REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA Sesión 22ª, en miércoles 21 de julio de 1999 (Ordinaria, de 16.09 a 19.30 horas) Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Tuma Zedan, don Eugenio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso. ÍNDICE I. ASISTENCIA II. APERTURA DE LA SESIÓN III. ACTAS IV. CUENTA V. ORDEN DEL DÍA VI. PROYECTOS DE ACUERDO VII. INCIDENTES VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I. Asistencia…7 II. Apertura de la sesión…10 III. Actas…10 IV. Cuenta…10 -o- Archivo de proyectos…10 Informe de diputado Arturo Longton sobre viaje a Sahara Occidental…10 V. Orden del Día. Modificaciones a disposiciones del Código del Trabajo. Informe de la Comisión Mixta…11 Notificaciones a personas privadas de libertad. Primer trámite constitucional…14 Derogación de la ley Nº 18.607, que declaró feriado nacional el día de Corpus Christi. Segundo trámite constitucional…20 Establecimiento de pena de muerte para delitos de violación con homicidio y homicidio a sueldo. Primer trámite constitucional…21 Creación del cargo de Vicepresidente de la República. Primer trámite constitucional. (Continuación)…28 Nuevos horarios diferenciados en la televisión. Primer trámite constitucional…32 Reconocimiento de personalidad jurídica a corporaciones deportivas. Primer trámite constitucional…42 Denominación “Alejandro Noemí Huerta” a hospital de Copiapó, Tercera Región. Primer trámite constitucional…43 VI. Proyectos de acuerdo. Facultades fiscalizadoras a la Comisión de Hacienda. (Votación)…47 Estudio de contaminación de Talcahuano por la Comisión de Recursos Naturales…48 VII. Incidentes. Antecedentes sobre programas del Banco del Estado de Chile en favor de la reactivación económica. Oficio…50 Solución a problemas educacionales, laborales y hospitalarios de Chiloé. Oficios…51 Construcción de doble vía en paso internacional “Cardenal Samoré”. Oficio…52 Labor de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados no tradicionales, Asexma, de Biobío. Oficios…53 Incorporación de Chile a Corte Penal Internacional…54 VIII. Documentos de la Cuenta. Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos: 1. Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Osorno, en memoria de don Juan Amador Barrientos Adriazola (boletín Nº 2027-04)…57 2. Autoriza la construcción de un monumento en la comuna de Santiago, y otro en la comuna de María Pinto, Región Metropolitana, en memoria del educador don Claudio Matte Pérez (boletín Nº 994-04)…57 3. Autoriza la construcción de un monumento en memoria de don Clotario Blest Riffo (boletín Nº 993-04)…59 4. Dispone erigir un monumento en la localidad de Orilla de Valdez, en la Huerta de Mataquito, comuna de Hualañé, en memoria del cacique Lautaro (boletín Nº 1050-04)…61 5. Modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias (boletín Nº 1402-18)…62 6. Oficio del Senado, por el cual comunica que, a proposición de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, acordó acceder al archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, del proyecto que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Viña del Mar en memoria de don José Francisco Vergara Etchevers, por cuanto su contenido se encuentra inserto en las leyes Nºs 2.266 y 16.318 (boletín Nº 1019-04)65 Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos: 7. Autoriza la construcción de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez, en las ciudades de Arica e Iquique (boletín Nº 2323-04) (S)…65 8. Autoriza la erección de un monumento a la persona del trabajador del petróleo, en la ciudad de Punta Arenas (boletín Nº 1549-04) (S)…66 9. Modifica la ley General de Pesca y Acuicultura prohibiendo la pesca de arrastre por parte de los pescadores artesanales (boletín Nº 1792-03) (S)…67 Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos: 10. Autoriza la instalación de un monumento en la ciudad de Santiago, comuna de Lo Espejo, en memoria del Cardenal José María Caro Rodríguez (boletín Nº 1817-04)…68 11. Acuerdo sobre aprobación de diversos Convenios Internacionales adoptados por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (boletín Nº 1864-10)…68 12. Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la honorable Cámara de Diputados a algunas modificaciones propuestas al proyecto sobre establecimiento de concesiones de exploración y explotación de energía geotérmica, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 571-08)…69 13. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en los proyectos aprobatorios de los acuerdos celebrados por Chile con la República de El Salvador, Australia y la República de Corea para la promoción y protección recíproca de inversiones, y sus respectivos protocolos (boletines Nºs 2327-10(S); 2328-10(S) y 2331-10(S))…70 14. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada respecto del proyecto que dicta normas sobre adopción de menores (boletín Nº 899-07)…76 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios: De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para remitir al archivo el proyecto que regula la publicación de la información comercial de las personas, por cuanto su contenido se encuentra incorporado en otro proyecto (boletín Nº 2198-03). De la Comisión Investigadora encargada de evaluar los diferentes proyectos de riego campesino, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Monge. Contraloría General de la República De los diputados señores Alvarado y Kuschel, rol asumido por Conafe en el proyecto Cascada Chile. Ministerio del Interior De los diputados señores Urrutia y Ortiz, medidas para evitar tragedias provocadas por el invierno altiplánico en las provincias de Arica y Parinacota. De la diputada señora Rosa González y diputados señores Andrés Palma y Urrutia, posibilidad de declarar zona de catástrofe a las provincias de Arica y Parinacota. De la diputada señora Rosa González, gastos por viajes presidenciales, de Intendentes y Gobernadores. Del diputado señor Longton, reparación de deterioro causado a cerros por construcción de by pass en el cruce Valparaíso-Viña del Mar. Del diputado señor Encina, proyecto de agua potable en la localidad de Algarrobo de Oruro, comuna de Ovalle. De los diputados señores Juan Bustos, Aldo Cornejo, Velasco, Villouta, Gutiérrez, Jarpa, Kuschel, Caminondo, Mulet, Fossa y Tuma, mejoramiento de remuneraciones del personal de Carabineros y de Investigaciones. Del diputado señor Krauss, solicita pensión de gracia para el artista nacional don Carlos Helo. Ministerio de Relaciones Exteriores De la Corporación, situación de mujeres en Afganistán. Ministerio de Defensa Nacional Del diputado señor Encina, áreas propuestas en el sector Caleta Tongoy y Tongoy. De los diputados señores Ortiz, Mesías, Velasco, Ascencio, Lorenzini y Tuma, Subcomisarías Chiguayante y San Pedro de La Paz. Del diputado señor Kuschel, estudio y proyecto de apertura de los pedraplenes del Canal Caicaén y Catrué, comuna de Calbuco. Ministerio de Agricultura Del diputado señor Navarro, inversiones del Programa de Recuperación de Suelos Degradados. Ministerio de Bienes Nacionales Del diputado señor Melero, proceso administrativo contra la Universidad de Chile por incumplimiento de cesión gratuita del inmueble Parque Laguna Carén, Región Metropolitana. Ministerio de Vivienda y Urbanismo De los diputados señores Urrutia, Jaramillo, Sánchez, Navarro, Acuña y diputada señora Adriana Muñoz, soluciones habitacionales para Arica y Parinacota. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (91) --Acuña Cisternas, Mario --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bustos Huerta, Manuel --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Román, Rosa --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prochelle Aguilar, Marina --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Sciaraffia Estrada, Antonella --Seguel Molina, Rodolfo --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Francisco Huenchumilla y Waldo Mora. Asistieron, además, el ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza, y el senador señor Jaime Gazmuri.' II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 16.09 horas. El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 15ª se declara aprobada. El acta de la sesión 16ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. IV. CUENTA El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. -o- ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Senado de archivo del proyecto que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Viña del Mar en memoria de José Francisco Vergara Etchevers, por cuanto su contenido está inserto en dos leyes. ¿Habría acuerdo? Acordado. Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de archivo formulada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, del proyecto que regula la publicación de la información comercial de las personas, por cuanto su contenido está incorporado en otro proyecto. ¿Habría acuerdo? Acordado. INFORME DE DIPUTADO ARTURO LONGTON SOBRE VIAJE A SAHARA OCCIDENTAL. El señor MONTES (Presidente).- El diputado señor Arturo Longton ha solicitado cinco minutos para referirse al viaje que realizó, junto a los diputados señores Navarro y Olivares, al Sahara Occidental. Tiene la palabra su Señoría. El señor LONGTON.- Señor Presidente, ayer, en reunión de Comités, se hizo alusión a este viaje, y de acuerdo con la solicitud de ellos, paso a informar muy brevemente acerca de esta visita al Sahara Occidental. Si bien no fue un viaje oficial, correspondió a la invitación del gobierno provisional de ese lugar. Junto a los diputados señores Alejandro Navarro y Carlos Olivares, la semana antepasada nos dirigimos a ese sector, a fin de constatar la intervención de las Naciones Unidas destinada a que el pueblo saharaui obtenga la autodeterminación, sus territorios y, en definitiva, se constituya como nación. Naciones Unidas está interviniendo, con el objeto de empadronar a más o menos 200 mil habitantes, para que, a través de un referéndum, se pronuncien a favor o en contra de esta autodeterminación. En el lugar llamado Tinduf, territorio argelino cedido al pueblo saharaui a fin de que, en forma provisional, permanezca a la espera de la liberación de sus territorios, visitamos alrededor de cinco campamentos, compuestos por aproximadamente 40 mil habitantes. Están organizados en especies de comunas, y con mucha satisfacción pudimos comprobar la convicción, en la justicia de su causa, de un pueblo que hace más de 25 años fue despojado de su territorio por Marruecos. Mientras esperan la realización del mencionado referéndum, tienen un gobierno provisional, un parlamento y están funcionando como una nación en el exilio. Además, han preparado cuadros importantes de profesionales, con el objeto de que procedan a la construcción e instalación de su nación. La petición que el pueblo saharaui, a través de sus gobernantes, formula a Chile, radica, en primer lugar, en que éste tenga la oportunidad no sólo de conocer su situación, sino también de reconocerlo como nación, la cual, reitero, está a la espera del referéndum sobre su autodeterminación. Esta solidaridad serviría para reafirmarse como país en el ámbito internacional. En segundo lugar, una vez instalado en su territorio y constituido como nación, le interesan las relaciones con Chile, a fin de recibir ayuda en todo lo que significa la reconstrucción de un país. Chile tiene embajada en Túnez, y el embajador es concurrente en Argelia, por lo que vamos a solicitar a la Cancillería que abra embajada en el segundo país, que, en la actualidad, está pacificado y se está erigiendo en líder del continente africano. La semana pasada se celebró uno de los congresos africanos más importantes, institución a la que pertenece la República Democrática Saharaui, y no así Marruecos, que hoy día aparece despojándola de su territorio. Por lo tanto, hay una situación nueva que recomendamos revisar por parte de nuestra Cancillería y, en consecuencia, desde esta tribuna, queremos adelantar desde este momento una petición de audiencia con el señor Canciller. Es todo lo que puedo informar, señor Presidente. He dicho. V. ORDEN DEL DÍA MODIFICACIONES A DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. Informe de Comisión Mixta. El señor MONTES (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en la forma que indica. Antecedentes: -Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 1745-13, sesión 19ª, en 14 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya, hasta por tres minutos. El señor PAYA.- Señor Presidente, daré cuenta de lo que, a mi juicio, son proposiciones muy razonables de esta Comisión Mixta. La Cámara discrepó del Senado en dos puntos. El primero fue planteado por el diputado señor Juan Pablo Letelier en esta Sala, criterio que muchos compartimos y que creo fue unánime. El proyecto establecía un requisito extraordinario para las personas entre 18 y 21 años que postularan a trabajos mineros: hacerse un examen de salud. Esto es lo que consideramos discriminatorio, pues lo relevante es que una persona tenga salud o no, por lo que el examen debe hacerse cualquiera que sea la edad. El tema fue discutido en la Comisión Mixta; pero, lamentablemente, por el error en que incurrió la Cámara al no percatarse de aquello, la discusión no tiene sentido, porque nosotros impugnamos el número 3) de la disposición respectiva, que solamente hacía referencia a la multa, a la sanción para el caso de que no se efectuara el referido examen. Pero la exigencia del examen en esas condiciones discriminatorias no fue objeto de reparo por la Cámara. De manera que la lógica, para que saliera una ley con sentido y que, a todo evento, exigiera el examen que hubiéramos preferido que no existiera, implicaba consignar la norma que establece una sanción para el caso de que dicho examen no se practique. En el segundo punto, fui uno de los que plantearon la inconveniencia de legislar sobre la forma en que las empresas paguen gratificaciones a sus trabajadores, fundamentalmente por la posibilidad de que esto dé origen a muchos conflictos judiciales; porque, tal como lo planteó con mucha realidad el representante del Ejecutivo en la Comisión Mixta, la manera más prudente de enfrentar este problema es no legislar sobre esta materia. En efecto, la forma propuesta por la Cámara abría un forado tremendo hacia el pasado, posibilitando que muchas personas plantearan innumerables pleitos judiciales, con lo cual se produciría el efecto exactamente contrario al que buscábamos en la Cámara. En resumen, respecto de la primera norma, debemos admitir que, por un error nuestro, no es posible eliminar dicho examen y, en consecuencia, procede aprobar el informe de la Comisión Mixta; pero dejamos expresa constancia de que volveremos a insistir sobre el fondo del tema en el futuro. Por otra parte, también es prudente aceptar el criterio de la Comisión Mixta para alcanzar el objetivo de la Cámara: precaver litigios en materia de gratificaciones. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz hasta por tres minutos. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señor Presidente, tal como lo ha planteado uno de los integrantes de la Comisión Mixta, los diputados que la conformamos estamos por recomendar la aprobación de sus proposiciones, ya que el Senado repuso, en el inciso segundo del artículo 14, la disposición que expresa que los menores de 21 años deben someterse al examen de aptitud para trabajos subterráneos mineros. Esto se debió, fundamentalmente, a que dicha disposición estaba en nuestra legislación y porque existe el Convenio 124 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT que no ha sido ratificado por nuestro Gobierno, según el cual todo menor de 21 años debe presentar sus correspondientes certificados médicos para acceder a empleo o trabajo de esta naturaleza. Ésa fue la razón fundamental que tuvimos los diputados para concordar con lo propuesto por los senadores. En relación con la modificación del artículo 50 del Código del Trabajo, que dice relación con las gratificaciones, también concordamos con los senadores en que cualquier modificación a esta disposición podía generar una serie de conflictos en el mundo laboral, dado, por una parte, que ya existe en los tribunales una serie de demandas que están buscando una interpretación al respecto y, por otra, porque todo lo que dice relación con las gratificaciones está regulado en los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 del cuerpo legal mencionado, respecto de los cuales no habría problemas de interpretación, y en caso de que se produjesen, los tribunales respectivos deberán resolverlos. Por estas consideraciones, señor Presidente, solicitamos la aprobación de lo resuelto por la Comisión Mixta. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle hasta por cinco minutos. La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, a lo expresado por mis colegas, sólo deseo agregar la opinión que emitió el representante del Ministerio del Trabajo en la Comisión Mixta: que en los fallos de los últimos juicios provenientes de la aplicación del artículo 50, se estarían considerando los argumentos, votaciones y acuerdos del Senado, con el objeto de no provocar nuevos litigios. Nosotros, en representación de la Corporación, hicimos valer todos los puntos de vista que aquí se habían planteado; pero a la luz de los antecedentes entregados por el Ejecutivo y por los senadores, procedimos a aprobar esta norma, por cuanto consideramos que evitaría un mayor número de conflictos. Por lo tanto, señor Presidente, también coincido con la opinión de que hay que aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, este proyecto que ha estado bastante tiempo en el Congreso Nacional, es una moción del ex diputado por Antofagasta don Rubén Gajardo, de la cual soy coautor, junto con otros parlamentarios, y tuvo una larga discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados en un período legislativo anterior. Posteriormente, la Sala aprobó un texto distinto del propuesto por la Comisión Mixta. Sin embargo, luego de escuchar atentamente las exposiciones del diputado señor Pedro Muñoz y de la diputada señora Marina Prochelle, miembros de la Comisión del Trabajo, quienes han participado activamente en éste y en otros proyectos, la bancada de la Democracia Cristiana va a respaldarlo lo que no podría ser de otra manera, ya que somos autores de la iniciativa, con el objeto de que se transforme prontamente en ley. Una vez que ocurra eso, solicito a la Mesa que instruya a la Secretaría para que haga llegar al ex diputado Rubén Gajardo copia del debate de esta sesión. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en la forma que indica. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobadas. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Bartolucci, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Elgueta, Espina, Fossa, García (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mesías, Molina, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Villouta y Walker (don Ignacio). NOTIFICACIONES A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a las notificaciones a las personas privadas de libertad. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Sergio Elgueta. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 2306-07, sesión 41ª, en 10 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 4. -Informe de la Comisión de Constitución, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 12. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta. El tiempo máximo acordado por los Comités para informar es de siete minutos. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, este proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Gabriel Ascencio, Aldo Cornejo; de la diputada señora María Pía Guzmán; de los diputados señores Edgardo Riveros, Rodolfo Seguel, Ignacio Walker y de quien habla, tiene por objeto evitar los traslados innecesarios de los procesados privados de libertad que deban ser notificados en forma personal. Es conocido de todas las posibilidades de fugas, el exceso de traslados, la falta de medios para realizarlos, el hacinamiento de los procesados en los furgones, los largos recorridos a que son expuestas dichas personas, el agravamiento de su privación de libertad, ya que los procesados deben permanecer juntos, a pesar de haber sido encausados por delitos de diferente gravedad; los peligros para la sociedad, el tribunal, los gendarmes y los propios presos, son situaciones que fundamentan esta iniciativa. Algunas normas de nuestro Código de Procedimiento Penal exigen la notificación en persona de ciertos procesados privados de libertad. Como se puede ver en el texto comparado, se modifican todas ellas, no obstante estar en trámite una reforma procesal penal, ya que esas normas seguirán subsistiendo, tanto porque es posible que dicha reforma entre en vigencia en dos o tres años más, cuanto porque muchas de sus disposiciones seguirán vigentes debido a que están relacionadas con el Código de Justicia Militar. Por ejemplo, el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, señala: “Las notificaciones que hayan de hacerse a los representantes del Ministerio Público, se les harán personalmente en todo caso. “También se le harán en persona al procesado que estuviere preso, pudiendo hacerlas el Secretario del Tribunal en su oficio o en el establecimiento penal donde aquél se encontrare recluido aunque se hallare fuera de su territorio jurisdiccional”. El cambio consiste en que la regla general será la siguiente: las notificaciones al procesado que estuviere preso se le harán en persona, pudiendo hacerlas el secretario del tribunal o un funcionario judicial o un receptor que esté o no de turno, que designe el tribunal, en el establecimiento penal en donde aquél se encontrare recluido, aunque se halle fuera de su territorio. Por excepción, las notificaciones según el proyecto podrán hacerse en la secretaría del tribunal cuando el recluido deba ser puesto a disposición de éste, por orden del juez, para la práctica de alguna actuación o diligencia que requiera de su presencia. En resumen, este precepto aumenta el número de funcionarios que pueden efectuar estas notificaciones, establece como norma general que éstas deberán hacerse de preferencia en el lugar donde el procesado se encuentre recluido y, por excepción, cuando haya diligencias a su respecto. También el proyecto contempla que en aquellas resoluciones que favorecen al procesado privado de libertad se empleen medios mucho más expeditos, ya que, al ser declarado inocente o dejado en libertad incondicional o cuando se le otorgue la libertad provisional, no necesita efectuar el doble paseo de ida y vuelta entre la cárcel y el tribunal, sino que debe notificarse por medios más expeditos, dejándose constancia de ello en el proceso respectivo. Por otro lado, el artículo 498 del Código de Procedimiento Penal establece como obligación que “Vencido el término probatorio, el secretario certificará este hecho y notificará personalmente al procesado sometido a prisión preventiva y por el estado a las demás partes el mismo día o a más tardar el siguiente, sin necesidad de que lo ordene el juez”. Atendidos los trámites del plenario, en la actualidad esta notificación es absolutamente innecesaria en la práctica, porque, a estas alturas, todo acusado que se encuentra con el plenario vencido tiene abogado defensor y, además, esta diligencia no le representa ninguna urgencia, ni tampoco una cuestión decisiva. Por esa razón, el proyecto propone que tal certificación se notificará al procesado sometido a prisión preventiva por cédula o por otro medio expedito por alguna de las personas indicadas en el inciso segundo del artículo 66 el secretario del tribunal, un receptor o un funcionario judicial designado por el tribunal y por el estado a las demás partes, el mismo día o, a más tardar, al siguiente, sin necesidad de que lo ordene el juez. La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto e igual petición hace a la Sala para que la innovación produzca mayor eficiencia y ahorro en el traslado de los presos privados de libertad. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán hasta por cinco minutos. La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, para analizar el proyecto es muy importante ponerlo en el contexto en que fue redactado, para lo cual es necesario hacer un poco de historia. El 22 de febrero del presente año, a las 18.30 horas, en el Octavo Juzgado del Crimen de Viña del Mar, en plena calle Quillota, 16 delincuentes que esperaban ser trasladados a la cárcel de Valparaíso redujeron a los gendarmes del tribunal, les robaron sus revólveres y ametralladoras Uzi y escaparon. Durante el escape, con persecución por caminos y calles de Viña, murieron un carabinero, un gendarme y uno de los delincuentes, y un niño de 11 meses de edad quedó herido de bala. En la búsqueda posterior se logró determinar que esos delincuentes, que eran trasladados para ser notificados de algunas resoluciones menores en sus procesos, habían sido suplantados, es decir, quienes habían sido citados no eran efectivamente los que concurrieron al tribunal. Los recortes de prensa de esa época dan cuenta también de un hecho muy similar ocurrido en mayo de 1988 en los juzgados del crimen de Avenida España de Santiago, donde 16 reclusos se amotinaron, golpearon al juez y a dos funcionarios judiciales e hirieron con arma blanca a dos gendarmes. También en ese caso hubo suplantación de las personas citadas al tribunal. Con ocasión de estos hechos, en declaraciones al diario “La Tercera” de 24 de febrero del presente año, el ministro de Justicia subrogante, señor José Antonio Gómez, expresa lo siguiente: “Señaló que su Cartera ha insistido infructuosamente al Poder Judicial para que aplique el criterio de notificar a los presos en sus penales, cosa que dejen de circular diariamente más de veinte mil reos en todo el país”. Es decir, ya en febrero, el ministro subrogante de Justicia nos señala que diariamente se mueven veinte mil reclusos a lo largo de Chile, para los efectos de ser notificados en los tribunales. La norma del Código de Procedimiento Penal actual establece, como muy bien lo señaló el diputado informante, que la primera notificación al procesado que esté preso que debe ser personal se hará por el secretario del tribunal mediante oficio al jefe del establecimiento penal donde aquel estuviere recluido. Pero esa norma se cumple sólo en la medida en que los reclusos son trasladados al tribunal para ser allí notificados por el secretario, que nunca va a los penales a notificar a la gran cantidad de reclusos, cuyas causas está tramitando. Por lo tanto, el proyecto es muy necesario, ya que, en definitiva, establece que el procesado que esté preso y que deba ser notificado personalmente, tiene que serlo en el establecimiento penal. Como segunda medida, amplía la posibilidad de ministros de fe para realizar esta notificación en los distintos penales obviamente se mantiene el secretario del tribunal y lo extiende a un receptor o a otro funcionario judicial que hubieren sido especialmente habilitados por el tribunal para estos efectos. Las notificaciones personales sólo excepcionalmente podrían practicarse en la oficina del secretario y únicamente cuando el preso deba concurrir al tribunal para otras diligencias judiciales. Esta norma va a producir efectos y es importante, aun cuando entre en vigencia la reforma procesal penal. Sabemos que ésta va a regir plenamente desde el año 2003 en adelante y sólo para los hechos delictivos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigencia de las normas. Por lo tanto, hay un período hasta el 2005 en que el actual Código de Procedimiento Penal va a mantener su vigencia y, en consecuencia, para estos cinco años y medio, si logramos aprobar rápidamente esta norma, va a producir efectos, al impedir el traslado de los reclusos a los tribunales para ser notificados. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Riveros hasta por cuatro minutos. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, poco queda por agregar al mérito del proyecto, toda vez que se justifica plenamente facilitar la notificación a determinadas personas. Eso sí, quiero poner el acento en que a muchos se les van a notificar resoluciones en las cuales, incluso, se les concede la libertad incondicional o la libertad provisional sin dejar fianza o se ordena otro cumplimiento del fallo, donde el notificado no va a cumplir sino una resolución en que los tribunales lo favorecen y en que, en las circunstancias actuales, esta persona es trasladada al tribunal para ser notificada personalmente. Por otra parte, quiero señalar que las cárceles, en general, se ubican en pleno centro de las ciudades o en lugares densamente poblados, como el caso de San Miguel que motivó, por ejemplo, que el diputado Rodolfo Seguel también patrocinara este proyecto o de situaciones como la de Puente Alto, en que las personas encarceladas deben ser trasladadas a los tribunales de San Bernardo para su notificación. Todo ello indica la necesidad de facilitar y de hacer mucho más expedito el trámite de notificación. Además, lo que se propone es ampliar la situación a otros ministros de fe que notifican otra clase de resoluciones judiciales; es agregar el secretario del tribunal, de suyo, lo hace a los receptores judiciales que, en su calidad de ministros de fe y auxiliares de la justicia, cumplen este tipo de tareas en otros ámbitos, particularmente en el civil. Y el hecho de investir a determinados funcionarios con esta calidad, para el caso específico de que se trata, aparece como facilitador del objetivo que se persigue. De manera que la Comisión especializada, la de Constitución, Legislación y Justicia, ha hecho bien en aprobar este proyecto y recomendarlo así a la Sala, y podemos tener casi la certeza de que el criterio así establecido será también acogido por ésta. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por 8 minutos, el diputado señor Francisco Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, es muy poco lo que cabe agregar; más bien, anunciar solamente el voto favorable de la bancada de la UDI al proyecto, haciendo presente que, desde el punto de vista del debido proceso, interesa que el procesado, o aquel que estuviera preso, sea notificado personalmente. Ése es, en definitiva, el tema más de fondo. Ahora, ¿cómo se hace dicha notificación? Puede haber diversas formas. En nuestro código hay establecido un sistema antiguo: debe hacerse personalmente por el secretario del tribunal en el tribunal. Eso es lo que ha provocado, durante muchos años, los problemas que hemos conocido y que se han hecho presentes. Tal vez valga la pena, en nuestro caso, aquí en Valparaíso así como se hacía referencia a otras comunas del país relatar que el trámite también es bastante engorroso. La cárcel está ubicada en la parte alta del puerto y, ahora, la nueva cárcel, más arriba, en la cima de la ciudad, y de ahí hay que bajar en furgones a los juzgados que están en el plan. De manera que todo esto hace difícil y peligroso, incluso, el traslado de los reos, a través de poblaciones de Valparaíso, los cuales reitero deben transportarse desde la cárcel, situada en la cima de la ciudad, a los juzgados del plan. Ahora, se cambia el procedimiento de notificación para hacerlo más fácil, expedito, para simplificarlo, para modernizarlo, manteniéndose el hecho de que sea en persona y se dan nuevas formas que van a perfeccionar el sistema y poner término a los problemas comentados. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS (don Juan).- Señor Presidente, quiero señalar, en nombre del Comité Socialista, que este proyecto es sumamente importante desde el punto de vista de la agilidad y eficiencia de las notificaciones de nuestros tribunales, porque, en la actualidad como se expresó, hay cárceles en diferentes lugares de Santiago: en Colina; de menores, en Puente Alto; de mujeres; y, por lo tanto, a menudo resulta sumamente difícil hacer una notificación en persona debido al traslado de los encarcelados al tribunal correspondiente. Por otra parte, a veces también resulta sumamente difícil que una persona salga de inmediato en libertad bajo fianza, por cuanto debe ser llevada por Gendarmería, ya sea desde Puente Alto, de Colina o de la cárcel de mujeres, a los tribunales y, de allí, nuevamente a los recintos carcelarios, por lo que pasa mayor tiempo en prisión del que corresponde debido a los problemas de traslado. El hecho de que la diligencia la realice un secretario, un receptor o un oficial primero del tribunal, implica gran agilidad y eficiencia en materia judicial y, además, no distrae a los gendarmes de sus funciones propias de seguridad. Pero, por otra parte, también reviste importancia desde el punto de vista de seguridad ciudadana, porque en algunos traslados para notificaciones de carácter personal se han producido secuestros de personal de tribunales, de los propios jueces, como, asimismo, evasiones que han provocado grave alarma en la ciudadanía. Por eso –reitero, por razones de eficiencia, de agilidad, en materia de administración de justicia, y también desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, aparece del todo recomendable que se apruebe este proyecto de ley en la forma señalada. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, se ha dicho, hasta la saciedad, que la iniciativa no pugna con el debido proceso, que las garantías del detenido están suficientemente cubiertas y creo que es sólo una cuestión de eficiencia y seguridad. Si hubiéramos contado con esta norma no habría ocurrido lo que pasó en Viña del Mar, en que hubo muertos, secuestrados, y en que mucha población absolutamente inocente, que estuvo expuesta a riesgo. Es verdad que el preso tiene, como inalienable, el derecho a fuga; entonces, permanentemente se está pensando en que él, ante la circunstancia de que lo lleven ante el tribunal para efectos de notificarlo, encuentre el lugar y el momento adecuados para intentarla y, generalmente, la situación deviene en violencia. Ese día, cuando ocurrieron los trágicos y luctuosos sucesos en Viña del Mar, de los 16 reos que se bajaron del furgón para su notificación, solamente 2 eran absolutamente necesarios; los 14 restantes podían ser notificados de otro modo. En consecuencia, nuestra bancada va a aprobar íntegramente este proyecto. He dicho. El señor ESPINA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MONTES (Presidente).- No está inscrito en la lista de su bancada, señor diputado. El señor ESPINA.- Es sólo para hacer una precisión respecto de este proyecto, para la historia fidedigna de la ley. El señor MONTES (Presidente).- Señor diputado, siempre que su bancada lo permita, no hay inconveniente, porque todo el tiempo está distribuido. El señor ESPINA.- Sí, señor Presidente. Simplemente quiero hacer una precisión importante. Al establecerse la modificación que estamos impulsando, en el sentido de que no sólo el secretario del tribunal efectúe la notificación, sino que, además, puedan hacerla, adicionalmente, otros funcionarios judiciales o un receptor, es importante dejar expresa constancia de que los tribunales deberán arbitrar las medidas para que se dé cumplimiento al derecho del inculpado de apelar en el acto en que se le notifica de la resolución que le deniegue la libertad provisional o lo someta a proceso. Creo que es extraordinariamente importante dejar ese punto en claro, porque, al momento que se notifica a una persona sometida a proceso, surge la posibilidad de apelar y recordémoslo puede hacerlo sin abogado. En ese mismo instante, ante el funcionario que lo notifica, puede apelar de la resolución, ya sea de la que le denegó la libertad provisional, para seguir exigiéndola, o de aquella que lo sometió a proceso. La norma señala: “Éste podrá apelar de la resolución en el acto y ante el mismo encargado, lo que éste comunicará de inmediato y por igual vía al tribunal”. De manera que los tribunales debieran tomar los resguardos en ese punto, ya que no sólo va a ser el secretario del tribunal, sino también otros funcionarios los que, en definitiva, cumplan con esa obligación, a fin de resguardar la garantía constitucional de una persona de recurrir ante un tribunal superior de una resolución que le cause gravamen. Insisto en que quiero dejar constancia de ese punto, sin perjuicio de todos los méritos que ya se han señalado sobre el proyecto. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a notificaciones a la persona privada de libertad, al cual se le ha formulado una indicación. En votación general el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobado en general. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Bartolucci, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jiménez, Krauss, Longton, Lorenzini, Luksic, Mesías, Molina, Monge, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Villouta y Walker (don Ignacio). El señor MONTES (Presidente).- Hay una indicación del diputado señor Elgueta. ¿Habría unanimidad para tratarla ahora? Acordado. El señor Secretario dará lectura a la indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación tiene por finalidad sustituir el artículo único del proyecto. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, hay un error. No he presentado esa indicación, salvo en la Comisión. El señor MONTES (Presidente).- Señor diputado, fue presentada en la Oficina de Partes de la Cámara el 6 de julio de este año. ¿Su Señoría desea retirarla? El señor ELGUETA.- Retiro la indicación. El señor MONTES (Presidente).- El diputado señor Elgueta retira la indicación. Por lo tanto, al no haber indicación, el proyecto queda también aprobado en particular. Despachado el proyecto. DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 18.607, QUE DECLARÓ FERIADO NACIONAL EL DÍA DE CORPUS CHRISTI. Segundo trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que deroga las leyes Nºs 18.432 y 18.607, con el objeto de suprimir los feriados que señala. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Joaquín Palma. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín Nº 1867-06 (S), sesión 27ª, en 5 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 14. -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 33ª, en 19 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 15. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor PALMA (don Joaquín).- Señor Presidente, el proyecto de ley en informe tiene su origen en una moción de los senadores señores Larraín y Cantuarias. La idea matriz era suprimir los feriados religiosos de San Pedro y San Pablo y Corpus Christi, establecidos en las leyes Nºs 18.432 y 18.607, respectivamente. La Comisión rechazó la iniciativa, porque, en primer lugar, no encontró razonable disminuir los días feriados de los trabajadores. En Chile hay catorce feriados, más los días domingos, entre los cuales están San Pedro y San Pablo y Corpus Christi. En segundo término, en un comienzo el proyecto proponía sólo la derogación de Corpus Christi y en la Comisión no entendían por qué si se pretendía suprimir uno no podía eliminarse los otros. Por otra parte, ayer una Comisión Mixta analizó otra iniciativa relacionada con el traslado de festivos a los lunes o viernes. A mi juicio, la idea matriz de alguna forma estaba representada en el proyecto en estudio. Además, durante su discusión distintos parlamentarios habían propuesto el traslado de los festivos a los lunes o viernes. De manera que está resuelto el problema para no alterar la organización del trabajo y de los fines de semana para efectos turísticos y de descanso. Espero que la diputada señora Marina Prochelle, quien estuvo presente en la Comisión Mixta, nos explique en qué consiste la proposición que llegará a la Sala. Tengo entendido que, en resumen, es hacer algo parecido a lo que se hizo con el 11 de septiembre; es decir, trasladar San Pedro y San Pablo, Corpus Christi, 1 de mayo, 15 de agosto y 1 de noviembre al lunes más próximo. Por lo tanto, el proyecto, que fue rechazado en la Comisión de Gobierno Interior, debería ser rechazado en la Sala, pues ya perdió su oportunidad, al haber una mejor solución a la propuesta aquí. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Marina Prochelle. La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, en primer término, me referiré al proyecto de ley que nos convoca y que ha informado el diputado señor Joaquín Palma. Nuestra bancada no comparte el criterio de suprimir feriados considerados como derechos adquiridos por los trabajadores y sus familias. Desde ese punto de vista, no estamos de acuerdo con la supresión de ninguno de los feriados vigentes. Ello no sólo porque es un derecho adquirido para los trabajadores y no hay una propuesta alternativa para ellos, sino porque estamos convencidos de que estos feriados pueden marcar un punto, un día, una hora de una mayor convivencia entre padres e hijos y de la familia en general. Por lo tanto, reitero nuestra oposición al proyecto y lo votaremos en contra, tal como lo hicieron nuestros diputados en la Comisión de Gobierno Interior. Por otra parte, según lo manifestado por el diputado informante, ayer en la Comisión Mixta los diputados y diputadas defendimos la posición planteada por la Cámara en cuanto a correr los feriados, tal como se propuso acá a través de una moción. De modo que se mantienen cinco feriados, pero se corren a un lunes o viernes, dependiendo del día en que caen, con el objeto de provocar un mejor aprovechamiento del tiempo en la familia, en el sector productivo y en la economía del país. Eso es cuanto puedo informar. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- En votación el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social sobre el proyecto que deroga las leyes Nºs 18.432 y 18.607, con el objeto de suprimir los feriados que señala. La Comisión recomienda rechazar el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobado el informe. Rechazado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bartolucci, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don José), Jarpa, Jiménez, Krauss, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Orpis, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Villouta y Walker (don Ignacio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ávila, Guzmán (doña Pía), Ortiz y Seguel. Se abstuvieron los diputados señores: Hernández, Leal y Moreira. ESTABLECIMIENTO DE PENA DE MUERTE PARA DELITOS DE VIOLACIÓN CON HOMICIDIO Y HOMICIDIO A SUELDO. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece la pena de muerte para delitos de violación con homicidio y homicidio a sueldo. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Luksic. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 913-07, sesión 47ª, en 28 de enero de 1993. Documentos de la Cuenta Nº 6. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 31ª, en 29 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 3. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Zarko Luksic, diputado informante. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, me corresponde dar a conocer un proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Víctor Pérez, Longueira, Correa, Leay, Coloma, Ulloa, Melero, Recondo, Orpis y del entonces diputado don Pedro Guzmán. A mi modo de ver, dentro de la historia legislativa, es un proyecto bastante insólito y sorprendente, como lo voy a explicar. Desde luego, ¿qué proponen los distinguidos colegas que presentaron esta moción? Proponen el establecimiento de la pena de muerte en los delitos de violación con homicidio y de sodomía con homicidio. De manera expresa se modifica el Código Penal, agregando el siguiente artículo 361 bis: “Cuando con ocasión de la violación de una mujer se produzca el homicidio de ésta, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte”. Asimismo, el siguiente artículo 365 bis: “Cuando con ocasión del delito de sodomía se produzca el homicidio de la víctima, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte”. En verdad, más allá del debate respecto de legislar sobre la pena de muerte, aquí hay una cuestión inaudita, porque el Código Penal vigente, en su artículo 372 bis señala, textualmente, lo mismo. A saber: “El que con motivo u ocasión de violación o de sodomía causare además la muerte del ofendido, será castigado con la pena de presidio perpetuo a muerte”. Lo insólito es que la idea original de los diputados que presentaron la moción era aumentar las penas, pero con las modificaciones que introducen al Código Penal, las disminuyen, ya que sugieren el presidio mayor en su grado máximo a muerte, en circunstancias que está vigente la pena de presidio perpetuo a muerte. Por consiguiente, la iniciativa fue rechazada por unanimidad en la Comisión. Creo que no vale la pena discutir respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile y vigente, ni del artículo 5º de nuestra Carta Fundamental, que obliga a respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Tampoco vamos a debatir las razones filosóficas por las cuales la Comisión está en contra de la pena de muerte, sino, simplemente, decir no sé si es primera vez que ocurre en la Corporación que se ha presentado una moción respecto de una materia ya legislada. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, en 1992, un grupo de diputados de la UDI presentó el proyecto en estudio. No entraré a discutir con el diputado señor Luksic los aspectos jurídicos y legales, porque no soy abogado. Presentamos la iniciativa debido a la situación que se estaba viviendo en esa época y que, por desgracia, ahora último sigue proliferando. Esta antigua moción trata de introducir las nuevas figuras delictuales de violación y sodomía para quienes, con ocasión de la consecución de su delito, produjeran el homicidio de la víctima. Ya se ha legislado sobre el tema y el proyecto carece de objeto. Pero nuestra legislación, según como lo tenía entendido, no contemplaba la pena de muerte como sanción para algunas acciones delictivas graves y aberrantes, que afectaran los más elementales derechos humanos. Últimamente, se ha podido comprobar que han proliferado asesinatos que han impactado a la opinión pública. Por ejemplo, el de Elenita Yáñez, de Concepción; de Viviana Montenegro, de Valparaíso; de Denis Farías, coterránea de Hualañé; de Marcos Valverde, de Coelemu; de Ciro Béjar, de Santa Cruz. Estas víctimas claman justicia. Nuestro deber es perfeccionar la legislación, para que el Estado actúe en consecuencia. Al respecto, cabe recordar que en el caso de Elenita Yáñez, las fuerzas policiales estuvieron fuera de su casa y, por las restricciones legales, no pudieron ingresar oportunamente. Además, es necesario contemplar programas de asistencia a las familias de las víctimas, pues no existen, según representantes del Servicio Nacional de la Mujer, del Servicio Nacional de Menores y del Servicio Nacional de Salud; en cambio sí los hay para afectados por la violencia política. Hasta el momento, los familiares de niños ultrajados han dado solos la lucha para conseguir justicia. Ni siquiera han tenido apoyo para sobrellevar la pérdida de hijos en las peores circunstancias: violados y asesinados. Por eso, si bien se legisló al respecto, he querido señalar las falencias que existen, para corregirlas y para que las autoridades del Servicio Nacional de la Mujer, del Servicio Nacional de Menores y del Servicio Nacional de Salud adopten algunas medidas con el objeto de paliar las desgracias sufridas por estas familias. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Ignacio Walker. El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, ¿por qué se está tratando este proyecto? En primer lugar, como se sabe, fue rechazado por unanimidad en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el 28 de agosto de 1996, o sea, hace prácticamente tres años. Tanto por lo absurdo del contenido, según trataré de demostrarlo, como por lo extemporáneo de su discusión, debiera haber sido archivado, aunque teóricamente, de acuerdo con el Reglamento, tenemos la posibilidad de tratarlo. En el fondo, el diputado informante ha dado un argumento definitivo. Dos de las tres figuras que se proponen están legisladas y tienen asignadas la pena de muerte: los casos de violación y sodomía seguidos de muerte, consignados en el artículo 372 del Código Penal. Expresamente, cuando se discutió el proyecto de violación y delitos sexuales, se mantuvo su alta penalidad, que puede llegar hasta veinte años, y en ciertos casos equivalentes al homicidio calificado, incluso hasta la pena de muerte, como se señala en el artículo 372 bis del Código Penal. En segundo lugar, el proyecto es flagrantemente contrario a los tratados internacionales. Por lo tanto, viola la Constitución. Su artículo 5º, por ejemplo, se remite al Pacto de San José de Costa Rica, que señala que no se extenderá la pena de muerte a nuevos delitos. Además, hay una cuestión filosófica que nos separa de sus autores, que son miembros de la UDI, Unión Demócrata Independiente. Para quienes nos basamos en los valores humanistas y cristianos, la vida comienza en el momento de la concepción y termina en el de la muerte. En consecuencia, es el derecho a la vida el que está en juego. Algunas personas protegen el derecho a la vida del que está por nacer. Está bien, no sólo por lo que consigna la Constitución, sino, además, por una cuestión ética fundamental. Sin embargo, no han tenido problemas para distinguir entre hijos legítimos e ilegítimos, una vez que nacen. Es decir, una vez que nacen algunos son de segunda categoría y se les puede discriminar. Tampoco han tenido problemas para que el Estado prive de la vida a quienes se les ha condenado a la pena de muerte, porque, insisto, en dos casos sería redundante porque están legislados. Por lo tanto, nuestro rechazo al proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia significa una afirmación fundamental del valor del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte. Su aprobación sería un grave retroceso, no sólo desde el punto de vista de los tratados internacionales, sino también de la conciencia ética y jurídica de la humanidad, a la que hoy repugna la pena de muerte y cualquier atentado al derecho a la vida. En consecuencia, somos contrarios a la pena de muerte, como somos contrarios al aborto, y en este sentido, con los diputados de la UDI, que legítimamente han presentado el proyecto, tenemos una diferencia filosófica fundamental. En definitiva, el proyecto, que fue rechazado por unanimidad en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es contrario a los tratados internacionales, que se opone a la conciencia ética y jurídica de la humanidad, a nuestro juicio, debe ser rechazado por las razones expuestas. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, el proyecto fue presentado en 1991, pero recién se discute en la Sala, a pesar de que fue rechazado en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en 1996. En esa época, no era extemporáneo y se justificaba por varios homicidios de menores. Incluso, el autor de uno de esos delitos fue indultado por el Presidente de la República. Con posterioridad, a partir de 1992, se modificó el Código Penal en materia de violación y se amplió la definición de este delito. A pesar de ello, se mantuvo la pena de muerte en casos de violación por vía vaginal, si se trata de mujeres, y por vía anal, si las víctimas son hombres. Sin embargo, en esa ocasión se tuvo en consideración el Pacto de San José de Costa Rica, que impide extender la pena de muerte a nuevas figuras delictivas. En este sentido, dado que el Código Penal en materia de violación incluye la pena de muerte, creo que es conveniente que se prive de la facultad del indulto al Presidente de la República cuando este delito se agrave con homicidio, lo que responde a un gran deseo de la comunidad, en especial de aquellas áreas donde han ocurrido estos dramas con menores. Por eso, sin perjuicio de que no se apruebe el proyecto, me parece conveniente dejar constancia de que faltan medidas para que no se indulte por este tipo de delitos, de los peores que se conocen. Al mismo tiempo, debe incorporarse una disposición que también considere la pena de muerte en el caso de violaciones con homicidio por vía anal, de los hombres, que no pudo ser incluida en su oportunidad, repito, por el Pacto de San José de Costa Rica. Al respecto, debo llamar la atención para que se tenga cuidado con los pactos y tratados internacionales, porque después tienen prioridad sobre las leyes en materias que el propio Congreso tendría otra disposición. Estoy de acuerdo con que no se acoja el proyecto, pero haciendo la salvedad de que necesitamos legislar para castigar debidamente el delito de violación con homicidio. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, en 199l, la pena de muerte fue un tema debatido extensamente en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, no sólo se revisó el Código Penal, sino que, también, las leyes especiales que rigen la materia. Finalmente, se decidió, como criterio del Congreso, mantener la pena de muerte en básicamente cinco delitos: parricidio, artículo 390 del Código Penal; robo con homicidio, artículo 433; violación o sodomía con resultado de muerte, artículo 372 bis; secuestro con violación, artículo 141, y robo con violación, artículo 433. Me parece que, después de que el Congreso destinó varios meses al análisis y discusión de esta materia algunos son partidarios de que exista la pena de muerte y otros no y llegó a una decisión final, la peor señal que se puede dar es modificar el acuerdo que se adoptó luego de un exhaustivo análisis de nuestra legislación. Esa es una cuestión relacionada con la estabilidad en el país. En Chile, la pena de muerte está consagrada para delitos muy puntuales, que tienen un gran reproche social, y su aplicación requiere el cumplimiento riguroso de determinadas exigencias procesales. Recordemos que, en Chile, para que una persona sea condenada a muerte la sentencia debe ser decretada por la unanimidad de la Sala que la ratificó. El individuo no puede ser condenado por presunciones judiciales y no deben beneficiarlo circunstancias atenuantes. De manera que son suficientemente claros y precisos los resguardos en nuestra legislación para que una pena de esa gravedad sea aplicada. Además, como se expresó con toda claridad, las conductas que contempla la moción ya tienen asignadas la pena de muerte y, por lo tanto, resulta absolutamente innecesario modificar normas vigentes que apuntan en la dirección que se señaló. La moción como tal no constituye ninguna innovación desde el punto de vista legislativo, porque esas figuras ya tienen la penalidad debidamente asignada. A mi juicio éste es un tema que debatimos hace diez años, si alguna vez el Congreso desea hacer revisión completa de la legislación sobre la materia, debería proceder como se hizo al comienzo del retorno a la democracia, donde después de analizar los criterios con los cuales se estaba aplicando la pena de muerte, la estableció para los delitos que he señalado y la suprimió para otras figuras delictuales. Por esa razón, compartimos el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en cuanto a que la moción debe ser desestimada dado que no constituye innovación respecto de la legislación vigente sobre la materia. El señor MONTES (Presidente).- La diputada señora Rosa González ha solicitado insertar su discurso. ¿Habría acuerdo? Acordado. El texto del discurso que se acordó insertar es el siguiente: La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, honorable Cámara: con estupor podemos comprobar a diario cómo aumenta la delincuencia en nuestro país y, con ello, la inseguridad ciudadana. El asesinato de la semana pasada, del conductor de la locomoción colectiva señor Juan Carlos Godoy es una prueba palpable de ello. En esos días, la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta Corporación daba cuenta de su labor. Somos testigos de las recriminaciones mutuas del Gobierno, Poder Judicial, Gendarmería y otros organismos e instituciones, cuyas funciones se relacionan directamente con el tema. Unos y otros dan sus razones e inculpan a los otros de ser responsables del tránsito por nuestras calles de gran parte de los delincuentes condenados de nuestro país. Debemos preguntarnos entonces qué estamos haciendo para terminar de una vez por todas con el problema de la delincuencia. El Poder Judicial, a través del presidente de su máximo tribunal ha señalado en días pasados que los jueces dictan las condenas, pero que después Gendarmería estudia la buena conducta de los reos y les otorga la libertad condicional. Gendarmería demuestra con cifras que sólo el 26% de los condenados está en la cárcel; los otros transitan en virtud de uno u otro beneficio, libremente, por nuestras calles. El Gobierno ha implementado ya ocho planes de seguridad ciudadana, y sus resultados están a la vista. La tónica es echar la culpa a otros y, por cierto, como suele ocurrir, afirmar que debe modificarse la ley. Si bien es efectivo que en algunos puntos debe adecuarse la normativa, también lo es que nada sacamos con hacerlo, si quienes la aplican lo hacen erradamente. “La ley que impide salir en libertad a los delincuentes que constituyen un peligro para la sociedad existe; sin embargo, hay jueces que estiman que no constituye peligro para la sociedad una persona que tiene dos o más autos de procesamiento”. En consecuencia, es hora de que todos asumamos nuestra responsabilidad. Los parlamentarios debemos contribuir con nuestra parte. En este sentido son fundamentales las señales que proporcionemos. Si bien el Gobierno es el principal responsable de los niveles de inseguridad ciudadana que observamos, producto de sus señales de debilidad, rebajas continuas de penas y establecimiento de variados beneficios en favor de los delincuentes, el problema es tan grave que requiere de la colaboración y esfuerzo de todos los sectores. En este sentido, y en relación al proyecto que se debate en esta sesión, me manifiesto absolutamente partidaria de la aplicación de la pena de muerte en casos de extrema gravedad como los indicados en esta moción. Todos sabemos que en la práctica, en Chile, por diversas razones no existe el presidio perpetuo. La ciudadanía exige tanto a legisladores como a jueces que no nos tiemble la mano, ni en lo relativo a la determinación de las penas ni menos en la aplicación de las mismas. Si la justicia chilena no actúa con prontitud y decisión y para ello debemos darle las herramientas suficientes se puede caer en la tentación en que han caído muchos países sudamericanos de crear “escuadrones de la muerte”, como la manera más eficaz de hacer justicia por las propias manos. La pena de muerte debe existir y las decisiones que la judicatura adopte en esta materia deben ser rápidas. En Chile, la demora en la aplicación de estas penas transforma a los asesinos en mártires. Arica no ha estado libre de asesinatos cometidos con un importante nivel de ensañamiento y crueldad. La comunidad ariqueña no olvida los casos de Alexander y Marjorie, dos jóvenes que, como muchos otros de este país, han visto interrumpidos sus sueños, metas y esperanzas por una mano asesina. Voto a favor. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS (don Juan).- Señor Presidente, esta moción parte de presupuestos falsos, porque, en relación con los delitos de violación y sodomía, en el artículo 372 bis ya existe la pena de muerte. Por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de ser modificados. Por otra parte, en cuanto a lo señalado en relación con el artículo 391, de acuerdo con el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile, en el futuro no se puede introducir la pena de muerte en nuestra legislación penal. Atendidas estas dos razones, claras desde nuestro punto de vista, el proyecto –reitero- parte de presupuestos totalmente falsos. Pero más allá de eso es importante destacar del referido pacto, con el cual Chile está comprometido, la importancia de los derechos humanos frente al Estado. Los derechos humanos son las relaciones de la persona frente al Estado. Si nadie tiene derecho a matar a otro, con menor razón la tiene el Estado. Se trata de salvaguardar a eso están referidos los derechos humanos a la persona frente al Estado. Y nosotros ya sabemos, por la historia de la humanidad, qué ocurre cuando al Estado se le da el derecho a matar. De ahí la importancia y el sentido profundo de esta convención, lograda después de una larga lucha de la humanidad, desde la Carta Magna, por las relaciones y, por lo tanto, por los deberes del Estado frente a la dignidad de la persona como único ente autónomo dentro de la sociedad. Más aún, nuestra Carta Fundamental es contradictoria y adolece, como se ha señalado por muchos autores, de una inconstitucionalidad interna. Como es lógico, lo primero que señala es el derecho a la vida, desde el punto de vista del derecho fundamental frente al Estado; pero más adelante dispone que nunca una restricción a un derecho puede implicar su supresión o eliminar el ejercicio de ese derecho; sin embargo, establece la pena de muerte. Es decir, hay una clara contradicción interna dentro de nuestra Carta Fundamental, que surge del hecho de que hoy es evidente que la persona tiene derecho a la vida desde el momento que nace y nadie puede quitársela, menos el Estado. Por eso, no sólo desde el punto de vista de la legislación interna, que hace impropia esta moción, sino también por una razón sustancial, estamos totalmente en desacuerdo con el proyecto y, por lo tanto, lo votaremos en contra, tal como lo hizo la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- En votación general el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social sobre el proyecto que establece la pena de muerte para delitos de violación con homicidio y homicidio a sueldo. La Comisión recomienda rechazarlo. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, ¿se vota el informe o el proyecto? El señor MONTES (Presidente).- Al igual que en el caso anterior, se vota el informe, que recomienda rechazar el proyecto de ley. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 12 votos. No hubo abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Aprobado el informe de la Comisión. Por lo tanto, se rechaza el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Caraball (doña Eliana), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Espina, Galilea (don José Antonio), García (don José), Guzmán (doña Pía), Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Villouta y Walker (don Ignacio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Bartolucci, Coloma, Correa, Dittborn, Fossa, González (doña Rosa), Hernández, Molina, Monge, Moreira, Orpis y Pérez (don Víctor). CREACIÓN DEL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que reforma la Constitución Política para crear el cargo de Vicepresidente de la República. Diputado informante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Luksic. El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, conversé con el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acerca de la posibilidad de obtener la unanimidad de la Sala para suspender la discusión general de este proyecto de reforma constitucional. Además, no hay quórum en estos momentos. El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para suspender el tratamiento de este proyecto a fin de que vuelva a Comisión? Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo. El señor ERRÁZURIZ.- Le ruego recabar de nuevo la unanimidad, señor Presidente. El señor MONTES (Presidente).- Señores diputados, se está solicitando la suspensión de la discusión. La propuesta es que vuelva a Comisión. El señor LUKSIC.- Pero que el señor Errázuriz diga por qué. El señor MONTES (Presidente).- Sugiero tomar una decisión al final de su discusión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, esta moción de reforma constitucional, presentada por el diputado señor Maximiano Errázuriz, tiene por objeto principal la creación del cargo de Vicepresidente de la República como una figura permanente. Efectivamente, desde los albores de la República, en nuestra historia constitucional siempre ha existido el cargo de Vicepresidente como reemplazante del Presidente de la República en diversas circunstancias o en diversos tiempos de su mandato. Tanto la Constitución de 1818 como la de 1822 y en prácticamente todas las Constituciones, hasta llegar a la de 1980, ha estado la figura del Vicepresidente, pero no con un carácter permanente, sino temporal y cumpliendo una función de reemplazo. De acuerdo con nuestra Carta Fundamental, el cargo de Vicepresidente se asume en diversas situaciones. Así, su artículo 28 se refiere al impedimento para asumir el cargo que pudiere afectar al Presidente de la República electo, y dispone que asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente, el Presidente del Senado ahí claramente la Vicepresidencia constituye una figura especial; a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema y, a falta de este último, el Presidente de la Cámara de Diputados. El inciso segundo del artículo 28 se refiere a que el impedimento para asumir del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar un tiempo indeterminado. En ese caso, la Vicepresidencia la asume el Presidente del Senado, quien expedirá las órdenes necesarias para que se proceda a una nueva elección. El artículo 29 se coloca en el caso de impedimento temporal que afecte al Presidente de la República, por enfermedad o viaje al extranjero, las situaciones más conocidas por la opinión pública, en que será subrogado, con el título de Vicepresidente, por el Ministro titular a quien corresponda según el orden de precedencia. Por lo tanto, asume el ministro del Interior, que es la situación más conocida y usual. Durante la discusión del proyecto, la Comisión estimó que una modificación de esta envergadura, como era la creación de la figura del Vicepresidente de la República, requería una fundamentación mucho más profunda antes de establecerla como algo permanente, ya que, de acuerdo a las características de la moción, su mandato duraría el mismo tiempo que el del Presidente de la República; además, sería elegido en similar procedimiento y no puede ser reelecto, al igual que el jefe de Estado. Es decir, es una situación de mucha simetría con la elección del Presidente de la República, con la única función de reemplazarlo en todas las circunstancias, a fin de evitar una pluralidad de nombramientos, de acuerdo con las circunstancias. La idea del proyecto es que se establezca por ley la institución del Vicepresidente de la República. Sin embargo, como ya lo dije, éste es un tema más profundo y mayor, que tiene muchas aristas. Cabe señalar que diversos países contemplan en sus cartas fundamentales la institución del vicepresidente; la experiencia más conocida es la de Estados Unidos. El modelo de Gobierno que consagra nuestra Carta Fundamental y nuestra República tiene muchas características y rasgos similares al estadounidense; pero tiene muchas características que habría que revisar. Por ejemplo, resultaría atractivo institucionalizar la figura del vicepresidente de manera permanente, y que el ministro del Interior cumpla la tarea de seguridad ciudadana, que compete a todos los ministros del Interior de los diversos gobiernos de un Estado de derecho. En ese evento podría ser interesante la figura de un Vicepresidente exclusivamente dedicado a una tarea política y de reemplazo del Presidente de la República en actos protocolares, en casos de ausencia, enfermedad o viajes al exterior. Otro aspecto que debería revisarse para institucionalizar la figura del vicepresidente sería que, como nuestro sistema electoral nos obliga a tener coaliciones, se contemple la posibilidad de que cada una de ellas considerara tanto la Presidencia como la Vicepresidencia de la República. Pero, lamentablemente, la moción no toca ese punto. Por lo tanto, lo único que puedo sugerir es que se mejore esta moción. En consecuencia, comparto lo solicitado por el autor de ella, diputado señor Errázuriz, a fin de que vuelva a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de abrir un debate más amplio y lato, para analizar las distintas aristas de la institución permanente de la figura del vicepresidente. Debo hacer presente que la moción fue rechazada en forma unánime por la Comisión. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- De acuerdo con el Reglamento, si se solicita aplazar la discusión de un proyecto, corresponde votar, salvo que exista acuerdo para no proceder de esa forma. Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, ¿cuál es el objeto de la votación? ¿Para qué no continúe su discusión o para que vuelva a la Comisión respectiva? El señor MONTES (Presidente).- Señora diputada, se ha solicitado aplazar la discusión, para lo cual, de acuerdo con el Reglamento, se requiere votación; pero, para ello, se requiere la unanimidad de la Sala, y no existe en este momento. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, ¿no podría recabar nuevamente el asentimiento de la Sala para que el proyecto vuelva a la Comisión respectiva, porque existe un ánimo muy positivo en orden a revisarlo? El señor MONTES (Presidente).- Señora diputada, no hay unanimidad para ello. Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto, para un asunto de Reglamento. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, ¿por qué no pide el asentimiento, porque nos ha persuadido el diputado señor Luksic? El señor MONTES (Presidente).- He vuelto a recabar el acuerdo para que este proyecto vuelva a la Comisión, pero hay un señor diputado que no da la unanimidad, aun cuando existe una amplia mayoría para ello. Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, este proyecto fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Cuando se pide el aplazamiento de la discusión, lo menos que debe tener en cuenta la Cámara para tomar una decisión es saber el fundamento de esa solicitud. En consecuencia, pienso que el mínimo de seriedad es que se nos expliquen las razones por las cuales se desea aplazar la discusión de este proyecto, porque fue rechazado por unanimidad en la Comisión, y no creo que un segundo análisis varíe lo resuelto. Además, con el informe entregado por el diputado señor Luksic el punto ha quedado muy claro. El señor MONTES (Presidente).- Señor diputado, de acuerdo con el Reglamento, no corresponde abrir debate sobre este punto. Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, ¿habría posibilidad de que, mientras se llama a los señores diputados, se informe el siguiente proyecto? El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma señalada por el diputado señor Valenzuela? El señor COLOMA.- No, señor Presidente. Pido la palabra. El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, con el objeto de agilizar el despacho de la agenda legislativa, hoy estamos sujetos a un sistema bastante particular y curioso de legislar. En tal sentido, hubo acuerdo unánime de los Comités en orden a votar hoy estos proyectos. De tal suerte que no se puede aplazar la discusión de esta moción, puesto que prevalece el acuerdo de los Comités; de lo contrario, no sirven. El señor MONTES (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo de los Comités fue que las votaciones de los proyectos se efectúen al término del Orden del Día, en la medida en que se cierre el debate. Por lo tanto, si la mayoría de la Sala determina aplazar la discusión de la moción, en virtud del artículo 111 del Reglamento, no se requiere la unanimidad para revertir lo acordado, sino simple mayoría. El señor COLOMA.- Señor Presidente, razonemos. Yo creo que este tema no es tan trascendente, pero sí es importante que nos pongamos de acuerdo respecto de los procedimientos por seguir. Si los Comités decidieron dar un tratamiento especial a este proyecto debemos admitir que es distinto de todos los usados hasta ahora y votarlo al término del Orden del Día, éste no puede ser modificado en virtud de un acuerdo de mayoría ni siquiera por unanimidad. De lo contrario, un acuerdo de Comités jamás tendrá pleno efecto, porque siempre existirá la posibilidad de pedir el aplazamiento de una discusión, de conformidad con el artículo invocado. Entonces, pido que se respete el espíritu original del acuerdo adoptado por los Comités. El señor MONTES (Presidente).- Señor diputado, en los acuerdos de Comités está claramente establecido que las votaciones se realizarán al término del Orden del Día. Para proceder como indica su Señoría, debe establecerse que es hasta el total despacho del proyecto; pero lo que se acordó fue, simplemente, tratar los proyectos de la tabla. Como un señor diputado solicitó postergar la discusión del proyecto, corresponde votar su petición. Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, yo entiendo que la votación de la petición de aplazamiento de la discusión también debería efectuarse al término del Orden del Día, porque es el momento en que fue convocada la Sala para votar los proyectos. Entonces, considero que no se infringe el acuerdo adoptado, pero siempre que la votación se realice en el momento fijado para tal efecto. El señor MONTES (Presidente).- Eso ya fue considerado hace unos minutos. En realidad, tendríamos que detenernos aquí, porque no podríamos seguir tratando el proyecto sin someter a votación si se discute o no. Por lo tanto, en votación la solicitud del diputado Maximiano Errázuriz de aplazar la discusión de este proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 1 abstención. El señor MONTES (Presidente).- Por lo tanto, se acoge la petición del diputado Maximiano Errázuriz. Queda diferida la discusión del proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende (doña Isabel), Ascencio, Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Delmastro, Elgueta, Errázuriz, Fossa, Hernández, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Luksic, Montes, Mulet, Naranjo, Navarro, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Prochelle (doña Marina), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Tuma y Valenzuela. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ávila, Espina, García (don René Manuel), García (don José), Mesías, Monge, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Orpis, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Soto (doña Laura) y Urrutia. Se abstuvo el diputado señor Ibáñez. El señor MONTES (Presidente).- Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo acato la decisión de la mayoría, pero quiero dejar constancia para la historia de la ley, que cada vez que los Comités acuerdan despachar un proyecto en las condiciones determinadas para este caso, ese acuerdo no rige en el evento de que se quiera efectuar una segunda discusión. Considero muy importante lo que planteo, porque lo hemos discutido unas catorce veces y siempre hemos resuelto en el sentido contrario. No pretendo generar un debate sobre la materia; simplemente quiero dejar constancia de lo que, a mi juicio, constituye una decisión distinta de la adoptada por la Mesa en otras ocasiones. El señor MONTES (Presidente).- Señor diputado, considero que lo que señala no es exacto. Aquí se fijó una tabla y una hora para votar los proyectos, pero no se acordó tratarlos hasta su total despacho. De manera que le haré llegar los acuerdos de Comités para que los analice. NUEVOS HORARIOS DIFERENCIADOS EN LA TELEVISIÓN. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.838 para establecer nuevos horarios diferenciados para la exhibición de programas de televisión, con el objeto de proteger a los niños menores de 12 años. Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Nelson Ávila. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 1983-04, sesión 45ª, en 29 de enero de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 5. -Informe de la Comisión de Educación, sesión 6ª, en 15 de octubre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante, señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, en realidad, este proyecto podría ser calificado como nonato, debido a que no logró salir con vida de la Comisión. Se refiere al establecimiento de nuevos horarios diferenciados para la exhibición de programas de televisión, con el objeto de proteger a los niños menores de 12 años. Intentaré hacer una reseña sinóptica del proyecto, consignando sólo las opiniones más relevantes vertidas durante la discusión de la iniciativa. Quiero recordar a los colegas que este proyecto se originó en una moción de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, señora Fanny Pollarolo y ex diputada señora Mariana Aylwin. Los antecedentes de tipo normativo los encontramos, en primer lugar, en la Constitución Política, que asegura a todas las personas la libertad de opinión e información, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Asimismo, cabría mencionar en este punto las normas relativas al Consejo Nacional de Televisión, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Los fundamentos de la iniciativa que comento, a juicio de los autores de la misma, dicen relación con la creciente oferta televisiva que contiene espacios dirigidos a los niños, en los cuales se aprecia violencia en su contenido, excesiva truculencia y valores negativos. Asistieron a la Comisión diversas personalidades que, instadas a emitir juicios sobre el contenido de esta iniciativa, lo hicieron dentro de una gama muy amplia que me permitiré resumir, señalando, para los efectos de formarse una idea cabal del proyecto, sólo los aspectos más sustantivos. Por ejemplo, la señora Pilar Armanet, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, manifestó que la propuesta es difícil de aplicar en la televisión abierta, inclinándose derechamente por la autorregulación. Al igual que todos los participantes, compartió la preocupación de quienes presentaron la iniciativa, pero el camino es exigir y lograr de los canales y operadores de la televisión por cable mayor información y capacidad de elección. El señor René Cortázar, director ejecutivo de Televisión Nacional, también compartió el objetivo de proteger a los niños frente a ciertos contenidos programáticos de la televisión que pueden ser nocivos para ellos. Señaló que no sería factible establecer las franjas horarias de programación exclusivamente infantiles. Estimó positiva la idea, señalando que el hecho de que exista un sistema de calificación previa de los contenidos programáticos es bueno según grupos etarios. Finalmente, concluyó que lo más adecuado sería la autorregulación de los propios medios. El señor Cristóbal Marín y la señora Paula Barros, director de Estudios del Consejo Nacional de Televisión y asesora de dicho departamento, respectivamente, manifestaron que la opción más adecuada es potenciar la televisión como un recurso educativo, tanto en el hogar como en la escuela. Agregaron que los estudios sobre violencia en la televisión en Chile dan cuenta de que, del total de programas, el 78 por ciento contenía, al menos, un acto de violencia, cifra que en el caso de los dibujos animados se eleva al 80 por ciento. El señor Francisco Massoni, gerente general de Telenorte, fue categórico, desde la perspectiva de un canal que está fuera de la Región Metropolitana. Señaló que es una propuesta eminentemente centralista, ya que los horarios a los que se atribuye audiencia infantil no corresponden a la realidad regional. A esa hora indicó, los niños se encuentran en casa, con sus padres, embebidos en las polémicas teleseries. El señor TUMA (Vicepresidente).- Le resta un minuto, señor diputado. El señor ÁVILA.- Entonces, dado que no puedo ir con la celeridad que el Reglamento exige, me voy directamente al final, saltándome a los señores Jaime Pereira y Ernesto Corona, quienes, desde luego, sentirán mucho no haber sido mencionados por sus juicios emitidos en la Comisión. La idea matriz del proyecto no me quitará tiempo, porque sus Señorías ya la conocen y sería redundante de mi parte hacerlo. Sólo puedo señalar, tal como lo manifesté al principio, que éste es un proyecto nonato, por cuanto no alcanzó a salir con vida de la Comisión: fue rechazado por 4 votos contra 3. Respecto de la minoría, sería injusto no decir, al menos, lo que pensaban. Expresan que el proyecto resulta oportuno y no es ironía, toda vez que tiende a perfeccionar un control que hoy no recibe la especial atención que requiere. Por lo tanto, vuestra Comisión recomienda rechazar la idea de legislar, aparentemente sintonizando con la ciudadanía, que ya se muestra hastiada de controles. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, ahora voy a interpretar la voz de la mayoría, ya que el diputado señor Ávila, que lo votó a favor, está entre la minoría. Nosotros estuvimos en contra del proyecto. Si bien es cierto es preocupante la situación que afecta a los niños menores de 12 años y a los jóvenes que se encuentran expuestos a este tipo de espectáculos poco adecuados para su edad, el proyecto es inconstitucional. La Constitución, en el Nº 12º del artículo 19, determina que el Consejo Nacional de Televisión, autónomo, con personalidad jurídica, es el encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Nosotros no tenemos atribuciones para involucrarnos y cambiar la ley en este aspecto. Es más, modificar las atribuciones de dicho Consejo es facultad privativa del Presidente de la República. Si bien esta situación afecta la integridad síquica, moral y valórica de nuestros jóvenes, se trata, a nuestro juicio, de una solución ineficaz, porque los jóvenes tienen ahora la posibilidad cierta, no tan sólo a través de la televisión, sino también de elementos novedosos, como el CD rom o el Internet, de acceder a espectáculos mucho peores de los que ven en la televisión. Por ello, la verdadera forma y responsabilidad de afrontar este problema es por medio de la autoridad paterna. Nos corresponde a nosotros velar para que, efectivamente, nuestros niños no tengan acceso a este tipo de espectáculos y no vean televisión cuando no corresponda. Por tal motivo, a través de estos medios, hago un llamado a los padres para que, si no tienen cómo hacerlo, por último coloquen dispositivos especiales, que hoy existen en el mercado, a fin de evitar que los niños tengan acceso a películas inconvenientes para ellos. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra a la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, creo que este tema tiene mucha relevancia, toda vez que mañana la Cámara se abocará al estudio más en profundidad de los temas que involucran a la televisión chilena, propuestos por el diputado señor Enrique Krauss. El fundamento y espíritu del proyecto me parece que van en la dirección correcta, en términos de proteger la vulnerabilidad de los niños, sobre todo los menores de 12 años, frente a la oferta televisiva en materia de televisión abierta. Quiero dejar en claro que esto atañe a la televisión abierta y no a la por cable, que es un contrato entre privados, en el que no creo que deba existir censura, ni regulación, ni absolutamente nada. Siendo partidaria de la modificación constitucional enviada por el Presidente de la República, considero que los efectos que ello pueda tener en la televisión abierta no pueden dejarnos indiferentes. En esa línea, si bien no creo en la censura en materia de televisión por cable, toda vez que no existe, insisto en que la eliminación de la censura cinematográfica en la emisión de la televisión abierta, sin duda, tendrá consecuencias. Al respecto, aunque no soy partidaria de establecer censura a la televisión abierta y pública, sí es muy importante que existan regulaciones y autorregulaciones de los canales de la televisión, principalmente en los horarios de emisión. El Parlamento, en alguna medida, debe abocarse también a dar herramientas a los padres, pues la responsabilidad finalmente recae en ellos, frente a las materias que dicen relación con la emisión de programas en la televisión abierta y pública. Por lo tanto, dado que el espíritu que inspira al proyecto es positivo, por cuanto se trata de proteger a los niños de la emisión de violencia y de truculencia, de valores negativos, sobre todo a nuestra sociedad y a nuestro país, es muy importante, por lo mismo, no establecer censura, pero sí que la televisión tenga autorregulaciones muy claras. Lo más relevante es que los padres tengan la posibilidad, como decía el diputado señor Sergio Correa, de tener bloqueadores de horario y, en fin, instrumentos tecnológicos, y que sean responsables de los contenidos televisivos que llegan al hogar. Pasa lo mismo en materia de educación sexual. Los padres deben tener responsabilidad en ese tema y preocuparse de los proyectos que presentan los colegios para entregar educación sexual. Coincidentemente con ello, estimo que a los padres les cabe responsabilidad frente a lo que ven los menores en el hogar, en cuanto a programas televisivos se refiere. Insisto, y con esto termino; a los padres que hoy, por motivos de trabajo y muchas veces por falta de tiempo en el propio hogar, no asumen esa función, debemos darles las herramientas necesarias para que puedan, de alguna forma, ejercer su responsabilidad ante las emisiones que ven los niños menores de 12 años. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic hasta por cuatro minutos. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, sobre este tema, de gran relevancia, las opiniones que se han esgrimido van en dos direcciones: una, desde el punto de vista de su constitucionalidad y, por lo tanto, también respecto de los aspectos jurídico y legal, y otra, en cuanto a la conveniencia o no de que la televisión abierta tenga restricciones. Efectivamente, me ha tocado conocer estudios de siquiatras, sicólogas y sicólogos, que señalan claramente que hay determinados programas no voy a mencionar el canal en los que sobresalen la truculencia y la violencia, y que, efectivamente, ejercen una gran influencia en los niños y niñas que los ven. Dichos programas tienen el rótulo de infantiles, dentro de lo que se llama programación infantil, y se transmiten en horas en que los padres, por lo general, o las madres, no tienen posibilidad de conocerlos ni controlarlos; pero es bien sabido que en reiterados artículos se ha mencionado la inconveniencia de que los niños vean dichos programas. Ahora, desde el punto de vista de la constitucionalidad, el Nº 12º del artículo 19 de la Carta Fundamental, efectivamente le entrega al Consejo Nacional de Televisión la facultad de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Además, señala que habrá una ley que establecerá la organización, las demás funciones y atribuciones del referido Consejo. Por consiguiente, esta moción se podría entender como incorporada a esa ley, la cual es de quórum calificado. Señor Presidente, éste es un tema de la mayor relevancia. Quienes tenemos niños no sólo estamos frente a la preocupación de lo que significa su formación. Se habla mucho tanto en discusiones como en artículos de una cierta restricción cuando hay escenas de sexo, pero, en verdad, es mucho más importante tener hijos que no sean violentos. Digo esto porque aquí el mismo diputado señor Correa propiciaba presidio perpetuo, muerte para aquellos que cometen delitos realmente tremendos, pero olvida que los efectúan precisamente porque hay una formación e información que es violenta. Entonces, aquí existe un doble estándar que me parece necesario señalar de manera clara y precisa. Si queremos una sociedad que no sea violenta, donde no haya delincuencia ni violaciones de niñitas y niñitos el diputado señor Correa hizo una larga enumeración, debemos contribuir a la formación de esos niños, observar de qué manera se van moldeando e instruyendo, y no es necesario ser muy ingenuo ni cauto para reconocer que la televisión cumple una tarea fundamental en la formación de valores y principios de nuestros niños. No sé si el proyecto requiere o no quórum calificado y sería bueno que la Mesa diera una opinión al respecto. Considero importante establecer restricciones en aquellos horarios que se denominan de “programación infantil”, en los cuales se exhiben películas que, según psiquiatras y psicólogos, son bastante truculentas y, sin lugar a dudas, generan ciertos problemas en los niños. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, no pretendo complementar lo que dijo el diputado informante, pero, como miembro de la Comisión, voy a señalar que el señor Jaime Pereira, director de programación de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, afirmó que su canal comparte plenamente los objetivos del proyecto, y el señor Ernesto Corona ambos mencionados en el informe, pero el diputado informante no dio a conocer sus opiniones dijo que compartía la preocupación por la niñez, que tienen los autores del proyecto. Es decir, ambos están de acuerdo con el proyecto; sin embargo, lo creen innecesario por considerar que hay normas suficientes para que el Consejo Nacional de Televisión pueda regular los programas. Entonces, existe una inconsecuencia, porque está la norma, pero no se usa. Por eso, con los diputados señores Velasco y Gutiérrez estuvimos por la aprobación del proyecto, conformando el voto disidente. Quiero señalar, además, que por principio estamos en contra de todo tipo de censura. Pero aquí no se trata de eso, sino de establecer, dentro del horario indicado en el proyecto, un sistema de televisión educativa. Tenemos una reforma educacional, a veces un tanto criticada, pero debemos facilitar los medios para que el profesor pueda utilizar programas culturales, para lo cual hemos regalado televisores y una cantidad de materiales. Lo más fácil es encender el televisor y ver programas educativos. Si se aprueba este proyecto, no se impondrá censura, sino que se permitirá hacer convenios entre el Ministerio de Educación, las Direcciones Provinciales, Regionales o los DAE, con los organismos y canales respectivos, con el objeto de hacer programas para niños de primero a cuarto año, de aprendizaje de lectura, de apresto. Es decir, podremos contar con un amplio mecanismo de educación. Finalmente, quiero decir que es imposible controlar por parte de los padres, los programas que se transmiten a la hora en que están trabajando, que no son educativos, sino fundamentalmente de entretención. Quienes estuvieron en casa pueden recordar que hoy se vieron ex reinas en Televisión Nacional, pero nada de carácter educativo, salvo para mayorcitos. Mañana, la Cámara realizará una jornada especial para analizar el tema de la televisión, justamente porque existen normas que no se cumplen. En consecuencia, aprobaremos el proyecto, en contraposición a lo que sugiere el informe. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- En primer lugar, no sé si el diputado informante me puede explicar el porqué del horario mencionado en el informe. Comparto el propósito de señalar una orientación sobre el tipo de programa que debe haber en la televisión abierta para menores de 12 años, entre las 9.00 y las 12.00 horas, y después, de 14.30 a 18.30 horas. Me da la impresión de que los autores del proyecto piensan que los menores de doce años no están solos frente al televisor entre las 12 y las 14.30. Como eso me parece insólito, presentaré una indicación para que esta orientación sea desde las nueve de la mañana hasta las 18.30 horas, porque espero que sea aprobado el proyecto por la Corporación. Pero quiero ir a un tema más de fondo en relación con lo que se ha expresado en la Sala, particularmente por el diputado señor Correa. Realmente considero insólito que pensemos que la solución de todos los problemas debe darla el mercado económico. El diputado señor Correa ha dicho que esto se soluciona haciendo que los padres tengan un bloqueador para que los niños puedan ver televisión sólo en determinado horario, lo cual significa que la economía sigue regulando todo. O sea, los padres que tienen recursos podrán tener niños bien orientados; aquellos que no cuentan con ellos, deberán sufrir las consecuencias de lo que la televisión abierta emita. Esa solución la estamos escuchando con mucha persistencia en los últimos días. Hay un candidato que, al parecer, quiere conocer el país, por lo cual lo recorre dando soluciones de mercado. El señor PÉREZ (don Víctor).- ¡Ricardo Lagos! El señor PALMA (don Andrés).- No. Su apellido empieza con “l”, pero no termina con “s”. Lagos conoce muy bien el país; no tiene que empezar a recorrerlo. Pero ese candidato anda proponiendo soluciones de mercado, al igual que lo hizo aquí el diputado Correa, del mismo partido. Reitero, ese candidato, militante de un partido político muy identificado en el país, dice: “Solucionemos con el mercado el tema de la televisión, la cual nos entrega el producto que hoy tenemos. Por eso, mañana se celebrará una jornada temática en la Corporación para tratar el tema. El mercado no resolverá problemas de cultura, de formación de los jóvenes, ni de la orientación que los padres deben entregar a los niños, la que, muchas veces, es vulnerada o afectada por los mensajes que reciben a través de la televisión. En el informe que estamos analizando, algunos directores o jefes de programación de canales señalan que ellos cumplen con esta orientación; pero no es cierto que las telenovelas entreguen los valores que un niño menor de 12 años debe tener. Uno ve ese tipo de películas en la Corporación de Televisión de la Universidad Católica menos mal que ahora se cambió de nombre y se llama “Canal 13”, para no confundir universidad y catolicismo en sus emisiones y se da cuenta que ellas se basan en la mentira, porque unos mienten y otros engañan. Ésa es la orientación que entregan a los niños menores de 12 años; por lo tanto, si están expuestos a una trama muy entretenida, pero basada en la mentira, aprenden a mentir y sienten que la mentira está avalada por un medio de comunicación. Ya el diputado señor Luksic se refirió a los programas inclusive de caricaturas, de dibujos animados, que son profundamente violentos. Entonces, como sociedad, como soberanía popular la Cámara emana de la soberanía nacional tenemos que decidir qué tipo de país queremos; qué solución queremos para los problemas del país. El diputado señor Correa nos propone como reguladores el mercado y los recursos económicos. Yo, por lo menos, voy a decir no; hay una orientación que la sociedad debe asumir, y por ello voy a aprobar la idea de legislar en este proyecto, al cual formularé indicación para corregir el defecto que he mencionado. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Hasta por tres minutos, tiene la palabra el diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la iniciativa, sin ninguna duda, es atendible y se justifica en la inquietud que provoca la emisión de programas que, evidentemente, tienen un contenido inapropiado para los niños. Por una parte, no cuestiono el fondo de la propuesta. Lo que señalo es que no se necesita legislar a este respecto, porque las actuales normas facultan al Consejo Nacional de Televisión para que intervenga, de tal modo que esta situación, al menos, se morigere en relación con lo que actualmente conocemos. Por otro lado, a mí me parece que legislar en esta materia es como verter una gota de agua en el desierto. La violencia no está sólo en una franja de televisión. Ella convive en vivo y en directo en el hogar y en la sociedad. Los niños no sólo son testigos de esa violencia, sino que son sus víctimas. Si hay una violencia que debiera realmente preocupar, es la que emana de las tremendas tensiones sociales, fruto del abismo de desigualdades que se crea en esta sociedad que estamos construyendo. Si queremos atacar a fondo estos temas, nos deberíamos preocupar algo más acerca de las nefastas consecuencias que está generando en Chile la aplicación dogmática de un modelo neoliberal que, como el Papa lo calificara, se trata, sin ninguna duda, de un capitalismo salvaje, impropio de una sociedad que se dice cristiana. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Hasta por tres minutos, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, al igual que mi colega Ávila, estimo que no es preciso legislar sobre la materia. Tenemos que llegar a una autorregulación de la programación de los canales, pero también a una acción mayor ejercida desde el ámbito familiar. Crear franjas a determinadas horas cuando hay programaciones requeridas por el público, resulta absolutamente contraproducente, sobre todo hoy, dado que tenemos una oferta televisiva inmensa, más allá de los canales abiertos. Recordemos que la oferta del TV cable es bastante masificada en este país. En el informe se hace referencia a la acción del Consejo Nacional de Televisión con el Ministerio de Educación, de recomendar programas para niños, de parte de la familia, y a que, de alguna manera, esta orientación ha tenido balances positivos. Por lo menos, eso dice el informe y ha sido señalado por la señora Pilar Armanet, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Manejar la televisión con censura no soluciona el problema. Tenemos que estudiar de qué manera la sociedad se convence y es capaz de elegir la oferta televisiva; de qué manera logramos que los canales autorregulen sus contenidos, que pongan señales y recomienden o no recomienden. Creo que ése es un camino mucho más sensato que poner horarios o prohibiciones. Por eso, no estoy de acuerdo en legislar sobre la materia. Espero, sí, mucho del seminario de mañana, en que realmente el espacio que abre la Cámara de Diputados sea propicio para que la reflexión sobre la televisión chilena, una reflexión normática, no caiga en la represión o en una condena del medio televisivo uno de los más importantes de la comunicación, ni que pretenda uniformar la programación, sino que, con un criterio muy amplio, nos permita llegar a soluciones. Sin embargo, sería muy importante que en los colegios, así como hay un ramo de literatura, hoy, que las imágenes son las que tienen fuerza y llegada, pudiera también enseñarse a los niños a ver televisión de manera crítica. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, éste es un tema de verdad apasionante, que toca varios aspectos, de los cuales es imposible hacerse cargo en el breve tiempo de que disponemos. Voy a votar a favor la idea de legislar. Participo de las expresiones del diputado señor Palma, don Andrés con excepción, evidentemente, de las descalificaciones, en lo esencial de sus ideas. En primer lugar, debemos hacer algo para regular la transmisión de televisión, precisamente para preservar valores determinantes de la recta formación de los niños. Invocar la autorregulación ya se está convirtiendo en algo mítico, intocable. Si precisamente lo que sucede es que hay suficiente autorregulación y, por eso, debemos participar en su correcto funcionamiento. No se puede dejar todo a la autorregulación, porque eso no necesariamente opera. Si así fuera, se le podría pedir a las personas que se autorregularan y eliminar, por ejemplo, el Código Penal. No; no todo se autorregula y, por eso, es necesario regular. Y queremos hacerlo precisamente para preservar los rectos valores de formación de la niñez y de la juventud, para lo cual fijar horarios resulta una norma interesante. Entonces, aprobar la idea de legislar es entrar a hacernos cargo de este tema. La norma es imperfecta tal como está consignada en el proyecto; pero si aprobamos la idea de legislar, podemos hacernos cargo de esta situación, lo cual, para nosotros, constituye un deber, porque los padres nos lo piden. El argumento de dejar la regulación televisiva en la familia, es preconizar algo que no resulta en la práctica. No es efectivo que las familias, solas, puedan hacerse cargo de esta situación, porque son los padres quienes nos piden que los ayudemos. El control, por los padres, de los horarios y contenidos de la televisión, es una cuestión a la cual, obviamente, no podemos llegar. De manera que no pensemos en soluciones que están muy lejos de la realidad que, económica y laboralmente, vive la gente. Por lo tanto, debemos ayudar a los padres, porque ellos no pueden permanecer todo el día en la casa para manejar esta situación. No se equivoquen, señores diputados: el Consejo Nacional de Televisión no tiene facultades para fijar un horario a los programas de televisión; cuenta con una serie de facultades, pero no con ésa. Distinto es el artículo 13 de la ley Nº 18.838 lo señala expresamente, que pueda fijar un horario a las películas calificadas para mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica; pero sólo a ésas. De manera que el proyecto en estudio es conducente. En conclusión: primero, la autorregulación no es algo tan perfecto como para seguir convirtiéndola en un gran mito; segundo, tenemos que ayudar a los padres en su responsabilidad frente a este problema; no podemos dejarlos solos; y, tercero, el Consejo Nacional de Televisión no cuenta con las facultades suficientes para fijar horarios a la programación televisiva. Está bien plantear el tema del horario en defensa de lo que queremos preservar todos lo han dicho respecto de la formación de los niños. Por eso, llamo a aprobar la idea de legislar y, después, perfeccionar la normativa. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, creo que nadie está en contra de regular la televisión abierta, pese a que tenemos muchos reparos sobre las actuales facultades del Consejo Nacional de Televisión y del Consejo de Calificación Cinematográfica, cuya composición y funciones se deben cambiar, por estar completamente anacrónicas en relación con la cultura y el arte. Discrepo de la respetable opinión del diputado señor Bartolucci, pues el Consejo Nacional de Televisión tiene atribuciones para fijar horarios y regular los programas de televisión. Estamos hablando de la televisión abierta, porque no tenemos posibilidad alguna de regular la satelital o la por cable en los términos planteados por el proyecto. Si se analiza cuáles son los programas que más ven los niños en un país donde se ha expandido notablemente la televisión por cable, se concluye que los de mayor violencia son los que ofrece este medio, y los que ofrecerá, sin límite alguno, la televisión satelital. Por lo tanto, se puede aprobar el proyecto en estudio; pero el asunto no va por entender regulación como sinónimo de restricción, sino que, frente a la realidad de la televisión satelital y por cable que no podemos regular a través de una iniciativa como la propuesta, hay que reforzar la responsabilidad de la familia. No soy partidario de modificaciones legislativas que resten atribuciones y responsabilidades a la familia en la formación de los hijos. Por el contrario, prefiero reforzarla sin recurrir a elementos estatistas que hagan que la familia vaya perdiendo injerencia en lo referente a la formación de sus hijos. Soy partidario de los filtros culturales, es decir, de educar a los niños para ir creando una cultura en la sociedad de las comunicaciones televisivas, de masas, planetarias. No hay manera alguna de regular la televisión planetaria. Por lo tanto, hay que crear filtros culturales desde el kindergarten en adelante, para que los niños aprendan a distinguir lo que es bueno y lo que es malo en televisión, para que la familia la autorregule con sus propios valores; porque viviremos en una sociedad cada vez más comunicacional, electrónica, informatizada, en la cual estos temas estarán expuestos en forma habitual y no será posible regularlos por medio de la ley. Me parece excesivo dictar una legislación que establezca horarios a la programación televisiva, que diga que no se podrán transmitir determinadas películas entre las 9 y las 12, y entre las 14 y las 18 horas. Creo que el Consejo Nacional de Televisión tiene atribuciones en ese sentido y, además, la tendencia universal es utilizar la autorregulación tecnológica. Concuerdo con el diputado señor Bartolucci en cuanto a que en este momento es restrictivo, debido a las condiciones económicas; pero le recuerdo que, cuando aparecieron, los teléfonos celulares costaban 300 mil pesos y que ahora los regalan; es decir, la sociedad electrónica, informatizada, va también desarrollando la masificación de sus medios. Por último, se trata de diseñar una política, como lo ha propuesto el Presidente de la Comisión Especial sobre este tema, diputado señor Enrique Krauss mañana realizaremos un jornada temática al respecto, que permita generar una cultura de la televisión. Hay que crear una cultura de los medios de información asunto que la sociedad no ha enfrentado, que permita que la familia, los jóvenes, los niños la sociedad en general, tengan parámetros de autorregulación sobre la base de la cultura de la nueva sociedad del siglo XXI. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, si bien el tema de la violencia es uno de los que más nos preocupan, no es menos cierto que, a través de la educación, podemos defender nuestra identidad, costumbres y formas de vida. Me preocupa enormemente la violencia que se transmite por vía de las caricaturas y dibujos animados; pero digamos las cosas como son. En el sistema de transculturización que vivimos minuto a minuto, con casi dos millones de horas de televisión por cable, ¿qué hacemos con respecto a la muy escasa difusión de nuestra identidad? Cuando hablo de identidad me refiero a nuestras tradiciones, a nuestro folclor, a nuestra literatura, en suma, a nuestra cultura. Esto me preocupa, porque los niños antes de los 15 años reciben toda una cultura violenta, transnacional, y lo nuestro no se difunde porque todo lo dejamos al mercado, tal como lo han señalado varios colegas. En verdad, como dijo el diputado señor Bartolucci, hay cosas que deben ser reguladas, y ésta es una de ellas, por lo menos para que nuestra cultura tradición, música, folclor, no se pierda debido a la violencia que se transmite. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, comparto lo planteado por los diputados señores Andrés Palma y Bartolucci. En verdad, la autorregulación no ha operado, porque lo que manda en la televisión abierta es el “rating”. Las programaciones se transmiten en la medida en que funciona el “people meter”, independientemente de la edad de los niños, los valores, etcétera. Un programa estará en pantalla si funciona bien con el “people meter”, y la competencia entre las distintas estaciones de televisión, la programación, está dada por ese elemento. Entonces, la pregunta es si la sociedad que queremos es ésa del programa que vende más, que tiene más altos índices de sintonía. Claramente, no me inclino por una sociedad de tal naturaleza. Nadie está imponiendo contenidos, sino señalando ciertos horarios para que, al menos, se saquen de pantalla algunos de ellos; pero dentro de los diferentes horarios no estamos diciendo qué ver o tratando de imponer una televisión dirigida. Se hablaba de la responsabilidad de la familia; pero hoy el padre y la madre trabajan y no están en la casa con los niños. ¿Qué tipo de control existe en la televisión abierta? Señor Presidente, no nos podemos substraer de nuestra responsabilidad, y en la medida en que podamos “proteger” a las generaciones más jóvenes, a los niños, tendremos una sociedad más sana, la que no nos asegura ni la cultura de los índices de sintonía ni la del “people meter”. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Se cierra el debate de este proyecto. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- En votación general el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación sobre el proyecto que establece nuevos horarios diferenciados para la exhibición de programas de televisión con el objeto de proteger a los niños menores de doce años. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, para recordar a la Sala, ruego indicar cómo fue el informe de la Comisión. El señor MONTES (Presidente).- La Comisión lo rechazó en general por 4 votos contra 3. En votación el informe de la Comisión, que recomienda rechazar el proyecto. Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 16 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor MONTES (Presidente).- Rechazado el informe de la Comisión. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ávila, Correa, Leal, Longton, Muñoz (doña Adriana), Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Soto (doña Laura), Tuma y Vargas. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio, Bartolucci, Caraball (doña Eliana), Coloma, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don José), González (doña Rosa), Hernández, Jarpa, Jiménez, Krauss, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mesías, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Salas, Seguel, Valenzuela, Villouta y Walker (don Ignacio). Se abstuvieron los diputados señores: Molina, Monge y Montes. El señor MONTES (Presidente).- En consecuencia, aprobado en general el proyecto y vuelve a Comisión porque tiene indicaciones. El proyecto fue objeto de la siguiente indicación: Artículo 1º Nº 1 1.Del diputado don Andrés Palma para sustituir, en el inciso tercero nuevo que se propone intercalar en el artículo 12 de la ley Nº 18.838, la última oración, desde la palabra “desde” en adelante, por la siguiente: “entre las 9.00 y las 18.30 horas”. -o- RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA A CORPORACIONES DEPORTIVAS. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que reconoce personalidad jurídica a las corporaciones deportivas. Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Bartolucci. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 188-04, sesión 8ª, en 30 de octubre de 1990. Documentos de la Cuenta Nº 18. -Informe de la Comisión de Educación, sesión 54ª, en 17 de marzo de 1992. Documentos de la Cuenta Nº 17. El señor VALENZUELA.- Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, solicito que este proyecto vuelva a Comisión, porque su artículo transitorio dice que “las corporaciones deportivas legalmente constituidas conservarán su personalidad jurídica, pero deberán acreditar en el Ministerio de Justicia antes del 31 de diciembre de 1992...”, fecha que está muy caducada. Este proyecto debió ingresar a la Sala en los días siguientes al 16 de julio de 1991. Además, lo que pretende el proyecto ya opera mediante la aplicación de otros mecanismos en las municipalidades. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría unanimidad para que el proyecto volviera a Comisión y se reactualizara lo referente a la fecha? Acordado. DENOMINACIÓN “ALEJANDRO NOEMÍ HUERTA” A HOSPITAL DE COPIAPÓ, TERCERA REGIÓN. Primer trámite constitucional. El señor MONTES (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que otorga el nombre de “Alejandro Noemí Huerta” al hospital de Copiapó. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Joaquín Palma. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 1127-11, sesión 22ª, en 14 de diciembre de 1993. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Salud, sesión 9ª, en 7 de abril de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Palma, informante de la Comisión de Gobierno Interior. El señor PALMA (don Joaquín).- Señor Presidente, este proyecto es bastante antiguo, toda vez que está para ser tratado en la Sala desde principios de 1991. Su idea fundamental es rendir honores públicos al ex senador de la República don Alejandro Noemí Huerta, en reconocimiento a su fecunda y permanente actividad de servicio público y a sus condiciones humanas. El proyecto concreta dicha idea matriz, que, de conformidad con el artículo 60, Nº 5), de nuestra Carta Fundamental, es materia propia de ley, mediante un artículo único, por el cual se otorga el nombre del ilustre hombre público al hospital de Copiapó. La Comisión acordó incluir el proyecto sin informe, en Fácil Despacho, atendida su sencillez; y luego de una breve exposición, destacó los merecimientos del homenajeado. El proyecto dice: “Otórgase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley, el nombre del distinguido hombre público, don Alejandro Noemí Huerta, al Hospital de Copiapó, ubicado en la III Región de Atacama”. Quiero destacar algunas de las condiciones y de los méritos de don Alejandro Noemí. Nació en Taltal el 28 de diciembre de 1913. De profesión contador, se desempeñó en la época del auge aurífero en las minas de la familia Callejas Zamora. Fue organizador del Partido Demócrata Cristiano en la zona del Norte Chico. Los pueblos de Huasco, Freirina, Copiapó y otras localidades de la Tercera Región recibieron su acción tanto en el terreno económico como en el social, destacando particularmente en su calidad de alcalde de la comuna de Freirina durante la década de los años 50. Don Alejandro Noemí fue senador, entre 1965 y 1973, por las actuales regiones de Atacama y Coquimbo. Tuvo una destacada participación en las Comisiones de Gobierno Interior, Educación, Minería y Hacienda y en la Vicepresidencia del Senado en 1969. En su actuación parlamentaria estrictamente legislativa, el ex senador Noemí intervino en todos los proyectos importantes, hoy transformados en leyes, y aportó sus conocimientos, experiencia, ideas y reconocido buen criterio para perfeccionar o enriquecer sus textos. Particularmente, es necesario destacar su participación en la discusión de los proyectos de sindicación campesina, de reforma agraria, proyecto contra loteos brujos, pago de días de lluvia al campesinado, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, juntas de vecinos y de medicina curativa para los empleados particulares, como también su directa autoría de las leyes que crearon la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los consejos regionales de turismo y la recomendación de declarar zonas de catástrofe las afectadas por un sismo. Especial mención merece su actuación en la discusión del proyecto de reforma del artículo 10 de la Constitución Política y de las indicaciones, presentadas junto a otros parlamentarios de su partido, destinadas a cautelar los legítimos intereses y aspiraciones de los mineros de la pequeña minería. Además, a él se deben obras tan relevantes para la comunidad como el propio hospital de Copiapó. Ésta es una de las razones por las cuales se propone dar su nombre a dicho hospital. Finalmente, cabe destacar que este distinguido hombre público falleció en Santiago, próximo a cumplir 80 años de edad, el 20 de agosto de 1993. Por otra parte, debe tenerse presente que, además de los méritos del señor Noemí, la iniciativa en análisis encuentra también fundamento en el acuerdo Nº 432 de la Cámara de Diputados, adoptado en sesión de 6 de octubre de 1993, por el cual se solicitó al jefe de Estado patrocinar este proyecto. En consecuencia, reitero que el proyecto reconoce tanto los méritos de don Alejandro Noemí, dando su nombre al hospital de Copiapó, que fue su obra, como sus múltiples aportes a la comunidad de la Tercera Región. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, en mi calidad de diputado por la ciudad de Copiapó, Región de Atacama, y como miembro de la Comisión de Minería y Energía, expreso mi pleno apoyo a esta iniciativa legislativa. Es difícil en dos minutos hablar de Alejandro Noemí y de su importancia para la Región de Atacama. No sólo fue un gran legislador y una gran personalidad desde el punto de vista cultural, sino también un gran minero; y para una región como Atacama y para una ciudad como Copiapó, es un honor que el nombre de un pionero de la minería, que contribuyó a desarrollarla en la región, que fue un legislador y que, a través de su acción, permitió la creación del hospital de Copiapó, sea el de éste a partir de la publicación de la ley. Quiero felicitar al Ejecutivo por esta iniciativa y apoyarla plenamente. Para la comunidad de Copiapó y para su hospital, será un hecho relevante que dicho establecimiento asistencial lleve el nombre de tan destacado ex parlamentario, y espero que la iniciativa nos permita reflexionar sobre el estado en que se encuentra el hospital de Copiapó. El hecho de que este nombre tan relevante sea el del hospital, ojalá permita a la comunidad del país, en su conjunto, descubrir que ese hospital no tiene especialistas; que cuando un niño necesita un oftalmólogo tiene que ir a La Serena o a Antofagasta; que cuando un discapacitado quiere acreditarse en el hospital de Copiapó, no lo puede hacer, porque no hay ningún tipo de especialistas. Entonces, esta iniciativa debe ir acompañada de un esfuerzo del Ministerio de Salud, de la comunidad, del gran sector minero de la Región de Atacama, para contribuir a que el hospital de Copiapó “Alejandro Noemí Huerta” a partir de la aprobación del proyecto y su publicación como ley de la República, tenga los médicos adecuados, especialistas en sus áreas, para atender a una comunidad de doscientos y tantos mil ciudadanos que no tienen otra posibilidad asistencial que el hospital de Copiapó. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, como jefe en ejercicio de la bancada de la Democracia Cristiana y como diputado por Atacama, debo señalar que no sólo respaldamos la iniciativa, sino que, además, en lo personal, me honra dirigirme a esta Sala para hacer resaltar la persona y la figura de don Alejandro Noemí Huerta y el incalculable servicio que prestó al país, en especial a las Regiones de Atacama y Coquimbo, que tan brillantemente representó en el Senado de la República hasta 1973, cuando vio interrumpido su segundo período con el golpe militar. El propósito de este debate, decidir si el hospital de Copiapó debe llevar el nombre de don Alejandro Noemí Huerta, resulta tan simple, coherente y de lógica si se considera que la creación del hospital fue obra suya, como tantas otras iniciativas que impulsó en su zona. Alejandro Noemí Huerta nació en el Norte Chico. Durante toda su vida pública jamás se alejó de sus pueblos, de sus provincias, de su gente, representando desde los distintos cargos que ocupó, públicos y privados, los intereses y las necesidades más urgentes de su comunidad. Fue regidor y alcalde en Freirina, y más tarde, senador por Atacama y Coquimbo, representando al partido Demócrata Cristiano. El hecho de compartir el mismo ideal doctrinario es un segundo motivo de orgullo para este parlamentario. Noemí Huerta no fue un democratacristiano más. Fue quien organizó, junto a su esposa, doña Olga Callejas, a un puñado de camaradas y hermanos, y dio vida a nuestro partido en el Norte Chico. Muchos años después, conquistó el sitial de honor de vicepresidente del Senado, gracias a la confianza y reconocimiento de los pares de su propio partido, mi partido, como al de los otros que supieron ver en él, más que al político, al hombre y al humanista. Noemí Huerta fue contador de profesión, político y también empresario. Siempre tuvo la suficiente sensibilidad para captar y encauzar las necesidades más urgentes de su comunidad, y aún más allá, de la sociedad en su conjunto. Intervino en los más variados temas, ayudó a perfeccionar numerosas leyes e impulsó varias iniciativas legales, como la que estableció beneficios para las víctimas de catástrofes naturales, como sismos y aluviones, los que, por desgracia, son tan frecuentes en nuestro país. Fue autor de la ley que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la moción, recogida por el Ejecutivo de la época, que permitió financiar la construcción y equipamiento de los hospitales de Copiapó y de Coquimbo, junto a otro brillante senador de la Región de Atacama de la época, don Ignacio Palma Vicuña. Aquí quiero detenerme un poco para hacer un recuerdo. Los hospitales de Copiapó, de Coquimbo, de Huasco y muchos otros fueron financiados con los aportes recibidos por las exportaciones de hierro que hacían las regiones de Atacama y de Coquimbo durante la década del 60, gracias a una ley impulsada por don Alejandro Noemí y don Ignacio Palma, entre otros senadores. Actualmente, esas Regiones del norte, más Antofagasta y Arica, tratan de obtener algún beneficio por la explotación de sus recursos no renovables, como son los de la minería. Desgraciadamente, no tenemos la posibilidad de destinar dineros provenientes de la explotación de recursos no renovables, como los provenientes de la gran, mediana y pequeña minería, para la construcción de obras que aseguren el futuro de nuestras regiones. Sin embargo, ellos defendieron con fuerza la región, y gracias a esos aportes se construyeron hospitales, entre ellos, el de Copiapó. Noemí Huerta también impulsó la creación de la carrera de enfermería a nivel profesional e intervino en numerosas iniciativas de ley en beneficio de los pequeños agricultores y mineros, del desarrollo productivo y de los derechos gremiales y sindicales. Promovió modificaciones a la ley del Seguro Social, en materia de subsidios por enfermedad para sus cotizantes, reconocimiento del derecho del cónyuge y los hijos a optar a una vivienda al fallecer el imponente de la caja de previsión, y otros beneficios. Éstos son sólo algunos ejemplos de un largo historial de trabajo en beneficio del país, desarrollado por un ciudadano de condiciones notables, a quien honramos en esta sesión, a través de la aprobación del proyecto que nos ha presentado el Ejecutivo y que se traducirá en la perpetuación del nombre de “Alejandro Noemí Huerta” en el hospital de Copiapó, como un homenaje también de los copiapinos y de los atacameños a uno de sus más ilustres representantes. He dicho. (Aplausos). El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, quiero sumarme al reconocimiento que se está haciendo a don Alejandro Noemí Huerta. Se han dado argumentos suficientes que justifican y fundamentan la razón por la cual el hospital de Copiapó debe llevar su nombre. Es un reconocimiento a quien estuvo permanentemente ligado a su región, a quien jamás dejó de representarla en sus inquietudes y preocupaciones sociales, no obstante que era un empresario exitoso y que, desde el punto de vista económico, tenía aseguradas de sobra sus condiciones materiales. Sin embargo, fue siempre un hombre sencillo, que se comprometió y preocupó por los más necesitados de su región. Hacemos muy bien en realizar este reconocimiento, por lo que anuncio que la bancada socialista apoya plenamente esta iniciativa que, como ya hemos señalado, honra a Alejandro Noemí Huerta con justificada razón. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, anuncio el voto favorable de nuestro partido a esta iniciativa por las razones que se han expuesto, las cuales compartimos plenamente. Deseo dar un breve y modesto testimonio personal, que alguna vez manifesté en esta Sala. Hace algún tiempo, me tocó trabajar en la Región de Atacama durante más de dos años, época en que estuve formando y organizando el partido. En esa oportunidad tuve la ocasión de conocer el cariño que la gente de Copiapó siente por la familia Noemí y, en especial, por la figura de don Alejandro Noemí. He dado este testimonio, porque considero que justifica muy bien lo que vamos a hacer, porque efectivamente se trata de una persona que, como aquí se ha dicho, se entregó por entero a su región y a su gente, entre quienes tiene un especial arraigo y agradecimiento. He dicho. El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- En nombre del diputado Carlos Vilches, quien se encuentra ausente, y de la bancada de Renovación Nacional, anuncio nuestro apoyo a este proyecto. La figura de don Alejandro Noemí Huerta involucra un sentido que va más allá de las ideas políticas y de las posiciones en la vida. Según las personas que lo conocieron, fue un hombre muy visionario y pionero en su zona, sobre todo en lo cultural, por lo que estimamos muy importante que este proyecto dé su nombre al hospital de Copiapó. Por lo tanto, en nombre de Renovación Nacional, reitero nuestro apoyo a esta iniciativa. El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos: El señor MONTES (Presidente).- En votación el proyecto que otorga el nombre de Alejandro Noemí Huerta al hospital de Copiapó. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor MONTES (Presidente).- Aprobado en general y en particular el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Bartolucci, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don José), González (doña Rosa), Hernández, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mesías, Monge, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Villouta y Walker (don Ignacio). Se abstuvo el diputado señor Molina. VI. PROYECTOS DE ACUERDO FACULTADES FISCALIZADORAS A LA COMISIÓN DE HACIENDA. (Votación). El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 268, de los diputados señores Lorenzini, Jiménez, Seguel, Cornejo, don Aldo; Mulet, Hernández, Mora; diputada señorita Antonella Sciaraffia, y diputados señores Arratia y Núñez, que corresponde votar por última vez. El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor TUMA (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum. ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN DE TALCAHUANO POR LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES. El señor TUMA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 269, de los diputados señores Ulloa, Pérez, don Víctor; Bartolucci, Valenzuela, Orpis y Sánchez. “Considerando: 1. Que es de conocimiento público que la ciudad de Talcahuano es la ciudad puerto más contaminada del país y la quinta bahía más contaminada del mundo, lo que ha llevado a las autoridades ambientales a adoptar una serie de medidas y proponer otras tendientes a superar esta situación. 2. Que esta contaminación afecta principal, aunque no exclusivamente, los recursos agua y aire. 3. Que en lo relativo a la contaminación de las aguas, basta sólo con indicar que la Bahía de San Vicente está contaminada por una alta concentración de residuos líquidos industriales (riles), alquitrán y petróleo, en tanto que el canal “El Morro” es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los ochenta lugares más contaminados del planeta. 4. Que en lo relativo a la contaminación del aire, la ciudad de Talcahuano registra índices peligrosos para la vida, en dióxido de azufre (SO2), material particulado (PM10) y otros compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, compuesto comprobadamente cancerígeno. 5. Que no obstante las fuertes inversiones de algunas empresas, particularmente las pesqueras, con el objeto de introducir tecnología no contaminante, se mantienen los fuertes olores provenientes de algunas empresas de ese sector, como también de empresas químicas, metalúrgicas y de otros rubros. 6. Que todo lo anterior se agrava si se considera la existencia en pleno radio urbano de industrias sin adecuada tecnología no contaminante, pero que se justificaron en su oportunidad por generar importantes niveles de empleos en la zona. 7. Que todas las medidas propuestas hasta la fecha por los organismos medioambientales no han tenido efectos positivos en la zona, sino más bien la situación tiende a agravarse, pensando las autoridades incluso decretar a Talcahuano como zona saturada. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de esta Corporación que analice la grave situación de contaminación que afecta a la ciudad de Talcahuano, fiscalizando en forma especial el diseño y aplicación a la fecha del Plan de Recuperación y Descontaminación de Talcahuano”. El señor TUMA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bartolucci. El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, los considerandos del proyecto explican por sí solos el sentido del mismo y, luego, la parte dispositiva nos convoca a estudiar, al interior de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, una situación que todos, de alguna manera creo, sin ser de la ciudad de Talcahuano, conocemos: el problema de la contaminación gravísima por la cual atraviesa esa ciudad. Habiéndose anunciado, en su oportunidad, un plan de recuperación y descontaminación, hoy, si estuviéramos allá y la recorriéramos, podríamos comprobar cómo, en definitiva, ese plan no ha operado ni ha dado los efectos que se esperaron en el momento en que se puso en aplicación. Por lo tanto, es conveniente que nuestra Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, se haga cargo de esta situación para investigar y averiguar por qué un plan que se anunció, se diseñó y se puso en práctica no ha podido satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad de Talcahuano. Entonces, bien haría nuestra Comisión, que es precisamente la que se dedica a estos temas, en analizar qué ha sucedido en esta materia. Por eso, la invitación es a todos los señores colegas para aprobar el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto de acuerdo, porque la ciudad de Talcahuano es la que hace posible que se generen más riquezas en la Octava Región. En la comuna de Talcahuano están, prácticamente, las industrias más importantes de esa región; entre otras, la Compañía de Acero del Pacífico, Cementos Bío-Bío S.A., Inchalam S.A., etcétera. Asimismo, Talcahuano es el primer puerto militar y pesquero del país. Además, con ese gran alcalde y servidor público, Loecán Portus, y con el apoyo de dos diputados, Jorge Ulloa y Víctor Jeame Barrueto, y de los senadores de la correspondiente circunscripción, hace menos de un año se planteó la “demanda de Talcahuano” y, en ese petitorio, la inquietud del tema medioambiental. Pienso que este proyecto está en el camino correcto de que, a través de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Corporación, se hagan los esfuerzos necesarios para que efectivamente haya un financiamiento o inversión importante del erario, de manera de poner término a todo el tema de la contaminación en Talcahuano. Por eso, voy a votar favorablemente. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, después de leer el considerando del proyecto de acuerdo, creo que los diputados Jorge Ulloa autor del proyecto, junto a otros parlamentarios y Víctor Jeame Barrueto van a solicitar lo mismo que yo. En este momento no hay quórum de votación para aprobarlo. Es un buen proyecto de acuerdo y es preferible que, si la Sala lo tiene a bien, se suspenda su discusión y se vea la próxima semana o la primera del mes siguiente, porque, de no ser así reitero, habrá tres votaciones sin resultado. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor diputado, los mismos efectos de su solicitud va a tener la consecuencia de llamar a votación. Por Reglamento, debemos hacerlo. Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor TUMA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se repetirá la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos: por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor TUMA (Vicepresidente).- Nuevamente no hay quórum de votación. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor TUMA (Vicepresidente).- No hay quórum. Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión. VII. INCIDENTES ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE EN FAVOR DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Oficio. El señor TUMA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto. Tiene la palabra el diputado don Iván Mesías. El señor MESÍAS.- Señor Presidente, desde hace mucho tiempo, en Chile estamos preocupados por la difícil coyuntura económica que nos afecta y que hemos atribuido a la crisis económica externa, en lo que estamos de acuerdo. Reflejan la urgencia que se requiere para enfrentar esta situación, las diversas medidas anunciadas por el Presidente de la República, que hemos recibido con satisfacción, porque están orientadas a la reactivación, y así devolver la esperanza a los miles de chilenos que hoy están cesantes. Sin embargo, al parecer, la entidad bancaria más grande de la nación, propiedad de todos los chilenos me refiero al Banco del Estado de Chile, no ha entendido bien su papel en esta emergencia, por la lentitud con que actúa su burocracia y por los altos intereses que cobra, todo muy lejos de lo que debe ser una función reactivadora. Tengo documentos a mi vista que así lo confirman. Por esta razón, deseo dejar constancia de la inquietud que me produce ver cómo un banco que debe estar al servicio de la comunidad, con un carácter eminentemente social y solidario, se aleja tanto de este importante papel. El lunes recién pasado, desde Chiloé, el Primer Mandatario hizo un fervoroso llamado a los bancos en orden a hacer un esfuerzo por ayudar a los sectores productivos y deprimidos, recordando lo que el Estado hizo por ellos durante la crisis de 1982. Curiosamente, el banco más grande, el que está obligado a ello, no reacciona. En el último tiempo, hemos insistido en la significación de la pequeña y mediana empresa en el desarrollo del país y como fuente de puestos de trabajo. Entonces, no cabe duda de que una ayuda consistente, focalizada en ese sector, es de importancia vital en los días que vivimos, y el Banco del Estado de Chile debería entenderlo. En caso contrario, considero que esta institución tendría que reestudiar su función y no continuar como una empresa bancaria que sólo busca beneficios, pues para eso están las empresas privadas. En mérito de lo expuesto, pido, por segunda vez, enviar un oficio al presidente del Banco del Estado, solicitándole la información necesaria respecto de sus planes en materia de reactivación y a la forma como se están llevando a la práctica. Así sabremos, de una vez por todas, si está cumpliendo a cabalidad su importante rol económico y social asignado por el Estado, que es la esencia misma y su razón de ser. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Felipe Letelier y Sergio Ojeda. SOLUCIÓN A PROBLEMAS EDUCACIONALES, LABORALES Y HOSPITALARIOS DE CHILOÉ. Oficios. El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero referirme a tres temas que me preocupan, relacionados con la provincia de Chiloé. El primero de ellos se refiere a la reposición de establecimientos educacionales. El lunes recién pasado, con la presencia del Presidente de la República, don Eduardo Frei, tuvimos la oportunidad de inaugurar en Achao, en la comuna de Quinchao, la reposición del liceo de esa ciudad. Construcción nueva, moderna, muy adecuada para las necesidades de los estudiantes de Achao y de las islas de los alrededores. Con seguridad, en los próximos días se entregará la reposición del establecimiento educacional de Pilluco, en la comuna de Ancud. Además, antes de septiembre, debe llamarse a licitación para la reposición del establecimiento educacional de la localidad de Curanué, en Quellón, por 186 millones de pesos; de la escuela Luis Cruz Martínez, en Ancud, por 250 millones de pesos, y de la escuela de Contu y, en Queilén, por 100 millones de pesos. Lamentablemente, aún quedan muchas otras reposiciones por hacer. Sobre todo si se considera que durante mucho tiempo los establecimientos educacionales sufrieron gran deterioro, no se cuidaron; en definitiva, fueron dejados en el abandono. Entre ellos, se encuentra la escuela de Fátima, en la comuna de Ancud. Su centro de padres y apoderados, encabezado por el señor Ariel Ulloa Ampuero, las señoras Ester Galindo y Bernardita Barría, ha estado solicitando la reposición de su establecimiento, que alberga a más de trescientos niños, en circunstancias que su local es sólo para noventa escolares. Por lo tanto, solicito enviar oficio al intendente de la Décima Región a fin de que incluya en los programas futuros el financiamiento para la reposición de la escuela de Fátima. El segundo tema que me preocupa tiene que ver con los pescadores artesanales. En la reunión que sostuvieron con el Presidente de la República, luego de una exposición de sus problemas, se planteó la necesidad de tomar urgentes medidas para resolver algunos problemas de su actividad. Al respecto, solicito oficiar al ministro Secretario General de la Presidencia con el objeto de que retire del trámite legislativo el proyecto de ley de régimen especial de pesca, relacionado con el establecimiento de cuotas individuales, de cuotas transferibles de pesca. Éste es un requerimiento de los pescadores artesanales. En verdad, no hay ambiente en el Senado ni en la Cámara como para hacer una modificación de ese tipo. Sin perjuicio de ello, los pescadores artesanales están abiertos a discutir modificaciones distintas a la ley de pesca con el objeto de mejorar su situación. Asimismo, pido enviar oficio al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, a fin de que manifiesten un mayor reconocimiento y respeto por las organizaciones representativas de la pesca artesanal. Además, que tomen las medidas correspondientes para descentralizar la administración de los recursos pesqueros, en especial que las decisiones sean tomadas en las regiones, no en Valparaíso ni en Santiago. Luego, que la Subsecretaría de Pesca autorice en julio tres días adicionales para la captura de la merluza, con el objeto de paliar los graves problemas que enfrentan debido a la veda que comienza el próximo mes. Señor Presidente, el último tema que quiero plantear dice relación con la salud en Chiloé. Dicha provincia depende del Servicio de Salud Llanchipal, pues tiene que ver con Llanquihue, Chiloé y Palena, es decir, un solo sistema de salud para tres provincias. Existe un servicio de salud para Valdivia, otro para Osorno, pero juntaron estas tres provincias e hicieron un solo servicio, dirigido desde Puerto Montt, con políticas emanadas de esa región. Todas las resoluciones técnicas, administrativas, económicas, de salud, de personal, las relacionadas con el manejo de los proyectos, con los recursos destinados a mejorar la salud en la provincia de Chiloé, son resueltos en Puerto Montt, por personal de esa localidad, que no vive la realidad del sistema de salud de Chiloé. Ello ha permitido tomar medidas francamente descriteriadas. Nosotros hemos hecho harto en materia de reposición de infraestructura hospitalaria. Pero aquí falta un servicio de salud propio para la provincia de Chiloé. Por lo tanto, pido oficiar al Presidente de la República, al ministro Secretario General de la Presidencia y al ministro de Salud, a fin de que inicien los correspondientes procedimientos para la creación de un servicio de salud propio para la provincia de Chiloé y otro para la provincia de Palena, de manera que tengan autonomía en la materia y no sigan dependiendo de Puerto Montt. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz y de quien preside. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA EN PASO INTERNACIONAL “CARDENAL SAMORÉ”. Oficio. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, según antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, en la ruta internacional 215, de Osorno a Puyehue, en concreto, hacia el paso “Cardenal Samoré”, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, se registraron 7.971 camiones, de los cuales 3.562 ingresaron a Argentina y 4.409 a Chile. La información ha sido ratificada por el cónsul chileno en ese país. Además, de acuerdo con lo informado por el servicio de Aduanas de Pajaritos, ubicado en el paso internacional de la provincia de Osorno, durante 1998 transitaron por él 99.221 vehículos: 49.180 entraron al país y 50.141 salieron rumbo al este. En 1999, desde enero a la fecha, han transitado 67.707 vehículos, de los cuales 33.111 entraron a Chile y 34.596 pasaron a la República Argentina. Según las mismas fuentes, durante 1996 circularon 387.044 personas; en 1997, 376.993; en 1998, 448.165, y en 1999, hasta la fecha, 293.078. Estas cifras indican un gran movimiento de vehículos y pasajeros. Por eso, el paso internacional Puyehue o “Cardenal Samoré”, el segundo en importancia, después de “Los Libertadores”, y el único que permanece expedito durante todo el año, merece contar con doble vía y, por lo tanto, el ministerio de Obras Públicas debe evaluar esta posibilidad, teniendo en consideración que todos los años el del centro del país queda bloqueado por la nieve. Además, desde el punto de vista del intercambio económico y turístico, dicho camino es importante para la provincia de Osorno y mi petición tendría incidencia en las iniciativas de la municipalidad local. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que ordene el estudio de factibilidad de la doble vía, que se justifica plenamente. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. LABOR DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS NO TRADICIONALES, ASEXMA, DE BIOBÍO. Oficios. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, quiero reseñar la positiva labor que realiza Asexma Biobío. Hace alrededor de un año, se invitó a todos los parlamentarios diputados y senadores de la Octava Región para analizar la forma de hacer posible que el micro, el pequeño y el mediano empresario tuvieran acceso a los instrumentos e instituciones del Estado, como los ministerios, para que mantuviera sus actividades. En forma especial, se planteó el tema de los empresarios de servicios forestales de la región. Los parlamentarios sugerimos, primero que todo, que se organizaran. Así, hace unos noventa días, culminó el proceso de legalización de la asociación de empresas de servicios forestales A. G. Durante el tratamiento del proyecto que crea la subsecretaría Forestal y el servicio nacional Forestal, invitamos a sus dirigentes a exponer su temática, sus inquietudes y sus experiencias. Asistieron don Juan Cerda, don Óscar Link y don Hugo Pinto, vicepresidente, director y secretario de la asociación gremial de empresarios de servicios forestales, respectivamente. ¿Qué expresaron en esa ocasión? Que desean contribuir con la experiencia de los diez años que llevan trabajando en el sector de servicios forestales, para desarrollar en mejor forma esa actividad, que da bienestar a un grupo social importante, en especial del área rural. Además, recordaron que en la actualidad sus empresas asociadas representan, en conjunto, más del 75 por ciento del empleo en el sector forestal a nivel del país y tienen una amplia participación en la cadena del valor forestal, producción de semillas, mejoramiento genético, producción de plantas, preparación de suelos, plantaciones, control de plagas, cosechas, carguío, transporte, control de producción, despacho, inventarios, planes de manejo y administración de plantas procesadoras intermedias. Estas empresas, en la realidad, aplican las nuevas tecnologías y, en el día a día, generan muchísimo empleo, tan necesario en el momento que vive el país. Uno de los objetivos principales de esta asociación es participar en las instancias que generan el marco de la actividad forestal del país. Además, desean profesionalizar el rubro de los empresarios del sector forestal, para que no sólo exista la imagen de algunos, que son pocos, que no cumplen con las leyes previsionales y laborales, no obstante el gran sacrificio de la mayoría en este sentido. Por eso, considero de extrema necesidad que ellos se coordinen con el ministro de Agricultura, en especial con la Corporación Nacional Forestal, Conaf. Hay que facilitar a estos empresarios el acceso a los instrumentos que el Estado tiene disponibles en pro del desarrollo y del sustento de sus actividades y hay que buscar mecanismos legales que regularicen la relación laboral que se da en este sector, la cual, por el tipo de trabajo que realizan, no se ajusta a la realidad que vive el resto del sector productivo industrial del país. Al organizarse, estos empresarios buscan, sin discusión, cumplir cabalmente las disposiciones laborales. Ellos quieren aportar su experiencia en la generación de proyectos que permitan un uso sustentable de nuestros bosques, de manera de proteger el medio ambiente y de asegurar una proyección del sector productivo forestal del país para las generaciones futuras. Están deseosos de contribuir con proyectos al desarrollo social económico sustentable del recurso humano que participa en este sector, rescatando su más importante institución, la familia, ya que hoy, debido a las condiciones existentes, la mayoría de esos trabajadores comparten con ella sólo 10 días al mes; el resto lo pasan en campamentos por lo distanciado de las faenas y con el objeto de abaratar costos y de asegurar un mejor salario para sus familias. Por todo esto, pido que se oficie al ministro de Agricultura para darle a conocer la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Forestales, cuya sede está en Concepción, y a la cual se están asociando empresarios de todo el país. Asimismo, por intermedio del ministro de Agricultura, al director ejecutivo de la Conaf, don Cristián Palma, con quien conversé ayer sobre el tema y se comprometió a recibir a esta directiva en dos semanas más para ver en qué forma pueden coordinar trabajos concretos. Por otro lado, solicito que se haga llegar copia de mi intervención a la directiva y funcionarios de Asexma Biobío, con un reconocimiento de la labor silenciosa que están haciendo en pro de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región del Biobío y, además, a la directiva de la Asociación de Empresas de Servicios Forestales, cuya sede está en la calle Cochrane Nº 284, de Concepción. De esa forma, los diputados de provincia nos sentimos realizados cuando la gente empieza a organizarse en función de las cosas más elementales y vitales de nuestra existencia. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Osvaldo Palma y del Segundo Vicepresidente de la Cámara, diputado señor Eugenio Tuma. INCORPORACIÓN DE CHILE A CORTE PENAL INTERNACIONAL. El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados está analizando el tratado que incorpora a Chile a la Corte Penal Internacional. A nuestro juicio, no hay una enajenación de la soberanía como se ha sostenido; sólo constituye una manera distinta de ejercerla. Si la hubiera, significaría que cualquier tratado que firmara nuestro país comprometería la soberanía. Pero ése no es el problema, porque el tratado tiene otras aristas. 1º.- Pugna con nuestra Constitución Política, por lo que previamente habría que reformarla. En efecto, anula las inmunidades que la Constitución otorga a las autoridades, como el Presidente de la República, ministros de Estado, parlamentarios y diplomáticos. En tal virtud, si la Corte ordena la detención de una de estas autoridades, dicha detención podría llevarse a cabo sin necesidad de desafuero. Además, en el caso de los diplomáticos, estaríamos contraviniendo el acuerdo de Viena, que Chile suscribió, y que da inmunidad a los diplomáticos acreditados en cualquier país del mundo. 2º.- Permite que la Corte juzgue a quien ya ha sido juzgado en su país si estima que el juicio fue simulado o los tribunales no fueron objetivos en su actuar. Esto resulta una arbitrariedad enorme y constituye la negación más elemental de la estabilidad jurídica. 3º.- Deja sin efecto la cosa juzgada, que consiste en que, resuelto el asunto por nuestros tribunales, no puede volver a discutirse más. La Corte se reserva el derecho de volver a juzgar a esta persona. 4º.- Permite que un fiscal actúe en la forma que le plazca y el país que recibe la orden haga lo que quiera. En efecto, una fiscal de Canadá ordenó la detención del Presidente de Yugoslavia y envió la orden a Rusia. Rusia estimó que el problema de Yugoslavia era político y devolvió la orden sin tramitar. A los cuatro días, la fiscal canadiense era “premiada” con la designación de ministra de la Corte Suprema de su país. 5º.- Da una definición amplísima de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y los sanciona. También sanciona la agresión, pero ni siquiera la define. En la práctica, hay 99 delitos que podrían castigarse por la falta de precisión en las definiciones. Es lo que se llama en lenguaje jurídico, una ley penal en blanco. No me opongo al tratado. ¿Cómo podría oponerse alguien a que se sancionen los delitos de genocidio, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o de agresión? Pero tal como está actualmente, pienso que no podríamos aprobarlo. Es contrario a nuestra Constitución Política, permite que la Corte juzgue a quien ya ha sido juzgado en su país, hace tabla rasa de la cosa juzgada, el fiscal puede transformarse en una figura política más que jurídica, y condena delitos que no están debidamente tipificados. Además, la Corte puede intervenir en un país que ni siquiera sea parte del tratado en casos especiales que juzga la misma Corte. Recurriremos al Tribunal Constitucional para que dé su última palabra. Mientras tanto, consideramos indispensable que se definan mejor algunos conceptos vagamente expresados, a fin de que no se transforme dicha Corte en una abierta violación a los derechos humanos por carecer, las personas juzgadas por ella, del debido proceso. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 19.30 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.