-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/664422/seccion/akn664422-po1-ds27-ds30
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1975
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:value = "
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente, mi intervención es en mi doble calidad de diputado y de médico.
Para nadie es un secreto que era necesario legislar sobre la materia.
En primer lugar, debo hacer un reconocimiento a las autoras de la iniciativa. En la Comisión de Salud vimos la intensa participación de las diputadas señoras Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa. Debemos reconocer ese esfuerzo y preocupación, porque la iniciativa fue de ellas y no necesariamente de los integrantes de la Comisión que nos incorporamos a su estudio.
Después de todo lo que ya se ha dicho sobre el proyecto, un grupo de parlamentarios hicimos una observación que está avalada, precisamente, en el ejercicio de la profesión de médico.
Cuando un paciente es sometido a una intervención quirúrgica no se le ocurre decirle al doctor que no le haga un electrocardiograma, un hemograma, un examen de sangre o un examen completo, porque con ello pone en riesgo el resultado de la intervención. Por otra parte, la responsabilidad que asume el médico desde el momento en que inicia una intervención es tal que, incluso, si no es asumida adecuadamente puede tener efectos legales.
Desde ese punto de vista, nos preocupa lo que establece el artículo 9º del proyecto al señalar que “Todo examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito la voluntad del interesado o de su representante legal”. Esta frase atenta, precisamente, contra el ejercicio de la profesión y, sobre todo, contra la salud del paciente.
Todo el mundo sabe que los pacientes que sufren la enfermedad son inmunitariamente deprimidos. ¿Qué resultados puede esperar un médico que opera de vesícula, que pone un by-pass aortocoronario, que hace un trasplante renal o lo que sea, si el paciente está inmunitariamente deprimido? Eso es atentar, derechamente, contra la vida del paciente, y quienes ejercemos la profesión de médico no lo podemos aceptar.
Aún más, hay otro tipo de pacientes, como las embarazadas, en las cuales una detección precoz de la enfermedad puede permitir que el niño en gestación no se infecte en el momento del parto y sea sano de por vida. Al no hacer el examen correspondiente, se está atentando contra el derecho a la vida del niño, lo cual es muy importante.
Además de estas situaciones de orden profesional y técnico existen también lo que llamamos poblaciones de alto riesgo, respecto de las cuales vamos a decir cosas que, a lo mejor, nunca se mencionan.
Las cárceles en Chile, por su precariedad y el hacinamiento que en ellas se produce, debido a una mala legislación y a la falta de recursos, se transforman en lugares de alto riesgo.
En 1969, junto al actual senador, señor José Antonio Viera-Gallo , y a un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, visitamos la cárcel pública de Santiago. En ese entonces, y nada ha cambiado hasta hoy, el personal de Gendarmería nos señaló un sector destinado a los homosexuales, en el cual todos los presos estaban vestidos de mujer. Preguntamos si eso era normal y la respuesta fue afirmativa. Nos decían que cuando los presos estaban muy presionados les daban libertad para que se desahogaran permitiéndoles a los otros presos que circularan por los sectores en que había personas que ejercían el comercio sexual o que tenían tal calidad.
Sin duda, esto transforma a las cárceles con muchos detenidos en una población de alto riesgo. Pero el asunto es más grave todavía. Sabemos que la persona que ingresa a la cárcel y no tiene dinero para pagar seguridad dentro de ella -digámoslo con todas sus palabras- es pasado por las armas. ¡Esa es la verdad! ¡Digámoslo claramente! ¡Por qué lo vamos a ocultar! El que paga seguridad no tiene problema, pero el que carece de ella sirve para el desahogo de los otros. Por lo tanto, el acto no es voluntario; si lo fuera, el riesgo lo asume quien lo hace; pero si no lo es, alguien debe defender a esa persona, lo cual se hace a través de una legislación que regule esas poblaciones de alto riesgo.
Y digámoslo derechamente: con el proyecto en debate estamos defendiendo -no sólo me hago partícipe de él, sino que felicité a la doctora Fanny Pollarolo por esta gestión- una iniciativa buena, necesaria y justa. En efecto, era necesario evitar la discriminación contra las minorías, pero ello no puede significar poner en riesgo a 14 millones y medio de habitantes. Alguien debe tener la capacidad de regular y para eso están el Estado y los servicios de salud. ¡Esta iniciativa va en beneficio de los infectados por el virus, de los potenciales portadores y de las personas sanas! Países desarrollados en materia de salud, como Suecia y Cuba, este último con un importante desarrollo en el campo de la salud social que nadie discute a nivel mundial, ejercen un estricto control sobre este tipo de patologías.
Por ello, un grupo de diputados, entre los que se encuentran Osvaldo Palma , Carlos Abel Jarpa, Carlos Olivares y quien habla, todos médicos, tres de los cuales son miembros de la Comisión de Salud, presentamos una indicación a fin de modificar el artículo 9º en la siguiente forma:
“Todo examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial. El examen de detección se realizará previa información a éstos acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como de las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces”.
Además, agregar el siguiente inciso segundo:
“El examen en los casos de poblaciones de alto riesgo y preoperatorios, indicaciones médicas previamente regladas por la autoridad, será obligatorio sin perder la estricta confidencialidad. El Ministerio de Salud definirá este tipo de poblaciones de alto riesgo para resguardar la salud de la población humana”.
El derecho de las mayorías, cuando se trata de la vida, esta última resguardada por la Constitución Política de la República, debe ser defendido y no puede ser puesto en duda.
Los dos últimos incisos del artículo 9º no sufrirían modificaciones. Dicen:
“La entrega de los resultados deberá efectuarse siempre personal y reservadamente al interesado o a su representante legal, a través de personal debidamente capacitado para tal efecto.
“El Ministerio de Salud reglamentará los procedimientos destinados a proporcionar la información enunciada en los incisos anteriores, así como la forma de resguardar la privacidad y confidencialidad de ésta”.
Señor Presidente, no podía silenciar lo que como profesional de la salud pienso a este respecto.
Por otra parte, creo que la iniciativa padece de una pequeña cojera: su financiamiento. Este proyecto, que evita la discriminación contra los enfermos del Sida, no tiene sentido alguno ni valor si no cuenta con financiamiento adecuado. La mayor discriminación que enfrentan los portadores del VIH es, precisamente, no contar con medicamentos que les permitan un tratamiento efectivo.
Si alguien tiene dudas respecto del artículo 9º, y si es necesario aplicar penas mucho más drásticas para quienes transgredan la confidencialidad o la honra de las personas, estoy dispuesto a ello. No se puede discriminar a los enfermos, pero tampoco a los 14 millones y medio de habitantes que no son portadores del VIH.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/664422/seccion/akn664422-po1-ds27
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/664422