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El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
¡Voy a ofrecer la palabra a uno de nuestros candidatos que se encuentran en la Sala, que son varios...!
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, quiero que precisemos bien el voto negativo de la Comisión de Defensa frente a un proyecto de ley que en el papel aparece razonable y constructivo, pero si uno lo analiza puede ver que lejos de hacer justicia introduce una arbitrariedad.
Lo señalo porque se trata de víctimas -estamos hablando de no más de 154 personas en todo nuestro país- que han sufrido daños inhabilitantes: quedaron ciegas, perdieron los brazos o las piernas. Es decir, no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida de una forma más o menos razonable. Incluso, hay quienes perdieron los brazos y, además, la vista.
Por lo mismo, nos parece de entera justicia que de conformidad a los tratados internacionales que Chile ha suscrito se entregue una compensación sincera y real que, por lo demás, es bastante conservadora, porque la idea es asimilarla a los montos que se otorgaron por la Comisión Valech, que tal como planteó aquí mismo el Presidente de la Comisión de Defensa, Senador Prokurica, bordean los 180 mil pesos.
Por la misma razón, pensamos que el beneficio debe ser de por vida, aunque entendemos que se daría para favorecer a la víctima y, por tanto, no sería heredable.
Al votar a favor de la propuesta de la Comisión de Defensa, el proyecto tendría que pasar a Comisión Mixta, para que el Gobierno se abra a una solución permanente para estas personas.
Efectivamente, en algunos casos las víctimas reciben atención médica; incluso a algunas les han entregado prótesis. Pero no es el caso de todas.
Por eso, le proponemos al Senado que se vote a favor del rechazo del proyecto para forzar la formación de una Comisión Mixta y de ese modo convencer al Gobierno de que es necesario otorgar una compensación permanente, de por vida.
El Ministerio de Relaciones Exteriores coincidió con nuestra propuesta en el entendido de que ella era fiel al compromiso y a los tratados internacionales que Chile ha firmado en esta materia.
A la vez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como también lo señaló el Presidente de la Comisión , estimó que nuestro razonamiento era de entera justicia.
Por lo tanto, este es exclusivamente un tema de Hacienda. Y no puede ser que una materia de derechos humanos se transforme en un tema del Ministerio de Hacienda.
A mi juicio, esta es una decisión humanitaria, que va mucho más allá del costo monetario, que en ningún caso es excesivo, puesto que -ya lo mencionamos- de acuerdo con el registro que pudimos constatar no se trata de más de 154 personas afectadas.
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