REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 3ª, en jueves 8 de junio de 2000
(Ordinaria, de 10.43 a 13.48 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.


ÍNDICE

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

ÍNDICE GENERAL

Pág.
I. Asistencia7
II. Apertura de la sesión9
III.- Actas9
IV.- Cuenta9
Autorización a Comisión de Economía para constituirse como investigadora9
Permisos constitucionales9
V.- Fácil Despacho. 
Convenio de transporte aéreo entre Chile y Costa Rica. Primer trámite constitucional9
VI.- Orden del Día. 
Monumento en memoria del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva. Proposición de la Comisión Mixta14
Abolición del trabajo de menores de 15 años. Tercer trámite constitucional15
VII.- Proyectos de acuerdo. 
Revocación de decisión de la Superintendencia de Valores y Seguros de cerrar oficina en la Quinta Región31
Declaración de interés cultural nacional al conjunto musical Inti Illimani y al folclorista José Santos Rubio32
VIII.- Incidentes. 
Asignación de beneficios económicos a paradocentes. Oficio36
Información sobre mecanismos de evaluación de proyectos de Indap y Prodecop. Oficios37
Homenaje a don Pedro Lagos Marchant en el 120º aniversario de la toma del morro de Arica38
Extensión de incentivos para Valparaíso a todas las comunas de la Quinta Región. Oficios39
Políticas en favor de la agricultura. Oficio41
Investigaciones de la Contraloría General de la República en municipalidades de la Décima Región. Oficio42
Información sobre proyectos de obras públicas en la Décima Región. Oficio43
Facilidades para el pago de concesión a recolectores de algas de Pilluco. Oficio43
Pág.
Información sobre planes de emergencia de la Onemi en Valdivia y de licitación del tramo TemucoRío Bueno en ruta 5 sur. Oficios43
Recalificación del hospital de Andacollo. Oficio44
Antecedentes del Fondo de investigación agrícola, FIA, sobre evaluación de proyectos de Prodecop. Oficio44
Agilización de trámites para cambio de uso de suelo en Décima Región. Oficios44
Materialización de anuncios y promesas del Gobierno. Oficio46
Informes técnicos de reparaciones de edificios en Chiguayante. Oficio48
IX.- Documentos de la Cuenta. 
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta, recaída en el proyecto que modifica los artículos 24A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar (boletín Nº 84702)50
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que dicta normas sobre protección y valoración del árbol (boletín Nº 223812) (S)50
3.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria y el Convenio de Administración de dicho programa cooperativo, suscritos en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de marzo de 1998 (boletín Nº 244910)55
4.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria y el Convenio de Administración de dicho programa cooperativo, suscritos en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de marzo de 1998 (boletín Nº 244910)59
5.- Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que autoriza erigir monumentos en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, en las ciudades de Rancagua y Concepción (boletín Nº 131204)62
6.- Moción de los diputados señores Errázuriz, Ibáñez y Ovalle, doña María Victoria, que exige que contratos de transmisión de fútbol internacional incluyan a la televisión abierta (boletín Nº 250607)64
7.- Moción de los diputados señores Krauss, Cardemil, Riveros, Errázuriz, Seguel, Velasco y de las diputadas señoras Caraball, doña Eliana, y Rozas, doña María, que deroga el inciso cuarto del artículo 21 de la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias (boletín Nº 250706)65
Pág.
8.- Moción de los diputados señores Martínez, don Gutenberg; Espina y Krauss, que asegura el derecho de los ciudadanos para observar partidos de la selección nacional de fútbol por canales de televisión abierta (boletín Nº 250807)66
9.- Moción de los diputados señores Aguiló, Cornejo, don Patricio; JocelynHolt, Melero, Moreira, Palma, don Osvaldo; Silva, Urrutia y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel, y Pollarolo, doña Fanny, que establece la regulación y fomento de las especialidades médicas y odontológicas (boletín Nº 250911)68


X.- Otros documentos de la Cuenta. 

1.- Comunicaciones:
De la Comisión Especial de Drogas, la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, informa que ha elegido como Presidenta a la diputada señora Soto, doña Laura.
De los diputados señores Leay y Navarro, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de junio en curso, para dirigirse a Estados Unidos y Suecia, respectivamente.
2.- Oficios: 
De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para que, en calidad de investigadora, formule proposiciones tendientes a resguardar el derecho de las personas que adquieren viviendas sin acceder a un crédito hipotecario o que no formalizan la contratación de un seguro de desgravamen.
Ministerio del Interior
De los diputados señores Lorenzini, Gutiérrez y Ortiz, solicitud creación comuna de Putú; modificación de ley orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, para evitar inscripción de personas en circunscripciones que no correspondan a sus domicilios legales.
Ministerio de Educación
De las diputadas señoras Caraball y Prochelle y de los diputados señores Ortiz, Reyes, Huenchumilla y Mora, medidas para evitar deserción escolar.
Ministerio de Justicia
Del diputado señor Jarpa, remodelación o ampliación de los edificios de los juzgados correspondientes a la jurisdicción de la corte de apelaciones de Chillán.
Ministerio de Defensa Nacional
Del diputado señor Vilches, información relacionada con el Servicio de Radiología del Hospital Militar.
De la Corporación, resolución Nº 9080/96 de la Dirección General de Movilización Nacional.
Ministerio Secretaría General de Gobierno
De los diputados señores José García, Delmastro, Recondo, Díaz y de la diputada señora González, uso del diario La Nación para campaña electoral.
De los diputados señores José Antonio Galilea, Vega, Rosauro Martínez, Sánchez y Acuña, indefensión en que se encuentra la agricultura del sur del país.
De la diputada señora Lily Pérez y del diputado señor Víctor Pérez, contrato de abogados externos.
De la diputada señora Pollarolo, del diputado señor Álvarez y de los Comités parlamentarios de los Partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Renovación Nacional y Comité Mixto, dificultades que se han suscitado con los trabajadores del Teatro Municipal.
Municipalidad de Maullín
Del diputado señor Kuschel, educación comunal.
Servicio Electoral
Escrutinios de la elección presidencial.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (75)

--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Rojas Molina, Manuel
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Aníbal Pérez y la diputada señora María Antonieta Saa.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 52ª de la Legislatura Extraordinaria 341ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 53ª, de la misma legislatura, queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.


IV. CUENTA

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE ECONOMÍA PARA CONSTITUIRSE COMO INVESTIGADORA.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Economía para analizar, en calidad de investigadora, el resguardo de los derechos de quienes adquieren sus viviendas sin acceder a un crédito hipotecario, o que no formalizan la contratación de un seguro de desgravamen.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


PERMISOS CONSTITUCIONALES.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederían los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Leay y Navarro para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 10 de junio en curso, para dirigirse a Estados Unidos y Suecia, respectivamente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


V. FÁCIL DESPACHO


CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE CHILE Y COSTA RICA. Primer trámite constitucional.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde conocer el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Costa Rica, y su anexo.
Diputado informante de la Comisión es el señor Caminondo.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 2459-10, sesión 25ª, en 25 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informes de las Comisiones de RR.EE. y de Hacienda, sesión 51ª, en 11 de mayo de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, respectivamente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo.
El señor CAMINONDO.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo a la honorable Cámara acerca del Convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito el 6 de abril de 1999, en la ciudad de San José, Costa Rica.
Este Convenio corresponde al tipo de acuerdos internacionales denominados de cielos abiertos, celebrados por el Gobierno en concordancia con la política aéreocomercial que ha seguido en los últimos años, con el objeto de conseguir la mayor apertura de cielos con los demás países y así lograr las finalidades que informa dicha política, que son el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad.
Resultados concretos de esta política son los acuerdos con la República Dominicana, Corea, Singapur, Israel e Italia y, recientemente, con Estados Unidos, el más abierto de todos.
Todos estos tratados se orientan por los principios establecidos en la Convención de Aviación Civil Internacional, Oaci, y en lo sustancial establecen los denominados derechos de tránsito, que incluyen los siguientes:
a) El derecho de sobrevuelo a través del espacio aéreo de la Contraparte (1ª libertad);
b) El derecho de hacer escala con fines no comerciales en el territorio de la otra Parte (2ª libertad);
c) El derecho de operar entre los territorios de ambas Partes Contratantes (3ª y 4ª libertades);
d) El derecho de operar desde el territorio de la otra Parte, hacia o desde un tercer país (5ª libertad), y
e) El derecho de efectuar la operación anterior pasando por su propio territorio (6ª libertad).
El cabotaje, es decir, el transporte aéreo dentro del territorio de cada Parte, queda reservado a sus empresas nacionales.
El mensaje de su Excelencia el Presidente de la República señala que el Convenio garantiza que las empresas designadas puedan operar sus servicios de pasajeros, carga y correo y exclusivos de carga, tanto regulares como no regulares, con el número de frecuencias y material de vuelo que estimen conveniente. Antecedentes proporcionados por la Junta de Aeronáutica Civil muestran que el tráfico internacional de pasajeros en el mercado ChileCosta Rica, desde 1993 a la fecha, ha sido atendido, principalmente, por la Línea Aérea Costarricense, Lacsa, y que de las líneas aéreas chilenas sólo Ladeco operó hasta 1996. En los años 1997, 1998 y 1999, Lacsa ha transportado, respectivamente, 24.529, 15.117 y 16.702 pasajeros entre ambos países.
Análoga situación presenta el transporte de carga aérea, en el que Ladeco registra importante participación entre los años 1992 y 1996, concentrándose en los últimos en Lacsa, con 96.7, 98.2 y 81.9 toneladas de carga total en los años 1997, 1998 y 1999, respectivamente. En 1999, LAN Chile participa en este transporte con 16.5 toneladas.
Los propósitos que los gobiernos persiguen con la celebración de este Convenio son los siguientes:
Promover un sistema de transporte aéreo internacional basado en la competencia entre líneas aéreas en el mercado, con un mínimo de interferencia y reglamentación gubernamental;
Permitir que las líneas aéreas ofrezcan a los usuarios y embarcadores una variedad de opciones de servicios a las tarifas más bajas, que no sean discriminatorias ni que representen un abuso de una posición dominante, y estimular a las líneas aéreas a establecer e implementar individualmente tarifas innovadoras y competitivas;
Garantizar el grado más elevado de seguridad en el transporte aéreo internacional y reafirmar su honda preocupación con respecto a actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves, que ponen en peligro la seguridad de personas o de la propiedad, que afectan adversamente las operaciones del transporte aéreo y socavan la confianza del público en la seguridad de la aviación civil.
Los derechos que se reconocen a las líneas aéreas que operen en el tráfico bilateral corresponden a los que ordinariamente se otorgan en estos convenios, siendo destacables, entre ellos, el que reconoce los certificados y licencias otorgados válidamente por la otra Parte contratante para fines de la explotación de los servicios aéreos en las rutas. Para tal efecto, se establece un procedimiento que permite que una Parte pueda comprobar que la otra cumple con adecuadas normas de seguridad en relación con las instalaciones aeronáuticas, tripulaciones aéreas, aeronaves y la operación de las líneas aéreas designadas, de tal forma que puede ejercer el derecho de rechazar, revocar o limitar la autorización de operación o el permiso técnico de una línea aérea designada por la otra Parte contratante.
Los gobiernos se comprometen, además, a resguardar la seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita, conforme a las disposiciones que sobre la materia se han adoptado en el derecho internacional, en particular de la Organización de la Aviación Civil Internacional.
Para facilitar el desarrollo de las operaciones comerciales de las líneas aéreas autorizadas, se les permite establecer oficinas en el territorio de la otra Parte contratante, enviar y mantener personal necesario para la prestación de su servicio aéreo, encargarse de sus propios servicios de tierra y, en caso de que esto no fuera posible, utilizar los que se les ofrezcan sobre una base de igualdad y de acuerdo con el procedimiento que esta norma establece; dedicarse a la venta de transporte aéreo en el territorio de la otra parte contratante, sea directamente o a través de sus agentes, pudiendo adquirirlo cualquier persona en la moneda de dicho territorio o en monedas de libre conversión; remitir a sus oficinas principales los ingresos obtenidos en el territorio de la otra Parte; operar servicios con las modalidades de código compartido, bloqueo de espacio y otras fórmulas de operación conjunta, con las líneas aéreas de las Partes contratantes como respecto de las de terceros países, en las condiciones que la misma norma establece.
Como ocurre ordinariamente en este tipo de tratados, se establece la exención de todos los derechos aduaneros, de inspección u otros derechos o tasas en favor de la entrada al territorio nacional de las aeronaves, así como de su equipo ordinario, combustible, lubricantes y otras provisiones a bordo, siempre que dicho equipo y provisiones permanezcan a bordo hasta su reexportación.
Además, se conviene la exención de derechos y tasas, con excepción de los derechos por servicios prestados, en beneficio de las líneas aéreas designadas por la otra Parte contratante; los suministros de a bordo embarcados en el territorio de cualquiera de las Partes; las piezas de repuestos introducidos en el territorio de una de las Partes para el mantenimiento o reparación de las aeronaves utilizadas en los servicios aéreos internacionales; el combustible y lubricantes destinados al abastecimiento de las aeronaves explotadas. Podrá exigirse que se sometan a vigilancia o a control aduanero los elementos beneficiados por la exención.
Respecto de los cargos al usuario que impongan los organismos competentes a las líneas aéreas de la otra Parte contratante, se establece que éstos deberán ser justos, razonables y no discriminatorios. Se estimulará la celebración de consultas encaminadas a permitir un examen minucioso que determine si los cargos son o no razonables.
Cada línea aérea podrá fijar sus tarifas, basadas en consideraciones comerciales de mercado, debiendo limitarse la otra Parte contratante a impedir prácticas o tarifas discriminatorias, a proteger a los consumidores de tarifas excesivamente altas o restrictivas que se originen en una posición dominante y a proteger a las líneas aéreas de tarifas artificialmente bajas derivadas de un apoyo gubernamental directo o indirecto.
Las autoridades aeronáuticas y la Junta de Aeronáutica Civil, por Chile; el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, por Costa Rica, podrán requerir que las tarifas les sean notificadas antes de entrar en vigencia, en un plazo que no podrá ser superior a sesenta días. En el evento de que se estime que una tarifa es incompatible con las consideraciones estipuladas en el párrafo primero del mismo artículo, se da inicio a un procedimiento encaminado a terminar con la discrepancia. En el caso de no llegarse a acuerdo, tal tarifa continuará en vigor.
Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de este Convenio, que no lo haya sido por medio de consultas directas, se someterán a un tribunal arbitral integrado por tres miembros, dos de los cuales serán nombrados por cada una de las Partes contratantes, y el tercero, de común acuerdo por los dos miembros del tribunal. Si no se procede a los nombramientos en la forma señalada, cualquiera de las Partes contratantes podrá requerir al presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional que designe a el o los árbitros faltantes. El no cumplimento de lo resuelto por los árbitros por una de las Partes contratantes, facultará a la otra para limitar, impedir o revocar cualquier derecho o privilegio originado por este instrumento y mientras dure el incumplimiento.
Después de haber escuchado al secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, señor Juan Pablo Langlois Vicuña, y a la jefa del Departamento de Inversión y Transporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, señora Ana Novick, quienes, en lo fundamental, reiteraron las consideraciones de mérito que llevaron a los gobiernos de Chile y de Costa Rica a celebrar este convenio, y habiendo tomado conocimiento de los antecedentes de que se ha dado cuenta en este informe, vuestra Comisión decidió, por unanimidad, recomendaros la aprobación de los instrumentos internacionales sometidos a la consideración de la honorable Cámara, para lo cual os sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad que no se estima necesario detallar, las que se salvan con el texto sustitutivo puesto a disposición de los señores diputados.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Pablo Galilea, diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre los gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto, los señores Claudio Troncoso, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Javier Becker, asesor del Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
El propósito de la iniciativa consiste en aprobar el señalado Convenio, suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica el 6 de abril de 1999.
Este convenio corresponde al tipo de acuerdos internacionales denominados de cielos abiertos, celebrados por el Gobierno en cumplimiento de la política aéreocomercial seguida en los últimos años para facilitar la competencia en el sector.
El representante del Ejecutivo manifestó en la Comisión que se trata de establecer en el Convenio un régimen de cielos abiertos, en concordancia con la normativa que consagró la desregulación del transporte aéreo en nuestro país (decreto ley Nº 2.564, de 1979).
De acuerdo con los antecedentes relativos a la negociación del Convenio de transporte aéreo con Costa Rica, la línea aérea costarricense Lacsa inició sus operaciones hacia Chile en 1993, sobre la base de una autorización otorgada por el Gobierno chileno en contrapartida a operaciones efectuadas por Ladeco a ese país y al resto de Centroamérica.
En abril de 1998, durante la Segunda Cumbre de las Américas, los Presidentes de ambos países reiteraron el deseo de profundizar y facilitar las relaciones económicas, turísticas y comerciales entre las dos naciones. En vista de lo anterior, las autoridades aeronáuticas chilenas propusieron la suscripción de un convenio de cielos abiertos con Costa Rica. El texto corresponde al tipo de convenio firmado con Panamá en 1997 y propuesto a otros países de la Región de acuerdo con la decisión del Consejo de la Junta de Aeronáutica Civil.
El Convenio consagra el derecho de las empresas aéreas de los dos países para desarrollar operaciones en ambos territorios y con terceros países dentro del continente americano, con derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta libertades. No obstante, el tráfico de cabotaje queda reservado a las empresas nacionales dentro del territorio de cada Parte.
El Convenio también establece la múltiple designación de empresas y libertad tarifaria, otorgando la flexibilidad necesaria para que sean las mismas empresas aéreas las que determinen el número de frecuencias, tipo de avión, rutas, modalidad de operaciones y precios por cobrar, en razón de consideraciones de mercado. Asimismo, reconoce el derecho de las empresas para convenir acuerdos de cooperación o códigos compartidos con otras aerolíneas para operar los servicios aéreos.
En la actualidad, Lacsa opera siete frecuencias semanales entre Costa Rica y Chile sin limitaciones de ningún tipo.
Estudios financieros de la Dirección de Presupuestos respecto de otros convenios de igual naturaleza, previamente informados por esta Comisión, han expresado su nulo impacto fiscal, criterio que debe entenderse aplicable al proyecto de acuerdo en informe.
La Comisión de Relaciones Exteriores dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo 9º del Convenio.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que en el artículo 9º se establece la exención de los derechos de aduana, honorarios de inspección y otros derechos o impuestos al llegar al territorio de la otra Parte, en favor de las aeronaves operadas en servicios internacionales por las líneas aéreas designadas; asimismo, de su equipo regular, piezas de repuesto, abastecimientos de combustibles, lubricantes y provisiones de la aeronave a bordo hasta su reexportación. También se incluye en la exención precedente a los suministros de la aeronave embarcados en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes; a los repuestos que la disposición indica, y los combustibles y lubricantes destinados al abastecimiento de la aeronave en los servicios convenidos.
Teniendo presentes los antecedentes de la iniciativa, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer a la Sala de la Corporación la aprobación del proyecto de acuerdo sobre el Convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Costa Rica, y su Anexo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Costa Rica.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


VI. ORDEN DEL DÍA


MONUMENTO EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EDUARDO FREI MONTALVA. Proposición de la Comisión Mixta.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que autoriza erigir monumentos en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva en las ciudades de Rancagua y Concepción.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 1312-04 (S). Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.- Señor Presidente, sugiero que el proyecto, ya informado por la Comisión Mixta, sea votado sin discusión, porque ya está suficientemente analizado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, tiene mucha razón; pero han solicitado la palabra otros señores diputados.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, me correspondió integrar la Comisión Mixta que tuvo que resolver la discrepancia suscitada respecto de la autorización para erigir monumentos en Concepción y Rancagua en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva.
El diputado señor Juan Pablo Letelier, expresó, en la Comisión Mixta, que desde 1991 existe en Rancagua distrito que el honorable colega representa un monumento al ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Más aún, indicó el lugar en que está ubicado: la intersección de la calle Freire con la denominada, precisamente, “Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva”.
En vista de eso, la Comisión Mixta solicitó a la ilustre municipalidad de Rancagua y al Consejo de Monumentos Nacionales los antecedentes, serios y objetivos, de esta situación, los cuales ratificaron la afirmación del honorable colega. Debido a ello, los parlamentarios que participamos en dicha Comisión, cambiamos, por unanimidad, el texto del informe: se autoriza sólo erigir un monumento en Concepción en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva.
Personalmente, como penquista y diputado durante diez años por nuestra ciudad de Concepción, quiero expresar que para nosotros será un orgullo y una gran satisfacción que el proyecto se convierta en ley de la República en poco tiempo más.
Concepción tiene muchas deudas de gratitud con el sexenio de 1964 a 1970. Por ejemplo, la comuna de Talcahuano se transformó absolutamente en el período de Eduardo Frei Montalva. Además, durante ese período presidencial, en materia habitacional y educacional hubo un gran avance, un importante aumento en la infraestructura y un inmenso presupuesto.
En virtud del artículo 4º del proyecto consensuado, se crea una comisión especial ad honórem encargada de ejecutar esta construcción. Estará constituida por un diputado y un senador, quienes serán designados por la Cámara y por el Senado; el alcalde de Concepción, que la presidirá; un representante del Ministerio de Educación; el Presidente de la Fundación Eduardo Frei Montalva, y el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.
A la brevedad, nos pondremos en campaña para plasmar los objetivos del proyecto.
Por eso, reitero mi satisfacción, y anuncio que toda la bancada democratacristiana, obviamente, votará favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, dado que también fui integrante de la Comisión Mixta, ratifico lo señalado en el informe en cuanto a que fue en el Senado donde se originó el proyecto para levantar sendos monumentos en Concepción y Rancagua.
Esta Corporación, como cámara revisora, descartó la última ciudad por las razones que adujo el diputado señor Ortiz: en ella ya existe un monumento a Eduardo Frei Montalva.
Posteriormente, la Comisión Mixta dirimió la divergencia entre el Senado y la Cámara y ratificó la decisión de esta última, de eliminar la autorización para erigir un monumento en Rancagua.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- El Reglamento dispone que el debate de las proposiciones de la Comisión Mixta se reducirá a tres discursos, por lo que solicito la unanimidad de la Sala para escuchar la intervención del honorable diputado señor Enrique Krauss.
Acordado.
Tiene la palabra el honorable diputado don Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.- Señor Presidente, quiero dejar constancia del significado que tiene para quienes integramos la Democracia Cristiana el reconocimiento que se hace con este proyecto de ley a don Eduardo Frei Montalva.
En verdad, el juicio de la historia se empieza a construir no sólo respecto de don Eduardo, sino que de muchas figuras importantes de la política chilena del siglo veinte, que fueron verdaderos hitos en este proceso de transformación y desarrollo de nuestro país, en el cual han sido sujetos y actores todos los chilenos.
Para nosotros la figura de don Eduardo Frei tiene una particular relevancia y significación, sentimiento que compartimos respecto de otras figuras. Por eso, creo importante señalar la decisión de la Cámara y del Senado en cuanto a ir dejando testimonio de la importancia del acontecer nacional, no sólo en cuanto a elementos del pasado, sino también como factor sustentante de nuestro futuro.
Por lo anterior, debo destacar la posición favorable de las distintas bancadas respecto de esta iniciativa.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la proposición de la Comisión Mixta.
Aprobada.
Despachado el proyecto.


ABOLICIÓN DEL TRABAJO DE LOS MENORES DE 15 AÑOS. Tercer trámite constitucional.

El señor LEÓN (Vicepresidente).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince años.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1470-13, sesión 1ª, en 6 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi alegría y satisfacción por la aprobación de este proyecto, originado en una moción de la cual soy autor junto con otros señores diputados, sobre la abolición del trabajo infantil en Chile.
Después de aproximadamente cuatro años, la cámara alta despachó esta iniciativa. Me alegra la unanimidad con que fue acogida por el Senado. Ello nos demuestra la gran preocupación del Congreso por la situación de los menores de edad que trabajan en nuestro país.
Si bien es cierto el proyecto ha producido un gran debate sobre la situación de los menores de edad y de los adultos en el campo laboral, especialmente en los entes legisladores y colegisladores, no lo es menos la gran inquietud que ha generado en muchos sectores de jóvenes y de niños, la abolición del trabajo infantil por sus consecuencias en la economía de sus hogares y de ellos mismos.
Junto con la elaboración de este proyecto, que presentamos hace más de cuatro años y cuyo estudio estamos finalizando, personalmente les hice la siguiente propuesta a lo menos a dos ministros del Trabajo que espero sea recogida algún día: que el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, haga una evaluación nacional de los niños que trabajan y de las necesidades que tienen para hacerlo; y una vez finalizado ese estudio, que el Gobierno lo analice con los municipios, para ver la posibilidad de que el Estado, el fisco proporcione a estos últimos los recursos necesarios a fin de que sean entregados a los padres o tutores de los niños que dejen de trabajar. La suma que recibirían sería el equivalente a un ingreso mínimo mensual, el que se pagaría de acuerdo con la asistencia escolar de estos niños.
Muchos podrán criticar que nuevamente estemos pidiendo que el Estado entregue recursos, pero estoy firmemente convencido de que si se hace el estudio señalado, sabremos cuántos niños trabajan en Chile y a cuántos les pagaremos aproximadamente un ingreso mínimo mensual para que estudien. El resultado económico para el país va a ser mejor cuando estos niños hayan cursado su educación básica, secundaria y, por qué no decirlo, su educación superior.
Está demostrado clara y fehacientemente en los estudios que hemos acompañado a este proyecto de ley, que un niño que trabaja y deja de estudiar, cuando es adulto recibe un menor salario de entre 26 y 30 por ciento que el que percibe otra persona de su misma edad que tiene más educación.
Somos firmes partidarios de la abolición del trabajo infantil y de que los niños estudien, se recreen, descansen y hagan vida familiar.
Sabemos que este tema es difícil y extremadamente complejo; pero si los legisladores, el Ejecutivo y las autoridades no lo tomamos como una verdadera bandera de lucha, cada día seremos un país más inculto y, por lo tanto, será más fácil explotar laboralmente a estos niños cuando sean adultos.
Señor Presidente, reitero mi propuesta al Ejecutivo. Espero que la considere y estudie, con el objeto de que podamos abolir de verdad el trabajo infantil de los menores de quince años y que la iniciativa que discutimos no sólo quede en el papel, ya que de esta manera podremos demostrar al mundo que Chile prepara a sus niños para que trabajen en el futuro para ellos y para el país.
Agradezco sinceramente el apoyo que todos los colegas dieron a esta moción, así como la urgencia con la que la calificó el Gobierno para que se discutiera, y espero que el futuro de los niños sea mejor que lo que han vivido hasta hoy.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, todos queremos que se concreten las disposiciones de un proyecto de esta naturaleza, por lo que aprobaremos las modificaciones del honorable Senado.
Sin embargo, deseo referirme al fondo del tema. Lo que necesitamos es hacer leyes que solucionen los problemas sociales reales de nuestro país y no sólo despachar una iniciativa para que salga en la prensa y todos digan: “¡Oh, qué preocupados son los parlamentarios de nuestro país con los niños!”.
¿Por qué digo esto? Porque el inciso tercero del artículo 13 del Código del Trabajo dice: “Los menores de quince años y mayores de catorce...”, mientras que el proyecto dispone: “Los menores de dieciséis años y mayores de quince...”. Es decir, estamos rebajando sólo en un año lo establecido en dicho Código.
Es obvio que todos estaremos de acuerdo en permitir que los hijos de Chile puedan estudiar; pero, ¿cuál es la realidad, señor Presidente? En nuestro país, según estudios y análisis del Gobierno de la Concertación, hay o había entre 3 y 4 millones de pobres. Si consideramos que a lo menos un 50 por ciento de esa cifra corresponde a menores de edad, habría un millón y medio de jóvenes viviendo en zonas rurales, mineras, desérticas, apartadas, donde la educación estatal sólo llega hasta octavo básico, justo cuando los alumnos cumplen 14 años, y como ellos no disponen de facilidades de transporte, lo que es absolutamente necesario en consideración a la lejanía de los establecimientos educacionales, y tampoco capacidad económica, no pueden acceder a la enseñanza media de los colegios, que generalmente existen en las ciudades grandes.
¿Qué hace el proyecto? Como los menores no pueden seguir estudiando porque no se dan las condiciones ni las garantías para ello obviamente, el Estado no puede, aunque todos quisiéramos que así fuese, y les prohibimos que trabajen, aparte de no capacitarlos, como decía mi colega Seguel, los estamos condenando a la pobreza eterna.
Lo que deberíamos hacer es fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglas que establece el inciso tercero del artículo 13 del Código del Trabajo, porque, obviamente, nadie pretende que los menores trabajen en labores pesadas. Debemos dejar que sus padres, o abuelos o el juez determinen si pueden trabajar y dónde, y fiscalizar a la empresa o persona que les da trabajo.
Además, vamos en la línea de crear la cultura del trabajo, que tanta falta hace en el país. Todos los chilenos quieren vivir como reyes, pero no trabajar. Incluso, algunos prefieren delinquir. Con esto no estoy diciendo que debemos hacer trabajar a los menores de quince años, pero tampoco podemos cometer la ignominia de privarlos de la libertad de buscar la forma mantenerse o subsistir.
Voy a votar favorablemente el proyecto porque creo que va en la línea correcta. Sin embargo, para el establecimiento fidedigno de la historia de la ley, he querido hacer estas precisiones a fin de que después no se rasguen vestiduras cuando veamos niños que no pueden completar su educación, pero que por esta magnífica iniciativa que vamos a despachar, tampoco pueden trabajar.
Espero que con el proyecto de ley que hoy todos vamos a aprobar para que la comunidad diga qué preocupados son los diputados esos niños no sean más afectados de lo que ya están.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, no aspiro y creo que ninguno de los presentes puede aspirar a representar a todos los trabajadores de nuestro país ni a todos los chilenos.
Sin embargo, discrepo profundamente de quien me antecedió en el uso de la palabra, que se refirió a la cultura de trabajo. Todos los indicadores de los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, indican que en nuestro país se trabaja mucho y que la cultura de trabajo de la abrumadora mayoría de los chilenos es tal que han aumentado su productividad año tras año, sin que ello haya significado el incremento de sus ingresos en iguales porcentajes.
Por ende, disiento del espíritu de las palabras de mi colega Bertolino, quien, para ser consecuente, en verdad debería haber anunciado su voto contrario al proyecto y no darse la voltereta que implica criticar, manifestar no estar de acuerdo, decir que es inútil, pero anunciar que igual lo va a votar a favor.
La tramitación del proyecto ha demorado demasiados años en el Congreso Nacional. Su propósito es lograr un cambio cultural: los niños tienen que estudiar, recrearse y ser felices. Estudiar es su principal obligación para con la sociedad y ésta tiene obligación con ellos. Si ha costado tanto modificar la edad y la mejor regulación del proceso de incorporación de los niños al mundo laboral, es porque hay una opción cultural y no sólo creer que ellos deben comenzar a trabajar a esa edad para tener la cultura de trabajo.
¿De quiénes estamos hablando? De sectores que normalmente viven en extrema pobreza, de jóvenes cuyos padres reciben sueldos miserables, por lo que están obligados a incorporarse al mundo del trabajo y no como se intenta mostrar aquí, de gente a quien estamos impidiendo su desarrollo laboral, su cultura de trabajo.
Es cierto que la educación estatal llega en muchos lugares rurales hasta octavo básico, como dijo mi colega de la Oposición, pero con mucho respeto creo que mis colegas que representan zonas rurales, igual que yo, entienden que la revolución cultural habida en el país como consecuencia de los cambios comunicacionales hace que esos niños tiendan a ser iguales en términos culturales que los que viven en zonas urbanas, y aspiran a lo mismo. Por lo tanto, no pretenden entrar al mercado de trabajo cuando son adolescentes.
Cabe preguntarse por qué no continúan estudiando y por qué hay un porcentaje de abandono de las aulas. Pongamos el problema en su lugar y no digamos que la forma de resolverlo es que trabajen y que lo que estamos haciendo es condenar a esos pobres niños ese fue el concepto que se formuló a una pobreza eterna, porque no les vamos a permitir su incorporación al mercado laboral.
Tengo una profunda discrepancia de enfoque con el colega de la Oposición que me antecedió en el uso de la palabra respecto del mercado de trabajo y también de los derechos de los niños, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales sobre la materia. 
El proyecto constituye un paso tremendamente importante hacia la normalización de la cultura del trabajo y en poner atajo a la explotación a que son sometidos los niños en diferentes áreas. En la agricultura es, muchas veces, vergonzosa. Respecto del comercio, el Congreso Nacional aún no ha sido capaz de enfrentar la situación de los niños que trabajan en los supermercados. A partir de los quince años un menor puede trabajar algunas horas del día, siempre que eso no signifique abandonar sus estudios, ni participar en trabajos pesados, o dañar su salud, para poder hacer un aporte al ingreso familiar. Sin embargo, debe entenderse que lo ideal es que los niños no trabajen, que los padres ganen sueldos más dignos y no el ingreso mínimo, que se fija por ley, aunque si no existiera una ley al respecto habría empresarios que pagarían menos de cien mil pesos.
Junto con compartir la alegría del colega Seguel y de otros que promovimos el proyecto hace muchos años, quiero decir que la solución para el futuro, una vez que tengamos una evaluación, a mi juicio, no debe ser la que él propone; debe ser de otro tipo y apuntar, en el fondo, a una redistribución de oportunidades y de ingresos al conjunto de las familias del país.
El modelo que se siguió en Brasil para terminar con el flagelo del trabajo infantil ha demostrado tener virtudes y defectos. En todo caso, entiendo que su espíritu es que la sociedad asuma eso sí lo comparto la responsabilidad de los menores de dieciocho años para impedir que se incorporen al trabajo en forma precoz, precipitada o prematura como consecuencia del círculo perverso de la pobreza. ¡Que los niños sean niños, estudien, tengan derecho a la recreación, sean felices y no estén obligados, como exige nuestra cultura, a adelantar sus etapas! Las expectativas de vida son cada vez más largas. Por ello, que los niños sean niños mientras puedan, sobre todo porque la vida que tienen por delante no es fácil y creo que todo lo que hagamos para atrasar su incorporación al trabajo es bueno para ellos, para la sociedad y la cultura que queremos desarrollar.
Por último, necesitamos complementar esta iniciativa con el anuncio del Presidente Lagos transformado en proyecto de ley para garantizar métodos de trabajo por jornadas parciales, por horas, con un sistema previsional adecuado a fin de que aquellos jóvenes o adolescentes, de más de 16 años, que se incorporen al mercado del trabajo tengan más opciones que las actuales y que los empresarios que quieran contratarlos en algunas actividades no les pongan obstáculos; por el contrario, les faciliten las cosas para que puedan desempeñarse por horas, lo cual, como se ha demostrado en muchos países del mundo, es muy útil. 
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, por su intermedio, quiero solicitar que el diputado Rodolfo Seguel, uno de los autores del proyecto, precise a esta Corporación el sentido de los cambios introducidos por el Senado. 
Con el respeto que me merecen mis colegas, sus intervenciones se refirieron al objetivo global del proyecto; pero hoy no estamos discutiendo ese propósito, sino si aprobamos o no modificaciones muy concretas introducidas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados. De su lectura se desprende que algunas de ellas podrían ser relevantes, y en ese sentido, insistiendo como lo han hecho los tres diputados que me han antecedido en el uso de la palabra en la importancia de legislar sobre la materia, quiero saber si las modificaciones del Senado mejoran o empeoran el texto que aprobamos en su oportunidad. No entiendo por qué tantos cambios en el Senado: transforma en uno los tres artículos que aprobó la Cámara; es decir, suprime dos artículos y, además, dos numerales del único artículo que deja. A lo mejor, el Senado ha sido muy eficiente, pero como ninguno de los diputados que intervino se refirió al texto que reemplaza al de la Cámara, quiero que alguno de ellos que estudiaron el proyecto con mayor detenimiento nos oriente al respecto.
Y digo lo anterior por algo muy simple. Días atrás la Cámara rechazó un informe de una Comisión Mixta. Para la opinión pública el mensaje entregado no fue: “se rechazó el informe de una Comisión Mixta y, por lo tanto, en algunas materias no hubo acuerdo entre ambas Cámaras” queda la posibilidad del veto del Presidente de la República, pero “se rechazó la idea de legislar”. Aquí, votemos a favor o en contra de las modificaciones del Senado, espero no estar rechazando la idea de legislar, sino que pronunciándonos respecto a un texto específico que mejora o deteriora lo que aprobamos. 
Señor Presidente, quienes no estamos al tanto de todo el contenido del Código del Trabajo sobre esta materia, agradeceremos que el diputado informante señor Seguel nos dé una orientación efectiva y con mayor detalle sobre los cambios introducidos por el Senado.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.- Señor Presidente, sin duda, después de escuchar a quienes me han precedido en el uso de la palabra, tengo la impresión de que se ha ido produciendo un debate sobre el debate. Ello, porque el tema es extraordinariamente importante. 
Antes de mi exposición, no tengo inconveniente en conceder una interrupción al colega Seguel para que responda las inquietudes del colega Andrés Palma.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor Fossa, el diputado Seguel se inscribió para hacer uso de la palabra en su segundo discurso, por lo cual si su Señoría desea hacerle alguna consulta, él, seguramente, con mucho gusto la recogerá en esa intervención.
El señor FOSSA.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a votar a favor del proyecto porque va en la línea correcta en cuanto a mejorar lo que corresponde al trabajo como condición social sine qua non de nuestra sociedad, de la familia y, particularmente, de aquellos que se desempeñan en el mundo laboral. Eso no tiene cuestionamiento.
Encuentro adecuadas las modificaciones que nos propone el honorable Senado, porque no alteran mayormente salvo que corren en un año el límite de edad para los menores lo que se quiere hacer. Sí estoy de acuerdo en que, cuando atacamos estos problemas en forma puntual, aparentemente, se pierde el contexto general del mundo laboral y de quienes nos desempeñamos en él. El problema del trabajo de menores va más allá de un articulado, de límites de edad y de lo que significa la obligación, a veces, de tener que trabajar anticipadamente debido a un problema social y de pobreza, de desempleo y de incapacidad para obtener el sustento a quienes corresponde. 
Quiero referirme a un punto que aquí se introduce y que está contenido en el Código del Trabajo. Da la impresión de que nos preocupamos solamente de los niños varones menores de edad y no de las niñas. Se habla de trabajos forzados, subterráneos, difíciles, pero no se trata el problema de la menor que también se ve obligada a trabajar debido a un problema social, sin que pueda dedicarse a lo que deben hacer los niños: estudiar, formarse y madurar al alero de su familia. Deberíamos haber incluido inmediatamente en este cambio una protección a la menor. Eso no queda claro aunque entiendo que el término “menores” es genérico y en él estaría tácitamente involucrada la menor.
Solamente el artículo 15 del Código del Trabajo, al que las modificaciones no toca, se refiere a aspectos de nuestra vida que son tremendamente delicados, por ejemplo, la prohibición absoluta de que los menores puedan trabajar en locales de dudosa reputación, de venta de bebidas alcohólicas, etcétera.
Vamos a votar a favor del proyecto, pero dejando claramente establecido que el tema debemos analizarlo mucho más profundamente y así lo propondrá nuestra bancada cuando nos aboquemos al estudio de las reformas laborales. Creemos que el tema debe estar en primera línea de ese análisis.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.- Señor Presidente, la iniciativa reviste gran importancia y, como expresaba el diputado señor Andrés Palma, una de las diferencias entre el texto aprobado por la Cámara y el del Senado es que este último sustituye, en el inciso tercero, la expresión inicial “Los menores de quince años y mayores de catorce” por “Los menores de dieciséis años y mayores de quince”.
Ante esta modificación, pregunto: ¿Cuál es el rol de un niño de diez, doce años o menor de dieciséis? Como miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación ya lo han manifestado otros colegas sostengo que es estudiar y capacitarse. El principal objetivo de nuestro Gobierno respecto de los niños y jóvenes debe ser abrir un abanico de posibilidades para que tengan la mejor educación que pueda brindarles la nación. Pero la realidad es patética y cruel, por decir lo menos. La deserción escolar, tanto en el campo como en la ciudad, se da no sólo por factores educacionales los menos, sino principalmente por motivos económicos, ya que del grupo familiar, sobre todo los que enfrentan mayores carencias, alguien más debe trabajar a fin de contribuir al sostenimiento de la familia. Y eso es muy duro. Es importante decir aquí que la deserción escolar que hoy se da en la enseñanza básica y media se debe a que estos niños se ven en la obligación de abandonar su educación normal para dedicarse a trabajar en distintas actividades.
Deseamos que nuestros niños aprendan a convivir y a prepararse para enfrentar el futuro competitivo, duro y cruel de los dieciséis años en adelante.
También quiero referirme a la explotación de los niños, que ha sido permanente y constante desde los inicios de la República hacia delante. Nadie puede esconder ni poner en duda esa situación, por cuanto esa explotación en distintos sectores productivos ha sido un hecho que nos avergüenza como país.
Por otra parte, nuestros niños no sólo son explotados en el campo. En el caso del litoral central, en las distintas comunas que represento, tales como Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Casablanca, la explotación se da en toda la actividad pesquera, artesanal e industrial, en la que niños de corta edad desarrollan faenas durísimas y peligrosas, causales de enfermedades prematuras. Por ejemplo, en el valle de Casablanca trabajan en la recolección de la fruta; en la Octava Región están los chinchorreros, los algueros, los que extraen mariscos; en otras partes, los que limpian autos, venden “Súper 8” y realizan una serie de actividades menores y también mayores, en algunos casos.
¿Acaso el trabajo de los menores es mano de obra barata? Por supuesto que lo es para distintas empresas. ¿Para qué negar algo evidente? ¿Para qué esconder la verdad? Los niños constituyen mano de obra barata para las empresas, industrias, supermercados, tiendas, ferias libres, etcétera; además, laboran sin previsión ni seguridad y deben desarrollar todo tipo de actividades pesadas.
Por eso, la iniciativa merece todo nuestro apoyo y reconocimiento a sus autores. Hoy quienes se preocupan por lo que pasa en las distintas áreas de la producción, ven que gran cantidad de estos niños ocupan el lugar de los cesantes, quienes también tienen derecho a trabajar.
Debemos tratar de construir una sociedad más justa, en la que haya una mejor distribución del ingreso. En esa línea, si se mejoran los sueldos y salarios de los trabajadores de las distintas áreas, los padres no obligarán a sus hijos a desempeñar una labor para contribuir a la economía hogareña.
Desde el punto de vista netamente educacional, es lastimoso comprobar que los niños, aparte de estudiar en las mañanas, deben ir a trabajar a la calle. Los profesores hemos verificado que esos escolares tienen menor rendimiento y se ven más alicaídos y tristes que el resto de sus compañeros. Con esta iniciativa, pretendemos dar más y mejores oportunidades a nuestros hijos para que realicen sus funciones en la edad que les corresponde y no empujarlos al mundo del trabajo, que es demasiado cruel y duro.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, estamos ante un tema bastante delicado. En primer lugar, nadie pone en duda que el niño debe tener una infancia feliz, una preparación para entrar a la vida con mayores perspectivas, contar con el apoyo de su familia a fin de estudiar y ser feliz.
Pero no debemos dejar de lado lo coyuntural, cuando las familias carecen de un salario que les permita alimentarse y cubrir sus distintas necesidades. Se ha hablado mucho sobre la materia y cada uno trae a colación la situación de sus distritos. Pero se da el caso que el tema es nacional, pues niños de Arica a Punta Arenas trabajan a veces en condiciones despiadadas. Por eso pregunto, ¿cómo podemos impedir que un niño quiera realizar un trabajo, ayudar a su familia en forma honrada y honesta y ganarse unos pesos, aunque sean pocos al día, y no meterse en la drogadicción, prostitución, venta de alcohol, ni entrar al mundo de la delincuencia cuando aún son infantes? ¿Cómo impediremos que trabaje un niño que está en vacaciones si quiere contribuir al mantenimiento de su hogar?
Creo que debemos aplicar un criterio amplio. No estoy diciendo que la gente contrate niños para obtener mano de obra barata. El trabajo honra, y el niño debe prepararse en esa línea. Sabemos que en los países desarrollados los niños empiezan a trabajar a muy corta edad: reparten diarios, la leche, hacen aseo y cosas propias de su edad. Nadie les pedirá que carguen un saco de trigo o que levanten una onza de cobre. No estamos en un país como Colombia, donde los niños de ocho años son usados para sacar esmeraldas de las minas. Estamos hablando de un trabajo honrado y acorde con la edad de niños que deseen colaborar con sus padres. 
Me preocupa esta arista del tema: dar a los niños la oportunidad de desarrollarse, de que destinen al trabajo un par de horas en sus vacaciones, en su tiempo libre, para que así vayan entrando en la vida en forma honrada y consciente. En el fondo, podrán tener quince años de descanso, pero la vida es muy cruel y, al final, deberán enfrentarse a la fuerza laboral. A lo mejor, la realidad es peor de lo que se imaginan. O sea, hay que crear el hábito. No digo que trabajen diez o doce horas al día, sino que el horario se fije según la disponibilidad de tiempo de los jóvenes. 
Se ha hablado mucho de los explotadores. ¿Cuántos padres mandan a sus hijos a las calles a pedir limosna, trabajan con ellos y, a veces, les impiden que vayan al colegio?
En consecuencia, estoy de acuerdo con un proyecto que controle, regule y limite el trabajo de menores, pero no se puede coartar que se inicien en el mundo laboral con un trabajo limpio y de acuerdo a su edad. Ahí está el meollo del asunto.
¿Por qué una persona menor de dieciocho años va a ganar menos que un obrero, en circunstancias que el rendimiento es el mismo? O sea, aquí también hay una cuestión de conciencia.
Por eso, el trabajo infantil me refiero a infantes de entre quince y dieciséis años, si es honrado, debiera permitirse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el diputado señor Seguel expuso el caso de los niños de los supermercados. Me preocupé de él y lo analicé. ¿Qué pasa? No tienen imposiciones, pero se produce una cosa bastante curiosa, y es bueno decirla, porque, en el fondo, originó el proyecto. Esos niños ganan tres, cuatro o cinco mil pesos por llevar paquetes a los autos. Si se les prohíbe ese trabajo, los supermercados dirán: “Conforme, que la mercadería la lleven los clientes”, pero ellos dejarán de percibir ese dinero que aportan a su casa. 
En consecuencia, en lugar de hacer un favor mediante la supresión del trabajo infantil en áreas realmente perversas, se hace una desfavor a los niños que desempeñan un trabajo honrado y cooperan a su casa. ¿Qué es mejor: prohibir el trabajo infantil o permitir que los niños ganen unos pesos en forma honrada y libre y aporten a sus casas? 
Sin duda, no me gustaría que un niño desempeñara un trabajo que no le correspondiera. A ningún padre le agradará que sus hijos se prostituyan, vendan drogas o hagan el mal para llevar unos pesos a su casa. Este es el contrapunto. 
Distinta sería la situación si el país estuviera consolidado, no hubiera cesantía y ofreciera buenos sueldos. Estaría absolutamente de acuerdo en que el niño se dedicara sólo a estudiar y tuviera un pasar lo más infantil posible. La vida es muy larga y no vale la pena que despierte a los doce años en un mundo tan cruel como el que vivimos. 
Realmente, el problema es serio y votaré a favor de las modificaciones, pero deseo manifestar estas aprensiones porque, en el fondo, no quiero ser responsable de impedir que los niños trabajen o de coartar a un empleador que ofrezca darles trabajo. Sin embargo, es razonable que se ponga un tope a los trabajos que no son propios de la juventud.
He dicho. 
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Seguel. 
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, me referiré a las modificaciones del Senado y responderé ciertas inquietudes de algunos parlamentarios.
En el artículo 1º, el número 2, en que se reemplaza la expresión “Los menores de quince años y mayores de catorce” por “Los menores de dieciséis años y mayores de quince”, obedece a un consenso y considera una modificación sobre la materia que se introdujo en la Organización Internacional del Trabajo.
En el artículo 2º, su supresión se justifica el diputado señor Andrés Palma consultó al respecto porque las restricciones que establece están en el Código del Trabajo. En la práctica, se repetirían. 
En el artículo 3º, que reemplaza en el artículo 16 del Código del Trabajo la conjunción “o” por “y” entre las expresiones “representante legal” y “del juez de menores”, su supresión no es difícil de explicar. La intención de la Cámara fue poner cortapisas y que los niños tuvieran que pedir la autorización del representante legal o del juez de menores, pero las salvaguardias están.
Lo principal es que la disposición se refiere a los menores de dieciséis años y mayores de quince, quienes deben contar con la autorización de los padres y cumplir con la obligación escolar pertinente. Para tranquilidad de los colegas, se solucionó el problema que nos preocupó. 
Además, quiero referirme a algunas intervenciones. Es efectivo que se trata de una modificación al Código del Trabajo que probablemente no se cumplirá, como ocurre con muchas leyes; pero no acepto lo que dijo el diputado señor Bertolino, en el sentido de que es para lucirse ante la prensa. Me respalda el hecho de que desde que era dirigente sindical, junto con la diputada señora María Rozas, llevo años trabajando en favor de los menores de edad. Nunca me he referido al colega en términos tan indolentes como los que empleó para calificar un proyecto de ley cuya seriedad está a la vista. 
Ahora, la aplicación de la disposición dependerá, única y exclusivamente, de las distintas autoridades. Si los menores de dieciséis años y mayores de quince podrán trabajar en la medida en que tengan autorización de sus padres o del juez de menores, es obvio que la ley será letra muerta si no hacemos que eso se cumpla. 
Es más, si el Ministerio del Trabajo, a través de la dirección respectiva, no crea un organismo que fiscalice el trabajo de los menores de edad ni las autoridades se involucran en él, obviamente será letra muerta. Pero si los parlamentarios, por ejemplo, fiscalizamos el trabajo de los menores de edad y denunciamos las irregularidades, la cosa va a cambiar. 
Tampoco se trata de fiscalizar sólo el trabajo de los niños en los supermercados, quienes acomodan la mercadería, llevan las bolsas o cajas y las dejan en el auto por unas monedas. Laboran con comodidad; no es una de las peores formas de trabajo infantil. 
Hace poco, se aprobó el convenio con la OIT sobre la abolición de las peores formas del trabajo infantil, que incluye el uso de los niños en trabajos pesados, nocturnos, en minas subterráneas o abiertas; el uso de los niños en prostitución, en venta de drogas, en venta de alcohol, en trabajos de cabaret. Hay varios casos más.
¿Quién no ha visto en una esquina, en Santiago o en otra ciudad, al niño que limpia vidrios de vehículos por unas monedas? ¿A cuántos se nos ha acercado una niña, de tres o cinco años, a ofrecer en venta una rosa? ¿Cuántas de ellas venden su cuerpo sexualmente? ¿Cuántas, además de la rosa, venden drogas?
Por eso, acepto que se regule el trabajo infantil y se lo he dicho a la directora del Trabajo, pero no acepto, al igual que la Democracia Cristiana, la explotación y el uso y abuso de los menores de edad. 
Debo aclarar que este proyecto no significa que los niños menores de quince años o entre quince y dieciséis años dejen de trabajar en forma inmediata, sino crear conciencia en el país de que los niños tienen que estudiar, recrearse, vivir su vida como niños o como jóvenes y, en lo posible, tratar de recibir una educación que les permita en el futuro servir a la sociedad, al país, y que puedan constituir una familia estable y, por ende, un país en el cual no exista la explotación del superior sobre el inferior.
Espero haber dado respuesta a las consultas. Sin embargo, mi preocupación apunta a los términos y al vocabulario que aquí se ha usado respecto de los menores de edad.
Hay que hacer una clara diferenciación en cuanto a lo que son las peores formas de trabajo infantil, que lamentablemente existen en Chile. El que se realiza en los supermercados, no corresponde a las peores formas, en comparación con el niño que vende droga en la calle o su cuerpo por un par de monedas. A crear esa conciencia invita este proyecto.
He salido a recorrer el país con el ministro del Trabajo y otras autoridades, y hemos informado sobre esta materia. No es que se quiera perjudicar a los niños que trabajan en los supermercados, pero es necesario regular sus servicios, su trabajo, porque no queremos que en Chile se siga haciendo una explotación de este tipo, ya que es un país que está creciendo económicamente; por lo tanto, no puede haber niños y jóvenes explotados por adultos, a quienes les da absolutamente lo mismo mientras no se trate de sus hijos. Ante los depravados que se aprovechan de los niños, deben existir personas con conciencia, dispuestas a dar una lucha fuerte en contra de esos depravados que usan y abusan de los menores de edad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, quiero referirme a algunos temas que se han tocado en las intervenciones que me han precedido. 
En primer lugar, celebro que el diputado señor Juan Pablo Letelier se haya referido a la flexibilización y a las jornadas parciales, y espero que la bancada que él representa lo haga efectivo cuando en la Comisión del Trabajo se analicen, por ejemplo, las modificaciones a las leyes laborales. Ha sido bastante interesante escuchar esos términos de boca de él.
En segundo lugar, quisiera hacer algunas precisiones.
Obviamente, como señalé en mi primera intervención, ¿quién puede estar en contra de este proyecto? Pero ¿qué le damos a cambio a estos niños, que han completado octavo básico y se les impide trabajar? ¿O sólo los dejamos en la ilegalidad, en la marginalidad, lo que puede hacerlos caer en la drogadicción y en la delincuencia?
Me preocupa y quisiera saber si esta ley que todos apoyamos va a poder ser implementada realmente para que cumpla su función y solucione los problemas. Por eso señalé que lo más probable es que sea una ley más, como tantas otras que hemos tratado aquí, pero que, en la práctica, desgraciadamente después no se cumplen. Ya decía el colega Seguel que será responsabilidad de las autoridades que esto se logre. Pero en los últimos diez años las autoridades no me han dado la certeza de que se puedan cumplir muchas de estas cosas.
Quiero aclarar que cuando el colega Seguel se refiere a las peores formas de trabajo infantil hay una confusión, ya que no están contenidas en el código laboral que se quiere modificar, o sea, no son legales; por lo tanto, no se puede legislar sobre algo que es ilegal. Además, nadie puede estar de acuerdo con la prostitución infantil, con los trabajos pesados, con el uso de menores para el tráfico de drogas; pero esta ley no soluciona ese problema. 
Una vez más vemos cómo se aprovecha una ley que tiene un fondo real y útil para desvirtuarlo con pirotecnia, a fin de que la gente que no tiene la capacidad de entender cabalmente lo que son los procesos legislativos y las leyes, crea que todo va en un paquete. Incluso se les trata de hacer creer que las intervenciones que se realizan en la Sala sirven solamente para la historia de la ley y con el objeto de dejar sentados los precedentes para el futuro, los que, en caso de no cumplirse, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, esta semana la Cámara de Diputados si es que se logra aprobar este proyecto ha enfrentando dos situaciones muy importantes, especialmente para los jóvenes, ya que hace algunos días se aprobó el proyecto que otorga facilidades a las estudiantes embarazadas y a las que son madres para que puedan continuar sus estudios en el colegio, y hoy se discute un proyecto que contiene una señal muy importante para los niños y que marca la posición del Congreso Nacional frente al tema, en el sentido de tratar de reubicar o de ubicar donde corresponde la situación de los niños de nuestro país.
Es cierto que puede haber opiniones distintas por la experiencia que cada uno de nosotros tiene frente al tema o, a veces, por las ubicaciones sociales o políticas que enfrenta respecto de esta materia.
Para nosotros es desgarrador ver a un niño trabajando en las diferentes formas aquí señaladas. Estoy convencido de que todos condenamos la explotación de los niños. Eso es evidente. Hay que haber visto esa realidad para condenar el hecho.
Por otro lado, con todo el respeto que me merece mi querido amigo y diputado de Renovación Nacional señor Bertolino me imagino que votará en contra del proyecto después de lo que dijo, no es posible sostener que esto sea una pirotecnia, una cosa inventada, una especie de manipulación o de maquinación del tema legislativo para que alguien salga en televisión. Ello refleja fundamentalmente la carencia de argumentos para enfrentar una discusión de esta naturaleza. No puede ser pirotecnia que el Congreso Nacional trate de impedir o de abolir definitivamente el trabajo de los niños; que en Chile los niños deben estudiar, porque la única posibilidad que tienen de salir de la pobreza es estudiando, nada más. ¿Qué le vamos a dar a cambio a nuestros niños?, pregunta el diputado Bertolino. Lo que corresponde. Nuestra obligación es otorgarles facilidades para que sigan estudiando, ya que sólo la educación rompe el círculo de la pobreza, y nada más.
Es cierto que hay niños que trabajan todos los días, pero quiero decir lo siguiente: en todos los países en desarrollo se ha comprobado que la educación rompe el círculo de la pobreza. Además, hay que reconocer que el trabajo se contrapone con la educación, porque no hay tiempo para las dos cosas: o se trabaja o se estudia. En la gran mayoría de los casos, se tiene que optar por una u otra cosa. Lo más seguro es que nos conformemos diciendo que no importa que en Chile trabajen trescientos, cuatrocientos o quinientos mil niños, ya que eso les permitirá llevar algún ingreso para su familia y resolver ciertos problemas superficiales en forma muy leve, porque nunca les pagarán lo que corresponde. Así, alguien tendrá un enriquecimiento ilícito gracias al trabajo de los menores de edad. Pero con ello los estamos condenando a seguir siendo pobres, porque no podrán acceder a la educación. 
Si analizamos la situación con más detenimiento, llegaremos a una conclusión. El diputado René Manuel García, de Renovación Nacional, decía que si no dejábamos trabajar a los niños podríamos conducirlos a la delincuencia, a la drogadicción, a trabajar para los narcotraficantes, etcétera; es decir, a situaciones que nadie desea. A mi juicio, para analizar correctamente el problema es necesario preguntarse lo siguiente: ¿Quién presenta mayor grado de vulnerabilidad ante la posibilidad de delinquir, de traficar, de consumir drogas, de convertirse en alcohólico? ¿Es más vulnerable un niño que está estudiando, que completa su educación básica, que luego va a la educación media y, eventualmente, llega a la educación superior, que un niño que se encuentra en una situación de marginalidad casi absoluta, que debe trabajar en lugar de estudiar, de recrearse, de compartir con su familia, que es explotado? Tengo la impresión, obviamente, de que es mucho más vulnerable aquel niño que no tiene un espacio en nuestro sistema educacional y que está condenado a hacer cualquier cosa. Es posible que desempeñe un trabajo muy respetable en un supermercado, pero también puede terminar vendiendo flores en centros nocturnos. A veces, la línea entre el bien y el mal es muy delgada y, ayudado por los adultos, es muy fácil que la traspase. Entonces, terminaremos con un niño o una niñita trabajando en el comercio sexual; es muy fácil caer en eso. De manera que ¿quién es más vulnerable? En este caso, el niño que no tiene la oportunidad de educarse, y considero que nuestra obligación va por ese camino.
Por otra parte, deberíamos pensar seriamente que la señal que estamos dando hoy día requiere complementarse con otras. Es cierto que existe la educación básica obligatoria; pero cabe preguntarse qué sanción se aplica a los niños que no van a la escuela; muchas veces, porque los padres no quieren que lo hagan. Lamentablemente, siempre actuamos así; pero deberíamos pensar en establecer algún tipo de sanción para los padres que prefieren mandar a sus niños a trabajar, eludiendo su obligación de enviarlos al colegio. Si esta situación continúa, deberíamos pensar en remediarla.
Señora Presidenta, el diputado René Manuel García me solicita una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, es sólo para hacer una aclaración.
Hay dos tipos de trabajo. Con este proyecto de ley estamos protegiendo al menor que es contratado para realizar un trabajo determinado. Pero me da la impresión de que se están confundiendo las cosas, porque hay otro tipo de trabajo que no puede ser regulado: el que desempeñan los niños voluntariamente.
Aquí estamos discutiendo si un niño que quiere trabajar, debe ser contratado o no. El problema se presenta cuando el niño comienza a trabajar voluntaria y libremente, sin que sea contratado. En ese caso, se presentan los mayores problemas, y es allí donde debemos hincar el diente, no en los trabajos honrados a que se han referido los diputados Ascencio y Seguel. Estamos absolutamente de acuerdo con el imperativo de que reciban educación y con todo lo demás; pero también debemos resguardar y proteger al niño que efectúa trabajos particulares a lo mejor, es inducido por sus padres o por terceros a hacerlo, de manera que sea un trabajo digno que no desvirtúe su objetivo de ganar unos pesos y no dañarse a sí mismo.
Agradezco al diputado Ascencio la interrupción que me ha concedido.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta, creo que con este intercambio de ideas podemos ir, poco a poco, encontrando puntos de acuerdo en un tema tan importante. 
Aquí estamos estableciendo normas similares a las del Código del Trabajo, las que, a su vez, forman parte de un conjunto de disposiciones sobre un sistema de protección no sólo para los niños, sino también para el resto de los trabajadores del país. A mi juicio, lo que deberíamos rescatar es la extraordinaria señal que estamos enviando hacia nuestra sociedad. 
Este proyecto es muy serio y responsable. Debemos felicitar a Rodolfo Seguel autor del proyecto y a otros nueve colegas de las distintas bancadas entre ellos, las diputadas señoras Marina Prochelle, Fanny Pollarolo, la ex diputada señora Mariana Aylwin; los diputados Rocha, Reyes y muchos otros colegas que patrocinaron esta iniciativa, que va por el camino correcto.
A fin de no terminar en lo que denunciaba una revista hace algunos días, relacionado con los nuevos traficantes y a la forma en que los niños iban cayendo en una actividad tan ruin, nuestra responsabilidad es recuperar definitivamente el mundo de hoy para los niños, porque también es de ellos. No debemos hablar del futuro; el mundo actual es de ellos; el mundo de la recreación, de la vida en familia, de la educación; el mundo de la felicidad para los niños, en una época de la vida en que se puede ser realmente feliz. Todos sabemos eso. Entonces, debemos trabajar para que todos los niños y jóvenes de nuestro país accedan a la educación; debemos seguir elaborando normas que, de alguna forma, armonicen el trabajo de los distintos actores laborales de nuestro país: los empleadores, los trabajadores, las autoridades, etcétera. Debemos trabajar fundamentalmente en el tema económico, porque la pobreza es, definitivamente, una de las causas principales del trabajo infantil. 
Además, debemos luchar por el reconocimiento de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. En definitiva, no podemos dar la espalda a nuestros niños; por el contrario, debemos reconocerles su espacio en nuestra sociedad. Naturalmente, hay que escucharlos y apoyarlos para construir un mundo mejor, y si el Gobierno, los consumidores, los empleadores, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones religiosas, los maestros, los estudiantes y los parlamentarios aúnan sus esfuerzos para poner fin a este flagelo del trabajo infantil, estaremos creando efectivamente un mundo mejor.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).- Señora Presidenta, no tenía la intención de intervenir, porque pensé que este proyecto cumpliría un trámite relativamente fácil. En efecto, tal como lo planteó el diputado Andrés Palma, las modificaciones introducidas por el Senado este tema ya fue debatido contaron con la anuencia de la Sala. 
Sin embargo, en atención a las intervenciones efectuadas, me referiré a dos materias. En primer lugar, este proyecto de ley representa un parche dentro de la realidad que vive nuestro país. Quiero decirlo muy claramente: me encuentro entre quienes están por erradicar absolutamente el trabajo infantil. Y no estoy hablando del trabajo voluntario, ni de los niños que trabajan durante el verano para comprarse un par de zapatillas; me estoy refiriendo a la violación de un derecho elemental establecido en la Declaración de los derechos del niño suscrita también por Chile: el derecho a la educación, a la recreación y a recibir todos los elementos necesarios para su desarrollo. 
Entendemos que eso hoy no es posible, por la realidad que vive nuestro país, y este proyecto constituye un avance en el sentido de acercarnos a la realidad ideal, culturalmente a lo menos.
Quiero decirle al diputado señor Bertolino que respecto de la “pirotecnia” de que él hablaba, sería bueno que leyera el convenio Nº 182, ratificado por las dos Cámaras, el que no sólo determina cuáles son las peores formas de trabajo infantil que hemos mencionado, sino que también señala que los menores de 18 años están universalmente catalogados como niños, lo cual implica que ningún niño menor de 18 años debería trabajar, no sólo en las peores formas, sino que, asimismo, debería ser considerado en los derechos del niño.
En nuestro país, el tema lo estamos tratando con mucha más franqueza. Cuando vemos a un niño trabajando en un supermercado y algunos dicen que lo hace por necesidad, no nos preguntamos cuánta es la cesantía en los adultos. ¿Por qué los adultos no trabajan en vez de esos niños? ¿Qué hacemos para evitar no sólo que esos niños sean explotados, sino también que trabajen en condiciones francamente execrables y que corresponden a las del siglo pasado? Algunos estiman sumamente importante que nuestros niños trabajen en los supermercados, que regulemos esta situación; pero ¿alguna vez el usuario común y corriente y muchos de nosotros nos hemos dado el trabajo de ver las condiciones en que se encuentran las manos de esos niños que trabajan en los supermercados, las que muchas veces están infectadas al cortar los hilos de las empaquetaduras cuando hacen fuerza más de lo normal? ¿Y que esos niños, en esos casos, no son atendidos porque no tienen ningún tipo de previsión? Entonces, me están hablando de una normalidad que no existe.
Los niños en el campo, al igual que los adultos, como temporeros, están expuestos a los efectos de las fumigaciones sin ningún tipo de control. En efecto, un menor de 18 años no sólo está expuesto a sufrir enfermedades, sino a que ellas sean irreversibles en su capacidad cognoscitiva. Eso lo dicen los médicos. ¿De qué estamos hablando? Un niño que sufre trastornos psíquicos o físicos, como consecuencia del producto del trabajo infantil, no es recuperable ni siquiera con atención médica posterior. Un niño que trabaja y así lo dicen las cifras y las estadísticas nacionales e internacionales, es hijo de un padre que le impone el trabajo. En consecuencia, es un ser explotado, porque no sabe ni conoce el valor del dinero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad que, obviamente, no es capaz de sacar de la subcultura de la pobreza a ese niño, porque, de alguna manera, lo estamos motivando a permanecer en ella.
Insisto, debemos potenciar la erradicación del trabajo infantil. Así, el diputado señor Rodolfo Seguel planteaba, al inicio de este debate, que por cada niño que se saca del trabajo infantil a un padre adulto se le debe subsidiar con trabajo y obligar al niño a ir a la escuela, para que posteriormente desarrolle una vida útil.
Algunos sostienen que es una experiencia, como decía el diputado señor Juan Pablo Letelier, que no es complementaria; pero hoy en países del mundo subdesarrollado se implementan recursos, no sólo con dineros nacionales, sino con internacionales, y las Naciones Unidas están interviniendo en este tipo de proyectos.
Si los chilenos no somos capaces, en las empresas privadas o públicas, de subsidiar económicamente a estas personas, reconozcamos que es un problema grave, y si lo es, busquemos los recursos para resolverlo. Proyectos de las Naciones Unidas han determinado que el problema es grave en países en los cuales se otorgan estos subsidios. Pongo el ejemplo concreto de Pakistán, en el que hay un millón de niños que están saliendo del trabajo infantil, vía subsidio, con recursos de las Naciones Unidas.
Mientras sigamos diciendo: “¡Qué bueno que nuestros niños trabajen, porque ello los hace más productivos al generar un aporte!”, estaremos expresando que no necesitamos solución ni ayuda para esos niños y, por lo tanto, aceptando la realidad.
Insisto en que éste es un buen proyecto; pero es un proyecto parche para la erradicación definitiva del trabajo infantil. Es una vergüenza que este país, que se dice que está en vías de desarrollo, acepte que sus niños deban trabajar para dar de comer a los adultos, y éstos estén cesantes en situaciones aún peores.
Dado que este proyecto constituye un avance, deberíamos votarlo a favor; pero, al mismo tiempo, tener la conciencia muy clara de que es una vergüenza para este país que siga este genocidio, pues eso significa el hecho de que nuestros niños trabajen con las consecuencias que ello implica.
Señor Presidente, por su intermedio, antes de terminar, le concedo una interrupción, con cargo a mi tiempo, al diputado señor Bertolino para que espero retire sus palabras respecto de la “pirotecnia” y que lea el convenio Nº 182.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Bertolino hasta por un máximo de dos minutos.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, agradezco la deferencia de mi colega María Rozas.
En verdad, “pirotecnia” se refiere a lo mismo que dijo mi colega: un proyecto parche. Y, viceversa, ¿por qué es un proyecto parche? Porque es un proyecto pirotécnico y porque concuerdo plenamente con lo que sostuvo mi colega Ascencio: el drama se soluciona con educación.
Desgraciadamente, mi colega Ascencio no estuvo presente en la Sala cuando explicité la magnitud del problema que afecta a casi un millón de niños que viven en zonas rurales, marginales, desérticas, mineras, donde la educación del Estado llega sólo hasta octavo básico, es decir, hasta los trece o catorce años, y después, si no tienen los medios para ingresar a los grandes centros urbanos, no pueden terminar su educación. Por eso la colega María Rozas tiene toda la razón. Es un proyecto parche. Dije que era pirotécnico, porque no soluciona el verdadero problema.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recupera la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).- Vuelvo a insistir en que el colega lea el convenio Nº 182, porque establece, además, que el Estado debe doblar la inversión en educación y, obviamente, resolver los problemas que él planteaba.
Asimismo, cuando hablo de “ley parche”, todos quisiéramos, por lo menos esta bancada, erradicar el trabajo infantil; pero sabemos que hoy, económica, política y socialmente, ello no es posible. No nos engañemos; no vamos a tener los votos para, a través de la ley, eliminar el trabajo infantil.
Insisto, en esa línea el proyecto es un avance para el proceso de erradicación de esta vergüenza nacional que significa que, todavía, aceptemos la explotación de los niños de nuestro país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por haberse cumplido el tiempo del Orden del Día, se cierra el debate.
¿Habría acuerdo unánime de la Sala para aprobar las modificaciones del Senado?
No hay acuerdo.
En votación las modificaciones.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobadas.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Arratia, Ascencio, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, León, Letelier (don Pablo), Martínez (don Rosauro), Molina, Monge, Mora, Mulet, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Recondo, Rojas, Salas, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Ulloa, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta.
Se abstuvieron los diputados señores:
Van Rysselberghe y Vilches.


VII. PROYECTOS DE ACUERDO


REVOCACIÓN DE DECISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CERRAR OFICINA EN LA V REGIÓN.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 411, del diputado señor Bustos, diputada señora Soto, doña Laura; y del diputado señor Cornejo, don Aldo, y que se vota por última vez.
“Considerando:
1.- Que la región de Valparaíso se ha visto sorprendida, una vez más, por la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros que pone término a partir del 1º de junio próximo al funcionamiento de la Oficina Regional de Valparaíso, después de 75 años de servicio en la región, con plena eficiencia.
2.- Teniendo presente las significativas ventajas que la permanencia de la S.V.S. ha reportado al desarrollo regional, lo cual se expresa en la atención de aquellas necesidades bursátiles y de seguro de importantes empresas de la región de Valparaíso (Sudamericana de Vapores, Interoceánica, Chilquinta, Conafe, Esval, Agunsa, Oxiquim, etc.) las que, por cierto, han generado una importante cantidad de empleos y, al mismo tiempo, han contribuido al crecimiento regional.
3.- La importante labor de fiscalización de la actividad bursátil de la S.V.S.; es un instrumento fundamental para un proyecto de mercado regional moderno.
4.- La importante actividad que ha desarrollado la Superintendencia de Seguros y Valores, en el ámbito de las Compañías de Seguros, que se han asentado en la región, vinculándose con las principales actividades económicas desarrolladas en la región, y por cierto al puerto de Valparaíso.
5.- Que tal cierre de la oficina regional puede prever una serie de externalidades negativas para la región, a saber como son: la burocratización de asuntos tales como juicios arbitrales, reclamaciones referidas a seguros, situación bursátil, el desincentivo para que gerencias y empresas permanezcan en la zona, así como para que entidades de la zona se constituyan en sociedades anónimas.
6.- Por otra parte lo expresado como política de Estado por parte del Presidente de la República Ricardo Lagos, en cuanto a generar un gobierno que apunte a generar un desarrollo armónico del país, es una contradicción con la medida tomada.
7.- Por último, son por todos conocidos los altos índices de cesantía de la Región, la situación de traslado del Congreso Nacional, los altos niveles de pobreza, etc. Todos estos elementos conjugados se traducen en un estado anímico depresivo y de incertidumbre de la población de la región, lo cual, por cierto, esta nueva medida en nada contribuye a paliar la magra situación de la V Región.
8.- No puede desatender el actual marco jurídico, que sienta las bases de las políticas de administración y toma partido por la desconcentración administrativa, por lo que una resolución de esta naturaleza atenta contra las políticas antes expuestas al cerrar las sedes regionales de tan importante institución.
Por tanto, se propone a la honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
Se solicita que se oficie a la Superintendencia de Seguros y Valores, con objeto de revisar la decisión de cierre de la oficina en la V Región y adoptar todas las medidas que se encuentren a su alcance para revertir dicha medida”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por no haberse logrado el quórum requerido, se rechaza el proyecto.
DECLARACIÓN DE INTERÉS CULTURAL NACIONAL AL CONJUNTO MUSICAL INTI ILLIMANI Y AL FOLCLORISTA JOSÉ SANTOS RUBIO.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 412, de los señores Aguiló, Montes, señora Allende, doña Isabel; señora Pollarolo, doña Fanny; señores Huenchumilla, Elgueta, Walker, don Patricio; Ortiz, señorita Saa, doña María Antonieta; señora Muñoz, doña Adriana, que dice:
“Considerando:
1.- La recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular adoptada el 15 de noviembre de 1989 por la 25ª Conferencia General de la Unesco realizada en París, la cual destaca la importancia del patrimonio inmaterial tanto para que cada pueblo pueda afirmar su identidad, como también para que el conjunto de la comunidad mantenga su diversidad cultural. Esta recomendación, que presenta el marco general para determinar y conservar esta forma de patrimonio, señala que las culturas tradicionales y populares, más que otras formas de expresión cultural, exigen una sensibilización especial tanto de creadores y público, lo cual se puede lograr en especial a través de la enseñanza.
2.- Que las expresiones de cultura popular y tradicional presentan una gran vulnerabilidad por su naturaleza inmaterial y toda vez que los saberes y destrezas básicamente se transmiten oralmente, de una generación a otra. Particularmente relevante es esta característica en un tiempo de globalización en que el patrimonio cultural intangible se ve reemplazado por una cultura internacional estándar. Por desgracia, cierto número de sus manifestaciones, como la música tradicional y popular, la danza, los festejos y la artesanía, así como ciertas tradiciones orales de ámbito regional han desaparecido ya, o están en vías de extinción.
3.- Que es urgente evitar nuevas pérdidas en este campo de la cultura, esencial en la conformación de nuestra identidad. Tal como lo han comprobado diversos países en el mundo como Japón, República de Corea, Las Filipinas, Tailandia, Rumania y Francia, un medio extraordinariamente eficaz sería garantizar que los portadores de este patrimonio sigan aumentando sus destrezas y saberes y los transmitan a las generaciones siguientes. Para ello, se han creado diversos sistemas de reconocimiento y protección de los cultores de este tipo de patrimonio cultural. Entre otros, se destaca la distinción de Tesoros Nacionales Vivientes en Japón, Maestros del Arte en Francia, Artistas Nacionales en Las Filipinas y Tesoros Humanos Vivientes en Rumania. Todos ellos consideran el reconocimiento oficial del Estado a personas y grupos con destacada trayectoria en un campo específico de la cultura tradicional y popular y contemplan programas de formación a nuevas generaciones. Estos sistemas se derivan de la recomendación de la Unesco sobre salvaguardia de la cultura tradicional y popular, aludida en el considerando Nº 1 de esta presentación.
4.- Que el folclore es esencial para el enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad y la protección de las identidades culturales de los pueblos.
5.- Que en todos los países existen personas que encarnan en grado máximo, las destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de ciertos aspectos de la vida cultural de un pueblo y la perdurabilidad de su patrimonio cultural material. La interpretación y el acto creador son intangibles: están encarnados en la destreza o la técnica de quienes lo realizan. En consecuencia, la preservación de estos bienes culturales intangibles implica la preservación y transmisión de las destrezas y las técnicas necesarias para realizarlos. Esto sólo puede llevarse a cabo otorgando un reconocimiento especial a quienes poseen esas destrezas y técnicas en grado máximo.
6.- Que en nuestro país, si bien contamos con una Ley de Premios Nacionales que reconoce la excelencia y la trayectoria individual de artistas, intelectuales y científicos, carecemos de un sistema de reconocimiento y protección de cultores de expresiones culturales tradicionales y populares. Sistema que, junto con expresar la valoración pública del conjunto de la sociedad chilena y permitir la continuidad de su trabajo en mejores condiciones, considere mecanismos, justamente como lo señala la Unesco, para la transmisión de los saberes y destrezas técnicas a las nuevas generaciones, dotando a quienes reciban esta distinción de asignación de recursos.
7.- Que en Chile las expresiones de cultura tradicional y popular con mayor relevancia y en mayor grado de vulnerabilidad son la música folclórica y popular, la artesanía y la poesía popular.
8.- Que, sin perjuicio de establecer a futuro un sistema mediante Ley de la República para otorgar este reconocimiento, es urgente dar una señal como Estado de preocupación y valoración en estos ámbitos del patrimonio cultural.
9.- Que existe en nuestro país un conjunto musical de más de 30 años de trayectoria en el ámbito de la música de raíz folclórica y popular, denominado Inti Illimani, que representa un ejemplo notable de cultores de este patrimonio intangible. Con 39 discos editados en Chile y en el extranjero, con un promedio de más de 80 conciertos anuales en los más diversos países, como Alemania, Australia, España, Italia, Estados Unidos, Irlanda, Turquía, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Japón y Argentina.
10. Que este conjunto chileno desde sus orígenes ha hecho la difícil opción de rescatar cantares y sonidos de la tradición cultural chilena y latinoamericana, incorporando elementos musicales urbanos y populares. Asimismo, ha reunido con gran excelencia instrumentos vernáculos con instrumentos propios de la música docta. Uno de sus integrantes, el músico Horacio Salinas, es reconocido por la comunidad cultural chilena como el más importante compositor vivo de la música nacional. A otro de sus músicos, Horacio Durán, se le califica como el más importante intérprete y conocedor del charango en Chile.
11. Sin embargo, y a pesar de la indiscutible excelencia artística y aporte a nuestra identidad cultural, el Inti Illimani debe sobrevivir realizando básicamente su labor en otros países y, al mismo tiempo, no puede asumir una tarea necesaria para nuestra cultura como es la formación de nuevos talentos y la transmisión de sus saberes y destrezas a nuevas generaciones, como lo propone la Unesco.
12. Que en el campo de la poesía popular y de la paya nuestro país tiene el privilegio de contar con un extraordinario cultor: don José Santos Rubio, músico tradicional, instrumentista en arpa, guitarra, acordeón, mandolina y guitarrón. Sólo con tres obras fonográficas publicadas (en los años 1967, 1974 y 1987), sin embargo, ostenta importantes distinciones nacionales como el Encuentro a lo Humano y lo Divino de Santa Cruz, del Festival Folclórico de Yumbel y Premio Municipal de Santiago a los Payadores. También realizó clases de cultura tradicional nacional en la Universidad de Chile.
13. Que don José Santos Rubio, a juicio de los especialistas en cultura tradicional nacional, constituye el exponente más relevante de la paya y un patrimonio cultural vivo de nuestra comunidad, el cual debemos reconocer y proteger, asegurando que sus conocimientos sean traspasados a nuevas generaciones.
14. Que en virtud de las consideraciones expuestas, los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
1.- Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República adoptar las medidas para que tanto el conjunto musical Inti Illimani como don José Santos Rubio sean declarados de interés cultural nacional, les sea otorgada en tal calidad la Medalla Gabriela Mistral del Ministerio de Educación, en su grado máximo, esto es, Gran Oficial; y se financie por parte del Estado chileno un programa cultural que contemple anualmente presentaciones en vivo de estos cultores en distintos puntos de nuestro territorio y la realización de talleres con jóvenes talentos a fin de posibilitar que transmitan sus saberes y destrezas técnicas”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Encina.
El señor ENCINA.- Señor Presidente, en nombre de mi colega Sergio Aguiló, quiero puntualizar que el proyecto tiene una tremenda importancia debido a las recomendaciones que la Unesco ha hecho sobre la defensa del patrimonio cultural, sobre todo de aquellos bienes culturales que son inmateriales.
En definitiva, estamos frente a un proyecto de acuerdo que pretende valorar esta cultura popular tradicional, que presenta gran vulnerabilidad por su naturaleza inmaterial. Entonces, para evitar pérdidas en esta actividad cultural, se requiere este tipo de reconocimiento.
Hay experiencias mundiales al respecto, que esencialmente conforman nuestra identidad. Por lo tanto, es necesario que el folclor, fundamental para el enriquecimiento del patrimonio cultural, sea defendido en nuestro país, como en la humanidad, y protegido para que tenga una identidad, que es básica en el pueblo chileno.
Por lo tanto, pensamos que debemos aprobar este proyecto de acuerdo como reconocimiento a lo que han sido estos artistas para la cultura chilena y para la cultura de la humanidad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto tiene un propósito muy loable; pero sería injusto que otros grupos que, como Inti Illimani, también han destacado en el país y en el exterior, no tuvieran este reconocimiento. 
Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto, a no ser que se regule y se busque la forma de reconocer la importancia de todos los grupos folclóricos.
Gracias, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, al leer los considerandos del proyecto de acuerdo, me parece que el diputado señor Aguiló posiblemente no buscó sólo un apoyo para Inti Illimani, conjunto que admiro y escucho frecuentemente, y José Santos Rubio, cultor folclórico nacional de gran renombre, al que no he escuchado tantas veces como hubiera querido. 
Cuando se analizan los considerandos y se advierte cómo países como los que aquí se mencionan Japón, Corea, Filipinas, Tailandia, Rumania, Francia, han abordado la recomendación de la Unesco sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y propia, se concluye que, en realidad, nuestro país debe abrirse a un gran debate sobre esta materia, especialmente después de las iniciativas culturales que ha adoptado el Gobierno que encabeza el Presidente Lagos.
Aquí se menciona, por ejemplo, la experiencia de los Tesoros Nacionales Vivientes en Japón o de los Maestros del Arte en Francia. A mí no me cabe la menor duda de que Inti Illimani y José Santos Rubio son maestros del arte o son tesoros nacionales vivientes. Pero lo que debemos hacer es justamente desarrollar una política de reconocimiento a estas expresiones que vaya más allá de los premios nacionales; que posibilite la permanencia y el desarrollo de este tipo de proyección cultural que recomienda la Unesco. Y, en ese sentido, se empequeñece la iniciativa no por los nombres que se proponen, sino por la limitación del proyecto de acuerdo que se plantea.
Si aquí se estuviera analizando un proyecto de acuerdo para que el Gobierno tome una iniciativa similar a la impulsada en otros países, habría unanimidad en la Sala de esta Corporación. Pero no es eso lo que se está considerando, sino una solicitud muy concreta que uno, sin duda alguna, como seguidor de estos artistas, debiera apoyar, pero que es discriminatoria respecto de otros tantos. Podría hablar, por ejemplo, de la experiencia que significa, dentro del ámbito de rescate de la cultura popular juvenil, del grupo Sol y Lluvia, que es probablemente el conjunto popular con mayor arraigo en nuestro país y que no aparece en los medios de comunicación, ni realiza giras internacionales, ni es convocado a numerosos encuentros, pero que es capaz de llenar el Estadio Nacional en la Región Metropolitana o de dar un concierto en la ciudad de Iquique ante 25 mil personas.
Creo que debemos diseñar una política de fondo sobre esta materia. Nos parece muy interesante que el diputado señor Aguiló abra un debate al respecto; pero creo que la parte resolutiva del proyecto de acuerdo, que es la que nosotros tenemos que votar, no los considerandos, es extremadamente específica.
He dicho.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, ¿puedo formular una pregunta?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Con la venia de la Sala, la señora diputada puede realizar la consulta.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, no tengo idea sobre quién es José Santos Rubio, y quiero que alguien me lo explique.
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en los considerandos duodécimo y decimotercero del proyecto de acuerdo se señala quién es José Santos Rubio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por no haberse reunido el quórum, se repite la votación
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- No hay quórum.
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Queda pendiente la votación para la próxima sesión.


VIII. INCIDENTES


ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A PARADOCENTES. Oficio.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, utilizaré los breves minutos que corresponden a mi bancada para referirme a la injusta situación que afecta a los paradocentes de los establecimientos educacionales del país, muchos de los cuales son privados y reciben subvención estatal.
Esos trabajadores cumplen importantes funciones de apoyo y soporte administrativo en la enseñanza básica y media. Se rigen por la ley Nº 19.464, que mejoró, en términos generales y permanentes, su nivel de ingresos mediante un mecanismo de aumento progresivo hasta el 2000. Sin embargo, la base de cálculo de ciertos beneficios que perciben los paradocentes establece un mecanismo muy particular, lo que, a mi juicio, constituye un error inexcusable del Ejecutivo, del Congreso y de la Contraloría General de la República. El artículo 7º de la ley en comento quedó incompleto. Es más, al término de su inciso final figuran tres puntos suspensivos. El Gobierno del Presidente Frei se comprometió a remediar la situación mediante el envío de un proyecto; sin embargo, desde aquel anuncio han transcurrido dos años y aún el Ejecutivo no despacha una iniciativa sobre el particular. En definitiva, el Gobierno ha informado a la Cámara que los inconvenientes por el error legislativo fueron resueltos por la vía administrativa, lo que, según mi parecer, no es así.
Pero eso no es todo. Estos trabajadores, que hoy aparecen casi como los hermanos pobres del sistema de educación pública del país, han pedido a través de sus dirigentes así me lo expresaron la semana pasada en mi distrito y hoy en Valparaíso que el Gobierno estudie la factibilidad de concederles algunos derechos básicos, como la asignación de zona, la asignación por desempeño en condiciones difíciles, pagos por desempeño en establecimientos de excelencia y programas especiales de jubilación. Todos estos beneficios ya los han obtenido los profesores del país y no se ve razón que justifique que en un mismo establecimiento educacional, pese a las diferentes tareas que cumplen, existan funcionarios con ingresos tan por encima de otros. No se trata de quitar beneficios a los educadores, que muy merecidamente han ganado sus asignaciones, sino extenderlas a otros trabajadores que colaboran con la tarea docente. Ellos solicitan, atendido su bajo nivel de rentas, la entrega de una asignación especial de 76 mil pesos, el mismo monto que recibieron al entrar en vigencia la referida norma legal, pero esta vez con carácter anual y permanente. Sobre esta materia, la Corporación aprobó el proyecto de acuerdo Nº 63, de 30 de junio de 1998, en el que se plantean todos estos temas al Gobierno. Sin embargo, su respuesta, entregada a través del ministro de Educación de la época, señor José Pablo Arellano, es esquiva no quiero decir ambigua y, en la práctica, negativa frente a cada una de estas solicitudes.
Atendido lo anterior, considero de toda justicia que el actual Gobierno vuelva a estudiar la situación de estos trabajadores para honrar la palabra empeñada de solucionar las imperfecciones de la ley Nº 19.464 y, al mismo tiempo, impulsar acciones que les permitan, en plazos razonables, mejorar su nivel de ingresos y hacerles extensivos algunos de los derechos de que gozan los miembros del magisterio.
Solicito que se oficie, en mi nombre, a la ministra de Educación, con la finalidad de que informe sobre la disponibilidad de esa Cartera de acceder a las peticiones de este importante gremio del sector educacional. Los paradocentes están esperando.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Laura Soto y de los diputados señores Francisco Encina, Juan Pablo Letelier, Carlos Abel Jarpa, Sergio Velasco, Manuel Rojas y Sergio Elgueta.


INFORMACIÓN SOBRE MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INDAP Y PRODECOP. Oficio.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA.- Señor Presidente, en la Cuarta Región se han implementado proyectos de apoyo a la pequeña agricultura, a través del Indap y de Prodecop, los que han impactado en forma muy positiva en los sectores campesinos más pobres de nuestra región.
Sin embargo, al margen de la evaluación de los proyectos y de la forma en que se usan los recursos, es necesario conocer su efectividad. Para tener la transparencia necesaria en el uso de recursos que son de todos los chilenos y, en algunos casos, provenientes del extranjero, es importante evaluar tales proyectos.
Ayer un parlamentario se refirió al tema, por lo que es bueno aclararlo. En Los Mozos, comuna de Monte Patria, se ejecutó un proyecto con inversión del Indap, sobre la base de un crédito que los campesinos deben devolver, pero que no ha funcionado, no está operativo, lo cual significa un deterioro importante para los pequeños agricultores, en este caso crianceros muy pobres, que deben pagar los recursos invertidos. Entonces, ahí se produce un serio problema. No digo que haya habido mal uso de los dineros, sino una mala evaluación respecto de dónde invertir, lo cual produce una situación complicada para el pequeño agricultor y, por supuesto, afecta los recursos que el Estado o la cooperación internacional han invertido en los proyectos.
Por lo anterior, solicito se oficie al Indap para que nos informe sobre los proyectos desarrollados en dicha localidad, el monto de la inversión, del subsidio, del crédito otorgado, su forma de pago y, sobre todo, si el proyecto está funcionando.
Además, solicito que tanto del Indap como del Proyecto de Desarrollo de las Comunas Pobres, Prodecop, nos envíen los mecanismos de evaluación de proyectos, antecedentes imprescindibles para ver si, efectivamente, las inversiones se realizan bien y su impacto desde el punto de vista productivo y social, aspectos fundamentales en este tipo de gestiones. 
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Joaquín Palma, Carlos Abel Jarpa, Homero Gutiérrez, Miguel Hernández, Mario Bertolino, Carlos Kuschel y Edmundo Villouta.


HOMENAJE A DON PEDRO LAGOS MARCHANT EN EL 120º ANIVERSARIO DE LA TOMA DEL MORRO DE ARICA.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, ayer conmemoramos 120 años de una de las hazañas militares más importantes de nuestro país, la toma del morro de Arica, cuya responsabilidad le cupo a un chillanejo insigne: don Pedro Lagos Marchant.
También debo recordar que mañana se cumplirán 117 años desde que juró como diputado por Rancagua.
Don Pedro Lagos Marchant nació en Chillán Viejo, en l832. Hijo de don Manuel Lagos de la Jara y de doña Rosario Marchant, fue el primogénito de una numerosa familia. A los catorce años de edad entró a la Escuela de Cabos, ya que su padre no tenía las condiciones económicas para enviarlo a la Escuela Militar. Los terremotos de l835 y 1839 que afectaron a nuestra ciudad y que dañaron las propiedades motivaron a su familia a trasladarse.
Debido a su gran capacidad y cualidades militares, a los 18 años Pedro Lagos Marchant obtuvo el grado de subteniente.
En l85l, cuando nuestra República sufrió una revolución y parte del Ejército se sublevó el regimiento de Chacabuco, al cual pertenecía, él no se encontraba allí, sino en Valparaíso, razón por la cual no vivió esa situación. En Valparaíso, junto al coronel Vidaurre, estuvo con las tropas leales al gobierno en el batallón 5º de Línea de Petorca y participó en las acciones de Caldera y Copiapó y en el sitio a La Serena. Por ello ascendió a teniente de Ejército.
En l854 obtuvo el grado de capitán.
En l859, cuando se produjo una nueva sublevación del Ejército, también participó con las tropas leales al gobierno. En el norte, su comportamiento en la batalla de Los Loros lo llevó a lograr otro ascenso.
En l863 obtuvo el grado de teniente coronel. Sin embargo, en l869, al ser acusado de infidelidad, renuncia al Ejército. Sólo entonces pudo formar una familia y se dedicó a las actividades agrícolas. Desposa a su doble prima hermana, doña Juana Lagos, con quien tuvo una hija. 
Fue tres veces intendente accidental de la provincia de Ñuble.
En l875 se reinserta en el Ejército y participa en la guerra de Arauco. En l877 fue comandante del batallón 2º de Mulchén y gobernador de ese departamento. En 1879 fue nombrado intendente interino de Biobío. En esa fecha, al iniciarse la Guerra del Pacífico, forma parte del Regimiento Santiago y es trasladado a Antofagasta, donde por desavenencias militares es enviado a Quillahua, Tocopilla y, luego, a Pisagua. En l880 es designado jefe del Estado Mayor y ascendido a coronel, pero por desavenencias con el general Escala, se le pide su renuncia. En marzo, renuncia el general Escala y asume como comandante en jefe Manuel Baquedano, quien lo nombra su ayudante. Así, don Pedro Lagos Marchant participa en la batalla de Tacna y en la gesta más importante, que conmemoramos ayer, la toma del morro de Arica, lo que logra en una hora, cuando los estrategas militares consideraban un plazo entre tres días y dos semanas para ello.
También tuvo una destacada participación en Chorrillos y Miraflores. Fue el jefe del Estado mayor y luego comandante en jefe del Ejército en Ocupación. Al regresar a Chile ascendió a general de Brigada y en 1881 es nombrado comandante general de Armas de la guarnición de Santiago.
En septiembre de 1882, como dije, fue elegido diputado por Rancagua.
Quiero destacar en esta oportunidad que también tuvo una importante participación en la masonería chilena. Así, fue miembro de la Logia Unión Fraternal Nº 1 de Valparaíso y en 1876 fue uno de los fundadores de la Logia Nº 12, Tolerancia, en la ciudad de Chillán. En la actualidad, una de las logias de nuestra ciudad y el centro cultural llevan su nombre, Pedro Lagos Marchant.
En 1884, falleció en Concepción y sus restos fueron trasladados al Cementerio General. Su féretro fue llevado por 12 coroneles y enterrado con los más altos honores.
Termino destacando, como chillanejo y parlamentario, a este insigne hijo de Chillán, por sus relevantes cualidades humanas, entre las que se destacan su lealtad y disciplina, tanto en tiempos de paz como de guerra. Hijo de una modesta familia de tradición, llegó a los más altos honores, tanto civiles como militares.
Señor Presidente, solicito que el texto de mi intervención sea enviado a los alcaldes de Chillán, de Chillán Viejo y a las Logias Nºs 1, de Valparaíso, y 12, de Chillán, como también al Centro Cultural Pedro Lagos Marchant, de Chillán.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se accederá a lo solicitado por su Señoría.


EXTENSIÓN DE INCENTIVOS PARA VALPARAÍSO A TODAS LAS COMUNAS DE LA QUINTA REGIÓN. Oficios.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, hará uso de la palabra el honorable diputado por San Antonio don Sergio Velasco.
El señor VELASCO.- Señor Presidente, ocho incentivos para Valparaíso, nuevos instrumentos de la Corfo, subsidios, créditos y cauciones solidarias, motivará la localización de empresas en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, con el fin de propiciar la reactivación de esta zona y generar nuevas fuentes de empleo.
Me alegro por el gran Valparaíso. Me alegro de que hayan conseguido estos nuevos instrumentos de la Corfo. Esos ocho incentivos son esenciales para resolver problemas de desempleos con la instalación de industrias que en el pasado se fueron por distintos motivos que no me atrevo a calificar.
Ya el Gobierno del Presidente Eduardo Frei RuizTagle invirtió más de 29 mil millones de pesos en el gran Valparaíso, tanto en los programas de mejoramiento urbano como en los planes de generación de empleo y fondos sectoriales. También el Gobierno del Presidente Lagos está invirtiendo recursos con la creación de los nuevos incentivos para esta gran comuna, Viña del Mar y Quilpué.
Pero pregunto, tal como lo ha hecho Chile entero: ¿Santiago es nuestra nación? ¿Valparaíso es la Quinta Región? Modestamente, entiendo que no es así. Aquí hay una discriminación no sólo para las otras provincias y comunas que conforman la Quinta Región, sino también para las otras provincias y regiones de la nación.
Como democratacristiano y diputado representante del distrito 15, San Antonio y Casablanca, reclamo el legítimo derecho de aquellos que represento en cuanto a que los instrumentos que la Corfo ha creado para Valparaíso, también se apliquen en el resto de las comunas de la Quinta Región, particularmente para la provincia de San Antonio.
Sabemos que Valparaíso fue un puerto muy importante, y, a pesar de todos los recursos que le entregó el Gobierno del ex Presidente Frei RuizTagle, cuantiosos y muy discriminatorios, hoy, por el esfuerzo de los trabajadores y de la gente del gran San Antonio, somos el primer puerto de Chile. Pero eso no justifica que el Ministerio de Economía, a través de la Corfo, entregue incentivos exclusivamente al puerto de Valparaíso, que pronto será declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Debemos ser claros, categóricos y defender nuestros derechos.
Nos duele esa actitud y reclamamos por ello. No vamos a permitir que sólo se beneficie a una comuna de la provincia de Valparaíso. Existimos y somos parte de una Región; estamos luchando por salir adelante, pero las medidas adoptadas favorecen sólo a un sector, en desmedro de todo el resto de las comunas de la Quinta Región.
Sabemos que esta comuna tiene los mayores índices de cesantía del país, pero también los tienen San Antonio y Casablanca.
Como presidente de la Comisión de Economía, insto al resto de mis colegas a estudiar esta materia con mayor profundidad, porque no puede ser que se beneficie a un solo sector y no a otros que están en iguales o peores condiciones que las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué.
Hemos luchado con mucho esfuerzo para ser el primer puerto del país, pero no es igual el primer puerto del país que la ciudad. Hemos logrado constituir el más importante parque industrial con más de 300 hectáreas en la zona central. ¿Esos beneficios incidirán en que las industrias que deben salir del gran Santiago vendrán a Valparaíso? ¿No es posible que lleguen también al resto de las comunas de la Quinta Región, particularmente a la provincia de San Antonio?
Me duele la decisión tomada en forma discriminatoria hacia la provincia de San Antonio y sus comunas.
Por eso, no cabe la menor duda de que debemos revisar este tipo de medidas que toma la Corfo, para ver si cumplen con la legalidad vigente. A mi juicio, aquí hay un vacío que la Comisión de Economía deberá revisar, porque significa dolor, postergación y frustración para algunos sectores de la Quinta Región.
Insisto, creo indispensable que Valparaíso tenga todos los beneficios y ayudas necesarios del Estado, pero no puede ser sólo para las comunas a las que se les han dado.
Quiero pedir, con mucho respeto, que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a los señores ministros de Hacienda y de Economía y al vicepresidente de la Corfo para que los mismos beneficios que se están otorgando a la provincia de Valparaíso también se concedan a la de San Antonio y sus comunas, porque si existe voluntad de crecimiento, de desarrollo y de mirar con visión de futuro a ese principal puerto, estamos trabajando para ello.
Aún más, si sigue la discriminación y la odiosa centralización, seguiré insistiendo ante el Gobierno y el Congreso para la desanexión de la provincia de San Antonio, porque no se nos trata en forma justa respecto de los recursos de los gobiernos central y regional, y crearemos nuestra propia región con las provincias de San Antonio, Melipilla y Talagante, incluyendo a Navidad y Casablanca, para obtener aquello a que tenemos derecho como chilenos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jarpa, Arratia, Kuschel, Delmastro, Van Rysselberghe, Orpis, señora Rosa González, señores Mora y Ascencio.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero ratificar las expresiones de nuestro camarada y amigo, el diputado por San Antonio señor Sergio Velasco, quien nos recibió y atendió muy bien en su distrito hace algunas semanas.
Sin embargo, debo hacer una pequeña aclaración, cual es que la comuna de Navidad pertenece a la Sexta Región, lo que tenemos a mucho orgullo y le pido que no la segregue. Además, estaríamos encantados de recibir al distrito de San Antonio en la Sexta Región.


POLÍTICAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA. Oficio.

El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero hacer notar la grave situación que viven los campesinos a lo largo del país, especialmente los de la zona sur, que hoy están siendo golpeados por los temporales; en otros años, fueron afectados por la sequía.
Los agricultores y campesinos de la Sexta Región se reunieron hace tres semanas en la provincia de Colchagua, en San Fernando, para discutir esta situación y manifestar a los parlamentarios que los representan y a las autoridades regionales el grave problema que los aqueja.
Creo que ha llegado la hora de empezar a definir políticas agrícolas claras y que vayan en defensa de los pequeños campesinos, similares a las que estamos pidiendo que se adopten en salud y en otros temas.
La definición de las últimas políticas significaron un cambio brutal para el sector agrícola. Se llevaron a cabo a partir de 1965, pero, a pesar de todas las imperfecciones que pudieron haber tenido, representaron, sin lugar a dudas, una revolución en esa actividad. Algunos sectores importantes del campo progresaron, en términos económicos, durante la década del 80, debido a las políticas agroexportadoras que se implementaron, pero ellas, debemos decirlo, tuvieron un costo social tremendamente gravitante, en especial en los pequeños campesinos que carecían de recursos.
Por eso, durante la década del 80 y parte de la del 90 vimos cómo los pequeños campesinos fueron perdiendo gran parte de sus tierras, las que pasaron a manos del Banco del Estado y de bancos particulares, porque la política económica globalizada que se implantó, insensible y sin corazón, en la que el dinero vale más que las personas, lógicamente castigaba a quien en un momento determinado tenía menos cultura y menores recursos o capacidad.
Ha llegado la hora de que nuestra autoridad, el ministro de Agricultura, defina derechamente se lo pido en nombre de los campesinos si la política que se aplicará en el sector agrícola será normada, reglada o regulada únicamente por concepciones económicas o si se introducirán aspectos de sensibilidad política, de tal forma que el manejo del tema campesino tenga una expresión social verdadera.
Hemos visto que en otros quehaceres del país, como en el de la salud, se ha establecido una política mixta que permite la existencia de las isapres, las cuales, incluso, han sido subsidiadas o premiadas en forma indirecta para fortalecer al grupo empresarial que trabaja en ese sector. Junto con lo anterior, también se ha dispuesto una política, que en algunas etapas ha sido más intensa y en otras menos, para premiar o estimular a los grupos o instituciones del Estado que tienen como obligación subsidiar o apoyar a las personas que no tienen recursos para atenderse en salud.
Por eso y gracias a ese sistema mixto, en la actualidad los que cuentan con muchos recursos económicos tienen la posibilidad de atenderse a través de las isapres; quienes poseen menos dinero se atienden a través de Fonasa, y los que no tienen cómo pagar son apoyados por un Estado protector, que es capaz de ayudarlos. Actualmente, cualquier persona que no tiene recursos económicos para estar calificada en las letras A o B de Fonasa, puede ir a un hospital y atenderse en forma gratuita.
Ese mismo principio que se aplica en salud, sistema mixto que no está esclavizado por el dinero, lo exigimos para la agricultura. Se debe estimular, desarrollar y premiar a los exportadores; también otorgar recursos a los pequeños empresarios, a través de créditos blandos, sin castigo, y entregar derechamente un subsidio a los pequeños campesinos, pero no a través de capacitación o de tecnología, como se está haciendo hoy, ya que esto, en gran medida, no llega al campesinado. En consecuencia, el beneficio debe concederse a través de herramientas de trabajo concretas, como agua para regar suelos secos, maquinaria agrícola y educación para sus hijos.
Esto es lo que pedimos en primer lugar para nuestros campesinos. En segundo lugar, exigimos un compromiso del Estado en favor de ellos, por medio de una política social que tenga alma y corazón, la que desgraciadamente no existe en la actualidad.
Pedimos educación para que los hijos de los campesinos que ganan 95 mil pesos, quienes no pueden pagar 200 mil pesos para tenerlos en la universidad. Estamos de acuerdo en que quien tiene recursos debe pagar la universidad en forma particular; pero el Estado debe asumir la responsabilidad cuando las personas que tienen hijos capaces no puedan pagarles la universidad. El Estado no puede seguir eludiendo la responsabilidad que tiene respecto de los campesinos que no disponen de dinero para salud o educación.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Delmastro, Kuschel, Caminondo, Walker, don Patricio; Luksic, Jarpa, Ascencio, Velasco, Mora, señora González, doña Rosa, y señor Van Rysselberghe.


INVESTIGACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MUNICIPALIDADES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.

El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en primer lugar, pido oficiar al señor Contralor General de la República, con el objeto de que nos remita todos los informes sobre las investigaciones que haya realizado esa repartición desde el 1 de enero de 1998 en las municipalidades de Ancud, Quemchi, Quinchao, Curaco de Vélez, Dalcahue, Castro, Chonchi, Puqueldón, Queilén, Quellón, Chaitén, Río Negro, Hornopirén, Futaleufú y Palena, y también respecto de las que se encuentren en tramitación.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio pedido por su Señoría.


INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.

El señor ASCENCIO.- En segundo lugar, solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, don Carlos Cruz, con el objeto de que informe acerca de la petición que el señor concejal de la comuna de Quinchao, don Héctor Gallardo, le realizara hace algunos meses acerca del estado actual de los siguientes proyectos:
Construcción de un muro en el sector este de la ciudad de Achao, en su primera etapa, y construcción del muro costero de la misma ciudad, en la que debe efectuarse la segunda etapa.
Ejecución de un estudio y diseño para el asfalto de la ruta AchaoChequián y la construcción de un terminal de transbordadores en Chequián.
Construcción de una rampa en el sector de Los Pinos de la isla LinLin, y de una rampa en la isla Teuquelín.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.


FACILIDADES PARA EL PAGO DE CONCESIÓN A RECOLECTORES DE ALGAS DE PILLUCO. Oficio.

El señor ASCENCIO.- Por último, solicito oficiar al señor Ángel Flisfisch, subsecretario de Marina, con el objeto de que estudie la situación de los socios del sindicato de trabajadores recolectores de algas de Pilluco, ubicado en la comuna de Ancud, provincia de Chiloé, quienes, a raíz del decreto supremo del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina, del 28 de junio de 1989, y de la resolución 46, del 29 de enero de 1988, de la Subsecretaría de Pesca, deben pagar las patentes por las concesiones acuícolas, obligaciones que no han podido solventar.
Por lo tanto, mi petición apunta a que el señor subsecretario de Marina, don Ángel Flisfisch, concuerde con el sindicato de recolectores de algas de Pilluco una fórmula o solución que le permita desahogarse desde el punto de vista económico y tener tranquilidad laboral para resolver definitivamente el problema. A la vez, le solicito que informe sobre las medidas que adopte al respecto, ya sea reprogramando o dejando sin efecto el pago de la concesión.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jarpa, Joaquín Palma, Velasco, Kuschel, Delmastro, Van Rysselberghe, señora Rosa González y señores Arratia y Mora.


INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE EMERGENCIA DE LA ONEMI EN VALDIVIA Y DE LICITACIÓN DEL TRAMO TEMUCORÍO BUENO EN RUTA 5 SUR. Oficios.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, con motivo de los últimos temporales que azotaron y asolaron la zona sur del país, especialmente la provincia de Valdivia, debió ponerse en movimiento un operativo de ayuda del Estado y de la sociedad civil solidaria, a fin de mitigar de algún modo los daños y el sufrimiento de decenas de miles de chilenos, en particular de los más modestos y de más escasos recursos.
A fin de conocer en detalle en qué consisten los programas de emergencia que, sin duda, debe tener la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, agradeceré oficiar al señor ministro del Interior y que haga llegar la información pertinente, sea a nivel nacional, regional, provincial o comunal, indicando si hay planes diferentes o específicos para cada tipo de catástrofe, como erupciones, terremotos, maremotos, inundaciones, incendios o algún otro fenómeno catastrófico.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco, Bertolino, Ascencio, Joaquín Palma, Jarpa, señora Rosa González y señores Van Rysselberghe, Kuschel y Mora.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor Carlos Cruz, a fin de que envíe las bases de licitación para la concesión de la doble vía del tramo TemucoRío Bueno, en la ruta 5, y una copia del contrato de adjudicación de dicha concesión en el mismo tramo.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco, Bertolino, Ascencio, Joaquín Palma, Jarpa, señora Rosa González y señores Van Rysselberghe, Kuschel y Mora.


RECALIFICACIÓN DEL HOSPITAL DE ANDACOLLO. Oficio.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, en la comuna de Andacollo, del distrito Nº 7 de la Cuarta Región, hay bastante preocupación entre sus habitantes porque, a través de los medios de prensa y de algunas autoridades, se ha informado que se estaría reestudiando la calificación del hospital de Andacollo. Para ellos, es muy importante contar y seguir contando con la atención de ese establecimiento.
Por lo tanto, solicito oficiar a la señora ministra de Salud para que informe si es efectivo que está efectuando un estudio sobre recalificación de ese hospital. De ser así, que indique si el mismo se está realizado o si se encuentra en proceso de ejecución. En caso de estar listo, que haga llegar copia de dicho estudio para conocer la evaluación y también la determinación que adoptará el Servicio Nacional de Salud al respecto.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Joaquín Palma, Delmastro, Jarpa, Van Rysselberghe, Kuschel, señora Rosa González y señor Mora. 


ANTECEDENTES DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, FIA, SOBRE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PRODECOP. Oficio.

El señor BERTOLINO.- Por otro lado, quiero sumarme a la petición de mi colega Encina para que el ministro de Agricultura envíe los antecedentes del informe de la organización internacional Fondo de Investigación Agrícola, FIA, sobre evaluación de los proyectos que desarrolla el Programa de desarrollo para comunas pobres, Prodecop, tanto en el país como en la Cuarta Región.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se agregará el antecedente mencionado al oficio solicitado por el diputado señor Encina.


AGILIZACIÓN DE TRÁMITES PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.

El señor MORA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, la Décima Región de Los Lagos descansa, en materia laboral, principalmente en el sector agrícolaganaderolechero, que aporta el 40 por ciento de los puestos de trabajo y sólo el 16 por ciento en riqueza, porque, como sabemos y se ha escuchado tantas veces en la Sala, la agricultura del sur está en muy mal pie, dado que nuestros productores reciben un tercio del precio que sus similares obtienen en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, el litro de leche, que cuesta tres veces más en el extranjero, llega al país a un precio igual o inferior al nuestro, lo que provoca problemas en nuestra agricultura. Además, de las 42 comunas de nuestra región, 33 viven de la ganadería y de la lechería.
Entonces, es comprensible que algunos agricultores quieran dedicar sus tierras a otras cosas y cambiar el uso del suelo, pero sólo su trámite en el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, requiere hacer trece gestiones que no pueden demorar más de treinta días, porque, de lo contrario, deben repetirlas.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los señores ministros de Agricultura, del Interior, de Vivienda y Bienes Nacionales y de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, a fin de que haya una ventanilla única, dependiente de cada municipio, para efectuar el cambio de uso de suelo y que la gente no deba recorrer una infinidad de oficinas para realizar esa gestión.
Voy a leer los trámites que deben hacerse sólo en el SAG, sin considerar los de la Conama, Corporación Nacional del Medio Ambiente. Además, debe tomarse en cuenta que hay cesantía y dificultades, en particular en mi zona, de manera que deben darse todas las facilidades posibles para que las gestiones se hagan en una sola oficina.
Fíjese, señor Presidente, que sólo en el SAG los requisitos para autorizar un cambio de uso de suelo son los siguientes:
A: Exigencias Sag.
“1) Solicitud del propietario o representante legal, dirigida al secretario Regional Ministerial de Agricultura de la región, indicando los motivos del cambio de uso. Individualización del o los propietarios, señalando dirección postal y teléfono (anexar mandato si procediera)”.
Aquí empiezan a confundirse algunos pequeños agricultores, ya que “anexar” es una palabra relativamente misteriosa, como también lo es “mandato”.
Después dice: “Incluir fotocopia de carné de identidad del solicitante”. Las tienen en abundancia.
“2.- Copia protocolizada de la inscripción de dominio con certificado de vigencia (Conservador de Bienes Raíces).
“3.- Certificado de avalúo con clasificación de uso de suelos”. Ahí tienen que ir al Servicio de Impuestos Internos: agreguemos un oficio al Ministerio de Hacienda.
“4.- Certificado de ruralidad, expedido por la municipalidad de la jurisdicción del predio. (Dirección de Obras Municipales).
“5.- Informe técnico ejecutado por un ingeniero agrónomo. Incluir ubicación geográfica en U.T.M. (Proyección universal transversal de Mercator)”. Ahí también se complican algunos pequeños agricultores.
“6.- Planos con indicación de clasificación de suelos y con la siguiente escala: 1:1.000, si la superficie es menor de 20 hectáreas; 1:2.000, de 20 a 100 hectáreas; 1:5.000, de 100 a 500 hectáreas; 1:10.000, superior a 500 hectáreas”.
En seguida, figura “B. Exigencias MinvuSernatur:
Anotemos: Oficiar asimismo al Ministerio de Economía, porque allí se encuentra el Sernatur.
“1.- Certificado de factibilidad ejecutado por un arquitecto”. Ya no estamos hablando solamente con un agrónomo, sino también con un arquitecto.
“2.- Planos de arquitectura indicando plantas, elevación, fachadas, emplazamiento, vialidad interna”.
A continuación, viene: “C. Otras exigencias.
“1.- Autorización de Vialidad (cuando se accede a caminos nacionales)”. Ya habíamos oficiado al ministro de Obras Públicas, de modo que no hay que agregar nada.
“2.- Resolución de Corema (cuando sea procedente)”. Casi siempre es procedente.
Después figura: “D.- Tarifas del SAG. 
Valor para fines industrialesmineros = 1,75 UTM.
Otros fines (viviendaturístico) = 1,25 UTM”.
“Nota: Todos los documentos deben presentarse en dos carpetas; los planos en cuadruplicado. En solicitud o informe agronómico, incluir dirección y teléfono de solicitante y profesional. Además, los documentos no deben tener una antigüedad mayor a 30 días”.
Hay gente que ha demorado dos o tres años en juntar todos estos documentos y que después se desiste. Si no toma la determinación sin los permisos, porque es bien complicado, sobre todo los costos que significan, a veces, el pago al agrónomo o al arquitecto, cuando corresponde. 
Además, tengo en mi poder circulares con requisitos para otros casos. Por ejemplo, para una solicitud de inscripción de viveros y depósitos de plantas, hay que acudir a distintas partes: Oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero, del Ministerio de Hacienda, etcétera, en la Décima Región, que cuenta con 42 comunas. Existen oficinas en Valdivia, Osorno, Llanquihue y, a veces, en Castro. Quisiera que los interesados realizaran todos estos trámites en una ventanilla única de la municipalidad respectiva, sin tener que ir a otras partes. Como ahora contamos con sistemas electrónicos instantáneos, el municipio oficiará rápidamente. Además, cada municipio tiene sus planos reguladores urbanos y se pretende avanzar hacia una especie de planos reguladores de todo el territorio comunal. El Gobierno presentó un proyecto de ley al respecto, aunque todavía con complicaciones; pero ahora lo retiró, a pesar del entusiasmo legislativo que se nos ha planteado en estos casi 30 días.
Solicito encarecidamente que estos oficios se hagan llegar, porque mi región, que era la más agrícola de Chile, está dejando de serlo. Casi un 40 por ciento de la población está en el campo; pero, repito, la leche y la carne están bajando de precio y los ingresos por esos rubros representan muy poco. Por el contrario, los sectores pesquero, turístico, industrial y de servicios están en alza, y hacia esas direcciones se están volcando la iniciativa empresarial, los recursos y el uso del terreno. El Gobierno debe dar facilidades ahora, para no tener que pedirlas después. A Valparaíso le otorgó ocho instrumentos de fomento que, aunque no funcionan, también los quiere San Antonio. Después los solicitaremos nosotros. Por ahora, pido solamente que nos dejen trabajar.
He dicho. 
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Roberto Delmastro, Enrique Van Rysselberghe y Waldo Mora.


MATERIALIZACIÓN DE ANUNCIOS Y PROMESAS DEL GOBIERNO. Oficios.

El señor MORA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, hoy es un día muy especial para todos y cada uno de los que tenemos el privilegio de vivir en Arica. Ayer se celebró el 7 de junio y le agradezco a mi colega Carlos Jarpa que también lo recordara. Indudablemente, los que vivimos en esa ciudad nos consideramos, orgullosamente, más chilenos que el resto de los chilenos. Créanmelo. ¡Así se siente y se ve en Arica!
Esta confianza y optimismo que en este minuto tenemos en Arica, nos hace recordar que el próximo domingo 11 de junio se cumplen 90 días desde que el actual Gobierno asumió el mando de la nación. Desde esa fecha, hemos visto constantemente al Presidente de la República en la primera plana de los diarios y medios de comunicación, en general, prácticamente todos los días, efectuando numerosos anuncios y promesas. Sólo su discurso dirigido al país el 21 de mayo, al inaugurar una nueva legislatura ordinaria, contiene muchas más promesas que días en el gobierno. El Presidente ha justificado esta actitud señalando que es bueno y positivo colocarse objetivos ambiciosos. No puedo dejar de compartir con él el optimismo con que hay que enfrentar cualquier desafío, por complicado que parezca. Sin embargo, creo que es fundamental que las promesas planteadas se cumplan, por lo cual en su fiscalización debemos ser inflexibles.
En relación con este tema, quisiera exteriorizar mi preocupación por lo que expresara el Ejecutivo en esta campaña comunicacional. En ella, por una parte, se multiplican los anuncios de soluciones, y, por la otra, se señala que sólo existen recursos disponibles para situaciones de emergencia. Me parece que aquí hay un aspecto curioso. La solución de problemas graves en materias como atención de salud, educación, empleos, pensiones, seguridad ciudadana y tantas otras, no sólo requieren de la buena voluntad de ministros y parlamentarios, o de una mejor gestión o eficiencia, sino también, imperiosamente, de recursos. El término de las colas en la salud primaria es un buen ejemplo de ello. Es efectivo que, con creatividad y mejor gestión, ha podido resolverse, en algún grado, el problema de las colas. Sin embargo, creo que su solución no se logrará sólo con dar instrucciones a la ministra, contratar más profesionales, aumentar las horas de atención y otras alternativas, sino también mediante la entrega de un financiamiento que efectivamente permita terminar con el problema de la salud, que ha sido endémico en Chile.
Por ello, igualmente me parece muy positivo que el Presidente anuncie que evaluará trimestralmente a los funcionarios públicos de los ministerios. Me permito sugerirle que también incluya en la medida a los 13 intendentes de las regiones, ya que es imprescindible que ello ocurra si se quiere cumplir con las numerosas promesas efectuadas. No obstante, reitero, junto con las instrucciones, el Gobierno debe proporcionar los recursos necesarios para que, junto a una mejor gestión de sus funcionarios, exista una solución efectiva a los problemas concretos de los chilenos.
Sin perjuicio de lo positiva que considero la iniciativa gubernamental, creo que el Parlamento debe seguir cumpliendo la misión fiscalizadora que le compete desarrollar en ejercicio de sus atribuciones. Es esencial que las promesas se conviertan en realidad. No dudo de las buenas intenciones del actual Gobierno, pero sí de la capacidad de su equipo para cumplir con lo prometido si no se cuenta con recursos adicionales.
No hay que olvidar que los ariqueños ya llevamos diez años escuchando objetivos ambiciosos y esperando que llegue la prometida alegría. Son precisamente ellos los más interesados en que el Gobierno sea exitoso en su gestión y se solucionen los problemas más apremiantes.
Una de las promesas más sentidas en Arica también en Valdivia fue el anuncio del Primer Mandatario, durante su campaña, respecto de que en el plazo de 90 días se formaría una comisión para evaluar y definir qué otras ciudades de Chile podrían convertirse en regiones.
Sin duda, esta materia le interesa mucho a mi colega Velasco, quien, en este minuto, debe estar pensando que a San Antonio también le corresponde ser región.
Dado que el próximo domingo 11 se cumple el plazo de 90 días y que hasta el momento no tenemos una respuesta concreta a un tema que figura en primera plana en mi distrito, solicito oficiar al Presidente de la República para que tenga a bien informar sobre la fecha de inicio de la constitución de dicha comisión, qué avances se han logrado y la nómina de sus integrantes.
Como queremos que Arica sea una región, nos interesa mucho que los distritos de Arica y Parinacota estén representados en esa comisión, lo que así fue solicitado. Con esa información, la gente de las regiones comenzará a evaluar el cumplimiento de esa promesa y, de paso, de todas las demás, en estos 90 días por el Gobierno.
Asimismo, pido oficiar, en forma urgente, al ministro de Agricultura, a fin de que el Servicio Agrícola y Ganadero entregue, a la brevedad, el detalle de captura de la mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo entre mayo de 1999 a mayo del 2000. El tema es imperioso, porque afecta a todos los chilenos, en especial a los de la Primera Región, y porque podríamos encontrarnos en una situación similar a la provocada por la uva envenenada.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


INFORMES TÉCNICOS SOBRE REPARACIONES DE EDIFICIOS EN CHIGUAYANTE. Oficio.

El señor MORA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en forma sucinta deseo plantear una inquietud que me surge como arquitecto, técnico y parlamentario. Se trata de ciertos bloques de edificios construidos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, en Chiguayante, concretamente en La Leonera y San Pedro, en Boca Sur, que están trizados y se llueven. Hace más de año y medio, pedí al Serviu repararlos. Ahora se inundaron como consecuencia de los últimos temporales que afectaron en forma no tan violenta a Concepción como al resto del sur, pero donde sí llovió intensamente.
Pido oficiar al ministro de Vivienda para que me envíe los estudios técnicos que especificaron las reparaciones que sus contratistas han estado efectuando en los últimos cinco años en esos edificios. Como los edificios se siguen trizando y “pasando de agua”, solicito que me informe también sobre los estudios que realizarán a futuro, porque no es ético ni socialmente aceptable que personas que están pagando con gran esfuerzo su vivienda y que han hecho importantes inversiones para mejorarlas en su interior, deban arrancar de una pieza a otra porque los departamentos se llueven. Me informaron que recogieron cientos de litros de agua en algunos departamentos.
Como a fines de año termina el período legal de garantía, quiero saber si el Ministerio lo hará efectivo, a pesar de la paciencia demostrada por esos pobladores ante las reiteradas promesas de reparaciones, lo que viene sucediendo desde hace cinco años, durante los cuales los edificios se han llovido y continúan filtrándose.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de quien habla.

Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.


IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA


Moción de los diputados señores Errázuriz, Ibáñez y de la diputada señora María Victoria Ovalle.
Proyecto de ley que exige que contratos de transmisión de fútbol internacional incluyan a la televisión abierta. (Boletín Nº 2506-07)

El país ha sido testigo de que, con motivo de las eliminatorias del próximo Campeonato Mundial de Fútbol, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Anfp ha celebrado contratos de transmisión de los partidos en que participa Chile con canales que impiden a la televisión abierta transmitirlos. No más de 50 mil chilenos han podido presenciar, en directo, dichos partidos produciéndose una natural frustración en millones de compatriotas que se han debido limitar a escuchar por radio los encuentros o verlos en diferido, horas más tarde y ya sabiendo el resultado.
Los contratos celebrados por la Anfp y que excluyen a la televisión abierta en las transmisiones de los partidos en que juega la selección nacional, violan diversas garantías constitucionales:
1) La igualdad ante la ley (Art. 19 Nº 2). En efecto, ni siquiera quienes pagan por ver televisión por cable pueden observar los partidos de la selección chilena, pues se requiere tener contrato con un determinado y particular sistema.
2) La libertad de informar en cualquier forma y por cualquier medio. (Art. Nº 12). Se impide a los canales abiertos de televisión entregar información instantánea sobre los partidos en que participa la selección nacional, en el momento en que se desarrollan.
3) El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social (Art. 19 Nº 24). En efecto, la propiedad tiene una función social y, en este caso, los canales de televisión no pueden cumplirla por impedírselo un contrato celebrado por la Anfp. Sin embargo, la propia Constitución señala que la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones derivadas de su función social, por lo que vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Los contratos de transmisión por televisión que celebre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional respecto de los partidos en que juegue la selección chilena de fútbol, tanto dentro como fuera del país, deberán considerar la transmisión por algún canal de televisión abierta en Chile. La infracción de esta norma anulará el contrato, de pleno derecho”.


Moción de los diputados señores Krauss, Cardemil, Riveros, Errázuriz, Seguel, Velasco y de las diputadas señoras Eliana Caraball y María Rozas.
Deroga el inciso cuarto del artículo 21 de la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. (Boletín Nº 2507-06)

Desde hace algún tiempo, las organizaciones comunitarias y, entre ellas, principalmente las Juntas de Vecinos, han constituido en nuestro país la más importante expresión de efectiva participación y canalización de las aspiraciones de los sectores de la sociedad en los cuales se insertan.
Para cumplir los objetivos de esta clase de organismos intermedios, esenciales en una organización democrática, se requiere contar con directores que asuman la sacrificada y a menudo incomprendida tarea de dirigirlos y administrarlos. Contar con dirigentes comunitarias preparados, idóneos y de capacidad de entrega no es fácil, particularmente en la época actual tan marcada por el egoísmo y el materialismo. Adicionalmente, la formación de un dirigente de este nivel y especialización requiere de experiencia y de capacitación, lo que se logra sólo con el transcurso del tiempo.
La ley Nº 19.418, que fija el texto sistematizado de las normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, dispone en el inciso cuarto de su artículo 21 que los directores de estas organizaciones sólo podrán ser reelectos por una sola vez. Ello determina que, luego de cuatro años, se prescinda de hombres y mujeres capaces, los cuales son marginados de la actividad comunitaria dirigencial por simple aplicación de la ley, en circunstancias que lo lógico es que su calificación sea hecha por los miembros de las organizaciones que integran, quienes tienen el mejor título para disponer que permanezcan en sus cargos o sean marginados de ellos. Tal es un principio democrático que se aplica en diversos niveles políticos y debiera regir, asimismo, para la organización social.
Diversas organizaciones vecinales nos han solicitado propiciar la derogación de esta normativa discriminatoria. Tal es el propósito de la iniciativa que en esa oportunidad sometemos a la consideración de la honorable Cámara a la cual requerimos la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Derógase el inciso cuarto del artículo 21 de la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias”.


Moción de los diputados señores Gutenberg Martínez, Espina y Krauss.
Proyecto de ley que asegura el derecho de los ciudadanos para observar partidos de la selección nacional de fútbol por canales de televisión abierta. (Boletín Nº 2508-07)

Han sido materia de preocupación reciente de la comunidad nacional las dificultades surgidas para que el encuentro entre la selección nacional de fútbol y la de Uruguay pudiera ser transmitido por televisión abierta. La circunstancia de que esta transmisión, de la cual era legítimo titular un empresario que la licitó, sólo se haría a través de espacios de distintas operadoras de cable, importaba marginar a un sector mayoritario del país, probablemente el que integran los más entusiastas aficionados al fútbol.
Consciente de la importancia que la materia tenía para esos grupos de ciudadanos, el Gobierno, a petición de algunos parlamentarios, interpuso sus buenos oficios y logró concertar entre la empresa propietaria de la señal y un canal de televisión abierta un acuerdo de retransmisión en horario diferido. Se trata, por cierto, de una solución específica y coyuntural. Una solución permanente requiere la existencia de una ley y ese es el propósito que inspira el presente proyecto que ha recogido, adecuándolo a nuestra realidad, la experiencia que sobre esta materia existe en otras legislaciones, especialmente en la Unión Europea y, específicamente, en España.
La iniciativa propuesta parte por reconocer el derecho que tienen los clubes o sus organizaciones para autorizar las emisiones y retransmisiones por televisión, sea en forma exclusiva o compartida, de los espectáculos deportivos en que participen, logrando por ello una contraprestación económica. Estas retransmisiones se podrán verificar con la modalidad de pago por consumo.
En todo caso, se establece explícitamente que la aplicación de estos contratos de transmisión no pueden afectar el derecho a la información, para ejercer el cual los medios dispondrán de libre acceso a los estadios y recintos deportivos sin que les sea exigible pago alguno por la obtención de noticias o imágenes seleccionadas para ser transmitidas por televisión o insertadas en medios escritos o difundidas por radioemisoras.
Enfrentando derechamente el tema que ha motivado la preocupación de los últimos días se dispone que la emisión o retransmisión por televisión de acontecimientos o competencias deportivas en que participe la selección nacional deberán transmitirse por televisión abierta, sea directamente o por retransmisión postergada, diferida, a lo más, en una hora desde la ocurrencia del cotejo. Lo mismo ocurrirá con los espectáculos o competencias que tengan particular relevancia y atractivo de carácter social masivo, circunstancia que será calificada por el Consejo Nacional de Televisión. De esa manera, respetando el derecho que los clubes tienen de obtener ventajas económicas de la difusión de estos eventos, se cauciona que, cuando ellos tienen una relevancia particular, como en el caso de encuentros en que participa la selección chilena del respectivo deporte, tengan acceso a su contemplación todos quienes lo deseen. En razón de que las características actuales del público televisivo señalan que, por ahora, sólo un porcentaje minoritario se encuentra suscrito a la televisión por cable y ello es aún menor en los espacios selectivos, para alcanzar ese propósito es menester que las emisiones de que se trata se hagan por uno o más canales de televisión abierta.
No cabe discutir que las transmisiones que interesan suponen acuerdos de carácter comercial entre los titulares de los derechos de transmisión o retransmisión y es incuestionable que ellos deberán ser logrados libre y directamente entre las partes interesadas. No corresponde al Estado ni al legislador interferir en esta clase de negociaciones. Con todo, si ello no se logra, en mérito al interés social involucrado, estimamos que forzosamente debieran recurrir a la mediación de un árbitro arbitrador que debiera ser designado por el Consejo Nacional de Televisión.
La iniciativa que propiciamos debiera establecer que las infracciones a sus normas será sancionada por el Consejo Nacional de Televisión, organismo rector del correcto funcionamiento de los servicios de televisión chilenos, con las sanciones contempladas en el artículo 33 de su ley orgánica, Nº 18.838. Tales sanciones son la amonestación, multa entre 20 y 200 unidades tributarias mensuales, suspensión de las transmisiones y caducidad de la concesión, la cual, en este caso, podrá ser la del permiso con que operen, según su naturaleza, los servicios de televisión involucrados en la difusión de estos programas. Con el objeto de que la aplicación de estas sanciones tenga la eficacia adecuada cabría disponer que el Consejo Nacional de Televisión debiera dictar un reglamento que establezca un procedimiento breve y sumario para la investigación de las infracciones y la aplicación de las correspondientes sanciones. En contra de ellas procederían los recursos de apelación establecidos en el artículo 34 de la citada ley Nº 18.838.
Con todo, la iniciativa para conferir las referidas atribuciones al Consejo Nacional de Televisión corresponde, atendido lo dispuesto en el Nº 2º de la Constitución Política, exclusivamente al Presidente de la República. En consecuencia, durante la tramitación legislativa del proyecto deberá solicitarse del Primer mandatario el patrocinio de las respectivas indicaciones, cuyo sentido y alcance ha sido reseñado.
Consideramos que la normativa que se sugiere, y en cuya redacción ha participado, además de los autores que la suscriben, el senador Carlos Ominami, con el complemento de las normas cuyo patrocinio se solicitará al Presidente de la República, configura los parámetros jurídicos esenciales para que las transmisiones por televisión de espectáculos deportivos de atracción puedan alcanzar al mayor número de chilenos, explicitando en este aspecto el principio de la igualdad entre todos los habitantes del país.
En mérito a lo señalado proponemos el despacho del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Las emisiones y retransmisiones por televisión de espectáculos deportivos, siempre que fueren autorizadas por los clubes u organizaciones que los representen, darán lugar a una contraprestación económica en favor de esos clubes u organizaciones. Los referidos contratos de transmisión o retransmisión televisiva podrán tener carácter de exclusividad o ser compartidos entre diversos medios.
En todo caso, no será dable impedir el ejercicio del derecho a la información, para lo cual los medios de comunicación dispondrán de libre acceso a los estadios y recintos deportivos sin que les corresponda pagar por la obtención de noticias o imágenes seleccionadas para ser transmitidas por televisión o insertadas en medios escritos o difundidas por radioemisoras.
Asimismo, la retransmisión televisiva de acontecimientos deportivos se podrá verificar por la modalidad de pago por consumo.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las emisiones o retransmisiones realizadas por televisión de acontecimientos o competencias deportivas en las que participe la selección nacional de Chile o que tengan particular relevancia y atractivo de carácter social masivo deberán transmitirse, sea directamente o en forma postergada, por uno o más canales de televisión abierta.
Para tales efectos, los titulares de los derechos de transmisión o retransmisión deberán convenir con los canales de televisión abierta que se interesen la ocurrencia de su contribución o pago por la utilización de la señal”.


Moción de los diputados señores Aguiló, Patricio Cornejo, JocelynHolt, Melero, Moreira, Osvaldo Palma, Silva, Urrutia y de las diputadas señoras Isabel Allende y Fanny Pollarolo.
Regulación y fomento de las especialidades médicas y odontológicas. (Boletín Nº 2509-11)

1ºLa especialización en Medicina y Odontología es una de las características de su actual ejercicio, lo que se encuentra particularmente determinado, especialmente, por la expansión exponencial del conocimiento médico y por el desarrollo de procedimientos tecnológicos altamente específicos;
2ºEl evidente déficit de médicos y odontólogos en especialidades existente en el país, especialmente de aquellas consideradas en falencia;
3ºLa particularmente grave situación existente al respecto en la mayoría de las regiones del país, derivada de una muy desigual distribución de los médicos y odontólogos especialistas, quienes en su gran mayoría se concentran en la Región Metropolitana;
4ºLa actual capacidad deficitaria de las escuelas de medicina y odontología en materia de recursos humanos e infraestructura, requerida para la formación de especialistas en el número que las crecientes necesidades del país determinan;
5ºLa obligación que pesa sobre el Estado de respetar, garantizar y promover el derecho esencial y humano a la salud, desarrollando su iniciativa, acción y competencias legislativas y administrativas, con el objeto de asumir y cumplir debidamente el rol regulador y prestador que en esta área le compete;
6ºQue todo lo anterior hace necesario que se establezca una política de Estado destinada a crear todas las condiciones institucionales, jurídicas, sociales y culturales que permitan dotar al país de los contingentes de profesionales médicos especializados necesarios para garantizar el goce del derecho a la salud, mediante un conjunto sistemático de medidas legislativas y administrativas dictadas al efecto;
7ºQue debe tratarse de una política de Estado integral, sistemática, viable y eficiente que tenga las siguientes finalidades:
a) Aumentar la actual capacidad formadora de médicos y odontólogos en especialidades, tanto a nivel universitario como en los Servicios de Salud;
b) Establecer, a nivel del Sistema Público de Salud, estímulos, tanto de naturaleza económica como de perfeccionamiento profesional y otros de naturaleza no económica;
c) Regular y normar la formación, acreditación y actualización periódica de tales especialistas, garantizando criterios que aseguren el número y calidad de los médicos especialistas de las diferentes especialidades, así como la excelencia, transparencia y objetividad de tales procedimientos.
d) Resguardar la fe pública e impedir las acciones que impliquen probabilidad de daño, cautelando el recto ejercicio de la medicina y odontología.
e) Incentivar la responsabilidad compartida por los más amplios sectores de la sociedad en la formación de especialistas y, en especial, por todos los actores y subsistemas del sector salud;
f)Establecer las normativas, procedimientos y estímulos adecuados para incentivar una mayor capacidad a nivel de la Atención Primaria de Salud y de la Medicina General, creando las condiciones necesarias para que éstas se conviertan en las vías obligatorias de acceso al sistema de salud y evitando la innecesaria demanda asistencial a los especialistas;
g) Crear un conjunto armónico y coordinado de instituciones y funciones públicas destinadas a elaborar, programar, ejecutar y supervigilar el desarrollo de tal política de Estado;
8ºQue es conveniente explicitar que las políticas públicas destinadas a resguardar la salud y la fe pública en esta materia, así como aquellas destinadas a impedir las acciones que conciten probabilidad de daño, deben evitar coartar la libertad de trabajo y reducir la capacidad de atención médica en el país, lo que podría perjudicar especialmente a las zonas geográficas más apartadas. Por el contrario, tales políticas deberían actuar fundamentalmente por la vía de desincentivar el ejercicio de acciones médicas por parte de profesionales desprovistos de la adecuada capacitación;
9ºQue es necesario destacar al efecto el consenso general que respeto de esta deficitaria situación existe en el país, como en los diversos actores estatales, gremiales y universitarios del sector de la salud, así como respecto de la necesidad de establecer políticas públicas que abarquen las finalidades y posean las características antes referidas.
Venimos en formular el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES Y PRINCIPIOS
Artículo 1.- La presente ley establece las normas, principios e instituciones esenciales de las políticas públicas del Estado chileno en materia de especialidades médicas y odontológicas, a fin de asegurar y promover el debido goce del derecho a la protección de la salud de la población.
Artículo 2.- Constituye una obligación preferente del Estado adoptar todas las medidas legislativas y administrativas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la protección de la salud de todas las personas.
Artículo 3.- El Estado acogerá y facilitará al efecto las medidas jurídicas y materiales necesarias para que al logro de las finalidades de la presente ley pueda concurrir adecuadamente la cooperación internacional.
Artículo 4.- El Estado protegerá el libre e igualitario acceso de todas las personas a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo que estén acordes a la máxima cantidad de recursos disponibles, al desarrollo tecnológico experimentado por la ciencia médica y en la máxima calidad posible.
Artículo 5.- Corresponde al Estado establecer y garantizar la ejecución de acciones de salud de especialidad, con el debido resguardo de la fe pública y de la salud individual y pública.
Artículo 6.- Todo profesional que ostente un título universitario conferido por una universidad reconocida por el Estado que acredite su condición de médicocirujano o de dentistacirujano tendrá derecho, en igualdad de condiciones y cumpliendo los requisitos que establece esta ley, a optar a la acreditación y certificación de su condición de especialista en una determinada especialidad médica u odontológica, según los procedimientos que esta ley establece.
Artículo 7.- Ni los órganos públicos, ni los procedimientos determinados para la regulación y fomento de las especialidades médicas y odontológicas que esta ley establece podrán en caso alguno amparar ninguna discriminación. Sus actos y procedimientos serán siempre públicos y las resoluciones admitirán siempre el recurso de reconsideración y de apelación ante la instancia superior que la ley señalará en cada caso.
CAPÍTULO II
SOBRE LA REGULACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS
Párrafo 1º: De la acreditación y certificación
Artículo 8.- La acreditación es un procedimiento voluntario, en virtud del cual un profesional universitario del área médica u odontológica que ha cumplido un curso de posgrado en una universidad reconocida por el Estado, prueba, mediante los correspondientes antecedentes universitarios fidedignos, que ha sido reconocido oficialmente por dicha universidad como poseedor de una especial capacitación en alguna o algunas de las áreas de la medicina o de la odontología.
Artículo 9.- La certificación es un procedimiento de voluntad, en virtud del cual la Corporación Nacional de Acreditación y Certificación de las Especialidades Médicas y Odontológicas da fe de que un determinado profesional universitario del área médica u odontológica posee una especial capacitación en el área de especialidad médica u odontológica que designe.
Artículo 10.- Los servicios de salud pertenecientes al S.N.S.S. del país, podrán constituirse en centros formadores, no universitarios, de especialistas en alguna o algunas de las áreas de la Medicina o de la Odontología, para lo cual requerirán que la Conacemo certifique su calidad de tales.
Artículo 11.- Los procedimientos de acreditación y certificación son obligatorios para todos los médicos u odontólogos que, en su calidad de especialistas, se encuentren regidos por la ley Nº 15.076.
Párrafo 2º:
De la Corporación Nacional de Acreditación y Certificación de las Especialidades Médicas y Odontológicas
Artículo 12.- Créase una Corporación que, con el nombre de Corporación Nacional de Acreditación y Certificación de Especialidades Médicas y Odontológicas, en adelante Conacemo, será autónoma, poseerá patrimonio y personalidad jurídica propios, se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud y cumplirá las siguientes funciones:
a)Acreditar y certificar la calidad de especialistas en cada una de las áreas médicas y odontológicas que establezca el reglamento que al efecto dicte la Conacemo a los profesionales de la salud que ejerzan como tales en el país y que cumplan con los requisitos que la ley y el reglamento de este organismo establezcan;
b) Acreditar, evaluar y supervigilar la función de centros formadores no universitarios de especialistas que adquieran los Servicios de Salud del país.
c) Dictar los reglamentos que aseguren criterios y procedimientos uniformes, objetivos y de alta excelencia para la acreditación, certificación, evaluación y supervigilancia de las funciones señaladas en las letras a) y b) precedentes;
d) Dictar las normas que establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir tanto los profesionales como los centros formadores de especialistas postulantes a tales acreditaciones o certificaciones;
e) Llevar un registro público en el que consten todos los profesionales que cuentan con una acreditación o certificación vigente, en una o varias especialidades médicas u odontológicas;
f) Informar al Ministerio de Salud acerca de todas las resoluciones que emita;
g) Desarrollar estudios e investigaciones acerca de la situación y condiciones de las especialidades médicas y odontológicas, de su ejercicio y de su distribución en el país, así como de las distintas realidades epidemiológicas y necesidades de acciones de salud, tanto nacionales como regionales y locales relativas a tales especialidades;
h) Proponer al Ministerio de Salud las medidas de todo orden que estimen necesarias para subvenir adecuadamente a las necesidades de atención médica y odontológica especializada de la población.
Artículo 13.- El Conacemo se financiará con los aportes que reciba del Estado y de los particulares.
Párrafo 3º:
Del directorio general de la Conacemo
Artículo 14.- La Corporación Nacional de Acreditación y certificación de las Especialidades Médicas y Odontológicas será dirigida por un Directorio General, de integración colegiada e integrado por:
a) El ministro de Salud, quien lo presidirá con derecho a voto dirimente en caso de empate;
b) Un vicepresidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República, de profesión médicocirujano o dentistacirujano de reconocido prestigio y que lleve no menos de diez años de posesión de su título profesional;
c) Cinco profesionales médicocirujanos o dentistacirujanos designados por el ministro de Salud de reconocido prestigio y que posean su título profesional por un período no inferior a siete años;
d) Un médicocirujano elegido por los decanos o directores de las facultades o escuelas de medicina pertenecientes a las universidades reconocidas por el Estado en las que se impartan cursos de posgrado en medicina;
e) Un dentistacirujano elegido por los decanos o directores de las facultades o escuelas de odontología pertenecientes a las universidades reconocidas por el Estado en las que se impartan cursos de posgrado en odontología;
f) Un médicocirujano designado por el Colegio Médico de Chile Asociación Gremial;
g) Un médicocirujano elegido por los presidentes de las Sociedades Científicas de Especialistas Médicos reconocidas por el Ministerio de Salud;
h) Un dentistacirujano designado por el Colegio de Dentistas de Chile Asociación Gremial;
i) Un dentistacirujano elegido por las Sociedades Científicas de Especialidades Odontológicas reconocidas por el Ministerio de Salud.
El reglamento determinará la forma en que se llevarán a efecto las elecciones de los miembros del Directorio referidos en las letras d), e), g), e i) precedentes.
Artículo 15.- Los miembros del Directorio General durarán en sus cargos por un período de tres años y serán inamovibles, con la excepción del presidente y vicepresidente ejecutivo del mismo, quienes podrán ser removidos en cualquier momento por el Presidente de la República.
Artículo 16.- Corresponderá al vicepresidente ejecutivo de la Conacemo la representación judicial y extrajudicial de la misma, la dirección superior cotidiana de la Conacemo, así como subrogar en la Presidencia del Directorio General al ministro de Salud cuando corresponda.
CAPÍTULO III
DEL FOMENTO DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS
Artículo 17.- Constituye un deber preferente del Estado promover el derecho a la salud de la población a través de acciones de fomento que aseguren el número y calidad adecuados de especialistas médicos y odontológicos.
Artículo 18.- El Estado deberá promover la distribución geográfica adecuada de los especialistas, creando las condiciones y estableciendo los incentivos necesarios para asegurar el acceso a las prestaciones de atención especializada por parte de todos los habitantes del país.
Artículo 19.- Con el objeto de establecer las prioridades de formación de especialistas médicos y odontológicos, el Ministerio de Salud, oyendo a la Conacemo podrá declarar áreas de la medicina y de la odontología que se encuentren en estado de falencia a nivel nacional o regional y diseñará políticas y acciones destinadas a solucionar tal estado.
Artículo 20.- Será deber del Estado promover la creación de centros formadores de especialistas al interior de los Servicios de Salud del país, de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 10 de la presente ley.
Al efecto, podrán crearse, oyendo a la Conacemo, y con el apoyo del Gobierno Regional respectivo, a lo menos un centro formador de especialistas médicos u odontológicos en cada Servicio pertenecientes al S.N.S.S.
La determinación de la o las especialidades médicas y odontológicas que se formarán en tales centros formadores regionales se realizará considerando especialmente los planes anuales y quinquenales del Ministerio de Salud, a fin de superar los estados de falencia regional de especialistas, mediante un convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional respectivo.
Artículo 21.- En los centros formadores regionales señalados en el artículo anterior no podrán formarse sino profesionales de la medicina y odontología que acrediten fehacientemente una residencia efectiva no inferior a tres años en la región respectiva y que manifiesten su intención de permanecer en ella por a lo menos un plazo de diez años con posterioridad a obtener la respectiva acreditación o certificación.
Artículo 22.- El profesional médico u odontológico que haya recibido su formación de especialista en los centros formadores regionales señalados en el artículo 28 y que abandone la región antes de cumplir los diez años posteriores a obtener su especialidad, deberá pagar el importe de los gastos efectuados en su formación o la proporción de ella relativamente al tiempo que faltare para completar tales diez años. Tales montos se pagarán al Gobierno Regional respectivo, quien deberá reasignarlos a la formación de especialistas en la región.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 23.- El profesional médico u odontológico que se atribuya maliciosamente por cualquier medio de publicidad la calidad de médico especialista o cree maliciosamente la apariencia de tal sin contar con la debida acreditación o certificación sufrirá una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales.
Si, además, en tal ejercicio malicioso de una especialidad resultare responsable de la comisión de un delito o cuasidelito contra las personas, tal circunstancia será considerada como una agravante de su responsabilidad penal.
Artículo 24.- El Ministerio de Salud podrá dictar, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el reglamento de funcionamiento de la Conacemo”.