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- rdf:value = " El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en el artículo en discusión hay tres elementos nuevos: dos en el texto despachado por la Comisión, y el tercero, en la indicación, que esperamos cuente con el respaldo de la Sala. Su objetivo es perfeccionar los instrumentos para garantizar que los recursos del Fondo se empleen en buena forma. Además, se plantea la posibilidad de que los proyectos sean licitados, lo cual constituye un gran avance.
En segundo lugar, se trata de que efectivamente exista la obligación de consultar a las autoridades locales respecto de los proyectos por presentar.
Sobre el punto, quiero subrayar cuán relevante es la modificación planteada, por cuanto la primera versión del Fondo, creada por iniciativa parlamentaria cuando discutimos la ley de Telecomunicaciones 3 A, funcionó muy bien durante un período. Sin embargo, los medios con que contaban las autoridades y los actores que generaban los proyectos que iban a concurso, normalmente no eran iguales en todas las regiones, y las autoridades locales -que habitualmente tienen una información más cercana y completa- no siempre eran consultadas, ni estaban en condiciones o dentro de los plazos necesarios para postular los proyectos. Esto es muy importante, más aún cuando el objeto del proyecto, sin perjuicio de ampliar el plazo del Fondo por 10 años, es abrirlo a otros ámbitos, más allá de la telefonía rural, a las telecomunicaciones en general, a la idea de telecentros comunitarios de información u otras operaciones y servicios de telecomunicaciones.
El tercer elemento del artículo, que también es muy importante, consiste en asegurar y garantizar su funcionamiento, una vez instalados los teléfonos o los otros servicios.
En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recibimos, demasiadas veces, quejas de que hay muchísimas complicaciones para la mantención de aparatos telefónicos instalados en localidades rurales, con el fin de servir y garantizar su buen funcionamiento. Según las empresas, su costo es demasiado alto.
La intención de los colegas con los cuales hemos patrocinado la indicación, diputados señores Monge, René Manuel García y otros, es que quienes presten el servicio de telefonía rural o de telecentros, efectivamente garanticen la mantención adecuada de los aparatos, y no ocurra lo que ha sucedido a lo largo del país y en la región que represento, en que se instalan los teléfonos, se llenan de monedas, nadie se preocupa de ellos y terminan siendo inútiles. Nunca fue ese el espíritu de la ley ni de las comunidades que postularon los proyectos. Sin embargo, a las empresas, que son dueñas de los aparatos, tal vez les resultaba oneroso me imagino hacer la mantención y no la hacían; para ellas era más conveniente que los teléfonos no funcionaran.
Por tanto, queremos asegurar que haya una mantención óptima, y de allí la indicación, que esperamos cuente con el respaldo de todos los colegas.
He dicho.
"
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