REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIASesión 41ª, en jueves 13 de abril de 2000(Ordinaria, de 10.42 a 13.38 horas)		Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor,		y Mora Longa, don Waldo.		Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.I. Asistencia		6II. Apertura de la sesión		8III.Actas		8IV.Cuenta		8	-	Prórroga de plazo a Comisión		8	-	Remisión de proyecto a Comisión de Economía		8	-	Quinta reunión de presidentes y vicepresidentes de las Comisiones permanentes y especiales del Parlamento Latinoamericano		8V.Orden del Día. 	-	Perfeccionamiento del fondo de garantía para pequeños empresarios. Tercer trámite constitucional		10	-	Normas sobre prevención de la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Primer trámite constitucional. (Continuación)		14VI.Proyectos de acuerdo. 		Aumento de personal en complejo fronterizo Chacalluta		36VII.Incidentes. 	-	Antecedentes sobre adquisición de terrenos para viviendas sociales en Sexta Región. Oficio		37	-	Ejecución de obras de adelanto local en comunas de la Sexta Región. Oficios		38	-	Ejecución de obras viales y habitacionales en comuna de Puerto Varas. Oficios		39	-	Apoyo a pobladores de Purranque para completar estudios. Oficio		39	-	Realización del Parlamento Cultural del Mercosur en La Paz, Bolivia		40	-	Programas de empleo en la Séptima Región. Oficio		41	-	Endeudamiento de parceleros de Talca y Linares con Iansa. Oficio		42	-	Entrega de viviendas a damnificados de la localidad de Islón, en La Serena. Oficio		43	-	Medidas para enfrentar el alcoholismo. Oficio		43Pág.VIII.Documentos de la Cuenta. 	-	Oficios del honorable Senado, por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de acuerdo relativos a la Exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales:	1.	Entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Turquía (boletín Nº 2433-10)		46	2.	Entre los Gobiernos de la República de Chile y la República Helénica (boletín Nº 2434-10)		46	3.	Entre los Gobiernos de la República de Chile y la República Eslovaca (boletín Nº 2437-10)		46	4.	Entre los Gobiernos de la República de Chile y la República Francesa (boletín Nº 2432-10)		47	5.	Entre los Gobiernos de la República de Chile y la República Dominicana (boletín Nº 2435-10)		47	6.	Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica las leyes Nºs 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, y Nº 18.290, de tránsito (boletín Nº 739-07)		48	7.	Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece indemnización para los Ministros de la Corte Suprema (boletín Nº 2461-05)	48	8.	Moción de los diputados señores Delmastro y Orpis, que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa (boletín Nº 2486-07)		52	9.	Moción de los diputados señores Melero, Moreira, Olivares, Orpis, Leay, Jiménez, Pareto y de la diputada señora Pérez, doña Lily, que permite a los vecinos cerrar calles y pasajes con el objeto de prevenir acciones delictuales (boletín Nº 2487-06)		53	10.	Moción de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Bustos y Encina, que limita la exigencia establecida en el Nº 4 del artículo 13 de la ley Nº 18.290, a los conductores profesionales (boletín Nº 2488-15)		54	11.	Moción de los diputados señores Navarro, Sánchez, Longton, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arratia, Barrueto, Rojas, Jarpa y Letelier, don Juan Pablo, que establece una reforma constitucional para crear la iniciativa popular en la formulación de las leyes (boletín Nº 2489-07)		55	12.	Moción de los diputados señores Encina, Pérez, don Aníbal; Núñez y Tuma, que extiende el ámbito de aplicación de normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales (boletín Nº 2490-07)		57	13.	Moción de los diputados señores Navarro, Sánchez, Longton, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arratia, Barrueto, Jarpa y Letelier, don Juan Pablo, que crea la Comisión de Participación Ciudadana de la honorable Cámara de Diputados (boletín Nº 2491-16)		60Pág.	14.	Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión acerca del proyecto que modifica el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, sobre saneamiento de propiedad (boletín Nº 2241-12)(S)		62IX.Otros documentos de la Cuenta. 	1.	Comunicación:-Del jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual informa de los siguientes cambios permanentes:a)	en la Comisión de Familia, el diputado señor Walker reemplazará al diputado señor León;b)	en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, la diputada señora Rozas reemplazará al diputado señor Walker, y c)	en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el diputado señor León reemplazará a la diputada señora Rozas.	2.	Oficio: -De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, “facultada para constituirse en Comisión investigadora con el objeto de analizar las medidas y planes existentes para enfrentar un terremoto y maremoto en el país, especialmente en las regiones I y II”, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para que se le conceda un nuevo plazo de 60 días para emitir su informe. 
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (75)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Alvarado Andrade, Claudio	IND	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Arratia Valdebenito, Rafael	PDC	VI	35Bartolucci Johnston, Francisco	UDI	V	13Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Rozas Velásquez, María	PDC	RM	17Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Coloma Correa, Juan Antonio	UDI	RM	31Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Delmastro Naso, Roberto	IND	X	53Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Fossa Rojas, Haroldo	RN	VIII	46Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García Ruminot, José	RN	IX	50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UCCP	VI	32González Román, Rosa	IND	I	1Gutiérrez Román, Homero	PDC	VII	37Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hernández Saffirio, Miguel	PDC	IX	49Ibáñez Santa María, Gonzalo	IND	V	14Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jeame Barrueto, Víctor	PPD	VIII	43Krauss Rusque, Enrique	PDC	RM	22Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	30Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mesías Lehu, Iván	PRSD	VIII	42Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monge Sánchez, Luis	IND	IX	48Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Naranjo Ortiz, Jaime	PS	VII	39Núñez Valenzuela, Juan	PDC	VI	34Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Orpis Bouchón, Jaime	UDI	RM	25Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Ovalle Ovalle, María Victoria	UCCP	VI	35Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Pollarolo Villa, Fanny	PS	II	3Prochelle Aguilar, Marina	RN	X	55Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Reyes Alvarado, Víctor	PDC	X	56Rocha Manrique, Jaime	PRSD	VIII	46Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sciaraffia Estrada, Antonella	PDC	I	2Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Soria Macchiavello, Jorge	PPD	I	2Soto González, Laura	PPD	V	14Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Valenzuela Herrera, Felipe	PS	II	4Van Rysselberghe Varela, Enrique	UDI	VIII	44Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Velasco De la Cerda, Sergio	PDC	V	15Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Walker Prieto, Ignacio	PDC	V	10Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Asistió, además, la ministra de Salud, señora Michelle Bachelet.'
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTAS	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 36ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 37ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
    
    
    IV. CUENTA	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Gobierno Interior de prorrogar por sesenta días el plazo para emitir su informe sobre las medidas y planes existentes para enfrentar un terremoto y maremoto en el país, especialmente en las Regiones Primera y Segunda.	Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quisiera saber si es la primera prórroga que solicita dicha Comisión para evacuar su informe.	Quiero dejar en claro que me voy a oponer a que las comisiones soliciten en forma reiterada prórrogas para emitir sus informes, ya que ello desvirtúa su espíritu. En consecuencia, sólo accederé a una primera prórroga.El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobada la petición con el voto en contra del diputado señor Letelier.REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE ECONOMÍA.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tuma.	El señor TUMA.- Señor Presidente, el número 10 de la Cuenta se refiere a un proyecto de ley, iniciado en moción de varios señores parlamentarios, que extiende el ámbito de aplicación de normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales. 	El primer proyecto sobre esta materia, que hoy es ley de la República, fue analizado por la Comisión de Economía de esta Cámara. En consecuencia, debe ser dicha Comisión la que analice el nuevo proyecto y no la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para enviar el proyecto sólo a la Comisión de Economía?	Acordado.	Terminada la Cuenta.QUINTA REUNIÓN DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle para rendir una cuenta sobre la última reunión del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Brasil.	La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, el 15 de marzo de este año se llevó a cabo la quinta reunión de presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes y especiales del Parlamento Latinoamericano.	A dicha reunión concurrieron los diputados señor Felipe Valenzuela, quien preside la Comisión de Minería de dicho órgano, y quien habla, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Laborales.	En aquella oportunidad, ambas Comisiones rindieron sus cuentas sobre lo que se había hecho durante el último período y presentaron sus programas a consideración del Consejo Directivo.	Los días 16 y 17 de marzo se reunió la Asamblea General y eligió sus órganos directivos, conformando la Mesa directiva de la siguiente manera: presidenta, la señora Beatriz Paredes, de México; presidente alterno, el diputado señor Ney López de Souza, de Brasil; secretario general, el senador señor Jorge Pizarro Soto, de Chile; secretario general alterno, diputado señor Belisario Solano, de México; secretario de comisiones, senador señor Daniel Baum, de Argentina; secretario de relaciones interparlamentarias, diputado señor Marco Proaño Maya, de Ecuador, y secretario de relaciones interinstitucionales, diputado señor Fausto Liz, de República Dominicana. 	También se eligió el Consejo Consultivo, entre cuyos integrantes fue designado el doctor Patricio Aylwin, de Chile; el doctor Fernando Gasparian, de Brasil; el senador Evelio Fernández, de Paraguay; el congresista Carlos Torres y Torres, de Perú; el doctor Luis Emilio Sierra, de Colombia; el senador Fernando Solano, de México, y el diputado Elías Castillo, de Panamá.	Por otra parte, considero importante informar que Chile participaba con cargos directivos en la Comisión de Derechos Humanos, de Energía y Minas y en la de Asuntos Laborales y Previsionales. En esta oportunidad, se agregaron la segunda vicepresidencia de la Comisión de Servicios Públicos y la primera vicepresidencia de la Comisión de Hábitat.	Cabe hacer presente que en las Comisiones de Energía y Minas, y de Asuntos Laborales y Previsionales diversos diputados de otros países nos expresaron su inquietud por la relativa escasa participación de nuestro país en las diferentes comisiones e instaron a nuestro representante -el Secretario General, don Jorge Pizarro- a que Chile se incorporara más activamente al Parlamento Latinoamericano.	También es importante señalar que dada la tendencia a la globalización de nuestros mercados, es muy importante que nuestro país esté representado debida y oportunamente -es la recomendación que hacemos los diputados que participamos en el Parlatino-, a través de la Cámara y del Senado, en ese organismo latinoamericano.	Por último, en la elección de la mesa directiva participaron también los diputados señores Carlos Recondo, Enrique Jaramillo, Felipe Valenzuela y la diputada que habla.	Es todo cuanto puedo informar.	He dicho. 	El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- ¿Me permite, señor Presidente?	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacerle una consulta a la diputada señora Marina Prochelle. 	En atención a que a fines de mayo se realizará en Chillán un encuentro del Parlamento Latinoamericano en el cual participarán cuatro comisiones, quiero saber qué parlamentario representará a Chile como vicepresidente.	Gracias, señor Presidente.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle.	La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, sólo puedo informar sobre lo actuado por los senadores señores Sergio Páez y Jorge Pizarro, quienes nominaron al diputado señor Juan Antonio Coloma como vicepresidente del Parlatino, en representación de nuestro país. No aparece en la cuenta, pero considero conveniente recordar que cada uno de los países integrantes de ese Parlamento ocupa una vicepresidencia en la mesa directiva. Esa es la información que tengo. Conversé con el senador señor Jorge Pizarro, y me manifestó que estaba dispuesto a contestar cualquiera otra consulta al respecto. 	Gracias, señor Presidente.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.	El señor OJEDA.- Señor Presidente, en la misma línea, creo que la respuesta de la diputada señora Marina Prochelle no es tan así. El problema radica en que se habría nominado a dos vicepresidentes. 	De manera que sería conveniente que la Mesa tomara nota de esta situación para que la aclare y le dé solución, porque la confusión producida no nos prestigia.	Gracias, señor Presidente.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así se hará, señor diputado.	Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle.	La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, lo único que puedo agregar es que la decisión que se tomó con vistas a la elección de la directiva del Parlamento Latinoamericano escapa a mi competencia como informante. De manera que le ruego al diputado señor Ojeda que, si lo tiene a bien, converse el problema con el señor Jorge Pizarro, senador de su partido, quien es secretario general del organismo.	Gracias, señor Presidente.El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En todo caso, la Mesa ha tomado nota del asunto. 
    
    
    V. ORDEN DEL DÍAPERFECCIONAMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS. Tercer trámite constitucional.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que crea el Fondo de garantía para pequeños empresarios, deroga la ley Nº 18.645 y dicta normas que indica.	Antecedentes:	-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2426-03, sesión 39ª, en 11 de abril de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En discusión. 	El señor NÚÑEZ.- Pido la palabra.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en la sesión del 7 de marzo, la Sala conoció el informe que me correspondió entregar sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.472, crea el Fondo de garantía para pequeños empresarios, deroga la ley Nº 18.645 -sobre el Fondo de garantía para exportadores no tradicionales- y dicta otras normas que indica.	La Cámara aprobó por unanimidad el proyecto, que, luego, pasó al Senado, donde fue discutido por las Comisiones de Economía y de Hacienda y, posteriormente, por la Sala. Durante su análisis, el Senado acordó modificar el texto del artículo 2º, a fin de evitar posibles ambigüedades, y amplió el plazo para acogerse a la exención del impuesto de timbres y estampillas, del 31 de agosto de 1999 al 31 de diciembre del mismo año, en atención a que la discusión de esta iniciativa ha demorado mucho tiempo. 	Las modificaciones introducidas por el honorable Senado son muy pequeñas:	En el artículo 2º eliminó la frase “aquellos préstamos o leasing otorgados con la garantía del mismo o”, ubicada a continuación del verbo “repactar”, con el objeto de evitar ambigüedades en la interpretación de la ley.	En el artículo 3º reemplazó “agosto” por “diciembre”, con el objeto de ampliar el plazo, del 31 de agosto al 31 de diciembre de 1999, a fin de hacer efectiva la exención del pago del impuesto ya mencionado, en atención a la demora que ha sufrido la tramitación del proyecto.	Por último, anuncio los votos favorables de la bancada democratacristiana a las modificaciones introducidas por el honorable Senado, con el objeto de que este proyecto, esperado por los pequeños y medianos empresarios de todo el país, sea despachado en esta sesión.	He dicho.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.	El señor ENCINA.- Señor Presidente, también quiero anunciar que los diputados de la bancada socialista concurriremos con nuestros votos favorables a la aprobación de este proyecto, que reviste enorme importancia para la pequeña y mediana empresa, sector de la economía chilena que está muy abandonado.	La iniciativa incrementa los recursos del Fondo de garantía para pequeños empresarios en alrededor de 30 millones de dólares, los cuales se multiplican al garantizarse hasta el 80 por ciento de los créditos que tengan dichos empresarios. 	Al margen de eso, considero importante la política seguida por la Cámara, en cuanto a avanzar en una serie de medidas en favor de la pequeña empresa, en armonía con una de las promesas hechas por el Presidente Ricardo Lagos y que debería definirse este año. El funcionamiento de un comité público y privado para la pequeña empresa es una buena señal del Ministerio de Economía hacia los distintos actores involucrados. Sin embargo, considero que la Cámara debe involucrarse más en el tema. Por ejemplo, debería crear una comisión que generara -en cierta manera ya está funcionando- un estatuto de la empresa, tal como ocurre en otros países. Obviamente, con esta iniciativa los problemas de la pequeña empresa tenderán a disminuir, pero no se solucionarán. 	En definitiva, hay que avanzar en temas que son muy sensibles para la pequeña empresa: el acceso al crédito, lo que, eventualmente, en caso de incumplimientos, implica aparecer en los registros de los boletines comerciales, lo que impide acceder a créditos a cientos y miles de pequeños empresarios; los incentivos a la contratación de mano de obra -también fue una promesa de los dos candidatos que participaron en la segunda vuelta-; el apoyo a la innovación tecnológica; lograr capital de trabajo, y muchas otras medidas que creo sinceramente que irán apoyando a un sector que es el que mejor puede responder en períodos de crisis económica como el que vivimos.	Por eso, quiero hacer un planteamiento: la Comisión de Economía podría constituirse en una comisión que se preocupara preferentemente de los problemas de la pequeña y mediana empresa. De esa manera se contribuiría a diseñar una política para ese sector, la que sería un apoyo fundamental a la economía de nuestro país.	He dicho.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.	El señor FOSSA.- Señor Presidente, lo que nos ha planteado el diputado señor Encina es de enorme interés.	Justamente ayer, en una reunión que sostuvimos gran parte de la bancada transversal de la pequeña y mediana empresa con el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme, acordamos solicitar a la Cámara, por su intermedio, la formación de una comisión permanente o especial sobre ese sector de nuestra economía. De modo que lo que trae a colación el diputado señor Encina es muy pertinente.	En vista de este acuerdo, le haremos llegar por escrito esta petición de todos los colegas de la bancada transversal de la pequeña y mediana empresa.	Respecto del tema que nos ocupa, desde luego la bancada de Renovación Nacional votará a favor de este Fondo de garantía para la pequeña empresa, tal como lo hicimos en la sesión anterior.	Quiero referirme a dos puntos que planteé en esa ocasión. En primer lugar, formular un llamado a las instituciones financieras en cuanto a no desvirtuar el objetivo del proyecto al favorecer sus propios balances e impedir con ello el acceso de las Pymes a los beneficios crediticios que el Estado otorga. Es necesario tener en cuenta esta situación y reiterar el llamado, porque el Fondo de garantía está destinado a solucionar problemas de endeudamientos atrasados, sobreendeudamientos, sobregiros o, en algún momento, facilitar capital de operación, de trabajo, nuevo o de inversión, y no mejorar -como digo- los propios balances de las instituciones financieras.	En segundo lugar son lamentables los atrasos en que se incurre en el proceso legislativo; porque si nos fijamos en lo que indica el honorable Senado, se sustituye el 31 de agosto de 1999 por el 31 de diciembre de 1999, y se dan 90 días para que los interesados en acogerse al Fondo puedan reprogramar. Resulta que los 90 días vencieron el 31 de marzo, lo que significa que, para este efecto, el Fondo de garantías para la pequeña y mediana empresa, Fogape, llega atrasado. Es una realidad lamentable, y espero que la banca o las instituciones financieras puedan prorrogar los plazos y acoger las necesidades de los deudores de las pequeñas y medianas empresas. 	No obstante estas dos observaciones, votaremos a favor las enmiendas del Senado.	He dicho.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, nuestra bancada va a concurrir con sus votos a la aprobación de las modificaciones.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Diputado señor Orpis, el diputado señor Vilches le solicita una interrupción.	El señor ORPIS.- Se la concedo con todo gusto.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches.	El señor VILCHES.- Señor Presidente, el diputado señor Haroldo Fossa formuló una observación respecto de la cual necesitaríamos que el Ejecutivo, o quien lo represente en la Sala, se pronunciara, porque esta fecha de vencimiento es el corazón del problema que él ha señalado. En efecto, es la clave para que el acogerse a este beneficio tenga vigencia; de lo contrario, lisa y llanamente, nace muerto. Creo que hay que buscar el camino para consensuar una solución.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Con la venia del diputado señor Orpis, tiene la palabra, para aclarar este punto, el diputado señor Tuma.	El señor TUMA.- Señor Presidente, en realidad, el proyecto de ley establece, con la modificación del Senado, que podrán acogerse a este beneficio aquellos pequeños empresarios que tengan carteras vencidas hasta el 31 de diciembre. Originalmente, la Cámara había aprobado que sólo podían acogerse a este beneficio aquellos que tenían cartera vencida al 31 de agosto. Lo que hace el Senado es ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre para aumentar el número de beneficiarios de este fondo. La ley establece un plazo de 90 días, a contar de la publicación de la ley; de manera que, tal como está el proyecto, no hay inconveniente en que las personas puedan acogerse a este beneficio. Lo que hizo el Senado fue una modificación menor.	Por lo tanto, en razón de que en el primer trámite constitucional aprobamos este proyecto en forma unánime, cuanto antes debiéramos hacerlo también ahora.	He dicho.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Con la venia del diputado señor Orpis, tiene la palabra, para hacer una aclaración, el diputado señor Núñez.	El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, realmente se ha producido una confusión. El proyecto original decía que el plazo para acogerse a este beneficio vencía el 31 de marzo, pero esa fecha fue cambiada por “dentro de los 90 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley”.	Comprendo el equívoco del diputado señor Fossa, porque ésa era la iniciativa original. En la Cámara, dicha frase fue sustituida.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, el diputado señor Fossa me solicita una interrupción que, por su intermedio, se la concedo.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fossa.	El señor FOSSA.- Señor Presidente, efectivamente, había una interpretación errónea de mi parte.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Orpis.	El señor ORPIS.- Señor Presidente, a las aclaraciones de todas las bancadas representadas en el Parlamento, sólo me resta precisar que la duda presentada por el diputado señor Fossa no es atendible, porque los pequeños y medianos empresarios podrán optar al beneficio, tal como lo prescribe el artículo 2º del proyecto. El Senado ha hecho mínimas modificaciones que no cambian el sentido del proyecto aprobado por la Cámara, sino que, por el contrario, lo aclaran aún más.	Con el objeto de que los pequeños empresarios puedan optar a ese beneficio, nuestra bancada dará sus votos favorables.	He dicho.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, el proyecto tiene tres objetivos bien claros. El primero, derogar la ley Nº 18.645, fusionando el Fondo de garantía para exportadores no tradicionales con el Fogape; el segundo, ampliar la garantía del Estado a la renegociación de pasivos, y tercero, otorgar una exención transitoria del pago del impuesto de timbres y estampillas en favor de las Pymes, para los casos de reprogramación de deudas con entidades financieras. Este último punto tiene, para mí, especial importancia. La exención temporal del pago del impuesto de timbres y estampillas en favor de las Pymes es razonable en la medida en que permitirá atenuar los efectos de la crisis económica.	Asimismo, la ampliación del plazo de exención del impuesto, propuesta por el Senado, aparece como razonable, dada la tardanza en el uso de urgencias dispuestas por el Ejecutivo. Pero estimo que una futura norma debiera plantear derechamente la eliminación de este impuesto, pues ha generado innumerables trabas para el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, respecto de los cuales debemos tener una especial preocupación, ya que son los que generan la mayor cantidad de empleos.	Por lo tanto, me permito insistir en que deberíamos presentar una indicación para que esta norma sea permanente y no transitoria.	He dicho.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	Si le parece a la Sala, se aprobarán las modificaciones del Senado.	Aprobadas.	Despachado el proyecto.NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Primer trámite constitucional. (Continuación).	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Corresponde continuar, en primer trámite constitucional, la discusión en general del proyecto de ley que establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana.	Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.	El señor PALMA (don Osvaldo).- Señor Presidente, la enfermedad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana constituye un grave problema de salud pública que tiene en jaque al mundo entero y que ha hecho, en alguna medida, cambiar las conductas humanas. Esto último es el verdadero objetivo de los programas de control. Todo el resto, si bien no deja de ser importante, es secundario y tardío, pues el daño ya está hecho, dado que en este momento no existe en el mundo un control absoluto de la enfermedad y, con los medicamentos disponibles, la muerte de los pacientes afectados es una posibilidad real.	Nuestro sector está de acuerdo en crear instancias especiales para el tratamiento de los enfermos con el virus de la inmunodeficiencia humana, como se pretende con el proyecto, a pesar de haber manifestado al inicio de su estudio en la Comisión de Salud, al igual que varios parlamentarios, que en el Código Sanitario existen los mecanismos para crear las normas necesarias para un tratamiento adecuado.	Pero los graves problemas, la gran incidencia y el deterioro que ocasiona en las personas y en su entorno social, que el proyecto bien pretende mejorar dando prioridad a muchos aspectos de la enfermedad que adquieren diferentes resultantes y que, al igual que otras patologías que ocasionan también daños diferentes y mayores en los aspectos físico, síquico y social, constituyen las razones, entre otras, que ameritan un tratamiento médico y legal diferentes para esta enfermedad. En eso estamos dispuesto a colaborar y creemos que nadie se puede restar a esta intención.	Importante lugar ocupa en el proyecto el trato igualitario a los afectados. Es innegable la discriminación que existe contra los portadores del VIH, consecuencia de la masiva desinformación y de intereses ajenos a la salud, no siempre buenos: sensacionalismo, falta de cultura e ignorancia, problema también endémico en la sociedad actual.	Pero la igualdad en el trato a las personas en deberes y en derechos también está garantizada en nuestra Constitución Política. Lo necesario es exigir el cumplimiento de las leyes y no sólo hacerlas. Y no somos justos si protegemos a unos, aunque sean menos y más débiles, y olvidamos la obligación de proteger siempre a todos, aunque sean más y más fuetes; a sanos y enfermos. Somos justos si protegemos y tratamos igual a todos. Si bien esto constituye una discriminación positiva en relación a otras enfermedades que también causan daño grave a la humanidad, como la hepatitis, éstas no tienen el sensacionalismo que la prensa ha creado en torno al VIH, originando desinformación y falsos miedos, prejuicios negativos, hasta en los mismos miembros del equipo de salud, los que se han disipado con el aumento del conocimiento de la enfermedad, pero que aún existen y que en la mayoría de los casos no tienen fundamentos, pues todos pueden compartir sus vidas, sus trabajos con pacientes portadores del VIH sin mayor riesgo que el normal, quedando ya su contagio casi en un ciento por ciento restringido sólo al contacto sexual.	Mientras no solucionemos el problema cultural, será necesario proteger a estas personas del maltrato y la discriminación. Mientras nuestra sociedad tenga sus problemas de principios, debe existir este tipo de leyes, innecesarias en una sociedad justa y buena.	Un punto conflictivo es la decisión voluntaria o la indicación médica del examen, siempre con la reserva y resultados confidenciales. Contra la opinión de muchos, razón por la cual solicito votación separada del artículo 9º, persisto en la indicación médica del examen en ciertas circunstancias. Creo que debe llegar a ser una rutina normal, como muchos otros exámenes, por ejemplo, el VDRL para detectar sífilis, la baciloscopia para pesquisar una tuberculosis o cualquier toma de muestra de sangre para detectar una hepatitis u otra enfermedad, a fin de proteger al enfermo y al resto de la comunidad, ya que esto último será siempre obligación de los organismos de salud, como principio básico.	Hay muchas situaciones que obligan a adoptar medidas especiales para no aumentar la posibilidad de contagio, como sucede con una embarazada al momento del parto. Son muchas más las posibilidades de contagio del recién nacido por parto normal que por cesárea. También son especiales las condiciones de los recintos carcelarios, donde existe un alto número de reclusos y reclusas portadores de VIH. Las condiciones de hacinamiento llevan a un alto grado de promiscuidad, con conductas sexuales que aumentan la posibilidad de contagio a los sanos. Estas situaciones podrían evitarse con un examen al ingresar a tales recintos, con el objeto de tomar las medidas especiales que se consideren necesarias para disminuir la posibilidad de contagio, esto es, proteger a los sanos, lo cual no constituye discriminación contra los enfermos y sí una medida de prevención de salud habitual.	De todas maneras, con los reparos señalados, votaré a favor en general el proyecto en debate y recomiendo lo mismo a mi bancada, en especial por las características que esta pandemia ocasiona en las personas y en la sociedad toda y que es necesario tratar y evitar con las medidas generales de nuestras normas médicas vigentes y con las disposiciones especiales que propone el proyecto, con las cuales pretendemos optimizar los resultados de este grave problema de salud.	He dicho.	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.	El señor ROJAS.- Señor Presidente, considero fundamental atacar de raíz el problema que aborda esta iniciativa legal.	No hay duda de que el Sida es un tema de salud pública y que corresponde al Estado ejecutar las acciones de prevención destinadas a impedir la propagación de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, adoptar medidas para su prevención y tratamiento y asegurar el respeto de los derechos y dignidad de las personas contagiadas.	En la actualidad, todas las enfermedades transmisibles en Chile son un tema tabú. Las personas que las sufren son discriminadas por la sociedad y, en mi concepto, incluso por el Estado. Sólo algunas instituciones privadas parecen dar algún tipo de apoyo a los enfermos, pero los recursos económicos y humanos son escasos e insuficientes para atender tan complejas y onerosas necesidades.	El tema del Sida es una realidad latente en Chile. Recordemos que el primer caso se notificó en 1984 y que hasta el 30 de septiembre de 1999 se han notificado 3.262 enfermos y 3.963 portadores asintomáticos y se ha informado el fallecimiento de 2.157 aproximadamente en las 13 regiones del país.	Hay que destacar que las tasas acumuladas más elevadas corresponden a las regiones Metropolitana, Quinta, Segunda y Primera, y que la exposición sexual tiene el más alto porcentaje de incidencia en estos casos.	También es importante señalar que el grupo etario más afectado se ubica entre los 20 y 49 años, donde se concentra el 85 por ciento de los casos, situación de gran trascendencia social, por tratarse de personas en plena productividad laboral y actividad sexual.	Claro está que no atacar oportunamente el Sida tendrá en los próximos años un impacto económico significativo en el desarrollo social y productivo del país. Entonces, debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para dictar una normativa eficaz e ir en ayuda de todas las personas que padecen la enfermedad. 	La multiplicidad de factores involucrados en la propagación de la enfermedad, tales como género, orientación sexual, condiciones de vida y nivel de desarrollo, acceso a la educación y a los servicios de salud, principalmente, ayudarán a que el fenómeno del Sida no sea considerado sólo desde una mirada biomédica, sino que se desarrolle un enfoque integral e interdisciplinario que incorpore las condiciones sociales y comunitarias en el acercamiento, análisis y búsqueda de solución al problema. Para ir en ayuda de enfermos terminales se requiere, sin duda, recursos económicos y campañas masivas de difusión pública para prevenir el contagio.	El Sida no sólo implica una enfermedad física, sino que se equipara a la lepra de los tiempo bíblicos y, a diferencia de otras enfermedades transmisibles, resulta difícil de abordar porque uno de sus principales aspectos se ubica en el ámbito de la privacidad de las personas, como es la sexualidad y todo lo que se desarrolla en torno de ella. 	Es también claro que no sólo ataca a las personas con prácticas homosexuales, sino a toda la población. Inclusive, sabemos que niños inocentes padecen el mal. Por tanto, será importante acoger la cooperación de la comunidad internacional para la prevención y tratamiento de esta pandemia, como también supervigilar las acciones que se realicen en el ámbito nacional, y en especial encontrar soluciones de carácter económico para ir en ayuda de los enfermos terminales.	Es importante reconocer la ignorancia colectiva que existe sobre el tema, lo que debiera impulsarnos con mayor fuerza a generar medidas de prevención y educación, especialmente en el ámbito escolar.	Todos sentimos temor de que un hijo nuestro sea compañero de un alumno infectado. El niño enfermo no tiene culpa, tampoco el nuestro ni los padres; ello obedece a la ignorancia colectiva de no saber con certeza cuáles son las causas de transmisión y las formas de evitarlas. Por ello, es fundamental establecer mecanismos de información en los colegios, en los centros de educación superior y en todos aquellos grupos sociales que nos permitan educar a la población, crear conciencia y cultura colectivas sobre los reales alcances de la enfermedad y así superar el desconocimiento que existe sobre ella.	Asimismo, hay que promover las acciones conducentes a la investigación científica, adoptar medidas para el tratamiento y rehabilitación y arbitrar los medios para que la población tome conocimiento adecuado sobre la forma de prevenir la transmisión y contagio del virus. No debemos olvidar que en el mundo ya existen aproximadamente 30 millones de personas que viven con el virus, sea como portadores o como enfermos.	Es necesario destacar que el capítulo I de la Constitución Política de la República establece la igualdad en dignidad y derechos a todos los chilenos. Por ello, si a la persona enferma se la discrimina, es nuestro deber buscar una legislación que permita el tratamiento igualitario en el ejercicio de sus derechos e impedir su discriminación y, por el contrario, buscar las mejores formas para reinsertarla en la sociedad.	Por último, quiero expresar el reconocimiento público, en la persona del padre Baldo Santi, a todas aquellas instituciones y personas que se dedican al cuidado de los enfermos, entregándoles amor y cariño. A la gente que hoy nos acompaña le digo que votaré a favor el proyecto, a fin de que no se discrimine a los enfermos, porque son parte de nuestra sociedad.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia.	El señor ARRATIA.- Señor Presidente, mi intervención es en mi doble calidad de diputado y de médico.	Para nadie es un secreto que era necesario legislar sobre la materia.	En primer lugar, debo hacer un reconocimiento a las autoras de la iniciativa. En la Comisión de Salud vimos la intensa participación de las diputadas señoras Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa. Debemos reconocer ese esfuerzo y preocupación, porque la iniciativa fue de ellas y no necesariamente de los integrantes de la Comisión que nos incorporamos a su estudio.	Después de todo lo que ya se ha dicho sobre el proyecto, un grupo de parlamentarios hicimos una observación que está avalada, precisamente, en el ejercicio de la profesión de médico.	Cuando un paciente es sometido a una intervención quirúrgica no se le ocurre decirle al doctor que no le haga un electrocardiograma, un hemograma, un examen de sangre o un examen completo, porque con ello pone en riesgo el resultado de la intervención. Por otra parte, la responsabilidad que asume el médico desde el momento en que inicia una intervención es tal que, incluso, si no es asumida adecuadamente puede tener efectos legales.	Desde ese punto de vista, nos preocupa lo que establece el artículo 9º del proyecto al señalar que “Todo examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito la voluntad del interesado o de su representante legal”. Esta frase atenta, precisamente, contra el ejercicio de la profesión y, sobre todo, contra la salud del paciente.	Todo el mundo sabe que los pacientes que sufren la enfermedad son inmunitariamente deprimidos. ¿Qué resultados puede esperar un médico que opera de vesícula, que pone un by-pass aortocoronario, que hace un trasplante renal o lo que sea, si el paciente está inmunitariamente deprimido? Eso es atentar, derechamente, contra la vida del paciente, y quienes ejercemos la profesión de médico no lo podemos aceptar. 	Aún más, hay otro tipo de pacientes, como las embarazadas, en las cuales una detección precoz de la enfermedad puede permitir que el niño en gestación no se infecte en el momento del parto y sea sano de por vida. Al no hacer el examen correspondiente, se está atentando contra el derecho a la vida del niño, lo cual es muy importante.	Además de estas situaciones de orden profesional y técnico existen también lo que llamamos poblaciones de alto riesgo, respecto de las cuales vamos a decir cosas que, a lo mejor, nunca se mencionan. 	Las cárceles en Chile, por su precariedad y el hacinamiento que en ellas se produce, debido a una mala legislación y a la falta de recursos, se transforman en lugares de alto riesgo.	En 1969, junto al actual senador, señor José Antonio Viera-Gallo, y a un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, visitamos la cárcel pública de Santiago. En ese entonces, y nada ha cambiado hasta hoy, el personal de Gendarmería nos señaló un sector destinado a los homosexuales, en el cual todos los presos estaban vestidos de mujer. Preguntamos si eso era normal y la respuesta fue afirmativa. Nos decían que cuando los presos estaban muy presionados les daban libertad para que se desahogaran permitiéndoles a los otros presos que circularan por los sectores en que había personas que ejercían el comercio sexual o que tenían tal calidad. 	Sin duda, esto transforma a las cárceles con muchos detenidos en una población de alto riesgo. Pero el asunto es más grave todavía. Sabemos que la persona que ingresa a la cárcel y no tiene dinero para pagar seguridad dentro de ella -digámoslo con todas sus palabras- es pasado por las armas. ¡Esa es la verdad! ¡Digámoslo claramente! ¡Por qué lo vamos a ocultar! El que paga seguridad no tiene problema, pero el que carece de ella sirve para el desahogo de los otros. Por lo tanto, el acto no es voluntario; si lo fuera, el riesgo lo asume quien lo hace; pero si no lo es, alguien debe defender a esa persona, lo cual se hace a través de una legislación que regule esas poblaciones de alto riesgo.	Y digámoslo derechamente: con el proyecto en debate estamos defendiendo -no sólo me hago partícipe de él, sino que felicité a la doctora Fanny Pollarolo por esta gestión- una iniciativa buena, necesaria y justa. En efecto, era necesario evitar la discriminación contra las minorías, pero ello no puede significar poner en riesgo a 14 millones y medio de habitantes. Alguien debe tener la capacidad de regular y para eso están el Estado y los servicios de salud. ¡Esta iniciativa va en beneficio de los infectados por el virus, de los potenciales portadores y de las personas sanas! Países desarrollados en materia de salud, como Suecia y Cuba, este último con un importante desarrollo en el campo de la salud social que nadie discute a nivel mundial, ejercen un estricto control sobre este tipo de patologías.	Por ello, un grupo de diputados, entre los que se encuentran Osvaldo Palma, Carlos Abel Jarpa, Carlos Olivares y quien habla, todos médicos, tres de los cuales son miembros de la Comisión de Salud, presentamos una indicación a fin de modificar el artículo 9º en la siguiente forma: 	“Todo examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial. El examen de detección se realizará previa información a éstos acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como de las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces”.	Además, agregar el siguiente inciso segundo:	“El examen en los casos de poblaciones de alto riesgo y preoperatorios, indicaciones médicas previamente regladas por la autoridad, será obligatorio sin perder la estricta confidencialidad. El Ministerio de Salud definirá este tipo de poblaciones de alto riesgo para resguardar la salud de la población humana”.	El derecho de las mayorías, cuando se trata de la vida, esta última resguardada por la Constitución Política de la República, debe ser defendido y no puede ser puesto en duda.	Los dos últimos incisos del artículo 9º no sufrirían modificaciones. Dicen:	“La entrega de los resultados deberá efectuarse siempre personal y reservadamente al interesado o a su representante legal, a través de personal debidamente capacitado para tal efecto.	“El Ministerio de Salud reglamentará los procedimientos destinados a proporcionar la información enunciada en los incisos anteriores, así como la forma de resguardar la privacidad y confidencialidad de ésta”.	Señor Presidente, no podía silenciar lo que como profesional de la salud pienso a este respecto.	Por otra parte, creo que la iniciativa padece de una pequeña cojera: su financiamiento. Este proyecto, que evita la discriminación contra los enfermos del Sida, no tiene sentido alguno ni valor si no cuenta con financiamiento adecuado. La mayor discriminación que enfrentan los portadores del VIH es, precisamente, no contar con medicamentos que les permitan un tratamiento efectivo.	Si alguien tiene dudas respecto del artículo 9º, y si es necesario aplicar penas mucho más drásticas para quienes transgredan la confidencialidad o la honra de las personas, estoy dispuesto a ello. No se puede discriminar a los enfermos, pero tampoco a los 14 millones y medio de habitantes que no son portadores del VIH.	He dicho.	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, si bien es cierto que no soy integrante de la Comisión de Salud ni médico, la circunstancia de ser parlamentario de provincia y de atender a personas los lunes en Santiago, me ha permitido conocer antecedentes relacionados con esta enfermedad que, en un comienzo, impactó mucho a la comunidad. Tanto fue así, que se exigió a los futbolistas utilizar sus medias en forma correcta por temor a que la sangre emanada de las lesiones pudiera transmitir la enfermedad. Incluso, se llegó a comentar que el virus podía transmitirse a través de la saliva.	No obstante que los modos de transmisión han sido aclarados y la enfermedad se ha ido propagando lentamente, persiste la obligación de velar por que se tomen medidas de precaución y de apoyar las campañas de prevención que sean necesarias.	Conocí de cerca el drama de una madre que recibió a su hijo, un muchacho joven, proveniente de España, que había contraído la enfermedad. Luego de algunos meses, falleció. Cuando uno es padre de familia o abuelo estos hechos impactan, porque nadie está libre de que un amigo o familiar contraiga el virus o vivir el drama de quienes por no tener previsión o dinero, van muriendo lentamente. En este sentido, es conveniente resaltar el trabajo desarrollado por el padre Baldo Santi, quien, pese a la crítica de los vecinos del lugar donde instaló un hogar para recibir a los enfermos del Sida, ha continuado su labor tan necesaria y cristiana.	Hace algún tiempo, solicité algunos informes a los Ministerios de Salud y de Hacienda relacionados con la importación de drogas desde Estados Unidos, Cuba y otros países, a fin de liberarlas del impuesto de aduana. En esa misma línea, la semana pasada entregué un proyecto de acuerdo -es posible que la próxima semana o durante los primeros días de mayo sea tratado en la Sala- que, para mayor comprensión, leeré in extenso:	“Primero: que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19, Nº 9, garantiza la protección de la salud de la persona y obliga al Estado a proteger a la población en la recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo;	“Segundo: que la Constitución Política del Estado en su artículo 19, Nº 10, otorga especial protección al ejercicio del derecho a la educación en el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida;	“Tercero: que el Sida es una enfermedad crónica que preocupa a la población, que aumenta día a día y que necesita acciones eficaces y rápidas de control y prevención;	“Cuarto: que la política del supremo Gobierno es clara en estos aspectos y se refleja en la coordinación y control de acciones relacionadas con la materia, a través de la Comisión Nacional del Sida y que para complementarla es necesario establecer medidas de control y prevención a todo nivel y ámbitos de la vida ciudadana;	“Se acuerda: solicitar a su Excelencia el Presidente de la República y, por su intermedio, a los ministerios involucrados, que se estudie un nuevo estatuto jurídico de la Conasida, equivalente al de organismos dependientes, igual que otros existentes en diversos ministerios y en el de Salud. El nuevo estatuto jurídico de Conasida no generará más gastos al Estado, puesto que ocuparía la misma planta administrativa que posee, con igual presupuesto.	“Asimismo, que se estudie incluir esta enfermedad en la categoría de enfermedades catastróficas, por los efectos socioeconómicos que provoca, como también se diseñen planes de estudio para la educación básica y media, como una forma de ayudar a la prevención de dicha enfermedad”.	Quiero confirmar lo que decía el colega Arratia acerca de la preocupación que deben tener las autoridades de Gendarmería con los detenidos en las cárceles, ya que la promiscuidad allí existente, demostrada con los antecedentes entregados por dicha institución, y la cantidad de los mismos, que sobrepasa la que se suponía que podía haber en este tiempo, exige dedicar especial atención a tales detenidos y a las medidas de control que deben aplicarse.	Por último, anuncio que votaremos a favor del proyecto.	He dicho.	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Naranjo.	El señor NARANJO.- Señor Presidente, quiero expresar mi profunda satisfacción porque hoy, tal como en la semana pasada, estamos abocados a este tema, ya que en 1993, en mi primer período parlamentario, junto con los doctores y diputados socialistas Isidoro Tohá, Carlos Smok y Vladislav Kuzmicic, presentamos el primer proyecto para abordar el tema del Sida. Lamentablemente -debemos reconocerlo hoy-, en aquella época no se estudió su importancia ni se trató con la prontitud que requería.	Fue así como en mi segundo período parlamentario, con las diputadas señoras Fanny Pollarolo, María Antonieta Saa, con el ex diputado Vicente Sota y con el diputado Ignacio Walker, presentamos una nueva iniciativa para tratar el tema con la profundidad que requiere debido al vacío legal existente en el país sobre la materia.	En este sentido, quiero reconocer muy sinceramente el trabajo que desarrolló la Comisión de Salud de la honorable Cámara, porque los distintos diputados, pertenecientes a bancadas diversas desde el punto de vista ideológico, fueron capaces de hacer un aporte significativo y mejorar el proyecto en los términos en que hoy lo está conociendo la Sala. Es digno de destacar el trabajo serio y profundo que hicieron los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara, lo cual ha permitido que la Sala considere ahora el proyecto.	En ese sentido, quiero señalar que aquí cabe una responsabilidad principal del Estado chileno, porque el Sida, al igual que otras materias, tiene que ver estrictamente con los derechos humanos de quienes se ven afectados por esta situación. La importancia del tema radica justamente en los comportamientos que debe tener la sociedad para respetar la dignidad básica de las personas frente a esta situación. ¿Y qué hemos visto durante estos años? El aislamiento, la discriminación y la estigmatización de quienes están enfermos de Sida. Ello constituye no sólo un obstáculo en su lucha, sino, además, un atentado contra la dignidad del ser humano.	Digámoslo con franqueza: la experiencia histórica y los especialistas en este tipo de materias nos enseñan cómo debemos actuar contra la enfermedad, pero nunca lo que debemos hacer para enfrentarla. La conducta típica que se ha tenido en el caso del Sida ha sido, con frecuencia, el rechazo, más que adoptar las medidas necesarias para controlar y contener el avance de esta mortal enfermedad.	No hace mucho, se usaba incluso el castigo, como si la enfermedad constituyera en sí un crimen. De igual forma, eran frecuentes las segregaciones, expulsiones e incluso la detención de los enfermos.	La historia nos ha demostrado en este tipo de materias que ninguna barrera ha sido capaz de impedir la expansión de una enfermedad. Por tanto, las razones de salud pública no pueden ser aducidas como meritorias y justificativas de una política de segregación.	Bajo el pretexto de combatir el Sida en nuestro país y en otros lugares del mundo, prostitutas, drogadictos y homosexuales han sido frecuentemente víctimas de la represión y de la exclusión. Tales ataques constituyen una ofensa a la dignidad humana y una muestra evidente de la carencia de un diálogo social que permita abrir nuevos horizontes en torno al tema.	Para justificar esta discriminación, se pretendió que había un conflicto entre los derechos de la mayoría no infectada y los de la minoría infectada. De esta forma, se optó por suprimir o restringir los derechos de las personas infectadas.	Señor Presidente, éste es un falso dilema, del cual se hace cargo justamente la iniciativa que discutimos en esta honorable Sala, ya que no se trata de los derechos de los unos y de los otros, sino del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y no la negación de los mismos.	En la realidad, prácticamente todos los derechos esenciales se ven afectados de una u otra manera por las reacciones o medidas tomadas frente al Sida, lo que plantea problemas extremadamente complejos.	Como vemos, el tema no es fácil y, en consecuencia, requiere que nosotros, como legisladores, cumplamos un rol en cuanto a garantizar los derechos de los enfermos de Sida, como también del conjunto de la sociedad chilena, que puede verse afectada por esta enfermedad.	En este terreno, no se trata de abordar una legislación represiva, sino una que regule adecuadamente los derechos de los distintos sectores afectados.	En este orden de ideas, el juego de nuestras propias concepciones morales sobre el tema deben ser dejadas de lado, pues, antes que ellas, la Constitución nos ha otorgado un mandato, a través del artículo 19, numeral 1º, por el cual debemos asegurar a todas las personas el respeto a la vida y a su integridad física y síquica, siendo del todo inconducente cualquier razonamiento que intente sustentar lo contrario.	En nuestro país existe una realidad indiscutible, que se constituye por un número creciente de personas contagiadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Aquí se han entregado estadísticas que, por cierto, las comparto en cuanto a la cantidad de personas portadoras del virus. Como se ha demostrado, el Sida no afecta sólo a los grupos considerados de alto riesgo. No, el Sida puede afectar a todas las personas, y cada uno de nosotros debe tomar conciencia de esa realidad.	El carácter de incurable de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana y sus diversas formas de contagio han llevado a que la gente tenga un temor irracional a la enfermedad, lo que se traduce en discriminación y rechazo a la persona infectada en los diversos ámbitos en los cuales se desempeña. ¿Cuántas acciones en contra de los enfermos del Sida se cometen en sus lugares de trabajo? En el campo educacional, hemos sido testigos en estos años de que a los niños se les restringen las posibilidades de estudiar. Incluso -algo difícil de entender-, hay negativa de ciertos establecimientos médicos y de personal de salud para brindarles la atención indispensable.	Esa situación se ve agravada por el hecho de que los infectados son especialmente personas de entre 25 y 32 años de edad, por lo que muchas veces carecen de previsión adecuada o, como lo ha demostrado la práctica, ella resulta insuficiente, debiendo enfrentar, sin recursos adecuados, los tratamientos médicos y los altos gastos que significa la enfermedad por concepto de medicamentos.	Por otra parte, existe un período de la enfermedad durante el cual permanece asintomática, etapa en que los portadores pueden y deben hacer una vida normal. Sin embargo, en muchas ocasiones son impedidos de continuar con sus actividades y, por tanto, excluidos del ejercicio de sus derechos esenciales.	Por ser una enfermedad relativamente nueva, nuestra legislación carece de normas que protejan los derechos de los infectados y, desde otra perspectiva, que establezcan sanciones para quienes la propaguen en forma premeditada.	Por tal razón, como parlamentario socialista y autor de esta iniciativa, junto con otros diputados, considero que tanto el Gobierno como nosotros, en nuestro rol de legisladores, sin demora, debemos tomar medidas urgentes para evitar la propagación de esta mortal enfermedad, así como dedicarnos con ahínco a legislar a fin de introducir los cambios normativos necesarios que tiendan a solucionar en forma eficiente los problemas propios de los grupos infectados en todos los ámbitos del quehacer social.	Señor Presidente, como socialista, reitero que estas medidas no deben ser represivas, sino estar orientadas hacia la protección y promoción de los derechos humanos de las personas infectadas y de la comunidad en general. En este sentido, el proyecto constituye un fiel reflejo de este pensamiento.	Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, la lucha contra el Sida debe tener como centro el respeto a la persona humana, la protección contra la discriminación y el resguardo de los valores de la solidaridad y de la comprensión.	En este marco, nuestro país asume hoy un gran desafío, que dice relación con superar el temor que provoca la ignorancia y el rechazo que genera el ser intolerantes.	Por ello, frente a esta mortal enfermedad, el Estado no sólo debe garantizar el ejercicio de los derechos que pretende establecer esta nueva normativa, sino realizar una labor educativa y reflexiva en torno del tema.	En este contexto, la imposibilidad de exigir el examen por parte de quienes contratan trabajadores y la reserva de sus resultados, vienen a reforzar estas ideas y convierten la iniciativa en un instrumento indispensable para llevar a cabo este primordial objetivo.	Tal como expresó el secretario general de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1987, al referirse a este tema: “La lucha contra el Sida es también una lucha contra el miedo, el prejuicio y las acciones irracionales nacidas de la ignorancia, porque éstas son las causas de algunas de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.	En efecto, estas palabras, en su contenido y profundidad, ilustran el gran desafío que tiene por delante la conciencia humanista y solidaria de nuestra patria, cual es que todas las personas, independiente de su condición, puedan vivir, desarrollarse y morir con dignidad, así como con el respeto que, como seres humanos, merecen de otros, que se consideran a su vez seres humanos.	Finalmente, señor Presidente, quiero pedir perdón a quienes hoy nos acompañan en las tribunas, y que son portadores de esta enfermedad, por habernos demorado tanto en la elaboración y en la discusión de este proyecto, pues muchos de sus amigos, hermanos, hijos y padres ya no están junto a nosotros debido a que murieron de Sida, sin haber recibido de parte del Estado y de la comunidad chilena la ayuda y los beneficios que esta iniciativa buscaba reportarles. A ellos rindo un tributo y les pido disculpas por la discriminación y por la segregación de que han sido objeto.	Por eso, hago un llamado a esta honorable Sala, como también a la honorable Sala de senadores, para que tomen conciencia de la gravedad de esta problemática y del hecho cierto de que los portadores del VIH y los enfermos de Sida no pueden esperar, con el objeto de que se sumen a esta tarea y aprueben en definitiva y en el más breve plazo, este proyecto.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, como legisladores, tenemos la responsabilidad de elaborar normas para que exista justicia en nuestra sociedad, porque creemos que la justicia nos da la posibilidad de que en nuestra sociedad haya paz.	He expresado con mucha fuerza que la paz social es fruto de la justicia y creemos fundamental que no haya discriminación para que exista justicia.	Como médico, creo que lo más importante para que exista una sociedad sana es tener personas en perfectas condiciones de salud, entendiendo por salud el desarrollo integral de la persona, tanto física, mental, espiritual, social y cultural.	Digo esto, como una persona que sufrió la pérdida de un ser querido en el extranjero por esta enfermedad, porque Chile no le podía dar cabida en 1992.	Por eso, me siento muy reconfortado de estar hoy día en este hemiciclo, para ver despachada esta ley después de siete años, como ha dicho el honorable diputado señor Naranjo, quien junto al doctor Isidoro Tohá, a quien reemplazo actualmente, ya estaban preocupados de esta pandemia, de esta enfermedad que ha provocado más de 2 mil muertes desde 1984.	Las leyes o normas no sirven si no logramos que haya personas que sean verdaderamente solidarias. Si deseo que hoy se le haga el examen a un enfermo de Sida con la confidencialidad necesaria, es para que le podamos dar tratamiento y suministrar medicamentos; pero, más que eso, entregarle lo que más necesita: apoyo espiritual, lo que sólo conseguiremos cambiando nuestra actitud y evitando la discriminación. Para obtener eso, a través de la educación, luchamos en este hemiciclo.	No deseamos que nuestras leyes se transformen en letra muerta, como ha ocurrido con la iniciativa aprobada por este Parlamento hace dos años, que dispone que los conductores profesionales deben aprobar cursos en escuelas especializadas para obtener su licencia. Sin embargo, ahora debimos aprobar un proyecto de acuerdo destinado a postergar la vigencia de dicha iniciativa porque no tiene financiamiento.	Por lo tanto, deseo preguntar a la señora ministra de Salud cómo se financiará esta futura ley.	En Chile se tratan sólo 1.300 pacientes de un total de más de 3 mil: 750 mediante triterapia y 650 con biterapia. Nos dicen que de aquí a seis meses probablemente podrán atenderse a 2 mil, lo cual significa que más de 1.200 quedarán sin tratamiento. ¿De dónde saldrá el financiamiento, señora ministra, porque si hacemos leyes es para que tengan aplicación? ¿Qué ocurrirá con los 1.200 enfermos de Sida que no tendrán tratamiento, y con los 15 mil portadores de la enfermedad?	Como parlamentario, reitero mi consulta sobre los recursos para tratar a esos enfermos y a los que hoy día nos acompañan, a quienes rindo mi homenaje, tal como lo hizo el honorable diputado señor Jaime Naranjo.	Quiero terminar mis palabras felicitando a mis colegas Fanny Pollarolo, María Antonieta Saa, Jaime Naranjo, Ignacio Walker y al ex diputado Vicente Sota por formular la moción que originó este proyecto de ley, que esperamos sea aprobado por unanimidad.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que hay inscritos siete parlamentarios más y si cada uno usara 20 minutos, de acuerdo con el Reglamento, tendríamos dos horas de debate.	El Orden del Día termina a las 12.30 horas y por las intervenciones que he escuchado durante los dos días en que hemos analizado el proyecto, la gente que está enferma y necesita la ayuda no puede esperar. 	Para poder despacharlo hoy en general -porque debe volver a Comisión- y no seguir con el debate otro día más, ruego a los señores diputados inscritos, si lo estiman conveniente, ceñirse cada uno a tres minutos, para después dar la palabra a la señora ministra de Salud.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	A continuación, tiene la palabra la señora Lily Pérez por tres minutos.	La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, sólo quiero hacer un aporte, en virtud de lo que hoy vamos a votar todos positivamente, en relación con un proyecto que votamos la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que, sin duda, será significativo desde el punto de vista de la discriminación.	Hoy, la falta de cultura, el miedo y -por qué no decirlo de frente- la ignorancia que existe en el país respecto de las personas que han contraído el virus de inmunodeficiencia, es un asunto que debemos resolver más allá de las garantías constitucionales.	Por esa razón, quiero expresar esta mañana, con mucha fuerza, que las personas que han contraído el virus, las que están enfermas y las que se encuentran en la etapa terminal no pueden merecer nuestra caridad ni nuestra pena, sino contar con nuestro apoyo. Y eso hay que traducirlo en las leyes.	La ignorancia y el miedo causan en el país misericordia hacia las personas que sufren este flagelo y creo que no es el objetivo ni el sentimiento que nos deben inspirar. 	Por ser motivo, junto con los diputados señores Patricio Walker, Rincón y Díaz, hemos presentado un proyecto, que logramos aprobar el miércoles pasado en la Comisión de Derechos Humanos, que establece multas de 6 a 10 ingresos mínimos y penas de reclusión menor en grado mínimo para quienes vulneren no sólo la Constitución, sino todas aquellas leyes especiales en relación con la distinción, exclusión, limitación, restricción o preferencia contraria a la razón, a la justicia o a la legislación, basadas en una serie de circunstancias y discriminaciones, entre ellas, el comportamiento sexual, la enfermedad o la minusvalía.	Nos parece que va a ser un aporte porque también lo hemos incluido -con esto finalizo mis tres minutos-, a través de un nuevo artículo, en la ley de Abusos de Publicidad, ya que, además, muchas personas también incitan a hacer daño. 	¡Cuántas veces uno ha visto decir a fanáticos religiosos que el Sida es un castigo a personas que tienen un comportamiento sexual distinto! El Sida lo pueden contraer todos, incluido cualquiera de nosotros y, por tanto, no es una enfermedad o un problema que afecte sólo a los homosexuales, a las prostitutas o a las personas que usan jeringas para inyectarse. ¡El Sida lo puede padecer cualquiera! Por eso hoy debemos dar una señal muy fuerte, no sólo a los senadores y al Gobierno, sino al país, en el sentido de que tiene que dejar de lado la ignorancia -para lo cual debe ser mucho más culto- y también sus miedos y prejuicios.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.	La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme al reconocimiento que se ha hecho a mis colegas Fanny Pollarolo, María Antonieta Saa, Jaime Naranjo e Ignacio Walker. También me parece justo que se haya recordado la iniciativa de los diputados médicos socialistas en el período legislativo anterior, que mostraron preocupación desde el inicio de su primer período. 	Me alegro mucho de que en este momento nos estemos haciendo cargo de un proyecto, cuyo sentido más importante -entiendo- es reforzar las políticas públicas necesarias para que sean adecuadas, efectivas y no haya discriminación, por cuanto el Estado también tiene la obligación de hacerse cargo de la pandemia que significa infectarse con el virus de inmunodeficiencia humana.	Para eso se requieren recursos, políticas específicas y, del conjunto de la sociedad, una actitud mucho más tolerante que ayude a dejar de lado los prejuicios.	La diputada señora Lily Pérez me hacía recordar que el país, lamentablemente -lo quiero decir con respeto y también con franqueza-, sufre de muchas hipocresías. Entre otras, hubo canales de televisión que se negaron a mostrar spots sobre medidas de prevención del Sida, porque no querían que se dijera que uno de los métodos -no el único, por cierto- era usar preservativos.	Pregunto a la Sala: ¿cómo podemos hablar de dejar de lado la ignorancia, los prejuicios, el desconocimiento, si ni siquiera somos capaces de asumir como país que una de las maneras efectivas para evitar la propagación de un mal como el VIH -entre otras, por supuesto, además de una conducta responsable- es usar preservativos?	Entonces, ha llegado el momento de que seamos más sinceros entre nosotros y reconozcamos que somos responsables, como sociedad, de estos prejuicios, temores y desconocimientos. Pero no sólo eso. Me temo que estamos viviendo un momento en el cual la intolerancia, que es muy característica de nuestro país, también está presente y creo que todos hemos debido vivir con dolor el rechazo a la instalación de casas de acogida o el que produce saber que una persona es portadora, que está infectada o en una situación terminal.	Por eso, para evitar una propagación mayor del mal, hagamos verdaderamente del proyecto -y aquí está la señora ministra de Salud- un instrumento efectivo y eficaz; pero, sobre todo, comprometámonos a terminar con los prejuicios, la discriminación y de verdad a demostrar que por una vez somos solidarios, como corresponde, con todos aquellos que hoy, desgraciadamente, están infectados.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.	La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, no tenía intención de intervenir, pero escuchando el debate se me produjo una contradicción en la propuesta del diputado señor Arratia.	Me ha tocado ver el tema de la discriminación hacia los enfermos de Sida, fundamentalmente en el campo laboral, donde no sólo los empleadores, sino sus compañeros de trabajo han incurrido en una discriminación, que no solamente violenta a las personas, sino también a una comunidad que se dice civilizada. 	En esa línea, la mayor dificultad que estamos encontrando en el campo laboral apunta a que se está colocando, como parte de la obligatoriedad, el tema de los exámenes, y compartiendo la globalidad de la propuesta del diputado señor Arratia, al establecer que los representantes legales tomen conocimiento de los exámenes, desde el punto de vista laboral estaríamos dando la posibilidad para que el empleador se notifique del informe antes de que sea conocido por el afectado. Por lo tanto, mantendríamos el desequilibrio desde el punto de vista laboral, tal como está hoy e, incluso, lo estaríamos legalizando. En consecuencia, compartiendo la propuesta global, la apoyaría siempre y cuando se eliminara el elemento referido al representante legal, porque sería dar un instrumento para seguir despidiendo a los trabajadores que están en esas condiciones y que -diría- no son una minoría.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, yo, al igual que mi colega María Rozas, tampoco pensaba intervenir en este debate; pero, conversando con mi colega Fanny Pollarolo -todos reconocemos su constante preocupación por esta enfermedad- y, contándole la experiencia, muy positiva, que estaba viviendo en mi casa, me pidió que hablara, como, asimismo, la ministra de Salud.	En verdad, quiero referirme a otro punto de vista. Creo que ya estamos creando conciencia. Mi hija Isidora tiene quince años de edad. Va en tercer año medio y le pidieron una disertación en biología. Su tesis fue sobre la discriminación que sufren los enfermos de Sida. Una niña de quince años ha recorrido las calles de Valparaíso, de Viña y de Arica, haciendo una encuesta sobre la tremenda discriminación que sufren esos enfermos. Entonces, tengo en mi casa a alguien que todos los días me dice: “Mamá, tú eres diputada y, por lo tanto, tienes que arreglar este problema”.	Esta preocupación se ha extendido no sólo en el colegio de mi hija, Capellán Pascal, de Viña del Mar, sino también en los colegios de Arica. En este minuto hay un grupo muy grande de alumnas de quince, dieciséis, diecisiete y hasta de doce años que están preocupadas y que lloran -créanmelo, he visto llorar a mi hija- por la discriminación de que son víctimas los enfermos de Sida. Ya estamos creando conciencia, y deseo que esa conciencia a nivel de niñas de quince años no sólo crezca entre los parlamentarios. Hay jóvenes preocupados por aquellos, e, indudablemente, muy presionada por mi hija y, en atención a lo que sufren, no les quepa duda de que todos votaremos favorablemente este proyecto.	Pero si no se dispone del presupuesto correspondiente, el proyecto puede morir, como muchas leyes que aprobamos, por falta de recursos. 	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Velasco.	El señor VELASCO.- Señor Presidente, a todos nos toca profundamente este problema y quisiera leer, brevemente, la siguiente estadística:	En Chile, el primer caso se diagnosticó en 1984 y, hasta el 30 de septiembre de 1999, se habían registrado 3.262 enfermos y 3.963 portadores asintomáticos en las 13 regiones del país, y se había informado el fallecimiento de 2.157 personas. 	De este modo, la tasa de incidencia acumulada en el país alcanza a 24,5 por cada 100 mil habitantes.	La tasa de incidencia acumulada más elevada corresponde a la Región Metropolitana: 42,5 por ciento; y aquí quiero señalar algo que nos toca directamente a algunos parlamentarios. Las tasas en las regiones portuarias son: Quinta Región: 31,6 por ciento; Segunda Región: 18,4 por ciento, y Primera Región: 14,6 por ciento. La suma de estos porcentajes da un total de 64,6 por ciento.	Roberto Parra hizo famosa una obra realmente importante en zonas del litoral central, particularmente en el puerto de San Antonio: “La negra Esther”, cuya trama se desarrolla en un cabaret denominado “Luces del puerto”. Cuando hablamos de discriminación; cuando la honorable diputada Allende expresa que, de una vez por todas, el país debe romper la barrera de la hipocresía, propia de nuestra sociedad, quiero señalar, como portuario y diputado, que en ese cabaret de San Antonio hemos trabajado codo a codo con enfermos de Sida, en un encuentro importante con médicos, con la municipalidad, con políticos, a fin de crear la conciencia necesaria. Así como al padre Baldo Santi se le criticó por tratar de instalar una clínica u hogar en determinada comuna, en el hospital de San Antonio existe un tremendo grado de discriminación contra estas personas, que tienen tanto o más derecho que nosotros a vivir en nuestra sociedad.	Por eso -reitero-, como diputado por un distrito esencialmente portuario, me sumo a esta excelente iniciativa suscrita por parlamentarios, a fin de que, de una vez por todas, no sólo no se discrimine a estas personas enfermas en establecimientos de salud, sino también que, por sobre todo -lo digo como parlamentario de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación-, no se discrimine también a sus hijos, porque es un dolor que nadie puede soportar.	He dicho.	(Aplausos).	El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, yo tampoco pensaba intervenir, pero lo hago en atención a dos hechos.	En primer lugar, para expresar que el proyecto tuvo su origen en una moción parlamentaria y no en una iniciativa del Ejecutivo. Dentro de nuestras escasas atribuciones, debemos hacer un reconocimiento a los colegas que tuvieron la visión de presentar un proyecto de ley que significa, efectivamente, superar problemas que afectan a la población del país. 	Existe discriminación con las personas que están afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, Sida, especialmente en los niveles laboral y educacional. Es decir, en Chile vivimos en una sociedad de la cual nos sentimos orgullosos por tener la última tecnología y adelantos científicos; de que en nuestras universidades se efectúen investigaciones acuciosas y perfeccionadas; pero, por otro lado, no estamos cumpliendo con nuestro papel de poner término a esa injusta discriminación.	En segundo lugar, cuando el colega doctor Carlos Abel Jarpa hizo un emotivo recuerdo de algunas situaciones que le ha tocado vivir -a todos los parlamentarios también nos corresponde ver y analizar en nuestros respectivos distritos hechos similares-, preguntó a la ministra de Salud sobre el presupuesto requerido. Las cosas escritas quedan, y, en cambio, las palabras se las lleva el viento. Sobre el tema, sólo figura el artículo 16 del proyecto que dispone: “El gasto que involucre la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los recursos anualmente asignados en la ley de Presupuestos de la Nación, correspondientes al Ministerio de Salud y a sus servicios”. Según mi criterio, ahí está la gravedad del problema y lo digo como presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual le compete analizar la ley de Presupuestos. En 1998, un grupo de parlamentarios de esa Comisión solicitamos al Ejecutivo descentralizar los presupuestos de los 29 servicios de salud del país. Ello representó un año de trámites legislativos internos con el Ejecutivo y sólo lo logramos el año pasado durante la discusión de la ley de Presupuestos de la Nación del año 2000. Es decir, a contar del 1 de enero, el presupuesto de los 29 servicios de salud se descentraliza, lo cual significa mejorar todo el servicio en las regiones, provincias y comunas.	Por eso, hoy asumiré un compromiso como parlamentario. Nuestra gran tarea consiste en demostrar en los hechos -no en función de los aplausos- nuestra responsabilidad de hacer conciencia en el Ministerio de Hacienda en cuanto a crear un fondo para el financiamiento de la futura ley. En caso contrario, las mismas personas afectadas y que viven en carne propia esa situación, concurrirán al Ministerio de Salud para enrostrar a la señora ministra el desfinanciamiento de la ley. Ése es el tema, lo cual es injusto y no corresponde a la realidad.	Por ello, propongo que, después de la votación de la iniciativa, su Señoría recabe el acuerdo de la Sala para pedir que en el Presupuesto del 2001 se cree un fondo para financiar la moción.	Asimismo, como se han presentado dos indicaciones, propongo prorrogar por diez minutos el Orden del Día para votar, en primer lugar, el proyecto en general, y luego, las dos indicaciones. De no ser así, el proyecto tendría que volver a la Comisión de Salud, lo que demoraría por lo menos dos semanas más.	He dicho.	(Aplausos).	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, oportunamente se solicitará el acuerdo de la Sala para pronunciarse sobre sus proposiciones.	Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, con el diputado señor José Miguel Ortiz habíamos concordado en lo provechoso que sería una acción concreta complementaria a este importante proyecto, el cual, más allá de sus enunciados específicos, reviste gran valor cultural, aparte de que un Poder del Estado reconoce que hay discriminación y la necesidad de políticas públicas para su superación.	Por ende, al igual como la diputada señora Fanny Pollarolo y el diputado señor Naranjo han expresado la opinión formal de esta bancada, deseo plantear la creación de un fondo en la partida Ministerio de Salud de la ley de Presupuestos para solventar tratamientos y la adquisición de medicamentos a personas portadoras de Sida.	En la actualidad, el Ministerio de Salud hace mucho con la transferencia de recursos a las diferentes situaciones que se presentan; pero la falta de un ítem determinado para transferir recursos específicos para ampliar un programa de medicamentos, por ejemplo, impide saber muchas veces si se está focalizando en forma adecuada, si se es eficaz o no.	En este aspecto, cabe destacar el tremendo esfuerzo que deben realizar cada cierto tiempo algunas instituciones vinculadas a grupos de sacerdotes o de monjas, que operan tanto en Santiago como en Rancagua, focalizadas en niños portadores de Sida, para conseguir recursos que permitan financiar los tratamientos. Muchas veces, el Ministerio de Salud ha concurrido en su ayuda, pero, a mi juicio, éste y el Congreso deberían dar una señal clara sobre la materia y pedir al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos la apertura de un programa especial para la adquisición de medicamentos, como un compromiso que concretaríamos a fines de año, durante el estudio de la ley de Presupuestos. Así, progresivamente, aseguraríamos la entrega de medicamentos a quien los necesite.	He dicho.	(Aplausos).	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.	La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, quiero agradecer, muy sinceramente, la buena disposición y sensibilidad de los colegas presentes en la Sala -lo hice también con los diputados de la Comisión de Salud-, frente a un tema nuevo, complejo y difícil, en el cual había que poner mucha razón y mucho corazón.	A mi juicio, ahora se comprende mejor la primera pregunta que surge sobre el tema: ¿por qué legislar respecto de una patología en circunstancias que hay otras, también muy serias, graves, dolorosas, que implican un alto riesgo para la vida humana? Se capta más que no estamos hablando de una infección cualquiera, pues existe cierto grado de complejidad, debido a factores culturales y discriminatorios que hieren no sólo la ética y nuestros propios compromisos, sino que también atentan contra las políticas de prevención. Asimismo, porque se trata de una pandemia que nos obliga a acciones muy decididas para impedir llegar a la dramática situación que enfrenta el continente africano, donde a esta altura hay países en que cerca del 40 por ciento de la población está afectada por el Sida.	En la actualidad, se entienden y se aceptan con mayor comprensión las causas y consecuencias de esta enfermedad. Por eso, surge la necesidad legislativa de impulsar una efectiva política de Estado que aborde los dos problemas: política de prevención, muy completa y científica, y, por la vía de la sanción, además de la educación, asegurar la no discriminación.	Por otro lado, también ha sido muy importante referirse al problema del financiamiento. Para el médico es realmente dramático verse en la obligación de elegir a quién entregará la triterapia -la terapia completa- y a quién tendrá que postergar. Tanto el Ministerio como las autoridades comprenden las grandes peleas, dramáticas, dolorosas, fuertes, que, respecto de estas decisiones, realizan las organizaciones de quienes viven con el VIH. Por ello, aquí se están dando pasos muy importantes y realistas.	Asimismo, propusimos trabajar por la creación de un fondo formado con recursos del Estado y con aportes de fundaciones, que permita a la sociedad hacerse cargo de este doloroso problema.	Por último, quiero referirme al otro punto del debate habido en la Comisión y, ahora, en la Sala, expresado en una indicación.	Comprendo a los diputados -colegas por partida doble, por su condición de diputados y de médicos- señores Osvaldo Palma y Rafael Arratia, quienes han sido muy sensibles en el análisis y elaboración del proyecto. Sin embargo, discrepo de ellos en un punto muy importante. A mi modo de ver, están comparando inadecuadamente el examen del VIH/Sida con cualquier examen de laboratorio. Estimo que el enfoque biomédico no se ajusta a la realidad de lo que estamos planteando. Lo que importa, en definitiva, no siempre es el resultado, el efecto. El debate no es si se hace o no el examen, sino cómo se hace. Si se realiza de manera obligatoria, coercitiva, no se logra el efecto buscado: cambiar de conducta. Por eso, debe ser voluntario, sobre la base de la información y de la asesoría. Hoy, el asesoramiento es clave.	Los invito a leer el informe de Onusida, de 1997, proporcionado por las organizaciones que viven con el VIH. En él se privilegia el asesoramiento por sobre todas las acciones que dependen de recursos especiales. En efecto, logra, entre otros propósitos, recuperar la confianza, valorar el diálogo y disminuir la ansiedad, y ayuda a realizar no sólo las conductas sanatorias, sino también las preventivas.	Por esa razón, pido que se apruebe el artículo 9º como está, ya que es coherente con el resto del articulado.	Termino reiterando mis agradecimientos por la valoración que ha tenido nuestro trabajo, que no es producto sólo de quienes participamos directamente en la Comisión de Salud, sino, fundamentalmente, de quienes entregaron antecedentes que posibilitaron la elaboración del proyecto que se conoce. Me refiero al Ministerio de Salud, a la Comisión nacional del Sida, a las ONG y a los portadores del VIH. Esta forma colectiva de legislar contribuye a dar sentido a la labor parlamentaria. 	He dicho.	(Aplausos).	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra de Salud. 	La señora BACHELET, doña Michelle (Ministra de Salud).- Señor Presidente, en la sesión anterior, expresé las razones por las cuales el Gobierno apoya el proyecto, que aborda un problema de gran dimensión ética, humana y social. Por eso, no abundaré ahora en ello. Además, en la Sala hay suficiente consenso sobre la importancia de legislar al respecto. 	Se han aducido razones médicas para impugnar el artículo 9º. 	En cuanto a la obligatoriedad del examen del VIH, por lo doloroso, complejo y traumático para quienes son portadores, nos gustaría tener un instrumento para controlar el virus, pero, por desgracia, no es así. 	En primer lugar, determinadas conductas, que implican riesgo de infección, hacen que el examen y el diagnóstico tengan sentido sólo si se acompañan del conocimiento de las consecuencias de la infección y de las medidas preventivas apropiadas. No son sólo un gesto médico de laboratorio. 	Como se ha dicho, se busca evitar las conductas de riesgo y no sólo la detección de la infección. 	Además, focalizar el asunto en el examen implica riesgos. Como se sabe, éste tiene un período de ventana, de cuatro a ocho semanas, en el cual el virus no se detecta, pero es posible transmitirlo. 	Así, en todo acto quirúrgico, más que saber con exactitud si la persona que va a ser intervenida o el colega médico son portadores, lo más importante es que el equipo de salud tome las precauciones universales para evitar la transmisión del virus, en todo sentido: del paciente a los profesionales o de éstos a aquél. 	Por lo tanto, lo importante es la prevención. 	En segundo lugar, en un país con prevalencia baja como Chile, resulta una considerable cantidad de exámenes falsos positivos y de falsos negativos; y un examen negativo produce una sensación de seguridad o inmunidad bastante peligrosa, que favorece las conductas de riesgo. 	La tercera razón por la cual el Ministerio no es partidario de la obligatoriedad del examen nace de la experiencia. Hemos visto que se pierde el temor y el interés por el control de la salud. 	Por último, si en algo puede establecerse la obligatoriedad para la sociedad frente al Sida, es en la necesidad del conocimiento y de la información a través del proceso técnico que hemos denominado consejería. 	Para prevenir la transmisión del virus y obtener que sus portadores se controlen y se traten, son fundamentales la decisión y la voluntad personal.	Por eso, creemos que el centro para combatir el problema está en la consejería, sin perjuicio de ofrecer el examen del VIH. 	En particular, se han hecho presentes dos problemas: el de las embarazadas y el de los presos.	¿Qué se está haciendo respecto de las embarazadas? Se da consejería, porque lo importante es identificar las conductas de riesgo, tomar medidas de prevención y ofrecer el examen, para detectar las personas infectadas y entregar el tratamiento, incluido el bebé en el momento del parto. 	En las cárceles, la modalidad es la misma. Se ofrece consejería, actividades de prevención, talleres de sexo más seguro y el examen. Este programa se ha implementado entre el Ministerio de Salud y Gendarmería. Sin duda, hay que mejorarlo para dar mayores garantías. 	Por lo tanto, creo que el artículo 9º establece lo esencial, pues la segunda parte del primer inciso señala: “El examen de detección se realizará previa información a éstos -se refiere al interesado y a su representante legal- acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como de las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces”.	Por último, respecto del financiamiento, me hago cargo de la preocupación que se ha expresado. Pronto, en el Gobierno, comenzará a delinearse el presupuesto del próximo año y me preocuparé de que se consideren los recursos que se han mencionado, de modo de aumentar los fondos asignados al sector salud.	Agradezco, una vez más, el apoyo al proyecto. 	He dicho. 	(Aplausos).	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cerrado el debate. 	En votación general el proyecto. 	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Dittborn, Encina, Fossa, García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Reyes, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Van Rysselberghe, Velasco y Vilches.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Varios diputados han solicitado que el proyecto se vote de inmediato en particular.	¿Habría acuerdo en ese sentido?	Tiene la palabra el diputado señor Melero. 	El señor MELERO.- Señor Presidente, entiendo que sólo se han presentado dos indicaciones. 	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así es.	El señor MELERO.- Sugiero otorgar cinco minutos, por cada una, a los patrocinadores para que las defiendan y cinco minutos a quienes, eventualmente, tuvieren una posición distinta, y dar por aprobados los artículos que no han sido objeto de indicaciones. 	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recabaré la unanimidad en ese sentido; pero primero procede solicitar el pronunciamiento de la Sala sobre la aprobación en particular.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	¿Habría acuerdo para otorgar cinco minutos con el objeto de defender las indicaciones y cinco minutos para impugnarlas?	No hay acuerdo. 	Se dan por aprobados todos los artículos, con excepción del 9º, al cual se le han formulado dos indicaciones, que leerá el señor Secretario. 	El señor LOYOLA (Secretario).- La primera, de los honorables diputados señores Rafael Arratia, Osvaldo Palma y Carlos Abel Jarpa, es para modificar el artículo 9º en la siguiente forma: a)	Para suprimir, en el inciso primero, la frase “y voluntario, debiendo constar por escrito la voluntad del interesado o de su representante legal.”, yb)	Para agregar los siguientes incisos nuevos:	“El examen en los casos de poblaciones de alto riesgo y preoperatorios e indicaciones médicas previamente regladas por la autoridad sanitaria, serán obligatorios sin perder su estricta confidencialidad.	“El Ministerio de Salud definirá este tipo de poblaciones de alto riesgo para resguardar la salud de la población sana”.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación la indicación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Rechazada.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Arratia, Bertolino, Caraball (doña Eliana), González (doña Rosa), Jarpa, Palma (don Osvaldo), Rocha y Vilches.	-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:	Allende (doña Isabel), Rozas (doña María), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Dittborn, Encina, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Letelier (don Juan Pablo), Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Soto (doña Laura), Van Rysselberghe y Velasco.-Se abstuvo el diputado señor Ibáñez.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.	El señor LOYOLA (Secretario).- De la diputada señora María Rozas para suprimir, en el inciso segundo del artículo 9º, las expresiones: “o a su representante legal”.	El señor MELERO.- ¿Me permite, señor Presidente?	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor MELERO.- Señor Presidente, dado que sobre la indicación anterior hubo algún debate y ésta es totalmente nueva, solicito que la diputada señora Rozas tenga, al menos, oportunidad de fundamentarla.El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recabo nuevamente el acuerdo de la Sala para que la señora diputada fundamente su indicación.	El señor ORTIZ.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la diputada señora María Rozas ya explicó su indicación y la discusión se llevó a efecto en el momento oportuno. Después, más de ocho parlamentarios tuvimos posibilidad de intervenir. Por lo tanto, pido que se someta a votación.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, he estado presente en todo el debate y, en verdad, no entendí la fundamentación de la diputada señora Rozas. Además, me parece que no hubo discusión al respecto. Por lo tanto, pido que se someta a debate la indicación.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, en la discusión en particular de un proyecto no se requiere pedir unanimidad para fundamentar una indicación y nadie puede impedirlo. Por ende, es innecesaria la petición. Por lo tanto, pido que la señora diputada la explique, pues me parece muy importante hacerlo.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.	La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, cuando expliqué el tema relativo a la representación legal, pensaba en los estatutos administrativos de una empresa desde el punto de vista laboral.	Por una parte, una empresa tiene posibilidad de exigir, a través de su reglamentación interna, que los trabajadores se sometan a distintos tipos de exámenes. Como el representante legal de la empresa es quien suscribe el convenio con el consultorio o la clínica, con este artículo, tiene posibilidad de acceder a los exámenes antes de que los conozca el interesado.	Por la otra parte, y lo conversé con expertos en la Cámara, podría entenderse que la expresión “representante legal” se refiere a los trabajadores menores de edad, quienes tienen como representantes a los padres, pero eso está recogido en el Código del Trabajo. El representante legal de los menores de edad frente a la empresa es el padre o la madre que los autorizó a trabajar.	Lo que no puedo aceptar es el uso que se hace de la norma para discriminar a los trabajadores infectados por el VIH. Hay dictámenes de la Dirección del Trabajo que nos han hecho perder la posibilidad de reincorporar a trabajadores que se encuentran en esas condiciones. Cito el caso de un laboratorio muy conocido, que llevamos a los tribunales, porque con la figura del representante legal de la empresa utilizó el conocimiento previo. 	Insisto: la reserva de los exámenes, que es lo que se pretende resguardar, no queda protegida con la figura del representante legal. Ese es el sentido de eliminar las expresiones “o a su representante legal”.	He dicho.	(Aplausos).	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.	La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, en mi opinión, la señora María Rozas no ha entendido, como corresponde, el sentido del inciso segundo del artículo 9º, que dice: “La entrega de los resultados deberá efectuarse personal y reservadamente al interesado o a su representante legal,...” 	Estas normas no se rigen por el Código del Trabajo, sino por el Código Civil. Aquí estamos hablando de quien representa legalmente al interesado, al que se realiza el examen, y jamás la empresa será el representante legal de uno de sus trabajadores. Nunca ha sido así. Si se quitan las palabras “representante legal” del inciso segundo se estarían vulnerando las normas sobre representación de los menores de edad, que cabe en las reglas generales del Código Civil. De manera que en este caso no rige el código laboral.	Llamo a votar en contra la indicación, porque producirá más problemas en la interpretación y aplicación de la ley que el beneficio que podría traer, el cual, además, no visualizo.	El señor SEGUEL.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor SEGUEL.- Señor Presidente, después de conversar con la diputada señora Rozas, pido que quede claramente establecido en la historia de la ley que el espíritu de la disposición es el que acaba de explicar la diputada señora Pía Guzmán. Si se entiende así, la señora Rozas retiraría la indicación.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.	La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, si doy esta explicación no es por falta de conocimiento. Sé que en el Código del Trabajo está establecida la representación de los menores de edad y que eso también figura en el Código Civil. No es un problema de ignorancia.	Estoy hablando de que, en la práctica, cuando una empresa suscribe un convenio con un laboratorio, pasa a ser su representante legal. Ahora, si lo que plantea la diputada Guzmán es así, pido que quede establecido en la historia de la ley para efectos de los juicios laborales por discriminación que pudieran producirse más adelante.	Estoy dispuesta a retirar la indicación siempre y cuando -repito- ello quede establecido por escrito.	La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero formular una proposición, con el objeto de clarificar el tema.	Sugiero referirse al representante legal sólo cuando se trate de un menor de edad.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- La indicación ha sido retirada por su autora. 	Además, se dejará constancia, para la historia de la ley, que el espíritu de la norma es el que se ha señalado.	Por lo tanto, procede votar el artículo 9º en los términos propuestos en el informe.	Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.	Aprobado.	Despachado el proyecto.	(Aplausos).	El señor OJEDA.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.	El señor OJEDA.- Señor Presidente, en la votación de la primera indicación aparezco apoyando la obligatoriedad del examen del Sida, en circunstancias que he sido furibundo partidario de su no obligatoriedad. Quiero dejar expresa constancia que mi voto es contrario a la indicación del diputado señor Arratia.	He dicho.El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Muy bien, señor diputado.
    VI. PROYECTOS DE ACUERDOAUMENTO DE PERSONAL EN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.	El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 389, de la diputada señora González, doña Rosa, y de los señores Palma, don Osvaldo; Núñez, Valenzuela, Krauss, Riveros, Jarpa y Orpis.	“Considerando:“1. Que en el mes de agosto del año 1999 y con el objeto de resolver el serio problema de infraestructura y congestión de vehículos y personas, se inauguró el Complejo Fronterizo Chacalluta, uno de los más modernos del país.2.	Que sin duda se trata de un importante esfuerzo del Gobierno del Presidente Frei para permitir que los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), de Aduanas, de Policía Internacional y de Carabineros de Chile cumplan en forma eficiente la tarea que les encomienda la ley.3.	Que a pesar de este importante aporte en materia de infraestructura, que en teoría debiese haber solucionado el problema de servicio y eficiencia del complejo fronterizo, ello no ha sido posible, principalmente por la falta del personal especializado en cumplir estas tareas.	Por las razones expuestas los diputados aquí firmantes venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:	Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República adopte las medidas necesarias a fin de solucionar los problemas de escasez de personal que afectan al Complejo Fronterizo Chacalluta, dotándolo del personal necesario para cumplir en forma expedita y eficiente la importante labor encomendada”.	El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, el paso fronterizo entre Chile y Perú es uno de los que recibe la mayor cantidad de vehículos y personas, por tratarse de un camino internacional.	Con el objeto de solucionar los problemas que existían en el antiguo edificio, el Gobierno hizo una enorme inversión transformado el complejo fronterizo Chacalluta es uno de los más modernos del país, con tecnología de punta.	La inversión tenía por objeto solucionar los eternos problemas de congestión que se producían cuando la gente se trasladaba de un punto a otro. No hay que olvidar que la vecina ciudad de Tacna, en Perú, queda sólo a treinta kilómetros de Arica, por lo que el tránsito es bastante intenso. Sin embargo, a pesar de la enorme inversión no se dotó de más personal a Investigaciones, al SAG, a Policía Internacional, a Carabineros de Chile, etcétera. Entonces, aun cuando es el complejo más moderno del país, se da la paradoja de que funciona sólo un carril, porque no existe el personal suficiente para atender en forma efectiva el gran tránsito de pasajeros.	Por lo tanto, solicito a la Sala dar su aprobación al proyecto de acuerdo, cuyo único fin es dotar del personal necesario al complejo fronterizo Chacalluta, a fin de que funcione en forma expedita y en toda su magnitud, para lo cual es necesario que se ocupen las cinco vías construidas. Resulta absurdo y vale la pena preguntarse cuál fue la razón de construir un complejo fronterizo de tal magnitud si va a seguir funcionando en la misma forma que el anterior por este tipo de problemas.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra para impugnarlo.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum.	Se va a repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum.	Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.	-Transcurrido el tiempo reglamentario:	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Continúa la sesión.	En votación el proyecto de acuerdo.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Por no haberse reunido el quórum necesario, queda pendiente su votación.
    
    
    VII. INCIDENTESANTECEDENTES SOBRE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA VIVIENDAS SOCIALES EN SEXTA REGIÓN. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.	Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero solicitar el envío de algunos oficios.	A la Contraloría General de la República, a fin de que informe sobre el procedimiento usado en la distribución de recursos -si no me equivoco, alcanzan a 21 millones de pesos-, destinados a través del Fondo de Desarrollo Social a la adquisición de un terreno para resolver los problemas del campamento Estancilla, en la comuna de Codegua. 	Dichos fondos tenían por objeto resolver tanto la situación de ese campamento, que debió experimentar un problema muy delicado cuando sus habitantes, que ocupaban un terreno particular, fueron lanzados a la calle, después de llevarse a cabo un juicio, como para ayudar a un comité de vivienda adicional que existe en esa comuna. 	A pesar de que hace varios meses la gente fue informada sobre la disponibilidad de los recursos, hasta la fecha no se ha materializado el proceso de adquisición de los terrenos, lo que ha impedido que esas familias puedan postular al programa de subsidio habitacional y dar así un paso adelante en la calidad de sus viviendas. 	Por lo tanto, solicito se nos informe qué sucedió con esos recursos y si el terreno fue adquirido, porque las familias que viven en ese campamento -y también la Cámara- tienen derecho a saber si se invirtieron adecuadamente.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Núñez, García-Huidobro, Jarpa, señora Caraball, doña Eliana; señores Reyes, Patricio Walker, Gutiérrez, Olivares y del que habla. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADELANTO LOCAL EN COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, hace poco visité en la comuna de Coltauco la localidad de Lo de Cuevas, donde sostuve una reunión con sus habitantes, quienes me hicieron presente sus inquietudes sobre el programa Chile-Barrios que se está ejecutando en dicho lugar.	Me comprometí a solicitar que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que informe sobre el desarrollo de dicho programa en esa localidad, en particular, en lo relativo a la construcción de escaleras; sobre los recursos destinados a capacitación a través del Sence y si, efectivamente, los beneficiarios de esos cursos son los habitantes de la localidad de Lo de Cuevas; si el programa de mejoramiento de barrios y entorno, para lo cual se destinaron recursos con el apoyo del gobierno regional, se invirtieron en las personas que corresponde. 	Es muy importante conocer el rol de los municipios, porque son ellos los que toman las decisiones, los ejecutores de los programas de mejoramiento de barrios y entorno y los que califican las encuestas CAS. En este caso, están siendo beneficiadas con el programa de mejoramiento Chile-Barrios, personas que tienen negocios, con lo cual ningún miembro del Parlamento puede estar de acuerdo.	Además, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que nos informe sobre el estado del proyecto de construcción de un puente sobre el río Cachapoal, que une las comunas de Quinta de Tilcoco y Malloa. 	En realidad, existen dos proyectos de puentes que son muy necesarios: uno, que une Malloa con Quinta de Tilcoco y otro, Quinta de Tilcoco con San Vicente de Tagua-Tagua. Con el diputado Juan Ramón Núñez hemos estado muy interesados en dos proyectos de puentes ya propuestos: Carrizal-La Puntilla y Corcolén-Tilcoco. Entendemos que el primero se encuentra en estudio de ingeniería. 	De manera que reitero mi petición en cuanto a que se priorice la ejecución de ambos en el transcurso de este año.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Núñez, García-Huidobro, Jarpa, señora Caraball, señores Reyes, Patricio Walker, Gutiérrez, Olivares y del que habla.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, por último, considero necesario que en algún momento tengamos una discusión sobre el lenguaje que utilizan algunos colegas. 	Estoy sorprendido por el terrorismo verbal que está usando un colega de la Sexta Región, como consecuencia de la presencia de arsénico que se está extrayendo del aire que respiran todos los chilenos, que ha ido a parar a los cauces de las aguas de nuestra región. Hoy se ha logrado extraer ese elemento del aire, de manera que las afirmaciones que se están haciendo pueden resultar muy temerarias y afectar las inversiones y el desarrollo del comercio exterior de la región y, con ello, el empleo.	Entiendo que no es la intención del colega, pero considero muy importante dejar constancia en esta Corporación de que antes de hacer afirmaciones hay que tener claras sus eventuales repercusiones en las exportaciones.	He dicho.EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES Y HABITACIONALES EN COMUNA DE PUERTO VARAS. Oficios.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Víctor Reyes.	El señor REYES.- Señor Presidente, por su intermedio solicito se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, con el objeto de darle a conocer algunas necesidades que afectan a la comuna de Puerto Varas.	En primer lugar, para solicitarle el estudio de la pavimentación del tramo faltante de la denominada Circunvalación Colón, de Puerto Varas, que permitirá unir ese sector con el camino que actualmente se está pavimentando entre Puerto Varas y Puerto Montt, por la localidad de Alerce.	Esta gestión ya se había iniciado ante el Ministerio de Obras Públicas, pero se nos señaló que por tratarse de un área urbana, esa materia corresponde al Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales.	En segundo lugar, para pedirle que el Serviu de la Décima Región active el estudio de ingeniería de la pavimentación de la calle Monseñor Nicanor García, también de la ciudad de Puerto Varas, pues se está realizando desde hace largo tiempo, sin que hasta el momento haya sido evacuado, lo que permitiría postular a su financiamiento. Se trata de una gran necesidad para un importantísimo grupo poblacional de los sectores altos de la ciudad. 	Por último, para solicitarle que instruya al Serviu de la Décima Región, con el objeto de que, en conjunto con la municipalidad de Puerto Varas, procedan a adquirir terrenos para la construcción de viviendas sociales en la localidad de Nueva Braunau, cercana a Puerto Varas, que, en consecuencia, permitiría enfrentar la gran demanda habitacional existente en la comuna en el último tiempo.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.APOYO A POBLADORES DE PURRANQUE PARA COMPLETAR ESTUDIOS. Oficio.	El señor REYES.- Finalmente, pido oficiar, en mi nombre, a la ministra de Educación para que solicite, a través de la secretaría regional ministerial del ramo, en la Décima Región, el establecimiento de un mecanismo o la adopción de medidas de apoyo para que un grupo de trabajadores, de pequeños agricultores y de dueñas de casa de la localidad de Colegual, en la comuna de Purranque, que han logrado culminar con éxito la nivelación de los estudios equivalentes a primero y segundo medios, puedan continuar ahora con el de tercero y cuarto medios, medidas que, necesariamente, requieren el apoyo del Ministerio de Educación, a través de la seremi correspondiente. 	He dicho. 	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.REALIZACIÓN DEL PARLAMENTO CULTURAL DEL MERCOSUR EN LA PAZ, BOLIVIA.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo que le resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.	El señor VELASCO.- Señor Presidente, quiero informar a la Cámara de Diputados que tanto el diputado señor Felipe Valenzuela como quien habla, en mi calidad de primer Vicepresidente del Parlamento Cultural del Mercosur, asistimos en La Paz, Bolivia, a la realización del séptimo encuentro de dicha organización parlamentaria latinoamericana efectuada los días 10, 11, 12 del presente mes.	Evidentemente, lo exiguo de nuestra representación se debe a que el viaje tuvo que costearse en forma personal, dado que la Cámara de Diputados, hasta el momento, no contribuye ni ayuda a que parlamentarios de esta Corporación puedan asistir a estos encuentros con el financiamiento respectivo.	Si bien este es un punto relevante, lo más significativo es el hecho de que la organización del Mercosur, en materia de cultura, cada día avanza, se desarrolla, crea, promueve e intercambia experiencias, sobre todo legislativas, con los pueblos y las naciones que la integran para defender y promover, en este campo tan importante, la cultura, la defensa de los valores propios y las raíces de nuestras naciones latinoamericanas, particularmente de esta organización parlamentaria inserta en el Mercosur.	No sólo importan los acuerdos bilaterales o grupales que se realizan entre los Presidentes de nuestras naciones, los cuales, no cabe la menor duda, tienden a un comercio más integrado. ¡No es lo único! Creo, y en ello participo junto con mi colega Felipe Valenzuela, en que puntos de acuerdo, caminos que se pueden abrir y relaciones que es factible incrementar no sólo deben ser efectuados a través de los gobiernos y Presidentes que firman convenios bilaterales o multilaterales, tratados que, muchas veces, a este Parlamente sólo le corresponde ratificar o aprobar, pero que, desgraciadamente, en su intencionalidad, profundidad u objetivos no tenemos ninguna instancia de discusión o análisis. Si bien, muchas veces, estos convenios adquieren la calidad de tratados vigentes en la Cámara, en su génesis los parlamentarios no tenemos mayor participación.	Este encuentro en Bolivia se realizó en momentos muy difíciles para ese país. Había un estado de sitio y también toque de queda. Aún así, los parlamentarios del Parcum y del Mercosur fuimos extremadamente bien atendidos y muy respetados.	Por esta razón, solicito que, en mi nombre, se envíen oficios específicos, en primer lugar, a la señora Presidenta del Parcum, agradeciendo la organización, la atención y, sobre todo, la diligencia para realizar dicho encuentro, a nivel del Mercosur, en un país hermano como es Bolivia.	En segundo lugar, deseo hacer llegar un agradecimiento muy especial al Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, quien tuvo la gentileza de distraer un tiempo bastante extenso, a pesar de sus preocupaciones, para atender en forma especial a los dos parlamentarios chilenos: el diputado señor Felipe Valenzuela y quien habla. En este caso, quiero hacer resaltar su interés especial para buscar caminos de concordia, de amistad, posibilidades de intercambio legislativo y un acercamiento más profundo entre ambos pueblos.	Cabe destacar que quienes participamos en el Parcum en forma directa, como dirigentes de la mesa directiva, logramos, con el colega Valenzuela, invitar a nuestro país al Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, junto con una delegación de la presidencia y de la Comisión de Economía, en particular a nuestro Congreso Nacional.	También solicito oficiar, si su Señoría lo permite, al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Bolivia. Si no es posible, lo haremos en forma particular, pero quiero dejar constancia de la actitud del Parlamento boliviano en la atención, conocimiento, intercambio, conversación y análisis de los proyectos de ley que trata la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de nuestra Cámara, como asimismo en darnos a conocer lo que en Bolivia se hace en el desarrollo de la educación.	La Alcaldía de La Paz declaró huéspedes ilustres no sólo al resto de la comisión de parlamentarios del Mercosur, sino, en forma muy particular, a la delegación de Chile, lo cual es notable y meritorio. Realmente, fue emocionante para nuestro país, porque se nos ha brindado y ofrecido una amistad muy generosa de parte del pueblo boliviano. Si hemos sido distinguidos, también debemos reconocer estos méritos, estos hechos y, de una vez por todas, buscar los caminos que puedan acercarnos más al país boliviano, aquellas sendas que nos permitan construir una sociedad mucho más positiva, con vistas a una paz consolidada.	Este Parlamento tiene un rol muy significativo para crear esos lazos con nuestro país hermano y el Parlamento boliviano.	Si bien hemos recibido una cálida recepción y muchas atenciones, nosotros también debemos contribuir a construir una sociedad para que en América Latina y en el Mercosur podamos atender a nuestros amigos bolivianos como corresponde.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, las atribuciones del Congreso y de nuestros parlamentarios -yo me estoy desempeñando como Presidente accidental en este momento-, me obligan a hacer efectivas sus solicitudes, pero no corresponde despachar un oficio a otro país, porque estaríamos interviniendo en otra nación. Por lo tanto, su Señoría, que posee gran experiencia legislativa, puede solicitar, en este caso, el acta y el boletín respectivos de la sesión de hoy y los envía oficialmente tanto al alcalde de La Paz como al Presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Comisión de Educación del Parlamento boliviano, por cuanto no corresponde remitir esos oficios, porque estaríamos interfiriendo en las decisiones de otro país; pero lo que usted acaba de hacer es un justo reconocimiento a un país hermano, en términos de confraternizar y estrechar nuestros lazos de amistad mediante el conocimiento de una agenda legislativa, a través del Mercosur.PROGRAMAS DE EMPLEO EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado y profesor por Talca, señor Homero Gutiérrez. 	El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, me referiré a un problema que me tiene muy preocupado, relativo a los programas de empleo en la Séptima Región.	En síntesis, hasta este momento, ninguno de ellos está en aplicación, aun cuando debieron comenzar el 1 de abril. Por ello, aproximadamente 1.516 personas de la Séptima Región, que trabajaron en esos programas hasta el 31 de diciembre del año pasado y 31 de marzo del presente año, ya debieron haber sido recontratadas y estar realizando sus actividades. Sin embargo, el proceso ha sido tan burocrático, engorroso y difícil de poner en práctica, que estas personas continúan haciendo trámites, yendo de un lugar a otro: a los municipios, a la intendencia y a las gobernaciones. Los citan una vez, los vuelven a citar, pero no se resuelve su problema.	Por eso, solicito que se oficie al ministro del Interior, cuya Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo tiene a su cargo estos programas, para hacerle presente mi preocupación e inquietud, porque en el distrito de Talca y en la Séptima Región hay preocupación por el tema, debido a que hay muchos trabajadores afectados, a quienes se les tramita y no se les da una respuesta cierta.	Por otro lado, se ha anunciado que dichos programas, especialmente de los supernumerarios que comprenden a los contratados en los meses de enero y marzo, serán sólo por un mes, al final del cual serán nuevamente contratados por dos meses; esto es, su trabajo durará tres meses. En todo caso, su contrato terminará el 31 de mayo. En junio, ya no habría recontrataciones ni circunstancia alguna que resuelva el problema de cesantía de esa gente.	Entonces, nos encontramos con un hecho gravísimo. Es imposible, y lo digo porque pertenezco a la Séptima Región, que en junio allí haya trabajo. No lo habrá porque es una región agrícola, donde los meses de invierno son los peores, por cuanto se vive de la agricultura; puede haber trabajo en el verano cuando hay cosechas, pero en el invierno hay mayor cesantía.	Por eso, quiero expresar mi preocupación al ministro, porque ya viene un aumento pronosticado de desempleo y durante esos meses nos encontraremos con que los supernumerarios no seguirán contratados, porque así se estableció, y además tendremos la cesantía propia, muy acentuada en la Séptima Región, que es eminentemente agrícola, y en ella la ocupación, al igual que las estaciones climáticas, es estacional, y en ninguna parte lo es tan marcadamente como en esa región.	También expreso mi preocupación por la tardanza en aplicar los programas de empleo, porque hasta ahora, 13 de abril, ningún trabajador se encuentra laborando. Tampoco sé si los contratarán a partir del 1 de abril, y no es su culpa que ya hayan perdido dos semanas de trabajo ni que, como digo, deambulen de un lugar a otro.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.ENDEUDAMIENTO DE PARCELEROS DE TALCA Y LINARES CON IANSA. Oficio.	El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, el segundo tema que quiero abordar es el de los campesinos parceleros de pequeñas propiedades que trabajan para Iansa.	La verdad es que esta empresa, al principio, tuvo una relación muy positiva con los trabajadores, pero ahora ha tenido una actitud negativa, porque está castigando fuertemente su productividad remolachera, lo cual ha significado un endeudamiento enorme con la empresa. En Linares, hay 500 parceleros embargados y a muchos se les han rematado sus propiedades; en Talca, ese número llega a no menos de 200.	Por eso, pido que se oficie al ministro de Agricultura para representarle mi preocupación sobre el tema, a fin de que indague sobre el endeudamiento, ya que gran número de parceleros simplemente podría perder sus propiedades.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, y para mejor comprensión del tema se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo.	No obstante, un hecho de la causa es que Iansa ya no es un ente fiscal, sino una empresa privada. Entonces, si hay deudas con Iansa no puede intervenir el Estado.	Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.ENTREGA DE VIVIENDAS A DAMNIFICADOS DE LA LOCALIDAD DE ISLÓN, EN LA SERENA. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.	Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, quiero que se oficie al ministro de Vivienda para que informe de la situación que enfrentan los habitantes damnificados el año 1997, en la localidad de Islón, comuna de La Serena, Cuarta Región.	Como es sabido, nuestra zona sufrió varios temporales que hicieron que esa localidad fuera arrasada por una avalancha que vino por la quebrada de Islón, dejando sin vivienda a sus habitantes.	Tomadas las medidas del caso, este grupo de personas fueron a vivir a casas de emergencia levantadas en un sitio privado, cuyo dueño lo cedió por un año. Han transcurrido tres años desde aquella época, y estas familias todavía viven en esas casas; y lo que es peor, aunque se han construido nuevas casas no ha sido posible entregarlas. Por tanto, quiero que el ministro de Vivienda nos informe a qué se debe la demora en su entrega.	Luego, cuáles fueron las empresas constructoras, su nombre, rut y los socios, en caso de ser personas jurídicas; lo mismo respecto de la empresa consultora que hizo los estudios de factibilidad de construcción, el nombre de ella y de sus socios, en caso de ser personas jurídicas.	Pido esto porque hoy en día la municipalidad se niega a dar la recepción de las casas por una serie de situaciones que afectan su estructura y calidad de construcción. Asimismo, hubo problemas en la instalación del agua potable.	Por lo tanto, ruego que el ministro nos informe sobre cuál es la verdadera situación, los problemas que se han suscitado y la posible solución que tienen estas personas que hoy viven igual que hace tres años, cuando sus viviendas fueron arrasadas por los temporales.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, para clarificar su intervención, se enviará el oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que responda las inquietudes planteadas por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Patricio Walker, Carlos Vilches, Alfonso Vargas e Ignacio Walker.	En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL ALCOHOLISMO. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hace algunas semanas y con ocasión de recordar y homenajear a un ilustre vecino de La Unión, don Dagoberto Soto, me referí a su labor en la recuperación de enfermos alcohólicos. Hoy, este tema toma fuerza debido al tratamiento del proyecto que establece normas para prevenir el Sida, el que, como todo el mundo sabe, hoy fue aprobado en forma mayoritaria.	El alcoholismo es la patología siquiátrica más grave que afecta al país. Sus costos sobre la economía nacional, debido al ausentismo laboral y la sangría que importa para el patrimonio siempre escaso de los hospitales, pese a su alta cuantía, no puede ser comparado con los costos sociales, morales y de sufrimiento personal que pagan día a día el enfermo alcohólico y su familia, en particular su cónyuge e hijos.	Un estudio realizado en 1999 por los doctores Minoletti, Figueroa, Monreal y Pemjeam, que sumaron los esfuerzos de trabajo investigativo de la unidad de salud mental del Ministerio de Salud y de la Universidad de Chile, determinó el costo económico del alcoholismo en Chile, tratando de integrar un conocimiento útil para la definición de políticas públicas idóneas para enfrentar los distintos problemas de gestión médica y hospitalaria. En dicho estudio, se establecen los parámetros económicos para determinar cuánto ha costado al país y al Estado la existencia de esta verdadera epidemia nacional. Los costos directos del alcoholismo se relacionan con hospitalizaciones, consultas y procedimientos médicos, como también con costos sociales como la violencia doméstica, discapacidad física y mental por alcoholismo fetal, producido cuando la madre alcohólica se encuentra gestando una criatura. También se encuentran los costos indirectos provocados por la ingesta desmedida de alcohol, como el ausentismo laboral ya mencionado. 	Las cifras relacionadas con la menor productividad en el empleo y la muerte prematura de trabajadores son alarmantes. Sólo en el rubro de menor productividad laboral, el país pierde al año, debido al abuso y dependencia del licor, la estratosférica suma de 1.540 millones de dólares, algo así como tres Congresos Nacionales. En ausentismo, a un promedio de 20 días al año no trabajados por alcohólico, el costo suma 500 millones de dólares. En términos de gastos médicos anuales, el sistema de salud público y privado genera 62 mil hospitalizaciones por alcoholismo, enfermedades o procedimientos vinculados con él, como cirugías, internaciones siquiátricas y patologías crónicas como la cirrosis hepática, etcétera. Los costos para el sector superan los 8 mil millones de pesos. Por su parte, las atenciones ambulatorias acrecientan la suma de costos en más de 93 millones de dólares. Y las cifras siguen y siguen.	Sabemos que el dolor humano no es cuantificable en dinero y así lo reconocen los propios autores del estudio. Lo importante es que nos permite cuantificar este problema que afecta a más de 5 millones de chilenos de todas las edades y sin distinción de sexo. Ante esto, el Estado no puede permanecer indolente. Por eso confío en que con la entrada en vigor de un nuevo plan nacional de salud mental, generado por el Ministerio de Salud, se aborde de manera más eficaz la prevención y tratamiento del alcoholismo.	En mi región, al sur de Chile, razones climáticas, de aislamiento y culturales muy profundas, son gérmenes de altas tasas de alcoholismo. Por ello, considero mi deber como diputado realizar todo lo que esté en nuestras manos para abordar, con criterio de país, un tema que no resiste análisis parciales a la luz de ideas particulares o motivaciones políticas. El alcoholismo y su erradicación, o, al menos, su control, es un asunto de Estado.	Por lo anterior, solicito que se oficie en mi nombre a la ministra de Salud, a fin de que se le envíe copia de esta intervención y se le solicite información actualizada y al detalle sobre las acciones y planes concretos que el Ministerio llevará a cabo para enfrentar la patología alcohólica en el sector de salud pública, con indicación precisa de recursos asignados de manera especial, si existieren, y sobre la manera en que el servicio de salud de la Décima Región asumirá el desafío de prevenir y recuperar a los cientos de miles de alcohólicos que existen en esa zona, la maravillosa Región de Los Lagos.	He dicho.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado que habla.	Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
    
    	-Se levantó la sesión a las 13.38 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    
    
    
    
    VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de abril de 2000.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía referente a la Exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales”, suscrito en Ankara el 24 de abril de 1997.	Lo que comunico a V.E., en respuesta a su oficio Nº 2729, de 15 de marzo de 2000.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.2.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de abril de 2000.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica referente a la Exención del Requisito de Visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio”, suscrito en Atenas el 10 de julio de 1996.	Lo que comunico a V.E., en respuesta a su oficio Nº 2730, de 15 de marzo de 2000.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.3.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de abril de 2000.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la Exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales de la República de Chile y para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de la República Eslovaca”, suscrito en Bratislava el 28 de noviembre de 1997.	Lo que comunico a vuestra Excelencia, en respuesta a su oficio Nº 2732, de 15 de marzo de 2000.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.4.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de abril de 2000.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa relativo a la Supresión de visa temporal obligatoria para titulares de pasaportes diplomático, oficial, de servicio o especial”, suscrito en París el 10 de abril de 1997.	Lo que comunico a V.E., en respuesta a su oficio Nº 2728, de 15 de marzo de 2000.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.5.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de abril de 2000.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana referente a la Supresión del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales”, suscrito en Santo Domingo de Guzmán el 4 de marzo de 1998.	Lo que comunico a vuestra Excelencia, en respuesta a su oficio Nº 2731, de 15 de marzo de 2000.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.6.	Oficio del Senado.	“Valparaíso, 12 de abril de 2000.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica las leyes Nºs 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y Nº 18.290, ley de Tránsito.	Hago presente a vuestra Excelencia que el artículo 3º del texto de la proposición de la Comisión Mixta fue aprobado en el carácter de norma de quórum calificado, con el voto favorable de 33 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de este modo, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.	Lo que comunico a vuestra Excelencia, en respuesta a su oficio Nº 2768, de 4 de abril de 2000.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.7.	Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece indemnización para los ministros de la Corte Suprema. (boletín Nº 2461-05)“Honorable Cámara:	Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.	La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.	Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Hernán Álvarez, Presidente de la Corte Suprema; José Antonio Gómez, ministro de Justicia; José Benquis, ministro de la Corte Suprema y Héctor Hernández, asesor del Ministerio de Hacienda.I. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO.	La iniciativa tiene por objeto otorgar una indemnización a los actuales ministros de la Corte Suprema que dejen de prestar servicios, mediante la renuncia voluntaria a sus cargos y que cumplan con los requisitos que el propio texto legal señala.II. IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.	En el Mensaje se expresa que el Ejecutivo pretende homogeneizar la institución de la indemnización para los ministros de la Corte Suprema, haciéndola pareja para todos los que cumplan los requisitos establecidos en el proyecto.	En efecto, por ley Nº 19.121, de 1992, se estableció la referida indemnización que incluía al Fiscal de la Corte Suprema, y cuyo máximo ascendía a 28 mensualidades.	En esta ocasión, la indemnización es de carácter progresiva, según la edad del renunciante.III. DISPOSICIONES LEGALES CON QUE EL PROYECTO SE RELACIONA O SE MODIFICA.1.	El inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política establece que los jueces cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad, entre otras causales de cesación en el cargo.2.	El artículo único de la ley Nº 19.121, de 1992, establece una indemnización para los ministros y el Fiscal de la Corte Suprema que cumplidos los 70 años de edad, renuncien a sus cargos.3.	La ley Nº 19.544, de 1997, establece un beneficio compensatorio para los magistrados de los tribunales superiores de justicia que cesen en sus funciones en conformidad al inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política.IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estima que el mayor gasto fiscal del proyecto para el año 2000 es de $ 752 millones, para el año 2001 de $ 55 millones, para el 2002 de $ 55 millones, y para el 2003 de $ 707 millones. Este mayor gasto corresponde a montos incrementales que deberían cancelarse por sobre los establecidos en las leyes Nºs 19.121 y 19.544.	El financiamiento para el año 2000 será con cargo al ítem 50-01-03-24-30.103 de la partida Tesoro Público del presupuesto vigente.V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.	El señor José Antonio Gómez, ministro de Justicia, explicó que el origen de esta iniciativa se remonta al período en que se analizó por el Ejecutivo y representantes del Poder Judicial el tema de las remuneraciones de sus funcionarios. En ese contexto, se habría planteado por la Corte Suprema la necesidad de mejorar el sistema de jubilación de sus ministros, ya que la pensión a que accede quien deja su cargo no guarda ninguna relación con la remuneración en actividad.	Una modificación del sistema de jubilaciones no se consideró posible por el Gobierno, dado el efecto que tendría establecer excepciones al sistema previsional vigente. Sin embargo, se estimó conveniente homogeneizar la normativa que rige en materia de indemnizaciones por el retiro voluntario de los ministros de carrera de la Corte Suprema.	Los señores ministros Hernán Álvarez y José Benquis entregaron a la Comisión los fundamentos de la iniciativa y aclararon diversas inquietudes de los señores parlamentarios.	En efecto, se precisó que la normativa propuesta no beneficia a los ministros integrantes de la Corte, discriminación que se explica porque ellos no han desarrollado una dilatada carrera judicial ni han debido ejercer los cargos con dedicación exclusiva.	También, se expresó la conveniencia de dejar en igualdad de oportunidades a los actuales ministros de carrera, ya que con las normas vigentes 4 jueces podrían beneficiarse con la ley Nº 19.121, recibiendo una indemnización de alrededor de cien millones de pesos y 11 jueces con la ley Nº 19.455, cuyo beneficio compensatorio sería de 80 millones de pesos.	En la Comisión se planteó que si bien las consideraciones expuestas ameritan una normalización del régimen de indemnizaciones de los señores ministros, la solución propuesta discrimina respecto a otros servidores públicos que estando en similares condiciones no han sido considerados por el proyecto.	Por otra parte, se hizo presente la necesidad de clarificar el régimen tributario a que estaría afecta la indemnización.	Con fecha 12 de abril de 2000, el señor Director del Servicio de Impuestos Internos envió un memorándum a esta Comisión sobre el particular, expresando que la referida indemnización queda comprendida en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 178 del Código del Trabajo y, por consiguiente, para sus beneficiarios dicha indemnización no constituye renta desde el punto de vista tributario, sin quedar afecta a ningún impuesto de la ley de la Renta.	Sometido a votación en general el proyecto fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención.VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.	En relación con este párrafo cabe señalar lo siguiente:	En el artículo 1º del proyecto, se establece que los ministros de la Corte Suprema en servicio a la fecha de publicación del proyecto que hayan cumplido o cumplieren setenta años de edad, y que renuncien a sus cargos, teniendo en ese momento, treinta o más años de servicio en el Poder Judicial, tendrán derecho a percibir una indemnización de cargo fiscal, en la forma que a continuación se expresa:a)	Con un monto equivalente a 5.347 UTM, si renuncian a sus cargos habiendo cumplido 70 años y hasta antes que cumplan los 74 años.b)	Con un monto equivalente a 4.965 UTM si renuncian a sus cargos habiendo cumplido 74 años y hasta antes que cumplan los 75 años.	Se expresó en la Comisión que la escala diferenciada que tiene el beneficio, siendo menor a medida que aumenta la edad del beneficiario, responde al criterio de compensar a quien renuncia con menor edad, ya que al hacerlo estaría dejando de percibir la remuneración por el tiempo en actividad hasta cumplir los 75 años y que, además, constituye un estímulo para quienes lo hacen antes.	Puesto en votación este artículo fue aprobado por 5 votos a favor y una abstención.	En el artículo 2º, se dispone que la indemnización correspondiente se pagará de una sola vez, y será incompatible con lo establecido en las leyes Nºs 19.121 y 19.544.	En el artículo 3º se precisa, para los efectos de la aplicación de los artículos anteriores, que el valor de la unidad tributaria mensual en pesos, será el vigente al mes anterior en que el respectivo Ministro presente su renuncia.	En el artículo 4º, se contempla que el mayor gasto que irrogue la aplicación del proyecto se financiará con cargo a la partida Tesoro Público.	Puestos en votación los artículos 2º, 3º y 4º fueron aprobados por unanimidad.VII. CONSTANCIAS.1.	Disposiciones del proyecto que deben aprobarse con quórum especial.	Ninguna.2.	Disposiciones o indicaciones rechazadas.	Ninguna.3.	Artículos que no fueron aprobados por unanimidad.	El artículo 1º del proyecto.4.	Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.VIII. CONCLUSIÓN.	En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que os dará a conocer oportunamente el señor diputado informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEY	“Artículo 1º.- Los ministros de la Corte Suprema en servicio a la fecha de la publicación de esta ley, que hayan cumplido o cumplieren setenta años de edad, y que renuncien a sus cargos, teniendo en ese momento, treinta o más años de servicio en el Poder Judicial, tendrán derecho a percibir una indemnización de cargo fiscal, en la forma que a continuación se expresa:a)	Con un monto equivalente a 5.347 UTM, si renuncian a sus cargos habiendo cumplido 70 años y hasta antes que cumplan los 74 años.b)	Con un monto equivalente a 4.965 UTM si renuncian a sus cargos habiendo cumplido 74 años y hasta antes que cumplan los 75 años.	Artículo 2º.- La indemnización que establece la presente ley se pagará de una sola vez y será incompatible con lo establecido en las leyes Nºs 19.121 y Nº 19.544.	Artículo 3º.- Para los efectos de lo establecido en los artículos anteriores, el valor de la unidad tributaria mensual en pesos, será el vigente al mes anterior en que el respectivo ministro presente su renuncia.	Artículo 4º.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a la partida Tesoro Público, ítem 50-01-03-24-30.103.”.	Sala de la Comisión, a 12 de abril de 2000.	Acordado en sesiones de fechas 22 de marzo y 12 de abril, de 2000, con la asistencia de los diputados señores Ortiz, don José Miguel (Presidente); Alvarado, don Claudio; Dittborn, don Julio; García, don José; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo, y Prochelle, señora Marina.	Se designó diputada informante a la señora Marina Prochelle.	(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.8.	Moción de los diputados señores Delmastro y Orpis.	Establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley, el nombre de los autores de la iniciativa. (boletín Nº 2486-07)1.	Que el Código Civil en su artículo 6 establece que “la ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado” y publicada de acuerdo a las normas que en él se indican. Esta norma se encuentra contenida en un parágrafo especial denominado “Promulgación de la ley” ubicado en el Título Preliminar.2.	Que, por otra parte, la Constitución Política de la República establece en el Capítulo V, artículos 62 y siguientes, las normas relativas a la “Formación de la ley”.3.	Que, el propio artículo 62 establece que “las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros...”.4.	Que, en el artículo 69 de la Carta Fundamental se dispone que “aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley”. En este sentido, el artículo 72 establece que “si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y lo promulgará como ley”.5.	Que, en el artículo 72 recién citado, se establece que “la promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente”.6.	Que, la ausencia de una norma que establezca requisitos especiales que regulen adecuadamente el contenido del decreto promulgatorio ha generado la ocurrencia de una situación tremendamente injusta, particularmente en el caso de las mociones, pues en ninguna parte de ese documento se indican los autores de la iniciativa.7.	Que, resulta entonces fundamental reparar esta situación e introducir con este objeto una norma que establezca la obligación de que los decretos promulgatorios indiquen expresamente el nombre de los diputados o senadores autores de la moción.PROYECTO DE LEY	Artículo único.- “El decreto mediante el cual el Presidente de la República disponga la promulgación de un proyecto como ley, conforme lo dispone la Constitución Política, deberá indicar expresamente el nombre de los diputados y senadores autores de la moción”.9.	Moción de los diputados señores Melero, Moreira, Olivares, Orpis, Leay, Jiménez, Pareto y de la diputada señora Lily Pérez.	Permite a los vecinos cerrar calles y pasajes con el objeto de prevenir acciones delictuales. (boletín Nº 2487-06)1.	Que a las municipalidades les corresponde la administración de los bienes nacionales de uso público, según lo establece el artículo 5 letra c) de la ley Nº 18.695, como también el apoyo y fomento de todas aquellas medidas que favorezcan la seguridad ciudadana en los términos del artículo 4, letra j) del mismo cuerpo legal.2.	Que, una medida eficaz destinada a controlar la delincuencia en los barrios y poblaciones, consiste en limitar el libre acceso a determinados pasajes y calles. La instalación de rejas a la entrada de un pasaje, la presencia de guardias en la intersección de dos calles y otras medidas semejantes, constituyen un efectivo elemento disuasivo de la acción delictual.3.	Que, existen antecedentes importantes en esta materia a nivel internacional. De 873 homicidios cometidos en Los Ángeles el año 1989, 100 fueron cometidos en el barrio Newton, ubicado en el sector sur de esa ciudad. La reacción inmediata de los vecinos fue instalar barreras de control de acceso al mismo, medida que permitió que transcurridas sólo seis semanas desde su instalación el crimen haya disminuido en un 90%, lo que de paso se reflejó en un aumento en la asistencia promedio a los colegios del sector en casi 200 estudiantes por día.4.	Que, considerando lo anterior, la iniciativa que se propone apunta a incrementar la seguridad de los habitantes de cada comuna, estableciendo un mecanismo idóneo para que los pasajes y calles que no tengan tránsito vehicular continuo, puedan ser entregados en concesión o permiso por la municipalidad respectiva a los vecinos del lugar. Esta concesión o permiso les permitirá a los propietarios y/o residentes de inmuebles que delimiten o que tengan acceso directo al pasaje o calle que se solicita cerrar, restringir el acceso a sus domicilios y de esta forma disminuir el riesgo potencial de delitos.5.	Que, esta iniciativa permitirá adicionalmente fomentar la participación tranquila de los vecinos en la vida de su barrio o población y, de paso, disminuir considerablemente los riesgos de accidentes de tránsito y atropellos en los sectores cerrados.PROYECTO DE LEY	Artículo 1º.- Las municipalidades podrán entregar en concesión o permiso a comunidades o agrupaciones de propietarios y/o residentes, las calles, pasajes y demás bienes nacionales de uso público que el municipio determine a solicitud de los interesados, para implementar las medidas de resguardo y seguridad que contribuyan a la protección de las residencias a las que se accede por esas calles, pasajes o bienes o bien que delimitan o se enfrenten con ellas.	Esta concesión o permiso otorgará a la comunidad o agrupación de propietarios y/o residentes, un derecho especial de uso, temporal y precario sobre un bien nacional de uso público, con el objeto de restringir el libre tránsito, dotándolo para ello de los medios de protección necesarios, tales como rejas, portones, cierres automáticos y otros similares.	Artículo 2º.- Los bienes nacionales de uso público entregados en concesión o permiso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, serán administrados por la comunidad o agrupación de propietarios o residentes beneficiados por ella, en la forma que lo establezca la ordenanza municipal respectiva.	La solicitud de concesión o permiso deberá ir firmada por todos los propietarios o residentes de inmuebles que tengan acceso directo o delimiten con la calle o pasaje que se desea cerrar.	Artículo 3º.- Las concesiones o permisos otorgados en conformidad al artículo 1 de esta ley, tendrán una duración indefinida.	Las municipalidades podrán revocar las concesiones o permisos otorgados, mediante decreto fundado, en cualquiera de los siguientes casos:1º	Si los propietarios o residentes beneficiados con la concesión o permiso hicieren mal uso de los bienes objeto de ella, entendiéndose por tal cualquier uso de los bienes con un fin distinto o en forma diversa a la autorizada por la municipalidad respectiva en el decreto de autorización.2º	Si por necesidades de tránsito vehicular o peatonal, o de modificación del trazado vial de alguna calle o vía de circulación, sea necesario abrir al tránsito público los bienes entregados en concesión. De revocarse la concesión o permiso en virtud de esta causal, los propietarios tendrán derecho a obtener el reembolso de las cantidades invertidas con motivo de la concesión o permiso, debidamente actualizados.3º	Si la comunidad de copropietarios, o cualquiera de ellos, incorporare rejas, protecciones, edificaciones o cualquier otro elemento no autorizado por la municipalidad respectiva.4º	En general, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público, debidamente calificadas por el municipio.	Artículo 4º.- Las municipalidades deberán dictar las ordenanzas que regulen el otorgamiento de las concesiones o permisos a que se refiere esta ley y los requisitos necesarios para obtenerlas. En todo caso, deberá establecerse en ellas la exigencia de un informe técnico previo de la Dirección de Tránsito y de la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva para la entrega en concesión o permiso de estos bienes.	Las municipalidades sólo podrán entregar en concesión o permiso en conformidad a esta ley, los bienes nacionales de uso público que administren”.10. Moción de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Butos y Encina.	Limita la exigencia establecida en el Nº 4 del artículo 13 de la ley Nº 18.290, a los conductores que se señalan. (boletín Nº 2488-15)	Lo dispuesto en los artículos 1º, 6º, 19º, numerales 2º y 3º, y 60, numeral 3º, de la Constitución Política de la República.	Considerando:1.	Que de conformidad al inciso primero artículo 3 transitorio de la ley Nº 19.495, que modificó la ley Nº 18.290, se dispone que los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta última ley para el otorgamiento de las licencias profesionales, se exigirán a contar de la fecha que se determine por decreto supremo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cual, en ningún caso, podrá exceder de dos años contados desde la fecha de publicación de la ley Nº 19.495, del 8 de marzo de 1997.2.	Que en el artículo 13 de la ley Nº 18.290 -modificado por el artículo 1º, Nº 9 de la ley Nº 19.495- se establecen los requisitos que deben cumplir los postulantes a licencia profesional de conductor.3.	Que entre dichos requisitos, se establece en el número 4 del artículo 13 de la ley Nº 18.290 que, para obtener licencia profesional tipos A-1 y A-2, se deben aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidos por el Estado.4.	Que numerosas autoridades edilicias y gubernamentales, así como los representantes de los gremios del transporte público han señalado la necesidad de prorrogar el plazo de entrada en vigencia de dicho requisito debido a que la exigencia de realizar un curso profesional en escuelas autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ha tornado oneroso y a veces imposibles debido a que no existe un número suficiente de ellas -en algunas regiones del país ni siquiera existen- para la atención de los miles de conductores que deberían realizar dichos cursos ni tampoco del nivel suficiente de preparación que necesitan los conductores.5.	Que prorrogar la entrada en vigencia de este requisito para las personas que ya se desempeñan en la actividad no soluciona las dificultades que se han enfrentado en ya dos ocasiones para la aplicación de esta exigencia, ya que dicha obligación actualmente implica un costo individual por conductor de entre $ 250.000 y $ 300.000 pesos lo que, dado el ingreso promedio de los conductores, se constituye en una traba para seguir desarrollando la actividad para muchas personas.6.	Que por los montos involucrados y la imposibilidad de acceder a los cursos requeridos se hace necesario buscar una solución de fondo, que evite establecer una carga para quienes hoy y durante muchos años se han desempeñado en la actividad del transporte público.7.	Que por lo anterior, proponemos modificar la exigencia de aprobar dichos cursos sólo para aquellas personas que a partir del 31 de marzo del presente soliciten la licencia profesional clase A-1 y A-2.PROYECTO DE LEY	Artículo único.- Modifíquese la ley Nº 18.290, modificada por la ley Nº 19.495, en lo siguiente:	Sustitúyase el artículo 3 transitorio, por el siguiente:	“El requisito establecido en el número 4 del artículo 13 para el otorgamiento de las licencias profesionales clases A-1 y A-2 se exigirá sólo a quienes postulen para su obtención por primera vez a partir del 31 de marzo del año 2000”.11. Moción de los diputados señores Navarro, Sánchez, Longton, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arratia, Jeame Barrueto, Rojas, Jarpa y Juan Pablo Letelier.	Reforma constitucional que crea la iniciativa popular para la formulación de las leyes. (boletín Nº 2489-07)“I. Considerandos.	El régimen político democrático que rige en Chile se funda en la llamada democracia representativa, en virtud de la cual el pueblo como depositario del poder político delega sus potestades en representantes elegidos por medio de elecciones populares periódicas.	Sin embargo, la modernidad demanda esfuerzos por implementar mecanismos de democracia real y no representativa, esto es, instancias en las que la democracia, esto es el gobierno del pueblo, tenga una manifestación directa en la toma de decisiones públicas.	En Chile existen muy escasas instancias de democracia real y directa, y las existentes carecen del peso e injerencia directa en la decisión final, generalmente por su carácter consultivo y no dirimente.	El constituyente de 1980 no contempla la participación ciudadana en el proceso de formación de la ley contemplando la intervención popular sólo para zanjar las diferencias que pudieren existir entre el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de una reforma constitucional, por la vía de la convocatoria a plebiscito.	Es así como el artículo 117, inciso 4º, contenido en el Capítulo XIV, “Reforma de la Constitución”, establece:	“Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y éste insistiere en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito”.	Y luego agrega el mismo artículo en su inciso sexto:	“En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo”.	Fuera de tales supuestos constitucionales sólo existe en el ordenamiento jurídico chileno una que otra expresión de participación ciudadana directa aunque reglada de manera deficiente. Ejemplo de ello es lo que ocurre en materia de administración municipal donde la ciudadanía puede ser consultada en el tiempo y forma que discrecionalmente determine la autoridad edilicia; asimismo, expresión de lo mismo tenemos en materia de decisiones ambientales en las que la ciudadanía tiene que ser consultada obligatoriamente pero su opinión no tiene mayor valor o peso jurídico.	Durante el proceso de tramitación de las leyes, finalmente, se contempla la posibilidad de solicitar informes u oír a instituciones y personas naturales mecanismo muy deficiente de participación ciudadana al constituir una mera posibilidad entregada completamente en su aplicación a la discrecionalidad parlamentaria (art. 22 ley Nº 18.918 y art. 286 del Reglamento de la Cámara de Diputados).	Señala la ley del Congreso Nacional en su art. 22:	“Las Comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la Corporación. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates, hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones y personas que estimen conveniente”.	Si se revisa en cambio, el Derecho Comparado, se podrá observar el abundante número de naciones que contemplan en sus ordenamientos jurídicos la formulación de leyes directamente por la ciudadanía, tales son los casos de, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Perú, Venezuela, a nivel americano; y Suiza, Italia, Austria, España, por nombrar algunos, a nivel europeo.	Es indiscutible, en consecuencia, que existe una gran ausencia de instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en general y en lo que a la formación de la ley se refiere en particular.	Es por ello que los diputados que suscriben proponen ampliar el mecanismo constitucional de origen de las leyes establecidos en el art. 62 de la Constitución Política de la República, agregando a la iniciativa del Presidente de la República -vía mensaje- y a la de los parlamentarios -vía mociones- la iniciativa popular.	Este mecanismo también se propone para las iniciativas que tiene por objeto una reforma constitucional contempladas en el art. 116 de la Carta Fundamental, para lo cual se propone modificar esta última disposición incluyendo también de manera expresa la iniciativa popular.	En el texto constitucional se proponen además dos ideas claves complementarias a lo anterior: en primer término, una regulación muy genérica de la iniciativa popular estableciendo que ella ha de formularse por a lo menos el uno por ciento (1%) de los ciudadanos con derecho a sufragio; y en segundo término que para garantizar la seriedad de la iniciativa se requerirá la certificación previa del servicio electoral.	Por estas consideraciones tengo a bien someter a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL	Artículo único.- Refórmese la Constitución Política de la República en los términos que a continuación se indica:1.	Modifícase el artículo 62 en la siguiente forma:a)	Reemplázase en su inciso primero la letra “o”, que precede a la frase “por moción”, por una coma “,”.b)	Reemplázase en su inciso primero el punto seguido por una coma “,” y agrégase a continuación la siguiente frase:	“o por iniciativa popular”.c)	Agrégase al final del inciso primero del artículo 62 la siguiente frase:	“La iniciativa popular deberá ser presentada por a lo menos el uno por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio ante cualquiera de las Cámaras y previo certificado del servicio electoral”.2.	Agrégase al final del inciso primero del artículo 116 la siguiente frase, reemplazándose su punto aparte por una coma”,”:	“o por iniciativa popular”.12. Moción de los diputados señores Encina, Aníbal Pérez, Núñez y Tuma.	Extiende el ámbito de aplicación de normas que sancionan los procedimientos de cobranza ilegales. (boletín Nº 2490-07)	El presente proyecto pretende extender el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales a todas las operaciones de consumo regidas por la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor.Aspectos generales	En nuestro país se tornó una práctica habitual la contratación de empresas de cobranza por parte de las casas comerciales, bancos e instituciones financieras, a fin de perseguir el pago de sus créditos respecto de los deudores que se encuentren morosos.	Sin duda ello responde al legítimo interés de estas entidades, de cobrar lo que en justicia les pertenece. El punto que se cuestionaba y que llevó al Congreso Nacional a legislar al respecto, decía relación con la forma en que son reclamadas estas deudas, y al monto que se exige por concepto de los gastos de cobranza.	Particular gravedad revestía esta última situación, dado que lo que se cobraba por concepto de gastos de cobranza no guardaba relación alguna con el monto del crédito, resultando absolutamente desproporcionado y excesivo en la inmensa mayoría de los casos.	Estos gastos tampoco guardaban relación con los perjuicios que origina la mora del deudor, ni con los gastos efectivos de cobranza prejudicial, siendo ésta, en muchos casos, meras notificaciones postales de mínimo valor.	Para remediar esta situación, la ley que establece sanciones a los procedimientos de cobranza ilegales, que a su vez, modificó la ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, establece un límite a las cantidades que deban pagar quienes se encuentren atrasados en sus deudas, por los gastos que se originen en las gestiones de cobranza extrajudicial.	Fuera de ello, se dispone que en toda operación de consumo, se deberá informar al deudor sobre el sistema de cálculo de los gastos que genera la cobranza extrajudicial de los créditos atrasados, con el fin de que el deudor esté informado de la suma que deberá pagar por este concepto.	Asimismo, la ley establece que se deberá informar al deudor sobre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial, indicando si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros, caso en el cual se deberán identificar los encargados, los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros conforme a la ley de protección a la vida privada.	Estas y otras modificaciones, fueron realizadas al título III, párrafo 3º de la ley sobre protección a los derechos de los consumidores, y cuyo epígrafe es “Del crédito al consumidor”.	Los artículos comprendidos en dicho párrafo, como su epígrafe lo indica, alcanzan únicamente a las operaciones de consumo en que se concede un crédito directo al consumidor, y a las operaciones de crédito de dinero en que intervengan las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de bancos e instituciones financieras.	Por tal razón, la ley que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales, en la parte que modifica a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, sólo es aplicable a las operaciones de consumo y a las operaciones de crédito de dinero a las que recién aludimos.	Con ello, se excluye de esta regulación a la cobranza extrajudicial que pudieren efectuar otros acreedores, como lo son, por ejemplo, las empresas proveedoras de los servicios básicos.	No resulta lógico que se sancione a determinados acreedores por cobrar más de lo permitido por la ley por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, y a otros no se les fije límite alguno.	Ello resulta más grave aún cuando empresas proveedoras de servicios tan importantes para la población, como lo son la electricidad, el agua potable, gas, teléfono, no tienen límite alguno en el cobro de gastos de cobranza extrajudicial.	La ley debe procurar dar tratamiento similar a situaciones análogas, principio que en este caso particular, no está siendo respetado, por cuanto se está eximiendo de regulación, en materia de cobranzas extrajudiciales, a un importante sector de la economía nacional.	Por tal razón a través de este proyecto, proponemos aplicar lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39 B y lo dispuesto en los incisos segundo y quinto del artículo 37 de la ley sobre protección de los Derechos de los Consumidores, a todas las operaciones de consumo regidas por esta ley aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor.	Los incisos primero y segundo del artículo 39 B señalan que “Si se cobra extrajudicialmente créditos impagos del proveedor, el consumidor siempre podrá pagar directamente a éste el total de la deuda vencida o de las cuotas impagas, incluidos los gastos de cobranza que procedieren, aunque el proveedor haya conferido diputación para cobrar y recibir el pago, o ambos hayan designado una persona para estos efectos. Lo anterior no obsta a que las partes convengan en que el proveedor reciba por partes lo que se le deba.	En esos casos, por la recepción del pago terminará el mandato que hubiere conferido al proveedor, quien deberá dar aviso inmediato al mandatario para que se abstenga de proseguir en el cobro, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 2158 del Código Civil”.	Por su parte, los incisos segundo y quinto del artículo 37 establecen lo siguiente:	Inciso segundo: “No podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el capital adeudado a la cuota vencida, según el caso, y conforme a la siguiente escala progresiva: en obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 9%; por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 6%; y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 3%. Los porcentajes indicados se aplicarán una vez transcurridos los primeros quince días de atraso”.	Inciso quinto: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.	En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes, venimos en proponer el siguientePROYECTO DE LEY	Artículo único.- Modifícase la ley Nº 19.496, agregando el siguiente artículo 39 C:	“Artículo 39 C.- No obstante lo señalado en el epígrafe del presente párrafo 3º, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 3º B y en los incisos segundo y quinto del artículo 37 a todas las operaciones de consumo regidas por esta ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor”.13. Moción de los diputados señores Navarro, Sánchez, Longton, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arratia, Jeame Barrueto, Jarpa y Juan Pablo Letelier.	Crea la comisión de participación ciudadana de la honorable Cámara de Diputados. (boletín Nº 2491-16)“I. Considerandos:	El régimen político institucional chileno contempla la división del poder político en los tres clásicos poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.	Es en seno del poder legislativo donde tiene su máxima expresión la voluntad soberana del pueblo a través de las leyes, concurso de la función colegisladora del Presidente de la República y la función propiamente legislativa del Congreso Nacional estructurado bajo un sistema bicameral de control en la formación de la ley.	Con todo, la representación de la voluntad soberana, radicada en el Congreso Nacional es más ficticia que real, por cuanto, más allá de la expresión del voto la ciudadanía no tiene mayores instancias de participación y opinión permanentes sobre las decisiones nacionales que afectan a la ciudadanía en su conjunto.	A raíz de ello es que resulta conveniente introducir instancias de mayor democracia directa y participación ciudadana en las decisiones públicas adoptadas por el honorable Congreso Nacional.	Para dicho propósito se propone por medio del presente proyecto de ley la creación de la “Comisión de participación ciudadana” que tendrá precisamente la función de ser la instancia de discusión y decisión de los asuntos y materias legislativas que interesen a la ciudadanía, expresada de manera directa por grupos, instituciones e incluso por personas naturales.	Para este fin se propone reformar el reglamento de la Cámara de Diputados por cuanto este cuerpo legal es el que por mandato de la ley del Congreso Nacional el que debe determinar el establecimiento de Comisiones permanentes según preceptúa el art. 17 de la ley del Parlamento chileno.	“Artículo 17.- El Senado y la Cámara de Diputados establecerán en sus respectivos reglamentos las comisiones permanentes que consideren necesarias para informar los proyectos sometidos a su consideración”.	Por su parte el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados contempla a propósito de las comisiones permanentes y la participación ciudadana sólo las siguientes normas:	Señala su artículo 212:	“En la Cámara de Diputados habrá Comisiones permanentes, unidas, especiales, mixtas e investigadoras. Estas últimas se regirán por las normas del Título III del Libro Tercero”.	Y luego establece en su art. 213 titulado “De las comisiones permanentes, unidas, especiales y mixtas” lo siguiente:	“Habrá las siguientes comisiones permanentes compuestas de 13 miembros cada una:1º	De Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.2º	De Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.3º	De Constitución, Legislación y Justicia.4º	De Educación, Cultura, Deportes y Recreación.5º	De Hacienda.6º	De Defensa Nacional.7º	De Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.8º	De Agricultura, Silvicultura y Pesca.9º	De Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.10. De Salud.11. De Trabajo y Seguridad Social.12. De Minería y Energía.13. De Economía, Fomento y Desarrollo.14. De la Vivienda y Desarrollo Urbano.15. De Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.16. De Familia.17. De Ciencias y Tecnología.18. De Régimen Interno, Administración y Reglamento.	Los partidos políticos que formen parte de la Cámara estarán representados en cada Comisión por un número proporcional al de diputados con que cuenten, lo que se determinará según un coeficiente fijo resultante de dividir el total de los cargos de todas las comisiones por el número de diputados de la Corporación; este coeficiente se multiplicará por el número de diputados de cada partido político y ese resultado señalará los cargos que le correspondan.	En caso de fracciones, se aplicará la ley que determina la manera de computar las fracciones del número de miembros de una Corporación”.	En cuanto al mecanismo contemplado por el reglamento para canalizar la opinión de la ciudadanía se contemplan “Jornadas Temáticas” que en realidad son sólo un mecanismo de información y no de real participación del pueblo. Señala al respecto el art. 218 bis:	“Las Comisiones Permanentes, en coordinación con la Mesa, deberán establecer un sistema de relación con la ciudadanía a través de la realización de jornadas temáticas, en virtud del cual estas comisiones deberán agrupar dos jornadas dentro de cada período legislativo, con el objeto de desarrollar uno o varios temas de interés e interactuar con los ciudadanos relacionados con la temática en cuestión. Este sistema será canalizado a través de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento”.	En consecuencia, se propone la creación de una “Comisión de Participación Ciudadana” en la que la ciudadanía exponga y proponga ideas e iniciativas legislativas ante 7 parlamentarios que se irán rotando como miembros de la Comisión. Se propone que esta Comisión sesione 2 veces en el mes durante 4 horas en cada sesión y en cada una de ellas se escuchen los planteamientos de la ciudadanía de los que se llevará registro escrito por la secretaría de la Comisión.	La Comisión propuesta podrá adoptar los acuerdos que estime pertinentes en los mismos términos que cualquier otra comisión.	Esta iniciativa junto con la que crea la iniciativa popular en materia de formulación de ley constituyen aportes concretos y reales para estrechar vínculos entre la ciudadanía y el poder legislativo coadyuvando de esta forma al fortalecimiento y credibilidad del sistema democrático.	Por cuanto tengo a bien proponer la siguiente,MOCIÓN	Artículo único.- Refórmase el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados en la forma que se indica a continuación:1.	Agrégase el siguiente inciso final al artículo 213:	“Habrá la siguiente Comisión Permanente compuesta por siete miembros:	1º. De Participación Ciudadana”.2.	Intercálase el siguiente punto 4º en el título III, pasando el actual 4º a ser 5º y así correlativamente e introduciendo el siguiente art. 223 bis nuevo:	“4º De la Comisión de Participación Ciudadana”.	Art. 223 bis.- La Comisión de Participación Ciudadana conocerá de las propuestas legislativas que le formulen directamente instituciones o personas naturales de la sociedad civil, en audiencias que se llevarán a efecto dos veces al mes y por un mínimo de cuatro horas cada una.	La Comisión irá rotando sus miembros todos los meses, podrá adoptar los acuerdos que estime pertinentes y en todo lo demás se sujetará a las disposiciones aplicables para las comisiones permanentes”.14. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema.	“Oficio Nº 000216	ANT. ADM AD-15.447	Comunica resolución.	Santiago, 3 de abril de 2000.	Para su conocimiento y fines que corresponda, adjunto remito a Ud. fotocopia autorizada de la resolución dictada por el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema, en los antecedentes administrativos AD-15.447, relativos a su presentación, por la que solicita la opinión de esta Corte Suprema, en torno al proyecto de ley que modifica el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695 de 1979.	Lo que el Secretario de esta Corte Suprema, cumple por disposición del señor Presidente.	Saluda atentamente a Ud.,	(Fdo.): CARLOS A. MENESES PIZARRO, Secretario.	Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil.	Ofíciese a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, comunicando que, según la información proporcionada por las diferentes Cortes de Apelaciones del país, existen ciento once causas tramitándose en diferentes tribunales, que podrían verse beneficiadas de aprobarse el proyecto de ley que modifica el artículo 9 del decreto ley Nº 2695; hecho, archívense.	AD-15.477.	(Fdo.): ÁLVAREZ GARCÍA; FAÚNDEZ; CARRASCO; GARRIDO; NAVAS; LIBEDINSKY.AL SEÑOR PRESIDENTECOMISIÓN DE RECURSOS NATURALES,BIENES NACIONALES Y MEDIO AMBIENTECÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO”.