expresé cuando se inició el debate del proyecto, lo votaré favorablemente.
Es indispensable que un recurso escaso y crecientemente delicado desde el punto de vista de su mantenimiento, sea considerado un bien nacional destinado a propósitos concretos y no un objeto de propiedad privada absoluta, al margen de su conservación y uso.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, tal como anuncié en la primera sesión en que comenzamos a tratar en general la iniciativa, me pronunciaré positivamente.
Confío en que el Senado no demorará mucho en despacharla en particular, dado que la discusión llevada a cabo durante meses y meses en la Comisión de Obras Públicas; en la de Constitución, Legislación y Justicia, y en la de Hacienda ha sido bastante exhaustiva, no sólo respecto de las ideas matrices, sino también del articulado.
Un señor Senador se refirió a las dudas de constitucionalidad. Éstas fueron planteadas públicamente y recogidas por la Comisión de Constitución, donde (para tranquilidad de ese Honorable colega) después de analizar diversos informes la gran mayoría de sus miembros se pronunció favorablemente sobre la constitucionalidad del texto.
Voto que sí.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, apoyaré la idea de legislar por las razones que di a conocer en su oportunidad.
Ahora, aprovechando la presencia del titular del Ministerio de Obras Públicas, en primer término reitero mi solicitud de que en alguna instancia, o por cuerda separada, se pudiese incluir la versión original del manejo integrado de cuencas, que a mi juicio es fundamental para asegurar la calidad y cantidad de las aguas.
En segundo lugar, espero que en la discusión en particular se pueda lograr una distribución más equitativa, en cuanto a los porcentajes a nivel comunal, regional y nacional, del ingreso que derivará del uso y del no uso de las aguas.
Voto a favor.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , en los debates, tanto en Comisión como en la Sala, he sostenido que comparto uno de los objetivos centrales del proyecto, cual es el de impedir que los derechos de aprovechamiento concedidos de acuerdo al sistema vigente no sean utilizados.
Eso es especialmente grave en el ámbito de los derechos no consuntivos, puesto que las centrales hidroeléctricas, o las generadoras de electricidad, acaparan tales derechos y crean una serie de conflictos que afectan, no sólo el interés nacional, sino también el particular de muchas personas que, por dicha razón, no pueden usar sus aguas para otras finalidades, algunas atinentes a derechos consuntivos.
Igualmente, he hecho presente que la fórmula contemplada en el texto propuesto, consistente en el cobro de una patente por no uso de las aguas, ha sido objetada desde diversas perspectivas. Por ejemplo, ha merecido reparos de constitucionalidad (yo mismo he hecho reserva al respecto) y desde el punto de vista técnico, como una mala manera de incentivar el uso de las aguas. En fin, dicha fórmula ha sido cuestionada en varios aspectos.
Hemos expresado nuestra voluntad de respaldar otras alternativas distintas de las señaladas, entre ellas la de recurrir a la legislación antimonopolios para combatir y evitar la concentración de derechos de aprovechamiento. Para corregir esa situación hemos redactado un anteproyecto de ley tendiente a cobrar patente con independencia del problema de uso o no uso de las aguas, que es el que levanta las inquietudes técnicas sobre la materia.
Por eso, discrepamos de la fórmula concreta propuesta en la iniciativa, pero reitero nuestra disposición a estudiar otra modalidad para evitar la concentración abusiva de los recursos hídricos.
También hemos dado a conocer la inquietud que la normativa en debate provoca en el ámbito agrícola. Como muy bien se ha dicho aquí, actualmente los agricultores pagan, a través de las contribuciones de bienes raíces, un mayor costo cuando su predio cuenta con derechos de agua. Este hecho implica para su tierra mayor valorización, por lo cual la contribución de bienes raíces es superior. Y el pago es independiente de que se usen o no las aguas.
Ése es el concepto que propiciamos para los derechos no consuntivos. Como dije, hoy los propietarios agrícolas pagan por los derechos de aprovechamiento existentes en sus propiedades. No rehuimos el tema: deben pagar. Sin embargo, según el proyecto, el productor que posee derechos de aprovechamiento de aguas -y por ello, repito, paga mayores contribuciones de bienes raíces- pero que no las utiliza por motivos de su estricto arbitrio, adicionalmente al pago más alto de contribuciones puede tener que pagar patente por no uso de aquéllas, lo cual es absurdo. Eso no sólo significa un doble pago, sino que éste es innecesario y de discutible constitucionalidad y rigor técnico.
Por lo tanto, para el mundo rural y para las inversiones mineras de largo plazo las normas contenidas en el proyecto resultan inconvenientes. Además, se originarían situaciones como la que acabo de mencionar, en que los propietarios también deberían pagar patente por el eventual no uso de sus derechos de aprovechamiento. Y esto no nos parece bien.
Reitero nuestra más absoluta voluntad para impedir el acaparamiento de derechos de agua por parte de las centrales hidroeléctricas. Hemos presentado iniciativas en esa dirección que son concordantes con el objetivo perseguido por el Ejecutivo , pero a través de una fórmula distinta de la consignada en el texto propuesto, el cual, al despertar cuestionamientos constitucionales y técnicos, crea dificultades que ciertamente no compartimos.
Asimismo, las inquietudes que desde el mundo rural han planteado entidades representativas de los agricultores, que impugnan diversos aspectos del proyecto, nos han movido también a hacer presente que su situación se vería vulnerada debido a que ya están pagando derechos de agua a través de las contribuciones de bienes raíces.
Por lo expuesto, y siempre abierto a buscar otras alternativas para lograr el objetivo que se pretende, pero sin limitaciones constitucionales o técnicas, voto que no.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, lo contemplado en el proyecto es menos malo que el sistema vigente.
No hace mucho un ex Primer Mandatario manifestó que había que otorgar justicia dentro de lo posible. Dadas las circunstancias, quiero avanzar un poco más en esas expresiones y señalar que tenemos democracia también dentro de lo posible, ya que hemos debido reparar hechos desgraciados que se consolidaron en un Régimen no democrático.
El problema central nació con la privatización de las empresas eléctricas, cuando se les entregó, por nada, un elemento tan vital como el agua potable, sin que estuvieran en situación siquiera de ocupar las aguas en ese tiempo ni tampoco en el mañana.
El segundo aspecto que incidió en el problema fue el hecho de separar la propiedad de la tierra de los derechos de agua, los cuales fueron entregados a personas inescrupulosas, que pudieron inscribirlos sin tener el dominio de la tierra, aprovechándose, en muchos casos, de la ignorancia de algunos agricultores a quienes después les vendieron las aguas de acuerdo con sus necesidades.
Pero lo esencial es que ni en el momento actual ni en el proyecto se considera el agua como un elemento vital para la existencia de los seres humanos. En la prehistoria, el hombre sólo se organizaba a la orilla de un río o un lago, pues de otra manera no habría podido subsistir. Después del aire, el agua es, quizás, el elemento más fundamental.
Creo que en un corto tiempo hemos venido adquiriendo, cada vez más, no un criterio solidario, sino un criterio economicista, y hemos convertido el agua en un negocio. Se la hemos entregado, en todo el país, a los más fuertes. Los más fuertes le quitan el agua a los más débiles, a los más chicos. En el norte, las grandes empresas del cobre le quitan el agua a los coyas, que la necesitan para su subsistencia. En el sur le han quitado las aguas a los mapuches, sin que éstos hayan podido impetrar razón alguna para recuperarlas, por desconocimiento del aparataje legal que se les creó.
Por estas razones, señor Presidente , no siendo éste el mejor proyecto, el que hubiese querido de acuerdo con mi formación humanista y cristiana, me veo en la obligación de aceptar una iniciativa que, aunque superior a lo actual, es mala y en modo alguno va a resolver los grandes problemas de hoy, y menos los que se van a crear a futuro, por las necesidades del ser humano de contar con agua para poder subsistir. De hecho, ya se han generado algunas guerras por causa de este elemento. Y, pese a que la humanidad deberá soportar en los próximos años una carencia de este vital bien, hoy no somos capaces, en este Senado, de pensar correctamente y de sacar un buen proyecto, donde el aspecto solidario de un elemento tan esencial como el agua se sitúe por delante de los intereses económicos.
Por lo anterior, señor Presidente, y muy a mi pesar, me veo en la obligación de votar favorablemente el proyecto, por considerarlo un mal menor.
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos por la afirmativa y 8 por la negativa) y se fija como plazo para presentar indicaciones el 19 de enero, a las 14.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Canessa, Cordero, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Horvath, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Chadwick, Fernández, Larraín, Martínez, Matthei, Prat, Romero y Stange.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Quiero hacer presente que la Comisión de Hacienda solicitó que este proyecto fuera estudiado en particular por ella y por la Comisión de Obras Públicas, unidas. Sin embargo, ahora el Honorable señor Larraín ha pedido que también vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Mesa sugiere que el debate pormenorizado de la iniciativa sea llevado a cabo por las Comisiones de Constitución y de Obras Públicas, unidas, y que luego el proyecto sea enviado a la de Hacienda para su análisis en los aspectos propios de este organismo.
El señor PIZARRO.-
Eso parece bastante más razonable, señor Presidente. Las Comisiones de Constitución y de Obras Públicas son los órganos técnicos para estos efectos. La de Hacienda sólo debería revisar aquellas materias que son de su competencia.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , se había propuesto enviar la iniciativa a las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas, por estimarse que ellas son los órganos técnicos. Además, la Comisión de Constitución ya evacuó un informe acerca de la constitucionalidad del proyecto.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, es cierto que la Comisión de Constitución ya examinó la iniciativa, pero no lo hizo en razón de su constitucionalidad ni tampoco emitió informe sobre este aspecto, sino que la analizó porque ella debe revisar todas las normas que vayan a estar contenidas en un código. En el caso que nos ocupa, se trata de un proyecto que modifica el Código de Aguas y, en consecuencia, debe ser revisado íntegramente por la Comisión de Constitución, que es el órgano técnico en materia de códigos, cualquiera que sea el contenido de éstos.
Por lo tanto, acojo el planteamiento formulado por la Mesa en cuanto a enviar la iniciativa a las Comisiones de Obras Públicas y de Constitución, para que sea estudiada en conjunto por éstas, para luego ser tramitada a la Comisión de Hacienda respecto de aquello que le compete, lo cual sí es una cuestión mucho más circunscrita y menor y que le permitiría hacer una revisión bastante rápida del texto aprobado por las Comisiones unidas.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, entonces, el proyecto sería enviado, para su discusión particular, a las Comisiones de Obras Públicas y de Constitución, unidas, y luego a la de Hacienda, para su análisis en lo que a ésta corresponda.
Acordado.
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