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El señor MORA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en primer lugar, haré un comentario no relacionado directamente con el proyecto.
Con el diputado señor Felipe Valenzuela hace unos días nos preguntamos si estábamos legislando bien o mal. Traslado esta preocupación al proyecto en comento, cuyo objeto principal es regularizar la situación jurídica de los inmuebles detallados por el señor diputado informante, que son de propiedad y están en manos de instituciones de naturaleza pública, según señala el mensaje, y que corresponden, primero, al patrimonio de la Fundación de Conmemoración Histórica Bernardo O’Higgins; segundo, a cierto número de viviendas construidas por el Serviu, y tercero, a un inmueble en el cual funciona la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Este es un proyecto puntual. Si bien estoy de acuerdo con las regularizaciones que ponen término a años de incertidumbre jurídica y que permiten una normal administración de los inmuebles por los actuales ocupantes y futuros dueños, no puedo sino señalar que me llama la atención que en el país, en particular por la acción a veces poco diligente del sector vivienda, haya villas, poblaciones, villorrios rurales en similar situación a la de estos inmuebles.
Con urgencia, deberíamos abocarnos a la regularización del dominio de muchas poblaciones que sufren el mismo problema. Cientos de situaciones iguales se encuentran en estado de archivo.
En consideración a lo anterior y por razones de economía legislativa, parece más razonable mejorar la posibilidad de la Administración Pública de regularizar la posesión, ocupación y propiedad de inmuebles fiscales o adscritos a determinados patrimonios que están en estos momentos en situaciones complicadas -por decir lo menos- desde el punto de vista de la titularidad del derecho de dominio y de su administración: un ente es el dueño, y el que lo ocupa y administra es otro. No puede ser que alguien sea dueño de una casa y no del sitio en que se encuentra, pero así ocurre.
Por otra parte, no hay que dejar de mencionar las prevenciones que he realizado en la Sala respecto de la normativa vigente sobre regularización administrativa de la pequeña propiedad raíz -me refiero al decreto ley Nº 2695-, que si bien es un tema distinto del analizado en esta sesión, es urgente un esfuerzo especial del Ministerio de Bienes Nacionales para el perfeccionamiento de normas que, incluso, han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
Es necesario -ello es lo que solicito a los representantes del Ejecutivo- que se arbitren los medios jurídicos para regularizar situaciones de administración y propiedad de predios fiscales entre instituciones públicas.
El proyecto nos debiera llevar a una solución, si no definitiva, por lo menos comprensiva de las diversas irregularidades que se observan en el país en cuanto al dominio de las propiedades. En efecto, aun cuando su contenido es muy puntual, nos lleva a un tema más amplio, como es singularizar el dominio de propiedades que, aun cuando pertenecen a particulares, legalmente aparecen como fiscales.
Llamo la atención sobre este aspecto, porque el proyecto es muy bueno, pero debiera contener normas más generales respecto de las tantas irregularidades que todavía existen en las poblaciones, en especial en algunas construidas por el Ministerio de Vivienda.
He dicho.
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