REPÚBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACIÓN OFICIAL LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA Sesión 32ª, en martes 14 de septiembre de 1999 Ordinaria (De 16:21 a 19:55) PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y JUAN HAMILTON, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE ____________________ ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.TRAMITACIÓN DE ACTAS IV.CUENTA Patrocinio para proyecto sobre desafiliación del sistema de pensiones Negación de antecedentes sobre consultorías externas Acuerdos de Comités Visita de parlamentarios de Dinamarca V.FÁCIL DESPACHO: Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización de Desarrollo de Energía de Península de Corea (Kedo) (2110-10) (se aprueba en general y particular) Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores (1571-10) (se aprueba en general y particular) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y Panamá (2235-10) (se aprueba en general y particular) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Panamá referente exención de requisitos de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales y especiales (2237-10) (se aprueba en general y particular) Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Corea sobre supresión de requisitos de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales (1743-10) (se aprueba en general y particular) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio entre Chile y República Checa sobre trabajo remunerado de familiares de funcionarios de misiones diplomáticas y consulares y representantes ante organismos internacionales intergubernamentales (2308-10) VI.ORDEN DEL DÍA: Proyecto de ley, en primer trámite, que establece normas sobre el deporte (1787-02) (se aprueba en particular) Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a libertad provisional y protección a personas ante delincuencia (2176-07) (se aprueba en general) VII.INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su envío) Carta de Senador señor Pinochet a Presidente del Senado (intervención del señor Vega) Sentido del 11 de septiembre de 1973 (intervención del señor Canessa) Oportunidad de entendimiento a raíz de carta de Senador señor Pinochet (intervención del señor Martínez) Reflexiones en torno de mesa de diálogo (intervención del señor Cantero) Carta de Senador señor Pinochet a Presidente del Senado (intervenciones de señores Núñez, Gazmuri, Parra y Boeninger) Asilo para habitantes de Timor Oriental (observaciones del señor Viera-Gallo) A n e x o s ACTA APROBADA: Sesión 25ª, en 18 de agosto de 1999 DOCUMENTOS: 1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adopten un hijo en conformidad a Ley de Adopción (2368-13) 2.- Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recaído en el proyecto que modifica el artículo 3ª de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el artículo 1º de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, para establecer la obligatoriedad de educación parvularia en sistema de educación pública (1738-04) 3.- Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto sobre Ley del Deporte (1787-02) 4.- Segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto sobre Ley del Deporte (1787-02) 5.- Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo relativo a elección de Presidente de la República (2398-06) 6.- Comunicación de señor Pinochet a señor Presidente del Senado I. ASISTENCIA Asistieron los señores: --Aburto Ochoa, Marcos --Bitar Chacra, Sergio --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Piñera, Andrés --Díez Urzúa, Sergio --Fernández Fernández, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Lagos Cosgrove, Julio --Larraín Fernández, Hernán --Lavandero Illanes, Jorge --Martínez Busch, Jorge --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Muñoz Barra, Roberto --Novoa Vásquez, Jovino --Núñez Muñoz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Páez Verdugo, Sergio --Parra Muñoz, Augusto --Pérez Walker, Ignacio --Pizarro Soto, Jorge --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, José --Sabag Castillo, Hosaín --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltrán --Vega Hidalgo, Ramón --Viera-Gallo Quesney, José Antonio --Zaldívar Larraín, Adolfo --Zaldívar Larraín, Andrés Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; Secretario General de la Presidencia; Secretario General de Gobierno y de Justicia, y los señores Subsecretario del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, Director General de Deportes y Recreación, y Jefe de la División Legislativa del Ministerio del Interior. Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras. II. APERTURA DE LA SESIÓN --Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 26 señores Senadores. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III. TRAMITACIÓN DE ACTAS El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 25ª, especial, en 18 de agosto del presente año, que no ha sido observada. El acta de la sesión 26ª y 27ª, ordinarias, en 31 de agosto y 1º de septiembre del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación. (Véase en los Anexos el acta aprobada). IV. CUENTA El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Siete de Su Excelencia el Presidente de la República: Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de “suma”, al proyecto de ley que sanciona a quienes empleen presiones, amenazas o arbitrios ilegítimos en los procedimientos de cobranza extrajudicial. (Boletín Nº 1.990-03). --Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con los seis siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de “simple”, a los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley que crea la Subsecretaría Forestal y el Servicio Nacional Forestal. (Boletín Nº 2.265-01). 2) Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (Boletín Nº 876-09). 3) Proyecto sobre Ley del Deporte. (Boletín Nº 1.787-02). 4) Proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas. (Boletín Nº 855-03). 5) Proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y al patrimonio” y su Protocolo, suscritos en Santiago el 17 de abril de 1998. (Boletín Nº 2.302-10). 6) Proyecto de acuerdo sobre aprobación del “Convenio entre la República de Chile y Canadá para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio” y su Protocolo, suscritos en Santiago el 21 de enero de 1998. (Boletín Nº 2.303-10). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adopten un hijo en conformidad a la ley de adopción. (Boletín Nº 2.368-13). (Véase en los Anexos, documento 1). --Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Con el segundo señala que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia”, suscrito en Moscú el 14 de febrero de 1995. (Boletín Nº 1615-10). --Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República. Con el tercero expresa que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.302, sobre seguridad nuclear. (Boletín Nº 918-12). --Se toma conocimiento y se manda archivar. Con el cuarto comunica que ha designado a los miembros de la Comisión de Hacienda de esa Corporación para que integren la Comisión Especial que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2000. --Se toma conocimiento. Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a planes y medidas de prevención adoptados para hacer frente a fenómenos naturales que afecten a la zona sur. Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la actividad pesquera fuera de la zona económica exclusiva de Chile. Dos del señor Ministro de Hacienda: Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, tocante al aumento del valor de los vehículos que se internan con franquicias desde Magallanes al resto del país. Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la pesca de investigación autorizada en los últimos diez años, separada por especie y área. De la señora Ministra de Justicia, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, relativo a propuesta de nuevos tribunales relacionados con la reforma procesal penal. Del señor Subsecretario de Hacienda, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, respecto de un proyecto de ley por el cual se crea un fondo para la generación de empleo en las municipalidades. Del señor Subsecretario de Justicia, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre construcción de dependencias para las secciones cárceles en Isla de Pascua, Calbuco y Achao. Del señor General Director de Carabineros, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, con referencia a efectividad del retiro del retén de la comuna de Peralillo, en la Sexta Región. Del señor Director de Presupuestos, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, relativo al presupuesto para el año 2000 en la Duodécima Región. Del señor Director Nacional de Pesca, en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath acerca de la actividad pesquera fuera de la zona económica exclusiva de Chile. Del señor Director del Servicio Electoral, con el que informa la nómina oficial de candidatos a la Presidencia de la República y su orden de precedencia en la cédula electoral. --Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 5.291, de 1930 -Ley de Educación Primaria Obligatoria-, para establecer la obligatoriedad del nivel de educación parvularia dentro del sistema de educación pública. (Boletín Nº 1.738-04). (Véase en los Anexos, documento 2). Segundos informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de de Hacienda, recaídos en el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre Ley del Deporte, con urgencia calificada de “simple”. (Boletín Nº 1787-02). (VéaNse en los Anexos, documentos 3 y 4). De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo relativo a la elección de Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”. (Boletín Nº 2.398-06). (Véase en los Anexos, documento 5). --Quedan para tabla. Declaración de Inadmisibilidad Moción de los Senadores señores Ruiz De Giorgio y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que autoriza la desafiliación del sistema de pensiones creado por el decreto ley Nº 3.500 a ex imponentes de instituciones previsionales del régimen antiguo. --Se declara inadmisible, por contener materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto, Nº 6º, del artículo 62 de la Constitución Política de la República. Comunicación Del Senador señor Pinochet, en la que da a conocer su testimonio con el objeto de contribuir a la reflexión que se está haciendo en Chile. --Queda a disposición de los señores Senadores. Solicitud Del señor Gustavo Adolfo Aedo Donoso, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 438-04). --Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Permiso Constitucional Del Senador señor Cordero, con el que solicita autorización para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 20 de septiembre del año en curso. --Se accede a lo solicitado. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta. En seguida, quiero hacer una precisión sobre un punto de la Cuenta. Esta mañana cité a reunión a los Comités para de informarles respecto de la carta y del testimonio adjunto que el Senador señor Pinochet me hizo llegar en mi calidad de Presidente del Senado, de los cuales envié copia a cada uno de Sus Señorías. Los Comités acordaron entregar a todos los medios la prensa el texto completo de ambos documentos e incluirlos en los Anexos del Diario de la presente sesión. (Véase en los Anexos, documento 6). El señor RUIZ (don José).- Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente. El señor BOMBAL.- Yo también, señor Presidente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio. PATROCINIO PARA PROYECTO SOBRE DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Presidente de la República, en mi nombre y en el del Senador señor Ruiz-Esquide, pidiendo su patrocinio para el proyecto que hemos presentado sobre desafiliación del sistema de pensiones. --Por unanimidad, se acuerda enviar el oficio solicitado, en nombre de la bancada Demócrata Cristiana. El señor BOMBAL.- Pido la palabra, señor Presidente, para referirme también a la Cuenta. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría. NEGACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE CONSULTORÍAS EXTERNAS El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en la sesión pasada planteamos el asunto relativo a la respuesta que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia entregó a la Mesa respecto de una solicitud de antecedentes sobre consultorías externas formulada por catorce señores Senadores. Quisiera conocer la resolución que adoptó la Presidencia una vez conocida la información que le entregué personalmente, ante la interpretación que dio ese Secretario de Estado a nuestra consulta. Ésta se formuló en virtud del artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El artículo 10 de la misma ley señala que en caso de incumplimiento de la obligación de informar habría que recurrir al señor Contralor General de la República para que se dé la respuesta pertinente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Presidencia ofrece sus excusas, señor Senador, porque efectivamente encargó al personal de Secretaría, a través del señor Secretario de la Comisión de Constitución, que preparara un informe tan detallado como fuera posible al respecto. Ello, porque se trata de un asunto delicado y es conveniente precisarlo. En todo caso, me comprometo a entregarlo a la Sala y al señor Senador en las próximas horas. El señor BOMBAL.- Muchas gracias, señor Presidente. ACUERDOS DE COMITÉS El señor LAGOS (Secretario).- En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos: 1.- Tratar el proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día, que establece normas sobre el deporte, y despacharlo hoy. 2.-Fijar como hora de término del Orden del Día de la presente sesión, las 19. 3.- Tratar en Fácil Despacho de la sesión ordinaria que se celebrará el miércoles 15 de septiembre, los siguientes asuntos: a) Los proyectos que figuran con los números 13 y 14 de la tabla de hoy, sobre rehabilitaciones de ciudadanía; b) El informe de Comisión Mixta signado con el número 4 de la misma tabla, sobre el proyecto de modificación del Estatuto de los Profesionales de la Educación; c) La observación del Presidente de la República al proyecto modificatorio del Código de Justicia Militar, y que figura en el número 6 de la tabla de hoy; d) El proyecto de acuerdo signado con el número 7 de la tabla, sobre el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Unión Latina; y e) El proyecto signado con el número 16 de la misma tabla sobre discapacitados mentales. 4.-Citar a sesión extraordinaria para mañana miércoles 15, de 11:30 a 14, para ocuparse en asuntos en tabla, de los cuales se tratará en primer lugar el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios en lo atinente a la elección de Presidente de la República; y en segundo lugar, el de reforma constitucional sobre Estatuto de los ex Presidentes de la República. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por su parte, la Mesa resolvió proponer a los siguientes señores Senadores como miembros de la Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2000: Honorable señora Matthei, Honorables señores Boeninger, Díez, Foxley, Matta, Martínez, Muñoz Barra, Novoa, Ominami, Páez, Prat, Sabag y Urenda. Además, se ha acordado proponer el día jueves 7 de octubre de 1999, a las 10:30, como fecha para oír en dicha Comisión la exposición de la Hacienda Pública por parte del señor Ministro de Hacienda. Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. ______________ El señor PIZARRO.- Señor Presidente, respecto de las sesiones de mañana, se acordó también, a proposición nuestra, ver la posibilidad de que funcionen las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, que ya han citado a sus integrantes. Habría entonces que pedir autorización para que puedan sesionar paralelamente con la Sala. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités ya lo acordaron así, señor Senador. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, los integrantes de esas Comisiones deberían acudir a la Sala para votar cuando sea necesario, porque el Senado tratará ese día dos reformas constitucionales. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Oportunamente se los llamará a votar, señor Senador. VISITA DE PARLAMENTARIOS DE DINAMARCA El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, el Senado recibirá el Excelentísimo señor Presidente del Parlamento de Dinamarca y a la delegación parlamentaria que lo acompaña. --(Ingresa a la Sala la delegación anunciada). El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Presidente del Parlamento de Dinamarca, señores Parlamentarios daneses y miembros de la comitiva que los acompaña, señores Senadores, señoras y señores: Hoy recibimos en el Senado al señor Ivar Hansen, Presidente del Parlamento de una nación amiga, Dinamarca, un país pequeño ubicado en el extremo del continente europeo, de larga historia, exitoso en su desempeño, de vivencia democrática y alta integración social. Agradecemos su presencia en nuestro país, junto a la comitiva de Parlamentarios que lo acompaña. Valoramos el sacrificio personal que ello significa por la distancia geográfica que nos separa. Su visita muestra la voluntad de su país, al igual que el nuestro, de mantener e intensificar nuestras relaciones de amistad y cooperación. Chile y Dinamarca siempre han sostenido una relación de confianza, de admiración y respeto. En el siglo pasado ya iniciamos nuestros contactos políticos y comerciales a través del nombramiento de un Cónsul de Dinamarca en Valparaíso en 1854, y el de un representante consular de Chile en Copenhague en 1861. Desde entonces, fuertes intereses comerciales se han instalado aquí y una colonia danesa pequeña pero activa ha participado en el desarrollo de nuestra patria. Dinamarca fue también el país generoso que acogió a varios cientos de connacionales que buscaron refugio en su territorio. Queremos agradecer en su persona ese asilo. Allí se convirtieron en difusores de nuestros valores y cultura, y algunos de ellos, a su regreso a Chile, en importantes difusores del sistema político y social de Dinamarca. Aquella colonia chilena, de aproximadamente un millar de personas, constituye hasta hoy un activo importante en nuestras relaciones presente y futura. Existe, por lo tanto, un puente de unión entre Chile y Dinamarca, el cual se ha consolidado a lo largo de estos años con acciones tan reales como nuestra común preocupación por el desarrollo social a nivel mundial, materializada en la Cumbre Social. Esa Cumbre Social, convocada por las Naciones Unidas a instancias del Gobierno de Chile de la época, presidido por don Patricio Aylwin, se llevó a cabo en Copenhague en 1995, y hasta el día de hoy su seguimiento compromete la coordinación de nuestras políticas para que dicha iniciativa mantenga el dinamismo y las expectativas de mejoría de la condición de tantos millones de seres humanos que la están necesitando. A lo largo de este tiempo hemos desarrollado también la coordinación política, cuya máxima expresión tuvo lugar con la visita a Chile, en enero de 1997, del Ministro de Relaciones Exteriores danés, señor Niels Helveg. Nos hemos vinculado mucho más en áreas claves para el desarrollo, como el medio ambiente, y, en el caso del campo pesquero, se ha establecido una sólida relación entre nuestras respectivas instituciones y los sectores privados que están detrás de ellas. Asimismo, se ha incrementado el intercambio comercial entre nuestros países, aunque el año pasado registramos una pequeña baja. En todo caso, podemos destacar que nuestras exportaciones pasaron de 20 millones de dólares en 1994 a 66 millones de dólares a fines de 1998. Ello representa un aumento de 300 por ciento en nuestro intercambio comercial, el que estoy seguro se seguirá intensificando en términos significativos. Y, del mismo modo, demuestra que existe un fuerte dinamismo en la relación económica, la que debe ser complementada con cifras de inversión más acordes con el nivel alcanzado y con las perspectivas de desarrollo que se presentan para nuestras economías. El dinamismo político y económico que exhiben nuestras relaciones sirve como preludio de lo que debe ser el espíritu de asociación entre Chile y la Unión Europea, a cuya materialización nos comprometimos hace ya 3 años en Florencia. Sabemos que Dinamarca, firme defensora de los principios del libre comercio, ha sido uno de los países más preocupados por esta dimensión de nuestra relación. Y agradecemos en su persona y en la de quienes componen su delegación todos los esfuerzos desplegados por alcanzar una intensificación de la relación regional, que para todos es y será beneficiosa en el marco de un mundo creciente y globalizado. Hago votos, señor Presidente, para que esta visita suya sea un nuevo signo de amistad mutua, a fin de que ambos países, Dinamarca y Chile, nos comprometamos en este mundo globalizado por una defensa irrestricta de los valores universales fundados en la democracia, que se traduzca en un compromiso con la libertad, la justicia social, los derechos humanos y la solidaridad internacional, que proteja principalmente a las naciones menos desarrolladas y más débiles. Junto con agradecer su presencia en el Parlamento chileno, señor Presidente, deseo otorgarle la Medalla de Oro con que el Senado distingue a las más altas autoridades que lo visitan. --El Honorable señor Andrés Zaldívar (Presidente) hace entrega de la distinción. --(Aplausos en la Sala y en tribunas). El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Presidente del Parlamento de Dinamarca. El señor HANSEN (Presidente del Parlamento de Dinamarca).- Señor Presidente, Honorables Senadores: Para mí resulta muy grato poder dirigirme a ustedes aquí, en el Senado de la República de Chile. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su muy cálida bienvenida. Estamos muy ilusionados con el resto de nuestra visita a este bella nación. Durante los últimos años ha ido aumentando el contacto entre nuestros dos países, tanto a nivel gubernamental como parlamentario, y espero que nuestra cooperación sea incluso más estrecha. Sin embargo, ésta es la primera vez que la Dirección Política del Parlamento danés -el Folketing- visita Chile, estableciendo así contactos formales entre nuestros dos Congresos. Ésa es otra de las razones por las cuales esta visita constituye un evento tan relevante para nosotros. Y estoy convencido de que en el futuro tendremos contactos mucho más estrechos a nivel parlamentario entre Chile y Dinamarca. Quisiera destacar que la cooperación en el ámbito parlamentario es de vital importancia en un mundo cada vez más internacional, hecho que ejerce influencia sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Este desarrollo ha sido impresionante, especialmente en materia de derechos humanos. Ésta no sólo constituye la primera visita de la Presidencia del Parlamento danés a Chile, sino también la primera que realizamos a América del Sur en mucho tiempo. El año pasado, cuando analizamos nuestros planes de viajes y se propuso Sudamérica, inmediatamente pensamos en Chile. Las razones son obvias: su país ha realizado un cambio importante desde una dictadura militar hacia una democracia; su desempeño económico durante un largo período ha sido muy impresionante, no sólo dentro del contexto sudamericano, sino también a nivel global; y su pueblo, cultura y naturaleza resultan enormemente atractivos para nosotros. Además, muchas empresas danesas han establecido subsidiarias en Chile, debido, entre otros factores, a las políticas comerciales liberales que aplica esta nación. Consideramos que ello es muy positivo, y deseamos apoyar esta tendencia. Siempre hemos tenido gran interés en el destino de su país. Este interés fue incluso mayor durante la época del Presidente Allende. Y nos causó profunda conmoción el violento golpe militar en su contra. Muchos chilenos se vieron obligados a partir al exilio y varios miles llegaron a Dinamarca. Eran artistas, activistas políticos, profesionales, estudiantes y personas comunes. Nosotros les dimos una calurosa bienvenida, y durante el transcurso de los años han realizado una valiosa contribución a nuestra sociedad. Fácilmente podrían haber permanecido en Dinamarca. Pero muchos optaron por retornar a Chile cuando se comenzó a restaurar la democracia y se pudo garantizar su seguridad. Creo que ya están completamente reintegrados en este país, y quizás hayan traído consigo alguna experiencia útil de la sociedad danesa. Estoy seguro de que se han visto inspirados por nuestra sociedad benefactora y ahora realizan un aporte constructivo al desarrollo de la sociedad chilena. A la vez, ellos constituyen un lazo muy fuerte entre nuestras dos naciones, un lazo del cual todos nos podemos sentir orgullosos y que debe ser apoyado y ayudado para que perdure. Otro vínculo reciente entre nuestros dos países se encuentra en el ámbito de las artes. La novela "La Casa de los Espíritus", mundialmente famosa, de Isabel Allende, fue adaptada con éxito al cine por el director danés Bille August. Ésta resultó ser una cooperación muy afortunada entre dos grandes artistas, coronada con éxito a nivel mundial. La obra del ganador del Premio Nobel Pablo Neruda y de Isabel Allende es muy conocida y admirada en mi país. Da una impresión muy poderosa e interesante de la cultura e historia de Chile. En nuestras vidas cotidianas recordamos permanentemente a Chile, en forma muy grata, a través de sus maravillosos vinos. Son muy conocidos en Dinamarca, y puedo asegurarles que apreciamos enormemente su gran calidad y su precio razonable. Estamos muy conscientes de que Chile enfrenta asuntos muy difíciles relacionados con el pasado político del país, que está siempre presente. Tal como Chile, muchas naciones han evolucionado desde regímenes represivos a democracias. Y nosotros, en Dinamarca, siempre hemos estado muy interesados en cómo han resuelto el tema de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los regímenes anteriores. Estoy seguro de que Chile será capaz de develar la verdad y buscar la reconciliación en esta difícil y dolorosa etapa del proceso, y tengo el convencimiento de que podrá superar este desafío. Con estas palabras quisiera agradecerles nuevamente la amable invitación a visitar su admirable país. Honorable Presidente del Senado, espero pronto poder retribuir esta maravillosa hospitalidad, dándoles la bienvenida a usted y a una delegación del Congreso de Chile en Dinamarca. Muchas gracias por la atención dispensada. ¡Viva la democracia chilena! ¡Viva el pueblo chileno! Muchas gracias. --(Aplausos en la Sala). El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sólo por excepción. El señor VIERA-GALLO.- Únicamente para manifestar nuestro agradecimiento y complacencia por las palabras del señor Presidente del Parlamento danés, y para que él entienda que la ausencia de las bancadas de Oposición, de enfrente, se debe sobre todo a la difícil situación de tensión que vive el país y a que, en general, tienen una actitud intolerante. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos para despedir a nuestros invitados. ______________ --Se suspendió a las 16:54. --Se reanudó a las 16:59. ______________ El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión. V. FÁCIL DESPACHO CONVENIO CONSTITUTIVO DE ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DE ENERGÍA DE PENINSULA DE COREA El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del “Convenio Constitutivo de la Organización de Desarrollo de Energía de la Península de Corea (KEDO)”, adoptado en Nueva York, el 9 de marzo de 1995, con nuevo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. --Los antecedentes sobre el proyecto (2110-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 11ª, en 5 de mayo de 1998. Informes de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 23ª, en 19 de agosto de 1998. Hacienda, sesión 23ª, en 19 de agosto de 1998. Relaciones Exteriores (nuevo), sesión 29ª, en 8 de septiembre de 1999. Discusión: Sesión 25ª, en 1º de septiembre de 1998 (vuelve a Comisión para nuevo informe) El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular. Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo en análisis fue discutido anteriormente por la Sala del Senado, ocasión en la cual se pidió postergar su aprobación, porque habían surgido acontecimientos políticos complejos en Corea -como recordarán Sus Señorías, en esos días, Corea del Norte había disparado un misil sobre el mar de Japón-, y se acordó enviarlo nuevamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de aclarar tales hechos. El Convenio es muy simple: establece un organismo internacional destinado al seguimiento y verificación del uso pacífico de la energía nuclear en Corea del Norte. La Comisión opina, unánimemente, que a Chile le conviene participar como miembro del Convenio, toda vez que, además, se encuentra negociando con la República de Corea –ex Corea del Sur- una asociación de libre comercio y demás. Por lo tanto, la Comisión, por unanimidad, propone aprobar el proyecto de acuerdo. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la “Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores”, suscrita en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984, en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. --Los antecedentes sobre el proyecto (1571-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En primer trámite, sesión 54ª, en 19 de abril de 1995. Informes de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 8 de septiembre de 1999. Constitución, sesión 29ª, en 8 de septiembre de 1999. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular. Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, este Convenio, suscrito en La Paz y del cual Chile no forma parte, fue aprobado unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores y, a su vez, estudiado en detalle por la de Constitución, a fin de constatar si sus disposiciones eran acordes con la última legislación interna despachada en materia de familia, especialmente en cuanto a la Ley sobre Filiación, Ley sobre Adopción de Menores, Convención sobre Derechos del Niño y la Convención sobre Protección del Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que también hemos suscrito. En tal virtud, esta última señala en su informe –también unánime- que el Convenio guarda total armonía con la legislación que el Congreso ha despachado en materia de menores. En consecuencia, ambas Comisiones sugieren a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo en informe. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, en el análisis que hicimos en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el Convenio, se planteó un tema bastante importante relacionado con la reserva a su artículo 2, en orden a que no quede abierta la posibilidad de establecer sistemas de adopción con menores requisitos que los que hoy existen en nuestra legislación. En ese sentido, los representantes del Ministerio, en su oportunidad, señalaron que el Ejecutivo haría una reserva al mencionado artículo. Habría sido muy importante que hubiese estado presente en la Sala el señor Canciller o alguna autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores para comprometerse a hacer la reserva, porque se trata de una materia de bastante trascendencia. Ya se han producido problemas bastante fuertes con las reservas, en el sentido de que el Ejecutivo mediante decretos las adopta, anulando toda la labor realizada por el Congreso Nacional al aprobar un tratado. Y hemos sido testigos de este procedimiento respecto de distintas materias. Ése es un asunto que debemos regular para mantener las potestades del Parlamento en relación a los tratados internacionales. Sin embargo, en cuanto a este proyecto, estimo importante que el Ejecutivo se comprometa, aquí ante el Senado, de que presentará la reserva al artículo 2, porque, de lo contrario, se estaría aprobando una convención confiando en lo planteado en la Comisión, pero no ante la Sala. En consecuencia, el Ejecutivo debe comprometer su reserva, en esta oportunidad y ante esta Sala. El señor GAZMURI.- Pido la palabra. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quiero recordar que estamos en Fácil Despacho, que ya ha habido dos intervenciones y que disponemos de 10 minutos para discutir el proyecto. Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, no informé sobre la reserva del Ejecutivo debido al poco tiempo de que disponía. Consta en los informes que el Gobierno se comprometió a hacer esa reserva. El señor DÍEZ.- Así ocurrió en la Comisión de Constitución, donde se coincidió con el Gobierno en que era peligroso no hacer la reserva, porque cualquiera podría intentar aplicar en Chile legislaciones de otros países tocantes a que la adopción no constituía estado civil. De manera que no me cabe ninguna duda de que esa reserva se presentará. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Senador señor Díez, la próxima vez solicite el uso de la palabra a la Mesa. Tiene la palabra el Honorable señor Bombal. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, me parece muy relevante lo planteado por el Senador señor Chadwick, porque lo que el Congreso Nacional aprueba en materia de tratados después sufre alteraciones por la vía de decretos dictados por el Ejecutivo. Sobre el particular, la Contraloría General de la República ha establecido una jurisprudencia muy importante en cuanto a qué materias, cuando no son normas de ley –por ejemplo, acuerdos complementarios o de reservas- deben ser tratadas nuevamente por el Parlamento. Por consiguiente, pido que, si fuese posible, la Comisión de Constitución evacue un informe a la Sala sobre este caso, a fin de conocer exactamente el criterio que se seguirá en cuanto a acuerdos complementarios que no sean de materia de ley y que se encuentren dentro de los acuerdos marcos, los cuales tienen que ser nuevamente estudiados por el Congreso. El señor Presidente de la Comisión me señala que ese informe ya se elaboró. Por lo tanto, sería del caso examinarlo, pues lo que ocurre es reiterado: el Parlamento aprueba un tratado y después las reservas se ratifican o se levantan mediante la dictación de decretos. Y ello, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada -que tengo en mi poder- de la Contraloría General de la República, sería contrario al orden constitucional. Por eso, sería importante conocer tal informe. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Haremos llegar el informe a Su Señoría, que al parecer ya fue despachado por la Comisión. Tiene la palabra el Honorable señor Romero. El señor ROMERO.- Señor Presidente, en el mismo orden de las ideas planteadas por el Senador señor Chadwick, estimo que no es clara la reserva del Ejecutivo respecto de esta materia, ni tampoco el procedimiento posterior que se debe seguir. Me parece que debe aprovecharse esta instancia para solicitar derechamente al Ejecutivo que haga llegar una expresa reserva del tratado, porque ésta no aparece en el informe de la Comisión técnica. Se dice que hay una reserva, pero no existe una expresa constancia de ella. Considero importante hacer dos cosas: primero, que el Ejecutivo, por medio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, deje constancia en la Sala de su compromiso, y, segundo, que se establezca un procedimiento, como el señalado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. De lo contrario, nos encontraremos con una situación de hecho en virtud de la cual se podrá retirar la reserva y, simplemente, no pasará nada. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el tema que planteó el Senador señor Bombal efectivamente fue objeto de un informe por parte de la Comisión de Constitución, que, si no es suficiente, podría reiterarse. Pero me parece que en él se contempla la forma de proceder respecto de los tratados y los acuerdos complementarios subsiguientes. Lo sostenido por el Senador señor Chadwick y lo refrendado en cierto sentido por el Honorable señor Romero me hacen sugerir a la Sala la conveniencia de dejar pendiente la aprobación del proyecto de acuerdo hasta contar con un informe preciso del Ministerio de Relaciones Exteriores que acoja la reserva del artículo 2. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, toda vez que -como señaló el Senador señor Díez- hubo un compromiso formal del Gobierno, propongo aprobar esta Convención, con el acuerdo adicional de la Sala -no sólo de las Comisiones- de pedir al Ejecutivo que haga reserva de su artículo 2. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pienso que debemos confiar en el compromiso del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo para despachar el proyecto en ese sentido? El señor DÍEZ.- Por lo demás, señor Presidente, esto corresponde a toda la línea seguida en la tramitación de la Ley de Adopción. Por ello, no me cabe la menor duda que el Ministerio de Justicia solicitará al de Relaciones Exteriores que haga reserva del artículo 2. Quizás sería conveniente, mediante oficio del Senado, recordárselo a la señora Ministra de Justicia para que lo haga presente en su momento. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Desde ya expreso mi conformidad en el envío de ese oficio. El señor GAZMURI.- Debería enviarse en nombre del Senado. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-¿Habría acuerdo en la Sala para oficiar al Ministerio de Justicia, pidiendo que se haga reserva del artículo 2 del tratado? El señor ROMERO.- Absolutamente. En el mismo orden de ideas. --Así se acuerda. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo. CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y PANAMÁ El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá”, suscrito en Ciudad de Panamá, el 5 de junio de 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. —Los antecedentes sobre el proyecto (2235-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 20ª, en 10 de agosto de 1999. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 8 de septiembre de 1999. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular. Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri El señor GAZMURI.- Señor Presidente, este Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y Panamá fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Se ha suscrito este tipo de tratados con una gran cantidad de países, tales como Antigua, Barbuda, Nicaragua, Estados Unidos de América, Grecia, etcétera. La única observación que se hizo en la Comisión y que deseo reiterar en la Sala fue que, como este instrumento es un convenio básico cuya implementación requerirá eventualmente la celebración de otros acuerdos, éstos, tratándose de materias propias de ley, deben ser sometidos a la consideración del Congreso Nacional para su aprobación. La Comisión desea dejar constancia en la Versión Taquigráfica de esta prevención al momento de aprobar el proyecto de acuerdo. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, con la prevención señalada. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, los proyectos de acuerdos que figuran a continuación en la tabla son parecidos. Uno fue suscrito entre el Gobierno de Chile y el de Panamá, y el otro, entre el Gobierno de Chile y el de Corea. Por esta razón, solicito que se pida el asentimiento de la Sala para discutirlos y votarlos en conjunto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procedería. Acordado. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, los convenios se explican por sí solos. Se refieren a la misma materia y se suscriben con países con los cuales se mantienen amplias relaciones. ACUERDO SOBRE EXENCIÓN DE REQUISITO DE VISA ENTRE CHILE Y PANAMÁ El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá referente a la exención de requisitos de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales y especiales”, suscrito en Santiago, el 21 de octubre de 1997, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. —Los antecedentes sobre el proyecto (2237-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 20ª, en 10 de agosto de 1999. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 8 de septiembre de 1999. --Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo. ACUERDO ENTRE CHILE Y REPÚBLICA DE COREA SOBRE SUPRESIÓN DE REQUISITOS DE VISA El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea sobre supresión de los requisitos de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales”, suscrito en Santiago el 28 de agosto de 1995, y con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. —Los antecedentes sobre el proyecto (1743-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En primer trámite, sesión 13ª, en 14 de noviembre de 1995. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 8 de septiembre de 1999. --Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo. CONVENIO ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA CHECA SOBRE TRABAJO REMUNERADO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Checa sobre trabajo remunerado de los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas y consulares y representantes ante organismos internacionales intergubernamentales”, suscrito en Santiago, el 23 de septiembre de 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. —Los antecedentes sobre el proyecto (2308) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 20ª, en 10 de agosto de 1999. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 8 de agosto de 1999. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, este Convenio también se explica por sí solo. Permite que los familiares de los funcionarios de las misiones diplomáticas de ambos países puedan trabajar remuneradamente tanto en la República Checa como en Chile. Se han suscrito instrumentos del mismo tipo con varias naciones, pues corresponde a relaciones internacionales modernas que tales personas puedan trabajar en el país extranjero. Por ello, propongo aprobar el proyecto de acuerdo. --Se aprueba en general y particular. VI. ORDEN DEL DÍA NORMAS SOBRE DEPORTE El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece normas sobre el deporte, con segundos informes de las Comisiones de Defensa y de Hacienda. —Los antecedentes sobre el proyecto (1787-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 29ª, en 16 de enero de 1996. Informes de Comisión: Defensa, sesión 19ª, en 20 de enero de 1999. Hacienda, sesión 19ª, en 20 de enero de 1999. Defensa (segundo), sesión 32ª, en 14 de septiembre de 1999. Hacienda (segundo), sesión 32ª, en 14 de septiembre de 1999. Discusión: Sesión 23ª, en 10 de marzo de 1999 (se aprueba en general). El señor LAGOS (Secretario).-El segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional hace presente que el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre una Ley del Deporte, contiene diversas normas de quórum especial; que los artículos 5º, 10, 16, 17, 21, 26, 31, 47 y 78 permanentes, el artículo 4º transitorio y los artículos 71, 72 y 73 permanentes incorporados en este segundo informe, deben aprobarse con el quórum correspondiente a disposiciones orgánicas constitucionales. Asimismo, hay una norma –el artículo 6º transitorio- que es de quórum calificado. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, se deja constancia de que todos los artículos fueron objeto de indicaciones; que no hay artículos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas; que los siguientes sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas: 10 (que pasa a ser 6º), 24 (que pasa a ser 15), 41 (que pasa a ser 30), 67 (que pasa a ser 55), 69 y 70 (que pasan a ser 57 y 58 permanentes), y 9º y 10 transitorios. En seguida, en la página 2 se da cuenta de las numerosas indicaciones aprobadas, y en la siguiente se deja constancia de las indicaciones aprobadas con modificaciones, de las rechazadas, y de que no hubo indicaciones retiradas. A continuación, se detallan, al final de la página 3 y comienzo de la 4, las indicaciones declaradas inadmisibles. Finalmente, se hace una reseña de las indicaciones formuladas al proyecto aprobado en general y se deja constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados. Las enmiendas propuestas por la Comisión figuran entre las páginas 192 y 234. Asimismo, la Secretaría ha preparado un boletín comparado, que se encuentra en poder de los señores Senadores. Por su parte, la Comisión de Hacienda propone, en mérito de las consideraciones contenidas en su informe, aprobar el texto despachado por la Comisión de Defensa, con las modificaciones que detalla, dejando constancia de que el proyecto se encuentra debidamente financiado, por lo cual sus normas no producirán desequilibrios presupuestarios ni incidirán negativamente en la economía del país. Se hace presente que todas las proposiciones, tanto las de la Comisión de Defensa como las de Hacienda, fueron adoptadas por unanimidad. En la primera columna del boletín comparado está el texto aprobado en general; en la segunda, las modificaciones propuestas por la Comisión de Defensa; en la tercera, las enmiendas de la Comisión de Hacienda, y en la última, el texto final que quedaría de ser aprobadas las modificaciones que recomiendan ambas Comisiones. --Se autoriza el ingreso a la Sala de los señores Marcelo Schilling, Subsecretario del Interior subrogante; Eduardo Pérez, Jefe de la División Legislativa del Ministerio del Interior, y Julio Riutort, Director General de Deportes y Recreación. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de conceder el uso de la palabra a los Honorables señores Fernández y Foxley, quienes la han solicitado para hacer una breve relación sobre el segundo informe, deseo advertir que la totalidad de los artículos fueron aprobados por unanimidad y que no hay indicaciones renovadas. Por lo tanto, de conformidad con el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, solicito que, en su momento, aprobemos las disposiciones mencionadas, sin perjuicio de requerir, en el caso de algunas de ellas, el quórum especial correspondiente. Tiene la palabra el Honorable señor Fernández. El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, la Comisión de Defensa Nacional, en su segundo informe, conoció y resolvió respecto de más de 530 indicaciones presentadas al proyecto, a las que se agregaron posteriormente 40 nuevas indicaciones del Ejecutivo. Atendido el extraordinario número de éstas –probablemente el de mayor magnitud para un proyecto de ley desde 1990 a la fecha-, la Comisión, en primer término, debió considerar cuáles eran las materias básicas que ellas comprendían. Para ello se efectuó un primer análisis de todas las indicaciones, durante el cual el Ejecutivo presentó proposiciones relativas a modificaciones al articulado del proyecto, considerando incluso aquellas que, correspondiendo a su iniciativa exclusiva, podría recoger total o parcialmente. Los acuerdos adoptados fueron restructurando la iniciativa y también se tradujeron en las nuevas indicaciones que el Ejecutivo presentó al reabrirse el plazo para ello. Teniendo presente la amplitud del proyecto y sus indicaciones, me referiré solamente a los aspectos más relevantes, pero destacando previamente que todos los acuerdos recaídos en las indicaciones fueron unánimes, con excepción de la indicación Nº 117a del Ejecutivo, que fue rechazada por mayoría de votos, y a la cual me referiré más adelante. En el estudio del proyecto contamos con la activa y valiosa participación del Ministerio del Interior, y muy especialmente del señor Julio Riutort, Director de la DIGEDER. Las materias más relevantes son las siguientes. 1.- La política nacional del deporte creará las condiciones necesarias para el fomento de la práctica de las actividades físicas y deportivas, a través de la prestación de los servicios correspondientes y de la asignación de los recursos presupuestarios con criterios regionales y de equidad. Dicha política nacional, fundada en los principios de descentralización y de la acción subsidiaria del Estado, resguardará la autonomía de las organizaciones deportivas y la libertad de asociación. 2.- En la Educación Básica y Media, los planes y programas de estudio deberán considerar los objetivos y contenidos destinados a la formación para el deporte, por la cantidad de horas efectivas semanales determinadas en el marco curricular de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos para esos niveles educacionales. Lo anterior permitirá que la formación para el deporte tenga la debida consideración en todos los establecimientos educacionales del país y, asimismo, posibilitará que el sector privado haga uso de las franquicias tributarias de la ley Nº 19.247, de donaciones para fines educacionales, con aportes para infraestructura deportiva en dichos planteles de estudio. Ello constituye una vía distinta de las donaciones con fines deportivos, contempladas en un párrafo nuevo del proyecto, al que me referiré posteriormente. 3.- El Instituto Nacional de Deportes, que se crea como un servicio público funcionalmente descentralizado, tendrá un Consejo Nacional que, en lo fundamental, propondrá al Presidente de la República las políticas destinadas al desarrollo de la actividad física y el deporte en sus diversas modalidades, y las iniciativas legales, reglamentarias y administrativas conducentes al fomento y desarrollo de la actividad deportiva y a la seguridad pública en los eventos deportivos. En este Consejo Nacional se aumentó el número de sus miembros, de siete a once, para dar mayor participación al sector deportivo. Además, se contempló la designación directa de algunos consejeros: dos que nombra el Plenario de Federaciones del Comité Olímpico de Chile, uno que elige la organización gremial de carácter empresarial que corresponda y otro que designa la central sindical respectiva. Cabe mencionar que uno de los miembros del Consejo será el Director Nacional del Instituto, quien lo presidirá. Teniendo en cuenta la nueva composición del Consejo Nacional, se acordó suprimir las normas que creaban el Consejo Consultivo Nacional del Instituto. Por último, en este aspecto institucional, se ha resuelto que el Director Nacional ejercerá la dirección y administración superior del Instituto, lo que permitirá una toma de decisiones en forma ejecutiva, reforzándose tal carácter al otorgarle el rango de Subsecretario. 4.- Se crea una Comisión Nacional de Control de Dopaje, con la participación del sector deportivo y del Instituto, del cual dependerá. Su objetivo será promover e impulsar medidas de prevención y control de uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados de las competencias. El control del dopaje será obligatorio en las competencias deportivas oficiales, tanto nacionales como internacionales que se realicen en el país, siempre que cuenten con el patrimonio o el apoyo financiero del Instituto. También será obligatorio el control de dopaje para todos los deportistas afiliados a federaciones deportivas nacionales que reciban financiamiento a través del que entregue el Instituto al deporte federado. Lo anterior, siempre que dicha exigencia la establezcan los programas respectivos o así lo requieran las propias federaciones nacionales, el Comité Olímpico de Chile o la Comisión Nacional de Control de Dopaje. Señores Senadores, la Comisión de Defensa Nacional estima necesario realzar la importancia que reviste la incorporación de esta norma relativa al control del dopaje, por cuanto las medidas que con ello se adoptarán constituyen un imperativo ético en la formación para el deporte y en los valores que toda sociedad debe preservar, como asimismo una herramienta eficaz para proteger la salud de los deportistas. 5.- El Instituto administrará el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, cuyos recursos serán determinados cada año por la Ley de Presupuestos del sector público, distribuyéndose una parte del Fondo entre las Regiones del país a través de cuotas regionales (una para cada Región), administradas por la respectiva Dirección Regional del Instituto. Para la determinación de las cuotas regionales se tomarán en consideración, entre otras, las siguientes variables: población regional, situación social y económica, factores geográficos y climáticos, índices de prácticas físicas y deportivas y disponibilidad de recursos humanos calificados y de recintos deportivos. Además, deberán tenerse en cuenta los compromisos contraídos en virtud de convenios de programación con los gobiernos regionales. 6.- Las donaciones con fines deportivos se incorporan en el Párrafo 5º, nuevo, con siete artículos, estableciéndose un sistema de franquicias tributarias, consistente en un crédito equivalente al 50 por ciento de dichas donaciones en contra de los impuestos respectivos a que estén afectos tanto los contribuyentes del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, como los contribuyentes del impuesto global complementario que declaren igual tipo de rentas. Esto último, en consecuencia, incluye en esta franquicia a las personas naturales que sean contribuyentes de las características tributarias señaladas. Aquella parte de las donaciones que no pueda utilizarse como crédito se considerará un gasto necesario para producir la renta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por último, y sin perjuicio de los demás antecedentes que entregará el señor Presidente de la Comisión de Hacienda en esta materia, cúmpleme expresar que las donaciones que darán derecho al crédito contra los impuestos deberán haberse efectuado a las organizaciones deportivas a que se refiere esta iniciativa, al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte o a una o más cuotas regionales, y para un proyecto que se encuentre incorporado en el registro que para estos efectos llevará la Dirección Regional respectiva. 7.- La iniciativa contempla, entre otras, las funciones del Instituto, el cual podrá destinar recursos para financiar parcialmente seguros por riesgo de accidentes sufridos con motivo de la práctica deportiva no profesional, materia que constituye un sentido anhelo de los deportistas y planteada en varias indicaciones presentadas por los señores Senadores. 8.- En lo que respecta a la vinculación del Instituto con el Presidente de la República, ésta fue la única materia en que la Comisión se pronunció por mayoría de votos respecto de una indicación. Como se recordará, este tema fue ampliamente debatido por el Senado cuando conoció y votó en general el proyecto, discusión que se repitió en la Comisión al considerar las indicaciones (como consta en las páginas 44 a 54 del segundo informe). Al efecto, el Ejecutivo, por medio de la indicación Nº 119, insistió en que la supervigilancia del Instituto se efectuare por el Primer Mandatario, a través del Ministerio del Interior. La Comisión, por unanimidad, aprobó dicha indicación con modificaciones para establecer la supervigilancia directa del Presidente de la República, ocupando para ello la norma excepcional del inciso final del artículo 25 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Posteriormente, el Ejecutivo presentó una nueva indicación, la 117a, que en la especie dispone que el Instituto se relacionará con el Jefe del Estado a través del Ministerio del Interior. Después de un amplio debate (consta en las páginas 53 a 58 del segundo informe), la Comisión, por tres votos contra uno, rechazó la señalada indicación del Ejecutivo, manteniendo así la decisión ya adoptada a la que me referí precedentemente. Por todo lo expuesto en esta sucinta relación, estimamos que se debe aprobar el texto del proyecto tal cual lo acogió la Comisión de Defensa Nacional en su segundo informe, sin perjuicio de las enmiendas que le ha introducido la Comisión de Hacienda. No puedo finalizar este informe sin destacar el gran y eficiente trabajo realizado por la Secretaría de la Comisión de Defensa, encabezada por su Secretario señor Labbé. A él y a todo el personal de esta Comisión vaya nuestro reconocimiento por tan eficiente labor. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Foxley, Presidente de la Comisión de Hacienda. El señor FOXLEY.- Señor Presidente, el proyecto fue aprobado por nuestra Comisión en forma unánime, con algunos cambios menores. Me referiré a los puntos centrales que preocuparon a la Comisión de Hacienda. Una de las razones por las cuales esta iniciativa tuvo una tramitación bastante lenta radica en que su misma presentación generó una expectativa, justificada y legítima, en el sentido de poder realizar a través de ella un aporte sustancial, significativo, mayor al histórico, en materia de recursos para fomentar y desarrollar la actividad deportiva y recreativa en el país. En sus primeras versiones, lo relativo a los recursos de que se podía disponer no parecía adecuado a las expectativas que el proyecto mismo generaba. En el texto final, aprobado en forma unánime tanto en la Comisión de Defensa como en la de Hacienda, se introducen avances que consideramos bastante significativos en términos de expandir la frontera de recursos potencialmente disponibles para la actividad deportiva y recreativa en Chile. Desde luego, en las discusiones con el Ejecutivo, y particularmente con el Director de DIGEDER, quedó claro que el Gobierno estableció un principio que no se encontraba asegurado anteriormente, en cuanto a garantizar un piso presupuestario para las actividades de fomento y desarrollo del deporte y la recreación, el que se independiza del rendimiento de los juegos de azar y que constituye un monto aproximado de 17 mil 500 millones de pesos en aporte fiscal y de 25 mil millones de pesos de presupuesto total para estas actividades deportivas a partir de DIGEDER, y el día de mañana, de CHILEDEPORTES. El segundo aspecto que deseo destacar es que, después de numerosos aportes de muchos señores Senadores, finalmente se consideraron varios incentivos para la participación del sector privado en términos de adicionar recursos a los que el Estado pueda aportar para el fomento y desarrollo de esta actividad. Como señaló recién el Senador señor Fernández, tal vez uno de los avances más importantes en esta discusión particular ha sido que el Gobierno aceptó el criterio de aplicar un nuevo sistema de franquicias tributarias -diría- bastante significativo a quienes realicen donaciones para fomentar el deporte, sean personas naturales o jurídicas, empresas o individuos. La franquicia, equivalente a la existente en la Ley de Fomento de la Cultura, significa que quienes efectúen donaciones con fines deportivos podrán deducir del impuesto de primera categoría, si se trata de una empresa, o del impuesto global complementario, si es una persona, hasta el 50 por ciento de aquéllas. Y respecto del resto de la donación, podrá íntegramente deducirse de la base imponible como un gasto necesario para producir la renta, sea de la renta imponible de primera categoría o del impuesto global complementario, con un tope de 2 por ciento de renta imponible o de 14 mil unidades tributarias mensuales. Éste es un punto de avance respecto de la propuesta original del Gobierno, y fue producto de las muy detalladas discusiones que los señores Senadores llevaron a cabo en las Comisiones de Hacienda y de Defensa. Los otros elementos a través de los cuales se busca atraer recursos del sector privado y también de los individuos consisten en ampliar el esquema de concesiones para una participación del sector privado en la administración, gestión y manejo de recintos deportivos, y para el establecimiento de un subsidio equivalente al de la vivienda, a fin de que los clubes y organizaciones deportivas puedan comprar terrenos o sedes a través de un mecanismo de ahorro previo, que será complementado por un subsidio fiscal. El tercer punto se refiere a que el proyecto también se perfecciona en el trámite en particular, en el sentido de recoger la aspiración de una mayor descentralización en asignar y utilizar los recursos y algunos mecanismos de participación, con la idea de desestatizar un poco el sistema y hacer intervenir más activamente a los consejos locales de deportes, los municipios, las universidades y las regiones a través de sus respectivos gobiernos. Se establece un sistema de cuotas regionales. El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte se divide en fondos a nivel regional. Y en los presupuestos de cada año se consignarán anualmente cuotas regionales, las cuales serán asignadas por CHILEDEPORTES Regional. También habrá un consejo consultivo donde participen organizaciones deportivas, consejos locales de deportes, etcétera. Por lo tanto, se avanza significativamente en la descentralización de los recursos para el fomento deportivo, con mecanismos de participación de la gente que está activamente interesada en esta actividad. Por último, se toman algunas providencias en el sentido de resolver un problema que se hace cada vez más crítico, particularmente por el rápido proceso de urbanización. En la ley en proyecto se establece que los planos reguladores de las comunas a lo largo del país tendrán que reservar espacios para recintos deportivos en cada comuna, previniendo la situación que, por no hacer estas reservas a tiempo, el alto valor de los terrenos urbanos -que sube fuertemente- impida adquirir los necesarios para habilitar canchas u otro tipo de recintos apropiados para el deporte, o se llegue muy tarde para comprar predios donde establecer canchas u otros recintos apropiados para la práctica del deporte. La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad esta iniciativa que, a nuestro juicio, constituye un avance muy significativo, incluso respecto del proyecto original del Gobierno. Por eso recomendamos, al igual que la Comisión de Defensa, que la Sala haga otro tanto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Novoa le había solicitado una interrupción, señor Senador. El señor FOXLEY.- Se la concedo con todo gusto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. El señor NOVOA.- Sólo para complementar en un aspecto el informe del señor Presidente de la Comisión de Hacienda: el beneficio tributario que se concede es realmente significativo y estimulará las donaciones a los clubes deportivos. Desgraciadamente, la reglamentación contenida en la ley es muy engorrosa. Sólo se justifica en los casos de donaciones de alto monto, pero obviamente hará absolutamente imposible las de pequeña cuantía. Por ejemplo, si se quiere donar la suma de 100 mil pesos mensuales para gastos operacionales de un club, de acuerdo con la normativa en estudio, habría que suscribir un contrato con el departamento de comisiones de confianza de un banco para administrar tal donación. Obviamente, no habrá nadie interesado en hacerlas y ningún banco estará dispuesto a recibir el encargo de administrar 100 mil pesos mensuales. Analizado el tema en la Comisión, se pidió al Ejecutivo proponer en el próximo trámite constitucional un sistema más simplificado para las donaciones de montos menores, y consignar una norma para las destinadas a financiar gastos operacionales por 150 unidades de fomento al año (unos 2 millones 200 mil pesos anuales), o para inversiones del orden de 500 UF por año, de modo tal que con un trámite mucho más simplificado se pueda hacer efectivo el aporte, fundamentalmente a los clubes más pequeños. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo con lo convenido, el señor Secretario dará a conocer los artículos que requieren quórum especial de aprobación. El resto de los preceptos quedarían aprobados. El señor LAGOS (Secretario).- Como se señaló en la relación del proyecto, los artículos que requieren quórum de ley orgánica para aprobarse -es decir, la conformidad de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio (25 votos afirmativos)- son los siguientes: 5º, 10, 16, 17, 21, 26, 31, 47, 71, 72, 73, 78 y 4º transitorio. El artículo 6º transitorio requiere para su aprobación de quórum calificado, esto es, 23 votos favorables. El señor BITAR.- ¿Me permite, señor Presidente? Antes de darlos por aprobados, deseo hacer una referencia al artículo 10, que necesita quórum de ley orgánica constitucional para aprobarse. Si bien concurriré con mi voto favorable, entiendo que lo relativo a que el Instituto Nacional de Deportes del Presidente dependa directamente del Presidente de la República podrá ser revisado en la Cámara de Diputados y, eventualmente, en la Comisión Mixta. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estamos de acuerdo y seguramente así lo hará la Cámara Baja. --Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurren con su voto favorable 27 señores Senadores, y queda despachado en este trámite. El señor BOMBAL.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor BOMBAL.- ¿Sería posible incorporar en la Versión Taquigráficas, a manera de fundamentación de voto, algunas consideraciones que no pude plantear, en aras de la celeridad en el despacho del proyecto? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No tengo inconveniente en que Su Señoría haga uso de la palabra; pero la iniciativa ya está aprobada y despachada. El señor BOMBAL.- Siendo así, y para no dilatar su tramitación, pido autorización para lo que acabo de solicitar. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay problema en dejar esa constancia. ______________ --El texto de la intervención que el Senador señor Bombal pide insertar es del siguiente tenor: “Señor Presidente: “Quisiera primeramente destacar el notable ambiente que con relación a este mismo proyecto de ley se ha formado aquí en el Senado. En efecto, con muchísima lealtad las bancadas de la oposición junto a las oficialistas y al propio gobierno hemos trabajado buscando consensuar el mejor de los proyectos para el futuro deportivo de todo el país. “En ese orden y en lo muy personal me complace que junto a los señores Senadores Cariola, Chadwick, Fernández y Larraín hubiéramos presentado en el período de indicaciones un texto que en la práctica significaba un proyecto verdaderamente alternativo al que se conocía. “De aquel hoy, por el gran trabajo de comisión, muchos de sus aportes son una realidad que esperamos prontamente lo sean también para todo el país. “A mi juicio destacan entre muchas otros aspectos la creación de los trece fondos regionales para el fomento del deporte, las normas que permiten una regulada administración del mismo y la facultad que se les concede a éstos para la asignación de los recursos a los proyectos específicos. “También se acotan de manera adecuada las normas relativas al derecho a la obtención de personalidad jurídica para los clubes deportivos y a la extinción de la misma, junto con desarraigarla de la normativa actualmente vigente del Código Civil que la sometía al Ministerio de Justicia se cumple con ella a mi juicio la aspiración correcta constitucional relativa a que el goce de la personalidad jurídica no puede estar sometida a actos de autorización sino que basta con constituirse de conformidad con la ley para obtener de este indispensable derecho. “Las materias relativas al subsidio para el desarrollo del deporte escolar, las normas sobre el manejo de los recursos para la infraestructura deportiva, las que dicen relación con las becas para los deportistas, las normas que dicen relación con los seguros por riesgos de accidentes con motivo de la práctica deportiva no profesional, las relativas a la concesión de recintos deportivos e instalaciones que serán de propiedad de CHILEDEPORTES. “En fin estas y otras materias encontraron gran acogida en el interior de la Comisión y el Gobierno a través del señor Director General de la DIGEDER ha lealmente contribuido a que ellas verdaderamente terminen siendo una realidad que a no dudarlo beneficiaran la actividad deportiva de todo el país. “Bien se conocen los beneficios que el deporte concede a quienes lo practican y desde un punto de vista social constituye una eficaz herramienta para evitar lacras como el alcoholismo y la drogadicción, razón por la cual el establecimiento obligatorio de la actividad deportiva en el currículum de la enseñanza básica y media es por sí sólo uno de los más grandes avances que traerá en lo inmediato este proyecto. “Finalmente es del caso reconocer también la apertura que sobre este particular tuvo el gobierno pues patrocinó las indicaciones destinadas a brindar verdadera viabilidad al proyecto, pues mucho criticamos los pequeñísimos beneficios tributarios que se concedían en materia de donaciones deportivas. Hoy el proyecto sobre este particular iguala los beneficios de esta especie como los concedidos para las donaciones culturales lo que nos parece adecuado aunque sí hubiéremos sinceramente preferido una redacción a estas normas con menores prejuicios, pues ellas son en exceso estrictas y complejas. Esperamos con todo que ello no desanime a la empresa privada a participar con entusiasmo en la donación a proyectos deportivos, pues su participación resulta del todo relevante y fundamental para el desarrollo que nuestro país necesita en estas básicas áreas.”. ______________ --El texto del discurso del Senador señor Cariola, cuya inserción también se autoriza es el siguiente: “Señor Presidente: “Llega a su fin un proyecto de ley largamente esperado, y que ha generado en el ambiente deportivo nacional muchas expectativas, en el sentido de que ella permitirá la promoción de nuestro alicaído deporte nacional. Como ya lo dije cuando aprobamos en general el proyecto, no estoy tan seguro que este instrumento legal que hoy vamos a despachar sea capaz de satisfacer tales anhelos. “Es cierto que entre el proyecto del primer informe, y el que hoy nos someten las Comisiones de Defensa y Hacienda del Senado, existen diferencias, que uno puede calificar de importantes. “Es el caso de la nueva calificación que se les da a las donaciones deportivas, como crédito contra impuesto y no simplemente como gasto necesario para producir la renta. Este era un defecto esencial del proyecto primeramente informado, pues inhibía la incorporación de donantes privados al sistema deportivo, ya que el esfuerzo en un 85% debía hacerlo el contribuyente. Con las nuevas normas, hay un mayor equilibrio entre esfuerzo estatal y particular y nos encaminamos hacia sistemas de administración de impuestos privatizadores y democráticos, que me parecen a todas luces más eficientes. “También es destacable la creación de la “Cuota Regional", dentro del Fondo Nacional del Fomento del Deporte, que ayudará a descentralizar el sistema de asignación de recursos para el deporte, dándole mayor preeminencia a los sistemas regionales. “Es importante, además, 1a mayor explicitación que se ha hecho de la inserción del deporte dentro del currículum educativo formal, pues es obvio que cualquier desarrollo de nuestro deporte nacional pasa porque en nuestros colegios la enseñanza y práctica del deporte se masifique, y deje de ser una símbolo de status socioeconómico, Pienso especialmente en aquellos deportes que exigen una mayor especialidad y sofisticación en infraestructura y equipamiento. “Aunque apenas insinuado, me parece clave, por el significado social que ello tiene, la posibilidad que le da a Chiledeportes para financiar parcialmente seguros por riesgos de accidentes sufridos en la práctica del deporte no profesional. Es evidente que hoy para muchos practicar deportes conlleva una contingencia que no es abordable, y con esta norma podrán buscarse mecanismos que aseguren a todos la práctica segura del deporte amateur. “También, pero sólo tímidamente, se establecen normas mínimas, para la estructura interna de las organizaciones deportivas, y que a mí me parecen esenciales, pues, es la vía de ir logrando que el poder de tales organizaciones esté en la base, y en particular en los propios deportistas y no en las cúpulas dirigenciales, lo que lleva a mantener a sistemas organizacionales autocráticos y, lo más grave, insensibles al propio mundo de los deportistas. “Con todo, sigo muy inquieto respecto del excesivo protagonismo que se le da a las instancias nacionales y en particular a Chiledeportes, porque ello conlleva una definición de la idea del fomento del deporte que supone que es el Estado el que debe ser el ente articulador de todo, con serio riesgo de ahogar 1a iniciativa privada por una parte, y la local -especialmente comunal- por otra. Aquí está, en mi opinión, el principal defecto del proyecto, pues, aunque no se quiera reconocer Chiledeportes no será más que un maquillaje de lo que hoy es 1a Digeder. “En fin mucho más se podría reflexionar sobre esta iniciativa, que en mi opinión es sólo el inicio de un proceso que debe seguirse, pero no necesariamente a nivel legislativo, sino que por la vía de la autoridad ejecutiva, quien debe estimular con recursos y generando espacio para que el sector privado pueda invertir en el deporte. “Porque se trata de una iniciativa que es largamente esperada, y porque apunta en el camino correcto, y ha sido sensiblemente mejorada, pese a tener todavía muchos defectos, anuncio mi voto favorable al proyecto.”. ______________ El señor BOENINGER.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor BOENINGER.- Señor Presidente, deseo decir algo similar a lo expresado por el Senador señor Bitar, en cuanto a que, a mi parecer, no está resuelto el problema de la vinculación directa del Instituto Nacional de Deportes con el Presidente de la República, que no es una fórmula administrativamente adecuada. Tenía entendido que había la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, lo que no sucedió. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No ocurrió oportunamente. El compromiso fue que en la Cámara de Diputados se analizará y el Senado lo estudiará en el tercer trámite o en la Comisión Mixta. El señor BOENINGER.- Entonces, deseo dejar constancia de que no estoy de acuerdo con la fórmula actual. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. El señor TRONCOSO (Ministro del Interior).- Señor Presidente, sólo deseo agradecer al Senado el rápido y eficiente despacho del proyecto. LIBERTAD PROVISIONAL Y PROTECCIÓN DE PERSONAS ANTE DELINCUENCIA El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite, que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de “Simple”. --Los antecedentes sobre el proyecto (2176-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 10ª, en 6 de julio de 1999. Informe de Comisión: Constitución, sesión 26ª, en 31 de agosto de 1999. El señor LAGOS (Secretario).- Los objetivos del proyecto son, en síntesis, hacer más exhaustivo el examen de los antecedentes que deben tenerse a la vista para el otorgamiento de la libertad provisional, y extender la radicación de las causas en la sala de la Corte de Apelaciones que se haya designado por primera vez para conocer un asunto, incluso si no procediere a la vista de las causas por desistimiento del recurrente o por cualquier otro motivo. Por las razones contenidas en su informe, la Comisión aprobó en general la iniciativa por 4 votos a favor y una abstención, y, en la parte resolutiva del mismo, sugiere aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados con las modificaciones que señala. La iniciativa consta de dos artículos permanentes, el segundo de los cuales debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Interior, señor Guillermo Pickering. Acordado. En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, en la iniciativa propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se ha tratado de respetar, por una parte, el derecho a la libertad provisional que consagran la Constitución, la ley y los tratados internacionales y, por otra parte, la preocupación ciudadana por el creciente aumento de determinados delitos, cuyos responsables muchas veces delinquen estando bajo libertad provisional. Desde ese punto de vista, el Ejecutivo ha formulado una indicación sustitutiva del proyecto primitivo, la que, con algunas variantes introducidas en la Comisión, ha sido recogida y aprobada por la unanimidad de sus miembros, a fin de hacer más estricta la concesión de este beneficio, pero sin desvirtuar el derecho constitucional ni menoscabar la facultad de los jueces para aplicar la ley en cada caso. Para lograr el objetivo, se proponen los siguientes requisitos: 1º El otorgamiento de la libertad provisional debe ser fundado, tanto en primera como en segunda instancia, sea que a ésta se llegue por apelación o consulta, cuando se trate de delitos que merezcan pena aflictiva. 2º Se reconoce y respeta la facultad de los jueces para apreciar la peligrosidad del preso o detenido, de acuerdo con el mandato constitucional. 3º Se radica sólo en el juez o en el secretario la función de requerir los antecedentes de quien pide la libertad condicional, de manera que se soliciten los antecedentes al Registro Civil -que está en condiciones de responder de inmediato- sólo por ésos y no por otros funcionarios del tribunal, y el trámite se hace obligatorio. 4º La apelación o consulta de la excarcelación se conoce sólo por la sala de la Corte de Apelaciones en que haya quedado radicado el caso en la primera gestión que se realice, de manera de evitar que los interesados o sus abogados puedan, a través de subterfugios -como ocurre actualmente-, escoger la sala que les parezca más conveniente. Por último, en la discusión pormenorizada de la Comisión se llegó en general a acuerdo unánime en relación con los criterios que el juez debe considerar al calificar si un imputado resulta o no peligroso para la sociedad, al momento de resolver sobre su libertad provisional. El texto aprobado dice. “El juez deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y la multiplicidad de procesados por el mismo hecho.”. Queda en claro que la aplicación de esos criterios a cada caso concreto de que se trate no corresponde al legislador, sino que es de exclusiva responsabilidad de los jueces, de acuerdo con la respectiva norma constitucional. En relación con el tema, solicito formalmente dividir la votación en el Nº 2) del proyecto, y pronunciarnos por separado respecto de la frase final: “y la multiplicidad de procesados por el mismo hecho.”. Me parece que cuando intervienen varias personas en un mismo hecho delictual, no todas tienen necesariamente la misma responsabilidad y, en consecuencia, la situación de cada una de ellas debe ser analizada separadamente por el juez según el mérito del proceso. Por último, deseo manifestar que la prisión preventiva -como señala el informe del profesor Luis Ortiz Quiroga- “no es un medio para arrancar confesiones ni para satisfacer a una opinión pública inquieta, ni menos una concesión en beneficio de querellantes celosos.”. Tampoco podría considerarse como un anticipo de una condena eventual, toda vez que el imputado -aun el reo- goza de la presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia en su contra. Lo contrario erosionaría fundamentos básicos y universales del proceso penal en un Estado de Derecho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito a Su Señoría hacer llegar por escrito la petición de dividir la votación para que la Mesa pueda proceder en tal sentido. El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez. El señor DÍEZ.- Señor Presidente, el proyecto en análisis viene a satisfacer una aspiración clamada por la ciudadanía: tener la certeza o la posibilidad de vivir en un ambiente más seguro. Ha sido más bien formulada por la verdadera transparencia que debe haber -y hace bien que exista- para analizar la criminalidad, sobre todo cuando la prensa informa reiteradamente que quienes cometieron determinado delito son reincidentes; están en libertad provisional; se encuentran en libertad condicional, etcétera. La Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la libertad –considerado como importante e íntimamente relacionado con la presunción de inocencia-, y deja al criterio del juez la opción de negarla cuando el reo resulta peligroso para la sociedad. En ese sentido, el Ejecutivo presentó una indicación –posteriormente modificada por la Comisión- conforme a la cual el juez “sólo” debía considerar algunas materias. Tal organismo suprimió la expresión “sólo” y estableció: “Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el juez deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias:”. El Honorable señor Parra dejó constancia en la Comisión que la expresión “deberá considerar especialmente” significaba que podían existir otras circunstancias absolutamente ajenas a las especificadas. Y procedió en tal sentido, a objeto de evitar malas interpretaciones de la futura ley. Durante el debate sostenido en la Comisión nos fuimos poniendo de acuerdo. Sólo se produjo una discrepancia en la parte que el Senador señor Hamilton ha pedido dividir la votación. Originalmente, propuse al respecto que el juez debía tomar en cuenta el número de participantes en el delito, cuando actuaban concertadamente para procurar la huida o para facilitar la perpetración del delito. E hice mención a lo que ocurre muchas veces con las pandillas que causan diversos daños y cometen delitos. Así lo hemos podido apreciar estos días, cuando, al caer la noche, y con motivo de cualquier problema público de cierta importancia, aparecen grupos que actúan no como una expresión de opinión, sino para delinquir, aprovechándose de la obscuridad y del clima de agitación que puede existir en ese momento en la ciudad. Sobre el particular, se argumentó en contra, ya que podía resultar injusto que el legislador indicara al juez que debía tomar en cuenta si la persona actuaba en grupo o en pandilla, ya que el grado de participación podía ser diverso, diferentes las edades de los actores, etcétera. Pero el Senador señor Aburto –sabiamente- señaló que en vez de referirnos a la multiplicidad de hechores en el delito, habláramos de “la multiplicidad de procesados por el mismo hecho”. De ese modo, estaríamos en condiciones de acreditar el delito, y en presencia de una presunción grave. Es evidente que si varias personas son procesadas por un mismo delito que cometieron juntas, resulta lógico indicar al juez que considere el hecho para analizar si debe conceder la libertad provisional o no. En consecuencia, quisiera pedir al Senado que mantenga el texto tal como lo aprobó la Comisión de Constitución. Se trata de una normativa que, respetando la libertad que la Carta da a los tribunales, les señala una serie de circunstancias que deberán tener en cuenta especialmente. Es decir, no se impone un criterio al juez, pero sí se le formulan indicaciones. Y, conociendo la acuciosidad de nuestros magistrados, ellos revisarán cada uno de los factores determinados por la ley, para decidir si media peligrosidad o no. Solicito, entonces, que el proyecto sea despachado en los términos expuestos. Incluso, me atrevo a hacer presente al Honorable señor Hamilton la conveniencia de que retire su petición de dividir la votación. Porque nos encontramos ya ante procesados -es decir, el delito se halla establecido- y existen presunciones graves de la participación que les puede haber cabido. De manera que si la pandilla incluye a terceros, a menores o a gente con una participación no tan relevante, no se les procesará en la misma forma. Además, es preciso confiar en el criterio de los jueces. Lo que les expresamos es que el objetivo consiste en emitir la señal de que actuar en pandilla puede significar facilidad para cometer el delito, pero, evidentemente, dificulta la impunidad y la vuelta a la libertad, a fin de que de algún modo se desaliente ese modo de proceder. Comprendo que si se incluyera a todos los partícipes se podría causar una injusticia. Pero, con la solución propuesta por el Senador señor Aburto en el sentido de sustituir la frase por las palabras “multiplicidad de procesados”, creo que se ha afirmado la demostración de hallarse en contra de las pandillas y, al mismo tiempo, se ha concretado una redacción cuidadosa, para que no sean afectadas por ella personas que no deben serlo. Gracias. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, el fundamento normativo del tema se encuentra, en primer término, en la Constitución Política de la República, cuyo artículo 19, Nº 7, garantiza el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Más adelante, la letra e) de ese mismo número agrega que “La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”. Lo anterior se complementa con la adhesión del país al Pacto internacional de derechos civiles y políticos y a la Convención americana sobre derechos humanos. Esos textos establecen el principio básico de que toda persona debe ser reputada como inocente mientras no se demuestre lo contrario conforme a la ley. El proyecto busca solucionar equitativamente el derecho de un procesado a permanecer en libertad mientras no se dicte sentencia condenatoria en su contra, pero asimismo valora el derecho de la sociedad y también el de cada ciudadano a desarrollar sus diarias actividades sin el riesgo permanente de ser víctima de delincuentes habituales que actúan abusando de las normas que les otorgan la libertad provisional. Por otra parte, la reforma encuentra su fundamento en el altísimo porcentaje de delitos cometidos por reincidentes que se han hallado gozando de dicho beneficio. Es interesante destacar que en la actualidad alrededor de 15 mil procesados han accedido a éste. Lo dramático de la reincidencia es que normalmente dice relación al mismo tipo de delito por el cual la persona ha sido procesada y que, además, se le ha permitido obtener la libertad provisional. El proyecto establece un mayor rigor de los jueces a la hora de conceder esa libertad. El Poder Ejecutivo desea que a través del articulado en debate ellos se sientan obligados a valorar y decidir en cada caso si el otorgarla al imputado puede resultar peligroso para la seguridad de la sociedad cuando medien antecedentes que hagan presumir que continuará delinquiendo o intentará eludir la acción de la justicia. En tal sentido, la normativa determina la consideración de las siguientes circunstancias: a) gravedad de la pena asignada al delito; b) número de delitos que se imputan y carácter que revisten; c) existencia de procesos pendientes, d) encontrarse el individuo sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o en goce de alguno de los beneficios de la ley Nº 18.216, y registrarse condenas anteriores cuyo cumplimiento se halle pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos involucrados; e) haber sido condenado y haber cumplido la pena, tratándose de delitos de la misma especie o de similar o mayor gravedad, y f) número o multiplicidad de hechores, cuando actuaren concertadamente para facilitar la comisión del delito o procurarse la impunidad. Para su otorgamiento, la libertad provisional requiere un conocimiento cabal y una valoración de los antecedentes que la fundamenten. En el trabajo de la Comisión de Constitución, el Subsecretario del Interior, señor Guillermo Pickering, entregó el siguiente dato: en una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se concedieron 42 libertades provisionales en una sola mañana. En la misma Comisión, el Presidente del Colegio de Abogados, señor Sergio Urrejola, recordó el hecho curioso de que una Sala de verano de dicho tribunal, integrada mayoritariamente por ministros partidarios absolutos del beneficio, dictó alrededor de 300, 400 ó 500 resoluciones que lo otorgaban. En ese momento, el Senador señor Díez, a la sazón Presidente de esta Corporación, declaró al diario “El Mercurio” que a los jueces les había faltado criterio para limitar el derecho a la libertad provisional cuando los procesados eran considerados un peligro para la sociedad o para la víctima. Es preciso recuperar la confianza en la autoridad. Para ello, es necesario que los delincuentes que acceden a la calle y reiteran la comisión de un delito no puedan volver a salir. En un Estado de Derecho debe equilibrarse el derecho de los procesados con el de los demás ciudadanos. La iniciativa se enmarca, además, en la dolorosa realidad de los índices de criminalidad, que se han elevado extraordinariamente, en especial el robo con violencia e intimidación. En el área metropolitana, las denuncias sobre robo con violencia han aumentado en 48,3 por ciento, en tanto que 90 por ciento de las tasas de denuncia por ese delito se concentra en 57 comunas del país. La delincuencia encuentra raíces profundas en situaciones de pobreza y desempleo, pero, además, el incremento mencionado encuentra actualmente su origen en el consumo de drogas por los delincuentes, las que inducen a actuar con mayor brutalidad. No cabe duda de que no sólo peligran la vida y los bienes de las personas, sino que, asimismo, se ha deteriorado seriamente el concepto de seguridad ciudadana. Ese problema sacude actualmente a la sociedad y ha llegado a transformarse en uno de los ejes de discusión de los candidatos a la Presidencia de la República. En definitiva, el proyecto, como muy bien lo aseveró en la Comisión el Honorable señor Aburto, “va a ser sumamente útil para los tribunales, porque los jueces no son personas que vayan a tratar de contradecir la ley.”. Y agregó más adelante: “Es lógico, normal y criterioso que así sea,”...” y la señal que se le da a los jueces aquí es bien clara, en el sentido de que restrinjan o traten de restringir la libertad provisional.”. Para finalizar, el Senador que habla añadiría que las señales no sólo deben ir dirigidas a los jueces, sino también, y en especial, a los delincuentes, para que éstos entiendan que de hoy en adelante no será fácil obtener la libertad provisional. Así, aunque parezca contradictorio, tal vez se les ayude a redimirse y a respetarse a sí mismos y a los demás. Pero, sobre todo, pienso que las medidas que nos ocupan serán positivas para la opinión pública y ayudarán a recobrar la confianza en las autoridades generadas mediante un sistema democrático como el que estamos construyendo. Votaré, naturalmente, a favor. Gracias. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bombal. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, si uno tiene en cuenta que en 1991 se votaba exactamente lo contrario de lo que hoy día se discute en materia de libertad provisional, logrará entender por qué se llegó a esta situación y por qué a partir de las “leyes Cumplido”, que fueron amplias en la concesión de ese beneficio, hoy día se restringe nuevamente la limitación establecida en 1997. Después de transcurrido seis años de haberse dictado dichas normativas, se prueba estrepitosamente que la delincuencia aumenta en forma creciente y que buena parte de ella es consecuencia de reincidencias. Y no alcanzan a pasar dos años –de 1997 a 1999- cuando el Parlamento se ve en la obligación de limitar aún más la libertad provisional, debido a que magistrados y legisladores se culpan entre ellos. Los jueces dicen por qué debe aplicarse de tal forma una normativa dictada por legisladores, y éstos, a su vez, recriminan al Poder Judicial, que se escuda naturalmente en las sucesivas variaciones experimentadas por aquélla. A mi juicio, el error se origina en conceptualizar la libertad provisional como un derecho y no como un beneficio. Ahí radica principalmente todo el problema. Sobre el particular, conviene traer a colación el artículo 19, número 7º, letra e), de la Constitución Política, que reconoce el beneficio a la libertad provisional y tiene como antecedente inmediato el Acta Constitucional Nº 3, la cual señalaba expresamente: “La libertad provisional es un derecho del detenido o sujeto a prisión preventiva. Procederá siempre, a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como estrictamente necesaria para la investigación del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.”. Y agregaba: “La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”. Sin embargo, la Carta Fundamental de 1980 innovó en esa materia, estableciendo, en la disposición pertinente, que “La libertad provisional procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para la investigación del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos o modalidades para obtenerla.”. En tal virtud, deseo llamar la atención del Senado en el sentido de que el constituyente desechó expresamente la opción de considerar la libertad provisional como un “derecho” del detenido o sujeto a prisión preventiva. No lo concibió así porque no repitió la misma expresión en la norma constitucional, como resulta fácil apreciar del texto que leí. Además, eliminó los vocablos “siempre”, destinado a fortalecer la referencia al carácter de derecho de la libertad provisional, y “estrictamente”, que reforzaba la condición excepcional de los parámetros que admiten, precisamente, denegar dicho beneficio. En ese orden, y bajo tales supuestos, en lo que tocaba al criterio de la seguridad de la sociedad –factor en virtud del cual se habrían podido evitar muchos crímenes en todos estos años-, la legislación procesal penal, hasta 1991, contemplaba casos o situaciones específicas que debían considerarse concurrentes, de forma concreta, como un peligro cierto para la seguridad de la sociedad. En esta parte aludiré a lo que señalaba al comienzo. Entre las denominadas “leyes Cumplido”, la ley Nº 19.047, de febrero de 1991, modificó los artículos 356, 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal, imponiendo los criterios que hoy día precisamente estamos revocando. En primer lugar, se consagró a nivel legal –a nuestro juicio, transgrediendo la Constitución- el carácter de “derecho” a la libertad provisional y se agregó que él podía ser ejercido “siempre”, situación que la Carta no establece. En seguida, el inciso segundo del nuevo artículo 356, destacó el carácter “transitorio” de la prisión preventiva, señalando que “sólo durará el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines”. Y, finalmente, con la modificación del artículo 363, se logró el anhelo de consagrar la libertad provisional como un derecho; pero en 1997 tuvo que reponerse la norma, en orden a restringir la posibilidad judicial de obstaculizar su otorgamiento, prescribiéndose que la denegatoria tenía que ser por resolución fundada, basada en antecedentes “calificados” del proceso, los cuales debían hacerse constar “pormenorizadamente” y cuando la prisión preventiva fuese “estrictamente indispensable” para el éxito de diligencias “precisas y determinadas” que hicieran presumir la seguridad del ofendido o de la sociedad. Señor Presidente, de esa forma se estableció el punto máximo conforme al cual la libertad provisional, prácticamente, siempre procedía. A partir de entonces se puede apreciar cómo comienzan a elevarse los altos índices de criminalidad en el país, situación que por segunda vez nos lleva -reitero- a restringir el marco que el propio Senado fijó de manera muy amplia y que generó el cambio de interpretación que, forzosamente, debieron hacer las magistraturas como consecuencia de la voluntad política manifestada acá en su momento. Me alegra que hoy día se revise el asunto y se establezca una limitación en tal sentido, por cuanto eso, que en su oportunidad se pensó que era un derecho –así lo entendieron los delincuentes-, no pasa de ser un beneficio. En mi opinión, sólo podemos afirmar que existe un derecho constitucionalmente garantizado cuando éste es atribuible a todos. Por lo demás, así lo dispone expresamente el propio artículo 19 de la Carta Fundamental al señalar que “La Constitución asegura a todas las personas:”; es decir, el título o fuente de los derechos constitucionales es la naturaleza de persona. Pero ocurre que el beneficio de la libertad provisional se predica, no como consecuencia o condición de tal calidad, sino sólo bajo la circunstancia de encontrarse el individuo privado de libertad –la que, sin duda, es un derecho en razón de que es una persona- cuando ella ha sido obstaculizada de manera legal, siempre y cuando no obste a las investigaciones del sumario o a la seguridad del ofendido o de la sociedad. Me parece que, a raíz de la confusión relacionada con el beneficio de la libertad provisional, se han generado los problemas de interpretación que el proyecto en estudio pretende corregir y que han dado pie, precisamente, a diversas disputas, las cuales han sido entendidas muy claramente por el mundo de la delincuencia, porque se presentan situaciones donde los jueces no pueden aplicar la ley de manera efectiva en contra de quienes delinquen y privarlos así de su libertad. Además, aquí siempre se dio como señal el hecho de garantizar al máximo esos “derechos” a los delincuentes, dejando desprotegida la sociedad y las familias, que han visto crecer notoriamente y con alto riesgo de peligrosidad a la delincuencia, al punto de que la reincidencia hoy día está siendo considerada –jamás debió ser de otro modo- como factor de restricción de la libertad provisional. Por eso, me alegra mucho que este proyecto pueda ser aprobado, porque responde a una necesidad social de la mayor importancia. Frente a los niveles de delincuencia, desgraciadamente, no cabe duda –reitero- de que en su momento dimos una señal equivocada que incidió peligrosamente en la provocación de un daño tremendo a la sociedad. Y lo estamos corrigiendo por segunda vez –primero fue en 1997, y ahora, en 1999-, e introduciendo reformas a un Código que por años fue muy claro, preciso y generó condiciones de seguridad y de estabilidad para las personas, todo lo cual, lamentablemente, fue alterado en 1991. Gracias a Dios, hoy día estamos corrigiendo esa situación. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Stange. El señor STANGE.- Señor Presidente, desde ya, anuncio que concurriré con mi voto favorable a la aprobación del proyecto. No obstante, deseo señalar lo siguiente. En la documentación oficial ha comenzado a utilizarse el concepto “seguridad ciudadana”. A mi juicio, eso constituye un error, pues al hacerse tal alusión no se está considerando lo establecido en la Constitución Política en cuanto a lo que significa “seguridad pública”. Manifiesto lo anterior, porque, al hablar de seguridad ciudadana, es posible entender que muchas personas quedarían fuera de la protección que otorga el Estado, pues sólo son ciudadanos los mayores de 18 años, los que tienen derecho a sufragio. También estarían marginados los extranjeros con menos de cinco años de residencia en Chile. Por lo tanto, no me parece adecuado que en un documento oficial, como el que llegó de la Cámara de Diputados, se utilicen dichas expresiones. Además, la referencia a seguridad ciudadana significaría disminuir el concepto constitucional de seguridad pública, por cuanto aquélla podría interpretarse como si estuviera vinculada nada más que a los habitantes de las ciudades. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en el campo? Sólo se trata de una reflexión. Sin embargo, considero conveniente pensar en la posibilidad de no seguir usando en la documentación oficial el concepto “seguridad ciudadana”, tan difundido, pero que es un término -podríamos decir- mercantil, del momento. He dicho. El señor BITAR.- Solicito a la Mesa agregar mi nombre a la lista de oradores. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así se hará, señor Senador. Tiene la palabra el Honorable señor Cordero. El señor CORDERO.- Señor Presidente, la seguridad y el orden públicos son temas que preocupan en gran medida a la ciudadanía, producto del crecimiento de la delincuencia, pese a los significativos esfuerzos de Carabineros e Investigaciones. Este flagelo necesariamente debe combatirse con un plan globalizado que considere diversos aspectos, como el tratado en el presente proyecto de ley, que, si bien incide en una materia de índole procesal penal, contribuye a fortalecer la efectividad de la justicia criminal, convirtiéndose en elemento desincentivador de la delincuencia. En efecto, las estadísticas son claras en señalar que un alto número de ilícitos se cometen principalmente por menores de edad inimputables penalmente, utilizados para ese efecto, y por delincuentes reincidentes, algunos de los cuales, al momento de registrarse aquéllos, se encontraban gozando del beneficio de la libertad provisional o de alguna medida alternativa al cumplimiento de la condena, lo que evidencia fallas en el actual sistema procedimental penal. Una de ellas radica en que el juez que debe decidir el otorgamiento de la libertad provisional no posee sobre el imputado los elementos necesarios que ameriten la concesión de este beneficio, tales como el tipo de delito que se le atribuye, la edad, si es o no reincidente, si existen o no procesos pendientes, etcétera, aspectos todos que el proyecto en estudio viene a suplir. No obstante lo anterior, la referida garantía debe operar en armonía con el derecho de todo ciudadano a vivir en un medio social pacífico y seguro, sin el riesgo de ser víctima de un delincuente que está fuera de la cárcel por gozar de libertad provisional o de alguno de los beneficios alternativos al cumplimiento de penas contemplados en la ley Nº 18.216, para que de este modo no se dé la situación ilógica e incomprensible de que los delincuentes obtienen la libertad y salen de la cárcel más rápidamente que las víctimas del hospital -sean éstas particulares o funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad-, realidad que se ha visto incentivada por una política basada en la exaltación de los derechos de los detenidos, lo que se ha traducido en la práctica en beneficios concretos para los delincuentes y no para las víctimas. Considerando lo dicho precedentemente, la iniciativa, al restringir y otorgar mayor rigurosidad en el otorgamiento del beneficio que nos ocupa, sin alterar la atribución constitucional del juez, persigue que los delincuentes peligrosos no recuperen su libertad, puesto que ello significa, en la gran mayoría de los casos, una pronta reincidencia en el delito, lo que trae como consecuencia frustración en la acción policial y desincentivo para la denuncia de los delitos por parte de la comunidad. Asimismo, el proyecto, al disponer parámetros que uniforman los criterios de los tribunales de justicia para otorgar dicho beneficio, crea un riesgo mayor para el delincuente, por cuanto le será más dificultoso conseguir esa garantía, constituyendo así una medida desmotivadora para la delincuencia, teniendo presente que, si bien el proceso penal no es en sí mismo un elemento de represión delictual, contribuirá sin duda a este fin. Confío en que iniciativas como ésta serán las que en definitiva ayuden a superar los actuales niveles de delincuencia y a brindar mayor seguridad a nuestra sociedad, que día a día vive atemorizada por el lumpen. Señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente. Gracias. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger. El señor BOENINGER.- Señor Presidente, quiero referirme específicamente a la frase “y la multiplicidad de procesados por el mismo hecho”, como factor a considerar por el juez para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Las pandillas son un fenómeno complejo y representan un problema que no se resolverá mediante la mera señal que se pretende dar con la disposición en análisis. Es imprescindible elaborar un estudio muy a fondo acerca de ese fenómeno, que se está extendiendo peligrosamente en los distintos sectores de las grandes ciudades y que tiene componentes psicosociales, culturales, de afirmación de identidad y otros. Respecto de la frase mencionada, yo sería partidario de una alternativa -desgraciadamente, a esta altura del trámite del proyecto ya no es posible considerarla- en el sentido de que la multiplicidad de procesados fuera un factor a considerar por el juez en la eventualidad de que uno o más de ellos se hallaran en alguna de las situaciones contempladas en la primera parte del inciso sustitutivo: tener procesos pendientes, encontrarse en libertad condicional, etcétera. Lo anterior, porque normalmente las pandillas funcionan sobre la base de caudillos, de personas con algún liderazgo local que reclutan novatos. Por lo tanto, una disposición en tal sentido constituiría una señal para los novatos de que, si se meten con una pandilla dirigida por delincuentes prontuariados -por decirlo de algún modo-, se les “cargará la mano”. En cambio, si en un grupo de procesados hay personas que no han cometido delito alguno con anterioridad, sería tremendamente injusto y, aún más, contraproducente para su rehabilitación que por el solo hecho de actuar en grupo, lo que a menudo es producto más de la irreflexión que de la voluntad de delinquir, se les “cargara la mano” con la disposición en comento. Como dije, yo habría sido partidario de que al factor de la multiplicidad de procesados por el mismo hecho se agregara el de que el imputado tenga antecedentes de delitos anteriores. Como esto ya no es factible, de aprobarse la solicitud de división de la votación, votaré en contra de ese factor. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, dado que nos encontramos en la discusión general, Su Señoría puede formular indicación y hacerla llegar a la Mesa. El señor BOENINGER.- Gracias. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, lamentablemente, al inicio de la discusión del proyecto me encontraba fuera de la Sala y no pude entregar el informe correspondiente, por lo cual doy disculpas. En todo caso, entiendo que esa labor fue cumplida satisfactoriamente por otros señores Senadores integrantes de la Comisión. Como se ha señalado, esta iniciativa surgió de la inquietud por la falta de seguridad pública -o seguridad ciudadana, según la interpretación de algunos- frente a un hecho que, si bien no está demostrado estadísticamente, pareciera ser real: que las personas que obtienen fácilmente la libertad provisional vuelven a delinquir tras obtener este beneficio. Eso, aparte producir una sensación de burla, sobre todo entre las víctimas y sus familiares, genera una desconfianza muy grande en la justicia. Ocurre particularmente en sectores poblacionales, donde a veces los responsables de un delito, al lograr la libertad provisional, regresan y amenazan a los denunciantes o a los testigos del hecho. Y esto suscita dudas respecto de las apreciaciones sobre las bondades del referido beneficio. Por ese motivo, los Diputados señores Mario Bertolino, Aldo Cornejo, Sergio Elgueta, Alberto Espina, Haroldo Fossa, Zarko Luksic, Waldo Mora, Osvaldo Palma y Baldo Prokuriça presentaron una moción destinada a perfeccionar las normas sobre libertad provisional de manera tal que, por su estrictez, proteja a las personas de la delincuencia. Al comienzo de su tramitación en el Senado, la iniciativa pertinente fue modificada en forma bastante significativa por el Ejecutivo, en atención a que el texto aprobado por la Cámara de Diputados contenía normas de dudosa validez constitucional. Vale la pena recordar que el el artículo 19, número 7º, de la Constitución, en su letra e), establece que la libertad provisional procederá “a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.”. En consecuencia, la ley no puede, por ejemplo, presumir que ciertas conductas son atentatorias contra esos principios, lo que constituía parte de los contenidos de la propuesta original de la Cámara de Diputados, que, en tal sentido, estaba restringiendo las atribuciones que, conforme a la Carta, tiene el juez para, en forma soberana, determinar en qué circunstancias se dan los presupuestos fundamentales para denegar la libertad provisional. Aquí están jugando, por un lado, el principio de inocencia, que nuestra Constitución reconoce a toda persona mientras no sea condenada (ello ocurre sólo cuando hay sentencia definitiva), versus la seguridad ciudadana, cuando se trata de personas cuya libertad, por la peligrosidad que revisten, puede generar males mayores que el perjuicio causado por su eventual detención arbitraria. En este difícil equilibrio se movió la Carta Fundamental y estableció en qué circunstancias es posible limitar la libertad provisional. Así, lo que ha hecho el proyecto, y particularmente a partir de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, es fijar ciertas normas, ya consignadas como posibilidad por la propia Constitución, para regular la modalidad de otorgamiento de la libertad provisional. Porque la misma Carta, en la frase final del inciso que regula esta situación, dice que “La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”. De modo que algún espacio de movimiento tenemos. Y eso es lo que ha intentado el proyecto. Los aspectos centrales de la iniciativa son, en primer lugar, disponer que la resolución que otorgue la libertad provisional y aquella que determine su apelación o consulta han de ser fundadas. Este es un elemento extraordinariamente positivo, que apunta en la dirección correcta, pues parte de las inquietudes surge porque algunas Cortes de Apelaciones han ejercido la atribución en forma masiva, lo cual implica dificultades para disponer de verdaderos antecedentes antes de resolver sobre decenas de libertades provisionales, por la imposibilidad de un análisis pormenorizado para apreciar su base de sustentación. En segundo lugar, el proyecto enuncia algunas de las circunstancias que el juez debe considerar para estimar cuándo la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad. Y ése, en mi opinión, es un aspecto muy positivo, porque implica un procedimiento al que debe ceñirse el magistrado para establecer la peligrosidad que reviste ese individuo. Aquí se evitó disponer que ciertas circunstancias determinen necesariamente la imposibilidad de otorgar la libertad provisional, pues eso atenta contra la disposición constitucional antes referida. En ese sentido, el obligar al magistrado a que considere ciertos factores parece una modalidad factible de seguir, porque siempre lo deja con atribución para otorgar el beneficio. Siempre se podrá objetar que el juez tenga dicha atribución. Pero eso ya no es cuestión de la ley, sino que debe dar origen a una reforma constitucional, que no es lo que tenemos en nuestras manos. En tercer lugar, para los efectos de conceder la libertad provisional, se obliga al tribunal a requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación antecedentes del detenido. Ello permitirá saber si éste tiene currículum penal -por así decirlo- o antecedentes negativos que hagan mirar con más atención antes de otorgar el beneficio. Y también se obliga a aquel Servicio a proceder rápidamente, con lo cual se garantiza que el trámite no demore el otorgamiento del beneficio en los casos donde no hay dificultades para ello. Finalmente, el proyecto contempla que las causas se radicarán en el tribunal que conoció por primera vez los recursos. Esto es importante, porque, como el recurso es objeto de más facilidades en algunas salas, tal radicación impedirá burlar los procedimientos y buscar acomodos para segundas o terceras vistas. De esta manera se asegura que sea el tribunal designado por sorteo el que finalmente determine lo que procede en cada caso, con independencia de la bondad que pueda tener cierta sala. Señor Presidente, creo que los elementos que contiene el proyecto son en general positivos, favorables. Probablemente, no bastarán para evitar la situación que dio origen a esta iniciativa de ley. La Comisión pidió antecedentes a Carabineros, a Investigaciones, e incluso a Gendarmería, acerca de si existe relación entre personas con libertad provisional y grados o índices de delincuencia. Empero, no obtuvimos respuesta. No hay estudios que permitan hacer una correlación. Por consiguiente, el ser más estrictos en el otorgamiento de la libertad provisional no tiene, lamentablemente, un fundamento objetivo. Se basa en apreciaciones que reflejan la inquietud de la ciudadanía, la preocupación de las autoridades, pero no en datos estadísticas que avalen este paso de mayor rigurosidad en la concesión de ese beneficio. Y es importante que así sea, porque, tal como es muy negativo que se deje en libertad a alguien que efectivamente pueda ser el autor de un delito, también lo es que se sancione a un inocente. Y esto es lo que procura la garantía constitucional a que me he referido. Por eso, hay que ser especialmente cuidadoso en los pasos que se dan. Pienso que en el estudio de este proyecto se ha procedido así, corrigiéndose determinadas normas que traía el texto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, al aprobar la iniciativa (me parece que es el espíritu del Senado, como lo fue de la Comisión), es necesario ser cautos, para no generar demasiadas expectativas en la ciudadanía. Por este solo hecho no se van a resolver los problemas. Porque los jueces, en muchas ocasiones, igual van a tener que otorgar la libertad provisional. Por tanto, es posible que, a pesar de las circunstancias que hoy día agreguemos, no se evite que un delincuente reciba ese beneficio y luego se vea envuelto en nuevas situaciones delictuosas. Ésta es una situación muy compleja. Si queremos afrontarla decididamente, debemos abordar una reforma de la Constitución y establecer el beneficio de otra manera. Pero ésas son palabras mayores y pueden significarnos problemas de otra envergadura, respecto precisamente del principio de inocencia, que también se halla involucrado en esta cuestión. Con todas estas puntualizaciones y reiterando la necesidad de no sembrar demasiadas expectativas en la ciudadanía, anuncio mi voto favorable. Y como sé que hay inquietudes diversas, manifestadas ya por algunos, acerca de aspectos puntuales de los contenidos del proyecto, sugiero abrir un período para presentar indicaciones y luego realizar un debate en particular más afinado, con el objeto de estar seguros de que los pasos que estamos dando serán positivos para los fines que se persiguen. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bitar, último orador inscrito. El señor BITAR.- Señor Presidente, las dos propuestas de modificación de los incisos segundo y quinto del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal van, a mi juicio, en la dirección correcta; es decir, proporcionar al juez criterios más específicos para otorgar la libertad provisional y, también, obtener una información más precisa sobre las personas imputadas, para que la decisión sea eficaz. En tal sentido, uno de los principales problemas es que el juez que decide la concesión del beneficio de la libertad posee insuficiente información acerca de los imputados y, muchas veces, no está en condiciones de hacer predicciones fundadas acerca del comportamiento que éstos van a observar mientras se encuentren en libertad. Los estudios que he revisado demuestran que existen características determinantes en la predicción del comportamiento de los imputados, tales como el tipo de delito de que se los acusa, la edad, la condición de reincidentes, entre otras. A mi juicio, la sistematización de estos antecedentes permitiría a los jueces adoptar decisiones más fundadas. Por otro lado, la adopción de medidas denominadas “de control intermedio” les proporcionaría herramientas adicionales para asegurarse de que los procesados estén siempre disponibles para los procedimientos en que su presencia sea necesaria. Al aprobar en general el proyecto en debate, quiero señalar, también, que debemos dar pasos adicionales. En lo personal, sugiero avanzar en la creación de una oficina técnica de libertad provisional, que recopile y sistematice el tipo de información descrito, y desarrolle y aplique modelos predictivos del comportamiento de los procesados. Podría, además, velar por el cumplimiento de las medidas intermedias de control. Ello sería coherente con el nuevo procedimiento procesal penal que se encuentra en estudio. Además, se contempla ofrecer al imputado medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva: arresto domiciliario; sujeción a la vigilancia de una institución o persona determinada; obligación de presentarse periódicamente ante el juez; prohibición de salir del país, de asistir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, etcétera. La oficina técnica referida podría depender de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo cual supondría modificar el mismo artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, agregando la obligación de los jueces de pedir estos informes ante una solicitud de libertad provisional. Ello, sin duda, significaría un importante progreso, que va en la misma línea de lo que establece el proyecto en debate. En efecto, ésa sería una manera de sistematizarlo, de organizarlo, de asemejarlo a la realidad de otros países más avanzados que el nuestro en estas materias. Dicho lo anterior, quiero agregar que también votaré favorablemente la indicación de los Senadores señores Parra y Hamilton, destinada a eliminar la última frase del inciso segundo del artículo 363 propuesto en el proyecto, que señala: “y la multiplicidad de procesados por el mismo hecho”, por los argumentos expresados por el Honorable señor Boeninger. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación general el proyecto. --(Durante la votación). El señor ABURTO.- Señor Presidente, tal como se ha expresado aquí en forma repetida, de acuerdo con nuestra Constitución la libertad de los detenidos y procesados es un derecho o un beneficio, como quiera llamárselo. Está entre las garantías que otorga el artículo 19 de la Carta, el cual dice que aquélla procederá a menos que el juez considere que la detención o prisión es necesaria para las investigaciones del sumario o que la libertad es peligrosa para la seguridad del ofendido o de la sociedad; y, asimismo, que “La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”. Es decir, da a la legislación un campo de acción en este orden de cosas. A mi juicio, el proyecto se mueve dentro de ese ámbito que la Constitución otorga a la ley para regular las limitaciones que se establecen a la libertad provisional que puedan decretar los jueces. En efecto, la iniciativa apunta a regular la segunda limitación; o sea, cuando se estima que la libertad del imputado representa un peligro “para la seguridad del ofendido o de la sociedad”. En este caso, la ley no ha hecho otra cosa que orientar a los jueces cuando se estima que hay una limitación de este tipo. Creo que el proyecto apunta justamente en esa dirección. No hay ningún obstáculo para que se regule el otorgamiento de la libertad provisional en los casos a que se refiere la Constitución en esa segunda limitación. Por tal motivo, señor Presidente, voto a favor. El señor CANESSA.- Señor Presidente, he leído atentamente el informe de la Comisión. Una vez más, ha realizado un trabajo profesional muy competente, que en este caso ha permitido mejorar sustancialmente el proyecto, restringiendo el acceso a la libertad provisional pero sin desnaturalizar la esencia de ese derecho. Sin embargo, en cuanto a la idea matriz del proyecto, no deja de ser preocupante que, como consecuencia del alarmante deterioro que ha tenido la seguridad ciudadana en la última década, se sigan presentando iniciativas legales de emergencia, encaminadas a mitigar sus consecuencias, pero sin rozar siquiera las causas que han motivado el dramático deterioro de la calidad de vida de la población. Así, por ejemplo, se encuentra en trámite una iniciativa que, desconfiando del Poder Ejecutivo, limita severamente su facultad de indultar. Y ahora, desconfiando del poder jurisdiccional, se busca limitar la facultad que la Constitución le otorga, en forma privativa, para apreciar discrecionalmente los hechos que no hacen aconsejable otorgar la excarcelación, como lo señaló la Excelentísima Corte Suprema en su informe a la Comisión. En ambos casos, se pretende que la ley reemplace el criterio de la autoridad. En síntesis, nuevamente estamos evitando abordar el problema en su raíz; más bien lo estamos rodeando cuidadosamente. Lo innegable es que los ciudadanos tienen miedo. Perciben que se encuentran indefensos porque el Estado está siendo desbordado por la delincuencia. Las causas de este desastre son complejas y, en alguna medida, se hallan vinculadas al acelerado proceso de cambios que ha sufrido la sociedad chilena durante el último tercio del siglo. Pero, quizá, el factor que en concreto más ha contribuido al desvanecimiento de la seguridad ciudadana sea la pérdida del sentido de autoridad, un fenómeno turbador, por decir lo menos, que ha erosionado los equilibrios básicos de muchos ámbitos de la comunidad nacional en los últimos años. ¿Necesitaré recordar cuánto hicieron algunas fuerzas políticas, durante años, para desestabilizar al Gobierno y desprestigiar a la autoridad? En ese orden de consideraciones, la iniciativa en estudio no ofrece un avance sustantivo hacia la solución del problema de la seguridad ciudadana. Pero considerando que no agrava las condiciones sociales, políticas e institucionales que nos han arrastrado hasta el punto en que hoy estamos, ni tampoco atenta significativamente contra la libertad personal, que en este caso es el bien jurídico protegido, votaré favorablemente el proyecto. Voto que sí. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, voy a votar al final porque quiero escuchar la fundamentación del Honorable señor Viera-Gallo. Entiendo que se opuso a la iniciativa en la Comisión y su ilustrada opinión puede influir en mi voto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como se encuentra a su lado, puede solicitarle la información. El señor LARRAÍN.- Junto con votar a favor del proyecto, quiero dejar constancia de que el informe de la Comisión de Constitución fue adoptado por unanimidad. El señor NÚÑEZ.- Me pronunciaré al final, señor Presidente. El señor ROMERO.- Votaré afirmativamente el proyecto, en el entendido de que la Comisión lo aprobó por unanimidad, y particularmente porque, por las argumentaciones planteadas e informes que he leído, no se está frente a la desnaturalización de ningún principio básico de derecho libertario. Por el contrario, se trata de perfeccionar las normas para que este principio pueda ser bien ejecutado y complementado. Voto a favor. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, esta materia debería ser tratada en concordancia con la reforma procesal penal en tramitación. No resulta conveniente legislar anticipadamente a esa enmienda, sobre todo si se tiene en cuenta que, como subsistirán dos tipos de procedimientos, habrá situaciones distintas, según si los delitos se cometen en diferentes fechas. En segundo lugar, quiero recordar que esta materia ya fue modificada hace unos años por el Parlamento, con una decisión bastante unánime. Sin embargo, una vez más no ha dado resultado, lo cual nos debe mover a reflexión. En el fondo, ¿qué se está cambiando? En primer lugar, se dice que el juez, para conceder la libertad provisional, "deberá" considerar una serie de factores. La ley actual dispone que el juez "podrá" considerarlos. ¿Cuál es la diferencia entre "podrá" y "deberá"? ¿Qué pasa si el juez no los considera? ¿O qué sucede si el juez los considera de una u otra manera? O sea, pensar que se va a producir un cambio sustantivo por el hecho de reemplazar una forma verbal -"podrá"- por otra -"deberá"- me parece algo un tanto ingenuo; o bien, por parte de algunos de sus autores, que no son Senadores, se quiere hacer de esto una bandera de propaganda política. A su vez, la última frase del número 2) es bastante compleja, porque dice que se tiene que atender a "la multiplicidad de procesados por el mismo hecho.", lo que, en el caso de un numeroso grupo de detenidos, puede conducir a flagrantes injusticias: puede ser que no se le otorgue la libertad provisional a unos, se les conceda a otros o no se le dé a nadie, porque hay muchos. En cuanto a que la resolución debe ser fundada, ello ya está establecido hoy día en un artículo distinto. Entonces, no hay ningún cambio al respecto. En lo que se refiere al número 3), ¿cuál es la diferencia? El actual número 3) señala que "El juez, en caso que estime necesario conocer los antecedentes del detenido o preso para concederle la libertad provisional, requerirá del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el medio escrito u oral que estime más conveniente y expedito, la información pertinente". ¿Y qué decimos ahora? Que deberá requerir los antecedentes y que tiene que hacerlo él personalmente. En verdad, los jueces merecen más respeto. ¿Por qué el juez poco menos tiene que marcar el teléfono y hacerlo oralmente él? Porque la norma que se propone establece que "Sólo estarán autorizados a solicitar oralmente la información mencionada el juez o el secretario". Por esta vía legal, queremos terminar con una mala práctica: que los jueces o no solicitan la información al Servicio de Registro Civil e Identificación o lo hacen por medio del actuario. ¿Piensa algún señor Senador que, por el hecho de que se disponga en la ley que el juez debe solicitar personalmente la información, ello se puede controlar? ¿Cómo se puede controlar? En realidad, eso es algo extremadamente ingenuo. La reforma procesal penal va al fondo del problema: cambia el sistema, otorga más recursos, establece un fiscal, quien puede oponerse a la libertad provisional. Y eso se va a alegar ante un juez de garantía. Es ahí donde la sociedad estará más defendida frente a una posible manga ancha de los tribunales para otorgar la libertad provisional. Pero los cambios cosméticos que se proponen a través de esta iniciativa no alteran en absoluto el sistema existente. Sólo servirán para que en la prensa alguien aparezca diciendo: "Hay mano firme contra la delincuencia". Pero todo va a seguir exactamente igual. Además, se puede llegar a una situación más compleja, porque, sobre la base de estas normas, se está decidiendo cuál es el sistema de libertad provisional que se contemplará en la reforma procesal penal. Como lo señaló el Presidente de la Comisión de Constitución, Honorable señor Larraín –si recuerdo bien-, sería absurdo legislar de una manera hoy y dentro de un mes, cuando llegue a la Sala la reforma del Código de Procedimiento Penal, sostener un criterio diferente, y yo aspiro a que en esa oportunidad se apruebe un criterio distinto en materia de libertad provisional. Permítanme decir algo sin ánimo de polemizar. Creo que alguien lo señaló un poco en broma en la Comisión y pienso que es ilustrativo. Si mañana el General Pinochet estuviera en Chile y solicitara libertad provisional, es muy posible que no se la otorgaran, debido a que el sistema que se propone, es, según se pretende, muy estricto. Siempre hay que ponerse en el caso de que uno sea el imputado por el delito. Puedo ser yo, un pariente, mi hijo, los que podemos ser injustamente inculpados el día de mañana. Entonces, hay que buscar una solución equilibrada, que la Constitución entrega soberanamente al juez. Creo que la resolución de fondo en esta materia no reside en el sistema actual, sino en la reforma procesal penal, que establece un fiscal que va a luchar contra la libertad provisional. Por eso, voto que no. El señor GAZMURI.- Me ha convencido el Honorable señor Viera-Gallo. Voto en contra. El señor HAMILTON.- Este proyecto es provisional, rige prácticamente hasta que entre en vigor la reforma judicial. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No se requieren explicaciones. Estamos en votación, Su Señoría. El señor LAGOS (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (32 votos contra 4). Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vega, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés). Votaron por la negativa los señores Gazmuri, Muñoz Barra, Núñez y Viera-Gallo. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para formular indicaciones el 4 de octubre, a las 12. Acordado. Restan tres minutos para que termine el Orden del Día. Por lo tanto, propongo comenzar la hora de Incidentes y continuar la discusión de los proyectos en la sesión de mañana, en el orden acordado por los Comités. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. ______________ --Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor FERNÁNDEZ: Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, sobre VINCULACIÓN ENTRE PUERTO WILLIAMS Y ALMANSA, ARGENTINA (DUODÉCIMA REGIÓN). Al señor Ministro de Obras Públicas, acerca de EXTENSIÓN DE CARRETERA AUSTRAL A PUERTO WILLIAMS (DUODÉCIMA REGIÓN). Del señor STANGE: Al señor Ministro de Obras Públicas, referente a CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES DE REGIÓN DE LOS LAGOS. Del señor ZALDÍVAR (don Adolfo): Al señor Ministro de Agricultura, respecto de ACTUACIÓN DE SAG DE UNDÉCIMA REGIÓN EN INVESTIGACIÓN SOBRE VACUNACIÓN CONTRA BRUCELOSIS. Al señor Ministro de Minería, relativo a SITUACIONES QUE AFECTAN A PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. ______________ El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En Incidentes, los Comités Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de la palabra. Corresponde el turno del Comité UDI e Independientes. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, cedemos nuestro tiempo al Senador señor Vega del Comité Institucionales 1. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vega. CARTA DE SENADOR SEÑOR PINOCHET A PRESIDENTE DEL SENADO El señor VEGA.- Señor Presidente, en verdad, a mí y a todos nosotros nos preocupa la situación que vive el Senador señor Pinochet en Londres, por diversas razones y porque últimamente ha llegado al extremo de afectar en forma muy directa su salud, más aún si consideramos que ni siquiera hay vestigio de la fecha en que comenzará el proceso de extradición –podría iniciarse a finales de noviembre y durar años- y, malamente, de cuándo puede terminar. La situación es sumamente oscura. Creo que todos hemos expresado –el Gobierno y la Cancillería-, aquí y en muchas partes, la injusta retención del Senador señor Pinochet en Londres y las actitudes de los Gobiernos de España e Inglaterra. Señor Presidente, yo había preparado una intervención al respecto. Sin embargo, Su Señoría nos hizo llegar copia de la carta que envió el Senador señor Pinochet, la cual dice muchas cosas y es muy profunda. El Honorable señor Pinochet ha sido un actor primerísimo en todos los cambios y transiciones llevados a cabo desde 1973 en adelante. Efectuó un plebiscito en 1988, que se desarrolló en forma impecable; hizo entrega del Gobierno en 1990, también de modo intachable; fue Comandante en Jefe del Ejército y subordinó la profesionalidad y vocación de esa Institución y de las demás ramas de las Fuerzas Armadas al escalón político, sin ningún inconveniente. Hemos llegado hasta ahora haciendo todos un esfuerzo enorme por alcanzar la reconciliación. Por eso, señor Presidente, si me lo permite, me ha parecido más oportuno dar lectura a dicha carta. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por supuesto, señor Senador, dentro del tiempo que le corresponde. El señor VEGA.- Ella dice lo siguiente: “Virginia Water, 11 de septiembre de 1999. “Lejos de la patria, como consecuencia de una injusta detención; pero con el corazón puesto en Chile, he creído conveniente entregar un testimonio, en momentos que se observan en el país alentadoras señales en procura de restañar heridas del pasado que no se han podido cicatrizar. “Lo expreso como el actor que, a raíz del colapso de los consensos básicos, el quiebre de la institucionalidad y los requerimientos mayoritarios de los principales sectores de nuestra sociedad, le correspondió encabezar la importante misión de asumir la conducción política del país. “En esa perspectiva, a las Fuerzas Armadas y Carabineros se les han imputado determinadas acciones, acaecidas en un ambiente de violencia y lucha armada difícil de comprender ahora con las concepciones y modelos de vida que en el mundo y en Chile se han impuesto, exigiéndoseles respuestas a interrogantes que no pueden satisfacer en los términos que se les demandan. “No obstante lo anterior y conociendo de su firme compromiso con los superiores intereses nacionales, no me cabe duda que harán todos los esfuerzos necesarios que contribuyan a la unidad de los chilenos, como también tengo la certeza lo harán, con mayor propiedad, quienes hemos pasado por sus filas, testigos de momentos que para las actuales generaciones no es fácil reconstituir. “Sin embargo, en el proceso de revisión histórica, indispensable de efectuar en Chile, es imperativo cautelar el honor de dichas instituciones, mantener el apoyo de la sociedad a la cual se deben y evitar juicios descalificatorios. “La serena reflexión a la cual me he visto obligado en estos largos y duros meses lejos de la patria, me permite estar en condiciones de emitir un juicio como el previamente expuesto, que sólo busca contribuir a la concordia nacional. “Durante ellos, resignado por mi confianza en Dios, percibo cada vez más cerca el ocaso en que mi contribución pudiera ser útil para permitir sea pronto una realidad aquello que, por diferentes circunstancias, no me fue posible lograr en el ayer, como tampoco lo ha sido para los Gobiernos que me sucedieron. “Estoy convencido que todo resulta posible cuando existe la voluntad de vencer obstáculos atentatorios contra el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad, cuyos orígenes se remontan a críticos episodios de su historia. “Fundamento mi convicción en mis propias experiencias frente a situaciones complejas que debí enfrentar y solucionar con la generosidad de los chilenos, como lo fueron, principalmente, las tensiones internacionales de la década del setenta, las crisis económicas, la reconstrucción de la democracia y la entrega a Chile de una institucionalidad moderna y sólida. “Dentro de ese contexto, una de mis principales preocupaciones fue la preservación de la paz para evitar víctimas inocentes a consecuencias de la guerra, como asimismo mi permanente espíritu de generar condiciones de vida orientadas a superar las dramáticas confrontaciones que nos separaron. “Cada una de ellas parecían tareas imposibles. Sin embargo, tuvimos la fortaleza para asumirlas, enfrentarlas y salir airosos, lo que permitió que juntos construyéramos las bases políticas, económicas y sociales que hoy identifican a Chile como un país capaz de alcanzar el desarrollo pleno. “Sería lamentable que, confundidos por dolorosas e irreversibles situaciones del pasado, no lográramos llegar a ese objetivo. “Desde estas distantes latitudes, hago fervientes votos para que todos los chilenos contribuyan al encuentro con la verdad de la historia y la auténtica unidad del país, que únicamente puede surgir de las más profundas y sublimes virtudes del espíritu. “A dicho esfuerzo estoy dispuesto a sumarme, aunque mis capacidades se vean limitadas por las circunstancias en que me encuentro. “En ese ánimo, declaro sinceramente que en mi alma no existen odios ni rencores. Es más, el dolor de quienes han sufrido no me fue ajeno en el pasado y menos lo es hoy. Lamento todas las situaciones de beligerancia y hechos de violencia que lo causaron. “¡Ésta es una tarea de todos y es el momento de asumirla con una actitud distinta! “No podemos negar que quienes, hasta ahora, hemos sido protagonistas de este período de nuestra historia, no hemos sido capaces de materializar iniciativas suficientes, generosas y creativas que eviten traspasar el problema a generaciones que merecen disfrutar el Chile verdadero que, sin duda, ya ha sido construido. “Lo hago en mi condición de soldado, sin buscar protagonismo alguno, forjado en los valores y principios de la carrera de las armas, uno de cuyos imperativos es asegurar la soberanía y la unidad nacional. “Lo hago pensando en el bien de las generaciones presentes y del mañana, anhelando que cada familia de mi patria, a la que sigo y seguiré amando más que a mi propia vida. “Lo hago, por último, en circunstancias particularmente difíciles, cercano al límite de mis fuerzas, rogando a Dios que ilumine a quienes tienen la responsabilidad de conducir los superiores destinos del país para que propicien todo aquello que permita la pacificación y el reencuentro entre los chilenos.”. Muchas gracias, señor Presidente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde el turno al Comité Renovación Nacional. El señor MARTÍNEZ.- Aún nos queda tiempo, señor Presidente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité UDI e Independientes se lo había cedido al Senador señor Vega. El señor LARRAÍN.- No tenemos ningún inconveniente en permitir que usen el tiempo que resta los Honorables señores Martínez y Canessa, si les es suficiente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Canessa. SENTIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 El señor CANESSA.- Señor Presidente, intervengo en la hora de Incidentes de esta sesión para referirme a un hecho político trascendente; para señalar lo que a mi juicio constituye el auténtico sentido del 11 de septiembre de 1973, cuyo vigesimosexto aniversario ha recordado el país hace pocos días. Me parece importante tener claridad sobre el particular, porque se trata de un acontecimiento del mayor interés público. En definitiva, la actual legitimidad del orden político del Estado de Chile y la existencia misma de este Senado, sin ir más lejos, descansan en el triunfo alcanzado en ese día memorable por la nación chilena y son consecuencia de él. El 11 de septiembre de 1973 merece ser recordado -¡tiene que ser recordado!-, porque afianzó la independencia de nuestra patria, librándola de convertirse en un satélite de la Unión Soviética. Mientras otros pueblos sucumbieron a los designios de la superpotencia totalitaria que por entonces, en plena guerra fría, parecía a punto de alcanzar el dominio del mundo, Chile, apoyado únicamente en sus propias fuerzas, se conservó fiel a sí mismo y prevaleció. Pero ¡qué cerca estuvimos de caer en la postración máxima! En efecto, el odio sembrado en nuestro país a lo largo de muchos años se había materializado en una década revolucionaria, degradando la vida política de la patria. Durante esos años, frenéticos por la exasperación de los más utópicos sueños, el derecho, la democracia y la convivencia social fueron sacudidos y pulverizados. En 1973, Chile había perdido su razón de ser y avanzaba hacia un futuro gris, chato y humillante. Sin embargo, la población, amenazada por los extremistas que habían ido convirtiendo la violencia en un arma política desde 1965 en adelante, no se resignaba. Conservaba la esperanza. En la desgracia, permanecía intacta la energía del patriotismo, energía que aquel 11 de septiembre animó la rebeldía de los hombres libres. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, actuando de acuerdo con su conciencia y en nombre de la nación chilena, a cuyo servicio están, procedieron al rescate de la chilenidad, amenazada por un sistema ideológico ajeno a su tradición secular y totalitario por definición. Al ir resueltamente tras la meta que une a todos los hijos de esta tierra -¡la libertad!-, sus hombres de armas evitaron una guerra civil cuyas consecuencias habrían sido devastadoras. Al mismo tiempo, con su acción decisiva inauguraron un período fundacional que nos devolvió a todos el honor. Bajo su conducción se restauró la moral pública, base del sistema económico, político e institucional que hoy rige los destinos de la República. Además, el 11 de septiembre demostró al mundo que el comunismo no era un mal irreversible, y sirvió de ejemplo a otros pueblos en su lucha por la libertad y la dignidad. Señor Presidente, una propaganda mentirosa e incansable pretende hacer creer a la opinión pública que el 11 de septiembre es una fecha que divide a los chilenos. Nada puede estar más lejos de la realidad. La división de los chilenos ocurrió antes, y no por casualidad, sino como resultado de una política de odios concebida lejos de nuestras fronteras y, luego, servilmente aplicada, en el marco de una contienda planetaria donde los poderosos nos habían asignado un lugar de campo de experimentación que ellos jamás aceptarían para sus propios países. Pero la verdad, que ya está prevaleciendo entre los espíritus más ecuánimes y lúcidos, indica que a partir de esa fecha fue posible recuperar los fundamentos de la nacionalidad y emprender, con fe y esperanzas renovadas, lo que hoy a todos nos enorgullece y hermana: una sociedad digna y decente, capaz de enfrentar el porvenir con una mirada limpia, ansiosa de un futuro grande y propio, como en los mejores días de nuestra bizarra historia. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Martínez. OPORTUNIDAD DE ENTENDIMIENTO A RAÍZ DE CARTA DE SENADOR SEÑOR PINOCHET El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, al dar lectura a la carta del Senador señor Pinochet y comentarla en la reunión de Comités celebrada hoy en la mañana, pensé que era la oportunidad para que el Senado, como Corporación, se uniera en torno al espíritu positivo que ella trasunta y manifiesta. Desgraciadamente, esto no fue posible. La idea central inicialmente planteada fue que el Presidente del esta Corporación diera cuenta a la Sala, en pleno, con asistencia de todos los señores Senadores, de una carta enviada por otro señor Senador que, como sabemos, se halla secuestrado por el Reino Unido, en lo que yo he definido como “delito de secuestro de Estado”, un delito internacional que en algún momento debe normarse. En mi opinión, ésa era la oportunidad para que la Corporación se uniera, aunque fuera con el objeto de escuchar el contenido de la carta, ni siquiera para compartirla, porque respeto los puntos de vista contrarios o de personas que no piensan igual. Pero ello tampoco ha sido posible. En verdad, para mí esto ha sido un dolor, ya que se abría y se abre una posibilidad de avanzar. Muchas veces se piden gestos a quienes pertenecieron al Gobierno militar, a las Fuerzas Armadas, a sus miembros en retiro que participaron en el régimen, a los ex Ministros de la época, etcétera. Pero cuando se presenta la ocasión de dar un paso, aunque sea pequeño, como asistir a la lectura de una carta en la sesión plenaria del Senado, y esto no sucede, pienso que se ha perdido una valiosísima oportunidad. Y ello, lógicamente, produce tensiones y posiciones demasiado opuestas. Deseo manifestar que en muchas declaraciones y dichos se menciona a la persona; pero cuando eso se hace, uno no está hablando de ella, sino del sentido de su Gobierno y de sus acciones. Señalo lo anterior porque aquí, con ese mismo enfoque, la lectura de la carta a los señores Senadores en pleno era una oportunidad. Cuando en la reunión de Comités se presentó la moción en tal sentido, estuve de acuerdo con lo planteado inicialmente por el Honorable señor Larraín, y sostuve que aun yo podía hacer un gesto, el cual consistía sencillamente en apoyar la decisión del Presidente del Senado, a pesar de que mi espíritu en ese momento concordaba con el planteamiento del señor Senador en el sentido de leer plenamente el documento. Además, pensé que había que dar un paso adicional. Si se hubiese leído la carta en esa circunstancia, no correspondía a ningún Senador –tal era y es mi ánimo- hacer algún otro comentario que pudiere provocar un debate. Desgraciadamente, respeto –reitero- la posición de los Comités y de los señores Senadores que pensaron en forma contraria, pero con esto se desperdició una oportunidad en el momento apropiado. Señor Presidente, insisto en que hoy día se ha perdido una oportunidad extraordinaria para meditar sobre ciertos acontecimientos y fortalecer la voluntad de dejarlos atrás y de buscar caminos de entendimientos y avanzar. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Cantero. REFLEXIONES EN TORNO DE MESA DE DIÁLOGO El señor CANTERO.- Señor Presidente, quiero hacer una reflexión acerca del espíritu que debe reinar en torno de la iniciativa que se lleva adelante en el país, materializada en una mesa de diálogo; y la que, al parecer, no pareciera tener desgraciadamente un referente que equilibre ese sentido y espíritu en esta Corporación. En efecto, la unidad nacional y la concordia que Chile necesita está afectada. Año tras año se retroalimentan querellas y reproches por el quiebre institucional de 1973 y sus consecuencias en materia de derechos humanos. Existen profundas heridas causadas por errores cometidos en el pasado y fruto de una cultura que no creía en la libertad del hombre. Por no aprender a escuchar las ideas y opiniones del otro, por no creer en el diálogo, por dejar de lado la tolerancia, la fraternidad, la caridad, la belleza y el conocimiento, herramientas que deben ser el entorno del hombre. La instalación de la mesa de diálogo significa un esfuerzo para sentar las bases de un reencuentro entre los sectores que protagonizaron la división, el odio y la intolerancia. Un porcentaje mayoritario de chilenos espera el acercamiento necesario y exigible a todos los sectores cívicos de nuestro país, con la esperanza de que esta mesa de diálogo entregue frutos de reconciliación. Ello representa un desafío para que los sectores involucrados eleven su espíritu y asuman las responsabilidades personales que a cada cual correspondió en los momentos en que ellos controlaron el poder. Bajo esta perspectiva, las nuevas generaciones tienen conciencia de que en esta crisis institucional que colapsó en 1973, ninguna persona que haya tenido participación en acciones contrarias a la institucionalidad o en la promoción de conductas incompatibles con el respeto, la fraternidad y la tolerancia, puede sentirse llamada para asumir autoridad moral sobre otros, unos porque causaron la crisis institucional y provocaron la violencia, y otros, porque en ese marco de circunstancias cometieron atropellos a los derechos humanos. La iniciativa del señor Ministro Edmundo Pérez Yoma, desde nuestro punto de vista, es una buena iniciativa, ejemplo de compromiso con los problemas cívicos del país. Ella ha logrado que, por primera vez, se encuentren en un ambiente de concordia y respeto, sectores que en el pasado se enfrentaron en descalificaciones dolorosas. Representan el espíritu trascendente del ser humano y, como tales, comienzan a buscar una solución a la problemática planteada a través del diálogo, el entendimiento y la tolerancia. Con ello, se está demostrando al país que en tales condiciones es posible poner frente a frente a los distintos sectores, a los distintos protagonistas. Cada cual con sus propias convicciones, para intercambiar sus puntos de vista y abrir un espacio de esperanza para conocer toda la verdad de las acciones cometidas durante el período más crítico de la convivencia nacional, en la crisis institucional y durante el Gobierno Militar. A lo largo de nuestra historia cívica, se advierten muchos momentos en que se han producido hechos que atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y siempre se han superado gracias a la intervención de los mejores espíritus y la capacidad de nuestros ciudadanos más destacados. A ellos debemos recurrir en esta hora, a nuestras autoridades morales y espirituales, a nuestros mejores ciudadanos, hombres y mujeres. Hoy sufrimos los efectos de uno de esos momentos. El caso de los detenidos desaparecidos es su expresión más elocuente. Pero también vimos que altos dignatarios de nuestro país en el pasado llamaron a la violencia, sin pensar que ese mismo llamado se volvería como un bumerán sobre sus propias familias, porque la violencia generó más violencia. Estos altos dignatarios promovieron el odio, la lucha de clases, gritaron la revolución del proletariado, la vía armada para el socialismo, pidieron paredón para los que no pensaban como ellos: “Sembraron vientos y cosecharon tempestades”. Nuestra sociedad debe aprender a guiarse de acuerdo con el principio de la tolerancia, para evitar innecesarios enfrentamientos. De lo contrario, algunos, irremediablemente, por ambos bandos, terminan rindiendo la vida por lo que creen correcto y justo. Cuando encontremos el humanismo, la sociedad podrá decir que estamos en el camino adecuado, impulsando una nueva forma de vida, con verdad y respeto mutuo, y con respeto también al pluralismo de las ideas. Un proceso de reconciliación, que en este momento está centrado en esta gran mesa de diálogo, lo miramos con esperanza, asumiéndolo como la semilla para que toda persona que quiera hacer un aporte a la concordia nacional se sienta con el imperativo moral primero de reconocer sus propios errores, para terminar esta cultura de odios y descalificaciones, que ha polarizado al país por más de 25 años y que la mayoría de los chilenos de bien quiere terminar. Por la búsqueda de la verdad, considero que esa mesa debiera estar integrada por sectores más amplios del quehacer nacional: familiares de detenidos desaparecidos, los militares en retiro que tienen algo que aportar; los partidos políticos y, por supuesto, los parlamentarios. Aun cuando es necesario precisar en justicia que tal mesa de diálogo es consecuencia de la iniciativa que se estaba desarrollando en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la que con altura y generosidad, con valer del bien, se ha puesto al margen, a la espera de que esta mesa que impulsa el Ministro Pérez Yoma, tenga éxito, gesto que yo resalto y valoro. Finalmente, estos casi treinta años constituyen un tiempo muy largo para seguir mirando hacia atrás, y resulta un imperativo nacional alzar la mirada hacia el futuro. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No va a hacer uso de la palabra el Comité Institucionales 1. --Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Hamilton. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Núñez. CARTA DE SENADOR SEÑOR PINOCHET A PRESIDENTE DEL SENADO El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, el Presidente del Senado, Honorable señor Andrés Zaldívar, ha recibido una carta, fechada en Virginia Water, del ex Comandante en Jefe del Ejército y actual Senador de la República, Augusto Pinochet. La hemos leído con atención, a pesar de que orgullosamente nos sentimos luchadores por la democracia y, en consecuencia, tenaces opositores a la dictadura que él encabezó. Al hacerlo hemos tratado de encontrar en ella signos que permitan avizorar un cambio sustantivo en una persona que se encuentra en situación muy especial y, como él mismo lo señala, en el ocaso de su vida. Hubiésemos querido encontrar en sus palabras una disposición cierta de contribuir al proceso de reencuentro entre los chilenos. Salvo en una frase donde reconoce haber sentido dolor por las víctimas de su régimen, lo cierto es que en el resto de la carta hay una serie de reiteraciones y planteamientos que no expresan una disposición manifiesta de contribuir al reencuentro de los chilenos. Las razones son variadas: 1.- El General Pinochet no es un analista de la historia. Él fue protagonista principal de una dramática situación en la que se pretendió extinguir a una parte significativa de compatriotas. Independientemente de que siempre es bueno y conveniente, como él lo señala, hacer una reflexión a fondo sobre nuestra historia -cuestión naturalmente a la que nos encontramos dispuestos-, esperábamos de esta carta gestos concretos de reparación y no de mera reflexión. Habría contribuido a aquélla que ella hubiera contenido expresiones que incitaran a las personas que poseen informaciones en relación con los detenidos desaparecidos a que las entregaran. Habría sido un gesto concreto de reparación que él hubiese solicitado a los jefes de recintos de detención de los muchos que hubo en el país que colaboraran en establecer el destino de cientos de chilenos. También habría sido positivo si él hubiese asumido su propia responsabilidad en los hechos ocurridos durante su Gobierno y manifestara su disposición a colaborar con la justicia. Por ultimo, hubiese sido un gesto concreto de unidad nacional y paz el haber anunciado su retiro definitivo de la política nacional. 2.- En dos párrafos distintos de la carta el General Pinochet insiste en justificar lo ocurrido señalando que en Chile se vivió una situación de “lucha armada”, expresando que una de sus preocupaciones fue “evitar víctimas inocentes a consecuencias de la guerra”. Estas palabras no son más que intentos justificatorios de una situación que, como la mayoría abrumadora de los chilenos tiene conciencia, no era como él señala. En Chile no hubo lucha armada. 3.- En su carta, el General Pinochet señala que es “imperativo cautelar el honor” de las instituciones armadas, cuestión que no se cautelaría, según su línea argumental, en caso de que éstas contribuyeran a la tarea de reparar los dolores infligidos y muy particularmente de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos. Tenemos visiones distintas en cuanto al honor tanto de las personas como de las instituciones. En mi opinión, coincidente con el mensaje de los pastores evangélicos el domingo pasado, ellas se engrandecen cuando reconocen sus errores y se empequeñecen cuando se mantienen en una defensa obcecada de los mismos. 4.- En aspectos sustantivos de la carta se manifiestan ambigüedades y contradicciones que debieran esclarecerse. Por un lado, se señala que a las Fuerzas Armas se le exigen “respuestas a interrogantes que no pueden satisfacer en los términos que se le demandan”, lo que algunos pueden entender como un mensaje para que sus representantes en la mesa de diálogo no asuman una actitud de apertura y colaboración. Y por otro lado, expresa su voluntad para “vencer obstáculos atentatorios contra el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad”. Esto es contradictorio, una y otra expresión lo son. También lo es cuando le señala a las Fuerzas Armadas que: “No me cabe duda que harán todos los esfuerzos necesarios que contribuyan a la unidad de los chilenos. Como también tengo la certeza, lo harán con mayor propiedad quienes hemos pasado por su filas. Testigos de momentos que para las actuales generaciones no es fácil reconstruir.”. Esta frase parece más una advertencia a quienes no tuvieron directa participación en los hechos que Chile viviera en la década del ’70, pues según ella no estarían en condiciones de ayudar al proceso de reconciliación. Eso, en nuestra opinión, también es contradictorio. El General Pinochet reconoce que “no hemos sido capaces de materializar iniciativas suficientes, generosas y creativas que eviten traspasar el problema a generaciones que merecen disfrutar el Chile verdadero que, sin duda, ya ha sido construido”. Esa frase también es contradictoria con lo anterior, en donde advierte que solamente son los que están en condiciones de ayudar al proceso de reconciliación quienes participaron directamente en los hechos de la década del 70. Lo más simple es que él hiciera un gesto claro de colaboración. En nuestra opinión, se perdió así una oportunidad de hacer una contribución, como muchos esperábamos, a la reconciliación, al entendimiento, a la unidad nacional y a la paz. El señor HAMILTON.(Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Deseo hacer algunas reflexiones no solamente respecto de la carta del General Pinochet -comparto los juicios emitidos al respecto por el Honorable señor Núñez-, sino también sobre algunas expresiones del debate que hemos escuchado esta tarde, particularmente las del Senador Canessa. En virtud de la importancia que le atribuyo al diálogo, no quisiera dejar pasar ciertas afirmaciones, y más que ellas la reiteración de intentar negar hechos que son evidentes. Es evidente que el 11 de septiembre divide a los chilenos. Puede que a algunos no les guste aquello. Pero, sin duda, que tal fecha provoca diferencias entre nuestros compatriotas, sentimientos encontrado; se reviven sentimientos en cuanto a hechos ocurridos hace muchos años, cuando algunos celebraron el golpe militar y otros fuimos brutalmente perseguidos y que, por lo tanto, lloramos la muerte de tantos amigos muy queridos y cercanos, partiendo, en mi caso personal, por el Presidente Allende. No se trata de vivir cobre el recuerdo del pasado; tampoco pueden los pueblos vivir sin memoria. Sin embargo, a mi juicio, si intentamos verdaderamente superar las profundas divisiones del pasado, no podemos negar los hechos o la realidad del otro; o intentar imponer solamente la parte de realidad que cada sector vivió y recuerda. Yo quiero llamar a nuestro colegas a ese ejercicio, el cual, sé, que no es fácil, tanto para unos como para otros; pero, salvo que queramos repetir palabras carentes de sentido, no podemos llamar a la reconciliación o a la unidad sin tener por lo menos una aproximación de constatar lo que ocurre. En tal sentido, me he sentido muy violentado -lo quiero decir con muchas franqueza y con mucho respeto- por algunas de las expresiones del Senador Canessa. Quiero hacer ahora una reflexión sobre los caminos que se abren al país. Al igual que el Senador Núñez, lamento que el General Pinochet haya desperdiciado la ocasión, desde su retiro involuntario, de hacer una contribución para enfrentar lo que en el país está ocurriendo. Y, a pesar de todas nuestras dificultades, en Chile están sucediendo asuntos que son o pueden ser alentadores, entre otros la mesa del diálogo. Primero, porque la sola existencia de ella, ya es una señal de que van cambiando algunas cosas; y segundo, por la franqueza y la calidad de lo que allí se ha dicho. Entiendo que la posición de los representantes de los actuales mandos de las Fuerzas Armadas en esa mesa no es simple; y valoro por lo tanto su disposición a estar en ella. En cualquier caso, quiero señalar que por lo menos todos los participantes que no son los representantes de los Comandantes en Jefe que cubren un amplísimo sector cultural y político en el país y que van desde hombres que se ubican cultural y políticamente a la derecha de nuestro espectro político, como el historiador Vial, y otros que se ubican en la izquierda, como pueden ser algunos de los abogados defensores de los derechos humanos. Creo que la civilidad allí representada expresa realmente un arco muy amplio. Allí se han ido estableciendo ciertos elementos que, a mi juicio, son muy importantes, pero no para construir la unidad nacional entendida como la uniformidad, porque vamos a vivir con interpretaciones distintas del pasado. Y eso es normal. No hay ninguna sociedad, plural y democrática, que tenga una sola visión del pasado, ni tampoco en Chile. Yo todavía soy de los chilenos que se ubican en al bando de los o'higginistas. Y hay algunos -ésta es una discusión que, sin duda, ya no la hacemos como en el siglo pasado- que más bien tienen una opinión negativa de O’Higgins y se ubican en la tradición historiográfica de los carreristas. Sobre eso habrá interpretación permanente; pero, sin duda, tanto O’Higgins como Carrera son figuras nacionales. No se pretende una interpretación común del pasado, ni se aspira a eso; pero sí creo que sobre nuestra historia reciente será muy difícil avanzar si tres de las cuestiones que han concitado la unanimidad de los participantes en la Mesa de Diálogo no se logran establecer. La primera es que, efectivamente, se produjeron violaciones masivas de los derechos humanos por parte del Estado. Ésa es una afirmación que la sociedad chilena necesita hacerse. Las causas y el contexto explican, ayudan, pero no eliminan ese hecho macizo. De no reconocerlo, la reconciliación de fondo será muy difícil. Hay un segundo elemento, más complejo: que lo dicho no pudo deberse solamente a excesos personales, porque hubo procedimientos y sistemas respecto de los cuales, si bien no dependieron necesariamente de los mandos de las Fuerzas Armadas, no puede negarse la existencia documentadísima de la DINA y de lo que ocurrió con ella. Considero necesario enfrentar esos hechos, que son dolorosos. La tercera afirmación fundamental es que deseamos construir una civilización donde ningún contexto justifique determinados crímenes. Ésa es la cuestión central. Pienso que el día en que todos digamos eso haremos una afirmación que permitirá construir un país donde efectivamente se generen las condiciones para una convivencia civilizada. Finalmente, deseo hacer, acerca de nuestra tradición de Izquierda, una reflexión que encierra un elemento de autocrítica, que es personal. No involucraré a nadie más. Durante un período de mi vida política tendí, si no a compartir, por lo menos a justificar violaciones de los derechos humanos en función de los contextos históricos. Por ejemplo, a lo largo de muchos años, si hacía una evaluación final sobre fenómenos de importancia histórica de este siglo, como la valoración de la Unión Soviética -hay cosas que escribí al respecto-, de alguna manera había, si no una defensa del estalinismo, por lo menos una comprensión del fenómeno en función del contexto histórico, del cerco que sufrió Rusia de parte de los países imperialistas después de la Primera Guerra Mundial, de las atrocidades del nazismo. Pero la verdad es que, por lo menos, la reflexión histórica larga que hemos hecho -reitero: larga- por parte de la Izquierda democrática chilena, si algo aprendimos (a veces, con dolor), es que la afirmación clara, tajante de determinados principios fundamentales requiere hacerse también tajantemente. Entiendo que a las Fuerzas Armadas, como instituciones, les cueste mucho hacer tal afirmación; no sé si sea por la forma de pedírselo. Se lo demandamos hoy día. Además, estamos pidiéndoles que hagan tal reconocimiento a mandos que no tuvieron que ver en los acontecimientos históricos ni tienen responsabilidad en ellos; pero creo que, por lo menos, como forma de reflexionar acerca de nuestra historia, en la medida que eso ocurrió en Chile, no podemos ocultarlo. Tampoco puede decirse que no sea un problema, porque ocurre que el tiempo no lo va curando solo. A veces, uno tiene la sensación contraria, esto es, la de que cuando las heridas no se tratan bien, el tiempo no sólo no las cura, sino que puede agravarlas. Después de casi treinta años, esta sociedad llega a la convicción de que si no somos capaces de enfrentar los problemas del pasado de otra manera, tampoco podemos pensar que sólo el tiempo nos ayudará a resolverlos. He dicho. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Corresponde su tiempo al Comité Institucionales 2. Tiene la palabra el Honorable señor Parra. El señor PARRA.- Señor Presidente, la carta del Senador señor Pinochet, cuya lectura me ha tocado escuchar ya en dos o tres oportunidades en el curso del día, no crea hecho político alguno; da cuenta tan sólo de su estado de ánimo, de su particular visión del pasado, de sus esperanzas, por todos compartidas, de que el futuro de Chile sea de unidad. Pienso que si en algo tiene razón en su planteamiento es en que no hemos encontrado fórmulas que nos permitan dirimir nuestras querellas respecto del pasado del país. Y en verdad no se necesita, como él reclama, un esfuerzo de imaginación ni de creatividad. Se requiere tan sólo utilizar las herramientas propias del Estado de Derecho y del sistema democrático. Estimo que es a través de la acción de los tribunales de justicia en aquellas múltiples situaciones de que están conociendo, y a través, ciertamente, del trabajo riguroso que puedan realizar los historiadores, que la verdad se establecerá y la aplicación del Derecho contribuirá, como herramienta de pacificación social que es, a concretar un clima más positivo en nuestro medio. Lo que hoy debemos a las generaciones jóvenes y a las futuras es justamente un compromiso con los valores de la democracia y con el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Es necesaria una actitud de real respeto al trabajo de los tribunales de justicia y de aliento para que se pueda llevar adelante nuestro propósito hasta sus últimos extremos. No lo plantea la carta, pero cuando se apela a otras formas de resolución de los conflictos que provengan del acuerdo político, lo que se está buscando es un tipo de punto final. Y eso nos parece no sólo éticamente inaceptable, sino políticamente inviable en nuestro medio. Por otro lado, en el párrafo final de la carta dirigida al Presidente del Senado, el Senador Pinochet invita a desarrollar actitudes que cooperen a fortalecer la democracia. Creo que en eso reside el gran reto. Y confío en que esa comunicación, que naturalmente llega con mayor fuerza a quienes han sido y siguen siendo sus seguidores, lleve a esos sectores a una actitud positiva frente al reto de consolidar una democracia real en Chile. Con esto quiero decir que así como en 1989, gracias a los movimientos sociales y políticos desarrollados en nuestra nación a partir de 1973, y particularmente en la década del 80, fue posible encontrar un camino de reconstrucción democrática, mediante el plebiscito que el año 1989 legitimó la Constitución de 1980 y la modificó para transformarla en un marco de transición, hoy nuevamente debemos estar abiertos a acudir al único árbitro confiable en un marco democrático para nuestras contiendas y nuestras diferencias presentes: el pueblo. Si se sigue desconociendo el principio de soberanía popular, si se sigue desconfiando de la voluntad popular, si se siguen cerrando los caminos de perfeccionamiento de nuestra institucionalidad democrática, evidentemente las tensiones se van a arrastrar en el tiempo, lo que no es deseable. He denunciado en esta Sala, con ocasión de proyectos de reforma constitucional que se han votado en semanas pasadas, lo peligroso e inconveniente que es el camino a que la Oposición ha precipitado al país: el de ir modificando semana tras semana la Constitución; el de generar un aparente ambiente de inestabilidad, y el de esquivar sistemáticamente las reformas de fondo en torno a las cuales se han presentado una y otra vez proyectos que ni siquiera son oportunamente informados para ser votados como corresponde en la Sala del Senado o de la Cámara de Diputados. Yo espero, pues, que la mirada de futuro que la referida carta contiene -que es su aspecto más positivo-, mueva realmente la voluntad de los sectores que han respaldado al General Pinochet, cuya cooperación se precisa para fortalecer la democracia, abriéndose a esos cambios aún pendientes entre nosotros, que son fundamentales para crear un clima de estabilidad institucional y un clima en el cual todos nos sintamos cabalmente partícipes. He dicho. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Restan 8 minutos y medio al Comité Institucionales 2. Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger. El señor BOENINGER.- Señor Presidente, en relación al tema en discusión, quiero hacer algunas reflexiones. En primer lugar, respecto de la visión del 11 de septiembre, es evidente que el ex General Canessa, el ex Almirante Martínez y todos los que de alguna manera participaron en aquel evento, deben tener una visión histórica muy positiva de lo ocurrido. Eso es perfectamente legítimo y respetable. Sin embargo, no contribuye a la solución de las dificultades que hoy día tratamos de superar -el problema de los derechos humanos-, la afirmación permanente (que no se ha modificado ni un ápice) de que los antecedentes previos al 11 de septiembre, como la violencia, la confrontación, el conflicto social y político, justificaron todo lo ocurrido después. Porque eso es lo que nos tiene bloqueados. Y mientras no se dé ese primer paso fundamental, será muy difícil avanzar hacia la solución del problema. En ese sentido, me parece que la carta del General Pinochet no representa ningún avance concreto, no es ninguna novedad, porque él se mantiene en esa misma tesis. En ella dice que “a las Fuerzas Armadas y Carabineros se le han imputado determinadas acciones,”, y que se les exigen “respuestas a interrogantes que no pueden satisfacer en los términos que se le demandan.”. No hay ninguna referencia a detenidos desaparecidos. Se desconoce si tales interrogantes se refieren a información o, a lo que más bien se entiende del contexto, a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en ese período. Por lo tanto, si queremos avanzar en esta materia, debe superarse la posición que sigue manteniendo en la carta el General Pinochet en cuanto a que todo es muy lamentable, pero que se justifica por el clima de violencia que precedió a ese período. Resulta mucho más relevante dar pasos que ayuden a establecer un puente con el entorno de las víctimas, como lo fueron las declaraciones del General Izurieta, del Almirante Arancibia, entre los militares. Y aquí me remitiré a algo que me parece básico si realmente deseamos avanzar, la Diputada señora María Pía Guzmán, de Renovación Nacional, en una entrevista reciente dice: “Esto lo he conversado con algunas personas del Ejército. Nosotros fuimos responsables de una omisión, de no haber dicho desde el principio que la DINA no era sustentable, que violaba los derechos más íntimos de las personas y que para nosotros eso no era sostenible.”. Y ante la pregunta: “¿Le parece posible que el Ejército haga la separación con los autores de violaciones a los Derechos Humanos?”, agrega: “El Ejército debe hacerla, porque las responsabilidades penales son personales y no del Ejército. Hoy esa institución reconoce que existieron violaciones, pero debe haber un paso más: rechazar a la DINA.”. Pienso que ese punto es absolutamente clave. Hay que pasar de la idea de que se trata de excesos cometidos por algunos individuos que actuaron aisladamente, porque éstos incluso se sentaban en escritorios vecinos de una misma institución. Hay que dar el paso de reconocer que estos individuos formaron parte de una entidad que actuó de determinada manera. Además, ello queda muy claro en la notable entrevista de “El Mercurio” del domingo pasado al General en retiro señor López Tobar, quien hace una descripción muy gráfica y fuerte de los acontecimientos, y explica cómo ocurrieron muchas de las violencias posteriores que se constituyeron en los crímenes de violación de derechos humanos. Entonces, aquí hay una frontera que se debe sobrepasar. En algún momento el entorno de las víctimas se dará cuenta de que es absolutamente utópico pretender verdad y justicia plenas, pero su posición será absolutamente inamovible mientras no exista por el otro lado la disposición de entregar la información que pueda allegarse respecto de los detenidos desaparecidos y, sobre todo, un reconocimiento de que no hubo simplemente excesos producto del clima de violencia anterior. Desde mi particular punto de vista, desgraciadamente la carta del Senador señor Pinochet no es una contribución, sino más bien un freno, porque congela las posiciones en el lugar en que han estado durante bastante tiempo. Estimo que otros planteamientos, algunos de los cuales he citado, están contribuyendo realmente a tratar de avanzar y establecer los puentes indispensables para pensar en superar este problema en algún instante. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo. ASILO PARA HABITANTES DE TIMOR ORIENTAL. OFICIO El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, todos recordamos que antes del 11 de septiembre de 1973 aparecieron rayados en las murallas que señalaban “Ya viene Yakarta”. Esto quería decir que venía algo así como una persecución muy fuerte, similar a la desatada tras el golpe de Estado en contra de Sukarno, en Indonesia. Llamo la atención del Senado en cuanto a que, en realidad, de nuevo ha llegado Yakarta, esta vez en Timor Oriental. Tenía preparada una intervención un poco más extensa, pero simplemente deseo expresar que en este minuto hay una persecución muy grande. Una vez que se realizó el referéndum de Naciones Unidas y el pueblo de Timor Oriental optó por la independencia, el Gobierno de Indonesia mandó las milicias paramilitares y se produjo una matanza generalizada. Cerca de 200 mil personas han huido a las montañas y 100 mil a Indonesia; más de 15 sacerdotes y 8 monjas han muerto en una semana, y se ha producido una situación intolerable. Solicito al Gobierno que abra las puertas de nuestra Embajada en Yakarta para que se asile gente en grave peligro de muerte. El principal líder del movimiento de Timor está refugiado en la Embajada inglesa, y muchas embajadas han abierto sus puertas. Lo mínimo que puede hacer Chile después de lo ocurrido en Santiago es permitir el asilo en su Embajada para salvar la vida de las personas que se encuentran en grave peligro. Además, no es posible que las Naciones Unidas y la comunidad internacional, después de haber avalado un plebiscito, no intervengan rápidamente para tratar de evitar la masacre que está ocurriendo en Timor Oriental. Por consiguiente, pido que se envíe un oficio en mi nombre al señor Ministro de Relaciones Exteriores, indicándole lo que he señalado. --Se anuncia el envío de oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento. ______________ El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Todos los Comités han usado su tiempo. El señor MARTÍNEZ.- Pero he sido aludido por un señor Senador. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Perdón, Su Señoría, pero el Reglamento otorga derecho a usar de la palabra para vindicarse cuando ha habido alguna referencia ofensiva a un Senador y, a juicio de la Mesa, ello no ha ocurrido. El señor MARTÍNEZ.- Pienso que sí la hubo y deseo responderla, no con la intención de ofender, porque no es mi ánimo, sino para aclarar una situación. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Pero se ha agotado el tiempo, señor Senador. Por desgracia,... El señor MARTÍNEZ.- Restan cinco minutos. El señor HAMILTON (Presidente accidental).-...ni siquiera es posible tomar acuerdo para una prórroga -es lo que habría propuesto por mi parte-, porque no existe quórum suficiente para ese efecto. El señor MARTÍNEZ.- Insisto en que todavía contamos con cinco minutos. El señor HAMILTON.- De modo que no dispongo de más alternativa que poner término a la sesión. El señor MARTÍNEZ.- Ello debe ocurrir a las 20, señor Presidente. El señor HAMILTON (Presidente accidental).- Se levanta la sesión. ______________ --Se levantó a las 19:55. Manuel Ocaña Vergara, Jefe de la Redacción