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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ROL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EL ACCESO A ELLOS POR LA POBLACIÓN (CONTINUACIÓN)
El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-
Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos en la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población.
Hago presente a la Sala que el informe se rindió en la sesión 83ª, de 13 de octubre pasado.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Especial| Investigadora del rol de organismos públicos en la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población se rindió en la sesión 83ª de la presente legislatura, en 13 de octubre de 2016.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Víctor Torres.
El señor TORRES.-
Señor Presidente, como usted bien recordó, el informe ya fue rendido, por lo cual lo que corresponde hacer es continuar su discusión en la Sala.
En ese sentido, si bien el objetivo de la comisión era investigar el rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población, la discusión se amplió a lo que implica el acceso de la población a medicamentos a través del sistema privado, esto es, la venta en farmacias y el impacto que tiene el precio de los fármacos en toda la cadena productiva, partiendo por los laboratorios que los venden.
Al respecto, nos encontramos con que existe un mercado insuficientemente regulado, lo que genera situaciones de distorsión que, finalmente, afectan a la población, con medicamentos que, si los comparamos con los de otros países latinoamericanos, son de los más caros.
Por tanto, desde ese punto de vista, obviamente se restringe el acceso a ellos.
Por otro lado, está la situación que implica la política de generación de medicamentos bioequivalentes, que, de una u otra manera, tenía como objetivo dar acceso a la ciudadanía a medicamentos de menor precio, pero resguardando el principio de calidad, lo que, a mi juicio, también es parte del balance que debemos alcanzar en esta materia: otorgar a la población acceso a medicamentos de menor costo, resguardando los principios de seguridad.
En ese contexto, después de escuchar a distintos actores y debatir estas materias, la comisión elaboró algunas propuestas que me parece importante recalcar, como la redefinición del concepto de receta -modificación del artículo 94 del Código Sanitario-, permitiendo al profesional prescribir por la denominación común internacional y, a modo de información, sugerir un medicamento en particular. Con esto se pretende, por ejemplo, evitar el vínculo que muchas veces existe entre los laboratorios y los facultativos para la prescripción de determinado medicamento, que muchas veces es el que tiene mayor costo.
También se propuso introducir una modificación al decreto supremo N° 79, del Ministerio de Salud, de 2010, tomando en consideración el recetario magistral, extendiendo el período de vigencia de los preparados magistrales -actualmente tienen cuarenta días de duración a un mínimo de seis meses o el plazo de duración de la materia si fuera menor.
De igual forma, se planteó modificar el artículo 5° del citado reglamento, señalando que los preparados magistrales podrán contener los principios activos en sus mismas dosis y formas farmacéuticas registradas. Asimismo, se deberá derogar la exigencia de farmacovigilancia al preparado magistral para las instituciones hospitalarias, por resultar definitivamente impracticable.
En consideración al derecho a la salud y al carácter de bienes de primera necesidad de los medicamentos, consideramos que se hace imprescindible una regulación eficiente y exhaustiva ante la escasa regulación que -lo señalé existe en el mercado de los fármacos o medicamentos. Una posibilidad es, por ejemplo, establecer que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) pueda ser utilizada como intermediario único o como punto de venta directa.
Hoy la Cenabast compra medicamentos por grandes volúmenes, por lo que si bien accede a ellos a un menor precio, la central solo los distribuye a los centros de atención pública.
Sería bueno que los pacientes pudiesen acceder a medicamentos a menor costo en pequeñas farmacias o por venta directa.
También es posible realizar una reducción progresiva del impuesto a las ventas y servicios que afectan a los medicamentos, dispositivos y alimentos de alto costo, con el objeto de bajar los precios y mejorar el acceso a esos productos.
Por otro lado, se podría evaluar la regulación del mercado. Colombia es un ejemplo de ello, porque existe libertad, pero regulada, en el entendido de que los medicamentos son bienes sociales, por lo que se debe facilitar el acceso de los usuarios a ellos.
Por lo tanto, nos parece imprescindible modificar, a través de la legislación y de nuestras políticas públicas, una serie de elementos para posibilitar el acceso a los medicamentos, como facilitar su venta en los centros de atención médica, como consultorios y postas rurales, para los pacientes que viven en lugares alejados.
En la comisión no tan solo investigamos la situación que ocurre con la Central Nacional de Abastecimiento, que requiere un proceso modernizador, sino también hicimos algunas propuestas que pueden tener un impacto mayor, no solo para los pacientes de la salud pública, sino respecto del mercado de medicamentos, lo que favorecería al resto de la ciudadanía que accede a ellos a través de la compra privada.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo.
El señor ESPEJO.-
Señor Presidente, se ha debatido con detenimiento el informe de la comisión especial investigadora, por lo que solo quiero aludir a uno de los elementos que saltan a la vista y que me parece importante considerar. Me refiero a la forma en que ha cambiado la estructura de nuestra población, lo que nos obliga a pensar en un sistema de provisión de medicamentos distinto al que tenemos.
Sabemos que la población adulta se ha ido incrementando en nuestra estructura poblacional. En 2025, el 20 por ciento de la población del país tendrá una edad superior a los sesenta años de edad, lo que será equivalente a la población menor de quince años que tendremos en ese momento.
El problema es que la población mayor enfrenta lo que se denomina “multimorbilidad crónica”; es decir, una misma persona tiene más de una enfermedad, la que, además, es crónica. Es lo que padecen nuestros adultos mayores en Colchagua, en Cardenal Caro y en Cachapoal, pero también en el resto del país.
En el caso de la gente mayor, las enfermedades más habituales son obesidad, hipertensión y diabetes. Muchas de estas enfermedades crónicas van acompañadas de depresión y de problemas propios del invierno, como las enfermedades respiratorias, por lo que nuestra población mayor enfrenta al mismo tiempo dos, tres o, quizás, cuatro enfermedades, que requieren tratamientos y apoyo especial de fármacos.
La comisión especial investigadora constató que los precios de los medicamentos en Chile han aumentado de manera significativa durante los últimos años, incluso por sobre el índice de precios al consumidor (IPC). De hecho, como señaló el presidente del Colegio Médico, eso se aprecia con claridad en el caso de los medicamentos para el aparato cardiovascular y para el sistema nervioso. Asimismo, señaló que el precio de los medicamentos se incrementó en más de 25 por ciento en los últimos veintiún meses, en circunstancias de que el IPC alcanza a la mitad de ese porcentaje.
Entonces, nos enfrentamos a un incremento de la población mayor, la que sufre distintas enfermedades, muchas de ellas crónicas y simultáneas, la cual debe pagar precios de medicamentos que se elevan por sobre el IPC. Se trata de personas que reciben pensiones que, sabemos, no les permiten hacerse cargo de esos gastos y que deben afrontar un fenómeno adicional, cual es que el costo de los medicamentos que se compran en forma privada es muy elevado y que el gasto público se ha retraído respecto de las obligaciones fundamentales, a diferencia de lo que sucede en otros países, particularmente de la OCDE, con los cuales nos comparamos.
Señor Presidente, llamo la atención sobre esta materia, porque creo que parte del trabajo que uno tiene que hacer, a partir del que desarrollan las comisiones investigadoras y otras comisiones, no es solo constatar situaciones, sino poner énfasis en subsanar los problemas que más deterioran el bienestar de nuestra población.
Si bien no es una materia central del informe, el documento destaca como una cuestión medular que nuestros adultos mayores lo pasan mal, no solo por enfrentar más enfermedades, sino porque el costo de los medicamentos los hace inaccesibles.
Por lo tanto, quiero destacar el trabajo de la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población, no solo respecto de lo que planteó el diputado Víctor Torres en relación con la importancia de contar con una distribución territorial de medicamentos, de la que carecemos, sino respecto de un elemento clave: asegurar que los medicamentos que los adultos mayores requieren, que son más caros y que se necesitan en mayor cantidad, estén disponibles y accesibles para ellos.
Esa es una tarea pendiente, por lo que espero que, a partir de los resultados de la comisión especial investigadora, podamos abordarla con urgencia en los próximos meses.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Presidente en ejercicio).-
Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.
Por lo tanto, la discusión y votación del proyecto quedan pendientes para una próxima sesión. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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