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El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , ayer y en el curso del debate de hoy, se ha hecho una serie de críticas a mis planteamientos, que en esta oportunidad no sólo quiero reafirmar, sino que también profundizar.
Me llama la atención que uno de los grandes argumentos entregados hoy, en forma reiterada, es que el 85 por ciento de los chilenos quiere el divorcio y que, por lo tanto, a raíz de esa estadística hay que aprobar una ley al efecto.
A los parlamentarios que han planteado esos argumentos les preguntaría si acaso quieren transformarse en un correo de lo que piensa la gente. Si es así, nuestro cargo no tiene razón de ser. En ese sentido, sería preferible contratar una oficina de encuestas para efectos de legislar.
Nuestra función es otra, radicalmente distinta y así la entiendo. No estamos para ser correo de nadie, sino para legislar en torno de lo que consideramos el bien común, lo cual, en algunos casos, coincidirá con la opinión mayoritaria de las personas y, en otros, no. Lo importante es ser transparente y que la gente sepa lo que se piensa respecto de cada proyecto.
Al Diputado señor Sota, que hizo una fuerte crítica a raíz de mi intervención de ayer, le diría: ni clericalismo ni fanatismo, sino, simplemente, una crítica constructiva hacia una institución que, pienso, debió haber estado presente.
Finalmente, a la Comisión de Familia, una sola reflexión: que se nombre un solo proyecto, en actual tramitación, orientado a fortalecer el matrimonio para hacerlo más exigente y riguroso, a fin de evitar las crisis y, en definitiva, la separación, o un solo proyecto destinado a evitar las separaciones, con asesorías adecuadas, a fin de reconstruirlos.
Como argumento, se señala también que Chile es el único país en que no existe ley de divorcio, lo cual consideran suficiente para aprobar una ley de divorcio. Vuelvo al argumento inicial. A partir de ahora, deberemos llevar una estadística a nivel mundial sobre los países que tienen leyes en un sentido determinado y en la medida en que constatemos que éstos constituyen una mayoría, estaremos obligados a legislar sobre esa materia. Ésa no es la forma de legislar. Debe hacerse en función del contenido, y no de las mayorías.
Y al revés, no tener una ley de divorcio debería darnos una perspectiva distinta sobre cuál es hoy la situación en el mundo respecto del matrimonio y de la familia. La conclusión es una sola. El matrimonio es una institución en crisis y la relativa a la familia también lo es.
No tengo la menor duda de que son múltiples los factores que inciden en esta situación y de que el divorcio vincular ha sido uno de los factores fundamentales para que se dé ese deterioro en estas instituciones.
Entiendo que la gran mayoría de los matrimonios de nuestro país son estables, bien constituidos. Me cuesta comprender que, a partir de esta realidad, de esa minoría que tiene problemas con sus matrimonios, se pretenda debilitar una institución que todos consideramos de carácter fundamental.
No tengo duda de que cuando estamos en presencia del divorcio vincular -y éste es el argumento más de fondo-, nos encontramos frente a una institución de carácter provisoria. Estamos dando un señal de provisionalidad.
La tendencia natural y obvia en el ser humano, cuando estamos en presencia de una institución de carácter provisional, será terminarla ante el primer problema, sin hacer grandes esfuerzos para recomponer esa situación.
Como legisladores, nuestro esfuerzo debe ser exactamente al revés. Debemos hacer lo imposible para evitar las rupturas matrimoniales, y no tratar que la familia termine desintegrándose. Lo más probable es que se diga que los problemas matrimoniales no se arreglan con leyes, por cuanto son entidades abstractas; sin embargo, no comparto dicha afirmación, por cuanto las leyes encarnan valores, que la sociedad desea proteger, y representan el bien común. Sin duda, las leyes entregan señales en ese sentido.
Por esas razones, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
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