NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- Corresponde continuar, en primer trámite constitucional, la discusión en general del proyecto de ley que establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA (don Osvaldo) .- Señor Presidente, la enfermedad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana constituye un grave problema de salud pública que tiene en jaque al mundo entero y que ha hecho, en alguna medida, cambiar las conductas humanas. Esto último es el verdadero objetivo de los programas de control. Todo el resto, si bien no deja de ser importante, es secundario y tardío, pues el daño ya está hecho, dado que en este momento no existe en el mundo un control absoluto de la enfermedad y, con los medicamentos disponibles, la muerte de los pacientes afectados es una posibilidad real. Nuestro sector está de acuerdo en crear instancias especiales para el tratamiento de los enfermos con el virus de la inmunodeficiencia humana, como se pretende con el proyecto, a pesar de haber manifestado al inicio de su estudio en la Comisión de Salud, al igual que varios parlamentarios, que en el Código Sanitario existen los mecanismos para crear las normas necesarias para un tratamiento adecuado. Pero los graves problemas, la gran incidencia y el deterioro que ocasiona en las personas y en su entorno social, que el proyecto bien pretende mejorar dando prioridad a muchos aspectos de la enfermedad que adquieren diferentes resultantes y que, al igual que otras patologías que ocasionan también daños diferentes y mayores en los aspectos físico, síquico y social, constituyen las razones, entre otras, que ameritan un tratamiento médico y legal diferentes para esta enfermedad. En eso estamos dispuesto a colaborar y creemos que nadie se puede restar a esta intención. Importante lugar ocupa en el proyecto el trato igualitario a los afectados. Es innegable la discriminación que existe contra los portadores del VIH, consecuencia de la masiva desinformación y de intereses ajenos a la salud, no siempre buenos: sensacionalismo, falta de cultura e ignorancia, problema también endémico en la sociedad actual. Pero la igualdad en el trato a las personas en deberes y en derechos también está garantizada en nuestra Constitución Política. Lo necesario es exigir el cumplimiento de las leyes y no sólo hacerlas. Y no somos justos si protegemos a unos, aunque sean menos y más débiles, y olvidamos la obligación de proteger siempre a todos, aunque sean más y más fuetes; a sanos y enfermos. Somos justos si protegemos y tratamos igual a todos. Si bien esto constituye una discriminación positiva en relación a otras enfermedades que también causan daño grave a la humanidad, como la hepatitis, éstas no tienen el sensacionalismo que la prensa ha creado en torno al VIH, originando desinformación y falsos miedos, prejuicios negativos, hasta en los mismos miembros del equipo de salud, los que se han disipado con el aumento del conocimiento de la enfermedad, pero que aún existen y que en la mayoría de los casos no tienen fundamentos, pues todos pueden compartir sus vidas, sus trabajos con pacientes portadores del VIH sin mayor riesgo que el normal, quedando ya su contagio casi en un ciento por ciento restringido sólo al contacto sexual. Mientras no solucionemos el problema cultural, será necesario proteger a estas personas del maltrato y la discriminación. Mientras nuestra sociedad tenga sus problemas de principios, debe existir este tipo de leyes, innecesarias en una sociedad justa y buena. Un punto conflictivo es la decisión voluntaria o la indicación médica del examen, siempre con la reserva y resultados confidenciales. Contra la opinión de muchos, razón por la cual solicito votación separada del artículo 9º, persisto en la indicación médica del examen en ciertas circunstancias. Creo que debe llegar a ser una rutina normal, como muchos otros exámenes, por ejemplo, el VDRL para detectar sífilis, la baciloscopia para pesquisar una tuberculosis o cualquier toma de muestra de sangre para detectar una hepatitis u otra enfermedad, a fin de proteger al enfermo y al resto de la comunidad, ya que esto último será siempre obligación de los organismos de salud, como principio básico. Hay muchas situaciones que obligan a adoptar medidas especiales para no aumentar la posibilidad de contagio, como sucede con una embarazada al momento del parto. Son muchas más las posibilidades de contagio del recién nacido por parto normal que por cesárea. También son especiales las condiciones de los recintos carcelarios, donde existe un alto número de reclusos y reclusas portadores de VIH. Las condiciones de hacinamiento llevan a un alto grado de promiscuidad, con conductas sexuales que aumentan la posibilidad de contagio a los sanos. Estas situaciones podrían evitarse con un examen al ingresar a tales recintos, con el objeto de tomar las medidas especiales que se consideren necesarias para disminuir la posibilidad de contagio, esto es, proteger a los sanos, lo cual no constituye discriminación contra los enfermos y sí una medida de prevención de salud habitual. De todas maneras, con los reparos señalados, votaré a favor en general el proyecto en debate y recomiendo lo mismo a mi bancada, en especial por las características que esta pandemia ocasiona en las personas y en la sociedad toda y que es necesario tratar y evitar con las medidas generales de nuestras normas médicas vigentes y con las disposiciones especiales que propone el proyecto, con las cuales pretendemos optimizar los resultados de este grave problema de salud. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, considero fundamental atacar de raíz el problema que aborda esta iniciativa legal. No hay duda de que el Sida es un tema de salud pública y que corresponde al Estado ejecutar las acciones de prevención destinadas a impedir la propagación de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, adoptar medidas para su prevención y tratamiento y asegurar el respeto de los derechos y dignidad de las personas contagiadas. En la actualidad, todas las enfermedades transmisibles en Chile son un tema tabú. Las personas que las sufren son discriminadas por la sociedad y, en mi concepto, incluso por el Estado. Sólo algunas instituciones privadas parecen dar algún tipo de apoyo a los enfermos, pero los recursos económicos y humanos son escasos e insuficientes para atender tan complejas y onerosas necesidades. El tema del Sida es una realidad latente en Chile. Recordemos que el primer caso se notificó en 1984 y que hasta el 30 de septiembre de 1999 se han notificado 3.262 enfermos y 3.963 portadores asintomáticos y se ha informado el fallecimiento de 2.157 aproximadamente en las 13 regiones del país. Hay que destacar que las tasas acumuladas más elevadas corresponden a las regiones Metropolitana, Quinta, Segunda y Primera, y que la exposición sexual tiene el más alto porcentaje de incidencia en estos casos. También es importante señalar que el grupo etario más afectado se ubica entre los 20 y 49 años, donde se concentra el 85 por ciento de los casos, situación de gran trascendencia social, por tratarse de personas en plena productividad laboral y actividad sexual. Claro está que no atacar oportunamente el Sida tendrá en los próximos años un impacto económico significativo en el desarrollo social y productivo del país. Entonces, debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para dictar una normativa eficaz e ir en ayuda de todas las personas que padecen la enfermedad. La multiplicidad de factores involucrados en la propagación de la enfermedad, tales como género, orientación sexual, condiciones de vida y nivel de desarrollo, acceso a la educación y a los servicios de salud, principalmente, ayudarán a que el fenómeno del Sida no sea considerado sólo desde una mirada biomédica, sino que se desarrolle un enfoque integral e interdisciplinario que incorpore las condiciones sociales y comunitarias en el acercamiento, análisis y búsqueda de solución al problema. Para ir en ayuda de enfermos terminales se requiere, sin duda, recursos económicos y campañas masivas de difusión pública para prevenir el contagio. El Sida no sólo implica una enfermedad física, sino que se equipara a la lepra de los tiempo bíblicos y, a diferencia de otras enfermedades transmisibles, resulta difícil de abordar porque uno de sus principales aspectos se ubica en el ámbito de la privacidad de las personas, como es la sexualidad y todo lo que se desarrolla en torno de ella. Es también claro que no sólo ataca a las personas con prácticas homosexuales, sino a toda la población. Inclusive, sabemos que niños inocentes padecen el mal. Por tanto, será importante acoger la cooperación de la comunidad internacional para la prevención y tratamiento de esta pandemia, como también supervigilar las acciones que se realicen en el ámbito nacional, y en especial encontrar soluciones de carácter económico para ir en ayuda de los enfermos terminales. Es importante reconocer la ignorancia colectiva que existe sobre el tema, lo que debiera impulsarnos con mayor fuerza a generar medidas de prevención y educación, especialmente en el ámbito escolar. Todos sentimos temor de que un hijo nuestro sea compañero de un alumno infectado. El niño enfermo no tiene culpa, tampoco el nuestro ni los padres; ello obedece a la ignorancia colectiva de no saber con certeza cuáles son las causas de transmisión y las formas de evitarlas. Por ello, es fundamental establecer mecanismos de información en los colegios, en los centros de educación superior y en todos aquellos grupos sociales que nos permitan educar a la población, crear conciencia y cultura colectivas sobre los reales alcances de la enfermedad y así superar el desconocimiento que existe sobre ella. Asimismo, hay que promover las acciones conducentes a la investigación científica, adoptar medidas para el tratamiento y rehabilitación y arbitrar los medios para que la población tome conocimiento adecuado sobre la forma de prevenir la transmisión y contagio del virus. No debemos olvidar que en el mundo ya existen aproximadamente 30 millones de personas que viven con el virus, sea como portadores o como enfermos. Es necesario destacar que el capítulo I de la Constitución Política de la República establece la igualdad en dignidad y derechos a todos los chilenos. Por ello, si a la persona enferma se la discrimina, es nuestro deber buscar una legislación que permita el tratamiento igualitario en el ejercicio de sus derechos e impedir su discriminación y, por el contrario, buscar las mejores formas para reinsertarla en la sociedad. Por último, quiero expresar el reconocimiento público, en la persona del padre Baldo Santi , a todas aquellas instituciones y personas que se dedican al cuidado de los enfermos, entregándoles amor y cariño. A la gente que hoy nos acompaña le digo que votaré a favor el proyecto, a fin de que no se discrimine a los enfermos, porque son parte de nuestra sociedad. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia. El señor ARRATIA .- Señor Presidente, mi intervención es en mi doble calidad de diputado y de médico. Para nadie es un secreto que era necesario legislar sobre la materia. En primer lugar, debo hacer un reconocimiento a las autoras de la iniciativa. En la Comisión de Salud vimos la intensa participación de las diputadas señoras Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa. Debemos reconocer ese esfuerzo y preocupación, porque la iniciativa fue de ellas y no necesariamente de los integrantes de la Comisión que nos incorporamos a su estudio. Después de todo lo que ya se ha dicho sobre el proyecto, un grupo de parlamentarios hicimos una observación que está avalada, precisamente, en el ejercicio de la profesión de médico. Cuando un paciente es sometido a una intervención quirúrgica no se le ocurre decirle al doctor que no le haga un electrocardiograma, un hemograma, un examen de sangre o un examen completo, porque con ello pone en riesgo el resultado de la intervención. Por otra parte, la responsabilidad que asume el médico desde el momento en que inicia una intervención es tal que, incluso, si no es asumida adecuadamente puede tener efectos legales. Desde ese punto de vista, nos preocupa lo que establece el artículo 9º del proyecto al señalar que “Todo examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito la voluntad del interesado o de su representante legal”. Esta frase atenta, precisamente, contra el ejercicio de la profesión y, sobre todo, contra la salud del paciente. Todo el mundo sabe que los pacientes que sufren la enfermedad son inmunitariamente deprimidos. ¿Qué resultados puede esperar un médico que opera de vesícula, que pone un by-pass aortocoronario, que hace un trasplante renal o lo que sea, si el paciente está inmunitariamente deprimido? Eso es atentar, derechamente, contra la vida del paciente, y quienes ejercemos la profesión de médico no lo podemos aceptar. Aún más, hay otro tipo de pacientes, como las embarazadas, en las cuales una detección precoz de la enfermedad puede permitir que el niño en gestación no se infecte en el momento del parto y sea sano de por vida. Al no hacer el examen correspondiente, se está atentando contra el derecho a la vida del niño, lo cual es muy importante. Además de estas situaciones de orden profesional y técnico existen también lo que llamamos poblaciones de alto riesgo, respecto de las cuales vamos a decir cosas que, a lo mejor, nunca se mencionan. Las cárceles en Chile, por su precariedad y el hacinamiento que en ellas se produce, debido a una mala legislación y a la falta de recursos, se transforman en lugares de alto riesgo. En 1969, junto al actual senador, señor José Antonio Viera-Gallo , y a un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, visitamos la cárcel pública de Santiago. En ese entonces, y nada ha cambiado hasta hoy, el personal de Gendarmería nos señaló un sector destinado a los homosexuales, en el cual todos los presos estaban vestidos de mujer. Preguntamos si eso era normal y la respuesta fue afirmativa. Nos decían que cuando los presos estaban muy presionados les daban libertad para que se desahogaran permitiéndoles a los otros presos que circularan por los sectores en que había personas que ejercían el comercio sexual o que tenían tal calidad. Sin duda, esto transforma a las cárceles con muchos detenidos en una población de alto riesgo. Pero el asunto es más grave todavía. Sabemos que la persona que ingresa a la cárcel y no tiene dinero para pagar seguridad dentro de ella -digámoslo con todas sus palabras- es pasado por las armas. ¡Esa es la verdad! ¡Digámoslo claramente! ¡Por qué lo vamos a ocultar! El que paga seguridad no tiene problema, pero el que carece de ella sirve para el desahogo de los otros. Por lo tanto, el acto no es voluntario; si lo fuera, el riesgo lo asume quien lo hace; pero si no lo es, alguien debe defender a esa persona, lo cual se hace a través de una legislación que regule esas poblaciones de alto riesgo. Y digámoslo derechamente: con el proyecto en debate estamos defendiendo -no sólo me hago partícipe de él, sino que felicité a la doctora Fanny Pollarolo por esta gestión- una iniciativa buena, necesaria y justa. En efecto, era necesario evitar la discriminación contra las minorías, pero ello no puede significar poner en riesgo a 14 millones y medio de habitantes. Alguien debe tener la capacidad de regular y para eso están el Estado y los servicios de salud. ¡Esta iniciativa va en beneficio de los infectados por el virus, de los potenciales portadores y de las personas sanas! Países desarrollados en materia de salud, como Suecia y Cuba, este último con un importante desarrollo en el campo de la salud social que nadie discute a nivel mundial, ejercen un estricto control sobre este tipo de patologías. Por ello, un grupo de diputados, entre los que se encuentran Osvaldo Palma , Carlos Abel Jarpa, Carlos Olivares y quien habla, todos médicos, tres de los cuales son miembros de la Comisión de Salud, presentamos una indicación a fin de modificar el artículo 9º en la siguiente forma: “Todo examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial. El examen de detección se realizará previa información a éstos acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como de las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces”. Además, agregar el siguiente inciso segundo: “El examen en los casos de poblaciones de alto riesgo y preoperatorios, indicaciones médicas previamente regladas por la autoridad, será obligatorio sin perder la estricta confidencialidad. El Ministerio de Salud definirá este tipo de poblaciones de alto riesgo para resguardar la salud de la población humana”. El derecho de las mayorías, cuando se trata de la vida, esta última resguardada por la Constitución Política de la República, debe ser defendido y no puede ser puesto en duda. Los dos últimos incisos del artículo 9º no sufrirían modificaciones. Dicen: “La entrega de los resultados deberá efectuarse siempre personal y reservadamente al interesado o a su representante legal, a través de personal debidamente capacitado para tal efecto. “El Ministerio de Salud reglamentará los procedimientos destinados a proporcionar la información enunciada en los incisos anteriores, así como la forma de resguardar la privacidad y confidencialidad de ésta”. Señor Presidente, no podía silenciar lo que como profesional de la salud pienso a este respecto. Por otra parte, creo que la iniciativa padece de una pequeña cojera: su financiamiento. Este proyecto, que evita la discriminación contra los enfermos del Sida, no tiene sentido alguno ni valor si no cuenta con financiamiento adecuado. La mayor discriminación que enfrentan los portadores del VIH es, precisamente, no contar con medicamentos que les permitan un tratamiento efectivo. Si alguien tiene dudas respecto del artículo 9º, y si es necesario aplicar penas mucho más drásticas para quienes transgredan la confidencialidad o la honra de las personas, estoy dispuesto a ello. No se puede discriminar a los enfermos, pero tampoco a los 14 millones y medio de habitantes que no son portadores del VIH. He dicho. El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, si bien es cierto que no soy integrante de la Comisión de Salud ni médico, la circunstancia de ser parlamentario de provincia y de atender a personas los lunes en Santiago, me ha permitido conocer antecedentes relacionados con esta enfermedad que, en un comienzo, impactó mucho a la comunidad. Tanto fue así, que se exigió a los futbolistas utilizar sus medias en forma correcta por temor a que la sangre emanada de las lesiones pudiera transmitir la enfermedad. Incluso, se llegó a comentar que el virus podía transmitirse a través de la saliva. No obstante que los modos de transmisión han sido aclarados y la enfermedad se ha ido propagando lentamente, persiste la obligación de velar por que se tomen medidas de precaución y de apoyar las campañas de prevención que sean necesarias. Conocí de cerca el drama de una madre que recibió a su hijo, un muchacho joven, proveniente de España, que había contraído la enfermedad. Luego de algunos meses, falleció. Cuando uno es padre de familia o abuelo estos hechos impactan, porque nadie está libre de que un amigo o familiar contraiga el virus o vivir el drama de quienes por no tener previsión o dinero, van muriendo lentamente. En este sentido, es conveniente resaltar el trabajo desarrollado por el padre Baldo Santi , quien, pese a la crítica de los vecinos del lugar donde instaló un hogar para recibir a los enfermos del Sida, ha continuado su labor tan necesaria y cristiana. Hace algún tiempo, solicité algunos informes a los Ministerios de Salud y de Hacienda relacionados con la importación de drogas desde Estados Unidos, Cuba y otros países, a fin de liberarlas del impuesto de aduana. En esa misma línea, la semana pasada entregué un proyecto de acuerdo -es posible que la próxima semana o durante los primeros días de mayo sea tratado en la Sala- que, para mayor comprensión, leeré in extenso: “Primero: que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19, Nº 9, garantiza la protección de la salud de la persona y obliga al Estado a proteger a la población en la recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo; “Segundo: que la Constitución Política del Estado en su artículo 19, Nº 10, otorga especial protección al ejercicio del derecho a la educación en el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida; “Tercero: que el Sida es una enfermedad crónica que preocupa a la población, que aumenta día a día y que necesita acciones eficaces y rápidas de control y prevención; “Cuarto: que la política del supremo Gobierno es clara en estos aspectos y se refleja en la coordinación y control de acciones relacionadas con la materia, a través de la Comisión Nacional del Sida y que para complementarla es necesario establecer medidas de control y prevención a todo nivel y ámbitos de la vida ciudadana; “Se acuerda: solicitar a su Excelencia el Presidente de la República y, por su intermedio, a los ministerios involucrados, que se estudie un nuevo estatuto jurídico de la Conasida, equivalente al de organismos dependientes, igual que otros existentes en diversos ministerios y en el de Salud. El nuevo estatuto jurídico de Conasida no generará más gastos al Estado, puesto que ocuparía la misma planta administrativa que posee, con igual presupuesto. “Asimismo, que se estudie incluir esta enfermedad en la categoría de enfermedades catastróficas, por los efectos socioeconómicos que provoca, como también se diseñen planes de estudio para la educación básica y media, como una forma de ayudar a la prevención de dicha enfermedad”. Quiero confirmar lo que decía el colega Arratia acerca de la preocupación que deben tener las autoridades de Gendarmería con los detenidos en las cárceles, ya que la promiscuidad allí existente, demostrada con los antecedentes entregados por dicha institución, y la cantidad de los mismos, que sobrepasa la que se suponía que podía haber en este tiempo, exige dedicar especial atención a tales detenidos y a las medidas de control que deben aplicarse. Por último, anuncio que votaremos a favor del proyecto. He dicho. El señor MORA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Naranjo. El señor NARANJO.- Señor Presidente, quiero expresar mi profunda satisfacción porque hoy, tal como en la semana pasada, estamos abocados a este tema, ya que en 1993, en mi primer período parlamentario, junto con los doctores y diputados socialistas Isidoro Tohá, Carlos Smok y Vladislav Kuzmicic, presentamos el primer proyecto para abordar el tema del Sida. Lamentablemente -debemos reconocerlo hoy-, en aquella época no se estudió su importancia ni se trató con la prontitud que requería. Fue así como en mi segundo período parlamentario, con las diputadas señoras Fanny Pollarolo , María Antonieta Saa , con el ex diputado Vicente Sota y con el diputado Ignacio Walker , presentamos una nueva iniciativa para tratar el tema con la profundidad que requiere debido al vacío legal existente en el país sobre la materia. En este sentido, quiero reconocer muy sinceramente el trabajo que desarrolló la Comisión de Salud de la honorable Cámara, porque los distintos diputados, pertenecientes a bancadas diversas desde el punto de vista ideológico, fueron capaces de hacer un aporte significativo y mejorar el proyecto en los términos en que hoy lo está conociendo la Sala. Es digno de destacar el trabajo serio y profundo que hicieron los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara, lo cual ha permitido que la Sala considere ahora el proyecto. En ese sentido, quiero señalar que aquí cabe una responsabilidad principal del Estado chileno, porque el Sida, al igual que otras materias, tiene que ver estrictamente con los derechos humanos de quienes se ven afectados por esta situación. La importancia del tema radica justamente en los comportamientos que debe tener la sociedad para respetar la dignidad básica de las personas frente a esta situación. ¿Y qué hemos visto durante estos años? El aislamiento, la discriminación y la estigmatización de quienes están enfermos de Sida. Ello constituye no sólo un obstáculo en su lucha, sino, además, un atentado contra la dignidad del ser humano. Digámoslo con franqueza: la experiencia histórica y los especialistas en este tipo de materias nos enseñan cómo debemos actuar contra la enfermedad, pero nunca lo que debemos hacer para enfrentarla. La conducta típica que se ha tenido en el caso del Sida ha sido, con frecuencia, el rechazo, más que adoptar las medidas necesarias para controlar y contener el avance de esta mortal enfermedad. No hace mucho, se usaba incluso el castigo, como si la enfermedad constituyera en sí un crimen. De igual forma, eran frecuentes las segregaciones, expulsiones e incluso la detención de los enfermos. La historia nos ha demostrado en este tipo de materias que ninguna barrera ha sido capaz de impedir la expansión de una enfermedad. Por tanto, las razones de salud pública no pueden ser aducidas como meritorias y justificativas de una política de segregación. Bajo el pretexto de combatir el Sida en nuestro país y en otros lugares del mundo, prostitutas, drogadictos y homosexuales han sido frecuentemente víctimas de la represión y de la exclusión. Tales ataques constituyen una ofensa a la dignidad humana y una muestra evidente de la carencia de un diálogo social que permita abrir nuevos horizontes en torno al tema. Para justificar esta discriminación, se pretendió que había un conflicto entre los derechos de la mayoría no infectada y los de la minoría infectada. De esta forma, se optó por suprimir o restringir los derechos de las personas infectadas. Señor Presidente, éste es un falso dilema, del cual se hace cargo justamente la iniciativa que discutimos en esta honorable Sala, ya que no se trata de los derechos de los unos y de los otros, sino del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y no la negación de los mismos. En la realidad, prácticamente todos los derechos esenciales se ven afectados de una u otra manera por las reacciones o medidas tomadas frente al Sida, lo que plantea problemas extremadamente complejos. Como vemos, el tema no es fácil y, en consecuencia, requiere que nosotros, como legisladores, cumplamos un rol en cuanto a garantizar los derechos de los enfermos de Sida, como también del conjunto de la sociedad chilena, que puede verse afectada por esta enfermedad. En este terreno, no se trata de abordar una legislación represiva, sino una que regule adecuadamente los derechos de los distintos sectores afectados. En este orden de ideas, el juego de nuestras propias concepciones morales sobre el tema deben ser dejadas de lado, pues, antes que ellas, la Constitución nos ha otorgado un mandato, a través del artículo 19, numeral 1º, por el cual debemos asegurar a todas las personas el respeto a la vida y a su integridad física y síquica, siendo del todo inconducente cualquier razonamiento que intente sustentar lo contrario. En nuestro país existe una realidad indiscutible, que se constituye por un número creciente de personas contagiadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Aquí se han entregado estadísticas que, por cierto, las comparto en cuanto a la cantidad de personas portadoras del virus. Como se ha demostrado, el Sida no afecta sólo a los grupos considerados de alto riesgo. No, el Sida puede afectar a todas las personas, y cada uno de nosotros debe tomar conciencia de esa realidad. El carácter de incurable de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana y sus diversas formas de contagio han llevado a que la gente tenga un temor irracional a la enfermedad, lo que se traduce en discriminación y rechazo a la persona infectada en los diversos ámbitos en los cuales se desempeña. ¿Cuántas acciones en contra de los enfermos del Sida se cometen en sus lugares de trabajo? En el campo educacional, hemos sido testigos en estos años de que a los niños se les restringen las posibilidades de estudiar. Incluso -algo difícil de entender-, hay negativa de ciertos establecimientos médicos y de personal de salud para brindarles la atención indispensable. Esa situación se ve agravada por el hecho de que los infectados son especialmente personas de entre 25 y 32 años de edad, por lo que muchas veces carecen de previsión adecuada o, como lo ha demostrado la práctica, ella resulta insuficiente, debiendo enfrentar, sin recursos adecuados, los tratamientos médicos y los altos gastos que significa la enfermedad por concepto de medicamentos. Por otra parte, existe un período de la enfermedad durante el cual permanece asintomática, etapa en que los portadores pueden y deben hacer una vida normal. Sin embargo, en muchas ocasiones son impedidos de continuar con sus actividades y, por tanto, excluidos del ejercicio de sus derechos esenciales. Por ser una enfermedad relativamente nueva, nuestra legislación carece de normas que protejan los derechos de los infectados y, desde otra perspectiva, que establezcan sanciones para quienes la propaguen en forma premeditada. Por tal razón, como parlamentario socialista y autor de esta iniciativa, junto con otros diputados, considero que tanto el Gobierno como nosotros, en nuestro rol de legisladores, sin demora, debemos tomar medidas urgentes para evitar la propagación de esta mortal enfermedad, así como dedicarnos con ahínco a legislar a fin de introducir los cambios normativos necesarios que tiendan a solucionar en forma eficiente los problemas propios de los grupos infectados en todos los ámbitos del quehacer social. Señor Presidente, como socialista, reitero que estas medidas no deben ser represivas, sino estar orientadas hacia la protección y promoción de los derechos humanos de las personas infectadas y de la comunidad en general. En este sentido, el proyecto constituye un fiel reflejo de este pensamiento. Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, la lucha contra el Sida debe tener como centro el respeto a la persona humana, la protección contra la discriminación y el resguardo de los valores de la solidaridad y de la comprensión. En este marco, nuestro país asume hoy un gran desafío, que dice relación con superar el temor que provoca la ignorancia y el rechazo que genera el ser intolerantes. Por ello, frente a esta mortal enfermedad, el Estado no sólo debe garantizar el ejercicio de los derechos que pretende establecer esta nueva normativa, sino realizar una labor educativa y reflexiva en torno del tema. En este contexto, la imposibilidad de exigir el examen por parte de quienes contratan trabajadores y la reserva de sus resultados, vienen a reforzar estas ideas y convierten la iniciativa en un instrumento indispensable para llevar a cabo este primordial objetivo. Tal como expresó el secretario general de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1987, al referirse a este tema: “La lucha contra el Sida es también una lucha contra el miedo, el prejuicio y las acciones irracionales nacidas de la ignorancia, porque éstas son las causas de algunas de las violaciones más críticas a los derechos humanos”. En efecto, estas palabras, en su contenido y profundidad, ilustran el gran desafío que tiene por delante la conciencia humanista y solidaria de nuestra patria, cual es que todas las personas, independiente de su condición, puedan vivir, desarrollarse y morir con dignidad, así como con el respeto que, como seres humanos, merecen de otros, que se consideran a su vez seres humanos. Finalmente, señor Presidente, quiero pedir perdón a quienes hoy nos acompañan en las tribunas, y que son portadores de esta enfermedad, por habernos demorado tanto en la elaboración y en la discusión de este proyecto, pues muchos de sus amigos, hermanos, hijos y padres ya no están junto a nosotros debido a que murieron de Sida, sin haber recibido de parte del Estado y de la comunidad chilena la ayuda y los beneficios que esta iniciativa buscaba reportarles. A ellos rindo un tributo y les pido disculpas por la discriminación y por la segregación de que han sido objeto. Por eso, hago un llamado a esta honorable Sala, como también a la honorable Sala de senadores, para que tomen conciencia de la gravedad de esta problemática y del hecho cierto de que los portadores del VIH y los enfermos de Sida no pueden esperar, con el objeto de que se sumen a esta tarea y aprueben en definitiva y en el más breve plazo, este proyecto. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, como legisladores, tenemos la responsabilidad de elaborar normas para que exista justicia en nuestra sociedad, porque creemos que la justicia nos da la posibilidad de que en nuestra sociedad haya paz. He expresado con mucha fuerza que la paz social es fruto de la justicia y creemos fundamental que no haya discriminación para que exista justicia. Como médico, creo que lo más importante para que exista una sociedad sana es tener personas en perfectas condiciones de salud, entendiendo por salud el desarrollo integral de la persona, tanto física, mental, espiritual, social y cultural. Digo esto, como una persona que sufrió la pérdida de un ser querido en el extranjero por esta enfermedad, porque Chile no le podía dar cabida en 1992. Por eso, me siento muy reconfortado de estar hoy día en este hemiciclo, para ver despachada esta ley después de siete años, como ha dicho el honorable diputado señor Naranjo , quien junto al doctor Isidoro Tohá , a quien reemplazo actualmente, ya estaban preocupados de esta pandemia, de esta enfermedad que ha provocado más de 2 mil muertes desde 1984. Las leyes o normas no sirven si no logramos que haya personas que sean verdaderamente solidarias. Si deseo que hoy se le haga el examen a un enfermo de Sida con la confidencialidad necesaria, es para que le podamos dar tratamiento y suministrar medicamentos; pero, más que eso, entregarle lo que más necesita: apoyo espiritual, lo que sólo conseguiremos cambiando nuestra actitud y evitando la discriminación. Para obtener eso, a través de la educación, luchamos en este hemiciclo. No deseamos que nuestras leyes se transformen en letra muerta, como ha ocurrido con la iniciativa aprobada por este Parlamento hace dos años, que dispone que los conductores profesionales deben aprobar cursos en escuelas especializadas para obtener su licencia. Sin embargo, ahora debimos aprobar un proyecto de acuerdo destinado a postergar la vigencia de dicha iniciativa porque no tiene financiamiento. Por lo tanto, deseo preguntar a la señora ministra de Salud cómo se financiará esta futura ley. En Chile se tratan sólo 1.300 pacientes de un total de más de 3 mil: 750 mediante triterapia y 650 con biterapia. Nos dicen que de aquí a seis meses probablemente podrán atenderse a 2 mil, lo cual significa que más de 1.200 quedarán sin tratamiento. ¿De dónde saldrá el financiamiento, señora ministra, porque si hacemos leyes es para que tengan aplicación? ¿Qué ocurrirá con los 1.200 enfermos de Sida que no tendrán tratamiento, y con los 15 mil portadores de la enfermedad? Como parlamentario, reitero mi consulta sobre los recursos para tratar a esos enfermos y a los que hoy día nos acompañan, a quienes rindo mi homenaje, tal como lo hizo el honorable diputado señor Jaime Naranjo . Quiero terminar mis palabras felicitando a mis colegas Fanny Pollarolo, María Antonieta Saa, Jaime Naranjo, Ignacio Walker y al ex diputado Vicente Sota por formular la moción que originó este proyecto de ley, que esperamos sea aprobado por unanimidad. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que hay inscritos siete parlamentarios más y si cada uno usara 20 minutos, de acuerdo con el Reglamento, tendríamos dos horas de debate. El Orden del Día termina a las 12.30 horas y por las intervenciones que he escuchado durante los dos días en que hemos analizado el proyecto, la gente que está enferma y necesita la ayuda no puede esperar. Para poder despacharlo hoy en general -porque debe volver a Comisión- y no seguir con el debate otro día más, ruego a los señores diputados inscritos, si lo estiman conveniente, ceñirse cada uno a tres minutos, para después dar la palabra a la señora ministra de Salud . ¿Habría acuerdo? Acordado. A continuación, tiene la palabra la señora Lily Pérez por tres minutos. La señora PÉREZ ( doña Lily) .- Señor Presidente , sólo quiero hacer un aporte, en virtud de lo que hoy vamos a votar todos positivamente, en relación con un proyecto que votamos la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que, sin duda, será significativo desde el punto de vista de la discriminación. Hoy, la falta de cultura, el miedo y -por qué no decirlo de frente- la ignorancia que existe en el país respecto de las personas que han contraído el virus de inmunodeficiencia, es un asunto que debemos resolver más allá de las garantías constitucionales. Por esa razón, quiero expresar esta mañana, con mucha fuerza, que las personas que han contraído el virus, las que están enfermas y las que se encuentran en la etapa terminal no pueden merecer nuestra caridad ni nuestra pena, sino contar con nuestro apoyo. Y eso hay que traducirlo en las leyes. La ignorancia y el miedo causan en el país misericordia hacia las personas que sufren este flagelo y creo que no es el objetivo ni el sentimiento que nos deben inspirar. Por ser motivo, junto con los diputados señores Patricio Walker , Rincón y Díaz, hemos presentado un proyecto, que logramos aprobar el miércoles pasado en la Comisión de Derechos Humanos, que establece multas de 6 a 10 ingresos mínimos y penas de reclusión menor en grado mínimo para quienes vulneren no sólo la Constitución, sino todas aquellas leyes especiales en relación con la distinción, exclusión, limitación, restricción o preferencia contraria a la razón, a la justicia o a la legislación, basadas en una serie de circunstancias y discriminaciones, entre ellas, el comportamiento sexual, la enfermedad o la minusvalía. Nos parece que va a ser un aporte porque también lo hemos incluido -con esto finalizo mis tres minutos-, a través de un nuevo artículo, en la ley de Abusos de Publicidad, ya que, además, muchas personas también incitan a hacer daño. ¡Cuántas veces uno ha visto decir a fanáticos religiosos que el Sida es un castigo a personas que tienen un comportamiento sexual distinto! El Sida lo pueden contraer todos, incluido cualquiera de nosotros y, por tanto, no es una enfermedad o un problema que afecte sólo a los homosexuales, a las prostitutas o a las personas que usan jeringas para inyectarse. ¡El Sida lo puede padecer cualquiera! Por eso hoy debemos dar una señal muy fuerte, no sólo a los senadores y al Gobierno, sino al país, en el sentido de que tiene que dejar de lado la ignorancia -para lo cual debe ser mucho más culto- y también sus miedos y prejuicios. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , en primer lugar, quiero sumarme al reconocimiento que se ha hecho a mis colegas Fanny Pollarolo , María Antonieta Saa , Jaime Naranjo e Ignacio Walker . También me parece justo que se haya recordado la iniciativa de los diputados médicos socialistas en el período legislativo anterior, que mostraron preocupación desde el inicio de su primer período. Me alegro mucho de que en este momento nos estemos haciendo cargo de un proyecto, cuyo sentido más importante -entiendo- es reforzar las políticas públicas necesarias para que sean adecuadas, efectivas y no haya discriminación, por cuanto el Estado también tiene la obligación de hacerse cargo de la pandemia que significa infectarse con el virus de inmunodeficiencia humana. Para eso se requieren recursos, políticas específicas y, del conjunto de la sociedad, una actitud mucho más tolerante que ayude a dejar de lado los prejuicios. La diputada señora Lily Pérez me hacía recordar que el país, lamentablemente -lo quiero decir con respeto y también con franqueza-, sufre de muchas hipocresías. Entre otras, hubo canales de televisión que se negaron a mostrar spots sobre medidas de prevención del Sida, porque no querían que se dijera que uno de los métodos -no el único, por cierto- era usar preservativos. Pregunto a la Sala: ¿cómo podemos hablar de dejar de lado la ignorancia, los prejuicios, el desconocimiento, si ni siquiera somos capaces de asumir como país que una de las maneras efectivas para evitar la propagación de un mal como el VIH -entre otras, por supuesto, además de una conducta responsable- es usar preservativos? Entonces, ha llegado el momento de que seamos más sinceros entre nosotros y reconozcamos que somos responsables, como sociedad, de estos prejuicios, temores y desconocimientos. Pero no sólo eso. Me temo que estamos viviendo un momento en el cual la intolerancia, que es muy característica de nuestro país, también está presente y creo que todos hemos debido vivir con dolor el rechazo a la instalación de casas de acogida o el que produce saber que una persona es portadora, que está infectada o en una situación terminal. Por eso, para evitar una propagación mayor del mal, hagamos verdaderamente del proyecto -y aquí está la señora ministra de Salud - un instrumento efectivo y eficaz; pero, sobre todo, comprometámonos a terminar con los prejuicios, la discriminación y de verdad a demostrar que por una vez somos solidarios, como corresponde, con todos aquellos que hoy, desgraciadamente, están infectados. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María) .- Señor Presidente , no tenía intención de intervenir, pero escuchando el debate se me produjo una contradicción en la propuesta del diputado señor Arratia. Me ha tocado ver el tema de la discriminación hacia los enfermos de Sida, fundamentalmente en el campo laboral, donde no sólo los empleadores, sino sus compañeros de trabajo han incurrido en una discriminación, que no solamente violenta a las personas, sino también a una comunidad que se dice civilizada. En esa línea, la mayor dificultad que estamos encontrando en el campo laboral apunta a que se está colocando, como parte de la obligatoriedad, el tema de los exámenes, y compartiendo la globalidad de la propuesta del diputado señor Arratia , al establecer que los representantes legales tomen conocimiento de los exámenes, desde el punto de vista laboral estaríamos dando la posibilidad para que el empleador se notifique del informe antes de que sea conocido por el afectado. Por lo tanto, mantendríamos el desequilibrio desde el punto de vista laboral, tal como está hoy e, incluso, lo estaríamos legalizando. En consecuencia, compartiendo la propuesta global, la apoyaría siempre y cuando se eliminara el elemento referido al representante legal, porque sería dar un instrumento para seguir despidiendo a los trabajadores que están en esas condiciones y que -diría- no son una minoría. He dicho. (Aplausos). El señor MORA ( Vicepresidente ).- A continuación, tiene la palabra la diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .- Señor Presidente , yo, al igual que mi colega María Rozas , tampoco pensaba intervenir en este debate; pero, conversando con mi colega Fanny Pollarolo -todos reconocemos su constante preocupación por esta enfermedad- y, contándole la experiencia, muy positiva, que estaba viviendo en mi casa, me pidió que hablara, como, asimismo, la ministra de Salud . En verdad, quiero referirme a otro punto de vista. Creo que ya estamos creando conciencia. Mi hija Isidora tiene quince años de edad. Va en tercer año medio y le pidieron una disertación en biología. Su tesis fue sobre la discriminación que sufren los enfermos de Sida. Una niña de quince años ha recorrido las calles de Valparaíso, de Viña y de Arica, haciendo una encuesta sobre la tremenda discriminación que sufren esos enfermos. Entonces, tengo en mi casa a alguien que todos los días me dice: “Mamá, tú eres diputada y, por lo tanto, tienes que arreglar este problema”. Esta preocupación se ha extendido no sólo en el colegio de mi hija, Capellán Pascal , de Viña del Mar, sino también en los colegios de Arica. En este minuto hay un grupo muy grande de alumnas de quince, dieciséis, diecisiete y hasta de doce años que están preocupadas y que lloran -créanmelo, he visto llorar a mi hija- por la discriminación de que son víctimas los enfermos de Sida. Ya estamos creando conciencia, y deseo que esa conciencia a nivel de niñas de quince años no sólo crezca entre los parlamentarios. Hay jóvenes preocupados por aquellos, e, indudablemente, muy presionada por mi hija y, en atención a lo que sufren, no les quepa duda de que todos votaremos favorablemente este proyecto. Pero si no se dispone del presupuesto correspondiente, el proyecto puede morir, como muchas leyes que aprobamos, por falta de recursos. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, a todos nos toca profundamente este problema y quisiera leer, brevemente, la siguiente estadística: En Chile, el primer caso se diagnosticó en 1984 y, hasta el 30 de septiembre de 1999, se habían registrado 3.262 enfermos y 3.963 portadores asintomáticos en las 13 regiones del país, y se había informado el fallecimiento de 2.157 personas. De este modo, la tasa de incidencia acumulada en el país alcanza a 24,5 por cada 100 mil habitantes. La tasa de incidencia acumulada más elevada corresponde a la Región Metropolitana: 42,5 por ciento; y aquí quiero señalar algo que nos toca directamente a algunos parlamentarios. Las tasas en las regiones portuarias son: Quinta Región: 31,6 por ciento; Segunda Región: 18,4 por ciento, y Primera Región: 14,6 por ciento. La suma de estos porcentajes da un total de 64,6 por ciento. Roberto Parra hizo famosa una obra realmente importante en zonas del litoral central, particularmente en el puerto de San Antonio: “La negra Esther” , cuya trama se desarrolla en un cabaret denominado “Luces del puerto”. Cuando hablamos de discriminación; cuando la honorable diputada Allende expresa que, de una vez por todas, el país debe romper la barrera de la hipocresía, propia de nuestra sociedad, quiero señalar, como portuario y diputado , que en ese cabaret de San Antonio hemos trabajado codo a codo con enfermos de Sida, en un encuentro importante con médicos, con la municipalidad, con políticos, a fin de crear la conciencia necesaria. Así como al padre Baldo Santi se le criticó por tratar de instalar una clínica u hogar en determinada comuna, en el hospital de San Antonio existe un tremendo grado de discriminación contra estas personas, que tienen tanto o más derecho que nosotros a vivir en nuestra sociedad. Por eso -reitero-, como diputado por un distrito esencialmente portuario, me sumo a esta excelente iniciativa suscrita por parlamentarios, a fin de que, de una vez por todas, no sólo no se discrimine a estas personas enfermas en establecimientos de salud, sino también que, por sobre todo -lo digo como parlamentario de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación-, no se discrimine también a sus hijos, porque es un dolor que nadie puede soportar. He dicho. (Aplausos). El señor MORA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ .- Señor Presidente , yo tampoco pensaba intervenir, pero lo hago en atención a dos hechos. En primer lugar, para expresar que el proyecto tuvo su origen en una moción parlamentaria y no en una iniciativa del Ejecutivo. Dentro de nuestras escasas atribuciones, debemos hacer un reconocimiento a los colegas que tuvieron la visión de presentar un proyecto de ley que significa, efectivamente, superar problemas que afectan a la población del país. Existe discriminación con las personas que están afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, Sida, especialmente en los niveles laboral y educacional. Es decir, en Chile vivimos en una sociedad de la cual nos sentimos orgullosos por tener la última tecnología y adelantos científicos; de que en nuestras universidades se efectúen investigaciones acuciosas y perfeccionadas; pero, por otro lado, no estamos cumpliendo con nuestro papel de poner término a esa injusta discriminación. En segundo lugar, cuando el colega doctor Carlos Abel Jarpa hizo un emotivo recuerdo de algunas situaciones que le ha tocado vivir -a todos los parlamentarios también nos corresponde ver y analizar en nuestros respectivos distritos hechos similares-, preguntó a la ministra de Salud sobre el presupuesto requerido. Las cosas escritas quedan, y, en cambio, las palabras se las lleva el viento. Sobre el tema, sólo figura el artículo 16 del proyecto que dispone: “El gasto que involucre la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los recursos anualmente asignados en la ley de Presupuestos de la Nación, correspondientes al Ministerio de Salud y a sus servicios”. Según mi criterio, ahí está la gravedad del problema y lo digo como presidente de la Comisión de Hacienda , a la cual le compete analizar la ley de Presupuestos. En 1998, un grupo de parlamentarios de esa Comisión solicitamos al Ejecutivo descentralizar los presupuestos de los 29 servicios de salud del país. Ello representó un año de trámites legislativos internos con el Ejecutivo y sólo lo logramos el año pasado durante la discusión de la ley de Presupuestos de la Nación del año 2000. Es decir, a contar del 1 de enero, el presupuesto de los 29 servicios de salud se descentraliza, lo cual significa mejorar todo el servicio en las regiones, provincias y comunas. Por eso, hoy asumiré un compromiso como parlamentario. Nuestra gran tarea consiste en demostrar en los hechos -no en función de los aplausos- nuestra responsabilidad de hacer conciencia en el Ministerio de Hacienda en cuanto a crear un fondo para el financiamiento de la futura ley. En caso contrario, las mismas personas afectadas y que viven en carne propia esa situación, concurrirán al Ministerio de Salud para enrostrar a la señora ministra el desfinanciamiento de la ley. Ése es el tema, lo cual es injusto y no corresponde a la realidad. Por ello, propongo que, después de la votación de la iniciativa, su Señoría recabe el acuerdo de la Sala para pedir que en el Presupuesto del 2001 se cree un fondo para financiar la moción. Asimismo, como se han presentado dos indicaciones, propongo prorrogar por diez minutos el Orden del Día para votar, en primer lugar, el proyecto en general, y luego, las dos indicaciones. De no ser así, el proyecto tendría que volver a la Comisión de Salud, lo que demoraría por lo menos dos semanas más. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Señor diputado, oportunamente se solicitará el acuerdo de la Sala para pronunciarse sobre sus proposiciones. Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente , con el diputado señor José Miguel Ortiz habíamos concordado en lo provechoso que sería una acción concreta complementaria a este importante proyecto, el cual, más allá de sus enunciados específicos, reviste gran valor cultural, aparte de que un Poder del Estado reconoce que hay discriminación y la necesidad de políticas públicas para su superación. Por ende, al igual como la diputada señora Fanny Pollarolo y el diputado señor Naranjo han expresado la opinión formal de esta bancada, deseo plantear la creación de un fondo en la partida Ministerio de Salud de la ley de Presupuestos para solventar tratamientos y la adquisición de medicamentos a personas portadoras de Sida. En la actualidad, el Ministerio de Salud hace mucho con la transferencia de recursos a las diferentes situaciones que se presentan; pero la falta de un ítem determinado para transferir recursos específicos para ampliar un programa de medicamentos, por ejemplo, impide saber muchas veces si se está focalizando en forma adecuada, si se es eficaz o no. En este aspecto, cabe destacar el tremendo esfuerzo que deben realizar cada cierto tiempo algunas instituciones vinculadas a grupos de sacerdotes o de monjas, que operan tanto en Santiago como en Rancagua, focalizadas en niños portadores de Sida, para conseguir recursos que permitan financiar los tratamientos. Muchas veces, el Ministerio de Salud ha concurrido en su ayuda, pero, a mi juicio, éste y el Congreso deberían dar una señal clara sobre la materia y pedir al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos la apertura de un programa especial para la adquisición de medicamentos, como un compromiso que concretaríamos a fines de año, durante el estudio de la ley de Presupuestos. Así, progresivamente, aseguraríamos la entrega de medicamentos a quien los necesite. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente , quiero agradecer, muy sinceramente, la buena disposición y sensibilidad de los colegas presentes en la Sala -lo hice también con los diputados de la Comisión de Salud-, frente a un tema nuevo, complejo y difícil, en el cual había que poner mucha razón y mucho corazón. A mi juicio, ahora se comprende mejor la primera pregunta que surge sobre el tema: ¿por qué legislar respecto de una patología en circunstancias que hay otras, también muy serias, graves, dolorosas, que implican un alto riesgo para la vida humana? Se capta más que no estamos hablando de una infección cualquiera, pues existe cierto grado de complejidad, debido a factores culturales y discriminatorios que hieren no sólo la ética y nuestros propios compromisos, sino que también atentan contra las políticas de prevención. Asimismo, porque se trata de una pandemia que nos obliga a acciones muy decididas para impedir llegar a la dramática situación que enfrenta el continente africano, donde a esta altura hay países en que cerca del 40 por ciento de la población está afectada por el Sida. En la actualidad, se entienden y se aceptan con mayor comprensión las causas y consecuencias de esta enfermedad. Por eso, surge la necesidad legislativa de impulsar una efectiva política de Estado que aborde los dos problemas: política de prevención, muy completa y científica, y, por la vía de la sanción, además de la educación, asegurar la no discriminación. Por otro lado, también ha sido muy importante referirse al problema del financiamiento. Para el médico es realmente dramático verse en la obligación de elegir a quién entregará la triterapia -la terapia completa- y a quién tendrá que postergar. Tanto el Ministerio como las autoridades comprenden las grandes peleas, dramáticas, dolorosas, fuertes, que, respecto de estas decisiones, realizan las organizaciones de quienes viven con el VIH. Por ello, aquí se están dando pasos muy importantes y realistas. Asimismo, propusimos trabajar por la creación de un fondo formado con recursos del Estado y con aportes de fundaciones, que permita a la sociedad hacerse cargo de este doloroso problema. Por último, quiero referirme al otro punto del debate habido en la Comisión y, ahora, en la Sala, expresado en una indicación. Comprendo a los diputados -colegas por partida doble, por su condición de diputados y de médicos- señores Osvaldo Palma y Rafael Arratia , quienes han sido muy sensibles en el análisis y elaboración del proyecto. Sin embargo, discrepo de ellos en un punto muy importante. A mi modo de ver, están comparando inadecuadamente el examen del VIH/Sida con cualquier examen de laboratorio. Estimo que el enfoque biomédico no se ajusta a la realidad de lo que estamos planteando. Lo que importa, en definitiva, no siempre es el resultado, el efecto. El debate no es si se hace o no el examen, sino cómo se hace. Si se realiza de manera obligatoria, coercitiva, no se logra el efecto buscado: cambiar de conducta. Por eso, debe ser voluntario, sobre la base de la información y de la asesoría. Hoy, el asesoramiento es clave. Los invito a leer el informe de Onusida, de 1997, proporcionado por las organizaciones que viven con el VIH. En él se privilegia el asesoramiento por sobre todas las acciones que dependen de recursos especiales. En efecto, logra, entre otros propósitos, recuperar la confianza, valorar el diálogo y disminuir la ansiedad, y ayuda a realizar no sólo las conductas sanatorias, sino también las preventivas. Por esa razón, pido que se apruebe el artículo 9º como está, ya que es coherente con el resto del articulado. Termino reiterando mis agradecimientos por la valoración que ha tenido nuestro trabajo, que no es producto sólo de quienes participamos directamente en la Comisión de Salud, sino, fundamentalmente, de quienes entregaron antecedentes que posibilitaron la elaboración del proyecto que se conoce. Me refiero al Ministerio de Salud, a la Comisión nacional del Sida, a las ONG y a los portadores del VIH. Esta forma colectiva de legislar contribuye a dar sentido a la labor parlamentaria. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra de Salud. La señora BACHELET, doña Michelle ( Ministra de Salud ).- Señor Presidente , en la sesión anterior, expresé las razones por las cuales el Gobierno apoya el proyecto, que aborda un problema de gran dimensión ética, humana y social. Por eso, no abundaré ahora en ello. Además, en la Sala hay suficiente consenso sobre la importancia de legislar al respecto. Se han aducido razones médicas para impugnar el artículo 9º. En cuanto a la obligatoriedad del examen del VIH, por lo doloroso, complejo y traumático para quienes son portadores, nos gustaría tener un instrumento para controlar el virus, pero, por desgracia, no es así. En primer lugar, determinadas conductas, que implican riesgo de infección, hacen que el examen y el diagnóstico tengan sentido sólo si se acompañan del conocimiento de las consecuencias de la infección y de las medidas preventivas apropiadas. No son sólo un gesto médico de laboratorio. Como se ha dicho, se busca evitar las conductas de riesgo y no sólo la detección de la infección. Además, focalizar el asunto en el examen implica riesgos. Como se sabe, éste tiene un período de ventana, de cuatro a ocho semanas, en el cual el virus no se detecta, pero es posible transmitirlo. Así, en todo acto quirúrgico, más que saber con exactitud si la persona que va a ser intervenida o el colega médico son portadores, lo más importante es que el equipo de salud tome las precauciones universales para evitar la transmisión del virus, en todo sentido: del paciente a los profesionales o de éstos a aquél. Por lo tanto, lo importante es la prevención. En segundo lugar, en un país con prevalencia baja como Chile, resulta una considerable cantidad de exámenes falsos positivos y de falsos negativos; y un examen negativo produce una sensación de seguridad o inmunidad bastante peligrosa, que favorece las conductas de riesgo. La tercera razón por la cual el Ministerio no es partidario de la obligatoriedad del examen nace de la experiencia. Hemos visto que se pierde el temor y el interés por el control de la salud. Por último, si en algo puede establecerse la obligatoriedad para la sociedad frente al Sida, es en la necesidad del conocimiento y de la información a través del proceso técnico que hemos denominado consejería. Para prevenir la transmisión del virus y obtener que sus portadores se controlen y se traten, son fundamentales la decisión y la voluntad personal. Por eso, creemos que el centro para combatir el problema está en la consejería, sin perjuicio de ofrecer el examen del VIH. En particular, se han hecho presentes dos problemas: el de las embarazadas y el de los presos. ¿Qué se está haciendo respecto de las embarazadas? Se da consejería, porque lo importante es identificar las conductas de riesgo, tomar medidas de prevención y ofrecer el examen, para detectar las personas infectadas y entregar el tratamiento, incluido el bebé en el momento del parto. En las cárceles, la modalidad es la misma. Se ofrece consejería, actividades de prevención, talleres de sexo más seguro y el examen. Este programa se ha implementado entre el Ministerio de Salud y Gendarmería. Sin duda, hay que mejorarlo para dar mayores garantías. Por lo tanto, creo que el artículo 9º establece lo esencial, pues la segunda parte del primer inciso señala: “El examen de detección se realizará previa información a éstos -se refiere al interesado y a su representante legal- acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como de las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces”. Por último, respecto del financiamiento, me hago cargo de la preocupación que se ha expresado. Pronto, en el Gobierno, comenzará a delinearse el presupuesto del próximo año y me preocuparé de que se consideren los recursos que se han mencionado, de modo de aumentar los fondos asignados al sector salud. Agradezco, una vez más, el apoyo al proyecto. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Dittborn, Encina, Fossa, García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Reyes, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Van Rysselberghe, Velasco y Vilches. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Varios diputados han solicitado que el proyecto se vote de inmediato en particular. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Tiene la palabra el diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, entiendo que sólo se han presentado dos indicaciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Así es. El señor MELERO.- Sugiero otorgar cinco minutos, por cada una, a los patrocinadores para que las defiendan y cinco minutos a quienes, eventualmente, tuvieren una posición distinta, y dar por aprobados los artículos que no han sido objeto de indicaciones. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recabaré la unanimidad en ese sentido; pero primero procede solicitar el pronunciamiento de la Sala sobre la aprobación en particular. ¿Habría acuerdo? Acordado. ¿Habría acuerdo para otorgar cinco minutos con el objeto de defender las indicaciones y cinco minutos para impugnarlas? No hay acuerdo. Se dan por aprobados todos los artículos, con excepción del 9º, al cual se le han formulado dos indicaciones, que leerá el señor Secretario . El señor LOYOLA (Secretario).- La primera, de los honorables diputados señores Rafael Arratia, Osvaldo Palma y Carlos Abel Jarpa, es para modificar el artículo 9º en la siguiente forma: a) Para suprimir, en el inciso primero, la frase “y voluntario, debiendo constar por escrito la voluntad del interesado o de su representante legal.”, y b) Para agregar los siguientes incisos nuevos: “El examen en los casos de poblaciones de alto riesgo y preoperatorios e indicaciones médicas previamente regladas por la autoridad sanitaria, serán obligatorios sin perder su estricta confidencialidad. “El Ministerio de Salud definirá este tipo de poblaciones de alto riesgo para resguardar la salud de la población sana”. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En votación la indicación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención. El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Arratia, Bertolino, Caraball (doña Eliana), González (doña Rosa), Jarpa, Palma (don Osvaldo), Rocha y Vilches. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Allende (doña Isabel), Rozas (doña María), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Dittborn, Encina, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Letelier (don Juan Pablo), Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Soto (doña Laura), Van Rysselberghe y Velasco. -Se abstuvo el diputado señor Ibáñez. El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación. El señor LOYOLA ( Secretario ).- De la diputada señora María Rozas para suprimir, en el inciso segundo del artículo 9º, las expresiones: “o a su representante legal”. El señor MELERO .- ¿Me permite, señor Presidente? El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor MELERO .- Señor Presidente , dado que sobre la indicación anterior hubo algún debate y ésta es totalmente nueva, solicito que la diputada señora Rozas tenga, al menos, oportunidad de fundamentarla. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Recabo nuevamente el acuerdo de la Sala para que la señora diputada fundamente su indicación. El señor ORTIZ.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ORTIZ .- Señor Presidente , la diputada señora María Rozas ya explicó su indicación y la discusión se llevó a efecto en el momento oportuno. Después, más de ocho parlamentarios tuvimos posibilidad de intervenir. Por lo tanto, pido que se someta a votación. La señora GUZMÁN (doña Pía) .- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. La señora GUZMÁN (doña Pía) .- Señor Presidente , he estado presente en todo el debate y, en verdad, no entendí la fundamentación de la diputada señora Rozas . Además, me parece que no hubo discusión al respecto. Por lo tanto, pido que se someta a debate la indicación. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente , en la discusión en particular de un proyecto no se requiere pedir unanimidad para fundamentar una indicación y nadie puede impedirlo. Por ende, es innecesaria la petición. Por lo tanto, pido que la señora diputada la explique, pues me parece muy importante hacerlo. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María) .- Señor Presidente , cuando expliqué el tema relativo a la representación legal, pensaba en los estatutos administrativos de una empresa desde el punto de vista laboral. Por una parte, una empresa tiene posibilidad de exigir, a través de su reglamentación interna, que los trabajadores se sometan a distintos tipos de exámenes. Como el representante legal de la empresa es quien suscribe el convenio con el consultorio o la clínica, con este artículo, tiene posibilidad de acceder a los exámenes antes de que los conozca el interesado. Por la otra parte, y lo conversé con expertos en la Cámara, podría entenderse que la expresión “representante legal” se refiere a los trabajadores menores de edad, quienes tienen como representantes a los padres, pero eso está recogido en el Código del Trabajo. El representante legal de los menores de edad frente a la empresa es el padre o la madre que los autorizó a trabajar. Lo que no puedo aceptar es el uso que se hace de la norma para discriminar a los trabajadores infectados por el VIH. Hay dictámenes de la Dirección del Trabajo que nos han hecho perder la posibilidad de reincorporar a trabajadores que se encuentran en esas condiciones. Cito el caso de un laboratorio muy conocido, que llevamos a los tribunales, porque con la figura del representante legal de la empresa utilizó el conocimiento previo. Insisto: la reserva de los exámenes, que es lo que se pretende resguardar, no queda protegida con la figura del representante legal. Ese es el sentido de eliminar las expresiones “o a su representante legal”. He dicho. (Aplausos). El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán. La señora GUZMÁN (doña Pía) .- Señor Presidente , en mi opinión, la señora María Rozas no ha entendido, como corresponde, el sentido del inciso segundo del artículo 9º, que dice: “La entrega de los resultados deberá efectuarse personal y reservadamente al interesado o a su representante legal,...” Estas normas no se rigen por el Código del Trabajo, sino por el Código Civil. Aquí estamos hablando de quien representa legalmente al interesado, al que se realiza el examen, y jamás la empresa será el representante legal de uno de sus trabajadores. Nunca ha sido así. Si se quitan las palabras “representante legal” del inciso segundo se estarían vulnerando las normas sobre representación de los menores de edad, que cabe en las reglas generales del Código Civil. De manera que en este caso no rige el código laboral. Llamo a votar en contra la indicación, porque producirá más problemas en la interpretación y aplicación de la ley que el beneficio que podría traer, el cual, además, no visualizo. El señor SEGUEL.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor SEGUEL .- Señor Presidente , después de conversar con la diputada señora Rozas , pido que quede claramente establecido en la historia de la ley que el espíritu de la disposición es el que acaba de explicar la diputada señora Pía Guzmán . Si se entiende así, la señora Rozas retiraría la indicación. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María) .- Señor Presidente , si doy esta explicación no es por falta de conocimiento. Sé que en el Código del Trabajo está establecida la representación de los menores de edad y que eso también figura en el Código Civil. No es un problema de ignorancia. Estoy hablando de que, en la práctica, cuando una empresa suscribe un convenio con un laboratorio, pasa a ser su representante legal. Ahora, si lo que plantea la diputada Guzmán es así, pido que quede establecido en la historia de la ley para efectos de los juicios laborales por discriminación que pudieran producirse más adelante. Estoy dispuesta a retirar la indicación siempre y cuando -repito- ello quede establecido por escrito. La señora SAA (doña María Antonieta) .- Señor Presidente , quiero formular una proposición, con el objeto de clarificar el tema. Sugiero referirse al representante legal sólo cuando se trate de un menor de edad. El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- La indicación ha sido retirada por su autora. Además, se dejará constancia, para la historia de la ley, que el espíritu de la norma es el que se ha señalado. Por lo tanto, procede votar el artículo 9º en los términos propuestos en el informe. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Despachado el proyecto. (Aplausos). El señor OJEDA.- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento. El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor OJEDA .- Señor Presidente , en la votación de la primera indicación aparezco apoyando la obligatoriedad del examen del Sida, en circunstancias que he sido furibundo partidario de su no obligatoriedad. Quiero dejar expresa constancia que mi voto es contrario a la indicación del diputado señor Arratia . He dicho. El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).- Muy bien, señor diputado .