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El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste a los funcionarios del sector público, un aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario, con informe de la Comisión de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 16 de noviembre de 1993.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 14ª, en 16 de noviembre de 1993.
El señor LAGOS ( Prosecretario ).-
Esta iniciativa, originada en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", y la Comisión propone aprobarla en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, el proyecto establece el monto del reajuste de remuneraciones para los funcionarios públicos, del aguinaldo de Navidad para los sectores activo y pasivo y de otros beneficios que indicaré a continuación, siendo una normativa que obtuvo el consenso de las principales organizaciones sindicales del país, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores. Entre ellas se cuentan la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y las que agrupan a los funcionarios municipales y a los de la salud.
En primer lugar, se otorga un reajuste de 15 por ciento para las remuneraciones del personal del sector público, lo cual implica un aumento en términos reales que se ajusta a la política implementada por el Gobierno desde el primer año de su gestión y se suma a los registrados en los últimos tres años.
Dicha política fue adoptada en razón de que en 1990 nos encontramos con remuneraciones que habían sufrido un grave deterioro en el período anterior. Por eso, gradualmente, año tras año, a los porcentajes concedidos les hemos ido agregando algunos puntos más que la tasa de inflación esperada, como una manera de que los servidores públicos recuperen poder adquisitivo.
Tal problema, como todos sabemos, es bastante agudo, y de no ir resolviéndolo paulatinamente generará una gran desigualdad entre los sueldos que pagan los sectores público y privado, con la consiguiente migración de personal calificado desde las reparticiones estatales hacia la actividad particular.
La mejoría en las remuneraciones de los empleados fiscales acumulada hasta la presentación de esta iniciativa es de aproximadamente 28 por ciento por encima del índice de precios al consumidor. Si le agregamos el presente reajuste y suponemos un nivel de inflación, como promedio entre este año y el próximo, de 11 por ciento, podemos adicionar cuatro puntos, con lo cual, en un período de 4 años, las remuneraciones de los 452 mil trabajadores beneficiados habrán aumentado, en términos reales, prácticamente en un tercio.
Por otro lado, se reajustan las subvenciones correspondientes al Servicio Nacional de Menores. Al igual que en oportunidades anteriores, se aplica un porcentaje más alto que el que regirá para las remuneraciones del sector fiscal en general. En efecto, dichas subvenciones aumentan en 20 por ciento, pues también constituye política del Gobierno ir mejorando las condiciones en las cuales opera el SENAME, en atención a que los recursos que se le entregaban antes no le permitían funcionar en forma satisfactoria.
Por tal motivo, hace un par de años tomamos el compromiso de ir, cada año, agregando en términos reales algunos puntos por sobre el aumento general de remuneraciones, con el objeto de que el Servicio pueda administrar de manera adecuada los distintos centros de atención de menores.
Asimismo, el proyecto concede un aguinaldo de Navidad para los trabajadores del sector público y para los pensionados. Respecto de los primeros, se propone un monto de 12 mil 700 pesos para quienes obtengan ingresos inferiores a 120 mil pesos, y de 7 mil 500 pesos para aquellos que perciban sueldos superiores a dicha cantidad. Cabe destacar que estos aguinaldos también son reajustados en porcentajes más altos que la tasa de inflación esperada para este año y el próximo.
En cuanto al sector pasivo, se plantea un aguinaldo de 5 mil pesos por pensionado y de 3 mil pesos por cada carga acreditada. Esto representa, en el caso del pensionado, un incremento de 50 por ciento respecto del beneficio entregado el año recién pasado, cuando ascendió a 3 mil 400 pesos, y en el caso de las cargas significa un aumento de 80 por ciento, ya que en la oportunidad anterior el monto fue de 1 mil 600 pesos.
Hago notar que con el mejoramiento en los aguinaldos para el sector pasivo se reduce en forma bastante significativa la brecha que los separa de los que obtiene el sector activo -esto también corresponde a una política del Gobierno-, que en 1989 registraba a su favor una diferencia cuatro veces superior. En efecto, ese año los pasivos recibieron un aguinaldo de mil pesos, mientras que los activos recibieron uno de 4 mil pesos. En virtud de este proyecto, entonces, la diferencia se hace notoriamente más pequeña, ya que el aguinaldo para los activos será de 12 mil 700 ó de 7 mil 500 pesos, según el caso, en tanto que para los pasivos, considerando sólo una carga, la cantidad podrá llegar a 8 mil pesos, cifra levemente mayor a la fijada para el tramo superior a 120 mil pesos de sueldo.
Existe, pues, una mejora sustancial en los aguinaldos de los pasivos. El que se concedió en diciembre de 1989, que fue de mil pesos, equivaldría en moneda de hoy a 2 mil pesos. Con los montos propuestos por el Gobierno, el pensionado con una carga verá aumentado su aguinaldo en cuatro veces, en términos reales -de 2 mil a 8 mil pesos-, y uno sin cargas, en 2,5 veces.
Reconociendo que las cifras son aún muy insuficientes y que debiera continuar aplicándose la política de acercar los beneficios de los dos sectores -es lo que hemos estado haciendo en estos años: aumentar el aguinaldo de los pasivos en mayor proporción que el de los activos, con miras a que, ojalá, se igualen-, es incuestionable que la brecha entre ambos ha ido disminuyendo.
La iniciativa también reajusta el subsidio de cesantía, en un porcentaje equivalente al de aumento de las remuneraciones de los empleados fiscales, es decir, en 15 por ciento.
Igualmente, otorga una subvención complementaria para el personal no docente del Ministerio de Educación, igual a 50 mil pesos por trabajador. Se procede en esta forma, lo mismo que el año anterior, a la espera de que se apruebe el proyecto de ley para dichos funcionarios, que se halla en trámite en el Parlamento.
Por otra parte, se dispone un aporte extraordinario a la educación superior, para financiar el reajuste de remuneraciones que se aplicará en las universidades a contar de diciembre. La cifra asciende a 804 millones de pesos.
En seguida, se incluye una mejora en la asignación sustitutiva a que se refiere el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.185, que refundió varias asignaciones de los funcionarios afectos a la Escala Única de Sueldos. Respecto de los que están en la Escala de Fiscalizadores o en la Escala Municipal -este tema lo discutimos largamente con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y en definitiva recogimos la aspiración de este organismo-, se reajustan las asignaciones de fiscalización y municipal en montos que van desde los 4 mil pesos a los 6 mil 500 pesos por trabajador. Todo esto se suma al reajuste general de 15 por ciento, como un aporte adicional que también se aplica, aunque no a través de este proyecto de ley, al personal de la salud.
Por último, la iniciativa mejora el monto del aporte que el Fisco entrega a los servicios de bienestar de los empleados públicos, el cual aumenta a 32 mil pesos por afiliado, para 1994, cantidad que constituye un incremento real respecto de la que se otorgó en el período inmediatamente anterior.
Estas medidas que el Gobierno plantea representan un significativo esfuerzo por mejorar y recuperar, en términos reales, las remuneraciones de los 452 mil trabajadores beneficiados. Además, se establece un aguinaldo para un millón 300 mil pensionados.
El proyecto tendrá un costo fiscal, para 1993, de 28 mil 485,7 millones de pesos, y para el próximo año, de 156 mil 709,9 millones de pesos.
Es cuanto puedo informar a los señores Senadores respecto de la iniciativa, que ya fue aprobada, en su primer trámite, por la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT .-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una consulta al señor Ministro, quien ha hecho una exposición muy completa de cómo han aumentado, en términos reales, las remuneraciones del sector público activo, y ha comparado el monto del aguinaldo que otorga el proyecto con el que se concedió hace tres años. Además, señaló que este último beneficio ha crecido de manera tal que se ha acortado la brecha existente al respecto entre los sectores activo y pasivo.
Deseo pedirle que nos informe, también, acerca de cómo han evolucionado las pensiones, independientemente de la restitución del 10,6 por ciento, que no debiera ser considerada, por ser un tema diferente. Creo que sería un dato importante para el análisis que estamos efectuando, porque se ve con inquietud que mientras el sector activo mejorará sus remuneraciones en 15 por ciento, el sector pasivo quedará atrás al menos en 3 puntos, de acuerdo con las expectativas de inflación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, como es de conocimiento público, el reajuste de las pensiones se regulaba por una. disposición legal, modificada recientemente, que lo establecía para cada vez que la inflación acumulada alcanzara o superara el 15 por ciento.
La política del Gobierno en esa materia ha consistido, en primer lugar, en modificar tal sistema, lo que se concretó hace poco, al aprobar el Congreso el proyecto enviado para tal efecto, que dispone un reajuste anual para las pensiones, independientemente de la inflación acumulada. De tal modo que el próximo mes ellas, a diferencia de lo que determinaba la norma antigua -conforme a la cual no hubiera correspondido ningún reajuste a los pensionados, ya que éstos habrían tenido que esperar varios meses, hasta 1994, para completar el 15 por ciento-, serán reajustadas, gracias a la modificación que el Parlamento aprobó a proposición del Gobierno,...
El señor PRAT .-
¡Y pedida por esta Sala, señor Ministro !
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-
... de acuerdo con la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor.
En segundo lugar, y como también es de conocimiento público, se restituyó al conjunto de jubilados el 10,6 por ciento de reajuste que hace algunos años simplemente se les eliminó, en forma bastante arbitraria, durante la gestión de uno de mis antecesores en el Ministerio de Hacienda. Esa deuda con el sector pensionado, que fue extremadamente onerosa para el Fisco -el reajuste costó más de 100 millones de dólares-, se saldó íntegramente.
Además, durante estos años se estableció un mecanismo de reajustabilidad para las pensiones mínimas y asistenciales superior al promedio en que se aumentaron las otras pensiones, a fin de corregir desigualdades producidas en la parte baja de la escala pertinente.
En consecuencia, ha existido una política tendiente a compensar en términos reales al sector pasivo por las pérdidas injustas y sin motivo con que fue castigado durante el Gobierno anterior. Y esperamos que a futuro la política hacia los jubilados pueda implicar una mejoría gradual de sus pensiones, que todavía -lo reconocemos- se hallan en un nivel insuficiente, sobre todo en la parte más baja.
El país deberá buscar los recursos necesarios para otorgar reajustes especiales al sector pasivo. Y para ello esperamos contar con el beneplácito de la Oposición, ya que seguramente habrá que conseguir financiamiento ad hoc.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PRAT.-
Excúseme, señor Presidente. Mi intervención comenzó con una consulta al señor Ministro. Y como ya fue atendida, deseo recuperar el uso de la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa con la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Gracias, señor Presidente.
La explicación del señor Ministro fue muy esclarecedora en el sentido de que, globalmente, las pensiones del sector pasivo han sido atendidas en cuanto a la restitución del 10,6 por ciento en los tres últimos años.
No considero que el proyecto de ley atinente a reajustabilidad de pensiones, recién aprobado por el Parlamento, sea un mérito de la gestión del Gobierno, pues fue reiteradamente solicitado desde estas bancas y desde el Congreso en pleno cada vez que se estudió una iniciativa sobre reajustes. Sólo a un mes del término de la vigencia electoral de este Régimen se logró que enviara una proposición de ley que evita que el sector pasivo deba esperar que se acumule 15 por ciento de inflación para el reajuste automático de las pensiones.
En todo caso, es evidente que existe una diferencia muy sustancial...
El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor PRAT.-
Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, sólo deseo hacer una aclaración de hecho.
Tal vez el Senador señor Prat recuerda que a indicación del Ejecutivo, aprobada por el Senado, el año pasado introdujimos en el proyecto de Ley de Presupuestos una norma que permitió a los jubilados tener su reajuste en diciembre de 1992, aunque según la legislación que heredamos del Gobierno anterior no correspondía, pues habría sido necesario esperar que la inflación llegara a 15 por ciento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa con la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, como señalé, es evidente que lo legislado en beneficio del sector pasivo se relaciona con la restitución del 10,6 por ciento retenido en 1985, mientras al sector activo se le ha reajustado, considerada la iniciativa en debate, un 32 por ciento real. O sea, 10,6 para unos y 32 por ciento real para otros.
Por otro lado, el mensaje del Ejecutivo y el informe de la Comisión señalan que el 15 por ciento que se otorgará al sector activo de la Administración Pública corresponde a un acuerdo entre el Gobierno y los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y de organizaciones de funcionarios del sector público. Yo pregunto si los representantes del sector pasivo también participaron en ese acuerdo y si se encuentran conformes con la distribución de recursos hecha. Porque, sin duda, es absolutamente discriminatorio mejorar a los pensionados en 10,6 por ciento, y al sector activo, en 32 por ciento real.
Por eso, quienes nos representan en la Comisión han hecho ver nuestra discrepancia ante el trato desigual que existe. Y hoy la reiteramos en esta Sala.
El señor ZALDÍVAR .-
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
El señor PRAT.-
Con todo gusto.
El señor ZALDÍVAR .-
Entiendo que Su Señoría está planteando que las pensiones deben seguir el mismo ritmo de recuperación que las remuneraciones del sector activo; o sea, que reciban el mismo 32 por ciento. Antiguamente, en el sector público, eso constituía la famosa "perseguidora". Y, si no recuerdo mal, el Gobierno anterior suprimió el sistema de que los jubilados de ese sector percibieran el mismo reajuste que los funcionarios activos.
El señor PRAT.-
Al respecto, es preciso aclarar que en el pasado sólo algunas personas tenían "perseguidora". Eran muy pocas y se ubicaban en los estratos superiores del engorroso y discriminatorio sistema previsional, cuya muerte financiera fue declarada por el señor Senador que acaba de intervenir, en su última exposición como Ministro de Hacienda ante el Senado, en 1970.
En todo caso, siempre es bueno recordar la historia.
Señor Presidente , estimo que el tratamiento dado al sector pasivo de la Administración Pública es discriminatorio en el proceso de recuperación llevado a cabo durante los últimos años.
Todos hemos estado conscientes de que al comenzar este Gobierno el sector público se encontraba tremendamente restringido, porque la situación económica de la cual venía saliendo el país era muy diferente de la que se ha ido produciendo en estos años como resultado de la inercia de crecimiento que traía Chile.
La mayor disponibilidad de recursos públicos, más los ingresos adicionales que se entregaron al Ejecutivo a través de una reforma tributaria que le aportó sobre 700 millones de dólares anuales para permitirle cumplir con las expectativas que generó antes de llegar al Poder, se han repartido en una forma que nos preocupa.
Evidentemente, la capacidad de presión de algunos sectores de la sociedad es diferente de la de otros. Y vemos que quienes tienen la posibilidad de hacer huelgas reciben atención preferente del Gobierno, en comparación con aquellos que no las pueden realizar.
Por eso, queremos dejar constancia en el Senado de nuestra inquietud por la marginación que ha sufrido el sector pasivo en el proceso de negociación, pues no se le dio la oportunidad de participar en la mesa de conversaciones junto a otros sectores que, sin duda, tienen mayor capacidad de presión.
Entonces, creemos necesario introducir aquí una corrección en el sentido de que, si las remuneraciones de los trabajadores activos se incrementan en 32 por ciento real sobre el índice de precios al consumidor, las pensiones también sean beneficiadas con la mayor holgura de la economía derivada de que los recursos del Estado han sido superiores, en términos reales, a los existentes antes.
He dicho.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, quien la había solicitado con anterioridad.
El señor ZALDÍVAR .-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda estudió este proyecto. Y me habría gustado que en la Sala hubiésemos tenido más tiempo para analizarlo, a fin de evitar discusiones incompletas sobre lo que han sido las políticas de reajustes aplicadas tanto al sector pasivo como al activo. Pero, por las razones de todos conocidas -la necesidad de legislar rápidamente sobre el aumento de remuneraciones de los funcionarios públicos, que empezará a regir el 1° de diciembre próximo; la existencia de un período pre-electoral, y los problemas del quórum para sesionar-, debemos tratar la iniciativa con "discusión inmediata".
Sin embargo, estimo oportuno destacar ciertos aspectos del proyecto en estudio.
En primer lugar, ésta es la culminación de la política de remuneraciones aplicada por el actual Gobierno, que se ha caracterizado por un sostenido mejoramiento de la posición del sector público.
Esta mañana despachamos el proyecto que modifica diversas plantas de personal de la Administración del Estado. Por tanto, en estos cuatro años se han revisado todas las plantas de ese sector. Y para ello hubo un permanente diálogo -esto se desconoce, tal vez por falta de difusión; pero nosotros lo sabemos- entre las autoridades de Gobierno -los Ministros de Hacienda y del Trabajo, más los de cada área comprometida-, las organizaciones de funcionarios de los servicios pertinentes, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Central Unitaria de Trabajadores.
Esta iniciativa de reajustes, la cuarta presentada en el actual Régimen, emana de un nuevo consenso entre las organizaciones de funcionarios del sector público, la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio de Hacienda. Y hemos leído en la prensa declaraciones mediante las cuales aquéllos dan a conocer su satisfacción por la forma como el Ejecutivo ha llevado a cabo la política remuneracional.
Una de las grandes y permanentes aspiraciones de los empleados fiscales en materia de reajustes -en la historia que uno conoce- ha sido lograr que el incremento de sus remuneraciones les permita recuperar el ciento por ciento del poder adquisitivo perdido a causa de la inflación. Durante todo el mandato del Gobierno del Presidente Aylwin ese anhelo se ha cumplido en plenitud cada año. Y en esta oportunidad no sólo se recupera el ciento por ciento del índice de precios al consumidor -estimado en 12 por ciento para este año-, sino que se superará en tres puntos, lo cual significa so-brepasar en 30 por ciento el mencionado indicador.
Ahora bien, estos resultados se logran sin que se produzca déficit fiscal y sin recurrir a mayores tributos. Este es el éxito de la política sostenida, seria y concreta aplicada por un Gobierno que ha manejado las finanzas en forma ordenada y que ha contado con funcionarios del sector público que han contribuido a hacer realidad dicha política, que se plasma en este proyecto.
No fue ésa la conducta observada en el Régimen anterior, cuyas políticas de reajustes fueron erráticas: hubo años en que se aumentaron las remuneraciones; a veces el incremento se acercaba al ciento por ciento del índice de precios al consumidor; en otras oportunidades, simplemente no se concedió reajuste, o bien, se procedió a ajustes remuneracionales en un valor nominal de dinero; incluso, en algún momento el Gobierno de la época se vio obligado a rebajar los sueldos y a no pagar al sector pasivo parte de un reajuste comprometido por ley: el famoso 10,6 por ciento, en 1985.
Por consiguiente, hay que poner de relieve esa política sostenida, llevada adelante en forma ordenada y que ha traído un efecto tan positivo para los funcionarios públicos, los cuales, como muy bien se ha dicho, tras este último reajuste habrán recuperado 32 por ciento de sus remuneraciones en términos reales.
En mi opinión, debe mantenerse esa línea en el largo plazo, porque es la única manera que tiene el Estado, no sólo de perfeccionarse y modernizarse, sino también de competir con el sector privado, que en caso contrario comenzará a sacar del sector público a los mejores funcionarios.
Ahora bien, de acuerdo con las cifras del informe financiero que recibimos en la Comisión de Hacienda -donde no pudimos realizar este debate ni disponer de todos los antecedentes que ahora tenemos-, el costo mensual del proyecto (lo que debemos financiar es el mes de diciembre de 1993, ya que el año próximo está cubierto en la Ley de Presupuestos) se desglosa en 11 mil 912 millones de pesos destinados al reajuste de remuneraciones de los trabajadores del sector público y a las subvenciones educacionales y de menores en situación irregular; 13 mil 307 millones para aguinaldo de Navidad; 804 millones contemplados como aporte a instituciones de educación superior; un mil 668 millones para la subvención complementaria a la subvención educacional, y 792 millones destinados a mejoramientos adicionales, tales como el seguro de cesantía y otros.
Como vemos, se incluyó también en el proyecto el aguinaldo de Navidad, que en años anteriores se consignaba en una iniciativa posterior. Y me felicito de que el Gobierno haya procedido de esa manera, porque, con motivo del período electoral, seguramente el Parlamento no habría estado en condiciones de aprobarlo entre los comicios y Navidad.
El costo del aguinaldo este año será de 5 mil 372 millones de pesos para el sector activo. El beneficio ascenderá a 12 mil 700 pesos en el caso de los trabajadores con remuneración líquida igual o inferior a 120 mil pesos y a 7 mil 500 pesos en el de los que reciben una cifra superior, y se concederá a 497 mil 980 funcionarios.
En lo concerniente a los pensionados, conviene tomar nota de lo señalado por el señor Ministro : el Gobierno ha hecho esfuerzos por eliminar la brecha existente entre los aguinaldos que se conceden a los sectores activo y pasivo. El costo del aguinaldo, que beneficia esta vez a un millón 305 mil pensionados, más 470 mil cargas, alcanzará a 7 mil 935 millones de pesos; es decir, será superior casi en 40 por ciento al que demandará el concedido al sector activo.
Durante la discusión del punto, el Honorable señor Romero -Su Señoría me solicitó que lo hiciera presente en la Sala- manifestó su disconformidad con la norma pertinente, en razón de que desde hace algún tiempo viene solicitando junto a otros señores Senadores que se ponga término a la diferenciación entre el monto del aguinaldo del sector activo y el del pasivo. Fundado en tales consideraciones, se abstuvo de votar el artículo 5°.
Como algo se ha dicho en la Sala respecto del trato discriminatorio que se estaría dando a los pensionados, creo necesario señalar que no hay tal. El Gobierno se ha esforzado en estos cuatro años por ir eliminando la brecha y mejorando la posición del sector pasivo respecto del activo, dentro de las posibilidades presupuestarias existentes. Y estimo que lo ha logrado.
Tengo en mis manos antecedentes que conviene dar a conocer, a fin de demostrar que el Gobierno anterior -seguramente con justificación- enfrentó las mismas dificultades en esta materia.
En 1982 se otorgó un aguinaldo consistente, para el sector activo, en 20 por ciento del sueldo base en el caso de los trabajadores con remuneraciones inferiores a 22 mil pesos mensuales, y para el pasivo, en 200 pesos por pensionado, más 200 pesos por cada carga.
En 1983 se concedió un aguinaldo de fin de año de 15 por ciento del sueldo base al sector activo. Y al pasivo, nada.
En 1984 sólo hubo aguinaldo de Navidad para el sector activo, de un mil 700 pesos.
En 1985 el beneficio fue igual para ambos sectores, y ascendió a 500 pesos por cada carga, o por imponente, si éste no tenía carga.
En 1986 se otorgó aguinaldo de Navidad -equivalente al de Fiestas Patrias- únicamente al sector activo, equivalente a 600 pesos por cada carga, o por imponente, si carecía de carga.
En 1987 se concedió un aguinaldo de Navidad, para el sector activo, de 5 mil pesos por funcionario, y para el pasivo, de mil pesos por carga, o por pensionado, si no tenía carga.
En 1988 el beneficio ascendió a 7 mil pesos por funcionario activo; y en el sector pasivo, a 2 mil 500 pesos por carga, o por pensionado, si carecía de carga.
En 1989, el último año del Gobierno anterior, se otorgó un aguinaldo de Fiestas Patrias consistente, para el sector activo, en 6 mil pesos por trabajador, y para el pasivo, en 2 mil pesos por carga, o por pensionado, si no tenía carga. Pero para Navidad -al parecer por razones financieras- se rebajaron las cifras a 4 mil y un mil pesos, respectivamente.
Esa fue la política que se siguió en la materia durante el Gobierno pasado. No es mi ánimo determinar las razones que condujeron a ella, sino tan sólo demostrar que la discriminación ha existido y que, incluso, hubo años en que -como quedó de manifiesto- no se concedió ningún beneficio al sector pasivo.
En cambio, de la revisión de la política del actual Régimen se desprende que los pasos progresivos dados para eliminar la brecha han sido positivos y que nunca se ha rebajado el beneficio del sector pasivo.
En cuanto a la consulta formulada por el Senador señor Prat respecto de si se habría conversado con las organizaciones que agrupan a los pensionados, puedo decir que sí se hizo. Tengo en mis manos dos cartas que las asociaciones involucradas, la UNAP y la CUPENCHI, hicieron llegar al señor Ministro del Trabajo , quien sostuvo las conversaciones. Luego de tomar conocimiento de los acuerdos logrados, ambas aceptan el beneficio que se otorga, no obstante manifestar -más la segunda que la primera- su voluntad de seguir solicitando que se ponga fin a la diferencia de trato existente entre los sectores activo y pasivo.
En consecuencia, creo que el Gobierno nuevamente -me felicito de ello- ha elaborado en esta materia un proyecto consen-suado y que, según nuestros antecedentes, será uno de los mejores del último tiempo, pues contempla un reajuste muy superior al ciento por ciento del alza del costo de la vida -ello viene a sumarse a una serie de otros beneficios que hemos concedido a través de modificaciones de plantas por vía excepcional- y un aguinaldo que, si bien no alcanza todavía lo que podríamos desear para el sector pasivo, es superior al de años anteriores. De modo que debemos complacernos de aprobarlo en el Senado.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri, quien la había solicitado con anterioridad.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, en mi opinión, con el proyecto en debate el Gobierno culmina una política consistente en materia de remuneraciones del sector público, tal como han destacado el señor Ministro y otros señores Senadores. No deseo insistir en lo ya dicho, sino referirme sólo a los aspectos más relevantes de ella.
En primer lugar, es una política que se ha llevado adelante en diálogo, en acuerdo sistemático con las organizaciones representativas del sector laboral -la Central Unitaria de Trabajadores y la ANEF-, lo cual marca un cambio de estilo sustantivo respecto de lo que el país conoció en la época precedente y, sin duda, contribuye a dar estabilidad social a un conglomerado muy importante de trabajadores. Pensemos que se trata de una masa cercana a los 450 mil funcionarios, involucrados tanto en la administración central del Estado cuanto en los sectores municipalizados (Salud y Educación) y el área subvencionada de la educación particular, más las universidades. Hablamos, pues, de una cantidad relevante de servidores públicos.
Por otro lado, cabe destacar que por segunda vez consecutiva se realizó una negociación sobre inflación futura y se llegó a acuerdo en torno de porcentajes que superan las metas del país en la materia, las cuales, por lo demás, hemos ido cumpliendo. Ello significa que se camina sistemáticamente hacia un aumento real de las remuneraciones, lo que durante años no sucedió en la Administración Pública. Recordemos que, sobre todo desde los años 80 en adelante, ella sufrió un deterioro progresivo que concluyó en una situación de servicio público muy desmedrada al término del Régimen anterior.
En mi opinión, no es sostenible el argumento aducido aquí en el sentido de que la iniciativa en comento es posible porque la economía goza de buena salud. La verdad es que el crecimiento económico del país comenzó después de la recuperación de la crisis de los años 1980-1983, en 1985. Y hubo tasas bastante razonables en 1986, 1987, 1988 y 1989. Pero, como en ese período se aplicaba la curiosísima teoría del "chorreo", no existieron políticas sociales consistentes.
Entonces, contrariamente a lo que sostuvo el Senador señor Prat , aquí no hay un efecto inercial vinculado al crecimiento del país, sino un cambio sustantivo en la orientación de las políticas sociales, al que ciertamente ha contribuido una parte de la Oposición. Me refiero específicamente a Renovación Nacional, que ha concurrido a ese nuevo énfasis con la aprobación de dos proyectos de reforma tributaria que han permitido financiar parte importante de las políticas sociales de este período.
Me parece indispensable aclarar estos puntos, porque en la discusión deben estar presentes todos los argumentos. La idea de que es el crecimiento económico de estos años lo que permite medidas como las contenidas en la iniciativa no se compadece con la evolución de la economía chilena durante los últimos ocho o nueve años. Durante ellos, felizmente, se observó una tendencia de crecimiento sostenido. Pero hay una inflexión notable en las políticas sociales a partir del actual Régimen.
Esa es la contribución que se ha hecho en materia de políticas económica y social. Y creo que ésos son datos indesmentibles.
En segundo lugar, celebro que el proyecto contemple un aumento por encima de la inflación, tanto pasada como proyectada, para la subvención al Servicio Nacional de Menores (SENAME). El reajuste en este caso es de 20 por ciento. Se trata de un organismo donde la subvención apenas permite dar atención razonable a miles de jóvenes que viven en situaciones llamadas "irregulares" y que requieren distintas políticas protectivas.
Ese es un elemento que debemos destacar.
En tercer término, quiero señalar que desde el comienzo de la discusión relativa a los aguinaldos hemos planteado que debe tenderse a una nivelación de los otorgados a los sectores activo y pasivo.
En la medida en que esta clase de beneficios no emana de una obligación contractual del Estado, en que no depende de otras leyes reguladoras de las relaciones del trabajo, bien puede haber en materia de aguinaldos una política unificada y común. Es un complemento no gratuito, justo, no obligatorio por ley. En consecuencia, tanto el Gobierno como el Parlamento deberían aplicar una política tendiente a una nivelación en este aspecto, a un aguinaldo igualitario. A mi juicio, no hay razones que justifiquen no proceder en esa forma -por lo menos, no las he apreciado en el permanente diálogo que sobre sus reclamaciones he sostenido con los pensionados- salvo las de índole financiero y fiscal relativas a que los pasivos son más que los activos, al costo de esa nivelación y a las dificultades que implica el hecho de igualar hacia abajo. En este sentido, alguien podría proponer, por ejemplo, otorgar un aguinaldo parejo, sobre la base de un fondo de 12 mil millones, medida que dejaría disconformes a los 430 mil funcionarios activos. Por ello, aquí se ha optado por la política contraria, más progresiva, que es la de apuntar a la nivelación. Este ha sido el compromiso del Ejecutivo. Y aunque personalmente soy partidario de avanzar más rápidamente, debo reconocer que ha actuado en forma consistente con ese objetivo, como podemos comprobarlo con el proyecto en debate cuya proposición es más satisfactoria que la del enviado el año pasado. Efectivamente, el aguinaldo a los pasivos de cinco mil pesos se encuentra ya relativamente más cerca de la cantidad otorgada por ese concepto al tramo más bajo correspondiente a los activos que perciben remuneraciones superiores a 120 mil pesos. Los pensionados con una carga familiar sobrepasan ese monto y realmente se produce un acercamiento. Quisiera que en los próximos años se actuara en este aspecto en forma más radical, y para ello es fundamental no sólo la disposición del Gobierno, sino también la solidaridad de los trabajadores activos y de sus organizaciones, cuestión que no siempre es fácil en el ámbito de las relaciones laborales. Pero creo que, si vamos a mantener la política de acuerdos y consensos, ése es el camino adecuado y, por lo tanto, en lo que concierne al proyecto en debate, me parece que el Gobierno ha hecho un buen esfuerzo.
No quiero terminar mi intervención sin dedicar unas palabras al tema de los pensionados.
La política del Gobierno se ha centrado en elementos muy simples. Primero, aumentar la pensión mínima más allá del alza general de las pensiones. En seguida, elevar las pensiones que operan por la vía de subsidios -no las de los pensionados-, que se distribuyen a través de las municipalidades; restituir el 10,6 por ciento, que fue una exacción aberrante. La verdad es que, en un momento de dificultad fiscal, se apeló al sector más débil y desprotegido para hacer una restricción. Habríamos querido que las voces que hoy día se alzan con tanta fuerza en defensa de los jubilados también se hubieran hecho sentir en esa oportunidad, porque se actuó en forma totalmente contraria a como lo estamos haciendo ahora y se perjudicó más fuertemente al sector más desprotegido.
Dicho porcentaje -repito- fue restituido.
Otro elemento que debe considerarse es una situación de pensiones efectivamente muy bajas. Por lo tanto, aquí hay un tema pendiente.
Cabe hacer presente, también, que el año pasado, por ley, se cambió el sistema de reajuste de sus pensiones, el que se otorgaba cuando la inflación llegaba a 15 por ciento. De esta manera, antes de percibirlo, podían transcurrir 13, 14, 15 y hasta 16 meses. En la actualidad, por lo menos, hay reajuste anual.
Si bien considero que éstos son avances, me parecen insuficientes. Es indudable que todos los problemas no pueden ser resueltos de una sola vez, y hacer demagogia sobre este punto, especialmente en períodos electorales, es, a mi juicio, peligroso, en particular si proviene de sectores que sistemática y reiteradamente han negado mayores recursos al Estado. Me estoy refiriendo a los Honorables colegas y Partidos que han votado regularmente en contra de las reformas tributarías que hemos aplicado estos años. Porque no se pueden reclamar aumentos en el gasto social y, al mismo tiempo, negar los fondos necesarios para financiarlos.
En suma, creo que a futuro debemos suscribir un compromiso de Estado y del país tendiente al mejoramiento paulatino y sustantivo de los pensionados. Y nosotros ya planteamos esta idea con motivo del debate producido durante las elecciones primarias de la Concertación. Ya lo hizo este Gobierno en el caso del Magisterio. Y ese compromiso debe consistir en una elevación gradual e importante de las pensiones hasta satisfacer la aspiración -que parece razonable- de los pensionados de nivelar el valor de sus pensiones con el del salario mínimo. Pero sabemos que, por involucrar a un millón 300 mil pensionados, el costo de una operación semejante sería muy alto y, en consecuencia, debemos estudiar un mecanismo para comprometer al país en un esfuerzo destinado a dignificar la situación de gente que ha entregado más de 40 años de su vida al trabajo y a su patria.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, una vez más estamos abocados al estudio de un proyecto cuya urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata", práctica que ya no sólo voces aisladas, o a las que se atribuyen otro tipo de intenciones, han considerado inconveniente para tratar materias de suyo interesantes. En esta oportunidad, a una iniciativa que legisla sobre un tema complejo y de mucha significación para gran número de chilenos se ha agregado otra materia que habitualmente tratábamos en forma separada.
Y digo que no sólo nuestras voces se levantan para hacer presente tal situación, porque en la página 4 del informe de la Comisión de Hacienda se señala que su Presidente accidental , el Honorable señor Zaldívar "manifestó su preocupación por tener la Comisión que despachar tan aceleradamente un proyecto de ley de la importancia de éste, sin contar con la presencia del Ministro de Hacienda que exponga con amplitud acerca de la política de remuneraciones que ha seguido el Gobierno". Tal comentario -al que adicionó la inconveniencia de calificar la urgencia de "discusión inmediata"- entiendo que fue recogido en forma unánime y hecho presente a través de la Presidencia del Senado , que advirtió sobre lo inadecuado de legislar en una forma que ya había motivado, respecto de otras iniciativas, algunas críticas de nuestra parte.
Quiero recordar que en los debates de 1990, 1991 y 1992 -no voy a aburrir al Senado con los extractos de ellos ni repetiré los conceptos que en esas oportunidades emitimos- nos referimos al mismo punto. Por lo tanto, hemos progresado: todos estimamos inconveniente el procedimiento. Sin embargo, asistimos a la "liturgia" de concurrir a la aprobación de una materia acerca de la cual, al parecer, diversos señores Senadores acusan carecer de antecedentes o del tiempo suficiente para analizar su contenido.
Por otra parte, estimo satisfactorio el mejoramiento de las subvenciones otorgadas a los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y, concretamente, al SENAME. Y la medida se justifica aduciendo que, a diferencia de las subvenciones educacionales, carecen de un sistema automático de reajustabilidad. Además, el 20 por ciento de aumento es mayor que el reajuste del artículo 1° por cuanto, además, tiene por objeto financiar la mantención de los menores que se atienden a través de este Servicio. Expreso mi completo acuerdo con esta proposición, porque resuelve un problema real.
Sin embargo, llama la atención la diferencia que afecta a las subvenciones para la educación, que no tendrán un incremento equivalente, ya que sólo se verán favorecidas con el 15 por ciento de aumento que se está otorgando a las remuneraciones del sector público.
¿Y qué sucede en el ámbito de la administración municipal de establecimientos educacionales?
Según las informaciones que hemos recibido, y de acuerdo con un debate que ya se insinúa en los medios de comunicación, pero del que se han hecho parte numerosas autoridades municipales, gran número de alcaldes de los más diversos sectores, municipios y personas de los distintos ámbitos del quehacer político y social, el déficit de la administración municipal de la educación, a diciembre de 1992, superaba, o se aproximaba, a los 30 mil millones de pesos.
En consecuencia, junto con expresar mi acuerdo con que las subvenciones del SENAME se reajusten en 20 por ciento -porque ello permitirá mejorar no sólo las remuneraciones del personal y, por ende, las atenciones prestadas a esos niños- manifiesto mi preocupación, porque este déficit -previsto, conocido, evaluado y recogido en numerosas comunicaciones e incluso en un trabajo elaborado por la Comisión de Educación del Senado- no ha merecido un trato equivalente. Y ese déficit, que a diciembre del año pasado era del orden de 30 mil millones de pesos -nada ha ocurrido que lo disminuya-, simplemente este año debe ser aún mayor.
Hay, entonces, un trato discriminatorio inconveniente. Son muchas las municipalidades cuyos alcaldes están informando que se encuentran no sólo en la imposibilidad de cumplir las obligaciones legales, con su personal, como la integración de cotizaciones provisionales, sino que, además, no alcanzan a cubrir la planilla de pagos, ni siquiera comprometiendo con ello el total de fondos de inversión de que disponen.
Por lo tanto, estructuralmente, al sistema de subvenciones a la educación bajo administración municipal lo afecta un problema de financiamiento que, desde luego, no es nuevo, que es conocido. Si bien apruebo lo dispuesto para el SENAME, destaco la diferencia de trato que recibe la administración municipal de la educación, cuyos establecimientos, como debemos recordar, imparten enseñanza a más de dos millones y medio de jóvenes.
Sobre esa materia es notoria la ausencia de cualquier iniciativa.
Deseo, asimismo, una vez más -porque lo he hecho en otras oportunidades-, formular algunas precisiones sobre el ámbito de aplicación de los beneficios que el proyecto contempla para los que se define como trabajadores del sector público o cuya administración ha sido transferida a las municipalidades.
Nuevamente, al parecer, quienes trabajan en los departamentos de administración de la educación municipal no regidos por el Estatuto Docente -es decir, que no son profesores- no quedan clara y expresamente cubiertos por los beneficios que aquí se entregan -aguinaldo, bonificación y reajuste- por estar sujetos, por el momento, a las normas del Código del Trabajo y no estar reconocidos como funcionarios municipales.
Quiero precisar, por otra parte, que los aguinaldos de los funcionarios municipales serán de cargo de las propias municipalidades, con lo cual éstas aumentarán sus déficit y dificultades financieras para enfrentar sus planes, programas y sus propias y muy necesarias actividades sociales. Me parece, en consecuencia, que una iniciativa de esta naturaleza debería estar totalmente financiada, pues no sólo se trata de entregar beneficios, sino también de transferir los recursos que los financien.
En las intervenciones que precedieron a la mía advertí ciertos matices o reflexiones respecto del alcance de nuestras proposiciones de igualar los aguinaldos de Navidad de los sectores activo y pasivo. Y, una vez más, lo decimos con entera franqueza -porque en estas materias no hay nada mejor que decir las cosas de frente y directamente-: el hecho de que en el pasado más remoto no se hubieran entregado nunca aguinaldos no justifica el que hoy día no se haga. El hecho de haberse establecido diferencias -en algunos casos los aguinaldos fueron altos y, en otros, muy bajos pero parejos- no contradice el planteamiento de fondo que hemos formulado en ocasiones anteriores: la conveniencia de constituir un pozo común con los recursos de que dispone el Fisco para financiar los aguinaldos a fin de otorgarlos en montos similares tanto al sector activo como al pasivo. Una rápida cuenta de lo que hoy se está disponiendo en este proyecto de ley permitiría estimar un aguinaldo, para ambos tipos de beneficios, superior a los 7 mil pesos. Y la pregunta que subsiste -porque no hubo tiempo de formulársela a las organizaciones que representan a unos y a otros- es hasta qué punto los activos estarían dispuestos a hacer un sacrificio para premiar o igualar o para entregar mejores condiciones o un reconocimiento equitativo a los pasivos.
Planteo este asunto, porque todo el resto de los comentarios, incluidas ciertas reflexiones hechas aquí, relacionadas con el apoyo de determinados Parlamentarios, Senadores o Partidos a ciertas iniciativas de Gobierno, me parece que de suyo sacan la discusión de su centro. La circunstancia de que determinados instrumentos, herramientas o mecanismos hayan merecido ese respaldo pero no otros no invalida nuestra pretensión de dar un trato equitativo. Por el contrario, si la reforma tributaria la asimilamos a un mecanismo de obtención de recursos para financiar programas sociales, ello no significa que no estemos dispuestos a que ciertos gastos sean contemplados en el presupuesto fiscal. Por lo demás, debo recordar al Senado que cada una de las iniciativas que han beneficiado a grupos directos de personas siempre han contado con nuestros votos favorables e incluso hemos perfeccionado parte de sus normas. No deseo aburrir a la Corporación con la mención de una larga lista; pero recuerdo a los exonerados y a otros sectores a los cuales entregamos importantes beneficios, que ahora estamos reajustando.
Entonces, no es factor de inhabilitación, para pronunciarse o para tener ideas respecto de esta materia, oponerse a una herramienta por razones fundadas. Por lo demás, en algunos casos, el solo crecimiento económico ha significado disponer de recursos mucho mayores desde un punto de vista global que aquellos aportados por esos instrumentos que en su oportunidad nos parecieron inconvenientes.
En materia de financiamiento de los aguinaldos, quiero recordar una vez más -este punto se plantea por cuarto año con-secutivo- que respecto de las Mutualidades de Empleadores de la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -que son organizaciones privadas sin fines de lucro-, simplemente se les manda pagar este beneficio, lo que es una carga que debiera ser financiada. Creo que este tipo de normas que ya han originado juicios contra el Fisco -que seguramente serán fallados por otros motivos con posterioridad- va a motivar nuevos juicios y planteamientos ante el Poder Judicial para requerir una devolución. En los términos en que ahora se propone, al igual que en los cuatro años anteriores, el financiamiento del aguinaldo queda simplemente confiado a una gestión que debe realizar la respectiva Mutualidad de Empleadores ante el Ministerio de Hacienda destinada a acreditar que no dispone de los recursos necesarios para pagarlo, materia que -reitero- va a terminar en juicios, lo que a mi parecer, no puede estar inspirando o iluminando la forma como dictamos las leyes.
Como dije, ésta es la cuarta vez que hacemos presente esta situación. El Gobierno ha insistido en su política de establecer pensiones también para los beneficiarios de la ley N° 16.744. Y, naturalmente, el advertir esta ilegalidad no me impide votarla a favor, porque no quiero confundir las cosas. Soy partidario de que esos pensionados también reciban su aguinaldo; mas, para actuar con justicia y con arreglo a la normativa constitucional vigente, su financiamiento debería corresponder al Estado, al igual que el que recibe el resto de los organismos públicos.
Termino señalando que, para los trabajadores de los establecimientos educacionales -incluso para aquellos administrados por corporaciones-, se concede una bonificación de 50 mil pesos, con el propósito de paliar en alguna medida la tardanza en el despacho del proyecto de ley sobre el estatuto no docente, como se lo denomina genéricamente. Por la forma como está redactada esta norma, me parece que se excluye claramente de este beneficio a los funcionarios que trabajan en los organismos centralizados a nivel de cada municipalidad. El artículo 9° entrega esta bonificación a los no docentes de los establecimientos educacionales, pero no a aquellos que trabajan en los Departamentos de Administración de la Educación Municipal que también son no docentes, ya que en muchos casos son administrativos traídos de aquellos establecimientos a los DAEM. Pero el proyecto los excluye claramente. Quisiera creer que es una omisión. De alguna forma es necesario corregir esta situación, porque no hay ninguna razón para no entregarles este beneficio, sobre todo si se considera que representan un conjunto menor, pero importante; de chilenos, que, además, tiene que hacer los cheques y liquidar esta bonificación a cada uno de los trabajadores no docentes de los respectivos establecimientos. Lo anterior constituye una injusticia que debiéramos subsanar. En este sentido hago un fervoroso llamado.
Votaré a favor del proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER .-
Señor Presidente, al término de una sesión bastante fructífera, estamos discutiendo una normativa respecto de la cual el Senado, por imperativo razonable de la Constitución, tiene muy pocas atribuciones. Y las que posee, me imagino que no las ejercerá. En cuanto a la de aceptar los beneficios, sí; pero en cuanto a disminuirlos o rechazados, me parece que no.
Por consiguiente, este debate es muy útil, porque de alguna manera representa una confrontación de criterios: el de quien, por disposición del pueblo, ejerce el Poder y maneja la vida económica del país y el de quienes, de alguna manera, representan -no es mi caso- una alternativa de Gobierno, pero que muy poco pueden decir en una sesión como ésta, porque todos estamos convencidos de que esta iniciativa debe despacharse hoy.
Estamos conscientes de que el Congreso se halla funcionando en pleno período electoral. Es un mérito para todos -tanto para el Ejecutivo como para el Congreso- el analizar este articulado con las tribunas prudentemente concurridas y sin ningún clima de tensión, porque estamos convencidos de que deseamos hacer las cosas lo mejor posible.
Tengo la esperanza y la convicción de que muchas de las observaciones formuladas serán recogidas por el señor Ministro de Hacienda , para ver lo que sea razonable enmendar, aun en cuanto a política de distribución. Es muy difícil apuntar improvisadamente una alternativa. Es típicamente un proyecto en el que uno debe confiar en gran medida en la Comisión técnica que lo estudió y aprobó con una abstención: la Comisión de Hacienda.
En más de alguna oportunidad he manifestado que tengo un juicio muy positivo acerca de la seriedad con que ha manejado las finanzas el equipo económico de Gobierno. Por ser más viejo que casi todos los presentes, tengo harta experiencia respecto de todo lo acontecido en la historia de Chile en materia de inflación, reajustes, aguinaldos, intentos de compensar y de no compensar situaciones; pero creo que no es del caso efectuar análisis comparativos con situaciones anteriores. Por eso, doy por reproducidos y por recordados muchos debates. Y pienso que, concordando con lo expresado por el Honorable señor Cantuarias , es conveniente que, en lo relativo a lo dispuesto por el artículo 6°, sobre Mutualidades de Empleadores, ojalá se produzca un arreglo razonable. En todo caso, el texto que ahora se nos propone por lo menos representa un avance si lo confrontamos con el propuesto cuando se planteó el problema. Hay conciencia de que existe una dificultad; espero que se encuentre una solución razonable.
Conozco bastante de cerca el problema del quiebre de nuestro sistema previsional. Y los Gobiernos -no sólo éste y el anterior- han tenido que hacerse cargo de una situación que se arrastraba por muchas décadas, lo que hace tremendamente difícil atender con justicia este asunto. He escuchado con mucho interés lo expuesto sobre el sector pasivo. Considero muy laudable hacer esfuerzos en este sentido -y espero que el Gobierno que asuma en marzo próxima mantenga el propósito de continuar ajustando las diferencias-; pero debemos ser bien honestos sobre el particular. Este es un problema que no es fácil de arreglar. La previsión en Chile nació por los años 20 al 30. Y el período para entrar en funcionamiento pleno empezó a cumplirse transcurridos 30 ó 40 años de su creación. Por consiguiente, a contar de la década de los 70 para adelante, ya entramos en un proceso de crisis, que es universal en el caso de la previsión: debió financiarse con cargo fiscal una serie de beneficios que en realidad se hacía necesario cubrir de otra manera. Mucho tiempo antes del Gobierno anterior ya a las cajas de previsión -se ha recordado, por ejemplo, el caso de las "perseguidoras"- correspondía el 0,1 por ciento o algo así del monto de las pensiones. Todo lo demás ya era de cargo fiscal.
Por consiguiente, mucho podemos decir y recordar. Pero lo único que en este momento es impostergable es que, de acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 62 de la Constitución, "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República ". Ante esta alternativa, anuncio mi aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, antes de votar hay algunas observaciones que me gustaría señalar.
Sin duda, estamos conformes con el proyecto de reajuste, porque es fundadamente satisfactorio. Se inscribe, como se ha dicho aquí, en lo que ha sido el manejo de una política económica plenamente acertada. Creo que pocos Gobiernos como éste han logrado reducir simultáneamente la inflación -recuerdo que alcanzaba a casi un 30 por ciento al comenzar su Administración- y la cesantía, incrementar los ingresos y la inversión, crecer por sobre las tasas históricas, aumentar y diversificar las exportaciones. Y todo ello manteniendo los equilibrios macroeconómicos; pero con la sustancial diferencia de que la economía está orientada a restablecer los desequilibrios sociales heredados, línea de acción en que se inserta este nuevo proyecto de reajuste y de aguinaldo.
Sin embargo, quiero reiterar mi discrepancia con el procedimiento seguido en este tipo de iniciativas. Creo que ellas hoy constituyen un anacronismo cuyos defectos han quedado a la vista en el debate, comenzando por el reclamo manifestado por todos en cuanto a la premura con que deben debatirse, no obstante que es sabido -y constituye una práctica que ojalá continúe- que todos los años se otorga un aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad. Y todos los años hay reajuste de remuneraciones del sector público.
Además, no hay que olvidar que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución de 1980, la iniciativa exclusiva en esta materia corresponde al Presidente de la República. Y al Senado no le cabe sino aceptar, rechazar o disminuir lo que propone, ni más ni menos, quien tiene la responsabilidad del manejo financiero y económico del país, y el que, por consiguiente, recibe los beneficios del éxito, o las consecuencias del fracaso.
Lo cierto es que esta materia debería manejarla el Ejecutivo por la vía del decreto, tanto respecto del reajuste como del aguinaldo. Y la intervención del Parlamento, centrarse cada año en el proyecto de Presupuestos. Es allí, en la Ley de Presupuestos, donde anualmente tendría que estar incorporada la autorización al Gobierno para otorgar estos beneficios.
En realidad, continuar con el procedimiento actual es tornar más ineficiente la gestión y dilatar cuestiones que todos sabemos que ocurrirán. Pero el único que tiene conocimiento acerca del modo como se producirán es el Ejecutivo. De manera que -repito- la autorización debería darse en la Ley de Presupuestos.
En todo caso, anuncio que votaremos favorablemente la iniciativa en análisis.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, sólo para alegrarme de que aquí se haya producido un debate con respecto a cómo un sector tan importante como el pasivo ha quedado postergado en esta materia. Agradezco las expresiones de un señor Senador de Gobierno en cuanto a su solicitud de que en el futuro se realice un esfuerzo de mayor solidaridad entre todos los actores, a fin de que algunos no se queden atrás, mientras otros se adelantan.
No obstante, por otro lado, cuando conocemos un asunto de tanta relevancia, que en muy pocas oportunidades podemos debatir, creo importante no caer ni en la autocomplacencia ni en el fatalismo. Las cosas habrían podido llevarse a cabo en mejor forma; y es factible avanzar más en la solución y mejoramiento de los sectores postergados.
A partir del 1° de enero de 1994 el Gobierno dispondrá en su presupuesto de 2 mil 800 millones de dólares, adicionales, incluso, a los recursos con que contó en 1989 el Régimen de entonces. Tal cantidad significa sobre un 30 por ciento de mayor pre- supuesto público.
Entonces, eso, que se está reflejando en las remuneraciones del sector activo, también debiera traslucirse en las pensiones de los pasivos.
Lo que ha sucedido es que ha habido un error en las prioridades. Aquí se han gastado recursos en otras cuestiones. Recientemente conocimos lo destinado a cierta campaña, abortada, para poner a alguien en la dirección de la FAO; sabemos que existe un proyecto para construir una sede diplomática en Washington, cuyo costo es de alrededor de 6 mil millones de dólares; en la actualidad hay 3 mil vehículos más de los que existían en el año 89, y se gasta en combustible, repuestos y personal que debe conducirlos; hoy día se utilizan 290 millones de dólares más que en 1989 en gastos de oficina en el sector público.
Si lo anterior no fuera así y tales recursos se destinaran a las pensiones, éstas subirían un 19 por ciento en forma automática. Si los millones de dólares que el Presupuesto para 1994 contempla en inversiones en empresas que son del ámbito privado -sobre las cuales existe interés de los particulares para invertir-se orientaran hacia las pensiones, ellas subirían automáticamente un 11 por ciento adicional. Vale decir, con sólo haber gastado, en términos proporcionales, lo mismo que se destinó el año 89 a gastos de oficina, y paralizado las inversiones en empresas del ámbito privado, las pensiones habrían mejorado en 30 por ciento en este período, sin necesidad de aumentar impuestos ni de mayor sacrificio.
Por lo tanto, cuando un señor Senador afirma que ha habido un esfuerzo de parte del Gobierno para avanzar en esta materia, debemos expresar con claridad que ello no es efectivo. El esfuerzo lo ha realizado el país, con el objeto de entregar más recursos al Estado. Y éste ha equivocado las prioridades. De modo que -repito- no podemos caer en la autocomplacencia en cuanto a creer que las cosas las hemos hecho bien, ni tampoco en el fatalismo de pensar que no se puede avanzar más rápido. Porque esto es factible de lograr, y las cifras así lo indican.
He dicho.
El señor SIEBERT.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que aprobaremos la iniciativa en debate. Porque -como señaló un señor Senador- asistimos a la liturgia de la aprobación de un proyecto de reajuste en las remuneraciones del sector público.
Personalmente, esperaba escuchar una explicación para justificar el reajuste de 15 por ciento, cuando el IPC no llegaba a ese monto. Empero, tuve la frustración de oír argumentos basados en echarle la culpa fundamentalmente a lo que fue el manejo económico del Gobierno pasado.
Y lo digo francamente: me siento frustrado con las explicaciones dadas y, también, con las razones aducidas para hacer coincidir el proyecto que otorga un aguinaldo de Navidad con el que concede un reajuste al sector público. Ojalá que el próximo año, cuando no haya elecciones, demos con la misma liberalidad, un reajuste y un aguinaldo al sector público en la forma como en esta oportunidad se procede, en un período preelectoral.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, quiero referirme en forma muy breve al sector pasivo.
Es bastante difícil dejar contento a todo el mundo con el proyecto que nos ocupa. Sin embargo, todos los años venimos repitiendo el problema del sector pasivo. Y en esta ocasión, saco cuentas de que el aguinaldo que se le otorgará equivaldrá más o menos a la mitad del que se concede al sector activo. Existe una enorme cantidad de pensionados (1 millón 305 mil), y tienen pocas cargas familiares (470 mil), pues pareciera que son todos viudos. Es decir, en promedio alcanzarán a los 6 mil pesos, cifra equivalente a la mitad de lo que percibirán los trabajadores del sector activo.
Entonces, la pregunta es por qué no podemos acercar esa cantidad de 6 mil pesos a los 12 mil. Los trabajadores suman alrededor de 500 mil. Por consiguiente, la razón se halla en el número de personas de uno y otro sector.
Si seguimos el razonamiento del Senador señor Cantuarias y distribuimos por igual el aguinaldo, se repartirían 7 mil 400 pesos a cada uno. Esto significa que, para los trabajadores, los 12 mil pesos propuestos se rebajarían a 7 mil 400 pesos, lo que no sería muy justificado. Pero existen otras dos formas para llevar a cabo esto: aumentar la cantidad a repartir, de modo que todo el mundo reciba 12 mil pesos. Para ello se necesitarían 7 mil millones de pesos adicionales. En vez de eso, podría fijarse un monto más o menos razonable para ambos sectores. Ahora, otro camino por seguir es que, respecto de los pensionados, a aquellos con remuneraciones superiores a 120 mil pesos se les asignara un valor unitario menor.
Señor Presidente, creo que con un poco de esfuerzo, no necesariamente con los 7 mil millones de pesos que mencioné, pero con una cantidad adicional razonable, se habría equilibrado bastante más el aguinaldo en cuanto a los pensionados. Porque, desgraciadamente, vemos muchas papeletas de jubilados con cifras muy bajas. Y, una vez al año, el aguinaldo constituye para ellos una verdadera "joyita"; pero en esta ocasión no será tan así.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Al haber intervenido todos los señores Senadores, corresponde cerrar el debate.
Así se hace.
Se pone en votación la iniciativa.
-Se aprueba en general y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobada también en particular.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/1116-05