MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.583, SOBRE REGULARIZACIÓN DE BIENES RAÍCES SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA. Tercer trámite constitucional. El señor MONTES ( Presidente ).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto que modifica la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 2424-14. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , quiero hacer resaltar la respuesta del Ejecutivo a una petición que se hizo por la unanimidad de los diputados -están representados todos los partidos- de la Comisión de Vivienda, que tengo el honor de presidir. En su oportunidad, solicitamos al Presidente de la República el envío al Parlamento de un proyecto que prorrogara la vigencia de la llamada “ley del mono”, que regulariza la construcción de viviendas urbanas sin recepción definitiva, las que tienen, por lo tanto, el carácter de irregulares. Una vez ingresado el proyecto a la comisión, como se informó ayer, le introdujimos modificaciones para mejorarlo o complementarlo. ¿En qué sentido? En primer lugar, para aumentar el metraje de las viviendas, de 70 a 100 metros cuadrados, que pueden acogerse al beneficio de cancelar el 25 por ciento de los derechos municipales respectivos. Sobre esa superficie pagarían el 50 por ciento. En segundo lugar, para aumentar el metraje de las construcciones de las microempresas, de 200 a 300 metros cuadrados, que podrían acogerse al beneficio de cancelar sólo el 25 por ciento de los derechos municipales respectivos. Sobre esa superficie pagarían el 50 por ciento. Se mantuvo el metraje de 300 metros cuadrados de las construcciones de sedes sociales, organizaciones comunitarias, templos de distintas creencias que no cuentan con la regularización del caso. Asimismo, se aumentó el plazo de vigencia. El proyecto del Ejecutivo la establecía hasta diciembre del año 2000, pero la comisión acordó que será de doce meses a partir de la fecha de publicación de la nueva ley, de manera que, concluidos los trámites administrativos, haya un año completo para que las personas puedan hacer uso del beneficio. Además, a sugerencia mía, la comisión acordó incorporar en el proyecto a las viviendas emplazadas en el sector rural, como una forma de testimoniar nuestra preocupación por que el país tenga la oportunidad de desarrollarse en forma justa y equitativa y no existan dos Chiles: el de las zonas urbanas, que se desarrolla a través de los beneficios que se le brindan a su población, y el del campo, cuyos habitantes quedan a la zaga, situación que percibimos en el proyecto del Ejecutivo. Esta indicación, que ayer se aprobó en la Sala, fue rechazada en el Senado. El senador señor Mario Ríos fue partidario de eliminarla y su opinión contó con el apoyo del Presidente de esa Corporación . A su juicio, por esta vía se gravarían las viviendas sociales del sector rural, a las cuales, de hecho, no se les aplica ningún impuesto. Nos habría gustado que el proyecto se aprobara con dicha indicación, como una clara señal del Ejecutivo y del Congreso de lograr una sociedad más justa. Sin embargo, en aras de la urgencia que amerita el despacho del proyecto -la ley debe empezar a regir el próximo 13 de marzo-, espero que hoy se selle nuestro compromiso al respecto por la unanimidad de la Cámara. De todos modos, vale la pena hacer presente que el Ejecutivo debe comprometerse a enviar al Parlamento en los próximos días un proyecto que acoja nuestra preocupación por los pequeños propietarios rurales que han ampliado sus viviendas y no las han regularizado. La aprobación del proyecto en tercer trámite significará, en suma, una clara señal de nuestra preocupación por sectores cuyas viviendas han ido creciendo a medida que ha aumentado la familia o en las que han habilitado un pequeño kiosco, un taller de costura, de tejidos, de calzado, y por las organizaciones comunitarias que con los recursos obtenidos de los vecinos han ido generando un mayor espacio para sus actividades. A los sectores que carecen de recursos para pagar asesorías técnicas y obtener los permisos de construcciones o para enterar los derechos municipales que en rigor correspondería, les estamos diciendo que la futura ley constituye una herramienta en su ayuda. Queremos decir también a esas familias que no sigan aquello de que “como buenos chilenos, dejamos todo para última hora”, porque es justamente esa actitud la que ahora nos obliga a prorrogar la ley vigente por doce meses más, a partir de la fecha de publicación de esta nueva normativa, en cumplimiento de un acuerdo entre la Comisión y el Ejecutivo . Esperamos no vernos enfrentados otra vez a esta misma situación al término de su vigencia. Las familias afectadas, que ahora han tomado conciencia de que ésta es una verdadera oportunidad, expresaron a los parlamentarios de sus distritos, a través de los municipios, su preocupación por contar con mayor plazo para efectuar la regularización. En mi opinión, los municipios no pueden transformarse en buzones tramitadores de este tipo de proyectos, sino que deben tener un rol más audaz, responsable y comprometido socialmente con los sectores más postergados de la sociedad, potenciales beneficiarios de la nueva ley. Por último, es bueno recomendar a la gente que se informe acerca de las franquicias que otorga esta iniciativa, ya sea a través de la Cámara o de sus parlamentarios, y sepa que los metrajes originales para acogerse al ciento por ciento del beneficio suben, en el caso de la vivienda social, de 70 a 100 metros cuadrados, y, en el de las microempresas y organizaciones comunitarias, de 200 a 300 metros cuadrados, y que no necesitarán presentar planos ni contratar ningún tipo de asesoría técnica, sino simplemente un bosquejo de la ampliación, como se informó por la prensa. Su denominación, “ley del mono”, lo dice claramente. Basta presentar un croquis, un dibujo o un “mono” para regularizar las ampliaciones. Sólo las propiedades con superficies superiores a ese metraje deberán presentar planos elaborados por profesionales. De este modo, tendremos una ley fácil de aplicar y los beneficios podrán llegar a las familias destinatarias en la forma concordada por el Congreso con el Ejecutivo . Pido la aprobación unánime de la Sala al proyecto, como una señal clara del compromiso de los parlamentarios con las familias de los sectores más modestos de la población, que van creciendo poco a poco. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .- Señor Presidente , después de la larga exposición del colega Jiménez es poco lo que me queda por decir, salvo lamentar que el Senado haya eliminado la disposición relativa al sector rural, que, como sabemos, siempre se ha dejado un poco de lado y en esta oportunidad estamos haciendo exactamente lo mismo. En consideración a que las materias contenidas en el proyecto han sido largamente expuestas por mi colega Jiménez , pido a mis colegas su aprobación unánime. He dicho. El señor MONTES ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García . El señor GARCÍA (don René Manuel) .- Señor Presidente , ya que ésta es la última sesión en que el señor ministro de Vivienda , con quien hemos trabajado tantos años, está con nosotros, formularé un par de consultas con respecto al ámbito rural. Podría creerse que en los sectores rurales no hay lugares poblados. Sin embargo, en el hecho, se encuentran en ellos pequeños poblados o villorrios habitados por personas que incluso han accedido al subsidio habitacional. No sé si los propietarios de esos pequeños centros poblados tendrán la posibilidad de acceder a los beneficios de la ley. Si lo que se desea es favorecer a lo que es netamente rural, esos sectores van a quedar en un lugar intermedio por el hecho de ser villorrios o pequeñas ciudades y, por lo tanto, se les complicará la situación. Me gustaría que se aclarara ese punto. Por otra parte, la gente percibe la “ley del mono” como si fuera una cosa extraordinaria, pero, en verdad, tanto las construcciones rurales como las urbanas están acogidas a las mismas normas de urbanización, vale decir, deben pagar los mismos derechos municipales y presentar los mismos planos. A mi juicio, la ampliación de una vivienda social construida en una zona rural, ¡rural!, en el campo, debería quedar automáticamente regularizada. De otro modo, la gente se va a complicar al comprobar que deberán pagar derechos por una ampliación hecha con mucho esfuerzo y ganas para contar con una pieza más para albergar a la familia. A veces, uno cree que está mejorando ciertas cosas, pero no es así, y ese es el caso de esta norma, que está haciendo un flaco favor a la gente de los sectores rurales. Ese es un aspecto que deberíamos estudiar, ya que, seguramente, ellos se van a preguntar por qué ahora tienen que presentar un bosquejo de la ampliación e ir dos o tres veces a la municipalidad para que les sea regularizada su construcción, en circunstancias que nunca antes los habían molestado. Distinto es cuando se trata de villorrios propiamente tales, porque para ese caso existe una normativa expresa. En definitiva, creo que en la parte netamente rural debería bastar con que los beneficiarios presenten la solicitud para que la ampliación quede automáticamente regularizada. Por otra parte, estimo que el certificado de regularización debería quedar automáticamente incorporado en la inscripción conservatoria, porque así las personas no tendrían que preocuparse de solicitar anotaciones marginales de sus títulos de dominio. Quiero hacer un poco de historia. Este tema se remonta a hace un par de años, cuando se conversó largamente con el ministro Hermosilla , quien después lo retomó en el Habitat II, donde se abordó la materia. Después apareció un proyecto de ley presentado por parlamentarios y auspiciado por el Ejecutivo , lo cual nos parece bien. En mi opinión, las iniciativas que van en beneficio directo de la gente son las que realmente deberían preocuparnos, porque son las que solucionan sus problemas. Por lo anteriormente señalado, anuncio el voto favorable -siempre hemos aprobado este tipo de iniciativas, sobre todo si están relacionadas con la vivienda- de la bancada de Renovación Nacional. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES .- Señor Presidente , creo que debemos hacer un esfuerzo por aprobar el proyecto. Lamento que el Senado haya eliminado el artículo relativo a las viviendas rurales, pero si el Ejecutivo tiene la voluntad de patrocinar alguna iniciativa que ayude a resolver este tema, nosotros deberíamos, con la misma unanimidad que dimos ayer en la Comisión, después de haber discutido extensamente la materia, aprobar el proyecto y, por ende, contar con una normativa que permita poner en orden estas irregularidades, que son comunes en nuestras ciudades. En verdad, este es un proyecto hecho para consagrar la ilegalidad; es decir, es la legalización de la ilegalidad. Esa es la realidad y tenemos que decirlo así. Suena absurdo que desde el propio Parlamento salga algo que atenta contra lo que es lo normal, pero en los hechos ha ocurrido así. La gente ha construido en muchas partes sin permiso por falta de recursos suficientes. Muchísima gente de escasos recursos, pobre, tiene necesidad de esta iniciativa, justamente porque, por el hecho de ser pobre, recibió una vivienda muy pequeña que con el tiempo tuvo que ampliar, hacer crecer, pero no dispuso de recursos para contratar los profesionales competentes y pagar los derechos municipales. El objetivo del proyecto es permitir un blanqueo. Para quienes deseamos que en las ciudades reine el orden, la belleza y la armonía entre los vecinos, la generación de un espacio físico ordenado, y la ocupación armoniosa del suelo, esta iniciativa de ley es algo muy importante, ya que blanquea lo irregular y consagra la legalidad de lo que se hizo desordenadamente, aunque no se puede desconocer que por necesidad la gente ha tenido que actuar en forma irregular. Por eso nació este proyecto. En consecuencia, pienso que debemos aprobar esta iniciativa aun cuando el Senado haya eliminado una parte; debe ser el Ejecutivo quien solucione el tema relativo a las áreas rurales. En el caso de las viviendas rurales, la ley exige que tengan los permisos, las recepciones, planos y papeles en regla. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Hasta hace muy pocos años, las direcciones de obras hacían vista gorda respecto del tema y no exigían llevar a cabo dicha tramitación. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, las nuevas condiciones administrativas, los mejoramientos de la inspección y la tecnología y los cambios en la relación entre lo rural y lo urbano han transformado en exigentes a las direcciones de obras de las municipalidades rurales. A mi juicio, la aprobación del proyecto de regularización puede originar un criterio inspectivo excesivo respecto de los sectores rurales, los que, de ser así, se van a ver sometidos a una situación muy difícil. En consecuencia, debe crearse una norma especial que proteja a dichos sectores, a fin de que, cuando el proyecto sea ley, los directores de obras se comprometan a no hacerles mayores exigencias. Amo las ciudades ordenadas y hermosas; por lo tanto, en este momento me siento igual que un director de Impuestos Internos o un contador auditor estudiando un proyecto de blanqueo tributario. Debemos ser capaces de crear espacios ordenados en que se sienta el afecto por las ciudades y donde, con el correr de los años, la gente pueda decir que en las ciudades se vive mejor. En todo caso, advierto tensión al votar a favor de un proyecto que regulariza lo irregular. Pero hay que ayudar a la gente, porque si el país tuviese los recursos o esa gente pobre, otro ingreso per cápita, no habría construido al margen de la ley. Sin embargo, hay que tener cuidado con los abusadores, ya que, como cuentan con recursos y mucho terreno, pueden aprovecharse y ampliar su casa en el silencio, en las sombras, en la imposibilidad de que lo vea un inspector y acogerse a esta normativa, cuyo plazo de vigencia vence en marzo del 2001. El proyecto establece claramente que es para regularizar lo construido hasta 1998; otra cosa sería una frescura, ya que se ha legislado en esta materia para beneficiar a quienes no han podido regularizar las construcciones anexas a la original. Alguien ha dicho que ésta no es la “ley del mono”, sino la versión tres del mono: “el mono contraataca”, porque hemos venido escuchando de estas “leyes del mono” desde hace mucho tiempo. Por eso, tengo la esperanza de que con la aprobación de este proyecto y con el debate generado se logre un grado de conciencia y de seriedad en la gente, para que por fin entienda el valor de hacer las cosas de manera regular y adecuada. Muchas personas han formulado reclamaciones contra sus vecinos, ya sea porque construyeron en dos pisos donde no se podía, porque subieron la pandereta, porque hicieron pasar el alero hacia el lado, porque se extendieron más allá de la cuenta, porque ocuparon en un ciento por ciento un terreno sin autorización, porque pusieron una ventana hacia un sector, etcétera. Todos los días en nuestros distritos escuchamos problemas de ese tipo. Es probable que esta iniciativa represente un avance en ese sentido y la gente empiece a realizar sus ampliaciones y mejoras en forma ordenada y de acuerdo con la ley, porque las normas del espacio también están hechas para lograr una mejor convivencia entre los vecinos. En consecuencia, invito a votar favorablemente las modificaciones del Senado a fin de regularizar definitivamente esta situación y con el objeto de ayudar realmente a la gente que se puede ver afectada por ella. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente , cuando las leyes no responden a la realidad, la gente las viola. Quizás la causa de que millones de inmuebles se encuentren en una situación irregular está en nuestra institucionalidad. El objetivo del proyecto es buscar una solución parcial, entendiendo que la definitiva se dará en los debates de las comisiones de Vivienda de ambas ramas del Congreso Nacional respecto del proyecto que modifica la ley de vivienda y urbanismo. Los procedimientos establecidos pueden dar las luces de por qué la gente no respeta la ley. Adicionalmente, pienso que este debate se podría haber acortado si en la discusión de la ley Nº 19.583 se hubiese tenido mayor flexibilidad respecto de las superficies y los plazos. En todo caso, el texto del proyecto es un avance, ya que la prórroga hasta el 2001 es tremendamente importante, además de facultar a los municipios para establecer convenios de pago; es decir, los transforma en agentes activos en la regularización y no en entes que persiguen, amenazan y tratan de multar a los vecinos. Otro punto muy positivo es el establecimiento de nuevos parámetros de superficie para beneficiar a amplios sectores de la clase media y múltiples familias de esfuerzo cuyas viviendas en superficie total bordean los cien metros y no los setenta, como se había pensado originalmente. Quiero aprovechar la presencia del señor ministro para que señale si es posible que su Cartera entregue una orientación clara a los directores de obras a fin de que se uniforme lo que deben aceptar como el “monito”, porque hasta ahora cada director de obra tiene su propia interpretación de la ley, lo que es muy grave, por cuanto en torno a esta cuestión se generan muchos negocios, ya sea de dibujantes técnicos, de oficinas de arquitectos, de constructores civiles o de pillos que quieren sacarle plata a los pobladores, quienes no tienen cómo pagar, razón por la cual no han regularizado las nuevas construcciones. Muchas veces “amistades” de los propios directores de obras les cobran treinta, cuarenta, setenta mil pesos por hacer un “monito” para regularizar la situación. La norma establece un plano sencillo, que la dirección de obras debe aceptar si cumple los requisitos que establece la ley. Algunos directores de obras han rechazado planos sencillos en la escala establecida -he sido testigo-, con el emplazamiento, la ubicación y los requisitos de identificación de los materiales usados para la construcción, y normalmente lo han hecho porque tienen “amistades” que los hacen. En consecuencia, me gustaría que el Ministerio asumiera este primer compromiso de que a través de los Seremis se dé una orientación a todos los directores de obras para que no sólo se hagan instructivos, sino que se dicte una resolución sobre lo que deben aceptar como suficiente para una regularización, en particular, para las viviendas inferiores a 100 metros cuadrados construidos. En segundo lugar, quiero referirme a las viviendas de las zonas rurales. Gracias al excelente trabajo del ministro de Vivienda -presente en la Sala- y de otros ministros, se han ido homogeneizando los requisitos exigidos para la construcción de viviendas en las zonas rurales. Así, cuando cuentan con subsidio rural, éstas deben ser con solución sanitaria, porque ahora no se aceptan los pozos negros. ¡Qué bueno! Asimismo, las direcciones de obras han establecido nuevas exigencias de electrificación y agua potable. Es decir, las viviendas rurales construidas por el Ministerio de Vivienda, que alcanzan a miles cada año, deben pagar derechos por obras y presentar planos. Precisamente, deseamos que muchas de esas viviendas, que han sido ampliadas durante el último tiempo, puedan acogerse a los beneficios que otorga la ley Nº 19.583. Pero también hay construcciones tradicionales del campo, definidas como viviendas sociales debido a su metraje y a su valor comercial, que pueden verse ampliamente beneficiadas por este proyecto de ley. Por eso, estoy abierto a escuchar buenas y verosímiles razones sobre por qué, a juicio del ministro , es inconveniente que este proyecto vaya a comisión mixta. Según mi interpretación, con el texto aprobado por la Cámara y con la definición de vivienda social -es importante recordar que esta indicación fue acordada con personeros del ministerio, porque la original, presentada por el diputado señor Jiménez , fue modificada- se permitirá que las familias trabajadoras de las zonas rurales puedan regularizar su situación, y no porque los municipios tengan un afán persecutorio, sino porque están cumpliendo con la ley. Los municipios están pidiendo que cuando se construya en las zonas rurales se cumplan los mismos requisitos de seguridad y de dotación de servicios exigidos para las zonas urbanas. Como represento mayoritariamente a zonas rurales, estoy conteste en que debe terminar la discriminación entre el campo y la ciudad; pero al aprobar el proyecto propuesto por el Senado se consagraría una odiosa discriminación en contra de las zonas rurales, que representan el 30 por ciento de la población de Chile. Me gustaría saber por qué es conveniente mantener esta discriminación y cuáles son los compromisos contraídos; sólo en ese caso podría tomar una determinación respecto de la forma en que votaré. Es decir, cuando tenga la certeza de que los campesinos de comunas como Melipilla y Rengo no saldrán perjudicados porque, según el texto aprobado por la Cámara, obtendrían un importante beneficio. De manera que reservo mi opinión hasta saber qué piensa el ministro al respecto y por qué dicho texto es malo. Por último, reconozco la valentía que tuvo el ministro , presente en la Sala, al incluir en el proyecto original la posibilidad de que los planos puedan ser confeccionados por otros profesionales. Lamento la fuerza que tienen ciertos gremios de nuestro país, como el de la salud, que, a veces, abusa de su poder. También siento temor -lo digo con todo el respeto que se merecen algunos colegas que son arquitectos-, en particular pensando en los sectores medios, que deben vivir con ingresos precarios o muy justos, de que la exigencia en cuanto a que los planos deben ser confeccionados por un arquitecto desincentive a la gente para regularizar su situación. Mis dudas persisten porque no he tenido una respuesta, pero entiendo que ésa fue la razón por la cual el ministro abrió la posibilidad mencionada. Como conozco las presiones de que fue objeto, quiero reconocer su disposición a abrir este proceso de regularización a otros profesionales del área de la construcción. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO .- Señor Presidente , seré muy breve, porque todos los diputados que han intervenido han dado excelentes argumentos respecto de las virtudes de este proyecto modificatorio de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Sin duda, este proyecto permitirá solucionar el grave problema que existe en todas las comunas y ciudades de nuestro país. Eso es lo que objetivamente permite a los actuales propietarios de viviendas: regularizar las ampliaciones a través de los municipios, algo muy anhelado por los pobladores y también solicitado en forma insistente por los empresarios. Como se ha señalado aquí, es verdad que ha existido cierta dejación por parte de quienes deberían haberlo hecho oportunamente. Por ello, los parlamentarios nos hemos visto en la obligación de prorrogar la vigencia de la ley, a fin de que todos aquellos que aún no lo han hecho, puedan acogerse a los beneficios que otorga la ley, a la brevedad posible. Pero hay una serie de otros aspectos que tienen que ver con el mismo tema, como el caso de las personas que están lucrando y beneficiándose con una necesidad objetiva de los pobladores. Considero positivo que la ley Nº 19.583 -denominada “ley del mono”- entregue todas las facilidades del caso a los pobladores modestos para que, a través de un simple plano, obtengan la aprobación de sus ampliaciones a fin de que los derechos municipales sean solamente del 25 por ciento para las viviendas de hasta 100 metros cuadrados construidos, y del 50 por ciento, para las viviendas que sobrepasen los 100 metros cuadrados. La ampliación de 200 a 300 metros cuadrados construidos, en el caso de los talleres, también representa un avance muy significativo incluido en el proyecto que envió el Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda. Pero lo que me hace mucha fuerza es la actitud de abierta discriminación que tuvo el Senado al eliminar el artículo 3º. A través de este canal, que es la Cámara, quiero informar a la opinión pública que dicho artículo establecía que “Las viviendas sociales de hasta cien metros cuadrados, que se encuentren emplazadas en el área rural, podrán regularizarse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5º y 6º”. Por desgracia, el Senado lo eliminó, lo que implica cierto grado de discriminación, porque no existe igualdad. ¿Por qué solamente las viviendas del sector urbano podrán beneficiarse con este proyecto? ¿Por qué no también las rurales? En el caso del distrito Nº 15 existe una gran cantidad de viviendas rurales que podrían beneficiarse con este proyecto. De manera que hago un llamado a los colegas -muchos de los cuales representan a comunas rurales-, en especial a los de la zona sur, para que dicho artículo sea mantenido. Me gustaría que se me explicara qué razones tuvo el Senado para suprimirlo, dejando a una vasta población, es decir, a los campesinos de nuestro país, sin la posibilidad de acogerse a los beneficios de la ley. Creo que esto corresponde a una actitud discriminatoria y odiosa. A pesar de que, por desgracia, la vigencia de la ley Nº 19.583 vence el 13 del mes en curso, por un día más o un día menos no podemos dejar a un sector del país al margen de los beneficios de la ley. Por eso, insisto en que el ministro de Vivienda nos explique por qué el Senado de la República resolvió eliminar dicho artículo. No puedo aceptar que, con el fin de aprobar rápidamente un texto legal, se excluya a un sector de la población. Considero importante que los colegas tomemos conciencia de que aquí se está haciendo una odiosa discriminación en contra de los campesinos que han hecho ampliaciones en sus viviendas y tienen el legítimo derecho, igual que los habitantes de los sectores urbanos, a regularizarlas a través del procedimiento establecido en esta ley, la cual también beneficiará a los microempresarios dedicados a las exportaciones de frutas. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero sumarme a lo expresado por otros colegas y manifestar mi alegría por la pronta aprobación -espero- de esta prórroga de la ley que regulariza las construcciones de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. En segundo lugar, deseo referirme al tema planteado sobre las viviendas rurales. Era una buena idea incorporarlas en la iniciativa. Así nos parecía, sobre todo a los colegas que representan áreas rurales; pero demorar la aprobación de este proyecto por ese motivo, en circunstancias que aparentemente existe un compromiso de los senadores para legislar con más amplitud sobre este punto, sería un error. Por lo tanto, sugiero aprobar este texto tal como está, con el objeto de que entre pronto en vigencia y no se produzcan vacíos respecto de la ley, que dejará de regir a partir del 13 de este mes. En cuanto a permitir la participación en este proceso de otros profesionales y al hecho de que sería una especie de imposición del gremio que los arquitectos sean los únicos autorizados para intervenir en la regularización, en verdad no se trata de eso, sino de respetar las leyes vigentes que determinan quiénes son los profesionales idóneos para realizar cada actividad y su campo de acción. Francamente, no creo que la inclusión de ingenieros o constructores mejoraba mucho la situación. El tema es diferente. Debemos dejar claramente establecido, tanto en la ley vigente como en este texto que amplía el plazo de vigencia, que la regularización de las viviendas -anteriormente menores de setenta metros y ahora de cien metros cuadrados- no requiere la presencia de ningún profesional para la aprobación de los planos. Ello no es monopolio de los arquitectos, ni de los ingenieros, ni de nadie. Simplemente es un procedimiento ideado para que a la gente no le sea difícil enfrentarlo. Aun la forma conocida públicamente como la “ley del mono” es complicada para la gente. En ese sentido, recibí con alegría la noticia de que el Colegio de Arquitectos haya dispuesto que los profesionales de la orden elaboren gratis ese dibujo, que tampoco necesita la firma de ellos. Así se avanza en este aspecto. También quiero informar que el Colegio de Arquitectos, a través del servicio de asistencia técnica, estableció convenios con los municipios, los cuales, para su cumplimiento, deberán disponer de una sala y un escritorio para que se instalen estos profesionales, a fin de que la gente no tenga que realizar el trámite en una comuna que no sea aquella en que reside. Allí, el arquitecto no sólo se hará cargo de dibujar el plano que se requiere, sino que también hará la tramitación. En ese aspecto es donde más se ha fallado, porque las direcciones de obras se encuentran atochadas de peticiones y no tienen mucha capacidad para atenderlas porque se encuentran escasas de personal. Lo que señala el diputado señor Juan Pablo Letelier , en orden a que los distintos seremis diseñen un instructivo para los directores de obras en cuanto a las exigencias que deben hacer en este aspecto, es necesario para evitar que en algunos municipios se pida un exceso de documentación, lo cual, de alguna manera, distorsionaría el sentido de la ley, que es dar facilidades a las personas de escasos recursos, a las más modestas, que, por su cuenta y sin la asesoría de ningún profesional, han hecho ampliaciones. Eso facilitaría el proceso de regularización de su situación, con el objeto de no ser sancionadas. Respecto de las pequeñas industrias no molestas, instaladas en lugares que el plan regulador no aprueba, el proyecto da facilidades para que la gente que ha transformado su vivienda, a fin de establecer un negocio como forma de ganarse la vida al interior de su casa, pueda regularizar su situación y obtener la patente para operar como el común de los mortales. Felicito al ministro por haber tramitado con tanta rapidez este proyecto, y al Gobierno por haber calificado de “suma” su urgencia, lo que nos tiene a punto de aprobar, en tercer trámite constitucional, esta iniciativa. Por supuesto, hago un llamado a toda la población para que, desde ya, aproveche tanto los plazos dados y no deje este trámite para última hora, como la oferta de los citados profesionales de realizar gratis esos dibujos y efectuar la tramitación. Para evitar que la gente vaya inútilmente a los municipios, debiera distribuirse una hoja con información para motivar a la gente a que no espere el último día y a fin de no atochar innecesariamente las direcciones de obras. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no puedo dejar de referirme a esta iniciativa de ley y a las modificaciones propuestas por el Senado, sin dejar de manifestar mi total desacuerdo con el texto de este proyecto. Nos vemos enfrentados a despachar en breve plazo la iniciativa que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, pero no podemos aprobarla como está. El haber dejado fuera a los sectores rurales de los beneficios de esta ley significa cometer una tremenda discriminación que este Congreso no debe tolerar. Si lo hacemos, se daría una pésima señal. No existe ninguna razón para excluir de esta ley a un sector del país que se encuentra en las mismas condiciones que los de la ciudad. Significaría aprobar una ley injusta, y no debemos prestarnos para ello. Este proyecto debe ir a comisión mixta, a fin de revertir las modificaciones del Senado para dejar al sector rural con los mismos beneficios de la gente que vive en la ciudad. Esta iniciativa de ley no es sólo para regularizar las construcciones en las ciudades, desde el punto de vista urbanístico, sino también a fin de permitir a mucha gente obtener permisos municipales para instalar talleres artesanales o una pequeña empresa, por el hecho de regularizar su construcción. Esa misma situación ocurre en el campo; el problema es idéntico. Por lo tanto, no podemos dejar marginados de la posibilidad de acceder a los beneficios de esta ley a ese sector. ¿Por qué vamos a aprobar una iniciativa que encierra una profunda injusticia y discrimina a un sector de nuestra población? Le pregunto al Ejecutivo si está dispuesto, ante el país, a ser cómplice de esta discriminación al sector rural al aprobar este proyecto. ¿Se hará responsable el ministro , de cara al país, de dejar marginado a un sector de los beneficios de esta ley porque simplemente debemos aprobarla en tres días más? Si va a comisión mixta, el proyecto lo podemos aprobar y nadie saldrá perjudicado, y sí corregiremos esta tremenda discriminación en contra de un sector que siempre ha sido visto como de última categoría. ¡Basta ya! Las personas que viven en los sectores rurales son las más pobres del país y, por lo tanto, merecen nuestra especial atención. Pido que reconsideremos esta situación, que la Cámara rechace las modificaciones del Senado, que el proyecto vaya a comisión mixta y que se logre que también el sector rural sea beneficiado con esta ley. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO .- Señor Presidente , no me ha correspondido participar en la discusión del proyecto de ley. Sin embargo, a la luz del debate de hoy, me surgen tres observaciones que quiero plantear al ministro , quien, tengo entendido, intervendrá de nuevo respecto de esta iniciativa, la cual, según las modificaciones introducidas por el Senado, excluye del beneficio a los sectores rurales. La primera observación que se ha planteado al proyecto es que en el sector rural es quizás donde más irregularidades se producen en esta materia. Y ello ocurre por una razón práctica: la imposibilidad de fiscalizar por parte de las direcciones de obras las construcciones que se realizan sin autorización, lo que se advierte prácticamente cuando las casas ya están construidas. No nos olvidemos que los agricultores, primero, son mecánicos; luego, constructores, y por último, agricultores, de manera que regularmente surgen estas construcciones que se efectúan en forma irregular. Por lo tanto, me parece muy extraño que sea este sector precisamente el que no pueda acogerse al beneficio del proyecto. En segundo término, creo que la ciudadanía tampoco entenderá que este debate tan largo no nos permita resolver un problema real de la gente; que no seamos capaces de crear los instrumentos legales que realmente permitan su solución. Los parlamentarios que representamos zonas rurales, permanentemente tenemos la demanda de la gente respecto de este tema. Ahora, hay comunas que, teniendo áreas urbanas, se consideran rurales para los efectos de postular al subsidio habitacional rural. Por esta razón, comunas completas no podrían acogerse al beneficio que otorga el proyecto. En tercer lugar -y ahí concuerdo con los diputados señores Ceroni y Juan Pablo Letelier -, no es aceptable la discriminación que plantea el proyecto. En verdad, hemos discriminado en forma permanente entre el habitante urbano y el rural, y aquí estamos insistiendo en ello, sobre todo a estas alturas, cuando el sector rural vive situaciones difíciles y es cada día más frecuente que esos habitantes soliciten en las municipalidades patentes comerciales para instalar algún negocio, oportunidad en que inmediatamente surge la necesidad de regularizar su construcción. Por lo tanto, estamos generando situaciones difíciles, donde hay ciudadanos que no son iguales ante la ley. Estimo que no podemos seguir discriminando contra los habitantes rurales. Me gustaría que el señor ministro pudiera aclarar estas tres observaciones, porque así como ha planteado el proyecto el Senado, lo votaría en contra. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pareto. El señor PARETO .- Señor Presidente , ayer tuvimos un amplio debate sobre este proyecto de ley, que el Senado ha desmejorado con su modificación. Me temo que en la comisión mixta esta diferencia vaya a demorar bastante tiempo el despacho del proyecto, perjudicando a los pobladores que están esperando que se regularice esta situación. Lamentablemente, el señor ministro deja su cargo, pero ojalá pudiéramos obtener del futuro gobierno el compromiso de que, a la brevedad posible, se aborde el problema rural, pues constituye una injusticia que haya quedado marginado del proyecto. Quiero que quede claramente establecido y que se informe de la mejor forma posible que a las personas que regularicen viviendas de 70 a 100 metros cuadrados, la municipalidad ni ningún profesional les puede cobrar por hacerlo. La verdad es que están absolutamente liberados y basta presentar sólo un dibujo. Por eso, a esta ley se le ha denominado la “ley del mono”. He estado haciendo averiguaciones en el día de ayer, de las cuales se desprende que en más del 80 por ciento de las solicitudes llegadas a las municipalidades, los arquitectos han cobrado entre 40 a 50 mil pesos. Tienen el legítimo derecho de hacerlo, pero, en realidad, ni los arquitectos ni los pobladores han tenido conocimiento, a lo mejor, de que no es necesario que los dibujos lleven la firma del profesional para regularizar esas construcciones. Por lo tanto, que quede muy claro que a quienes han ampliado sus viviendas sólo les basta presentar un dibujo, y los directores de obra tienen la obligación de aceptarlo. Como ellos son autónomos y no obedecen ni siquiera al concejo, bien se les podría instruir, a través del Ministerio de Vivienda, para que acepten sólo un dibujo, con lo cual se evita que los beneficiados con el proyecto estén expuestos a que se les esté cobrando un monto elevado, que muchas veces les impide entregar la solicitud correspondiente. Además, ése es el espíritu de la ley. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente , considero importante que aprobemos el proyecto en los términos en que ha sido modificado, tal como lo dijimos ayer, con el compromiso de que hoy o mañana a más tardar pueda ingresar al Congreso una propuesta con una solución para el problema rural. Lo digo yo, como diputado del mundo rural, donde tenemos condiciones muy distintas. Quiero decir a los colegas que algunos alcaldes de zonas rurales pueden sugerir criterios, por cuanto han hecho un chequeo riguroso y han encuestado a muchos campesinos. Además, la gente del mundo rural vive otra situación. Estoy llamando a la Sala para que ahora aprobemos el proyecto, a fin de que el Ejecutivo, en menos de 48 horas, pueda entregar una propuesta para el ámbito rural. Estoy proponiendo aprobar el proyecto porque no altera las cosas que se han venido haciendo. Es cierto que me gustaría, como a muchos otros colegas, que se beneficiara a estos otros sectores, pero eso deberá hacerse con una propuesta distinta. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Vivienda. El señor HENRÍQUEZ (Ministro de Vivienda).- El proyecto que prorroga la vigencia de la ley de regularizaciones de construcciones se encuentra en el tercer trámite constitucional. Suscribo muchas de las cosas planteadas por los distintos diputados, pero quiero recordar que el proyecto constituye una iniciativa de carácter parlamentario, donde hasta usted, señor Presidente , estuvo involucrado desde el comienzo. Después fue acogido y patrocinado por el Ejecutivo. Esta normativa estará vigente hasta el 13 de este mes. A partir de ese día, si no se ha despachado esta prórroga, termina su vigencia. Quiero referirme a dos cosas. Lo primero se refiere a un tema para la gente, relacionado con el sistema previsto para las regularizaciones. Deseo indicar a la Cámara de Diputados que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda ya emitió una circular, en acuerdo con la Asociación de Municipalidades, con el objeto de llevar a cabo un procedimiento homogéneo. Reconozco que eso no ha surtido todos sus efectos y vamos a insistir en esta materia, para favorecer justamente a la gente más modesta, en el sentido que haya un procedimiento homogéneo en todas partes y mucho más sencillo. Respecto del tema rural que se ha planteado en la última etapa de la discusión del proyecto, quiero hacer las siguientes consideraciones. El proyecto original no tenía previsto esto. El Ejecutivo lo suscribió cuando partió su tramitación aquí en la Cámara. En la discusión realizada ayer en el Senado, en la cual estuve presente, fueron los senadores del sector rural los que plantearon la modificación. Así se acordó y por eso estamos en el tercer trámite. Ellos sostienen que la situación del sector rural es bastante diversa y que probablemente incluir a los afectados directamente en esta ley no los beneficiará, sino más bien, les puede traer perjuicios. En el sector rural -estoy tratando de reproducir los argumentos- no existe una conciencia tan formal como en el sector urbano. Y ellos me lo plantearon así. Están dispuestos a conversar el tema, pero no dentro de los plazos que implica la discusión inmediata. Ante esto, el compromiso del Ejecutivo es presentar un proyecto para que el sector rural tenga un procedimiento similar, adecuado a sus propias características en una ley distinta, y así cumplir con las inquietudes planteadas por todos los señores diputados que se han referido al punto. Es decir, que el sector rural también tenga los beneficios y que ellos -lo recuerdo- se den en el contexto del mundo rural que, naturalmente, es distinto del mundo urbano. Ese compromiso lo asumimos de inmediato, y el viernes próximo, antes de que deje el cargo, ingresaremos a Secretaría una iniciativa sobre el sector rural, ya que hemos avanzado bastante en las conversaciones llevadas a cabo. Pido, por favor, que en vista de la urgencia y de la importancia de esta prórroga y por el hecho de que la gente la está esperando, contemos con el apoyo de la Cámara de Diputados para hacerla efectiva por un año más en este tercer trámite, a fin de que la gente la pueda aprovechar total y globalmente. Muchas gracias, señor Presidente. El señor MONTES (Presidente).- Cerrado el debate. En votación las modificaciones del Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobadas las modificaciones del Senado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Aguiló,Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Ávila, Bartolucci, Bustos, Caraball (doña Eliana), Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don Aníbal), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Valenzuela, Van Rysselberghe, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Arratia, Ascencio, Bertolino, Cardemil, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Galilea (don Pablo), García-Huidobro, Kuschel, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Muñoz (doña Adriana), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Recondo, Silva, Ulloa, Vargas, Vega y Velasco. -Se abstuvieron los diputados señores: Cornejo (don Patricio), Correa y Rojas. El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda ).- Señor Presidente , quiero agradecer a usted y a la Cámara de Diputados el despacho del proyecto, y, a la vez, despedirme de todos porque es la última vez que estoy aquí. Muchas gracias por el trabajo que hemos realizado. (Aplausos). El señor MONTES ( Presidente ).- En este momento, queremos saludar a la delegación del Parlamento Federal Alemán, constituida por miembros de la Comisión de Legislación y Justicia, encabezada por su Presidente , diputado y ex ministro , señor Rupert Scholz. (Aplausos).
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.583, SOBRE REGULARIZACIÓN DE BIENES RAÍCES SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA. Tercer trámite constitucional.