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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, en conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités, en el estudio del proyecto de la Cámara de Diputados sobre violencia intrafamiliar, informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40a, en 7 de abril de 1993.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 11a, en 3 de noviembre de 1993.
El señor LAGOS ( Prosecretario ).-
La Comisión aprobó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, y en el informe deja constancia de que su artículo 2° exige, para su aprobación, quórum orgánico constitucional, y de que se ofició a la Corte Suprema, la cual contestó formulando observaciones al proyecto.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En la discusión general, ofrezco la palabra a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer.
La señora ALVEAR (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de este Honorable Senado trata un problema muy sentido dentro de la sociedad chilena. Cuando me correspondió asumir la Dirección del Servicio Nacional de la Mujer, una de nuestras primeras preocupaciones fue precisamente la de lograr cuantificar el grado de la violencia intrafamiliar en nuestro país, dado que, si bien contábamos con antecedentes que nos comenzaron a llegar y con los conocimientos aportados por algunos estudios existentes sobre el particular, carecíamos de datos precisos sobre el volumen alcanzado en Chile por la violencia intrafamiliar.
Nuestra primera investigación fue practicada en la Región Metropolitana, siendo encuestadas mil mujeres de los estratos alto, medio y bajo. Y las conclusiones del estudio fueron francamente alarmantes. En los tres niveles socioeconómicos recién mencionados se producen situaciones de violencia al interior del hogar, como lo reconoció una de cada cuatro mujeres.
Si pensamos en la violencia sicológica, ese mismo estudio reveló que una de cada tres mujeres también la ha experimentado.
En el nivel socioeconómico bajo la violencia es preferentemente de carácter físico, y en el alto, lo es por lo común de índole sicológica.
Del total de mujeres que han vivido violencia, sólo 19 por ciento acude a Carabineros o servicios de salud.
La gravedad de tales datos nos indujo a investigar qué estaba ocurriendo al respecto en Regiones y ciudades importantes -contamos al efecto con la colaboración de la OEA- como Valparaíso, Antofagasta, Talca y Concepción, para lo cual concurrimos a los Centros de Información de los Derechos de la Mujer que el Servicio Nacional a mi cargo tiene en esos lugares, a las comisarías y a las postas a fin de indagar las denuncias sobre violencia intrafamiliar.
Las conclusiones son las siguientes:
En tres de las cinco ciudades -incluida Santiago-, el principal motivo de las mujeres es el de la violencia intrafamiliar.
Alrededor de 75 por ciento de las que concurren a los Centros de Información reconoce haberla sufrido. Sin embargo, no solicitan ayuda en los servicios de urgencia ni tampoco acuden a Carabineros.
Del total de las maltratadas, el 66 por ciento de los agresores son sus cónyuges, y un 15 por ciento, convivientes.
La mayoría de los servicios de urgencia no incluye en sus fichas de ingreso -donde se consulta el motivo que ocasionó el daño- la violencia al interior del hogar. Vale decir, en la práctica, es un problema ignorado.
¿Cuáles son los efectos que la violencia intrafamiliar acarrea tanto en el grupo familiar como en la sociedad?
En el primer caso, convierte al hogar en un espacio de violencia, de inestabilidad y de temor, en circunstancias de que éste -todos concordamos en ello- debe ser por excelencia un lugar de protección, de estabilidad y afecto.
Se ha comprobado que las mujeres sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan baja autoestima, síntomas depresivos, alteraciones emocionales y un debilitamiento gradual de sus defensas tanto físicas como sicológicas.
Se da, desgraciadamente, lo que los expertos denominan "ciclo de la violencia".
La violencia dentro del hogar pasa por distintas etapas. Los primeros indicios de ella pueden presentarse incluso ya durante el noviazgo, luna de miel o cuando nace el primer 'hijo. Fueron gráficos, señor Presidente, los testimonios que en la Cámara de Diputados dio Carabineros de Chile, y que demostraban la gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar que se están produ-ciendo en la etapa de noviazgo de las parejas.
Estos primeros incidentes no son claramente evaluados por las mujeres. Las conductas posesivas o de celos son justificadas por ellas, o, en muchos casos, mal interpretadas como halagos o signos de preocupación y afecto.
El ciclo de violencia al cual me refiero se puede describir en tres fases, que varían tanto en intensidad como en duración.
La primera fase se caracteriza por la manifestación de tensiones en la pareja y por la acumulación de ellas. Previamente a la violencia física se produce una agresión de índole sicológica, donde se desvaloriza a la mujer. Esta responde minimizando los incidentes, evitando enojarse para que no la golpeen. A menudo atribuye el episodio de violencia a factores externos. Tantas veces hemos escuchado frases como "serán problemas de trabajo, dificultades sociales", etcétera, y que la llevan a pensar que nada puede hacer por cambiar este estado de cosas.
Con el tiempo aumentan la tensión y los incidentes violentos, físicos o síquicos. En la mujer crece la ira y disminuye el control sobre sí misma y la situación. El hombre golpeador, apoyándose en la aceptación pasiva de su conducta abusiva, no intenta dominarse. Muchas veces la pareja trata de mantener el conflicto en esta etapa para no pasar a la aguda, pero cualquier evento o situación rompe ese equilibrio y se pasa a la segunda fase, denominada "explosión de violencia".
En este punto culmina la acumulación de tensión y el proceso pierde el control. Ni el hombre ni la mujer ya en la segunda etapa lo tienen. Esta, que ya ha vivido antes el proceso, puede incluso "provocar" los golpes para apurar el paso a la tercera fase. Las informaciones que las afectadas dan de este período es que ellas están conscientes de lo que está sucediendo, que advierten que no podrán detener una conducta fuera de control y optan por no ofrecer resistencia alguna.
Viene en seguida la tercerea fase: la conducta arrepentida y amante. A la fase aguda la sigue un verdadero "shock": la negación e incredulidad de que el episodio haya realmente ocurrido. El autor de las violencias manifiesta remordimientos, se disculpa con su mujer o con su pareja, se comporta cariñosamente convenciéndola de que la necesita y de que lo acaecido no volverá a suceder. Le hace toda clase de promesas. La mujer, a su vez, después de haber sufrido ese "shock", necesita estas demostraciones y decide que la conducta que observan durante este período le muestra a su verdadero marido,
La duración de esa etapa varía y no se sabe exactamente cómo termina. La mayoría de las mujeres afirma que antes de que se den cuenta comienza de nuevo la tensión y a vivirse la primera, la segunda y la tercera fases. Y así nos encontramos irremediablemente dentro de una familia sujeta a este ciclo de violencia como forma de resolución de los conflictos.
Pero no sólo las mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar. También lo son los ancianos, en porcentaje minoritario algunos varones, y en gran número los niños.
Hay pocos estudios que permitan cuantificar la violencia que ocurre al interior de los hogares en lo que atañe a los menores. Un trabajo realizado por la UNICEF, entre 1989 y 1990, en familias representativas de la población vulnerable de Santiago, Valparaíso, Temuco, Valdivia y Concepción, dio los siguientes resultados.
Más de 110 mil niños y jóvenes -el 5 por ciento de los menores de 18 años- reciben trato duro y violento en forma relativamente habitual. Se estima que unos 8 mil 700 de éstos han requerido atención médica por lesiones no accidentales. Pero sólo una décima parte de ellos acudió a un servicio asistencia! por tal motivo.
El informe del SENAME ( Servicio Nacional de Menores ), de 1989, señala que 10 mil 348 menores ingresan a dicha institución por castigos físicos; 8 mil 733, por castigos físicos severos; 15 mil, por abandono parcial, y mil 100, por abandono total.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de Salud, se puede constatar que 8 mil 760 niños fueron objeto de maltrato físico reiterativo durante ese año. Y de los análisis de las fichas de ese Servicio se concluye que los agresores más violentos son los padres, con 45 por ciento.
Por otra parte, debo señalar que, según un estudio de antecedentes judiciales efectuado en 1990 por el abogado señor Héctor Fernández, que involucra a 100 menores de edad, en el 89 por ciento de los casos la madre es quien denuncia ante el tribunal la situación de maltrato. Además, dicho estudio revela que el período durante el cual se ejecutarían estos maltratos es siempre prolongado en el tiempo. Y, con relación a la persona respecto de la cual se efectúa la acusación, el 85 por ciento de los padres es el responsable de tales acciones.
Los efectos a largo plazo del abuso y del abandono infantil incluyen la delincuencia juvenil y adulta. Una investigación llevada a cabo en 1991 con jóvenes encarcelados en Chile, determinó que el 86 por ciento de los adolescentes infractores de la ley recibió castigo frecuente por parte de los padres o de los tutores.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Perdone que la interrumpa, señora Ministra.
Ha llegado la hora de término de la sesión, razón por la cual solicito el asentimiento de la Sala para prorrogarla por el tiempo necesario para despachar este proyecto y el que reajusta las remuneraciones del sector público.
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite, señor Presidente?
Debo manifestar que existe acuerdo de Comités en despachar la iniciativa que destina recursos para el desarrollo de la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, aprobada en general por el Senado en forma unánime y, también, por la Comisión de Hacienda.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Además de ese proyecto despacharíamos los otros.
El señor OTERO.-
Perdón, señor Presidente. Deseo hacer una aclaración.
No hemos dado acuerdo, como Comité, para lo señalado por el Honorable señor Ruiz. Sin embargo, los Senadores de Renovación Nacional concurrimos a darlo en este momento por expresa petición de nuestra concejal en Punta Arenas y de nuestro candidato a Diputado , quienes nos han hecho presente la importancia y la urgencia de ese proyecto.
-Se acuerda prorrogar el Orden del Día hasta el despacho de los proyectos señalados.
El señor GAZMURI.-
¡Aquí no legislan los concejales, señor Senador ! ¡Me parece un exceso! ¡Y menos los candidatos!
El señor OTERO.-
Nos interesa conocer la opinión de las bases, señor Senador.
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Faltó consignar los nombres de los candidatos!
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra la señora Ministra.
La señora ALVEAR (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Señor Presidente, estaba entregando los datos sobre la violencia intrafamiliar relacionada con los niños.
Debo consignar en esta parte que los pequeños víctimas de la violencia o testigos de ella tienden a repetir la conducta con su esposa y/o con sus hijos cuando ya son adultos. Y la investigación a que hice referencia hace un momento, realizada en la Región Metropolitana, revela que 62 por ciento de los hombres golpeadores fueron a su vez golpeados cuando niños.
Dentro de esta situación cuantificada de la violencia intrafamiliar, permítanme señalar el contexto jurídico del proyecto de ley que hoy se debate.
En primer lugar, me parece importante consignar el mandato constitucional. El artículo 19 de la Carta, consagra, como garantía constitucional para todas las personas, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley.
Por otra parte, existen diversos instrumentos internacionales en los cuales se funda esta iniciativa. Entre ellos, vale la pena mencionar la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y el artículo 5°, inciso segundo, de nuestro Texto Fundamental establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados en la misma Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile, como es el caso de los que recién señalé.
A fin de enfrentar este problema social, el Servicio Nacional de la Mujer ha desarrollado diversas acciones. La primera ha sido patrocinar el proyecto en debate -que esperamos que el Senado lo apruebe- y otro, sobre maltrato infantil, ya aprobado por esta Corporación, que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Pero no bastan las iniciativas legales. Como ya lo reseñé, hemos avanzado en la realización de diversas investigaciones y estudios que, junto con cuantificar la situación descrita, nos permitan encontrar solución a la misma.
Por otra parte, hemos desplegado un fuerzo importante con el objeto de capacitar a los distintos funcionarios vinculados con el problema de la violencia intrafamiliar. En primer lugar, lo hemos hecho, a lo largo de todo el país, con más de 6 mil 800 carabineros, en atención a que ellos son los primeros en tener contacto con las víctimas de la violencia intrafamiliar. Además, hemos colaborado en el mismo sentido, por razones análogas, con los funcionarios públicos de salud, justicia y educación y con los trabajadores municipales, abarcando un número de 3 mil 360 de ellos.
Asimismo, consideramos fundamental incluir a los municipios en esta temática. De allí que junto con varios de ellos hemos logrado crear centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. El primero fue con la Municipalidad de Santiago. Luego, con las de Conchalí, La Florida, Huechuraba y El Bosque. En todos esos centros existe un equipo conformado por sicólogos, abogados, asistentes sociales, el que no sólo se preocupa de la víctima de violencia intrafamiliar, sino también del agresor. Y puedo señalar que la atención de los agresores ha dado resultados muy iluminadores al respecto, pues, una vez que se los comienza a tratar, se evita definitivamente el ciclo de violencia al que me referí anteriormente. Además, hemos iniciado programas relacionados con la violencia intrafamiliar en municipios como los de San Bernardo, Lo Barnechea, Colina, Lo Espejo y Pudahuel, entre otros.
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción, señora Ministra , con la venia de la Mesa?
La señora ALVEAR (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, doy disculpas al Senado por plantear esto, y lo digo con mucho respeto. Los antecedentes proporcionados por la señora Ministra son muy interesantes e importantes. He tenido acceso a la información pública entregada por ella sobre la materia. Pero el tema en debate es el proyecto de ley que ha de proteger contra la violencia intrafamiliar, y no dar cuenta de lo que está ocurriendo en su Ministerio, aun cuando -reitero- ha aportado datos muy interesantes.
En segundo lugar, señora Ministra y señor Presidente, debemos despachar hoy tres proyectos más. Entre ellos, el de reajuste y el relativo al "leasing" habitacional.
Por eso, con mucho respeto -no es mí deseo destruir su planteamiento, ni mucho menos-, quiero pedirle que nos aboquemos básicamente al tema en debate, a fin de avanzar en el despacho de las otras iniciativas pendientes.
Agradezco su comprensión, señora Ministra.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente , con la venia de la señora Ministra?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Está con la palabra la señora Ministra.
El señor HORMAZÁBAL.-
He solicitado una interrupción porque me parece inusual lo sucedido. El Senado de la República es una instancia para debatir. La señora Ministra está realizando un enfoque de carácter general acerca de lo que representa esta iniciativa de ley, por lo que debe ser tratada con respeto y altura de miras. El hecho de estar apremiado en despachar otros tres proyectos, por un problema de tiempo, es una cuestión distinta del respeto que debemos en este caso.
Lamento mucho que un Senador de la capacidad, talento y de respeto permanente demostrados por el Honorable señor Ríos haya hecho uso de una interrupción para estos efectos.
Señor Presidente, quiero pedir que continúe la exposición de la señora Ministra en lo que ella estime pertinente para explicar la ley en proyecto. Porque en el Senado ha existido un permanente respeto por quienes exponen las diversas materias. Por eso, deploro que se haya producido una situación de esa naturaleza.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra la señora Ministra.
La señora ALVEAR (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
Gracias, señor Presidente.
Consideré importante exponer el proyecto enfocando la situación descrita dentro del contexto global en que se halla inserta. Lo he estimado necesario porque en el Congreso Nacional se debaten diversas iniciativas legales. No sólo el proyecto de violencia intrafamiliar, sino también la forma de abordar la temática general, lo cual, sin lugar a dudas, en muchas ocasiones demandará presupuestos adicionales para el tratamiento de ciertas materias. Por eso, consideré trascendente abordarlo en ese contexto.
Pues bien, abocándome al proyecto mismo, debo recordar que él tuvo su origen en una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados, patrocinada por el Ejecutivo. Dicha rama del Parlamento lo aprobó por unanimidad, tras lo cual pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
En primer lugar, se consagra el concepto de violencia, entendiéndose por tal toda acción que implique un maltrato que afecte significativamente la salud física y psíquica de un miembro del grupo familiar.
Debo hacer presente que la Cámara de Diputados aprobó el texto que incluía, además de los maltratos físicos de acción, aquellos que pudiesen contenerse dentro de la omisión, lo cual no acogió en iguales términos la Comisión de Constitución del Senado.
Respecto del tribunal competente, es importante destacar que nos parece fundamental que materias como ésta las conozcan los futuros tribunales de familia, que esperamos que existan en nuestro país. Mientras no se creen, debemos optar por alguno de los que existen en la actualidad. La Cámara de Diputados estimó pertinente que fuera el juez de menores, y en aquellos lugares donde éste no existiera, el juez de policía local. La Comisión de Constitución del Senado resolvió proponer que el tribunal competente fuese el juez civil. El procedimiento que se establece al respecto es breve y sumario. Durante él, el magistrado podrá decretar una serie de medidas inmediatas en resguardo de las personas y de los intereses de las víctimas.
Entre esas medidas, vale la pena destacar la fijación, entre otras, por cierto lapso, de las pensiones alimenticias; la tuición provisional de los hijos; la prohibición, restricción o limitación de la presencia del agresor en el hogar común; la autorización al afectado para abandonar éste, o el disponer la entrega inmediata de sus efectos personales.
La iniciativa legal en discusión da valor probatorio a las declaraciones de ciertos testigos -familiares, dependientes- que los procedimientos ordinarios no incluyen. Esto, naturalmente, es fundamental, dado que en la mayoría de los casos el episodio de violencia intrafamiliar es sólo conocido por los familiares o por los dependientes que viven al interior del hogar.
Sin perjuicio de estatuir un procedimiento breve y sumario, se contempla el resguardo del debido proceso y, al mismo tiempo, sanciones de carácter alternativo. En la actualidad, una de las razones por las cuales se retiran las causas obedece al hecho de que, según lo dispuesto por el Código Penal para los delitos de lesiones, la única sanción que puede aplicar el juez es precisamente la de prisión. Y, tratándose de esta situación de violencia al interior de un hogar, es obvio que la prisión no es lo que busca el menor o la mujer al interponer una acción de este tipo. Por ello, las sanciones alternativas son esenciales. Entre ellas se consignan las multas a beneficio fiscal y la asistencia a programas terapéuticos o de rehabilitación, a los cuales asignamos gran importancia. De allí que me refiriera con antelación a los centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar que funcionan en los municipios. Y también, por supuesto, se consagra la sanción de prisión.
Además, se establece que el magistrado, a petición del ofensor, puede conmutar la pena de multa o de prisión por la realización de determinados trabajos en beneficio de la comunidad. Si las lesiones ocasionadas son además carácter grave, el juez del crimen que conozca de ellas podrá decretar las mismas medidas cautelares ya mencionadas.
Esas son las ideas centrales y fundamentales del proyecto que hoy sometemos a la consideración del Senado.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, el proyecto en debate es de extraordinaria trascendencia. Tenía pensado desarrollar el tema en forma más extensa; pero la señora Ministra lo ha reseñado muy bien, al rubricar sus aspectos más importantes.
Por consiguiente, sólo me remitiré a indicar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, por estar de acuerdo en que se debe abordar el problema de la violencia intrafamiliar; establecer medidas cautelares para dar protección a las víctimas; consagrar sanciones alternativas para el agresor que tiendan al castigo, pero, también, a rehacer, en la medida de lo posible, la relación afectiva, e implementar procedimientos judiciales breves y eficaces. Todo ello, por hallarse absolutamente convencidos sus integrantes de obtener por estos medios una efectiva solución al problema y una valoración social de la gravedad del mismo.
La fortaleza de la iniciativa radica en la existencia de las medidas cautelares y en las sanciones alternativas a la prisión, dado que, por lo general, la víctima no desea la prisión de su agresor, sino resolver el problema de la violencia; de ahí que el juez deba tener como norte la búsqueda de la conciliación.
Asimismo, destacamos el valor pedagógico del proyecto en sí, su carácter disuasivo e inhibitorio de las conductas de la violencia; el no establecimiento de un paralelismo con los delitos existentes y, por sobre todo, el énfasis que en él se pone sobre el tema de la rehabilitación.
Señor Presidente, por las razones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros, recomienda al Honorable Senado la aprobación de la iniciativa. Y los Senadores democratacristianos manifestamos que la votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO .-
Señor Presidente, las cifras dadas por la señora Ministra son pavorosas. Sin embargo, éste sigue siendo un tema invisible. Porque, mientras la seguridad ciudadana constituye el principal problema en el país -así aquilatado por la gente-, ese tipo de violencia no aparece en ninguna parte; y sólo recién se han empezado a conocer ciertos hechos, los cuales, en algunos casos, son realmente dramáticos.
La bancada de Senadores PPD-PS dará su aquiescencia a la iniciativa que ahora debatimos, porque consideramos que constituye un avance significativo. Pero queremos señalar que concurriremos con nuestro patrocinio a las indicaciones formuladas por la Red Nacional contra la violencia doméstica y sexual, pues entendemos que aquí fluyen cuestiones que es necesario profundizar y modernizar. Desde luego, la Constitución Política de la República establece el deber del Estado de propender a la protección de la familia. Y cuando se habla de familia -inclusive en esta iniciativa, que es de avanzada- se lo hace en términos muy restrictivos, pues las infracciones en su contra sólo se refieren a la familia como núcleo, en circunstancias de que en Chile la familia, sobre todo en las poblaciones, se hace muy extensiva. De modo que resulta necesario que la protección sea extendida al mayor número de personas que concurren a formar las familias.
Comprendemos que es muy importante, dentro de esta materia, determinar quién va a ser el juez competente. En el proyecto primitivo, era el juez de menores, lo que a nosotros nos parecía lo más adecuado; sin embargo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia alteró esa situación, proponiendo al juez civil, quien carece de competencia y de apoyo para resolver sobre una cuestión tan delicada como la naturaleza de estas infracciones.
Por lo tanto, considero muy importante dejar señalada aquí, a lo menos, la necesidad de crear tribunales familiares y un código de familia, a fin de contar con los elementos de juicio para darse cuenta de ciertas sutilezas y, a la vez, de la naturaleza específica del problema, el cual tiende mucho más a lo humano que a cuestiones netamente económicas o de otro tipo.
Por tales motivos, patrocinaremos las indicaciones comentadas, que a nuestro juicio son de avanzada, sin perjuicio de que aprobaremos en general la iniciativa.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, comparto íntegramente la inquietud subyacente en la moción que analizamos en esta oportunidad. Soy de aquellos que atribuye la mayor relevancia y trascendencia a la institución de la familia, pilar fundamental de nuestra sociedad. Y, por esa razón, estimo que cualquier iniciativa que tenga por finalidad propender a su protección y fortalecimiento merece nuestro más resuelto y entusiasta respaldo.
En los fundamentos de esta iniciativa, así como en la discusión general recogida en el texto del informe, queda demostrado que lo que ocurre dentro de la familia, inevitablemente, trasciende y repercute en la sociedad. Del mismo modo como una familia bien constituida representa una base sólida y estable para la sociedad, una mal conformada encierra un riesgo potencial para toda la comunidad.
Por lo mismo, la sociedad no puede permanecer indiferente ante los continuos maltratos físicos y sicológicos de que son objeto numerosas familias en la actualidad, y que afectan con especial dureza a los niños y madres, quienes en la mayoría de los casos se encuentran absolutamente desamparados frente a la violencia intrafamiliar. Se requiere de una pronta actuación del Estado, que permita superar esta realidad, de la que no se encuentra libre ningún sector social, según lo revelan los diversos estudios realizados al respecto durante los últimos años, y de los cuales ha dado cuenta en forma notable la señora Ministra esta tarde.
Con todo, no deja de sorprenderme el contraste existente en esta materia.
Recientemente, con ocasión del análisis del proyecto de ley relativo al régimen patrimonial del matrimonio, la Cámara de Diputados propuso despenalizar el adulterio, cuestión que finalmente fue rechazada.
Adicionalmente, hemos conocido el propósito de algunos sectores en orden a legislar sobre el aborto y el divorcio, en el con-texto de un debate todavía en estado larvario y que, seguramente, nos llevará en el tiempo venidero a una discusión más profunda en esta Sala. No podemos dejar de advertir el contrasentido implícito entre la finalidad envuelta en tales propuestas y las motivaciones que subyacen en la moción que analizamos en esta oportunidad.
Mientras se produce con gran facilidad una suerte de consenso nacional acerca de la actitud que debemos asumir ante la realidad de la violencia intrafamiliar y del maltrato de menores -materia esta última que también abordamos en el Senado, con ocasión de otra iniciativa parlamentaria-, no ocurre lo mismo respecto del aborto y del divorcio, temas en los cuales algunos secto-res prefieren optar por la vía de "legislar" usando argumentos a mi juicio falaces, como el derecho a "interrumpir un embarazo no deseado", lo que en realidad significa interrumpir una vida no deseada, o el derecho a "rehacer la vida y a ser feliz", razonamientos ambos que, en el fondo, encierran una actitud profundamente egoísta.
En estricto rigor, no hay peor violencia intrafamiliar que el aborto y el divorcio. Ellas constituyen realidades dramáticas para cualquier familia que sufre tales experiencias, y, por ello, debieran merecer el rechazo unánime y absoluto de todos los sectores de la sociedad. Esperamos que en el debate, que seguramente se promoverá en el futuro por parte de aquellos sectores partidarios del aborto y del divorcio, se recuerden los numerosos antecedentes y argumentos que en favor de la estabilidad de la familia y de la sociedad se han esgrimido en el Senado.
En cuanto al contenido de la iniciativa en debate, y sin perjuicio de compartir las inquietudes expuestas por los autores de ella, considero que no aporta nuevos ni muy variados instrumentos para hacer frente a la realidad de la violencia intrafamiliar.
Con el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, y con las disposiciones contenidas en el Código Penal, en las leyes sobre protección de menores y la relativa a abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, muchos de los aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar pueden ser enfrentados eficazmente, haciendo innecesaria una legislación especial sobre la materia.
A nuestro juicio, aprobar una legislación especial se justifica en la medida en que ella aporte los instrumentos necesarios para desarrollar una eficaz labor preventiva y que permita aplicar medidas alternativas a las sanciones penales, respecto de la persona que incurre en actos de violencia intrafamiliar. El proyecto analizado incursiona en estos ámbitos, pero, en nuestro concepto, en términos insuficientes.
En efecto, una de las principales motivaciones que se tuvo en consideración al momento de estudiar esta iniciativa, es el peligro que el fenómeno de la violencia intrafamiliar representa para las víctimas potenciales, haciéndose presente la necesidad de entregar amplias facultades al juez competente para que pueda adoptar las medidas cautelares que estime pertinentes y apropiadas, a fin de resguardar la seguridad e integridad de las personas afectadas. Con todo, la discusión generada en la Comisión (recogidas en las páginas 49 y 50 del informe), lejos de robustecer esa facultad, terminó limitándola, frustrando de paso el objetivo central de la moción.
Como se señala en el informe, la Comisión fue de opinión de que el juez de la causa no pudiera decretar medidas precautorias antes del comparendo de estilo, invocando para tal efecto el principio del debido proceso. Tal conclusión parece olvidar que nuestro Código de Procedimiento Civil considera, en su Libro II, la posibilidad de decretar medidas precautorias, incluso antes de que se inicie el juicio propiamente tal, en casos graves y urgentes. Adicionalmente, algunas leyes especiales, como la de protección a menores, facultan al juez competente para decretar cualquier medida que estime necesaria, a fin de dar debida protección al menor afectado, en cualquier estado de la causa.
La propia naturaleza del fenómeno de la violencia intrafamiliar requiere principalmente de acciones cautelares que impidan males mayores a las víctimas, idea que, a mi juicio, no se encuentra suficientemente recogida en el informe. O sea, desde esta perspectiva, el proyecto, en vez de representar un avance, constituye un claro retroceso.
Otra grave falencia de la iniciativa, radica en las medidas preventivas y alternativas a la aplicación de sanciones a que se alude en el informe. Coincidimos en que, dada la gravedad del fenómeno que estamos abordando, resultaría más apropiada una acción preventiva, principalmente en el ámbito de la educación y de los tratamientos sicológicos al agente agresor. Sin embargo, el proyecto se remite en términos bastante amplios, por no decir vagos, a la labor que al efecto desarrollen las instituciones que señale el juez de la causa.
Es decir, esta iniciativa no innova en la materia, ni hace ningún aporte adicional a la realidad actual. Luego, no vemos de qué manera se estarían estimulando dichas labores preventivas. Falta, en consecuencia, una definición más directa sobre el rol que el Estado está llamado a asumir en esta materia, por ejemplo, a través de una política de subvenciones especiales y de organizaciones creadas al efecto y que tengan por misión hacerse cargo de esta grave realidad.
A mayor abundamiento, el proyecto señala que, producido un caso de violencia intrafamiliar, puede recurrirse ante el juez de letras de turno en lo civil; pero no se ofrece apoyo de ninguna naturaleza a la o las personas afectadas, quienes quedan, en principio, entregadas a su propia suerte. Esto es, no hay apoyo de sicólogos, asistentes sociales ni abogados, adicionales a los que hoy existen en el ámbito judicial.
Por otro lado, no nos parece del todo apropiada la idea propuesta por la Comisión, en orden a entregar estas materias al conocimiento del juez de letras de turno en lo civil, por cuanto resulta más acorde a la naturaleza de estos casos dar competencia a los juzgados de menores o, en última instancia, a los juzgados vecinales, que actualmente se están creando en una ley especial, iniciativa que, incluso, consta en la tabla que tenemos para la sesión de hoy.
En definitiva, nos encontramos ante un proyecto que tiene muy buenas intenciones, pero que no aporta herramientas o instrumentos eficaces para hacer frente a esta grave realidad.
Sin perjuicio de lo expuesto, por cierto, y aun cuando la iniciativa pueda aparecer como de carácter testimonial, la votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Debo hacer presente a la Sala que hay diversas Comisiones citadas para sesionar a esta misma hora.
Entonces, recabo el asentimiento del Senado para que estas Comisiones se constituyan, a fin de que puedan trabajar apenas haya terminado la sesión ordinaria.
Ahora, la constitución podría producirse en la Sala, y las Comisiones suspenderían sus reuniones hasta que la Corporación despache los asuntos que se encuentran pendientes en esta sesión.
La señora SOTO.-
Pero primero votemos el proyecto, señor Presidente.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, quiero conocer la disposición reglamentaria que permite ese procedimiento.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Por esa misma razón, solicité el acuerdo de la Sala, pues es una situación especial.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, solicité ese mecanismo, porque, por ejemplo, la Comisión de Constitución está citada para las 5. De lo contrario, los Senadores miembros de ella tendrían que retirarse de la Sala para ir a constituirse y, luego, suspender la sesión hasta que el Senado despache los proyectos pendientes.
Entonces -repito-, por tal razón, sugerí esa fórmula, que, en el fondo, es de economía procesal.
Ahora, si no puede adoptarse ese procedimiento, no se constituiría la Comisión, y el señor Secretario tendrá que dar por fracasada la sesión en tres minutos más.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, la Comisión de Salud también está citada para reunirse hoy a las 5, en el supuesto de que no había sesión de Sala. El tema por tratar es un proyecto del Ejecutivo cuyo objetivo es normalizar el régimen laboral del sector salud, incorporando a las plantas respectivas alrededor de 4 mil 250 funcionarios a contrata. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Hacienda, se han recibido las indicaciones, etcétera. De manera que habría que tratarla a más tardar en la sesión de mañana. Porque si no, sencillamente, no la alcanzaremos a despachar antes de terminar noviembre.
Por eso, solicitamos esa autorización, para reintegrarnos a la Sala inmediatamente después de constituida la Comisión.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
El problema radica en que la Sala ha acordado seguir funcionando hasta el total despacho de determinados proyectos, lo que puede ocurrir a las 18, 19, 20 ó 21.
Por lo tanto, cuando no se tiene certeza de la hora en que reanudará su actividad una Comisión, no veo cómo vamos a constituirla para luego suspenderla indefinidamente.
Me parece que si la Sala optó por despachar los proyectos en tabla y los señores Senadores salieran para constituir sus respectivas Comisiones, nos quedaríamos sin quórum para sesionar, ya que no se puede trabajar simultáneamente en el Hemiciclo y en aquéllas.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Entiendo que la solicitud del Senador señor Pacheco consiste sólo en constituir las Comisiones, lo que tomará breves minutos. Y si la sesión de la Sala se prolonga, simplemente haría fracasar la de aquéllas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Con el objeto de constituir las Comisiones -para ello faltan pocos minutos- y precaver lo señalado por distintos señores Senadores, sugiero suspender la sesión por cinco minutos y reabrirla luego, con el compromiso de prorrogarla hasta el despacho de los proyectos.
El señor PACHECO.-
Corresponde exactamente a mi sugerencia, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión.
)------------------(
-Se suspendió a las 17:32.
-Se reanudó a las 17:43.
)------------------(
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI .-
Señor Presidente, en primer lugar, debo felicitar a la Ministra señora Alvear por su excelente y muy documentada exposición, la que nos ha mostrado la magnitud del problema que tratamos de enfrentar mediante este proyecto de ley. Sobre todo, me parece muy interesante el trabajo que su Ministerio ha llevado a cabo después de realizar una investigación en Regiones, cuyo resultado avala con mucha fuerza los términos de la iniciativa.
Es cierto que, en el actuar, "más vale tarde que nunca", ya que el fenómeno de la violencia en el hogar se analizó por primera vez en una reunión efectuada en 1980 en Copenhague. Ya entonces quedó establecido que se trata de un problema muy complejo y que se refiere a un delito intolerable contra la dignidad del ser humano. Tal declaración fue avalada más tarde, el 29 de noviembre de 1985, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/36 sobre Violencia en el Hogar. Allí se invitó a los Estados miembros a adoptar urgentemente medidas concretas para prevenir el mal y prestar asistencia a sus víctimas. Por fin, hoy, en nuestro país estamos trabajando en el presente proyecto de ley.
Me parece muy interesante el propósito de evaluar, prevenir y curar, no sólo el daño físico, sino también el psicológico, que, aunque se nota menos, a la larga afecta más a mujeres e hijos y va socavando la familia como institución, que es lo que nosotros queremos preservar.
Pienso que en el futuro tendremos que avanzar más lejos por el mismo terreno que plantea la iniciativa. Ojalá pudiéramos llegar a crear tribunales especializados en problemas de la familia y de los niños, asunto muy complejo y que requiere de asistencia profesional. En el aspecto psicológico es absolutamente necesario el concurso de profesionales que entiendan el daño que se produce, sus consecuencias y la manera de revertirlas.
Igualmente será indispensable modernizar los métodos de educación en nuestros colegios y liceos; porque no solamente se necesitan leyes para castigar, sino, sobre todo, disposiciones de prevención de una enfermedad que va royendo nuestra sociedad. Resultan altamente impactantes las cifras demostrativas de que casi un 70 por ciento de las mujeres, en algún momento de su vida, ha soportado un daño de este tipo.
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, ¿quedan señores Senadores inscritos para intervenir? Si no fuera así, propondría que aprobemos en general el proyecto y fijemos plazo para presentar indicaciones.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Está inscrito el Senador señor Thayer.
Tiene la palabra Su Señoría,
El señor THAYER .-
Señor Presidente, seré muy breve porque sé que estamos apremiados por el tiempo para alcanzar a despachar éste y otros proyectos.
Parto de la base de que esta iniciativa será aprobada, y tal vez por unanimidad; yo, por lo menos, me pronunciaré favorablemente en la votación general. Me imagino que se fijará un plazo prudente -bastante prudente- para hacer indicaciones. Se trata de un texto legal destinado a combatir una conducta real, gravísima, de las más trascendentales consecuencias y que, por lo mismo, es sumamente difícil de concretar en un articulado eficaz.
Quiero ser bien franco. Todo lo que hemos escuchado a la señora Ministra y a los Honorables colegas en este interesante debate confirma el concepto y consenso muy profundo de que estamos acercándonos a un asunto de la más imponderable gravedad. Es enormemente difícil concebir un tipo de legislación nueva, distinta de lo que ya está en vigencia y que aparece en forma dispersa, para concretarlo en un código capaz de conjurar, de neutralizar o de atenuar y, en definitiva, de abordar el flagelo de la violencia intrafamiliar.
Todos parecemos advertir que hay una agravante en este daño físico o psíquico que puede producirse en la relación recíproca al interior de la familia. En este núcleo, entendido en la forma en que lo hace el proyecto, hay en unos y en otros una cierta tendencia a bajar la guardia, una cierta confianza que hace que faltar a la recíproca devoción entre los miembros de la familia debe implicar un factor agravante que la ley, de alguna manera, en la actualidad ya reconoce, pero que quizás convenga perfilar en forma especial para conseguir un objetivo más preciso, como el que inquieta a los autores del proyecto.
En segundo lugar, el hecho de adentrarse en la intimidad de la vida familiar con normas jurídicas es algo que justifica el que estemos pensando en una legislación especial. Porque la normativa general (aunque la mayoría de las infracciones que contempla, en los aspectos de atenuantes o agravantes, están ya consideradas), tratándose de entrar en el seno de la familia, se hace sumamente difícil de aplicar y puede resultar contraria al objetivo que se persigue. Con ello está relacionada la cuestión de legislar, es decir, introducir normas jurídicas en un ámbito regido de manera muy particular por principios de amor y de moral.
No siempre es fácil traducir en norma jurídica lo que es una relación de tipo moral, que es lo que da una fuerza particular a la familia. Por eso, he seguido este debate con mucho interés, y pienso que necesitamos un plazo razonablemente largo para concretar esta inquietud en una formulación jurídica adecuada.
He leído el texto del articulado, y, francamente, pienso que muchos de mis Honorables colegas pensarán conmigo que las medidas o sanciones propuestas no son satisfactorias para que el resultado corresponda a la inquietud que nos reúne. Sin embargo, es sumamente plausible haber planteado y traído a discusión el problema.
Espero que, con los elementos que nos pueda proporcionar el Poder Ejecutivo y la buena voluntad de todos, lleguemos finalmente a elaborar un proyecto que nos permita avanzar en la solución de este tremendo problema que es la violencia intrafamiliar.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO .-
Señor Presidente, a mi juicio, debemos empezar por reconocer que las leyes no solucionan los problemas. Procuran, sí, hacerlo, aunque sólo sea en la medida en que sus normas sean respetadas, y según la forma en que se apliquen.
Hablamos de violencia intrafamiliar. Lamentablemente, cuando esto se hace entran a conjugar diversos textos legales; eso es lo que observamos en la Comisión cuando analizamos el texto proveniente de la Cámara de Diputados.
Obviamente, al producirse violencia en el hogar pueden cometerse delitos. En esos casos, lo aplicable tendrá que ser el Código Penal, y corresponderá a los jueces del crimen conocer del asunto, en circunstancias de que -como lo explicó la señora Ministra - éste es un problema en conjunto que va a requerir de un estudio mucho más acabado. El proyecto no es sino un paliativo para lo que debe venir en definitiva: un análisis de las relaciones familiares y, fundamentalmente, la creación de tribunales de la familia.
La señora Ministra, al referirse a los informes relativos a la violencia que soporta la mujer, hablaba de los estratos socioeconómicos bajos. La verdad es que se trata de un flagelo que afecta a las familias desde el más alto nivel socioeconómico hasta el más bajo. Y deriva, de modo principal, de otros males, como son la carencia de la debida educación y de la inculcación de los valores éticos y morales que deben informar al grupo familiar.
En días pasados, en un foro se hablaba de los derechos del niño, y se aludía a una convención internacional sobre la materia. Sin embargo, en ninguna parte se contemplaban los tres derechos más fundamentales: el derecho a nacer, lo que excluye el aborto; el derecho a tener padre y madre, indispensable para que el niño pueda desarrollarse adecuadamente, y el derecho a crecer en una familia que le proporcione seguridad, le ofrezca cariño y lo afirme en valores morales. Podremos dictar leyes todos los días; pero si no se cumplen estos tres requisitos básicos, seguiremos teniendo problemas de violencia tanto contra menores como en la vida familiar.
Es preciso hacer resaltar que no sólo las mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar, sino también los hombres -aunque en menor escala-, como, asimismo, el padre y madre ya ancianos y los menores -además de los hijos- que se ven en la necesidad de vivir como allegados en un hogar determinado.
Una gran dificultad que se planteó a la Comisión fue cómo coordinar una ley que permitiera actuar rápidamente y tomar aquellas medidas básicas indispensables, no para resolver definitivamente la situación que se crea en una familia que sufre la violencia familiar -aclaro que la normativa en proyecto no la soluciona en forma radical-, sino para impedir que ésta continúe o para detener sus efectos. La solución definitiva tendrá que venir por otros canales o vías, porque se trata de un asunto de cultura, de educación: es una manera de vivir.
En ese sentido, señor Presidente , cuando estudiamos el texto despachado por la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta de que contenía varias incorrecciones, algunas de las cuales decían relación, incluso, a su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque se había confundido la parte penal con lo netamente civil; y, asimismo, el maltrato a los menores con la violencia respecto de los cónyuges, hombre o mujer, lo que la señora Ministra subrayó especialmente. Además, se incluían normas y medidas precautorias que en ningún caso correspondían al ámbito de las facultades de un juez de menores, sino al de un juez letrado.
Considerando la ubicación de los tribunales de norte a sur de la República, se concluyó que, salvo Santiago y escasas otras ciudades donde existen tribunales de menores, a lo largo del país son los magistrados de los tribunales letrados los que ejercen las distintas funciones de juez civil, juez del crimen, juez de menores o, aun, juez del trabajo. Por lo tanto, las causas de este tipo debían quedar entregadas al área que tuviera mayor número de tribunales y, por ende, mayor experiencia: la de los jueces letrados.
Las discusiones suscitadas en la Comisión respecto de la constitucionalidad de ciertas disposiciones aprobadas por la Cámara Baja determinaron que aquélla me encargara -agradezco la confianza depositada en mí- la elaboración de un proyecto alternativo que recogiera las mayores inquietudes sobre la materia y las adecuara al ordenamiento y a las instituciones jurídicas que hoy tiene el país.
Ese proyecto -no pretendo que sea perfecto, ni mucho menos-, que contó con la anuencia de la señora Ministra y fue aprobado por la Comisión después de introducirle dos o tres enmiendas, es el que los señores Senadores tienen frente a sí.
Concuerdo con el Honorable señor Thayer en que éste es un asunto que requiere de profundo estudio. Sin embargo, coincido también con la señora Ministra en que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. Si buscamos soluciones ideales no lograremos sacar adelante esta iniciativa, que, si bien es un remedio de parche, es imprescindible despacharla a la mayor brevedad, porque permitirá poner atajo a la violencia en un comienzo, antes de que ella se manifieste en delitos.
Cabe hacer presente que la violencia no sólo es de tipo físico. El maltrato de palabra también es extraordinariamente grave, porque va destruyendo la condición psíquica del individuo. Por eso, en el articulado se habla de "toda acción que implique un maltrato que afecte significativamente la salud física o psíquica" de la persona afectada. Y en seguida se especifican los adultos y menores de edad que pueden ser objeto de esas conductas.
Es importante dejar constancia de que se buscó un procedimiento sumarísimo, que no se ajusta a ninguna de las reglas empleadas corrientemente y que es una mezcla de conceptos destinada a lograr la finalidad que se pretende: la inmediata intervención de un tribunal de justicia que, en corto plazo, escuche a los interesados, reciba las pruebas y adopte rápidamente aquellas medidas que vayan en beneficio de las víctimas y de la paz y armonía familiares.
Eso es lo que persigue esta iniciativa. Pretender que ella resuelva de modo definitivo la violencia intrafamiliar es ponerse una venda en los ojos y darle un alcance que no tiene. Y pretender hacer un proyecto perfecto, que contemple todas las situaciones que pueden surgir en la convivencia de una familia, es absolutamente imposible, dada la urgencia que reviste el tema. En la Comisión, entonces, fue preciso, en primer lugar, conciliar el interés de las personas con las facultades jurisdiccionales, a fin de preservar siempre la intimidad de la familia -no debe permitirse al órgano jurisdiccional, y mucho menos al Estado, una intervención de oficio en los asuntos familiares, si no hay una causa justa que así lo amerite- y, en segundo término, lo que es fundamental, establecer un mecanismo por el cual las partes, frente al juez, pudieran llegar a acuerdos realmente efectivos.
Igualmente, se intentó sancionar el incumplimiento de las medidas que se dictan, que en muchas ocasiones consisten en no hacer: no golpear, no maltratar, no concurrir al hogar, etcétera, y cuya contravención no tenía verdadero castigo, no por falta de una norma legal, sino por desconocimiento de ella. Me refiero al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona como delito el incumplimiento de una orden judicial cuando ésta implica la obligación de no hacer y voluntariamente se realiza lo contrario.
Había que conjugar todos los elementos señalados. Como autor del proyecto, debo reconocer que las ideas que contiene no son propias, sino que procuré refundir los distintos conceptos planteados en los debates de la Comisión y darles una expresión jurídica. El texto final es susceptible de indicaciones para mejorarlo. Empero, debemos tener claro que en aras de la perfección no podemos dilatar excesivamente su despacho, por una razón muy simple: porque es preferible que exista algo donde no hay nada.
Antes de concluir, señor Presidente , reitero lo que he venido diciendo a través de toda mi exposición: esta normativa es una ayuda, no una solución definitiva; es un intento por mejorar una situación que, desde luego, requiere de otras acciones, tanto del Gobierno como del Parlamento, y que, además, exige esencialmente una labor determinante en la educación que se está dando en los establecimientos educacionales.
En efecto, aquí se toca un lado tangencial del problema, que es la consecuencia de una omisión que nace en las escuelas: en ellas no estamos enseñando a convivir; a respetar a las personas; a ser educado y cortés. A veces se cree que la urbanidad y la cortesía constituyen falta de personalidad.
En la sociedad, la única manera de vivir en paz y concordia es teniendo respeto mutuo. Y ese respeto mutuo debe partir por la familia, principalmente por los cónyuges. Cuando se falta al respeto entre éstos, no es de extrañarse que los hijos terminen en la mayor de las violencias. Y cuando los cónyuges no son capaces de respetarse a sí mismos, tampoco pueden respetar a sus padres. Entonces se produce el espiral y la cadena de violencia.
Es una utopía creer que la ley en proyecto resolverá este problema social de Chile, no obstante, éste es un primer paso, y es bueno que lo demos. Pero debemos estar conscientes de que hemos de caminar mucho más en resguardo de la familia, de su integridad, y, fundamentalmente, en resguardo de la educación en el país.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Calderón.
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente, en homenaje al tiempo, pues concuerdo en la urgencia que existe en aprobar la iniciativa, me referiré sólo a algunos de sus aspectos particulares, aunque me hubiese gustado abordar antecedentes de tipo general.
Comenzaré relatando un hecho anecdótico.
Según cuentan, hace años, un juez no letrado de Coihaique, cuando llegaba una mujer reclamando por haber sido golpeada, le preguntaba si estaba casada. Si la respuesta era negativa, iniciaba un. proceso por lesiones u otra causal. Pero si era afirmativa, ese buen juez le decía: "¿De qué se queja entonces, señora? ¡Su marido no más le pega, pues!".
La mentalidad que refleja esta anécdota, tal vez entendible decenios atrás, en tiempos de la colonización, desgraciadamente todavía subsiste, con un grado de generalidad bastante alto, y es preciso terminar con ella.
No es admisible continuar pensando que las situaciones de violencia intrafamiliar son un problema del ámbito privado y que, por ello, no debe haber injerencia del Estado. Espero que en el Senado aprobemos unánimemente la idea de legislar, a fin de que el conjunto de la sociedad perciba, de manera tajante y clara, que la violencia doméstica debe erradicarse de nuestras formas de convivencia.
He conversado con personeros de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, y lamento coincidir con su opinión en orden a que las indicaciones formuladas por el Honorable colega señor Otero -no dudo que fueron formuladas con la mejor intención- han desvirtuado aspectos positivos contenidos en el proyecto iniciado en moción de los Diputados señora Adriana Muñoz y señor Sergio Aguiló , aprobado por la Cámara Baja y patrocinado por el Gobierno.
Por ejemplo, en el artículo 1° se reemplazó la definición de violencia intrafamiliar por otra en la cual, en vez de considerar esa violencia como maltrato que produzca menoscabo físico o psíquico, se le da el significado de "maltrato que afecte significativamente la salud física o psíquica.".
Seguramente con el propósito de no atiborrar de trabajo a los juzgados, el señor Senador incluyó la palabra significativamente. Pero...
El señor OTERO .-
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
El señor CALDERÓN .-
Con mucho gusto.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Puede usar de la interrupción Su Señoría.
El señor OTERO .-
No intervine en la redacción de la definición, señor Senador. Ella fue aprobada por la Comisión antes de que yo interviniera en el proyecto, y la mantuve en el nuevo texto.
El señor CALDERÓN .-
Pero Su Señoría la presentó.
El señor OTERO .-
No. Figura aprobada en las actas antes de que yo entregara el articulado alternativo. La incluí por haber sido aceptada ya por la Comisión. No es obra mía, pese a que concurrí a la aprobación final de la iniciativa.
El señor CALDERÓN .-
Bueno, me gustaría ver después ese aspecto.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.
El señor CALDERÓN .-
¿En qué se va a traducir esa palabra?
Si un individuo le pega a su señora un par de veces por semana y no le deja huellas, ¿estará afectando significativamente a esa mujer o no?
La verdad es que, al margen de las buenas intenciones, la aprobación del proyecto en estos términos excluiría a muchas agresiones de las sanciones que establezca, y abriría la puerta a la impunidad.
En el artículo 2° se resuelve sobre el juzgado competente para conocer de estos delitos. Hay consenso en que sería deseable contar con jueces de familia. Pero, como no existen, se propone que esos delitos sean de conocimiento del juez letrado de turno en lo civil -según consta en el informe, esta materia fue largamente discutida-, en circunstancias de que los juzgados de menores cuentan con asistentes sociales, infraestructura y experiencia más acordes con este tipo de casos. Además, con frecuencia los juicios por violencia intrafamiliar requieren de decisiones acerca de la tuición de hijos menores, alimentos, visitas, etcétera, por lo cual, si se entrega la aplicación de la futura ley a los juzgados de letras civiles, los afectados se verán obligados a recurrir a distintos juzgados para obtener una solución integral a sus problemas.
Una última consideración. Al legislar sobre el tema, no debemos perder de vista que éste se refiere a uno de los pocos casos en donde la víctima y el victimario, una vez iniciado el proceso de búsqueda de justicia, vuelven a un hogar común, de manera que la víctima queda indefensa ante posibles represalias. Entonces, es importantísimo que las medidas precautorias sean efectivas, como argumentó brillantemente la señora Ministra en la Comisión.
Es sabido que el tiempo de mayor riesgo para la víctima es el que media entre la denuncia y el primer comparendo. Si no se repone la idea de que las medidas puedan ser prejudiciales y decretadas de oficio, se pondrá en grave peligro a muchas de las personas que se atreven a denunciar actos de violencia intrafamiliar. Y se desalentará a otras de hacerlo.
Estas son algunas de las observaciones que merece a nuestra bancada el texto propuesto por la Comisión, razón por la cual también solicitamos fijar un plazo prudencial para formular indicaciones.
Estamos completamente de acuerdo con la idea de legislar y confiamos en que en el Senado habrá unanimidad para ello.
La señora SOTO.-
Señor Presidente , podríamos fijar un plazo máximo hasta el viernes para presentar indicaciones.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Primero debe aprobarse en general el proyecto, y está inscrito como último orador el Senador señor Ruiz-Esquide.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
serSeñor Presidente, quiero destacar algunos aspectos. En primer lugar, es bueno que en el análisis de este proyecto nos refiramos a algunas iniciativas con las que se halla estrechamente relacionado. Uno de los señores Senadores que me antecedió en el uso de la palabra ha aludido, precisamente, a lo que significaba la educación como una manera de evitar y prevenir la violencia.
Creo que el tema de la familia no se agota en el texto que nos ocupa. Tampoco se trata de un problema de la familia misma. Estoy convencido de que lo que sucede dentro de ella es un reflejo muy importante de lo que acontece en la sociedad. Y, por lo tanto, es conveniente tener presentes los valores culturales involucrados, aspecto que se vincula directamente con el concepto de derechos humanos, del cual este proyecto, de alguna forma, es una expresión.
En cuanto a la educación, debo decir que desde hace aproximadamente un año, o un año y medio -y también existen al respecto iniciativas recientes del Gobierno-, se vienen considerando las materias ligadas a lo que se llama "Escuela para la Paz". En este sentido, estimo que la enseñanza es fundamental, porque las cifras que dio la señora Ministra -concordantes con las que hemos estudiado en esta Corporación con motivo de otros proyectos- demuestran la existencia de un círculo vicioso. En efecto, quien es víctima de violencia, después se convierte, naturalmente, en un sujeto activo para generarla. La normativa en debate no terminará con la violencia familiar, pero permitirá que haya una cultura de rechazo a la forma discriminada en que esa situación se produce.
Ahora, solicité la palabra para dejar constancia de que, tal como lo expresó la señora Ministra y lo señalé inicialmente, este proyecto se relaciona directamente con otros que están en discusión en el Parlamento. Y, así como la Comisión de Constitución del Senado hizo honor a su compromiso de evacuarlo rápidamente, ojalá que también la Cámara Baja pudiera comprometerse a despachar la iniciativa sobre maltrato de menores, incluida entre las proposiciones que formulamos tiempo atrás y respecto de las cuales estuvieron de acuerdo los señores Diputados. Como, desgraciadamente, aún no tenemos novedades en la materia, he pedido al Gobierno darle calificación de "suma urgencia", puesto que el texto en debate no agota el tema de la violencia contra los menores.
Además, creo que debemos hacer un gran esfuerzo por sacar adelante o el código de la familia o el código del menor, para que definitivamente englobemos la relación que se plantea.
Cabe advertir que también hemos hecho proposiciones que apuntan a un asunto mucho más grave: la situación de los menores fuera de la familia, con lo cual se vincula nuestra sugerencia de crear una defensoría del menor. Pero, el Gobierno hasta el momento no ha patrocinado la idea ni tampoco ha expresado una opinión favorable. Espero que pueda convencerlo sobre el particular.
Termino mi intervención, señor Presidente , manifestando que apoyamos este proyecto y que lo votaremos afirmativamente. Pero me parece que si bien estamos abordando, en verdad, un problema relevante y agudo, estas normas implican partir por el final del camino, en circunstancias de que la consideración inicial debe decir relación al tema de los menores, el cual no podrá ser resuelto mientras no tengamos una proposición distinta, global, para enfrentarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente, creo que estamos analizando, como si fuera nuevo, un hecho que es más viejo que el mundo. Dice el Génesis que Caín tomó una quijada de asno y mató a su hermano Abel. Y eso ocurrió hace ya algún tiempo...
La violencia familiar es antiquísima, y, al parecer, no tiene mucha relación ni con la civilización ni con la cultura, y ni siquiera con la educación. Si vemos las encuestas y estadísticas de los países que se dicen más desarrollados, podremos constatar que son muy malos modelos en esta materia, a diferencia de pueblos que nosotros calificamos de primitivos. En las tribus, por ejemplo, hay mucho más respeto intrafamiliar y más sentido de familia que en las naciones civilizadas y supuestamente de gran cultura.
Concuerdo con el Senador señor Cantuarias en el sentido de que, dentro de este tipo de violencia, la más brutal de las agresiones es asesinar a un niño "in útero": el aborto. No deseo extenderme sobre el punto, pero estimo que cuando en una sociedad está en discusión si se permite o no se permite matar a un inocente, aunque tenga pocos días de haber sido concebido, sin lugar a dudas que de alguna manera se fomenta la violencia, en todas sus formas.
Pienso que los problemas deben ser examinados en su raíz, profunda y muy seriamente, y sin recurrirse a argumentos en pro del aborto terapéutico o por embarazo no deseado, porque ésas no son más que excusas.
Aun cuando el anterior es otro tema, insisto en que sólo abocándose a la cuestión de fondo es posible efectuar el análisis que una situación requiere, lo cual hace aconsejable que en este caso se tengan presentes los factores que exaltan la violencia intra y extrafamiliar. Y podemos apreciar que muchas veces ella es generada por el contenido de diversas publicaciones y programas de televisión, en la medida en que los villanos, mientras más violentos, resultan más heroicos y provocan mayor admiración entre los niños y la juventud. Indiscutiblemente, los ejemplos, en otros países, de niños de 11 años que asesinan a otro de 2 y de un niño de 3 años que incendia su casa, entre otras acciones, se explican por lo que ellos vieron en la televisión, ya que es difícil que hayan aprendido tales conductas en sus casas.
Por eso, creo que un problema tan serio, tan grande, tan profundo, debe ser enfocado en su amplitud. Cabe recordar que los Parlamentos del mundo han aprobado alrededor de 5 mil 555 millones de leyes para resguardar y preservar las DÍEZ, solamente, contenidas en el Decálogo, y que si éste no se cumple -perdonen, Sus Señorías, pero esto no es un sermón-, las restantes normativas valen bien poco.
Nada más, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
-Se aprueba unánimemente, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento 27 señores Senadores, por lo que se cumple el quórum constitucional requerido.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En seguida, corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. Al respecto, han surgido opiniones contradictorias: unas, en el sentido de que se determine un período muy corto, y otras, tendientes a que se otorgue un tiempo especialmente prudente.
El señor GAZMURI.-
La prudencia es un término muy relativo, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Así es.
La señora SOTO.-
Sugiero el viernes 19.
El señor RÍOS.-
No.
El señor LARRE.-
No.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Es el Día del Personal, por lo demás.
¿Cuál es el parecer de la Sala?
El señor GAZMURI.-
Propongo el lunes 22, a las 12, señor Presidente.
La señora SOTO.-
Hago presente que el jueves 25 es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
El señor OTERO.-
Que sea el lunes, pero hasta las 18. Y la Comisión podría efectuar el martes el estudio correspondiente.
El señor GAZMURI.-
Correcto.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
La señora ALVEAR (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora ALVEAR ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Seré muy breve, señor Presidente.
Tan sólo quiero agradecer al Honorable Senado la aprobación en general de esta iniciativa, que responde -como dije un rato atrás- a una aspiración muy sentida en nuestro país. Estoy segura de que una legislación adecuada en algo paliará el flagelo social que nos preocupa.
Muchas gracias.
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-Se autoriza la presencia en la Sala del señor José Pablo Arellano Marín, Director de Presupuestos.
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
En lo atinente al proyecto que otorga un reajuste a los funcionarios del sector público...
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRE.- Los Comités plantearon la conveniencia de tratar previamente la iniciativa que destina recursos a la Duodécima Región y la relativa al denominado "leasing habitacional".
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Podríamos abocarnos a ello -y damos las excusas correspondientes al señor Ministro de Hacienda , que ya se encuentra presente en la Sala- siempre que tengamos la certeza de que no existirá debate.
Debo señalar, sin embargo, que respecto a la iniciativa sobre leasing habitacional, al parecer hubo un planteamiento del Comité independiente de 6 Senadores en el sentido de no discutirla hoy día. No sé si en relación con el otro proyecto...
El señor LARRE.-
No tenemos inconveniente en debatirlo ahora, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, será analizado a continuación.
Acordado.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/451-07