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Señor Presidente, la enfermedad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana constituye un grave problema de salud pública que tiene en jaque al mundo entero y que ha hecho, en alguna medida, cambiar las conductas humanas. Esto último es el verdadero objetivo de los programas de control. Todo el resto, si bien no deja de ser importante, es secundario y tardío, pues el daño ya está hecho, dado que en este momento no existe en el mundo un control absoluto de la enfermedad y, con los medicamentos disponibles, la muerte de los pacientes afectados es una posibilidad real.
Nuestro sector está de acuerdo en crear instancias especiales para el tratamiento de los enfermos con el virus de la inmunodeficiencia humana, como se pretende con el proyecto, a pesar de haber manifestado al inicio de su estudio en la Comisión de Salud, al igual que varios parlamentarios, que en el Código Sanitario existen los mecanismos para crear las normas necesarias para un tratamiento adecuado.
Pero los graves problemas, la gran incidencia y el deterioro que ocasiona en las personas y en su entorno social, que el proyecto bien pretende mejorar dando prioridad a muchos aspectos de la enfermedad que adquieren diferentes resultantes y que, al igual que otras patologías que ocasionan también daños diferentes y mayores en los aspectos físico, síquico y social, constituyen las razones, entre otras, que ameritan un tratamiento médico y legal diferentes para esta enfermedad. En eso estamos dispuesto a colaborar y creemos que nadie se puede restar a esta intención.
Importante lugar ocupa en el proyecto el trato igualitario a los afectados. Es innegable la discriminación que existe contra los portadores del VIH, consecuencia de la masiva desinformación y de intereses ajenos a la salud, no siempre buenos: sensacionalismo, falta de cultura e ignorancia, problema también endémico en la sociedad actual.
Pero la igualdad en el trato a las personas en deberes y en derechos también está garantizada en nuestra Constitución Política. Lo necesario es exigir el cumplimiento de las leyes y no sólo hacerlas. Y no somos justos si protegemos a unos, aunque sean menos y más débiles, y olvidamos la obligación de proteger siempre a todos, aunque sean más y más fuetes; a sanos y enfermos. Somos justos si protegemos y tratamos igual a todos. Si bien esto constituye una discriminación positiva en relación a otras enfermedades que también causan daño grave a la humanidad, como la hepatitis, éstas no tienen el sensacionalismo que la prensa ha creado en torno al VIH, originando desinformación y falsos miedos, prejuicios negativos, hasta en los mismos miembros del equipo de salud, los que se han disipado con el aumento del conocimiento de la enfermedad, pero que aún existen y que en la mayoría de los casos no tienen fundamentos, pues todos pueden compartir sus vidas, sus trabajos con pacientes portadores del VIH sin mayor riesgo que el normal, quedando ya su contagio casi en un ciento por ciento restringido sólo al contacto sexual.
Mientras no solucionemos el problema cultural, será necesario proteger a estas personas del maltrato y la discriminación. Mientras nuestra sociedad tenga sus problemas de principios, debe existir este tipo de leyes, innecesarias en una sociedad justa y buena.
Un punto conflictivo es la decisión voluntaria o la indicación médica del examen, siempre con la reserva y resultados confidenciales. Contra la opinión de muchos, razón por la cual solicito votación separada del artículo 9º, persisto en la indicación médica del examen en ciertas circunstancias. Creo que debe llegar a ser una rutina normal, como muchos otros exámenes, por ejemplo, el VDRL para detectar sífilis, la baciloscopia para pesquisar una tuberculosis o cualquier toma de muestra de sangre para detectar una hepatitis u otra enfermedad, a fin de proteger al enfermo y al resto de la comunidad, ya que esto último será siempre obligación de los organismos de salud, como principio básico.
Hay muchas situaciones que obligan a adoptar medidas especiales para no aumentar la posibilidad de contagio, como sucede con una embarazada al momento del parto. Son muchas más las posibilidades de contagio del recién nacido por parto normal que por cesárea. También son especiales las condiciones de los recintos carcelarios, donde existe un alto número de reclusos y reclusas portadores de VIH. Las condiciones de hacinamiento llevan a un alto grado de promiscuidad, con conductas sexuales que aumentan la posibilidad de contagio a los sanos. Estas situaciones podrían evitarse con un examen al ingresar a tales recintos, con el objeto de tomar las medidas especiales que se consideren necesarias para disminuir la posibilidad de contagio, esto es, proteger a los sanos, lo cual no constituye discriminación contra los enfermos y sí una medida de prevención de salud habitual.
De todas maneras, con los reparos señalados, votaré a favor en general el proyecto en debate y recomiendo lo mismo a mi bancada, en especial por las características que esta pandemia ocasiona en las personas y en la sociedad toda y que es necesario tratar y evitar con las medidas generales de nuestras normas médicas vigentes y con las disposiciones especiales que propone el proyecto, con las cuales pretendemos optimizar los resultados de este grave problema de salud.
He dicho.
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