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El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quiero expresar mi profunda satisfacción porque hoy, tal como en la semana pasada, estamos abocados a este tema, ya que en 1993, en mi primer período parlamentario, junto con los doctores y diputados socialistas Isidoro Tohá, Carlos Smok y Vladislav Kuzmicic, presentamos el primer proyecto para abordar el tema del Sida. Lamentablemente -debemos reconocerlo hoy-, en aquella época no se estudió su importancia ni se trató con la prontitud que requería.
Fue así como en mi segundo período parlamentario, con las diputadas señoras Fanny Pollarolo , María Antonieta Saa , con el ex diputado Vicente Sota y con el diputado Ignacio Walker , presentamos una nueva iniciativa para tratar el tema con la profundidad que requiere debido al vacío legal existente en el país sobre la materia.
En este sentido, quiero reconocer muy sinceramente el trabajo que desarrolló la Comisión de Salud de la honorable Cámara, porque los distintos diputados, pertenecientes a bancadas diversas desde el punto de vista ideológico, fueron capaces de hacer un aporte significativo y mejorar el proyecto en los términos en que hoy lo está conociendo la Sala. Es digno de destacar el trabajo serio y profundo que hicieron los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara, lo cual ha permitido que la Sala considere ahora el proyecto.
En ese sentido, quiero señalar que aquí cabe una responsabilidad principal del Estado chileno, porque el Sida, al igual que otras materias, tiene que ver estrictamente con los derechos humanos de quienes se ven afectados por esta situación. La importancia del tema radica justamente en los comportamientos que debe tener la sociedad para respetar la dignidad básica de las personas frente a esta situación. ¿Y qué hemos visto durante estos años? El aislamiento, la discriminación y la estigmatización de quienes están enfermos de Sida. Ello constituye no sólo un obstáculo en su lucha, sino, además, un atentado contra la dignidad del ser humano.
Digámoslo con franqueza: la experiencia histórica y los especialistas en este tipo de materias nos enseñan cómo debemos actuar contra la enfermedad, pero nunca lo que debemos hacer para enfrentarla. La conducta típica que se ha tenido en el caso del Sida ha sido, con frecuencia, el rechazo, más que adoptar las medidas necesarias para controlar y contener el avance de esta mortal enfermedad.
No hace mucho, se usaba incluso el castigo, como si la enfermedad constituyera en sí un crimen. De igual forma, eran frecuentes las segregaciones, expulsiones e incluso la detención de los enfermos.
La historia nos ha demostrado en este tipo de materias que ninguna barrera ha sido capaz de impedir la expansión de una enfermedad. Por tanto, las razones de salud pública no pueden ser aducidas como meritorias y justificativas de una política de segregación.
Bajo el pretexto de combatir el Sida en nuestro país y en otros lugares del mundo, prostitutas, drogadictos y homosexuales han sido frecuentemente víctimas de la represión y de la exclusión. Tales ataques constituyen una ofensa a la dignidad humana y una muestra evidente de la carencia de un diálogo social que permita abrir nuevos horizontes en torno al tema.
Para justificar esta discriminación, se pretendió que había un conflicto entre los derechos de la mayoría no infectada y los de la minoría infectada. De esta forma, se optó por suprimir o restringir los derechos de las personas infectadas.
Señor Presidente, éste es un falso dilema, del cual se hace cargo justamente la iniciativa que discutimos en esta honorable Sala, ya que no se trata de los derechos de los unos y de los otros, sino del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y no la negación de los mismos.
En la realidad, prácticamente todos los derechos esenciales se ven afectados de una u otra manera por las reacciones o medidas tomadas frente al Sida, lo que plantea problemas extremadamente complejos.
Como vemos, el tema no es fácil y, en consecuencia, requiere que nosotros, como legisladores, cumplamos un rol en cuanto a garantizar los derechos de los enfermos de Sida, como también del conjunto de la sociedad chilena, que puede verse afectada por esta enfermedad.
En este terreno, no se trata de abordar una legislación represiva, sino una que regule adecuadamente los derechos de los distintos sectores afectados.
En este orden de ideas, el juego de nuestras propias concepciones morales sobre el tema deben ser dejadas de lado, pues, antes que ellas, la Constitución nos ha otorgado un mandato, a través del artículo 19, numeral 1º, por el cual debemos asegurar a todas las personas el respeto a la vida y a su integridad física y síquica, siendo del todo inconducente cualquier razonamiento que intente sustentar lo contrario.
En nuestro país existe una realidad indiscutible, que se constituye por un número creciente de personas contagiadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Aquí se han entregado estadísticas que, por cierto, las comparto en cuanto a la cantidad de personas portadoras del virus. Como se ha demostrado, el Sida no afecta sólo a los grupos considerados de alto riesgo. No, el Sida puede afectar a todas las personas, y cada uno de nosotros debe tomar conciencia de esa realidad.
El carácter de incurable de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana y sus diversas formas de contagio han llevado a que la gente tenga un temor irracional a la enfermedad, lo que se traduce en discriminación y rechazo a la persona infectada en los diversos ámbitos en los cuales se desempeña. ¿Cuántas acciones en contra de los enfermos del Sida se cometen en sus lugares de trabajo? En el campo educacional, hemos sido testigos en estos años de que a los niños se les restringen las posibilidades de estudiar. Incluso -algo difícil de entender-, hay negativa de ciertos establecimientos médicos y de personal de salud para brindarles la atención indispensable.
Esa situación se ve agravada por el hecho de que los infectados son especialmente personas de entre 25 y 32 años de edad, por lo que muchas veces carecen de previsión adecuada o, como lo ha demostrado la práctica, ella resulta insuficiente, debiendo enfrentar, sin recursos adecuados, los tratamientos médicos y los altos gastos que significa la enfermedad por concepto de medicamentos.
Por otra parte, existe un período de la enfermedad durante el cual permanece asintomática, etapa en que los portadores pueden y deben hacer una vida normal. Sin embargo, en muchas ocasiones son impedidos de continuar con sus actividades y, por tanto, excluidos del ejercicio de sus derechos esenciales.
Por ser una enfermedad relativamente nueva, nuestra legislación carece de normas que protejan los derechos de los infectados y, desde otra perspectiva, que establezcan sanciones para quienes la propaguen en forma premeditada.
Por tal razón, como parlamentario socialista y autor de esta iniciativa, junto con otros diputados, considero que tanto el Gobierno como nosotros, en nuestro rol de legisladores, sin demora, debemos tomar medidas urgentes para evitar la propagación de esta mortal enfermedad, así como dedicarnos con ahínco a legislar a fin de introducir los cambios normativos necesarios que tiendan a solucionar en forma eficiente los problemas propios de los grupos infectados en todos los ámbitos del quehacer social.
Señor Presidente, como socialista, reitero que estas medidas no deben ser represivas, sino estar orientadas hacia la protección y promoción de los derechos humanos de las personas infectadas y de la comunidad en general. En este sentido, el proyecto constituye un fiel reflejo de este pensamiento.
Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, la lucha contra el Sida debe tener como centro el respeto a la persona humana, la protección contra la discriminación y el resguardo de los valores de la solidaridad y de la comprensión.
En este marco, nuestro país asume hoy un gran desafío, que dice relación con superar el temor que provoca la ignorancia y el rechazo que genera el ser intolerantes.
Por ello, frente a esta mortal enfermedad, el Estado no sólo debe garantizar el ejercicio de los derechos que pretende establecer esta nueva normativa, sino realizar una labor educativa y reflexiva en torno del tema.
En este contexto, la imposibilidad de exigir el examen por parte de quienes contratan trabajadores y la reserva de sus resultados, vienen a reforzar estas ideas y convierten la iniciativa en un instrumento indispensable para llevar a cabo este primordial objetivo.
Tal como expresó el secretario general de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1987, al referirse a este tema: “La lucha contra el Sida es también una lucha contra el miedo, el prejuicio y las acciones irracionales nacidas de la ignorancia, porque éstas son las causas de algunas de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
En efecto, estas palabras, en su contenido y profundidad, ilustran el gran desafío que tiene por delante la conciencia humanista y solidaria de nuestra patria, cual es que todas las personas, independiente de su condición, puedan vivir, desarrollarse y morir con dignidad, así como con el respeto que, como seres humanos, merecen de otros, que se consideran a su vez seres humanos.
Finalmente, señor Presidente, quiero pedir perdón a quienes hoy nos acompañan en las tribunas, y que son portadores de esta enfermedad, por habernos demorado tanto en la elaboración y en la discusión de este proyecto, pues muchos de sus amigos, hermanos, hijos y padres ya no están junto a nosotros debido a que murieron de Sida, sin haber recibido de parte del Estado y de la comunidad chilena la ayuda y los beneficios que esta iniciativa buscaba reportarles. A ellos rindo un tributo y les pido disculpas por la discriminación y por la segregación de que han sido objeto.
Por eso, hago un llamado a esta honorable Sala, como también a la honorable Sala de senadores, para que tomen conciencia de la gravedad de esta problemática y del hecho cierto de que los portadores del VIH y los enfermos de Sida no pueden esperar, con el objeto de que se sumen a esta tarea y aprueben en definitiva y en el más breve plazo, este proyecto.
He dicho.
(Aplausos).
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