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El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Hago presente a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Morales.
El señor MORALES.-
Señor Presidente , con su adhesión a este proyecto, el Partido Radical Social Demócrata no pretende atacar a sectores religiosos, debilitar la institución de la familia ni favorecer a aquellas parejas que, bajo el amparo de una ley, puedan poner término a su matrimonio civil de manera irresponsable.
Con este proyecto no se ataca a la Iglesia Católica ni a otros credos religiosos. Al margen de que sea un sacramento para quienes profesan la religión católica, no ha de olvidarse que el propio derecho canónico contempla numerosas y amplias causales de disolución del matrimonio y, por ende, del sacramento.
Por el contrario, si la Iglesia, consecuente con sus dogmas fundamentales, proclama el derecho humano de evitar el dolor, el sufrimiento, el menoscabo psicológico, social y moral de las personas que integran el grupo familiar, ha de coincidir con nosotros en que es preciso usar nuestras energías para determinar la figura jurídica que ordene los matrimonios destruidos y sus nefastas consecuencias sociales.
No pretendemos, en este aspecto, dar libertad de acción a quienes acudan al amparo de la ley cuando la institución familiar ya no sea el santuario de las nobles realidades que la ética en general, y la cristiana en particular, buscan, ni tampoco una escalada que, a la larga, destruya la identidad política del sujeto y la razón de ser de católicos y no católicos.
Por cierto, se trata de un problema de conciencia con incidencia en lo ético, mas ¿por qué pensar que los contrayentes al momento de la celebración del matrimonio eran seres perfectos como para no equivocarse; de conciencia elevada, como para evitar el error; de propósitos inmarcesibles, si como seres humanos estamos en constante evolución para adquirir niveles de conciencia que nos permitan discernir con precisión entre lo verdadero y lo falso?. ¿Por qué no entender que lo único que puede unir al hombre y la mujer es el amor, el respeto mutuo, el cumplimiento de los deberes impuestos por el matrimonio y la adecuada educación, alimentación y enseñanza de la prole común? Cuando falta el amor, el sacramento no impide ni aminora el terrible efecto familiar y social que la desavenencia conyugal implica.
No se pretende debilitar a la familia, puesto que para el Estado, quien también vela por el bien común de la sociedad, la familia no es menos relevante que para la Iglesia. Ciertamente, el Estado, para evitar el mal social, tiene el derecho y el deber de regular de manera eficaz, justa y clara, el problema que se presenta cuando el matrimonio desgraciadamente no cumple con los fines para los cuales se ha contraído y no brinda toda la dicha y felicidad que las parejas sienten al momento de celebrarlo. Entonces, debe solucionar jurídicamente el problema de cónyuges e hijos, regular las relaciones sociales, patrimoniales y de convivencia.
El Estado debe proteger el matrimonio y la libertad de los ciudadanos, respetando su dignidad personal, como lo ha hecho por más de un siglo, y contribuir a perfeccionarlo y fortalecerlo, como lo hace diariamente al establecer y mantener políticas sociales y económicas que benefician a la familia. Pero, si a pesar de todo, ese matrimonio se encuentra destruido, también debe preocuparse de esa situación. Lo demás es tergiversar un propósito saludable para los cónyuges en ese doloroso trance y para la sociedad toda, por cuanto ésta desea ser integrada por individuos que se relacionen pacíficamente, no sólo con ella, sino que, en mayor medida, al interior de su familia.
El Partido Radical Social Demócrata, dentro de su humanismo laico, comprende que en todo ser humano existe la posibilidad del fracaso, pero entiende también que debe dársele la oportunidad de redimir sus errores; en una palabra, posibilitar en él condiciones humanizantes con una correcta escala de valores y legislar sobre el divorcio vincular y, eventualmente, aprobarlo. Ello es un deber y obligación del Estado, garante desapasionado de todos los hombres que viven en sociedad, cualquiera que sea su condición social, credo religioso o educación.
Es de real importancia que a fines de este siglo podamos discutir en esta Sala, por lo menos la idea de legislar en relación con este tema, ya que, desde fines de la centuria pasada, los proyectos referidos al divorcio, en su gran mayoría originados en mociones de parlamentarios radicales, fueron archivados por la reacción virulenta de quienes se oponían siquiera a su discusión.
Puede no ser exacta la idea de que si en el país existe mayoría a favor del divorcio, se acoja el clamor popular tomando en cuenta las importantes y serias consecuencias que conlleva, las cuales, a lo mejor, ameritan más que breves minutos de encuesta callejera. Eso sí, es innegable que nuestros representados de cada uno de los distritos esperan contar con herramientas jurídicas para solucionar sus conflictos matrimoniales, pues surgen los más variados problemas que, como representantes populares, estamos en la obligación de asumir. He aquí un buen momento para que a los discursos y los buenos deseos agreguemos el sentido común de miles de compatriotas que observan que sus representantes rara vez discuten y legislan acerca de los problemas cotidianos que los aquejan. Qué más cotidiano que el diario convivir de miles de parejas que, felizmente unidas en un principio, ven en la separación una medida racional cuando la pacífica y armoniosa relación conyugal se acaba. Esta separación de hecho debe tener una regulación jurídica plasmada en la figura del divorcio vincular en Chile.
Por su parte, nos parece muy relevante la opinión del presidente de la Excelentísima Corte Suprema , don Servando Jordán López , quien, en su presentación ante las Comisiones Unidas -cuyo informe estamos debatiendo-, calificó como una situación realmente alarmante el problema que se da en los tribunales en relación con los juicios por nulidad de matrimonios, además de ser creciente la cantidad de nulidades.
Los parlamentarios del Partido Radical Social Demócrata expresamos en este hemiciclo nuestro voto favorable a la idea de legislar sobre el divorcio, convencidos de la urgente necesidad de establecerlo como una contribución a la solución jurídica de los problemas que hoy existen por no contemplarlo, y en la férrea creencia de que la excepción mundial en esta materia no nos honra mayormente; por el contrario, nos coloca en la incómoda situación de aparecer como un país que no se hace cargo de las necesidades jurídicas de sus habitantes.
Además, no compartimos el falaz argumento de que el establecimiento de una ley de divorcio en Chile traerá consigo una escalada de divorcios por la sola posibilidad de que ella lo permita. Lo que habrá, por cierto, es un número importante de divorcios que regularizarán, de manera legal, situaciones fácticas que mantenían por largos años muchos matrimonios que, separados, no habían solucionado su ruptura por la vía de la nulidad fraudulenta. En otras palabras, el divorcio será la herramienta jurídica para dar un justo y civilizado cauce, en los márgenes de la ley, para aquellos matrimonios irreversiblemente fracasados. Si la ley vigente no ha sido capaz de dar estabilidad a la familia chilena, acojamos esta convocatoria que se nos hace hoy para contribuir a la creación de una ley que tenga la fuerza y la virtud de resolver uno de los más grandes y graves problemas que soporta la sociedad chilena.
He dicho.
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