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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Señor Presidente , ha sido muy difícil para mí tomar una resolución respecto de este proyecto. Reconozco que he tenido dudas muy profundas. En definitiva, después de una larga reflexión, he decidido votarlo a favor, con el fin de que se legisle sobre la materia y que, una vez en la Comisión, se mejore, complemente y se llegue a la mejor solución para resolver este problema social y fortalecer el matrimonio.
¿Cuáles son las razones por las que me incliné a votar favorablemente el proyecto? Seré breve y no me referiré a aspectos doctrinarios.
En primer lugar, no es cierto que ahora estemos estableciendo el divorcio, pues éste existe en nuestro país desde hace casi medio siglo bajo el nombre de nulidad de matrimonio. Ésa es la verdad. En Chile existe el divorcio con disolución de vínculo. Y es extraordinariamente fácil conseguirlo: se recurre a testigos falsos, se eligen el juzgado y la sala de la corte, se proporcionan pruebas falsas, las que, incluso, son provistas por determinadas organizaciones o estudios profesionales.
Algunos colegas -entiendo que entre ellos el Diputado señor Viera-Gallo - han leído avisos aparecidos en la prensa donde se ofrecen estos servicios. Por mi parte, citaré algunos: “25.000 pesos. Nulidades urgentísimas. Diez años de experiencia.” “20.000 pesos. Nulidades.” “25.000. Urgente.”. Las nulidades se obtienen en apenas dos meses.
En este aspecto puedo señalar que la Corte de Apelaciones de Santiago publica la tabla de todos los asuntos que conoce semanalmente. ¿Saben sus Señorías qué proporción corresponde a nulidades de matrimonio, es decir, a divorcios? Según esa publicación, el 17 por ciento. Y agrego algo más: de las resoluciones, esto es, de los fallos, creo que un 30 por ciento corresponde a nulidades de matrimonio, o sea, a juicios de divorcio.
Entonces, cuando hablamos de que en nuestro país, en Chile, no hay divorcio, simplemente estamos falseando los hechos. Ante esta hipocresía, no nos sigamos engañando. ¿A quién se engaña? ¿A las partes? Ellos saben lo que están haciendo. ¿A los jueces? Lo saben. ¿A la Corte? Lo sabe. ¿Los abogados? Lo sabemos. Entonces, en definitiva se está engañando al país. Y aquí hay un problema fundamental: el de la verdad. Para mí, modestamente, en ninguna sociedad hay otro valor de tanta trascendencia como la verdad. Y aquí estamos viviendo en la mentira. Decimos al mundo que es el único país donde no hay divorcio, en circunstancias de que el 17 por ciento del trabajo de la Corte de Apelaciones de Santiago corresponde a juicios de divorcio, y el 28 ó 30 por ciento de los fallos de esa Corte, se refieren a juicios de divorcio, disfrazados de nulidades.
En síntesis, se trata de terminar con la hipocresía, de afrontar y trabajar con la verdad, y eso es bueno para Chile.
Quiero referirme a otro aspecto. Aquí hay mayoría de católicos. Pero, en verdad, no tenemos derecho a imponer nuestros dogmas e ideas más vitales al conjunto de la sociedad. En este sentido, debo decir que fui parlamentario desde 1964 y siempre el Partido Radical procuró que tratáramos el divorcio en el Congreso, y los democratacristianos, entre otros, nos opusimos a ello. Aquí hay un problema de derechos humanos de un sector minoritario del país que no es católico, a los cuales no tenemos derecho de imponer las ideas profundas de nuestra religión. Sí, estoy de acuerdo, nuestro mensaje debe ser claro, en cuanto partidos políticos de inspiración católica o cristiana, en el sentido de que nuestros militantes y nuestra gente sea o procure ser consecuente con las ideas que profesa. Ésa es una responsabilidad ética del conjunto de los cristianos, pero, insisto, no tenemos derecho a imponer a toda la sociedad nuestras convicciones religiosas.
Hay un problema que me ha preocupado hondamente y lo digo con profunda sinceridad: la posición de la Iglesia, en general, en esta materia. Me hace profundo peso su posición y petición. Lo digo con sinceridad, porque así lo pienso.
Trabajé durante 17 años junto a la Iglesia, en la Vicaría de la Solidaridad. Conozco el trabajo enorme que hizo la Iglesia, esa Iglesia de la Vicaría , de Monseñor Silva Henríquez, de los curas que están en todas las poblaciones, en general, de toda la Iglesia. Siento un gran compromiso hacia ella. Pero esto no puede impedirme afrontar un problema social grave que existe en nuestra sociedad ni ser motivo para seguir trabajando con la mentira de que no hay divorcio, en circunstancias de que sí lo hay. Es preferible que, junto con reconocer esta realidad, procuremos que nuestros valores cristianos estén presentes en el tipo de sociedad o de instituciones que procuramos construir.
En ese sentido, quiero ser bien franco. El único argumento que, en definitiva me hacía mucho peso, era que en alguna medida, el establecer el divorcio podía ser un mensaje que se transmitiera a la sociedad y que tendiera a dar menos fuerza a una institución tan fundamental como es la familia y el matrimonio.
Me hago cargo de esa objeción, y, muy sinceramente, pido a los miembros de las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia -que deberán seguir conociendo este proyecto-, que haga los máximos esfuerzos para que, junto con la aprobación de la idea de legislar, procuren ellos y procuremos todos enviar los más claros mensajes a nuestra sociedad, en el sentido de que el matrimonio es una institución vital y, ojalá, indisoluble.
Porque ese mensaje ético, en el fondo, no es sólo un problema de leyes, ni fundamentalmente de leyes, sino en parte muy importante de valores culturales que debemos transmitir a la sociedad, porque todos tenemos responsabilidades. En el segundo informe del proyecto, en todo el trabajo que debemos seguir haciendo en la Cámara, hay que señalar, claramente, que el reconocimiento de la existencia de un problema social y el hecho de regular el divorcio para su bien, en ningún caso significa un mensaje para debilitar el matrimonio, sino que queremos hacer los máximos esfuerzos para fortalecer culturalmente la familia y el matrimonio, instituciones básicas para nuestra convivencia, para nuestra civilización, y en las que se apoya, en definitiva, nuestro propio porvenir como nación.
He dicho.
-Aplausos.
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