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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Mariana Aylwin.
La señora AYLWIN (doña Mariana).-
Señor Presidente , ayer señalé que nuestro principal desafío consiste en conciliar una afirmación positiva en nuestra legislación acerca del matrimonio y, a la vez, buscar la mejor solución legal posible para el problema de las rupturas irrevocables del matrimonio y de las nuevas uniones conyugales. Debido a eso, en nuestro proyecto mantenemos la actual definición del matrimonio del Código Civil, que lo considera como una unión indisoluble entre los cónyuges. Eso no es algo contradictorio, como aquí se ha dicho, sino que simplemente se trata de dar un signo claro en nuestra legislación de que el matrimonio es un compromiso para toda la vida, aunque se introduzcan causales que admitan el divorcio vincular. No consideramos que hacerlo sea una contradicción, porque se trata de confirmar la norma de que el matrimonio es para toda la vida, admitiendo, sin embargo, que esta norma puede tener excepciones.
Quiero decir algo que me hace mucha fuerza. Hasta el derecho a la vida, el más primario de los derechos, admite excepciones: matar es un delito -ésa es la norma general-, pero hacerlo en legítima defensa es legítimo (la excepción de la norma). La prostitución es un mal, pero es necesario legislar sobre sus condiciones, sin que ello implique legitimarla.
Por lo demás, la norma del artículo 102 del Código Civil, que consagra la indisolubilidad del vínculo, ha convivido por más de cien años con un título completo, el VII de la actual ley de matrimonio civil, que se titula “De la disolución del matrimonio” y que permite, por ejemplo, disolverlo por muerte presunta.
Segundo aspecto que quiero destacar. En la búsqueda de la mejor solución legal posible para responder a las rupturas matrimoniales, nuestro proyecto regula en un solo cuerpo legal -lo más importante de la iniciativa- los efectos de la ruptura en cualquier circunstancia, sea en el caso de la separación de hecho, de la nulidad o del divorcio.
Me pregunto, ¿cómo no va a ser mejor, para los afectados y para la sociedad, pasar de un divorcio vincular encubierto a uno que contempla los debidos resguardos a la familia que se quebró, tales como plazos, instancias de mediación, tribunales de familia con asesoría especializada, unidad de competencia para conocer de manera conjunta las cuestiones de tuición, alimentos, visitas, que hoy se conocen en forma dispersa; derecho del tribunal a oponerse a la acción del divorcio en determinadas circunstancias, suscripción formal de un convenio entre los cónyuges para regular las relaciones futuras entre ellos y los hijos?
En ese sentido, nuestro proyecto contribuye a aminorar, no a agravar, las consecuencias de la ruptura matrimonial.
Ahora, quiero referirme a un argumento que se ha hecho frecuente en la Sala, respecto de que el divorcio trae más divorcio, pobreza, marginalidad o genera graves problemas en los hijos, todo lo cual se sostiene con cifras de otros países.
Me parece que, al menos, tendríamos que preguntarnos: ¿Puede afirmarse en forma tan categórica que todos esos problemas son consecuencia de una ley de divorcio? ¿Podemos decir que en Chile, por no haber ley de divorcio, no tenemos los mismos problemas o estamos en una situación distinta?
Si somos rigurosos, debemos admitir que las tasas de divorcio son muy diferentes en realidades culturales distintas; por ejemplo, en Europa Occidental o en Estados Unidos versus América Latina. Un caso muy ilustrativo es el de Israel, que tiene ley de divorcio desde los tiempos del Deuteronomio. Sin embargo, su estructura familiar es muy sólida, con una tasa de divorcio muy baja.
Entonces, ¿por qué no comparamos nuestra realidad con países semejantes al nuestro, donde las tasas de divorcio están en alrededor de un 20 por ciento y no en un 50 por ciento, como en Norteamérica?
De ahí se deduce que no es la ley de divorcio la que produce los efectos sociales descritos, sino que el ambiente cultural y social es el que favorece los quiebres familiares, que tienen similares consecuencias con o sin ley de divorcio. Al contrario, esa ley contribuye a aminorar sus consecuencias.
Por otra parte, nosotros no tenemos que dedicarnos tanto a mirar la paja en el ojo ajeno, sino centrarnos más en nuestros propios problemas. En Chile no hay ley de divorcio, pero, según el censo de 1992, el 17 por ciento de los hogares está compuesto por un padre o una madre sola a cargo de sus hijos, generalmente madre, y el 16,5 por ciento convive. Una encuesta de la Unicef, que se hizo a lo largo de Chile, revela que sólo el 72 por ciento de los niños que cursan octavo básico, afirma vivir con ambos padres biológicos. Paradójicamente, en la liberal Suecia, que tantas veces se presenta como paradigma de desintegración familiar, el 78 por ciento de los hijos viven con ambos padres biológicos. Las tasas de divorcio son altas, pero hay más familias intactas -térmi-no que me parece espantoso, pero que ahora se emplea- que en nuestro país. En consecuencia, ¿alguien puede afirmar que somos mejores que los demás porque no tenemos ley de divorcio?
En ese sentido, conviene sopesar el valor que damos a la ley. No podemos pretender que el orden jurídico sea capaz de transformar la realidad social o de moldear la conducta de las personas. No porque la ley establezca la indisolubilidad del matrimonio, esto será así en la práctica, ni por legislar sobre el divorcio no sólo se harán inestables todos los matrimonios -como se ha señalado-, sino que se terminará con ellos.
Aquí se ha dicho que nadie podrá contraer verdadero matrimonio, por cuanto éste, de suyo, es indisoluble; que el divorcio termina con esa institución y coarta la libertad de las personas para donarse a sí mismas, por una sola vez y para toda la vida. Sinceramente, me cuesta entender esa afirmación. ¿Es que en ninguna parte del mundo existe el matrimonio ni la libertad de las personas para donarse a sí mismas por toda la vida, salvo en Chile?
Por eso, es primordial no esperar de la ley más de lo que ésta puede dar. En el caso del divorcio, estamos regulando un conflicto que va más allá de nuestra voluntad. No estamos resolviendo -como aquí se pretende- todos los problemas de la familia. Sabemos que para fortalecerla hay muchas otras cosas que hacer, como crear condiciones para que ésta pueda vivir su ideal de estabilidad y unidad, lo cual es de responsabilidad de toda la sociedad. Ello significa salarios justos -en Chile se pagan muy malos salarios-, oportunidades de educación, salud, recreación, casas dignas; fortalecer los lazos comunitarios, la solidaridad frente al individualismo y la responsabilidad frente al hedonismo.
En el ámbito legal, comparto el criterio de que debemos modernizar nuestra legislación. Sin embargo, al contrario de lo que ayer señaló el Diputado señor Orpis , eso lo estamos haciendo. La Comisión de la Familia lleva poco más de dos años de funcionamiento, y estoy segura de que si no hubiera existido nunca hubiéramos tratado proyectos largamente postergados, sobre temas tan importantes como las pensiones alimenticias, el maltrato infantil, el embarazo precoz, la adopción y la filiación. El proyecto sobre filiación apunta a enfrentar la mayor debilidad de la familia chilena, como es la precariedad de la responsabilidad paterna. Familia no es igual a matrimonio, por muy importante que sea éste.
Por último, tampoco comparto la apelación o la condición de católicos que han hecho muchos señores diputados ni el llamado a la Iglesia a defender su doctrina. Legislar es una responsabilidad política, no religiosa, que nos corresponde a los políticos y no a la Iglesia. El deber de quienes tenemos fe es actuar de acuerdo con nuestra conciencia, con prudencia.
He dicho.
-Aplausos.
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