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El señor RÍOS.-
Señor Presidente , la Constitución de 1980 abrió un camino para alcanzar en plenitud el desarrollo institucional. En efecto, quedó implícita en su espíritu y en la letra, en lo referente al proceso legislativo, la norma que obliga al Ejecutivo a dictar los reglamentos de los cuerpos legales aprobados en el Parlamento. De esa forma, el Poder Legislativo ponía término a un período muy extenso de "leyes-reglamentos" que, en general, fueron muy negativas en su ejecución y, aún más, en la interpretación de sus decenas y decenas de artículos de carácter administrativo, que llevaban a detalles casi infantiles.
Lo anterior permitió un real adelanto, el cual terminó siendo tan acelerado que hoy prácticamente no hay cuerpos legales cuyo despacho amerite ser acelerado, salvo un par de excepciones. Algunos han denominado "sequía legislativa" a esa situación y en virtud de ello han formulado llamados al Ejecutivo para que presente proyectos de ley y "haga trabajar", entre comillas, al Congreso. Los claros ataques dirigidos por ese motivo implican, desde mi punto de vista, una evidente falta de conocimientos sobre la institucionalidad, porque, en verdad, el Ejecutivo dispone hoy de todas las leyes necesarias para una buena administración -de todas, sin excepción-, como también los gobiernos regionales y los comunales cuentan con todas las normas básicas para su buen funcionamiento.
Pero al Parlamento asimismo le asisten otras obligaciones, algunas de ellas establecidas y otras de sentido común. Por de pronto, cabe mencionar la fiscalización por la Cámara de Diputados, que, con escasas salvedades, nunca se ha llevado adecuadamente. La razón de ello radica en que priman los intereses partidistas en tal forma, que terminan siendo superiores a los beneficios de una fiscalización seria, adecuada y profunda, como en algunas circunstancias ha pretendido ser, y que considere el cumplimiento de políticas nacionales, impresas en la ley o señaladas en su espíritu. Y cabe recordar las actas de comisiones pocas veces conocidas por la opinión pública o, aún más, en muchas oportunidades distorsionadas por el debate posterior respecto de algunas normas de mayor interés ciudadano. Sin embargo, un objetivo tan importante como el descrito, por la práctica, igualmente va siendo cercenado ante la ausencia de la fiscalización.
Un caso muy actual es el de la Comisión de Ética creada hace poco tiempo al interior del Poder Judicial . Su acción reciente ha sido tan determinante, que la fiscalización a los ministros de Corte , responsabilidad de la Cámara de Diputados -y muy en especial en situaciones como las conocidas-, se encauza por ese otro camino institucional. La opinión pública ya no esperará de los Diputados una actuación sobre el particular, pues en el ámbito respectivo se encuentran contentos y tranquilos con la Comisión.
Algo parecido ocurre con las mesas de diálogo o las mesas sociales, o del nombre que sea. Ellas también responden a la ausencia del Parlamento tanto en la acción fiscalizadora como en el análisis de grandes temas nacionales.
¿No era acaso el Parlamento el lugar de debate y análisis donde la mayoría de las veces se terminaba aprobando proyectos modificatorios de leyes vigentes o iniciativas que daban nacimiento a otros cuerpos legales? Es cierto que el Congreso conoce las leyes, como, también, que la Constitución entrega en forma privativa a este Poder del Estado la responsabilidad en esa materia. Pero también es verdad que ahora no se están discutiendo aquí los grandes problemas nacionales.
El Ejecutivo , en una clara manifestación de duda acerca de los representantes democráticos (me imagino que tiene alguna inquietud con respecto a las capacidades de éstos), ha preferido crear una especie de "parlamentos paralelos", para que de ahí surja la solución. De esta forma, dichas mesas cumplen funciones fizcalizadoras; conocen de la aplicación de la norma que originó tal encuentro, función propia de la Cámara de Diputados, y analizan sus proyecciones futuras, acción ésta que constitucionalmente permite al Presidente de la República solicitarlas al Senado. Ninguna de las dos instancias ha actuado. Tampoco se perciben cambios de actitud en esta materia por parte del Ejecutivo , ni inquietudes al respecto del Legislativo.
Lo anterior es verdad, y por ello el desinterés nacional por los actos del Parlamento. También es cierto que, en general, los partidos políticos -salvo excepción- poco colaboran en esta situación. Más bien, estimo, han sido actores principales en el debilitamiento del Poder Legislativo al trasladar intrincadas estrategias a la acción parlamentaria, las que han sido llevadas a cabo por Parlamentarios -con la salvedad de algunos- al pie de la letra.
A lo anterior se suma un hecho inédito: un Senador fue desaforado hace un año y ocho meses. Y aún no tiene sentencia de nada. No puede ejercer sus funciones. ¿Qué habría ocurrido si a un Ministro de Estado se le impidiera, por igual tiempo, ejercer sus responsabilidades, o a un Ministro de Corte le sucediera similar cosa? Sin duda, se produciría una conmoción institucional. Sin embargo, en el caso de un Senador no pasa nada. Y, lo que es peor aun, entre sus colegas tampoco pasa nada, salvo excepciones.
Vistas así las cosas, en que los contrapesos institucionales han terminado y la importancia del debate está centrada en otras instancias, y no en el Parlamento, se entiende mejor el hecho de que recientes informes públicos ubiquen a este Poder del Estado en el penúltimo lugar de importancia institucional, superando sólo a los partidos políticos, que se ganaron el último lugar en el valor que les da la ciudadanía.
Sin duda, hemos ingresado a un camino peligroso. La manifestación de apoyo permanente a la democracia sólo se expresa en discursos y declaraciones, pero ya hace tiempo que se alejó de los hechos. Un buen ejemplo de esto fue la determinación en orden a que en una de las mesas de diálogo -la que conoce de los temas referidos a los derechos humanos- hayan sido los propios defensores a ultranza de la democracia quienes se opusieron a la presencia de los actores políticos; y, lo que es peor aún, sabiendo que éstos, en el Senado, habían llegado a un acuerdo común en una de las materias mas delicadas: los detenidos desaparecidos. En esa ocasión, el propio Ejecutivo terminó por apoyar la ausencia de la democracia. En suma, se estimó que la no asistencia de Parlamentarios y de los partidos políticos permitiría avanzar en el encuentro de una solución concordada.
En otro campo, el municipal, el Ejecutivo detuvo por cuatro meses el debate acerca de la elección separada de alcaldes y concejales, "hasta no conocer los resultados electorales presidenciales", como lo expresó privadamente un alto funcionario de La Moneda, dando claramente vuelta la espalda al sentir nacional. No será posible contar con la ley para las próximas elecciones. Y, sin embargo, todos los partidos políticos, reunidos en Santiago, están decidiendo los destinos comunales del país entero. Me atrevo a decir que las listas de concejales -excepto en algunos casos- carecerán de la legitimidad necesaria, pues fue en otro lugar, con otros actores, donde se resolvieron los destinos comunales.
¿Cuando terminará esta debacle institucional, señor Presidente ? Sólo cuando cada uno de sus actores principales asuma en plenitud la responsabilidad institucional; cada uno, desde el Presidente de la República hasta el más modesto servidor público. Sin embargo, los que encabezan los tres Poderes del Estado tienen hoy la palabra.
He dicho.
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