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El señor HALES (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece normas sobre otorgamiento y cobro de prestaciones de salud en servicios de urgencia.
Diputado informante es el señor Patricio Cornejo.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Salud, boletines Nºs 1692-11 y 2276-11, sesión 19ª, en 14 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 27.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente , el proyecto, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, tuvo su origen en dos mociones. La primera, de 1996, de los diputados señores Sergio Aguiló , Andrés Palma y Carlos Vilches , y de los entonces diputados señores Armando Arancibia , Isidoro Tohá y José Luis González ; y la segunda, de 1998, de las diputadas señoras Lily Pérez y María Victoria Ovalle , y de los diputados señores Guido Girardi , Carlos Abel Jarpa , Arturo Longton , Carlos Olivares , Osvaldo Palma , Manuel Rojas y Patricio Cornejo , que la Comisión de Salud, en el primer trámite reglamentario, acordó refundir.
Su texto dice relación con el establecimiento de normas sobre cobro de prestaciones de salud en los recintos asistenciales, su vinculación con las instituciones de salud previsional y la ficha clínica y otros aspectos de la actividad sanitaria.
En el segundo informe reglamentario, es necesario señalar que el artículo 5º no fue objeto de indicaciones y que se suprimió el artículo 2º por ser repetitivo del inciso final del artículo lº.
En el artículo 1º se introdujeron dos modificaciones. La primera, en el sentido de que las atenciones de urgencia a que hace referencia deberán ser debidamente certificadas por un médico cirujano; y la segunda, que readecua el texto del inciso tercero sin cambiar la idea de fondo.
En el artículo 2º se agrega a las instituciones de salud previsional, las mutuales administradoras de la ley Nº 16.744, el Fondo Nacional de Salud, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
En el artículo 3º también se individualizan las mismas entidades previsionales consignadas en el artículo anterior.
En el artículo 4º, que se refiere a la ficha clínica que deberán abrir todos los establecimientos asistenciales, públicos y privados, se dispone la obligación de agregar a toda la información indicada en él, los tratamientos realizados, detallando dosis de medicamentos utilizados.
En el artículo 6º, nuevo, se establece que el paciente sólo deberá pagar las unidades de insumos y medicamentos efectivamente usados en su tratamiento o en su diagnóstico.
En el artículo 7º, nuevo, se señala que el pago de los insumos se hará sobre la base de una lista de precios preestablecida. Alternativamente, se podrán devolver los medicamentos o insumos empleados en igualdad de condiciones. Además, los establecimientos asistenciales deberán entregar al paciente una cuenta detallada de los medicamentos e insumos usados.
En el artículo 8º, nuevo, se prescribe que los establecimientos hospitalarios, públicos y privados, deberán efectuar los exámenes, procedimientos o tratamientos a sus pacientes tan pronto como sea posible, dentro de horarios considerados hábiles, siendo de cargo del establecimiento cualquier retraso injustificado.
El artículo 9º, nuevo, establece que las infracciones a las disposiciones de esta ley deberán ser conocidas por el director del servicio de salud correspondiente, previa instrucción de un sumario, y que las infracciones serán sancionadas con multas de 100 a 500 unidades tributarias mensuales, de acuerdo con su gravedad, monto que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo llegarse hasta la clausura del establecimiento en casos graves y calificados.
Por último, el artículo 10, nuevo, se refiere a que el protesto de un cheque extendido en garantía y/o en blanco, en favor de un establecimiento de salud por prestaciones asistenciales de cualquier tipo, no originará la acción penal establecida en el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
El proyecto no contiene normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Es cuanto puedo informar a su Señoría.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En discusión en particular el proyecto.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente , es bueno recordar que han existido cuatro iniciativas tendientes a eliminar la condición previa del cheque en garantía para la atención de salud. La primera, del ex diputado señor Alessandri Balmaceda -de hace muchos años-; las dos mencionadas por el diputado señor Patricio Cornejo , y la cuarta, relativa a Fonasa, que lo elimina para las urgencias con riesgo vital de sus afiliados.
El proyecto en discusión asegura a toda persona la atención de salud ante una emergencia médica, sin la exigencia previa de un documento, cualquiera que sea éste, en blanco o parcialmente lleno. Esto es importante y trascendente, porque las personas, por el hecho de no disponer de dinero, no pueden dejar de recibir atención médica. Si así fuere, los Estados no tendrían razón de ser, y los gobiernos y legisladores, incapaces de lograr un derecho tan básico, elemental, necesario e imprescindible para las personas, no tendrían la calidad moral ni la fuerza que les da el derecho para considerarse justos. Hoy debemos aprobar esta iniciativa. ¿Quién se podría restar?
El proyecto nace de una necesidad imperiosa de solucionar un gran problema que asfixiaba a miles de familias chilenas de cualquier capacidad económica, y principalmente a los más débiles, como siempre.
La salud es un derecho de las personas y un deber de los Estados. Es lícito también el lucro en un negocio, pero cuando éste condiciona muchas veces la vida de las personas deja de ser lícito, porque la vida es más importante, ¡siempre, en toda circunstancia! Nada la debe condicionar, menos el dinero. Las instituciones que trabajan en este campo, más allá de sus derechos a cobrar por sus servicios, deben considerar el derecho a la vida de todas las personas, el derecho a la salud en circunstancias extremas, incluso al punto de sacrificar sus ganancias. Esta debe ser una condición para convivir en esta sociedad nuestra.
Este es un paso más en el largo camino por recorrer para entregar garantías básicas mínimas que den igualdad de oportunidades a todas las personas ¡A todas las personas!
En salud deben existir salvedades obligatorias. Si bien puede ser un servicio transable y es lícito obtener ganancias por ello, tiene mayor prioridad salvaguardar un derecho humano básico: el derecho a la vida de las personas en forma incondicional, y menos aún condicionado al dinero.
Nadie, menos yo, está en contra de nadie. Estar a favor de las personas, de todas las personas, no es estar en contra de nada, y los que ven en esto una acción más en contra de una institución de salud se equivocan otra vez. Se equivocan una vez más quienes caen en una defensa paranoica e innecesariamente imaginan enemigos en donde jamás los han tenido.
No exigir condiciones de solidaridad mínima en salud es no saber nada de salud, y a quienes la experiencia no les enseña y piensan que descalificando pueden defenderse mejor, a veces es preferible olvidarlos, porque jamás dejaremos de proteger a las personas, y más aún, como siempre, a los más débiles cuando tienen amenazada su salud.
El proyecto es producto de la voluntad legislativa de muchas personas de diferentes credos políticos, pero con una línea común: ayudar al prójimo, acabando con una deuda social, moral y ética; con una deuda política con las personas. De partidos diferentes, pero con un norte común: el servicio a los demás.
Así, en el primer proyecto de los dos a los cuales el Ejecutivo dio urgencia y que la Comisión de Salud refundiera y mejorara con buenas y necesarias indicaciones, se unen don Sergio Aguiló, del Partido Socialista; don Carlos Vilches , de Renovación Nacional; los ex diputados Isidoro Tohá y Armando Arancibia , del Partido Socialista; don José Luis González , del Partido por la Democracia; don Arturo Longton , de Renovación Nacional; don Abel Jarpa , del Partido Radical; don Carlos Olivares , de la Democracia Cristiana; don Manuel Rojas , de la Unión Demócrata Independiente, y las señoras Lily Pérez , de Renovación Nacional, y María Victoria Ovalle , de la Unión de Centro Centro Progresista.
Esta es la buena política. La política que debe ser y que la gente espera. Invito a todos a sumarse a legislar para todos y principalmente para los que más necesitan. Y, en ciertas condiciones, todos necesitaríamos.
Más allá de las diferencias naturales que existen en todos -y es bueno que existan-, este proyecto es necesario. Lo están esperando miles de personas. Gracias a todos, muchos vivirán más tranquilos y muchos vivirán mucho más.
Anuncio mi voto favorable al proyecto como uno de sus gestores, y el de la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, el proyecto es de gran sensibilidad social y ha sido largamente anhelado por la ciudadanía y muy en especial, como siempre en este tipo de cosas, por quienes menos tienen.
Ante la falta de iniciativa de parte del Ejecutivo, vemos que ha habido un interés real por parlamentarios de las distintas bancadas -los mencionó el diputado señor Osvaldo Palma- por tratar de solucionar problemas sensibles que afectan a la población.
Quiero ser muy franco. Creo que éste no es el mejor proyecto en este sentido, porque, como tiene un costo, obligará a aumentar las cotizaciones; no obstante, estamos dando solución a un problema. Este Parlamento tiene voluntad para resolver los problemas de seres humanos afectados por una dolencia, que necesitan atención médica.
En consecuencia, aun cuando concuerdo en que debemos dar nuestra aprobación a la iniciativa en debate, ésta debe ser perfeccionada en sus trámites posteriores con el único propósito de buscar el mejor entendimiento con las instituciones de salud, tanto del sector público como del privado, pues, sin duda, esto va a encarecer sus prestaciones de salud y no se establece quién va a responder por ellas. A todos nos gustaría que se entregaran en forma gratuita -la vida sería maravillosa-, pero alguien tiene que asumir sus costos.
La falta de iniciativas del Ejecutivo sobre la materia obliga a los parlamentarios a pronunciarnos sobre el tema, ya que somos nosotros quienes recibimos la presión de la gente que sufre necesidades cuando tiene alguna dolencia. Es probable que se cometan excesos. Nadie puede negarse a atender a una persona, pero, de acuerdo con lo señalado por el proyecto, nadie responde por dichas prestaciones.
Por lo tanto, espero que en los siguientes trámites se solucionen las imperfecciones. No obstante, esto marca un sentido, una voluntad de la Cámara de Diputados, da una señal clara a las autoridades de Gobierno, especialmente a quienes inician su mandato, para entregar una solución clara y definitiva, a fin de que quienes tienen que concurrir a un centro hospitalario o a una clínica, reciban la mejor atención sin necesidad de tener que entregar un documento mercantil en garantía. Ello se podría suplir por otra vía o mecanismo, tal vez mediante descuentos por planilla, a fin de que el afectado pueda garantizar el pago, porque para las instituciones de salud previsional -públicas y privadas- esto representa un enorme gasto.
En consecuencia, invito a los colegas a aprobar este proyecto de ley.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , por fin un proyecto que lleva tantos años de discusión en el Parlamento está a punto de convertirse en realidad.
Es una medida de mínima humanidad atender en los centros hospitalarios más cercanos a las personas que sufren un accidente o una emergencia médica. Todos hemos pasado por esas situaciones y siempre esperamos que se actúe lo más rápidamente posible. De allí la enorme importancia de esta disposición. También lo es que en caso de un accidente, especialmente con riesgo de muerte, no se exija un cheque en garantía, como sucede la mayor parte de las veces. Incluso, sabemos de personas que no han podido dar a luz a sus hijos en determinados establecimientos por no contar con un documento que garantice el pago correspondiente.
Antes de las elecciones presidenciales, las radios y la televisión transmitían comerciales que señalaban que se había eliminado la obligación del cheque en garantía para las atenciones de urgencia, publicidad importante de la campaña política de Ricardo Lagos. Muchas personas creyeron que ya era ley. Por ello, no entendían nada cuando iban a un hospital y les pedían un cheque en garantía. Nos llamaban desesperadas porque no se estaba cumpliendo con una disposición legal. Esa publicidad fue engañosa, ya que hubo un aprovechamiento de los problemas de salud de los chilenos al publicitar una ley que no existía y que evidentemente abordaba un tema muy sensible.
Sin embargo, hay otro punto del proyecto que me preocupa mucho. Cuando hace cuatro años se discutió por primera vez una iniciativa sobre la materia, impulsada por los ex diputados señores Arancibia y Alessandri Balmaceda , no se aprobó porque no se pudo establecer una forma efectiva de pago de las prestaciones. ¿Qué pasaba en aquellos casos en que las personas no podían pagar? ¿Quién iba a responder? En definitiva, el ministro de Salud no dio el pase, porque no se logró establecer una fórmula para el pago de la deuda.
En este proyecto tampoco se da una solución; sólo se señala que habrá una lista de insumos que debe ser similar al formulario nacional y que las personas van a poder pagar parte de ellos. Estimo que habrá muchos que no van a poder hacerlo.
En consecuencia, aun cuando estoy plenamente de acuerdo con el fondo del proyecto, en cuanto a que exista atención de urgencia en todos los centros hospitalarios de Chile sin la exigencia de un cheque en garantía, para ser responsables y serios en la forma de legislar se debe establecer en la iniciativa una forma de pago por las prestaciones médicas a las personas que carecen de recursos. Es probable que muchos colegas no hayan revisado el proyecto, pero de su lectura no se desprende cómo se pagarán dichas prestaciones.
Por otro lado, el artículo 1º se refiere a las atenciones de urgencia, y dice “debidamente certificadas por un médico cirujano”. Hasta ahí está claro. Pero en el artículo 2º se incluye una serie de instituciones de salud, las que deben asumir el papel de deudoras principales respecto de terceros, pero no sólo para los casos de urgencia, sino que, según su redacción, para cualquier intervención médica, incluso podría ser una cirugía estética, que difícilmente podía ser causal de muerte.
Este proyecto va a originar en los hospitales un verdadero rechazo de casos de urgencia o de operaciones necesarias.
Por lo tanto, es necesario corregir estas disposiciones y aclarar las prestaciones que pueden entregar los centros hospitalarios sin la exigencia del cheque en garantía. Para nosotros es muy difícil rechazar esta iniciativa, ya que apoyamos plenamente su idea matriz y estamos de acuerdo con sus dos principales postulados.
En consecuencia, daré mi aprobación al proyecto, esperando que en los trámites legislativos posteriores se corrijan sus vacíos, ya que, de lo contrario, no se van a lograr los objetivos anhelados.
El diputado señor Osvaldo Palma -representante de nuestro partido en la Comisión de Salud- dio a conocer claramente la posición de nuestro partido y anunció que vamos a aprobar el proyecto. Sin embargo, en lo personal, quiero dejar constancia de que me preocupa tremendamente si se cumplirá el objetivo que se pretende lograr, por la vaguedad de los mecanismos relacionados con la forma en que se efectuarán los respectivos cobros.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Como algunos diputados han consultado a la Mesa si en la discusión en particular se están debatiendo todos los artículos o uno por uno, informo a los diputados presentes en la Sala que está en discusión la totalidad de ellos. Por lo tanto, en el tiempo de sus dos discursos, los honorables diputados pueden referirse a todos.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , en primer lugar, debo manifestar mi satisfacción por esta iniciativa.
Quiero contestar algunas inquietudes que no corresponden a la estricta realidad.
Hace un momento se manifestó que el problema se generó, en parte, por la ausencia de iniciativa presidencial. Debo decir que si bien el Presidente de la República tiene la iniciativa en esta materia y, por lo tanto, responsabilidad, no es menos cierto que los parlamentarios también tenemos responsabilidad, tanto o más importante, porque es precisamente el Congreso el que debe legislar. Pues bien, sea que se trate de iniciativa presidencial o parlamentaria, al discutir este proyecto de ley estamos ejerciendo un derecho establecido en la Constitución Política, para lo cual contamos con toda la colaboración del Ejecutivo.
Mucho se ha hablado de los costos. Al respecto, existe una gran injusticia en la exigencia de cheques en garantía para las atenciones de urgencia. Es una materia de público conocimiento -en especial, durante el último año- que muchas instituciones de salud previsional, en particular las isapres, mantienen millonarias deudas con los hospitales de los servicios de salud, lo que ocasiona grave perjuicio a su economía y, por ende, a la atención que recibe la gente más humilde del país.
Con este proyecto de ley, no estamos haciendo otra cosa que obligar a cada una de las instituciones responsables de la atención de salud a que asuman su responsabilidad. Si las isapres estipulan en los contratos determinadas obligaciones, que son mutuas, no veo por qué el beneficiario debe dejar un documento en garantía para ser atendido, en circunstancias que para los efectos de costos y atención de salud su representante es la respectiva isapre.
Durante largos años, hemos propiciado el desarrollo de un sistema mixto de salud. No estamos en contra de las isapres, pero consideramos que un sistema de salud mixto es más justo, porque uno privado puede implicar grandes riesgos para las personas de menores recursos.
No hay que olvidar que, en la actualidad, algunos países desarrollados -de los cuales se copió el modelo, hace muchos años- no ofrecen una solución justa a toda su población. Por ejemplo, en Estados Unidos -con más de 220 millones de habitantes, y cuyo modelo, en algún momento, ha tratado de ser aplicado- hay más de 40 millones de personas que en la actualidad no cuentan con un sistema eficiente de salud, porque los sistemas privados no son capaces de proporcionárselo. Entonces, si países ricos, con grandes recursos, no pueden solucionar el problema de la salud, ¿qué queda para los países subdesarrollados sin un Estado protector que les tienda la mano a los más humildes?
Respecto de que la atención de urgencia y el cheque en garantía fueron planteados en la última campaña presidencial como un problema solucionado -discutimos el tema en la Comisión de Salud-, quiero refrescar la memoria de algunos parlamentarios -a lo mejor lo han olvidado- y recordarles que aprobamos una modificación a la ley Nº 15.076, relacionada, precisamente, con la atención de urgencia. Si alguien plantea que un problema ha sido solucionado, aunque sea en parte, está haciendo uso de un derecho porque está diciendo la verdad.
Ahora, es posible que los diputados que participamos en la modificación de la ley mencionada -incluidos quienes hoy hacen críticas- no hayamos considerado otro tipo de atenciones de salud que no son de urgencia. Por eso, a través de esta iniciativa estamos corrigiendo esa falencia que, por lo demás, es nuestra obligación. De manera que es justo que el Poder Ejecutivo , los parlamentarios o quienes en un momento determinado participamos en política, tengamos derecho a decir la verdad sobre lo que se ha hecho al respecto.
Además, este proyecto de ley viene a solucionar un gran problema, lo que, lógicamente, tiene un costo. No negamos que esto significará que el Estado tendrá que hacer un mayor aporte de recursos. Somos nosotros, integrantes de una de las cámaras legislativas, los que tenemos la obligación de hacerle presente al Poder Ejecutivo que, si en un momento determinado se destina el 2,8 por ciento del producto geográfico bruto -en lugar del 1,8 por ciento que se destinaba hace 10 años- a la salud, a lo mejor dicho porcentaje todavía es insuficiente, y debería ser el 6 ó 7 por ciento, como ocurre en los países desarrollados. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa y decirlo. No porque tenga un costo más alto vamos a callar, sobre todo quienes debemos preocuparnos de la salud en nuestro trabajo cotidiano.
Por lo tanto, quiero expresar nuestra alegría y anunciar que la bancada democratacristiana aprobará este proyecto de ley, porque hace justicia, porque ha sido un anhelo -lo reconozco- no sólo de nuestra bancada, sino que también de otras, y porque en este caso los beneficiados son los sectores más humildes de nuestro país, la gente que, tal vez por problemas de burocracia o del monopolio ejercido por algunas instituciones previsionales, sean estatales o privadas, no han tenido acceso a la atención de salud en igualdad de condiciones.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, aunque no formo parte de la Comisión de Salud, quiero referirme a este proyecto de ley.
Deseo comenzar mi intervención refiriéndome a las palabras del diputado señor Arratia . Al iniciar su intervención decía que estaban contentos con este proyecto de ley. Por supuesto, cuando nadie paga, todos están contentos. Si uno analiza el asunto, al final, en Chile nadie paga la salud. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aparece como una propuesta absolutamente inviable y que carece de toda racionalidad.
El artículo 1º se refiere a la eliminación de la exigencia del cheque en garantía en las atenciones de urgencia. Todos estamos de acuerdo en que cuando se encuentra en peligro la vida de una persona, no se puede exigir un documento de esa naturaleza, porque hay que proteger valores superiores. Por eso hemos impulsado iniciativas al respecto.
En mi opinión, las complejidades comienzan con el artículo 3º -y pido a los señores parlamentarios que lo lean con atención- y el 10.
El artículo 3º dice: “El otorgamiento de las prestaciones de salud a los afiliados o a sus beneficiarios por parte de las instituciones de salud previsional, las mutuales administradoras de la ley Nº 16.744, el Fondo Nacional de Salud, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y los prestadores públicos y privados -¡ojo!-, que figuren en la oferta o planes de salud respectivos, no podrá estar sujeto a ninguna exigencia de instrumentos mercantiles en blanco, incompletos o en garantía, tales como letras de cambio, pagarés o cheques”.
Tiene lógica no exigir ningún tipo de documento mercantil cuando el respectivo plan cubre el ciento por ciento, pero ¿quién responde por el saldo si dicho programa no lo cubre? Además, la disposición parte de la base de que existe un plan de salud. ¿Qué pasa si no hay un plan de salud? Cualquiera puede decir que en ese caso se puede exigir un cheque en blanco, incompleto, en garantía; es decir, un instrumento mercantil. Relacionemos el artículo 3º con el 10, que dice que si esos cheques se protestan, no tienen ningún efecto para la acción penal. Por lo tanto, ¿qué hará una persona que no tiene un plan? Va a firmar un cheque, porque no tiene acción penal. Por lo tanto, nadie va a pagar.
En definitiva, es una absoluta irresponsabilidad plantear un proyecto con disposiciones como los artículos 3º y 10.
Quiero decir a la Cámara que la campaña presidencial ha terminado. Sería lógico que estos proyectos de ley se presentaran, tal como se observó en la Comisión, cuando se acerquen las elecciones municipales; pero, por lo menos, cuando no tengamos un evento electoral próximo, legislemos con seriedad.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , éste es uno de los proyectos de ley que en los últimos años ha sido más demandado por la opinión pública. Todos hemos sido testigos de las injusticias y de los atropellos que ocurren en nuestro país en muchos servicios de atención de salud, tanto públicos como privados.
Además del tema del cheque en garantía, existe un conjunto de otras irregularidades -estamos en un país que, en muchos aspectos, es muy insensible, particularmente en materias tan importantes para el ser humano como es su salud- respecto de las cuales se hace cargo el proyecto de ley, como el cobro excesivo y monopólico de los medicamentos en las clínicas privadas, que son 300 ó 400 por ciento más caros que en cualquier farmacia; como las prestaciones y exámenes médicos que se realizan en las clínicas privadas los domingos o después de las 24 horas, cuando se cobra un 50 por ciento más caro de lo que se paga en un día o en un horario hábil.
Ésas son sólo algunas de las graves irregularidades e injusticias existentes en nuestro país. Por ello, un conjunto de parlamentarios de distintas bancadas -esto hay que decirlo- de la Oposición y de la Concertación, planteamos la necesidad de iniciar la tramitación de una iniciativa que subsanara esas graves anomalías.
Este proyecto de ley mixtura dos mociones. La primera de ellas, iniciada por el ex diputado señor Armando Arancibia , a quien tuvimos el honor de acompañar varios parlamentarios, entre otros, Carlos Vilches , de Renovación Nacional. La segunda, que redactó el diputado y doctor señor Osvaldo Palma , destacado miembro de la Oposición.
Quiero refutar las afirmaciones un tanto livianas de nuestro colega Jaime Orpis, quien insinuó que el proyecto se propuso al calor de una campaña presidencial y que quienes lo presentamos lo hicimos llevados por la tentación del populismo o de la demagogia.
Revisada la nómina de los patrocinantes de este proyecto, no existe ninguna bancada que se encuentre ausente, lo que me parece muy bien, porque habla de la sensibilidad de las distintas bancadas respecto de un tema que ya es hora de que lo tratemos en serio y no lo eludamos.
Señor Presidente, el diputado señor Orpis me solicita un interrupción y, por su intermedio, se la concedo con todo gusto.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, tratarlo en serio. ¡Eso es lo que quiero! Cuando nadie paga nada, no es serio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Puede continuar el señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , voy a sacar de su error conceptual al diputado señor Orpis , si el tiempo me lo permite.
El proyecto de ley trata cuatro temas, de naturaleza diferente, que podrían haber sido, incluso, materia de mociones distintas. Su único hilo conductor, si tiene alguno, es el tema de la salud.
El proyecto no sólo tiene que ver -digo esto para quienes no son miembros de la Comisión de Salud y no tienen por qué haber hecho el seguimiento directo del proyecto- con el cheque en garantía y la necesidad de atención médica inmediata. Eso está considerado en los tres primeros artículos. Del artículo 4º en adelante, se tratan otras materias distintas. Por ejemplo, la transparencia de los precios que cobran las clínicas privadas, la necesidad de que haya una lista de precios de los medicamentos, para que el paciente sepa, día a día, cuál es el estado de su cuenta y que no se entere al final de un tratamiento, después de una semana o diez días, o al borde de un colapso cardíaco, de que va en diez, quince o veinte millones de pesos, como ha sucedido muchas veces.
Otro punto es el de los medicamentos y el precio que cobran las clínicas privadas, que es muy distinto al de las farmacias, en circunstancia que es de la misma calidad y del mismo laboratorio. Otra cosa diferente son los exámenes, procedimientos, los horarios y las formas que se establecen. Son temas distintos.
Vamos ahora al cheque en garantía y a quién paga, que es el tema que preocupa al diputado señor Orpis . En el sistema previsional chileno, todas las prestaciones se pagan de una forma similar, no obstante tener la posibilidad de optar entre un sistema previsional público y otro privado. Si se está en Fonasa, las prestaciones se pagan sobre la base de lo que nos cubre con bonificación, más un copago. Lo mismo ocurre con las isapres. Existe una bonificación. La isapre entrega una bonificación, cuyo monto depende del plan del afiliado, más un copago. El cheque en garantía se pide para cubrir, por parte de la institución prestadora, ese copago. Lo primero que dice este proyecto es que la forma de pagar las prestaciones es exactamente la misma de hoy; es decir, no varía el plan, por ejemplo, de una isapre que cubre el 80 por ciento de la prestación, quedando el 20 por ciento para ser copagado en forma directa por el paciente. En ese caso, la clínica quiere que el paciente le garantice el pago de la diferencia del 20 por ciento.
El proyecto establece en sus primeros artículos que, como es enojoso y constituye una injusticia tremenda el que se pida un cheque en garantía u otro documento para otorgar una atención médica, la institución previsional es deudora principal de la prestadora de servicio respecto del copago -no de la bonificación-, por cuanto es obvio que debe pagar la atención médica.
Para que nos entendamos, si una operación de vesícula vale un millón de pesos, la isapre equis debe pagar 800 mil pesos, porque así está estipulado en el convenio con las clínicas y las entidades prestadoras de servicios médicos. Los 200 mil pesos restantes tiene que pagarlos el paciente, porque la isapre sólo le cubre el 80 por ciento. El proyecto de ley dispone que respecto de los 200 mil pesos restantes, que es el copago, no se debe exigir un cheque en garantía, porque la clínica tiene la seguridad de que la institución previsional es la deudora principal. Si eventualmente hubiera mala fe o mala intención de la familia o del paciente para no pagar esa diferencia, debe responder la institución previsional, que después, de manera directa con el paciente o su familia, resolverá el problema.
Eso es lo que dice la norma. No es una forma de pago eficiente, de manera que si alguien propone una mejor después de diez años de discusión de las reclamaciones que estamos acumulando en la Cámara de Diputados, estamos dispuestos a estudiar con mucha atención la proposición del diputado Orpis o de quien sea. Mientras tanto, no se puede tolerar ni un minuto más que la gente llegue a las clínicas y le digan que no se puede operar al paciente si no se entrega un cheque en garantía.
Pedir tiempo para discutir las cosas en serio cuando ya llevamos años debatiendo situaciones como ésta, que se presentan a diario, puede parecer -no digo que sea la intención del colega Orpis- como que estamos chuteando el tarro para adelante, es decir, no estamos actuando con seriedad para resolver este asunto.
Aquí hay una forma de pagar efectivamente las prestaciones de salud a los sectores privado y público. Por eso, diputados de todas las bancadas, de manera responsable y seria, somos partidarios del proyecto y lo votaremos a favor.
Señor Presidente , con su venia, le concedo una interrupción al diputado señor Orpis .
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , el artículo 3º tiene lógica siempre y cuando el plan de salud respectivo cubra el ciento por ciento de la prestación; pero si hay un saldo y nadie firmará un documento por la diferencia, porque sabe que el cheque no se puede protestar, en virtud del artículo 10, entonces, obviamente, esa diferencia no será cubierta. Entonces, a la larga, se encarecerán los planes.
El artículo 1º es distinto, pues se refiere a situaciones de urgencia, cuestión que nunca se ha puesto en duda. Aquí estamos hablando de una atención perfectamente programada.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , quiero reiterar algo que se ha repetido en esta Sala, en el sentido de que en ocasiones se acusa al Congreso Nacional y a los parlamentarios de no legislar para la gente. Creo que el proyecto constituye la mejor demostración de que no es así, pues, junto con la seguridad ciudadana, la salud es uno de los temas que más preocupa a las personas.
También es un desmentido a la afirmación de que actuamos en forma ideológica, pues los diputados patrocinantes del proyecto somos de diferentes sectores. Esperamos que cuando se tramite en el Senado, los senadores de Derecha también lo apoyen.
Un informe del Pnud respecto de la seguridad en salud, señala que la mayoría de la ciudadanía percibe que no será atendida en forma oportuna de las enfermedades graves ni crónicas y que no tendrá los recursos económicos para pagar las prestaciones médicas.
Con las intervenciones de los diputados señores Arratia y Aguiló queda claro que se perfecciona la legislación respecto del cheque en garantía y que esto es diferente de lo que aprobamos en la ley Nº 15.076, que sólo se refería al riesgo de muerte. El proyecto es muy claro y habla de riesgos en salud.
Es muy importante que quienes están a cargo de los sistemas previsionales se hagan responsables, ya sea en el sector público o en el privado. No debe volver a ocurrir que la salud en Chile se transforme en un negocio, en que, mientras no tenga costo mantener la salud, estén afiliados a un sistema y que cuando el valor de la atención aumente se nieguen los beneficios, o al año siguiente se elimine el contrato. Esa materia se considera en esta moción.
En ese sentido, es muy importante resaltar la igualdad con que deben ser tratadas todas las personas. En el primer informe leído acá, se demuestra que en el sector privado, llámense isapres, con el 2 por ciento del producto interno bruto se atiende al 25 por ciento de la población solamente en cuanto a las enfermedades curativas. En cambio, el sector público, con el 2,7 por ciento del producto interno bruto, atiende al 70 por ciento de la población tanto en la parte curativa como en la preventiva.
Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de igualdad en salud. Deseamos que nuestros ciudadanos, cualquiera sea el sistema, tengan asegurada su atención en igualdad de condiciones. Esa es la idea de esta moción.
También somos partidarios de que exista la mayor trasparencia posible. Por este motivo, se pretende confeccionar una ficha, donde en forma clara y trasparente el médico tratante se haga responsable, donde deba estar muy claro cuál es la hipótesis diagnóstica, fecha, hora, el tratamiento, las indicaciones, los insumos, y que, a la semana de estar en la clínica, la persona sepa cuál va a ser su cuenta.
Esas son las ideas matrices del proyecto: que ningún ciudadano en nuestro país sienta que no va a tener una atención de salud oportuna y transparente. Por esta razón se debe aprobar el proyecto.
Finalizo mi intervención dejando claro que este proyecto perfecciona lo relativo al cheque en garantía, no sólo para las personas que están en riesgo de muerte, sino que también para aquellas con su salud quebrantada. Esperamos que con esta iniciativa de ley se busquen las fórmulas para llegar a una mayor igualdad, a fin de que todos los ciudadanos de nuestro país tengan acceso a la misma atención de salud, la cual, como médico, quiero hacer resaltar que se presta con la mayor transparencia posible en cuanto se refiere a la responsabilidad del profesional que interviene y de la clínica.
Por eso, espero que esta moción -patrocinada por diputados de todos los sectores- se apruebe por unanimidad y, con posterioridad, ojalá que en igual forma, en el Senado.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , respecto de este proyecto debemos hacer una importante distinción, en cuanto a si la salud es un servicio o una actividad comercial posible de desarrollar con los cánones de utilidades que busca cualquier empresa comercial o mercantil. Es lógico concluir, por cierto, que la atención de salud corresponde a un ámbito esencialmente de servicio, cuestión que también es válida para la previsión y la educación. Si no tenemos clara esta situación, es probable que al analizar un proyecto de esta naturaleza surjan dudas en torno de si se está asegurando o no una adecuada compensación económica a quien está obligado a prestar el servicio.
No tengo nada en contra de que los privados se involucren en las prestaciones de servicio de salud, de educación y de previsión, pero sí está claro que, en ese caso, ellos deben convencerse de que su comportamiento no puede ser el mismo que si actuaran en el ámbito financiero o mercantil común. Deben hacerlo con parámetros especiales, lo cual está claramente establecido en cada uno de los artículos en discusión, esto es, desde el tema de asegurar el acceso y la prestación de salud a quien la requiere hasta entregar transparencia en la información y que los documentos que respaldan lo adeudado cumplan con la función específica de ser garantía de una deuda y no un instrumento de pago.
Ahora, voy a lo particular del proyecto. A mi juicio, hay un punto trascendente, del que tratan, particularmente, los artículos 4º y 5º, ya analizados por algunos colegas: la transparencia en la información, la cual pasó a ser vital en las prestaciones de salud, porque a través de los servicios que se prestan hay una filtración para mejorar las utilidades.
Seamos claros, cuando un examen puede hacerse a una hora normal y no se realiza sino en un horario especial, o en la noche, pudiendo programarse en una hora adecuada, lo que se obtiene es un plus de utilidad injusto, que lesiona el interés de la persona que busca remedio a su dolencia. Cuando hay adecuada información y se está obligado a entregarla, este tipo de filtraciones que producen utilidades, insisto, más allá de lo lógico y adecuado, son evitables.
Respecto de la exigencia de transparencia en la información, el proyecto soluciona un aspecto que, sin duda, perjudicará a las empresas que se mueven en el ámbito de salud y que hoy obtienen utilidades por esa vía, pero ciertamente resguardará a las personas. Y, como legisladores, debemos contar con una opción.
No hay neutralidad en este plano: optamos por dejar en el vacío esta situación para que las empresas que se mueven en el ámbito de la salud exijan a los médicos que los exámenes no se hagan en horas determinadas, con lo cual consiguen mayores ingresos, o resguardamos el interés del afiliado, del paciente, del usuario.
Creo que los artículos 4º y 5º son lógicos, adecuados, necesarios y, más aún, aplicarlos es urgente.
Sobre el cheque en garantía, lo dispuesto en el artículo 10 debiera ser la norma general; pero como no hubo voluntad para legislar en general, por lo menos hagámoslo de manera específica en el ámbito de la salud. El cheque no es un documento de garantía, sino un instrumento de pago. Por lo tanto, cuando una persona es perseguida penalmente en virtud de un cheque que garantiza el pago de una deuda, se está cometiendo un elemento de ficción legal lesivo para nuestro ordenamiento jurídico.
En Chile no existe la prisión por deuda. Sin embargo, a través del cheque en garantía se están produciendo hechos de esa naturaleza. En la actualidad, las personas y sus familiares o amigos están en una situación difícil, porque se ven obligados a entregar ese instrumento a fin de salvar la vida o resguardar la integridad física de una persona. Es decir, este artículo 10 no sólo es necesario desde el punto de vista jurídico, sino que ética y moralmente es una exigencia.
Esperamos que aquí, en la Cámara de Diputados, en defensa del derecho de acceso a la atención de la salud, garantía constitucional tan necesaria, podamos lograr que esta iniciativa sea aprobada por abrumadora mayoría. La opción es clara: o resguardamos el derecho a la salud de los chilenos y chilenas o el interés de aquellos que con un afán de lucro desmedido se mueven en el ámbito de la salud.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quisiera manifestar mi más profunda sorpresa y molestia porque cuando en esta Sala quienes me antecedieron en el uso de la palabra hablan de la importancia que para Chile y los chilenos tiene tratar este tema, vemos que aquí hay un gran ausente. ¿Qué pasa con el Ejecutivo ? ¿Qué pasa con un Presidente de la República , que dijo que iba a gobernar hasta el último día? ¿Qué pasa con un ministro de Salud , que debiendo estar presente en este hemiciclo no lo está? ¿Qué pasa con ese secretario de Estado que debió emitir juicios acerca de este proyecto? ¿Qué pasó con la concurrencia de este ministro a la sesión de la Cámara en la cual se discute un proyecto que es esencial, por lo que acaba de decir el propio señor Riveros?
El señor RIVEROS.-
Le solicito una interrupción, colega.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al diputado Riveros .
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor Riveros, por la vía de la interrupción.
El señor RIVEROS.-
El ministro de Salud , así como otras autoridades, ¿participaron en la discusión del proyecto en la Comisión correspondiente? La pregunta va dirigida a quien preside la Comisión o al diputado señor Ulloa .
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , sólo quiero reiterar lo que ya he expresado: extrañeza y molestia.
Pero vamos al tema que ha motivado esta discusión que, sin duda, es esencial.
El proyecto tenía un objetivo general que todos estábamos dispuestos a cumplir, cual era que nunca más, en el ámbito de la atención de urgencia, existiera una solicitud que intermediara entre la prestación de salud y quien la requiere. Parte de los culpables de que hoy se esté tratando este proyecto son las propias instituciones de salud, tanto públicas como privadas, porque entendiendo y conociendo el espíritu que el legislador tuvo al aprobar la ley en virtud de la cual no se hacía exigible el cheque en garantía, todavía esas instituciones continúan solicitándolo. Desde mi perspectiva, el artículo 10 responde a esa situación. En consecuencia y a fin de superar el problema, propongo agregar la frase “de urgencia” a continuación del vocablo “prestaciones” y de la expresión “prestaciones médicas”. Con esas adiciones, el artículo 10 quedaría redactado de la siguiente manera: “El protesto de un cheque extendido en garantía y/o en blanco, a favor de un establecimiento de salud público, municipal o privado, por prestaciones de urgencia, insumos o cualquier otro factor asociado a una prestación médica de urgencia, no originará la acción penal establecida en el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982,”. En ese sentido sí es entendible el artículo 10. Del artículo en cuestión se desprende un gravísimo error conceptual, porque estamos desnaturalizando la institución del cheque. Lo que perseguimos es que al momento de producirse una atención de urgencia no se mire si el paciente que ha sido llevado a un centro de salud tiene o no recursos. Desde esa perspectiva -reitero-, el artículo 10 podría ser comprensible y viable, y estoy dispuesto a aprobarlo con gusto. Si ello no ocurriera, creo sinceramente que esto significará un golpe mortal a la institución del cheque. Es más, con ello no sólo se daña la institución mencionada, sino todo un sistema, lo que no resulta lógico ni comprensible.
Con la venia de su Señoría, concedo una interrupción al diputado señor Aguiló.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , agradezco al diputado señor Ulloa la deferencia de concederme una interrupción.
Quiero efectuar una aclaración y una consulta.
Las autoridades del Ministerio de Salud y los personeros de la Asociación de Isapres estuvieron permanente y regularmente trabajando junto a los miembros de la Comisión de Salud a fin de informarnos sobre esta materia. Quería efectuar la aclaración con el objeto de dejar establecido que las personas que concurrieron tuvieron plena participación en el trabajo que allí se efectuó.
Ahora bien, en cuanto a lo expresado por el diputado señor Ulloa , si se despenalizara la acción del cheque se cometería una gravísima equivocación. Sin embargo, el artículo 10 señala expresamente que la institución del cheque rige sólo para las prestaciones de salud. Aquí la distinción que se busca establecer se relaciona con la urgencia de las mismas. La mayoría de los cánceres y muchas de las prestaciones vinculadas con enfermedades coronarias son electivas entre comillas, pues, como se sabe, no sólo se entra en camilla a un hospital luego de producido un choque. Se trata de enfermedades extraordinariamente delicadas, pero, además, se pretende meter preso a quien la padece por no cumplir con el requisito del cheque. ¿Estamos hablando en estos casos de prestaciones de salud con carácter de urgencia?
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en primer término, es necesario distinguir lo que debe entenderse por “urgencia” y luego precisar si se trata de enfermedades, por ejemplo, de carácter catastrófico. De lo contrario, puede suceder que se incluyan en ese concepto operaciones de cirugía estética, lo que me parece absolutamente anormal. Insisto, de no precisar los alcances del artículo 10, la buena intención que lo motiva sólo quedará en eso, porque, en la práctica, no es aceptable, por cuanto no sólo daña lo que con él se persigue, sino también, y de forma definitiva, la institución del cheque.
Respecto de las instituciones que aparecen señaladas en el artículo 3º, si no hace exigible el instrumento mercantil, que es lo que se quiere salvaguardar, la situación se tornará aún peor, porque el prestatario deberá pagar de inmediato y en dinero efectivo. Reitero, si los diputados presentes en la Sala -en especial mi querido amigo Sergio Aguiló - examinan esta materia, se percatarán de que, de no hacerse exigible el instrumento mercantil, se demandará la entrega de dinero, y si algo no ha habido durante los últimos gobiernos, eso es plata. En consecuencia, el proyecto, que está plagado de buenas intenciones, resulta finalmente un desastre para los mismos a quienes queremos y debemos proteger.
Por lo anterior, considero que el proyecto no debiera despacharse hoy y que los especialistas de la Comisión de Salud y otros personeros debieran abocarse a buscar un mecanismo que permita resolver los problemas que generan los artículos 3º y 10. Debido a la forma en que ha sido concebido el artículo 10 -hablo a título personal y no en nombre de mi bancada-, no puedo votarlo favorablemente, porque en la práctica -esto lo hago extensivo al artículo 3º- resulta más dañino que beneficioso. Comparto el objetivo y el espíritu del proyecto, pero es imposible aceptarlo debido a la forma en que están redactados los artículos 3º y 10.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , el proyecto en debate tiene una gran importancia debido a la señal que está entregando. Muchos hemos patrocinado iniciativas de este tipo, como el diputado señor Aguiló y otros que en este momento no se encuentran en la Sala. En tal sentido, siento la responsabilidad moral de indicar que una de las principales señales que entrega el proyecto es la de dar humanidad a la prestación de servicios de salud.
Como muy bien señaló en su intervención el diputado señor Osvaldo Palma , la salud no es y jamás será un bien transable. Por eso, todos los mecanismos que tiendan a proteger la prestación de urgencia, como la posibilidad de denegar o prohibir a los establecimientos de salud que exijan un documento en garantía, también apuntan en esa señal.
El artículo 1º contiene la esencia del proyecto en comento. Allí se señala que toda persona que requiera ser atendida en un servicio de urgencia, en razón de presentar graves alteraciones en su estado de salud, debidamente certificadas por un médico cirujano, que pongan en peligro inminente su vida, tendrá derecho a recibir atención bajo dirección profesional en cualquier establecimiento público o privado que mantenga servicio de urgencia.
Esta es la mejor señal que se da a los sistemas de salud público y privado, pues deberán tener como norte dicha orientación, es decir, que lo más importante es la calidad y la oportunidad de la atención de salud.
En Chile existen muchos problemas asistenciales, porque el acceso a los sistemas de salud se ha hecho prohibitivo para gran parte de la población. Hay cosas que no nos atrevemos a decir en público, pero en esta oportunidad menciono una: los honorarios que cobran algunos médicos especialistas son absolutamente prohibitivos, y están lejos del alcance de la gente más modesta o de los trabajadores. Eso también tendrá que corregirse de alguna manera. En las regiones, en donde trabajamos, los médicos cobran los honorarios normales que fijan los servicios autorizados, pero no ocurre así en la Región Metropolitana, lo cual altera el sistema y cambia el costo de la atención.
Para la familia chilena, tener una persona con alguna enfermedad catastrófica significa un verdadero castigo, pues no puede cubrir los gastos que ello implica, debido a sus actuales niveles.
El proyecto contiene elementos fundamentales; pero, como muy bien decía la diputada señora María Angélica Cristi , hay omisiones. Por ejemplo, el artículo 2º dice que las instituciones de salud previsional deberán responder por los gastos en que incurran los usuarios en un servicio de urgencia, pero no especifica expresamente que se trata sólo de las atenciones de urgencia. Esto podría ser mal usado, con lo cual se desprestigiaría la ley y se generarían efectos indeseados: los establecimientos de salud, para tener respuesta a los servicios entregados, podrían empezar a exigir pagos en efectivo, lo cual significaría un daño mayor a la población.
Por eso, el artículo 2º quedaría más preciso si dispusiera que “las instituciones de salud previsional deben responder por los servicios de urgencia que se entregan en su oportunidad”.
En cuanto a lo que señalaba el diputado señor Ulloa , de que ningún documento extendido en garantía o en blanco en favor de un establecimiento de salud podrá ser protestado, creo que no se puede hacer una excepción respecto de tales cheques, pues están afectos a la legislación vigente: se debe responder por ellos, y el no pago de esta obligación está afecto a determinadas penalidades. Establecer una excepción puede significar más desorden que beneficios. El cheque en garantía puede ser reemplazado por la tarjeta o el documento que acredite el sistema previsional al cual está adscrito el usuario, y el Estado tendrá que responder por las personas que no pertenezcan a ninguno de ellos. No hay otra solución para el evento de que una persona llegue a un servicio de urgencia sin el documento que acredite su filiación a un sistema previsional. Así como la cédula de identidad es exigible en cualquier institución del país, también lo podría ser el carné de previsión de salud de los usuarios. De esa manera se salva la situación, porque el artículo 10 vulnera el orden establecido en relación con los documentos o cheques en garantía.
En todo caso, votaré a favor del proyecto, porque se trata de la primera señal tendiente a humanizar los servicios de salud para todos los chilenos.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , a fines del año pasado advertí que el suplementero de nuestro sector tenía un aspecto fuera de lo común. Le pregunté qué le pasaba y me contó que hacía nueve meses que estaba esperando orden para ser hospitalizado y operado, pues sufría de una grave dolencia a los riñones. Le pedí sus antecedentes y solicité su ficha en el hospital. Efectivamente, no tenía cómo cubrir esa atención de salud, ni en el sistema privado ni en el público, pues ni él ni sus familiares poseen cuenta corriente. Entonces, hablé con el director del hospital y le solicité que se hiciera una excepción con esa persona. Así se procedió y lo operaron de urgencia, porque estaba al borde de la muerte.
Creo que todos conocemos casos como el mencionado. Son muchas las personas de clase media y baja que sufren problemas de salud. En ese sentido, aun cuando sea imperfecto, el proyecto da una buena señal, pues no podemos darnos el lujo de seguir permitiendo que la gente empeñe lo que tiene y no tiene, hipoteque su familia y su futuro para enfrentar tales gastos.
Cuando hablamos del artículo 10, relativo al cheque en garantía, debemos ver si existe una colisión de derechos. Comprendo que se debe resguardar un documento de comercio; pero aquí estamos hablando de la salud de los chilenos, en especial de los más menesterosos, de los más vulnerables, de los que requieren mayor atención. Al respecto, la Constitución Política ha sido clara: el derecho a la vida y a la integridad física es un derecho preferente. Lo que hace el proyecto es enviar esa señal. Tenemos la obligación de atenderlos a todos, sin iniciar acciones penales en contra del cheque que se da en garantía. Eso ya es bueno. Por cierto, siempre queremos lo mejor, y ha habido un debate amplio y profundo sobre la materia, en el cual han aparecido algunas falencias; pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Queremos enviar una señal muy importante: que estamos atendiendo a la población en algo tan esencial como la salud y no dedicados a banalidades como pedir el traslado del Congreso Nacional a Santiago, lo que irroga un enorme gasto que puede destinarse, precisamente, a cubrir estas necesidades.
En nombre del Partido por la Democracia, anuncio que con gusto aprobaremos el proyecto, el que puede ser perfeccionado en trámites posteriores.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio) .-
Señor Presidente , durante los últimos diez años se han aprobado cerca de 31 leyes relacionadas con los temas de la salud, de las cuales más de la mitad tienen que ver con reajustes de sueldos y salarios. El 75 por ciento se refiere a recursos humanos del sector y sólo cinco de ellas son significativas para la salud de la gente: el estatuto de atención municipal, la ley de trasplantes, la de discapacidad, la de Fonasa, que eliminó el 2 por ciento, y la que modificó la ley Nº 15.076.
A raíz de la discusión de la ley de Fonasa, que eliminó el 2 por ciento, el Ejecutivo introdujo modificaciones que iban en la línea de la idea matriz que contiene el proyecto en debate: la eliminación del cheque en garantía. Pero dicha eliminación estaba circunscrita sólo a las atenciones de urgencia, tanto para los afiliados a las instituciones de salud previsional privadas como para los afiliados a Fonasa. El proyecto extiende esas atenciones y esta acción a los que tengan no sólo patologías de urgencia, sino también electivas.
Muchos parlamentarios han hablado de la eliminación del cheque en garantía exclusivamente para las urgencias, propósito que es contrario al objetivo del proyecto. Justamente quienes lo copatrocinamos buscamos que dicho documento en garantía no sea exigible para las atenciones de urgencia ni para las electivas. Muchas veces, resulta muy difícil establecer la diferencia entre una atención de urgencia y una electiva. Por ello es necesario eliminar la exigencia en ambos casos.
Para quienes estiman que hay dificultad para el pago, el artículo 2º lo garantiza al señalar que las instituciones de salud previsional y las demás encargadas de la salud de los chilenos “deberán asumir el papel de deudoras principales...”. Pero, posteriormente, éstas podrán subrogarse en los derechos del acreedor respecto de aquellas diferencias relacionadas con el copago de esas prestaciones. Será por el imperio de este artículo que estas instituciones tendrán la posibilidad de cobrar tales diferencias.
Por lo tanto, me felicito por el hecho de que aquí estemos incluyendo no sólo la patología de urgencia, sino también la electiva. En el segundo caso es justamente cuando las instituciones que presten las atenciones tendrán el tiempo necesario para convenir la forma de pago con las personas que requerirán esas atenciones, porque no estarán acuciadas por una situación de atención inmediata. En el artículo 1º se establece específicamente que “bajo ninguna circunstancia dicha atención de urgencia podrá ser negada, postergada ni condicionada a constitución de garantía alguna, ni podrá imponérsele la obligación de entregar documentos mercantiles o cheques”.
Por eso, como muy bien lo dijo el diputado señor Sergio Aguiló , el proyecto tiene un hilo conductor que va justamente hacia los pacientes, y potenciará el sentido esencial en cuanto a que la gran cantidad de leyes que hemos aprobado en los últimos diez años -mociones nacidas en la Cámara-, van directamente a beneficiar a la gente.
Muy pronto, en la Sala se discutirá el proyecto de ley sobre el sida, que también está íntimamente más ligado al paciente que a las estructuras remuneracionales o de recursos humanos, que no ayudan directamente a la gente.
También quiero enfatizar algo que aquí ya se ha sostenido: el proyecto eleva la ficha clínica a la condición de instrumento legal, que hoy no tiene. Ella es el documento que debe contener todos los datos exactos -aquí se han pormenorizado- de los pacientes que se atienden en todos los establecimientos asistenciales. Incluirá, además, los tratamientos realizados, con indicación de las dosis de medicamentos usados.
En virtud del artículo 5º, los establecimientos asistenciales deberán exhibir los listados de precios de los insumos, a fin de que sean previamente conocidos por los pacientes.
Todo esto da transparencia a un sistema que beneficia al paciente, a sus representantes o familiares.
Por último, el proyecto en debate otorga a los directores de los servicios de salud el conocimiento de las infracciones de estas disposiciones para aplicar las sanciones correspondientes.
Por eso, estamos frente a una iniciativa de extraordinaria envergadura. En esto, comparto la afirmación de los diputados señores Vilches , Riveros y Aguiló, de que contiene elementos con sentido ético, moral y de responsabilidad. Ello responde al compromiso que tenemos los parlamentarios de entregar a la población los mejores elementos que estén a su alcance para obtener mejor atención de salud.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , dentro de los muchos beneficios que reportó la campaña presidencial al país, habría que mencionar uno de los más trascendentes: poner el tema del cheque en garantía en el tapete de la opinión pública y en las prioridades del Parlamento.
Es justo recordar que la primera iniciativa parlamentaria en la materia la tuvo un grupo de connotados parlamentarios de Renovación Nacional. En 1991, encabezados por el entonces diputado Gustavo Alessandri Balmaceda -hijo del actual diputado -, parlamentarios de dicha colectividad política -no nombraré a todos para no excluir a ninguno- pusieron este tema en la agenda legislativa. ¿Qué hizo el Parlamento? Lo archivó.
Después, como bien recordaban algunos colegas, el ex diputado señor Armando Arancibia , con parlamentarios de todos los sectores políticos, presentó una iniciativa sobre la materia. Posteriormente, el diputado señor Girardi junto también a parlamentarios de todas las bancadas insistieron en el tema.
Digámoslo claro: durmió el sueño de los justos no porque la Comisión de Salud, bajo la presidencia del diputado señor Aguiló, fuera indolente o estuviera desinteresada en el tema. Por el contrario, requerimos insistentemente al Ejecutivo , al ministro de Salud , señor Álex Figueroa , para que el tema fuera incorporado en la agenda legislativa, le diera patrocinio, porque en la Comisión existía la convicción de que alguna de sus normas lo requería, y le asignara urgencia. Es más, la Comisión de Salud ofició al ministro de Salud insistiéndole en el tema, además de las conversaciones que, en las audiencias, tuvimos con el Gobierno al respecto. “No se oye, padre”. Los problemas comunes de la gente no estaban en las prioridades legislativas del Gobierno; las prioridades estaban en la agenda política.
Entonces, tuvo que venir el fragor de la campaña presidencial y -en el rigor histórico es justo decirlo- fue don Joaquín Lavín , en su calidad de candidato presidencial, en el memorable discurso que en noviembre pronunció desde los balcones del paseo Ahumada, quien anunció, dentro de las 60 medidas, la eliminación del cheque en garantía. Como un verdadero acicate, las urgencias empezaron a removerse, el Gobierno comenzó a preocuparse, los parlamentarios corrieron a pedir al Gobierno que no se le fuera a escapar de las manos “patrimonio” tan importante. Como por arte de magia, los oídos sordos del ministro de Salud se abrieron y en pocos días se incorporó en la ley de Fonasa un tema cuya importancia se había demorado meses en entenderse: el cheque en garantía.
Ése es, señor Presidente, el estricto rigor histórico de esta materia en su tratamiento desde el inicio hasta hoy.
Ahora bien, el artículo 1º del proyecto de ley es más explícito en cuanto permite ver en toda su dimensión el tema de la eliminación del cheque en garantía para las urgencias; lo refrenda y lo especifica. Por indicaciones de varios diputados, establecimos en la iniciativa anterior que las urgencias debían ser debidamente certificadas por un médico cirujano. Buena cosa; bien hecha. Hoy está en funcionamiento, y el proyecto complementará en mejor forma lo que la ley de Fonasa establece en esta materia.
Afortunadamente, la sensibilidad generada en el fragor de la campaña presidencial reabrió otro frente que nos permite enfrentar en buena forma este tema, que a todos nos preocupa -creo que no hay nadie en la Sala que no quiera eliminar la exigencia del cheque en garantía-: la sensibilidad de las isapres y del Gobierno para poner en práctica un elemento que ayudará mucho: el tema del seguro de salud para las enfermedades catastróficas.
Eso, señor Presidente , está listo. Aquí -en este documento que estoy exhibiendo- está la cobertura adicional para enfermedades catastróficas y el seguro de salud implementado, que se pone en marcha ya. Ello surgió de un acuerdo entre el Gobierno, representado por la Superintendencia de Isapres, y la Asociación de Isapres, que permitirá enfrentar el problema de fondo al cual se ven sometidos los pacientes que deben encarar un enorme costo económico por sufrir una determinada enfermedad que no tienen cómo pagar. El seguro de salud hoy día es una realidad. Va a consistir básicamente -no quiero explayarme pormenorizadamente sobre él, ya que pueden leerlo en los documentos de la Comisión de Salud- en que se tipifica la enfermedad catastrófica no desde un punto de vista de la salud, sino desde el del compromiso económico que genera la cobertura de la enfermedad sobre el paciente y la familia.
Entonces, digámoslo así de claro: gracias a este seguro, nadie quedará sin ser atendido por problemas de salud ni se le va a cobrar lo que no puede pagar en estricta relación con el ingreso que tiene. Esto es, con el deducible correspondiente, que no será otra cosa más que la suma de los copagos que el plan de salud le dé; y todo lo que el copago no financie, lo pagará el seguro de salud.
Digámoslo claro: este seguro significa que al paciente que no tenga plata para pagar el tratamiento de una dolencia cara, catastrófica -calificación que variará de acuerdo con el ingreso de las personas-, el seguro se la cubrirá.
De manera que el objetivo fundamental que buscaba el cheque en garantía, que era evitar que no se pagara la atención de salud, ahora lo cumplirá el seguro.
Con esto hemos dado un segundo paso, que pongo sobre la mesa hoy día, porque quizás muchos parlamentarios no lo conocen en detalle. Ésta es una realidad que, sin duda, apunta en la misma dirección que a todos nos preocupa.
Tercero, cuando discutimos el primer objetivo de esta normativa en el primer proyecto de ley de Fonasa, surgió la inquietud legítima de buscar algún mecanismo que nos permitiera enfrentar no sólo la urgencia, sino también las dolencias normales.
En su momento, hubo consenso en pedir al ministro de Salud que patrocinara esta iniciativa, porque, sin duda, se va a comprometer el patrimonio fiscal con la implementación de una cobertura para lo que no son atenciones de urgencia. Recuerdo perfectamente que en el fragor de la discusión y ante mi requerimiento de que el Ejecutivo estaba ausente en esta materia, y lo sigue estando, varios parlamentarios de la Concertación levantaron la mano y me dijeron: “No te preocupes, porque en los próximos días el ministro Insulza , secretario general de la Presidencia , va a enviar la indicación al Congreso sobre este proyecto de ley”. ¡Sigo esperando al ministro Insulza ! ¡Ni siquiera hoy día está presente el ministro de Salud en esta discusión tan importante!
Señor Presidente , no voy a entrar en el fondo de este tema, porque creo que mi posición es clara respecto de la necesidad de eliminar el cheque en garantía para estos efectos; pero cuando asumimos nuestros cargos en este Parlamento, juramos cumplir con la Constitución y con la ley, nos gustase o no.
Por lo tanto, solicito formalmente a la Mesa, tal como lo hice en la Comisión de Salud, que declare inadmisibles los artículos 2º y 3º del proyecto, porque afectan, por un lado, las garantías establecidas en la Constitución Política y, por otro, su artículo 62, que es claro y elocuente en esta materia, lo que pasaré a fundamentar.
El artículo 62 establece con toda claridad: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
“2º Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones”.
Aquí está el punto. En el artículo 2º le estamos dando al Fonasa la responsabilidad de asumir el papel de deudor principal, facultad que no tiene en su propia ley. Además, esto no se puede hacer mediante una moción o iniciativa parlamentaria.
En consecuencia, considero que vulnera el número 2º del artículo 62 de la Constitución, desde el momento en que se le está otorgando una función que Fonasa no tiene.
En segundo lugar, el número 3º de dicha norma constitucional dice: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
“3º Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado,...”.
Quiero recordar a los señores diputados que el propio director de Fonasa , representante del Gobierno, señaló en la Comisión de Salud que la aplicación de los artículos 2º y 3º del proyecto requiere elevar las cotizaciones actuales del 7 al 8,6 por ciento; o bien, según dicho director, incrementar el aporte fiscal en 81 mil millones de pesos, que representan más o menos el 20 por ciento del presupuesto actual de Fonasa.
¿Pueden los señores diputados imputar al presupuesto del fisco, por sí solos, sin el patrocinio del Ejecutivo, 81 mil millones de pesos? No podemos, por muy buena y loable que sea esta iniciativa, con la que estoy de acuerdo; esto requiere el patrocinio del ahora Presidente electo señor Ricardo Lagos o, si lo alcanza a hacer, del Presidente Frei , dado que aquí estamos comprometiendo las funciones, las atribuciones y la situación financiera y crediticia del Estado. Como si esto fuera poco, también estamos contraviniendo el número 6º de la tan mencionada norma constitucional, que señala: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
“6º Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado”.
Lo anterior significa que estamos estableciendo un seguro de salud que tampoco es de nuestra atribución.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito a la Mesa la declaración de inadmisibilidad de los artículos 2º y 3º del proyecto, porque así corresponde o, en su defecto, que el Ejecutivo envíe una indicación sobre esta materia, razón por la cual le pido, con la debida antelación, votar separadamente dichas normas.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló, para referirse a un asunto reglamentario.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , en mi opinión, es extraordinariamente grave que una bancada, a estas alturas de la tramitación del proyecto, esté planteando la inconstitucionalidad de dos de sus normas, aunque entiendo que la UDI está en su derecho.
El punto reglamentario es el siguiente: quiero saber a qué hora termina la discusión de este proyecto de ley y cómo la Mesa tratará lo solicitado por la bancada de la UDI, es decir, la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de esta iniciativa.
Hago esta pregunta, con el objeto de ser informados y saber si vamos a votar hoy esta materia y cuál es la posición de la Mesa ante lo solicitado.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Informo a los señores diputados que sólo el diputado señor Sergio Ojeda aún no ha hecho uso de la palabra y que continuaremos el debate de este proyecto la próxima semana, ya que no se votará hoy.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , durante aproximadamente cuatro años se ha estado discutiendo este proyecto, aparte de que también existió otra iniciativa del Ejecutivo que legislaba de manera similar respecto de estas materias, referidas concretamente al derecho de la gente de acceder a la salud.
Éste no es un proyecto simple; por el contrario, está revestido de grandes riquezas en lo que se refiere al derecho de la salud de la persona, pero más importante que el anterior, al derecho a la vida. Quizás el tema sea complejo, porque en determinadas circunstancias hay una especie de colisión de derechos entre quienes defienden los intereses particulares, como los de las clínicas, y quienes defienden los intereses generales de la patria y de la gente.
Por eso, cuando se habla del derecho a la vida y a la salud, pienso que debe existir una real consecuencia entre lo que se dice y lo que se está haciendo; porque si se presenta un recurso de inconstitucionalidad sobre dos artículos medulares del proyecto, que se refieren al cheque en garantía para atenciones de salud, es porque no se está siendo consecuente con los principios y no se está reconociendo el derecho real que tiene la gente a la salud, dada la imposibilidad de extender un cheque en garantía.
Señor Presidente , el cheque en garantía tiene un fondo importantísimo, que se relaciona con la vida y con la salud. Cuando abogamos por que se termine con la exigencia del cheque en garantía y por que la gente pueda acceder a las atenciones médicas, estamos actuando con consecuencia.
La mayor parte de las disposiciones aprobadas en particular lo fueron por unanimidad. Estuvo presente el Ejecutivo a través del ministro correspondiente, de forma que se estima que no habrá ningún problema en la aprobación de este proyecto.
Se nos pide que legislemos para la gente, que actuemos con consecuencia y que hagamos cosas. Con esta iniciativa estamos accediendo a ese clamor. ¡Qué más concreto! ¡Qué más importante para las personas que terminar con la condición oprobiosa de no poder atender su estado de salud por no tener la posibilidad de contar con un cheque en garantía! Creo que hay que legislar sobre la materia para dejar establecida la prioridad que existe respecto del derecho de la gente a la atención de salud.
Aquí se está legislando respecto de diferentes aspectos y situaciones, no sólo sobre cheque en garantía, que, por supuesto, es lo fundamental y más inmediato. Se establecen ciertas condiciones de transparencia en las atenciones y datos de las personas en las fichas clínicas. Asimismo, se aclara la situación relativa al pago de los insumos, y el precio de los medicamentos, ya que cuando se le cobra más allá de su valor, también constituye un problema para la gente.
Esto es legislar para la gente y actuar según sus necesidades reales. En estas disposiciones concordamos unánimemente en la discusión habida en la Comisión de Salud. Por eso causa extrañeza que en las comisiones trabajemos tan armoniosa y tranquilamente y que, a veces, en la Sala surjan intervenciones tan impetuosas, tan hostiles y extrañas al espíritu habido en las comisiones y que allí no han sido dichas.
Queremos que el proyecto se concrete, porque va a solucionar el problema real de la gente para acceder a las atenciones de salud. Hay dos disposiciones legales que deben ser aprobadas, que establecen que bajo ninguna circunstancia las atenciones de urgencia podrán ser ni negadas ni postergadas, ni tampoco condicionadas a constitución de garantía alguna, ni a la entrega de documentos mercantiles o cheques. Además, el artículo 3º señala que las prestaciones públicas o privadas que figuren en la oferta o plan de salud no podrán estar sujetas tampoco a ninguna exigencia o instrumentos mercantiles en blanco, incompletos o en garantía, como letras de cambio, pagarés o cheques.
Respecto del artículo 10, que elimina la acción penal del cheque dado en garantía, quiero señalar que es lógico y natural que así suceda, porque la gente cuando ingresa a un establecimiento de asistencia o a una clínica no conoce el monto total de las atenciones y después resulta una cuenta gigantesca que es imposible pagar. Entonces, no es una situación previsible y, por tanto, sería injusto que la persona sea objeto de una acción penal. Por lo demás, la acción civil no deja de tener efecto y sigue vigente respecto del cheque en garantía.
Por otro lado, la jurisprudencia en este tipo de materias ha establecido que los cheques en garantía y en blanco no tendrían ningún efecto penal cuando éstos no cumplen las condiciones o no han sido cobrados cuando se han cumplido las circunstancias para las que fueron entregados.
Por ello, el cheque en garantía, como está establecido en los artículos 1º, 2º y 3º, tiene su efecto real y su razón de ser, por lo que resulta evidente y lógico que estas disposiciones sean aprobadas. Además, el artículo 10, establecido y acordado por la Comisión, también tiene su razón de ser respecto de estas situaciones.
Es importante, razonable y justo que esta normativa se cumpla y no sigamos aprobando y despachando iniciativas que no tienen ninguna aplicación o que sus destinatarios ignoren o, sencillamente, las interpretan interesadamente, como está ocurriendo con las actuaciones abusivas de las empresas de cobranza, que afecta a tanta gente, y que hoy están escabullendo y eludiendo el cumplimiento de la ley correspondiente, y siguen abusando e insistiendo en actos ilícitos que, justamente, quisimos evitar.
Respecto de la exigencia del cheque en garantía hay ciertos servicios de asistencia médica o clínicas que no están cumpliendo las disposiciones legales vigentes, y nosotros queremos que se respeten. Queremos ser muy claros en legislar, que la ley tenga su efecto, que reglamente, regule o evite las situaciones difíciles y graves que afectan a la gente. Por ello, es importante aplicar la disposición establecida en el artículo 9º del proyecto, relativo a la competencia y monto de las sanciones, para que esta iniciativa no sea sólo una enunciación o una mera declaración de intenciones, por lo que se indican de manera expresa las sanciones y la competencia de quien las aplica. Al director del servicio de salud pertinente le va a corresponder el conocimiento de las infracciones a estas disposiciones legales, previo sumario. Las sanciones son bastante elevadas: de 10 a 500 unidades tributarias mensuales.
Los dos gobiernos de la Concertación han sido muy consecuentes respecto del problema de la salud y la misma consecuencia han tenido para proteger la vida, ya que la actitud para defender la salud no aflora sólo en época de elecciones: siempre hemos tenido una verdadera vocación de protección de la vida y de la salud, y las priorizamos por sobre cualquier interés particular o pecuniario que las pueda opacar o neutralizar.
Por las razones ya expuestas, voy a votar favorablemente todo el articulado del proyecto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
El debate del proyecto continuará la próxima semana.
Están inscritos los diputados señores Villouta, José García, Ibáñez, Álvarez, Alvarado, Leay y Ortiz.
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