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El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, Honorable Senado, el objetivo del proyecto que hoy analizamos es proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosiones de minas o artefactos explosivos militares abandonados sin estallar (UXO).
A través del tiempo Chile ha ido firmando diversos tratados internacionales que le imponen la obligación de prohibir el uso de minas antipersonales y, también, de prestar asistencia y compensar a las víctimas referidas.
Diversas normas de esta iniciativa de ley establecen cosas nuevas respecto de la reparación económica a quienes han sido afectados por las explosiones de ese tipo de artefactos. Por tanto, a los Senadores que no integran la Comisión de Defensa Nacional les llamará la atención que la Comisión proponga su rechazo.
Por lo mismo, paso a explicar las razones por las cuales los miembros de dicho órgano técnico hemos tomado tal decisión.
Muy por el contrario de lo que se pudiera pensar, somos absolutamente partidarios de que las personas que han visto afectadas sus capacidades cognitivas o que han sufrido lesiones en sus extremidades o que han perdido familiares por la causa señalada, entre otros efectos dañinos, sean compensadas.
El presente proyecto contempla tres tipos de beneficios.
En primer lugar, se establece un pago de carácter económico, cuyo monto dependerá de la magnitud del daño recibido: se parte con los herederos de personas que han perdido la vida; luego con quienes presentan una incapacidad desde el punto de vista laboral, y, finalmente, con aquellos que han sufrido un perjuicio menor. ¡Es un solo pago!
En segundo término, se plantea otorgar atención médica para quienes han sido afectados.
Y, por último, se considera la entrega de prótesis y de órtesis.
¡Todo eso está bien!
Sin embargo, en la Comisión de Defensa Nacional planteamos, conforme a los tratados que el país ha suscrito -y así lo han compartido la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, algunos miembros de la Cancillería y, por supuesto, todas las organizaciones que representan a las personas que han sido afectadas por las minas antipersonales-, que a daños permanentes deben existir compensaciones permanentes.
Nosotros este año vamos a ser sede de la Reunión de los Estados Parte de la Convención de Ottawa, que prohíbe la instalación y tenencia de ese tipo de artefactos. Es más, establece ciertos plazos a los países para retirar las minas antipersonales.
Chile ha hecho un esfuerzo importante para sacar las que estaban instaladas en los sectores fronterizos. Aún no han sido extraídas todas.
El problema, señor Presidente, es que el proyecto de ley no contempla una compensación permanente.
Nosotros hemos hecho un cálculo -pedimos la información pertinente a la Biblioteca del Congreso Nacional-, que muestra que las personas afectadas podrían aspirar a los montos con que hoy día se beneficia a las víctimas contenidas en el informe de la Comisión Valech; esto es, aproximadamente a 170 o 180 mil pesos mensuales, compensación que es de por vida y no heredable.
Los posibles beneficiarios hoy día representan un número inferior a 150 en todo el país, muchos de ellos concentrados en la comuna de Caldera. Se trata de civiles que, en general, en su niñez jugaron en lugares donde hubo campos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Ahí encontraron esos artefactos y los llevaron a sus casas, donde explosionaron: unos perdieron la vida; otros quedaron sordos; otros perdieron sus brazos o sus piernas. Sin duda, ese es un daño permanente, de por vida.
¡Entregarles un solo pago va a ser sal y agua, señor Presidente!
Por eso la Comisión de Defensa Nacional, por la unanimidad de sus miembros, ha rechazado este proyecto en general y le ha solicitado al Gobierno que realice un esfuerzo adicional para compensar a las víctimas de tales accidentes de forma permanente y no con un solo pago, como figura en la iniciativa en estudio.
En consecuencia, voy a votar en contra de la idea de legislar.
Reitero mi llamado al Ejecutivo. Muchas veces se otorgan beneficios a otros sectores cuyos montos son muy superiores al que se necesita para entregarles una compensación permanente a quienes han sido víctimas de las explosiones de ese tipo de artefactos, que terminaron dañándoles la vida para siempre.
Creemos que Chile, si va a ser sede de una reunión tan importante como la referida a la Convención ya mencionada, está en deuda con las personas que han perdido parte de sus sentidos o que han quedado lisiadas y con los herederos de los que perdieron su vida, basados en la propuesta contenida en el proyecto de ley.
La iniciativa en estudio está bien, pero queremos más: se requiere una compensación permanente para daños permanentes.
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