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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado, cuya votación está pendiente.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1510-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 4 de marzo 1997.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 16ª, en 12 de enero de 1999.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 2ª, en 1 de octubre de 1997.
Constitución (segundo), sesión 3ª, en 9 de junio de 1998.
Mixta, sesión 2ª, en 2 de junio de 1999.
Discusión:
Sesiones 5ª, en 14 de octubre de 1997 (se aprueba en general); 6ª y 9ª, en 16 y 30 de junio, y 10ª, en 1º de julio de 1998, respectivamente, (queda pendiente su discusión particular); 11ª, en 7 de julio de 1998 (se despacha en particular); 2ª, en 2 de junio de 1999 (queda pendiente la votación del informe de C. Mixta).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se procederá a tocar los timbres, por cuanto se trata de un informe cuya aprobación requiere de quórum especial.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , cuando me correspondió informar como titular de la Comisión de Constitución y, posteriormente, como Presidente de la Comisión Mixta , hice presente los numerosos aspectos positivos que, desde mi punto de vista, tiene esta iniciativa. Por cierto, siempre se le podrán encontrar algunos vacíos y será posible mejorarla; pero, en lo fundamental, creo que ella constituye un progreso muy significativo en la búsqueda de la mejor probidad administrativa respecto de todos los personeros de alta jerarquía que trabajan en los distintos órganos del Estado.
Por tales motivos, votaré favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
Sin embargo, deseo dejar constancia de dos aspectos que, a mi juicio, son relevantes. El primero se refiere a la obligación de que los actos de la Administración del Estado tengan el carácter de públicos, es decir, que garanticen la debida transparencia, de manera que, junto con dar a conocer lo que en dichos organismos y entidades se realiza, exista también la posibilidad de asegurar el control de esta actividad.
La iniciativa en debate corresponde a una que presenté cuando se tramitaba la ley de prensa. Ese texto fue el que en definitiva se transformó en la proposición que conoció el Senado, la que finalmente ha recibido la aprobación de ambas Cámaras.
Sobre el particular, hago mías las inquietudes formuladas en esta Corporación por el Senador señor Silva , para que dicho objetivo no sea frustrado debido a la enorme cantidad de limitaciones incorporadas al proyecto durante su tramitación. Además, me sumo a la voluntad expresada por Su Señoría en orden a solicitar al Presidente de la República que, mediante un veto aditivo, se pueda restringir esa voluntad, a fin de evitar que la transparencia de los actos de la Administración del Estado sea burlada por los efectos de la potestad reglamentaria que cada autoridad involucrada pudiese tener para dictar resoluciones en su beneficio.
Por otra parte, cabe señalar que se han cuestionado algunos aspectos incorporados a esta normativa. Algunos señores Senadores se han referido muy especialmente a la disposición incluida como inciso tercero del número 5 del artículo 64, la cual establece que "El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;".
Como esta norma también corresponde a una indicación que presenté yo, la cual fue cuestionada, aclaro que mi voluntad al formularla -la Comisión y el Senado posteriormente, con buen criterio, tuvieron a bien aprobarla- dice relación a que los fondos públicos no son para alcanzar beneficios particulares a través de su uso. En efecto, si se obtiene beneficio, por ejemplo al utilizar pasajes financiados por esta Corporación -es el caso de los Senadores que usamos pasajes para trasladarnos a determinado lugar del país; hay Honorables colegas que están obligados a viajar constantemente, porque su residencia o región están alejadas-, considero que ese beneficio debe favorecer al propio Senado y no a quien utilizó el pasaje. Esa norma dice relación al correcto y mejor uso de los recursos fiscales.
No quiero que se piense que estoy cuestionando la forma en que se ha utilizado ese beneficio. Por el contrario, considero que se ha usado legalmente y nadie ha planteado objeción alguna al respecto. Mis observaciones no implican un cuestionamiento o crítica. Pero sí creo importante, en aras de la transparencia, que cuando los fondos públicos produzcan beneficios, éstos redunden en favor del propio Fisco o de las reparticiones u órganos del Estado donde ellos se generaron.
Por eso, junto con manifestar mi apoyo al texto propuesto deseaba esclarecer su sentido, porque me parece que con su aprobación se da un nuevo paso hacia la transparencia de nuestras actuaciones y el mejor uso de los recursos fiscales.
Con las constancias descritas, voto que sí.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , voy a votar favorablemente, pero tengo ciertas dudas, ya que algunos de los pasajes que figuran en la cuenta corriente que tenemos con las líneas aéreas los cancelamos directamente cuando el costo total excede la cantidad que el Senado aporta para financiar dos viajes semanales. En ese caso, el Parlamentario perdería el millaje correspondiente a tales pasajes y que se encuentra estipulado en el convenio que suscribió en su oportunidad.
Por otro lado, cuando los Diputados y Senadores adquieren sobre determinado número de pasajes con fondos fiscales, obtienen como beneficio un boleto rebajado. Siguiendo la teoría del señor Senador que me antecedió en fundar el voto, a lo mejor sería bueno que devolviéramos la diferencia correspondiente a la rebaja otorgada como consecuencia de ese gran volumen de compra y que se halla estipulada en el convenio que firmamos con la línea aérea.
Como dije, la disposición me ocasiona dudas, porque podría tener también un efecto contrario: que a algunos Parlamentarios de regiones extremas se les dificultara asistir más seguido a reuniones en esos lugares al no contar con millaje para paliar el valor de los pasajes.
El aspecto planteado, aunque interesante, me resulta absurdo. No obstante, como muchas veces a los Parlamentarios se nos juzga no por lo que somos sino por lo que parecemos -como en el dicho de que la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino que parecerlo-, para que no se arguya que defiendo un privilegio, voto que sí.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , es básico dejar sentado que el proyecto que hoy nos ocupa se desarrolló con el criterio de país que el Presidente de la República le imprimió al constituir la Comisión Nacional de Ética Pública. Dicha Comisión es de composición plural y representa las diversas sensibilidades reflejadas en el Parlamento.
Esta iniciativa ha sido objeto de una larga tramitación, ya que su concepción se remonta a 1994. Finalmente, tras extensos análisis realizados en la Comisión Mixta como instancia parlamentaria encargada de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, se ha arribado al presente texto consensuado.
Es preciso recordar que el fin esencial perseguido por la estructura administrativa es alcanzar el bien común. A este objetivo se suma el principio de la legalidad, que impone a la Administración la obligación de perseguir siempre en su obrar la consecución del interés público.
Continuando en la lógica de un orden superior y más allá de la legalidad, esto es, en la esfera de la ética, emerge el concepto de "probidad administrativa", que se encuentra en íntima concordancia en la relación que necesariamente deben mantener la moral y el derecho.
A los principios de la probidad administrativa deben ajustarse las actuaciones de las autoridades y de los funcionarios de la Administración del Estado.
Esta normativa viene a sintetizar una verdadera doctrina sobre probidad administrativa, cuyas disposiciones, si bien existen, se encuentran dispersas en diversos cuerpos legales, que se modificarán en virtud de las nuevas disposiciones.
Al referirme a algunos aspectos del proyecto, quiero subrayar que los organismos públicos con personalidad jurídica, y el Estado cuando se trate de una repartición que carece de ella, deben hacerse responsables por sus actos administrativos. Dichos actos deberán ser públicos, incluyendo -con restricciones- los de las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública y los de las empresas estatales que tengan el carácter de sociedades anónimas. No olvidemos que el Estado está facultado para crear organismos bajo fórmulas societarias de Derecho Privado. Y, tal como lo expresara el Presidente del Senado , Senador señor Andrés Zaldívar , "si un órgano del Estado es autorizado para desarrollar actividades empresariales, quedará sometido -por mandato constitucional- a la legislación común aplicable a los particulares". Todo ello se enmarca en la concepción de la modernización del Estado como consecuencia de la evolución económico-social que ha experimentado el país.
La probidad administrativa se define como la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el interés particular.
Aquí cabe una breve reflexión acerca de un problema crucial de nuestras sociedades democráticas. Me refiero a la corrupción, que constituye un verdadero cáncer que enferma la transparencia de la vida económica y de los procedimientos públicos. La corrupción debe ser objeto de infracción penal susceptible de involucrar a personas investidas de responsabilidad pública. Este hecho se produce en especial a la hora de la toma de decisiones; al momento de la relación entre el dinero privado y la decisión pública, o entre el dinero público y la intervención de los privados.
Por ello, es relevante la obligatoriedad de que las autoridades y altos funcionarios de la Administración del Estado, del Poder Judicial y los Parlamentarios, efectúen una declaración jurada de intereses que tenga carácter público. Los intereses comprometidos son precisamente los que pueden influir en las decisiones que se adopten.
Por las consideraciones expuestas, estimo que la ley en proyecto permitirá fortificar el compromiso real de los funcionarios con su quehacer. Además, contribuirá al reforzamiento de la transparencia, que debe ser un elemento esencial en la gestión pública. Por último, todos estos factores aumentarán y consolidarán la credibilidad, y la actividad administrativa saldrá vigorizada y se orientará mejor hacia la promoción del bien público, sometiéndose al imperativo ineludible de la moralidad.
Voto que sí.
El señor SILVA.-
Señor Presidente , votaré a favor porque se trata de consagrar una iniciativa, largamente esperada, en defensa de la probidad en el campo público y de la moral en el campo privado. Sin embargo, mantengo la inquietud -que expresé al intervenir en la discusión general del proyecto- en lo concerniente al peligro que entraña el hecho de que el proyecto permita, por la vía de la reglamentación, hacer excepciones al principio de la publicidad de los actos de la Administración, tanto en el orden de su establecimiento como en el de las excepcionales condiciones o circunstancias en que puedan formularse reservas sobre el particular.
Por lo tanto, hago mía la salvedad que al respecto expresó el Honorable señor Larraín.
En todo caso, voto a favor.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa implica un gran avance, pues contiene un conjunto de disposiciones que facilitarán la incitación a la probidad y al aumento de la transparencia.
La única duda que me surge frente a su texto -obviamente, sin la posibilidad de corregirlo ahora- es que se señalan diversas inhabilidades que dicen relación a las vinculaciones de parentesco entre diversos funcionarios públicos y, no obstante que en otras materias hemos legislado a este respecto, se deja abierto un camino que, lamentablemente, se está franqueando hoy, ante la notoria disminución de matrimonios: el de que la relación de pareja puede ser un mecanismo para burlar disposiciones de esta índole y, de alguna manera, constituir un elemento más para inducir a no asumir el vínculo permanente.
En el proyecto no se contempla esa situación. Lo ideal sería que, si en nuestra legislación estamos considerando para otros efectos tal relación, en lo que es favorable, también lo fuese en lo desfavorable, a fin de que no se produzca el absurdo de que en determinado momento dos personas no contraigan matrimonio porque eso les va a causar un problema específico frente a sus posibilidades de ascenso, de realizar ciertos actos o de, simplemente, pertenecer a la Administración Pública.
Hecha esa única reserva, no puedo menos que concurrir a aprobar lo propuesto por la Comisión Mixta, pues en general da una solución adecuada a las controversias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados.
Voto que sí.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , reconociendo que el proyecto contiene normas muy importantes y habiéndose anunciado observaciones por el Ejecutivo -según se nos señaló en la Cámara de Diputados- en cuanto a la participación de funcionarios públicos en el consumo de drogas y, eventualmente, a la declaración patrimonial, más el hecho de que no comparto que reglamentariamente puedan establecerse los casos de secreto o reserva de la documentación y antecedentes, me abstengo, en espera de que se formalicen los vetos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , coincido en esta oportunidad con lo planteado por el Senador señor Bombal y, por los mismos argumentos que adujo Su Señoría, me abstengo.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (35 votos contra uno y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Canessa, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Hamilton, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Lagos.
Se abstuvieron de votar los señores Bombal y Muñoz Barra.
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