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El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el subjefe del Comité de la Democracia Cristiana, diputado señor Jaime Mulet
El señor MULET.-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación relacionada con los ferrocarriles privados y los estatales que fueron privatizados, como ocurre, por ejemplo, en la Región de Atacama, que represento, donde la empresa privada Ferronor opera con las líneas férreas que pertenecieron a Ferrocarriles del Estado en su ramal norte. Lo mismo ocurre en otras zonas del norte del país.
En la zona que represento han ocurrido dos descarrilamientos de trenes de carga. Uno, hace algún tiempo en la ciudad de Vallenar, en un sector poblacional que se llama “Los alemanes”, donde descarrilaron varios carros de un tren cargado con mineral de hierro. Posteriormente, sucedió lo mismo en el sector de Huasco Bajo, donde también se descarriló un tren con hierro, en el tramo que corre entre la mina Los Colorados, de la empresa CMH, y el puerto de Huasco. Lo mismo ocurrió hace algunas semanas en el centro de Tocopilla.
¿Qué sucede cuando descarrilan los trenes o cuando hay accidentes en los ferrocarriles privados? Las empresas privadas concurren al lugar del accidente -gracias a Dios, en estos tres casos no hubo desgracias personales, pero sí materiales, ya que fueron afectadas viviendas de particulares por la carga de estos trenes-, pero se da el caso de que privilegian la reparación de su línea férrea antes de sacar las cargas o sus restos de carga de las propiedades privadas en las que caen. Eso ha sucedido tanto en Huasco Bajo como en la ciudad de Vallenar, donde fueron destruidas viviendas completas. Las empresas privilegian sus líneas y su carga por sobre los daños materiales que ocasionan a las viviendas y por sobre la calidad de vida de los residentes del sector.
Después de estudiar la materia y de conversarla con las autoridades del Ministerio de Transportes, con el actual ministro de Transportes , a quien le quedan pocos días en su cargo, dado el cambio de gobierno, he llegado a la conclusión de que no existe ninguna autoridad de Gobierno que dependa de algún ministerio -podría ser el de Transportes y Telecomunicaciones-, que fiscalice a las empresas de ferrocarriles privadas.
En consecuencia, actualmente tenemos la gran paradoja de que puede ser fiscalizado o impedirse la circulación de cualquier vehículo, como un auto o una motocicleta, si no cumple ciertos requisitos o exigencias que dicen relación con la seguridad del propio móvil o con la seguridad que debe tener para desplazarse por las calles, con el objeto de proteger a terceros que pueden verse afectados con sus deficiencias mecánicas. La autoridad tiene facultades para impedir la circulación de cualquiera de estos vehículos, los cuales deben aprobar una revisión técnica, conducirse con un permiso de circulación, etcétera. Lo mismo sucede con las naves, ya que tenemos organismos que fiscalizan su capacidad y condiciones, con el fin de proteger los puertos, las cargas y las propias naves. Algo similar ocurre con los aviones, los cuales son fiscalizados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil; pero ferrocarriles no tiene una autoridad que los fiscalice, lo que se me ha informado por escrito. La antigua ley de Ferrocarriles, que todavía rige para los ramales que siguen en manos del Estado, establece una serie de condiciones y requisitos de seguridad para las líneas férreas, así como otras exigencias, pero no le es aplicable a los ramales que fueron privatizados, lo que, evidentemente, genera un vacío, que se produjo al momento de las privatizaciones.
Reitero que en esos sectores de la región de Atacama que mencioné y que conozco personalmente por representarla en esta Corporación, han descarrilado trenes por descuido de las empresas en la mantención de las líneas o por la fatiga de materiales o deterioro de los durmientes, sin que exista control o fiscalización de nadie. O sea, hay un riesgo permanente para la vida y la propiedad de los habitantes de los tramos que recorren esos ferrocarriles, porque ningún organismo público o, por último, privado, fiscaliza su funcionamiento. Como dije, han ocurrido accidentes en Vallenar, en Huasco y acaba de suceder uno en Tocopilla.
Por lo tanto, es necesario que se corrija esto y que las disposiciones sobre seguridad establecidas en la actual ley de Ferrocarriles también rijan los ferrocarriles que fueron privatizados o los privados que se creen, con el objeto de, como lo indiqué, proteger a las personas, las cargas y todo lo que corresponde.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor ministro de Transportes -no sé si al actual o al próximo, ya que estamos a pocos días de un cambio de gobierno-, con el objeto de que ordene estudiar esta materia y determine si es conveniente el envío de un proyecto de ley al Congreso, para que a los ferrocarriles privados también se les fiscalice con la finalidad de proteger la vida de quienes se transportan en los ferrocarriles, de las cargas y de las personas y bienes públicos y privados por donde transitan los trenes, en el marco de lo que he fundamentado.
Solicito el envío de este oficio con urgencia, porque es un tema que hace bastante tiempo que viene afectando a muchos compatriotas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y para su mejor comprensión, se adjuntará el texto de su intervención.
"
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