REPUBLICA DE CHILECAMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIASesión 19ª, en martes 12 de mayo de 1998(Ordinaria, de 11.10 a 14.36 horas) Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg, y Naranjo Ortiz, don Jaime. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.PUBLICACIÓN OFICIALREDACCIÓN DE SESIONES ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTRO DOCUMENTO DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 6 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta Archivo de proyectos 9 V. Fácil Despacho. - Concesión de nacionalidad chilena a sacerdote Manuel Bahl Sack. Primer trámite constitucional 10 - Monumento en memoria de Carlos Condell de la Haza. Segundo trámite constitucional 14 VI. Orden del Día. Reajuste del ingreso mínimo mensual. Primer trámite constitucional 18 VII. Proyectos de acuerdo. - Asignación profesional a empleados fiscales con estudios académicos no reconocidos. (Continuación) 38 - Mayores recursos para Bomberos 39 - Creación de centro de atención integral para discapacitados 42 VIII. Incidentes. - Alcance sobre construcción de dependencias en el Senado 44 - Construcción de vertedero en Talagante. Oficio 45 - Exigencias excesivas en colegios de Iquique. Oficios 46 - Mantención de caminos en Región Metropolitana. Oficios 46 - Reconocimiento a desempeño del personal del hospital de Vallenar. Oficios 47 - Aniversario de la Cruz Roja. Oficio 47 - Solidaridad con el pueblo argentino. Oficio 47 - Tarifas del agua potable. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución) 48 - Normas complementarias y reglamentarias emanadas de la ley Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución) 50 - Adquisición de avión presidencial y uso de transporte aéreo por autoridades públicas. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución) 51Pág. - Antecedentes sobre proyectos de electrificación y obras sanitarias del programa Fosis. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución) 53 - Información sobre medidas en favor de personal y servicios de urgencia del país. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución) 54 - Incumplimiento de contrato de obra pública en Octava Región. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución) 55 - Inconsecuencia de la Oposición en ejercicio de acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados 55 - Solución a crisis de Arica y Parinacota. Oficios 56 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica. (boletín N° 2167-13) 58 2. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención y dicta normas de protección de los derechos del ciudadano. (boletín N° 914-07) 58 3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto de acuerdo referido a la aprobación del Convenio sobre traslado de personas condenadas, adoptado por el Consejo de Europa, el 21 de marzo de 1983. (boletín N° 1769-10) 59 4. Oficio y antecedentes del Senado por el cual comunica que ha dispuesto el archivo, previa consulta a la Cámara de Diputados, de los siguientes proyectos: 59a) Dispone la cancelación de anotaciones en el Boletín Comercial, en los casos que indica. (boletín N° 324-05), y b) Garantiza la probidad de las autoridades y jefes de servicios públicos, diputados y senadores. (boletín N° 966-07). 5. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que reajusta el monto del salario mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica. (boletín N° 2167-13) 60Pág. 6. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que reajusta el monto del salario mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica. (boletín N° 2167-13) 67 X. Otro documento de la Cuenta. 1. Comunicación: -Del Diputado señor Aguiló, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 7 de mayo en curso, para dirigirse a Venezuela. I. ASISTENCIA-Asistieron los siguientes señores Diputados: (109)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20Alvarado Andrade, Claudio IND X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60Allende Bussi, Isabel PS RM 29Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Ávila Contreras, Nelson PPD V 11Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caminondo Sáez, Carlos RN X 54Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31Cornejo González, Aldo PDC V 13Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24Delmastro Naso, Roberto IND X 53Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Espina Otero, Alberto RN RM 21Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García Ruminot, José RN IX 50García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19León Ramírez, Roberto PDC VII 36Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longton Guerrero, Arturo RN V 12Longueira Montes, Pablo UDI RM 30Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monge Sánchez, Luis IND IX 48Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7Pareto González, Luis PDC RM 20Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Pollarolo Villa, Fanny PS II 3Prochelle Aguilar, Marina RN X 55Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46Rojas Molina, Manuel UDI II 4Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soto González, Laura PPD V 14Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Vega Vera, Osvaldo RN VII 40Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15Venegas Rubio, Samuel IND V 15Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Ignacio PDC V 10 -Con permiso constitucional estuvo ausente la Diputada señora María Antonieta Saa. -Asistieron, además, el Ministro de Economía, señor Álvaro García, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan Villarzú. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.10 horas. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El acta de la sesión 14ª se declara aprobada. El acta de la sesión 15ª queda a disposición de los señores diputados y diputadas. IV. CUENTA El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ojeda, sobre la Cuenta. El señor OJEDA.- Señor Presidente, la letra a) del número 4 se refiere al archivo de un proyecto, originado en una moción, que dispone la cancelación de anotaciones en el Boletín Comercial y que favorece especialmente a quienes fueron afectados por la depresión económica de los años 1978 a 1982, reglamentando diversas situaciones de manera muy especial. No sé si es la instancia para oponerme al archivo, pero en el evento de que no sea procedente, pido que se soliciten antecedentes acerca de los motivos que ha tenido el Senado para disponer esta medida respecto de un proyecto tan importante y de tantas connotaciones como éste y que, además, reitero, beneficia a personas que sufrieron las consecuencias de la depresión económica de los años ochenta, por cuanto les permite limpiar sus antecedentes comerciales, ya que hasta ahora les ha sido imposible rescatar los documentos que en su momento entregaron a empresas que quebraron. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, la Comisión de Economía está preocupada de esta materia. En consecuencia, sugiero que el referido proyecto si es posible, pase a dicha Comisión para su tratamiento. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señor diputado, el proyecto no ha sido remitido a la Cámara, sino que el Senado solicita nuestro acuerdo para proceder a su archivo. Por lo tanto, procede aprobar o rechazar la petición de archivo. En caso de rechazo, el Senado debe continuar el tratamiento del proyecto y, en su oportunidad, dependiendo de aquello, volvería a conocimiento de la Comisión. ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Diputado señor Ojeda, en el sentido de rechazar el archivo del proyecto indicado? Acordado. ¿Habría acuerdo en aprobar el archivo del otro proyecto solicitado por el Senado? Acordado. V. FÁCIL DESPACHOCONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A SACERDOTE MANUEL BAHL SACK. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En Fácil Despacho, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote don Manuel Bahl Sack. Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Alejandro García-Huidobro. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 1995-17, sesión 53ª, en 18 de marzo de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 5. -Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 39ª, en 8 de septiembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 11. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa, en su primer trámite constitucional y reglamentario, este proyecto de ley, iniciado en moción de los ex Diputados señores Luis Valentín Ferrada, Sergio Morales y Juan Carlos Latorre, y de los actuales Diputados señores Juan Pablo Letelier, Sergio Ojeda, Alberto Cardemil y de quien habla. En el transcurso del debate en Comisión, he reafirmado los conceptos vertidos en la moción, en la cual, además, están suficientemente expuestos los antecedentes acerca de la obra social, el ejemplo de vida y los notables servicios prestados por el padre Manuel Bahl a las comunidades en las que le ha tocado desempeñarse, que justifican la idea de legislar y sus fundamentos y el beneficio que se propone concederle. Nuestra Constitución Política permite conceder por ley la nacionalidad chilena, por especial gracia. Esta posibilidad se reserva a aquellas personas que hayan brindado importantes servicios a Chile o a la humanidad. Como se trata de un honor, no se exige al beneficiario renunciar a su nacionalidad anterior. A partir de un acuerdo adoptado en la sesión del 6 de agosto de 1997, la Comisión acordó los criterios básicos que se deben tener presente para aprobar proyectos de ley que propongan el otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia. Un estudio histórico de todas las leyes que han concedido este beneficio a extranjeros, desde los inicios de nuestra vida independiente hasta ahora, en que se mencionaban cada uno de los casos con sus antecedentes biográficos, tiempo de permanencia en el país, servicios prestados a la Nación durante su residencia en Chile y la edad en que se había obtenido la nacionalización por ley, permitió fijar los criterios que el legislador debe tener en consideración al conceder tan alto merecimiento a un extranjero. A juicio de la Comisión, es necesario tener presente lo siguiente: los servicios prestados a la nación deben ser notables y brindados por un tiempo prolongado; la edad del beneficiario, ya que éste es un reconocimiento a una persona que ha hecho toda una vida en Chile y que se siente chileno; que sea un líder en su comunidad y que ésta lo reconozca como tal; debe tratarse de una persona que no utilice este beneficio con un fin ajeno al considerado para otorgarlo; que no se preste, por ejemplo, para una situación comercial transitoria, que no comercialice esta concesión, etcétera. Además de estos referentes, la Comisión exige y exigirá a los autores de proyectos de esta naturaleza, que acompañen antecedentes escritos y documentos fundantes de su iniciativa, especialmente, los datos de identificación del beneficiario, para evitar errores y falta de seriedad en estos proyectos, como ocurrió en una oportunidad anterior.Antecedentes que fundamentan el proyecto. El Padre Manuel Bahl Sack nació en Argentina el 27 de junio de 1931. El 21 de septiembre de 1957 ingresó al Seminario de la Congregación del Verbo Divino, de Buenos Aires. Por decisión de su congregación es enviado a Chile el 28 de diciembre de 1958 para trabajar en el Liceo Alemán de Santiago. Pero su vocación de servicio y apostolado religioso lo inclinaron al trabajo comunitario. Por ello, la orden decide enviarlo al sur de Chile, donde trabajó durante cinco años con las juventudes obreras católicas de la ciudad de Osorno y como párroco de la iglesia El Carmen. Después de una breve ausencia de Chile, es trasladado a la ciudad de Rancagua en 1968. Allí asume funciones en la parroquia San José Obrero de La Granja, donde se encuentra con una comunidad que vivía en muy precarias condiciones. Debió empezar de cero en el tema de la urbanización y de la evangelización. Los comienzos para este hombre no fueron fáciles. Apenas asistían veinte personas a sus misas, pero su tarea de acercamiento a la gente no desmayó y paulatinamente fue ganándose a los pobladores para su causa religiosa y para su importante causa social. Comenzó por conseguir la colocación de soleras en las calles; más tarde, vinieron las veredas, el relleno de los hoyos, etcétera, obras en las cuales siempre aportó su propio trabajo manual. La primera vez que salió del templo con pala en la mano fue para preparar el terreno en la instalación de las soleras, hecho que le granjeó rápidamente el cariño de los rancagüinos. Con el objeto de asegurar viviendas a la gente más necesitada de su comunidad, se abocó a la compra de sitios; con los títulos de propiedad en mano, comenzó la construcción de algunas villas. Pero su labor no se detuvo allí. Con gran preocupación se dedicó, en forma pionera en Rancagua, a la rehabilitación de los jóvenes presa de los flagelos de la drogadicción y del alcoholismo, creando centros de especialización para estos efectos. Después de 39 años de permanecer en Chile, el balance de su obra es elogioso. Ha sido formador de diversas comunidades religiosas en las poblaciones Dinstrans, Rancagua, Centenario, Santa Julia, Siete Puentes y Lo Conty, entre otras. La Comisión ha recibido el testimonio escrito de representantes de la comunidad del sector de Manzanar de la parroquia San José Obrero, y de pobladores, colegios y juntas de vecinos, firmados por numerosas personas, que dejan constancia de los hechos que acreditan su labor y los méritos que constituyen el fundamento del honor de que se conceda al padre Manuel Bahl Sack la nacionalidad chilena, por especial gracia. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía acordó, por unanimidad, recomendar a esta honorable Cámara la aprobación del siguiente proyecto de ley: “Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al padre Manuel Bahl Sack.” He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, quiero entregar un testimonio personal y como parlamentario por Rancagua acerca de lo necesario, oportuno y justo que es otorgar la nacionalidad, por gracia, al padre Manuel Bahl. Quizás la obra de este sacerdote es desconocida por muchos y no tiene la trascendencia pública de otras personalidades a quienes la Cámara ha otorgado la nacionalidad. Sin embargo, quiero decir que la obra del padre Manuel Bahl está impregnada de humildad, humanidad, caridad y solidaridad, y ha sido reconocida por toda la comunidad rancagüina y por todos los estratos sociales con los que ha trabajado, en especial por los sectores más pobres de Rancagua. Junto a otras personas compró terrenos, para aquellos que carecían de vivienda, formó comités de allegados y obtuvo casas para esa gente. Para atender a los jóvenes y evitar que caigan en la droga -o para aquellos que han caído en ella-, ha formado centros de rehabilitación en Rancagua, con el fin de prevenir y combatir este flagelo que afecta a la juventud. En 1995, la municipalidad de Rancagua le otorgó una medalla por servicios distinguidos prestados a la comunidad. Es decir, estamos frente a una persona que ha entregado gran parte de su vida al trabajo comunitario; que ha solidarizado especialmente con los jóvenes de Rancagua que están sufriendo el flagelo de la drogadicción. Como dije con anterioridad, me parece justo y necesario reconocer a una persona que desde hace veinte años ha entregado todo su esfuerzo y ha encabezado muchos movimientos para mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre de Rancagua. Por eso, la bancada del Partido por la Democracia apoyará el proyecto. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, anuncio los votos favorables de la bancada democratacristiana al proyecto que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Manuel Bahl Sack. Lo hago en virtud de los antecedentes acompañados a la Comisión, por la gran relevancia de la obra social que este sacerdote ha realizado en diferentes partes del país, incluso en mi distrito, en la ciudad de Osorno, donde realizó una labor pastoral y social trascendente. En virtud de lo dispuesto en el Nº 5º del artículo 10 de la Constitución Política, se otorga nacionalidad, por especial gracia, a todos aquellos que hubieren prestado grandes servicios o aportes a la Patria o a la humanidad, constituyéndose en una de las pocas materias en que los diputados podemos presentar proyectos de ley ante la Cámara. Por su parte, el Nº 5) del artículo 60 señala que son materias de ley las que regulan honores públicos a los grandes servidores. Este sacerdote, como muchas otras personas en los períodos legislativos transcurridos desde 1990, ha cumplido los requisitos necesarios para recibir este beneficio. En nombre de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual soy Presidente, y como elemento pedagógico, didáctico e informativo, quiero señalar que en la sesión del 6 de agosto de 1997 se establecieron los criterios básicos, que no son absolutos y pueden ser modificados o adaptados, para aprobar los proyectos que propongan el otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia. Informo a la Sala que sostuve una conversación con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que dichos criterios sean uniformes. Ellos son: 1. Que los posibles beneficiados hayan prestado servicios o entregado beneficios notables al país;2. Que dichos servicios se hayan brindado por un tiempo prolongado; 3. Que se considere la edad, ya que, en general, es un reconocimiento a una persona que ha consagrado toda su vida al país, que se siente chileno, pero que no adopta la nacionalidad chilena porque, para hacerlo, debe renunciar a su nacionalidad de origen; 4. Que sea un líder en su comunidad y que ésta lo reconozca como tal, y5. Que se trate de personas que no utilicen este beneficio con un fin ajeno al considerado para su otorgamiento; que no se preste, por ejemplo, para una situación comercial transitoria o que se comercialice esta concesión. Para postular a este beneficio se deberán acompañar todos los antecedentes que justifiquen el otorgamiento de la nacionalidad chilena por gracia. Además, la Comisión deberá oficiar al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior para recabar todos los antecedentes referidos a la individualización de la persona beneficiada y su permanencia en el país. De esta manera, los distinguidos colegas toman conocimiento de las condiciones y requisitos para tramitar un proyecto de esta naturaleza que, sin duda, es de trascendencia para quienes merecen el beneficio, como es el caso del padre Manuel Bahl Sack, que tal como las demás personas beneficiadas, a través de su trayectoria, ha reunido los requisitos suficientes para ser acreedor a la concesión de la nacionalidad chilena, por gracia, sin renunciar a la de origen. Por las consideraciones expuestas, mi bancada votará a favor el proyecto. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Están inscritos dos señores diputados más para hacer uso de la palabra. El Reglamento establece que en la tabla de Fácil Despacho deberá darse la palabra por cinco minutos para apoyar el proyecto y por otros cinco para impugnarlo. Solicito el acuerdo de la Sala para que puedan hacer uso de la palabra hasta por tres minutos los señores diputados inscritos. Acordado. Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, quiero sumarme al reconocimiento al padre Manuel, quien, en los últimos 30 años, ha realizado una labor espectacular en Rancagua. Se trata de un amigo de la nación argentina que ha dedicado lo mejor de su vida a trabajar por los pobres y los necesitados en diversas comunidades de la Sexta Región, tanto en Rancagua -en especial, en el último tiempo, en la parroquia San José Obrero, de La Granja- como en diferentes poblaciones de gran proyección en nuestra región, y también en la comuna vecina de El Olivar, en los sectores de Gultro y Lo Conty. Su participación en comunidades religiosas como Distrans, Centenario, Santa Julia y Siete Puentes permite decir, con claridad, que se está frente a un hombre excepcional, que ha aportado al desarrollo del país y promovido aquellos valores que debemos saber defender; o sea, es un hombre que merece el reconocimiento que le brindan la Cámara de Diputados y el Senado al otorgarle la nacionalidad chilena. Ya en fecha reciente fue destacado por la municipalidad de Rancagua, donde se le distinguió con la medalla al mérito Santa Cruz de Triana. Pero más importante que lo que nosotros o el municipio de Rancagua podamos hacer es lo que hay detrás de este documento que tengo en mis manos, en el cual aparecen miles de firmas de familias humildes, de trabajadores, de pobladores, de personas cuyos números de cédula de identidad van desde los 4 millones hasta los 15 millones, lo que demuestra que hablamos de una persona que ha transmitido a generaciones su trabajo valórico, práctico, en la construcción de infraestructura y, sobre todo, que ha entregado esperanza durante tres décadas a familias de gran esfuerzo. Muchos de quienes conocemos al padre Manuel en la Sexta Región podemos decir que da mucho gusto ver a un sacerdote que toma sus votos y adquiere un compromiso con los pobres en forma integral, que está con ellos en las buenas y en las malas, que va al terreno, trabaja, vibra y sufre con ellos. Por lo anterior, deseo expresar mi reconocimiento personal al padre Manuel y expresar que la bancada socialista votará a favor el proyecto. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, nos sumamos absolutamente al proyecto que reconoce el trabajo maravilloso que ha hecho el padre Manuel Bahl Sack en Chile. En cierta forma, también debemos agradecer al pueblo argentino, que lo formó y con el cual vivió hasta los 27 años, porque permitió formarse a un hombre de profundas virtudes morales, que vino a trabajar en un país hermano. Ello habla muy bien de cómo debe ser la integración: no sólo a través de valores económicos, sino también espirituales. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. Queda despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Alessandri, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña María Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Riveros, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Venegas y Villouta.MONUMENTO EN MEMORIA DE CARLOS CONDELL DE LA HAZA. Segundo trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que autoriza erigir, en la ciudad de Iquique, un monumento en memoria del Contraalmirante don Carlos Condell de la Haza. Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Edmundo Villouta. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín Nº 1709-04 (S), sesión 35ª, en 9 de septiembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 13. -Informe de la Comisión de Educación, sesión 40ª, en 9 de septiembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 2. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, debo entregar el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, sobre el proyecto que autoriza erigir en la ciudad de Iquique, un monumento en memoria de este distinguido y gran héroe naval, contraalmirante Carlos Condell, que ocupa un lugar preferente en nuestra historia naval. Don Carlos Condell, hijo de don Federico Condell y doña Manuela de la Haza, nació en Valparaíso, el 14 de agosto de 1844. A los cinco años de edad, ingresa al Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso. En ese mismo período fallecen su padre y su madre y queda huérfano junto a sus nueve hermanos. Sus tutores, entonces, adoptan la decisión de incorporarlo al Colegio Inglés, donde termina sus estudios primarios. El 29 de julio de 1858, a la edad de catorce años, movido por una fuerte vocación marinera, ingresa como cadete a la Escuela Naval, para formar parte del llamado “curso de los héroes”, junto a don Arturo Prat, don Juan José Latorre, don Luis Uribe, don Ignacio Serrano y don Jorge Montt, entre otros próceres. El 15 de julio de 1861, a los 17 años, alcanza el grado de guardiamarina de la Armada de Chile. Su primera destinación es como oficial a bordo del vapor “Maipo”, en funciones de aprovisionamiento y traslado de tropas a la Araucanía y al norte del país. Declarada la guerra a España, en 1865, se embarca bajo las órdenes del Comandante Juan Williams Rebolledo. Desempeña comisiones en Chiloé y en las islas Chinchas, en Perú, correspondiéndole participar, el 26 de noviembre de 1865, en el combate de Papudo. A bordo de la “Covadonga”, el 8 de febrero de 1866, interviene en el combate de Abtao. En el carácter de teniente 2° de la Marina chilena y con dos condecoraciones a su haber, deja de prestar servicios el 5 de abril de 1867, para desarrollar otras actividades. Sin embargo, la añoranza de la vida marinera puede más y, siete meses más tarde, se reincorpora a la armada, con el cargo y rango que ostentaba, siendo inmediatamente destinado a la “Esmeralda”. En esa condición, viajó en noviembre de 1868 a Lima, con la misión de repatriar a Chile los restos mortales del General don Bernardo O’Higgins. Luego, pasa a servir sucesivamente en el “Abtao” y en la “Chacabuco”, a cuyo mando se encontraba el comandante don Enrique Simpson. En 1869, es ascendido a teniente 1°. El 21 de marzo de 1872, guiado por intereses comerciales, se acoge nuevamente a retiro. Luego de cuatro años de ausencia se reincorpora a la armada, la que lo comisiona a Tahití y Pascua. Conoce en esa época a quien será más tarde su cónyuge, doña Matilde Lemus Valdivieso. Al regresar, es designado ayudante de la gobernación marítima de Valparaíso con el grado de capitán de corbeta. Al declararse la Guerra del Pacífico, Carlos Condell asume el mando del vapor “Abtao” y concurre, junto a la escuadra chilena, al bloqueo de Iquique. En los primeros días de mayo de 1879 es nombrado comandante de la goleta “Covadonga”. Poco después, le corresponderá continuar el bloqueo del puerto nortino con la “Esmeralda”, a la sazón al mando del Capitán Prat. El resto de la escuadra siguió rumbo al norte. El 21 de mayo, alertados los bloqueadores por la presencia del “Huáscar” y la “Independencia”, enfila su barco hacia el sur y entra en combate con el enemigo. Perseguido por la “Independencia” y navegando a orillas de la costa, advierte que, frente a Punta Gruesa, la “Covadonga” ha tocado con sus fondos en los arrecifes, lo que lo lleva a prever que la nave enemiga, de continuar su persecución, habrá de encallar en ellos, dado su mayor calado y envergadura. Efectivamente, la “Independencia” es presa de los arrecifes, situación que permite a Condell hacerse con la victoria. El hecho narrado representó para el Perú la pérdida del 50 por ciento de su capacidad naval, y para Chile, el control de una parte del Pacífico, el que se afianzará posteriormente cuando el comandante don Juan Latorre, al mando de las acciones navales chilenas, logre capturar al monitor “Huáscar” en el combate de Angamos. Con posterioridad a la Guerra del Pacífico, donde le cupo una participación destacadísima en diversas acciones bélicas, el 21 de mayo de 1881 es ascendido a capitán de navío y enviado a Europa por tres años en comisión de estudio. A su regreso, se desempeña como agregado al Ministerio de Guerra y Marina, para en l886 servir como mayor general del Departamento de Marina. El 28 de octubre de 1886 asume la comandancia del blindado “Cochrane” y, más tarde, el 28 de marzo de 1887, la del “Blanco Encalada”. El 12 de agosto de 1887, encontrándose gravemente enfermo, el Gobierno le confiere el grado de Contraalmirante de la Armada de Chile, en reconocimiento a sus meritorios servicios. Falleció el 24 de octubre de 1887 en la ciudad de Quilpué, a los 43 años. Dado que en mayo se celebra justamente el Mes del Mar, espero que la honorable Cámara apruebe el proyecto que he informado. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Señores diputados, restan tres minutos para el término de la tabla de Fácil Despacho. Solicito el acuerdo de la Sala para extenderla hasta por 10 minutos para poder despachar el proyecto. ¿Habría acuerdo? Acordado. Están inscritos los Diputados señores Jorge Ulloa, la señorita Sciaraffia y el señor Juan Bustos. Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa, hasta por tres minutos. El señor ULLOA.- Señor Presidente, intervengo en mi calidad de integrante de la Comisión de Educación y en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente para apoyar en forma entusiasta la idea de erigir un monumento en memoria del Contraalmirante don Carlos Condell. Es importante señalar que el Contraalmirante Condell pertenece claramente al “curso de los héroes”, el mismo que integró el Comandante de máxima gloria de nuestra Armada Nacional, don Arturo Prat; el almirante Juan José Latorre, el teniente Luis Uribe, don Ignacio Serrano y don Jorge Montt, todos ellos grandes patriotas que han servido a la patria desde la Armada Nacional. Es importante destacar que, en la práctica, el Contraalmirante Condell fue el triunfador en la hazaña del 21 de mayo de 1879, lo que refleja la característica de un marino valiente, honesto, honrado, que con sus dotes de piloto y de buen comandante mostró la posibilidad de restarle a quienes entonces eran nuestros enemigos, el 50 por ciento de su poderío naval. Sin duda alguna, el Contraalmirante don Carlos Condell de la Haza merece no sólo éste, sino el reconocimiento verdadero que le ha dado la historia, junto a Prat, como también la ciudadanía, porque fue un hombre que, además de salir victorioso en el combate, prestó servicios muy distinguidos a la patria. Sinceramente, me parece que éste es un reconocimiento mínimo, y por esa razón la Unión Demócrata Independiente apoya con entusiasmo el proyecto. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la Diputada señorita Antonella Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, mayo es un mes particularmente significativo para todos los iquiqueños, por lo cual no puede ser más propicia la ocasión para que la Cámara apruebe el proyecto de erigir un monumento en memoria del Contraalmirante Carlos Condell, quien no sólo ha dado prestigio al país, sino que también ha demostrado que, con inteligencia y creatividad, sin grandes recursos -como ocurrió en la batalla en que salió victorioso-, las cosas se pueden hacer bien. Para quienes hemos nacido en Iquique es muy reconfortante y satisfactorio este proyecto. Por eso, en nombre de la gente de Iquique y de la bancada de la Democracia Cristiana, que me acompaña, solicito su aprobación. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS (don Juan).- Señor Presidente, quiero hablar en nombre de todos los habitantes de Quilpué -parte de mi distrito-, porque para ellos constituyó un gran honor el hecho de que Carlos Condell eligiera esa ciudad -donde fa-lleció- para vivir los últimos años de su vida. Este homenaje se lo merece un héroe como Carlos Condell; porque héroe es quien representa a todo un pueblo, aquel que permite la unidad de un pueblo con su persona y, por lo tanto, en ese momento, con sus Fuerzas Armadas. Por eso es de toda justicia conferir hoy el honor -que puede ser mínimo- de erigir un monumento en Iquique a quien justamente logró expresar la unidad entre pueblo y persona. He dicho. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general y particular el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Arratia, Alessandri, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña María Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Mesías, Molina, Monge, Montes, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Riveros, Rocha, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches y Villouta. VI. ORDEN DEL DÍAREAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Primer trámite constitucional. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Manuel Bustos. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 2167-13, sesión 18ª, en 7 de mayo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Trabajo y Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 5 y 6, de esta sesión. El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Recuerdo a la Sala que el proyecto está calificado como de discusión inmediata y que, por tanto, corresponde debatirlo en general y en particular. Por esa razón, de acuerdo con la norma reglamentaria, cada señor diputado podrá hablar hasta dos veces y la duración máxima de cada discurso será de cinco minutos. Solicito el acuerdo de la Sala para despachar el proyecto en la sesión de hoy y votarlo al término del Orden del Día. Acordado. Pido, asimismo, el asentimiento de la Cámara para autorizar el ingreso a la Sala del Ministro de Economía, de los Subsecretarios de Hacienda y del Trabajo, y del señor Alberto Arenas, asesor del Ministerio de Hacienda. No hay acuerdo. Tiene la palabra el señor Manuel Bustos, informante de la Comisión de Trabajo. El señor BUSTOS (don Manuel).- Señor Presidente, quiero entregar una opinión general acerca de los comentarios de la Comisión con relación al proyecto. La Comisión de Trabajo felicitó, en forma unánime, al Gobierno y a la CUT por haber llegado a este acuerdo de gran trascendencia, no tanto por sus montos, pues la gente siempre espera más, sino por la señal que se ha dado al país en cuanto al manejo económico y a la búsqueda de entendimientos. Eso, de alguna manera, es lo que se ha privilegiado en los últimos ocho años, es decir, la búsqueda del diálogo permanente a fin de resolver racionalmente los problemas y conflictos que afligen a la gente. Por lo tanto, por su intermedio, quiero transmitir un saludo al Presidente de la República y a los Ministros de Hacienda, del Trabajo y de Economía, junto con representarles el valor que damos a este acuerdo altamente significativo para el país. El 6 de mayo del año en curso se celebró un acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno relativo a diversas materias de índole laboral, entre las cuales se destacó precisamente el incremento del ingreso mínimo mensual por un período de tres años. En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como asimismo de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que las ideas matrices o fundamentales del proyecto son reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, a contar del 1 de junio de 1998; reajustar también las asignaciones familiar y maternal del sistema único de prestaciones familiares y el subsidio familiar para personas de escasos recursos. Además, otorgar a los pensionados un bono de invierno y un aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad para 1998. Tales ideas matrices o fundamentales se encuentran desarrolladas en el proyecto en informe en 9 artículos permanentes que regulan las siguientes materias.Ingreso mínimo. El salario mínimo ha cumplido un importante rol en la economía como instrumento para corregir fallas en el mercado laboral. Ello justifica su mantención, pues asegura un piso salarial fundamentalmente a los trabajadores que no pueden negociar colectivamente o tienen dificultades por las condiciones en que trabajan. De igual modo, las relaciones laborales requieren desarrollarse en un marco de estabilidad que otorgue seguridad tanto a los trabajadores como a los empleadores, respecto de la evolución futura de ciertas variables o claves. A este objetivo contribuye el ingreso mínimo. En tal sentido, este proyecto da un importante paso adelante al fijar anticipadamente el ingreso mínimo mensual que regirá a contar del 1 de junio de 1998 y hasta el año 2000, evitando de esta manera la incertidumbre y los riesgos asociados a una negociación anual. Específicamente, el proyecto, en su artículo 1º, eleva el ingreso mínimo mensual de 71.400 pesos a 80.500 pesos, a contar del 1 de junio del presente año. Este monto será de 90.500 pesos y de cien mil pesos, a contar del 1 de junio de 1999 y del año 2000, respectivamente. Asimismo, a contar del 1 de junio del presente año, se fija en 66.361 pesos, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años. El valor de este ingreso mínimo se elevará a 71.670 pesos y a 77.404, a contar de junio de los años 1999 y 2000, respectivamente. Por último, a contar del 1 de junio del presente año, se establece en 57.342 pesos el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales, valor que se incrementará a 61.929 y a 66.883 pesos, a contar del 1 de junio de los años 1999 y 2000, respectivamente. El artículo 2º tiene por objeto clarificar la situación de los profesionales funcionarios afectos a la ley Nº 15.076. Para éstos, en conformidad al artículo 7º de dicho cuerpo legal, se calculaba el sueldo base de sus remuneraciones en sueldos vitales, hoy ingreso mínimo. Sin embargo, a partir de 1983, al no reajustarse el valor del ingreso mínimo, se optó por hacer extensivos a estos profesionales funcionarios los reajustes generales de remuneraciones de los funcionarios de la Administración Pública que se otorgan periódicamente. Por ello, en cada ley de reajuste de los ingresos mínimos se procede a excluirlos en forma expresa.Asignaciones familiar y maternal y subsidio familiar. En segundo lugar, este proyecto también reajusta, a contar del 1º de julio de 1998, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y el subsidio familiar para personas de escasos recursos establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020. En efecto, el artículo 3º reajusta, a contar del 1 de julio de 1998, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. La necesaria focalización con que las asignaciones familiares deben ser entregadas a sus beneficiarios, justifica mantener la actual diferenciación por tramos. Por lo tanto, el citado beneficio se fija en 3.025 pesos mensuales por carga a los beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 91.800 pesos; en 2.943 pesos por carga para los beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 91.800 pesos y no exceda los 186.747 pesos; y en 1.000 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 186.747 pesos y no exceda los 365.399 pesos.Bono de invierno y aguinaldo. Considerando la difícil situación que afecta a muchos pensionados, se ha decidido asignar nuevamente este año un bono de invierno, cuyo monto ha sido reajustado en un 9,5 por ciento respecto del valor del año pasado; también se otorgan los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad de 1998. Estos beneficios se otorgan por una sola vez cada año a los pensionados que se indican en cada caso en los artículos 5º y 6º del presente proyecto. En este sentido, el artículo 5º concede, por una sola vez en 1998, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744, y a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual a 60.899 pesos, y a los beneficarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, un bono de invierno de 24.090 pesos. Éste se pagará en junio del referido año a todos los pensionados antes señalados que al primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad. Este bono será de cargo fiscal y no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal. Tampoco será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. No tendrán derecho a este bono quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el seguro social de la ley Nº 16.744, o de pensiones de gracia, siempre que la suma de ellas supere los 60.899 pesos. Por su parte, el artículo 6º otorga, por una sola vez, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, que tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto de 1998, un aguinaldo de Fiestas Patrias de 1998, de 7.603 pesos. Éste se incrementará en 3.914 pesos por cada persona que a la misma fecha tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Al mismo aguinaldo, con el incremento cuando corresponda, tendrán derecho quienes al 31 de agosto de 1998 sean beneficiarios de las pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos a que se refiere el decreto ley Nº 869, de 1975; de las establecidas en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política de la ley Nº 19.123, y de las indemnizaciones del artículo 11 de la ley Nº 19.129. Asimismo, se concede un aguinaldo de Navidad de 1998 a todos estos pensionados, el que ascenderá a 8.721 pesos por cada pensionado, que se incrementará en 4.922 pesos por cada persona que a la misma fecha tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Estos aguinaldos presentan las mismas características y condiciones establecidas en leyes anteriores sobre la materia, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 6º y 7º del proyecto.Otras disposiciones. El artículo 8º extiende el límite que la ley Nº 18.469 dispone para que el Estado cubra el valor total de las prestaciones médicas a que se refiere dicho cuerpo legal, a los afiliados al régimen de prestaciones de salud cuyo ingreso mensual no exceda de 80.500 pesos. En consecuencia, dicho límite, que actualmente es de 71.400 pesos, se eleva hasta la cantidad señalada, favoreciendo de este modo a un mayor número de personas de escasos recursos. Por último, el artículo 9º señala el financiamiento del mayor gasto fiscal que representará la aplicación del proyecto, el que se efectuará durante l998 con transferencias del ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del presupuesto vigente. No existen normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. La Comisión estimó que todo el articulado del proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. El proyecto se aprobó por unanimidad en general y en particular. Durante su discusión, el señor Ministro de Hacienda subrogante, don Manuel Marfán, expresó que el proyecto establece, al igual que en años anteriores, un mejoramiento del ingreso mínimo, pero con la diferencia de que se aplicará por un período de tres años. El primer nivel, por lo tanto, lo eleva de 71.400 pesos a 80.500 pesos, a contar del lº de junio de 1998. Sus observaciones son importantes. Entendemos que este mejoramiento económico tiene un gran significado. La Comisión, en general, lo valoró, pero piensa que hay que seguir buscando fórmulas para mejorar sustancialmente el diálogo entre las organizaciones sociales y el Gobierno. Las cifras corresponden a un mejoramiento del ingreso mínimo de 12,7 por ciento para 1998, de un 12,4 por ciento para 1999, y de un 10,5 para el 2000. Ciertamente, estos porcentajes llamarán la atención de muchas personas por su incidencia en la inflación -no más allá de un 4 ó 5 por ciento; incluso, en algunos casos, inferior-, pero con ellos se pretende una mejor distribución de la riqueza y crear condiciones de armonía entre trabajadores y empresarios. El señor Ministro agregó que el resto del articulado corresponde a lo que por tradición se consigna en esta clase de iniciativas, vale decir, reajustes y beneficios de carácter anual, dado su impacto presupuestario, principalmente en lo referente a las asignaciones familiares, las que se incrementan en un 8 por ciento para el tramo de ingreso que no exceda de los 91.800 pesos, en un 7 por ciento para el tramo de 91.800 pesos a 186.747 pesos y en un 6,5 por ciento para el tramo de 186.747 pesos a 365.399 pesos. Por su parte, la Comisión consideró de suma trascendencia que este año, a diferencia de los anteriores, el Supremo Gobierno llegara al establecimiento de mecanismos de reajustes del ingreso mínimo por tres años, basado en un acuerdo con la principal organización de los trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, la cual, durante larga lucha, ha hecho un aporte constructivo y ha planteado ideas de negociación, pero no siempre ha sido escuchada ni bien atendida o comprendida en sus demandas. En este caso, nos felicitamos, porque es importante reconocer las organizaciones de los trabajadores para, desde ese punto de vista, encontrar los espacios necesarios de diálogo entre ellos, los empresarios y el Gobierno, a fin de crear estabilidad y, por cierto, más justicia social. Por otra parte, la Comisión estimó conveniente que los beneficios establecidos en los artículos 5º y 6º pudiesen ser extendidos a las personas inválidas, las que, particularmente, siempre se encuentran en una situación bastante desmedrada respecto de los otros beneficiarios. La Comisión, unánimemente, hizo notar al Ministro de Hacienda que no es justo que los inválidos, que tienen enormes necesidades materiales junto a sus dificultades físicas, no reciban el bono de invierno y que es necesario que el Gobierno examine esa situación para entregar una respuesta a la honorable Cámara. Finalmente, la Comisión estima que debieran adoptarse los resguardos necesarios ante la eventualidad de que la economía no tenga el desempeño por todos esperado. No hubo opiniones disidentes del acuerdo adoptado en la votación general y particular. Tampoco hubo artículos ni indicaciones rechazados o declarados inadmisibles. Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión recomienda aprobar el proyecto, cuyo texto está en poder de los señores diputados. Por lo tanto, invito a los honorables colegas a aprobarlo sin mayor dilación, pues es el resultado de un acuerdo importante y que, sin duda, todos consideramos trascendente. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- A continuación, el Diputado señor Francisco Huenchumilla rendirá el informe de la Comisión de Hacienda. El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, dado que el Diputado señor Manuel Bustos ha entregado una relación completa del contenido del proyecto, de las cifras respecto del ingreso mínimo y de los distintos beneficios que establece, mi informe será exclusivamente desde el punto de vista de la Comisión de Hacienda y sobre los tópicos relativos a su competencia. Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la presencia de don Manuel Marfán, en su calidad de Ministro de Hacienda subrogante; de don Álvaro García, Ministro de Economía; de don Julio Valladares, Subsecretario del Trabajo; don Patricio Tombolini, Subsecretario de Previsión Social, y de sus respectivos asesores. Una primera cuestión radicó en establecer a quiénes beneficia y a qué universo afecta la fijación del ingreso mínimo. Si bien hay diversos estudios sobre la materia -que no siempre son concordantes-, la información proporcionada por el Subsecretario del Trabajo señala que los beneficiarios del ingreso mínimo son alrededor de 390 mil personas en todo el país, lo que significa, más o menos, un 7 u 8 por ciento de nuestra fuerza laboral. Dicho universo de trabajadores se ubica mayoritariamente entre los menores de 40 años, se caracteriza por un bajo nivel de escolaridad y, más o menos, dos tercios de él se concentran en los sectores agrícola y de comercio. Ello nos da una idea en cuanto a los efectos de la fijación, por el Estado, de un piso mínimo garantizado en el proyecto. La Comisión también contó con la presencia del Presidente del Banco Central, señor Carlos Massad Abud, cuya opinión nos pareció muy pertinente por ser la máxima autoridad del organismo autónomo que vela por las políticas monetarias y por el control de la inflación, ya que la iniciativa tendrá un horizonte de permanencia hasta junio del año 2000, o sea, una vigencia de tres años. El Presidente del Banco Central puntualizó que como en Chile los salarios han crecido en niveles compatibles con la inflación y la productividad, el reajuste, a su juicio, no debería generar un efecto inflacionario mayor, ya que, por norma general, no suele ocurrir. Sin perjuicio de ello, si por algún motivo se produjeran aumentos de salarios y de precios, el Banco Central hará uso de las herramientas utilizadas en relación con el ajuste vía mantención de las tasas de interés. En cuanto a los beneficios establecidos, el proyecto, en 1998, significará un impacto fiscal de 33.639 millones de pesos, que se desglosa de la siguiente manera: por el reajuste del ingreso mínimo, 570 millones de pesos -me refiero al impacto del mayor gasto fiscal para 1998-, como consecuencia de la variación del ingreso mínimo por concepto de asignación por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema. Ahí se genera un impacto de 413 millones de pesos. Respecto de las pensiones de gracia, 157 millones de pesos, lo que hace un total, por el reajuste del ingreso mínimo, de 570 millones de pesos. Por el incremento de la asignación familiar, hay un mayor gasto fiscal de 3.046 millones de pesos. Por el incremento del subsidio familiar, un mayor gasto de 1.322 millones de pesos. Por el incremento del bono de invierno, 1.421 millones de pesos. Por la modificación de niveles de ingreso por grupo de salud a que se refiere la ley Nº 18.469, 1.070 millones de pesos. El aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados, originará un mayor gasto fiscal de 12.123 millones de pesos, y el de Navidad para pensionados, de 14.087 millones de pesos. Todo ello hace un mayor gasto fiscal, para 1998 -como decía-, de 33.639 millones de pesos. Dicho mayor gasto fiscal se financiará con transferencias de la partida del Tesoro Público de la ley de Presupuestos actualmente vigente. Debo reseñar las materias que fueron objeto de especial discusión o respecto de las cuales no hubo unanimidad en la Comisión. En relación con el bono de invierno, el Diputado señor José García planteó que debería beneficiar también a aquellas personas que tienen pensiones mínimas más allá de la garantía estatal, pero que no sobrepasan la pensión mínima del nuevo sistema de pensiones del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Se suscitó una discusión en esa materia, que fue explicitada por el señor Ministro de Hacienda subrogante. No es del caso que yo reseñe los distintos argumentos aducidos. Probablemente, este tema se discutirá durante el debate en la Sala. Otra materia de discusión, planteada por los Diputados señores Montes, Ortiz, Jocelyn-Holt y otros, se refiere a si las mutualidades continuarán con el actual sistema de solventar con ingresos propios hasta lo que les sea posible y, cuando les faltare, el Ministerio de Hacienda les otorgaría un suplemento, o si esto constituirá definitivamente, para ellos, una nueva obligación. Seguramente, también será un tema de debate en la Sala. Finalmente, se estimó por los distintos sectores que intervinieron en su discusión, que este acuerdo del ingreso mínimo, que tiene un horizonte de tres años, es positivo, da estabilidad a la macroeconomía, constituye una buena señal para todos los sectores económicos, genera poco efecto en la inflación y beneficia a los sectores más pobres de nuestro país, que no están en condiciones de obtener salarios competitivos en una economía de mercado. Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad, salvo los relativos al bono de invierno y a las mutualidades, aprobados por mayoría de votos. En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación del presente proyecto. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Ministro de Economía, don Álvaro García. El señor GARCÍA (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, quiero aportar algunos elementos adicionales a los entregados extensamente por los dos diputados informantes. En primer lugar, deseo recordar que, en años anteriores, el Gobierno buscó un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y dialogó con distintos gremios empresariales e instituciones académicas, en la perspectiva de generar un consenso en torno al reajuste del salario mínimo. Durante el presente año se ha llevado a cabo un extenso y fructífero trabajo con dicha central, que redundó en un acuerdo respecto de la evolución del salario mínimo, que todos los señores diputados conocen. Por otra parte, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo que hiciera un estudio sobre la situación del salario mínimo en Chile y las posibilidades de reajustarlo a los niveles en que finalmente se concluyó, estudio que se encuentra a disposición de los señores diputados. En la Mesa dejaré un resumen de sus conclusiones. Además, se consultó a Conupia, a Asexma, a la Confederación Nacional del Comercio Detallista, entidades empresariales que, en general, compartieron los criterios acordados con la CUT. Se conversó también con la Confederación de la Producción y del Comercio, que, como en años anteriores, se abstuvo de participar, aunque, finalmente, manifestó su disposición favorable al acuerdo por el aporte que significa para la estabilidad del país. Respecto del acuerdo mismo -no repetiré las cifras, porque ya han sido señaladas-, creo que es un aporte muy central a la fortaleza de la economía chilena, en el sentido de que garantiza seguridad para los distintos actores, tanto para los trabajadores que perciben el ingreso mínimo, como también para los empresarios, que pueden planificar un horizonte de tres años. En ese sentido, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la Central Unitaria de Trabajadores por el serio trabajo que desarrolló en esta materia, por el compromiso que cumplió al buscar un acuerdo en defensa de las posiciones de sus asociados y de los trabajadores de menores recursos. Ello prueba la validez e importancia de contar con organizaciones sociales que representan la voz del país y los distintos intereses que en él existen. Quiero compartir con ustedes algunas conclusiones del estudio de la Organización Internacional del Trabajo que creo importantes para el análisis del proyecto. La OIT, al analizar la evolución del salario mínimo, constató que Chile era el país de América Latina donde más había crecido durante la década de los 90 y, por lo tanto, apreció los criterios convenidos con la CUT para reajustarlo, esto es, la productividad y la inflación esperada. También precisó que a partir de las nuevas cuentas nacionales que reestimara el Banco Central a principios de este año, se detectaba una pequeña brecha entre la evolución del salario mínimo y la productividad media del trabajo en la década de los 90. Por lo mismo, concluyó que era factible y excepcional -así lo señala el estudio-, incrementar el salario mínimo por sobre los criterios tradicionales, aunque reafirmando la importancia de utilizar dichos criterios: la productividad y la inflación esperada, para la determinación de los salarios. En esa oportunidad, sin embargo, señalaba que existía un espacio para incrementar el salario mínimo por sobre esos criterios, que un incremento hacia un nivel -como terminó ocurriendo- de 100 mil pesos, a junio del año 2000, no debía producir dificultades en el empleo o en los salarios ni presión sobre la inflación o la capacidad competitiva de las empresas, destacando, no obstante, que establecía una salvedad respecto de la situación de los jóvenes, ya que en ese grupo etario se notaba un incremento en la población que ganaba el salario mínimo o menos y, por lo tanto, sugería reajustar esa remuneración sólo de acuerdo con los criterios tradicionales de productividad e inflación esperada, lo que también se acordó en el diálogo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Por lo mismo, no veía impactos negativos en el incremento por sobre los criterios tradicionales del salario mínimo y sí destacaba ciertos elementos positivos, como una disminución en la dispersión de ingresos de la población -particularmente, entre los distintos grupos de asalariados- y un aporte a la erradicación de la extrema pobreza, que cuantificó en 70 mil personas. Finalmente -cuestión que también conversamos con la Central Unitaria de Trabajadores-, sugiere que para futuros reajustes de salarios se consideren los criterios tradicionales y, de producirse acuerdos plurianuales -cosa que estima favorable-, que se introduzcan ciertos criterios de flexibilidad que permitan a los salarios ajustarse al comportamiento efectivo de las variables que se estimen al momento de la negociación. Los diputados informantes ya señalaron en detalle cómo se reajustan las distintas asignaciones, subsidios y aguinaldos que normalmente acompañan a este proyecto de ley. Por lo tanto, no repetiré esas cifras. Sólo quiero destacar la enorme cobertura de estos subsidios: en el caso de la asignación familiar, supera los 3 millones 200 mil personas; en el del subsidio único familiar, beneficia a 1 millón 151 mil personas, y en el de los aguinaldos, a 1 millón 800 mil personas. Se trata, por lo tanto, de aportes sociales del Estado que tienen una cobertura extraordinariamente amplia y muy bien focalizada hacia los grupos de menores recursos. El Gobierno ha cumplido estrictamente con los compromisos que contrajo el año pasado al aprobarse el proyecto que fijó el salario mínimo, en cuanto a liberar del copago en hospitales públicos a los perceptores del salario mínimo; a llevar adelante un programa de fiscalización para que se cumpla la legislación laboral en lo que al salario mínimo se refiere, y a ejecutar un programa especial de capacitación para los que ganan el mínimo o menos. Si hay diputados interesados en conocer la evolución de tales programas, con gusto podría dar cuenta de ellos. Termino señalando que para el Gobierno es una gran satisfacción haber logrado un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, que da un horizonte de tranquilidad a todo el país -especialmente a los trabajadores que ganaban el salario mínimo- y valora el comportamiento de la Central Unitaria de Trabajadores a lo largo del proceso, lo que genera confianza en las organizaciones sociales y en la importancia de robustecer nuestra democracia, fortaleciendo la participación de los distintos actores sociales. Espero que, en esas condiciones, el proyecto sea aprobado. Muchas gracias, señor Presidente. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha. El señor ROCHA.- Señor Presidente, quienes hemos cumplido algunos años de trabajo en la Cámara de Diputados sabemos que este debate se repite, año a año, con pequeñas variaciones. El salario mínimo siempre será insuficiente para quienes lo perciben. Sin embargo -como se ha dicho aquí-, nunca ha sido concebido como un ingreso de sustentación, sino como una referencia obligatoria, establecida principalmente en beneficio de quienes acceden a un trabajo por primera vez. Pero lo lamentable del caso es que, mientras no haya posibilidades de negociar, dicho salario constituirá, para importantes sectores, el punto en que se afirmarán los patrones, impidiendo con ello que los trabajadores puedan acceder a un salario mayor. Así ocurre con importantes sectores: trabajadores de bombas bencineras, cuidadores de estacionamientos de edificios, trabajadores agrícolas, secretarias, auxiliares, etcétera, quienes, a pesar del tiempo desempeñado en la respectiva actividad o empresa, deben conformarse con el salario mínimo, provocando un efecto no deseado por el legislador y, por supuesto, mucho menos por los trabajadores. Por eso, cuando se habla de salario de enganche, destinado a quienes acceden al trabajo por primera vez, nos hallamos con una realidad negativa diferente para importantes sectores del país. Por otra parte, quiero destacar que el plazo de tres años representa un esfuerzo importante y destacable tanto de los trabajadores representados por la Central Unitaria de Trabajadores como del Gobierno, que, por supuesto, tendrá la adecuada y justa sanción legislativa. Por primera vez, tendremos un acuerdo trienal que llevará tranquilidad al país, en momentos en que las tensiones políticas podrían afectar, de alguna manera, el debate lúcido y desapasionado que exige esta materia. Por lo tanto, los diputados del Partido Radical Social Demócrata apoyaremos el proyecto en discusión. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hace algunos días, la mayor parte del mundo laboral y muchos sectores políticos consideraban imposible llegar a un acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno. Pero no fue así, y ocurrió al revés: hubo esfuerzos de ambas partes en tal sentido. Y quedaron demostradas la decisión y voluntad políticas de mi Gobierno en cuanto a dar una señal: que el ingreso mínimo suba en un porcentaje mucho mayor que el IPC registrado hasta el momento. Por eso, quiero partir haciendo un especial reconocimiento a quienes participaron en esta negociación que llegó a feliz término. Es cierto que ningún ingreso mínimo es suficiente para el sustento de una persona; sin embargo, también es una verdad muy clara que de no existir un salario mínimo, muchas personas y empresarios prácticamente pagarían un ingreso menor al fijado. Por eso, estoy convencido de que el salario mínimo ha cumplido un importante rol en la economía, como instrumento para corregir fallas en el mercado laboral, y por eso se justifica su mantención, puesto que asegura un piso salarial a quienes ocupan puestos de trabajo de baja productividad. Es un hecho real y cierto que los trabajadores que se encuentran en esta situación no tienen posibilidades de negociar y menos de cambiar de actividad, lo que evitaría que fueran contratados por un salario inferior al que corresponde a su productividad. Pienso que las relaciones laborales deben desarrollarse en un marco de estabilidad que otorgue seguridad, en especial a los trabajadores, pero también a los empleadores. Tenemos claro y nos sentimos orgullosos de que nuestras políticas macroeconómicas estén en un muy buen nivel. Por eso, quienes somos miembros titulares de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ayer escuchamos con agrado al Presidente del Banco Central, don Carlos Massad, que, en respuesta a algunas declaraciones aparecidas en los medios de comunicación, manifestó en forma clara y taxativa que el 12,7 por ciento, en que a contar del 1° de junio del año en curso sube el ingreso mínimo; el 12,4 en que se incrementa, a contar del 1° de junio de 1999, y el 10,5 en que sube a partir del 1° de junio del 2000, prácticamente no tiene efectos inflacionarios en los índices macroeconómicos del país. Pues bien, creo que eso es importante, vital y una muy buena señal, porque está en el camino que corresponde. En razón del tiempo, sólo quiero expresar con mucho agrado que éste es un paso adelante en cuanto a terminar con las odiosas discriminaciones existentes en los ingresos de los trabajadores chilenos en general. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, después de escuchar los acabados informes de los Diputados señores Manuel Bustos y Huenchumilla, no es mucho lo que hay que agregar. En primer lugar, quiero insistir en la valoración de este acuerdo entre la CUT y el Gobierno sobre el salario mínimo. Como ya se ha dicho, es muy importante que éste se haya logrado, porque ello demuestra flexibilidad de ambas partes para su consecución. Considero lamentable, sí, que no hayan concurrido a él los empresarios, que no se hayan sentado a la mesa a discutir y a buscar alternativas, porque, en definitiva, son ellos quienes están pagando los salarios. El acuerdo es importante en sí; es importante que sea por tres años, porque por un período de tiempo especial en los acontecimientos del país, se establece un horizonte definido. También lo es, porque el nivel de incremento es superior al IPC, más productividad. Es decir, tiene un incremento superior a lo que venía siendo un cierto enfoque. Por último -como se ha dicho-, no tiene los impactos macroeconómicos negativos que algunos empiezan a mencionar en estos días. El modelo de simulación del Banco Central indica que el impacto macroeconómico no es significativo, salvo que se transformara en una señal para otras relaciones económicas; pero el aumento del salario mínimo, como tal, no tiene el impacto macroeconómico negativo que algunos empiezan a plantear. Estamos convencidos de que el salario mínimo es un instrumento necesario para proteger. Desde un punto de vista ético y social, es necesario que en la sociedad exista este piso salarial. No estoy de acuerdo con “El Mercurio” del domingo, que critica esta rigidez innecesaria en el mercado laboral. No estoy de acuerdo con que durante el gobierno de Pinochet se tratara de disminuir el significado de este valor, haciéndolo irrelevante. No estoy de acuerdo con Antonio Sánchez, investigador de Libertad y Desarrollo, quien dice que el salario mínimo no debe ser determinado y definido por ley. Creo que la Concertación ha sido consistente y consecuente en mantenerlo y buscar un incremento sostenido, aunque como dice el informe de la Comisión Etchegaray sobre la pobreza, todavía sigue estando muy por debajo de lo deseable, de lo ético y socialmente razonable. Reitero la importancia de este acuerdo CUT-Gobierno en estos términos. Creo que, en todo caso, esto no resuelve los problemas de nuestra sociedad: pobreza y desigualdad, porque no podemos dejar de tener presente, en el debate, que esta sociedad ha pasado de 2.500 dólares per cápita a 5.000 dólares per cápita, y sigue habiendo un porcentaje de personas y de familias en este nivel de ingreso. No podemos dejar de tener presente que en los estudios socioeconómicos, el segmento AB, hoy, se está considerando en un ingreso mensual de 6 millones de pesos, y el segmento C1 sobre un millón. Es indispensable, junto con valorar lo que representa este acuerdo y el incremento, profundizar en quiénes son los que perciben el salario mínimo, por qué lo perciben y qué debemos hacer para que, ojalá, nadie lo perciba en Chile. Los diagnósticos indican que quienes lo ganan son personas con bajo nivel de escolaridad. El 50 por ciento corresponde a quienes no tienen la educación básica completa, que es un factor. También lo perciben personas que no tienen posibilidad de organizarse, ni de negociar colectivamente, ni de influir sobre la contraparte, sobre las decisiones del empresariado. Es claro que gran parte de quienes lo perciben son jóvenes, muchos de los cuales trabajan en el sector rural. Creo que hay que profundizar en estas causas de las personas que ganan el salario mínimo y las políticas a seguir. Al respecto se está haciendo un gran esfuerzo de capacitación laboral para jóvenes que, quizás, nunca se ha hecho en el país; nunca. Y a pesar de eso, hay un problema en el empleo juvenil y en los niveles de ingreso de los jóvenes cuando ingresan a la vida laboral. También es claro -como decía- que gran parte de los que ganan el salario mínimo son del sector agrícola. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Señor diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. El señor MONTES.- Voy a terminar, señor Presidente. Pregunto: ¿a qué parte de los que trabajan en el sector agrícola corresponden estos jóvenes? ¿A los del sector más dinámico -al forestal, frutícola o pesquero- o al menos dinámico? Si es al sector forestal, frutícola o pesquero, no es un problema de productividad ni de rentabilidad, sino de distribución de los beneficios de la actividad. En el caso del comercio, igual. Si se trata del pequeño comercio familiar o del supermercado, son situaciones distintas. En el caso de los que perciben el salario mínimo en actividades que proveen al Estado de ciertos servicios, como las manipuladoras de alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, los que atienden jardines municipales, la extracción de basura municipal, los no docentes, los que trabajan en los colegios municipales, los auxiliares de párvulos de los sistemas públicos de enseñanza preescolar, existen problemas porque se ha generado el sistema de negociar estas licitaciones que parten de la base de que las empresas postulan con el salario mínimo o menos. Si dividimos lo que reciben estas familias o personas por doce, es menos del salario mínimo, porque las manipuladoras de alimentos sólo trabajan nueve o diez meses en el año. Aquí se debe cambiar el sistema de licitación y contratación para asegurar condiciones adecuadas. Termino planteando algunas interrogantes, algunos problemas. En primer lugar, quiero consultar al señor Ministro si se buscó alguna alternativa respecto de la asignación familiar, subsidio familiar, bono de invierno, aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad para que esto no tenga que discutirse año a año, y por qué respecto de estos beneficios no hubo sistemas similares al del salario mínimo, ni se contemplaron horizontes plurianuales para estos beneficios, porque el próximo año vamos a estar en el mismo debate, no ya sobre el salario mínimo, pero sí sobre este conjunto de beneficios. También quiero preguntar si se consideró el impacto fiscal indirecto, porque se dice que el directo alcanza a 570 millones, en relación con el ingreso mínimo, pero en el indirecto me preocupa especialmente la licitación para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que se efectuará en los próximos meses, porque podría afectar la cantidad de raciones y, por ende, el número de niños que recibirán esos beneficios, si no se toma en consideración el impacto fiscal indirecto en este caso. Lo tercero se refiere a una materia mencionada por el Diputado Huenchumilla: las mutualidades. El informe sobre desarrollo humano en Chile constata que la modernización provoca avances y también consecuencias perversas. Mucha gente se siente desprotegida, y la mutualidad es uno de los sistemas de protección que mejor funciona en la actualidad; por tanto, debemos cuidarlo y ser todos muy responsables. Las mutuales tienen sus planes de inversión, desarrollo y proyectos. Estos reajustes implican un costo no previsto -en este caso se estima en 315 millones de pesos-, que afectan su desarrollo. Desde hace tiempo se discute con Hacienda alguna alternativa que permita incorporar su financiamiento dentro del sistema de decisiones de las mutuales, pero nuevamente llegamos con una indicación al artículo 7º, que mantiene los términos de financiamiento con los recursos propios de las mutuales, que afectará el actual sistema de protección. Finalmente, me inquieta saber qué pasó en 1997 con el 10 por ciento de aumento de fiscalizadores, con el objeto de que no hubiera infracciones al salario mínimo. ¿Qué ocurrió durante el presente año y qué se piensa seguir haciendo en adelante? Lo mismo con el programa especial de capacitación y nivelación para enfrentar causas que tienen que ver con la escolaridad, en relación con el salario mínimo. Reitero mi valoración sobre este acuerdo, pero creo necesario insistir en el desafío que implica tener en nuestro país menos desigualdad y menos familias con ingresos mínimos. Para ello, el país debe crecer, pero también tener opciones valóricas y políticas. No podemos tolerar los niveles de desigualdad existentes en nuestra sociedad. Es una opción que va más allá del crecimiento económico del país; dice relaciòn con los grandes acuerdos de la sociedad. Es un paso muy importante el que se da, pero aún falta mucho por hacer. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en primer lugar, celebro el acuerdo a que llegaron la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno respecto de muchas materias contenidas en el proyecto. Las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar son buenos ejemplos de beneficios que llegan directa y efectivamente a las personas más pobres de nuestra sociedad, sin burocracia, sin intermediarios y en forma expedita. Por lo tanto, también es deseable que se destinen mayores recursos públicos para aumentar las pensiones mínimas o asistenciales a través de un proyecto que nos va a quitar algo de nuestro tiempo en el futuro. Respecto del salario mínimo -que en el proyecto se fija para los próximos tres años-, celebramos también que en esta materia se haya logrado un acuerdo entre la CUT y el Gobierno. Creemos que este instrumento cumple una función útil al beneficiar a los trabajadores de muy baja productividad, a quienes les cuesta lograr una negociación de iguales con sus empleadores; es evidente que tienen menos posibilidades de obtenerla. En ese sentido, valoramos que las políticas de salarios mínimos les permitan alcanzar una mayor igualdad en esa negociación. Sin embargo, además de aplaudir estos aspectos del proyecto, es necesario mencionar los costos que tendrá la aplicación de la ley para hacer un análisis equilibrado del mismo. En primer lugar, hay que ser muy claro y decir que no es posible solucionar la pobreza por vía de la ley. Estas políticas de salarios mínimos tienen costos, porque si no lo tuvieran -repito-, por ejemplo, no sería explicable no aumentar el salario mínimo a 300, 400 ó 500 mil pesos y entonces beneficiar en mayor medida a aquellos que más lo necesitan. No lo hacemos, porque existen costos involucrados y el Gobierno lo reconoce al establecer un reajuste del salario mínimo inferior para los jóvenes menores de 18 años y para los adultos mayores de 65. Entre los costos se puede mencionar que a quienes tienen una baja productividad les será más difícil encontrar un empleo con estos reajustes del salario mínimo. Tampoco debe extrañar si el trabajo informal aumenta luego de aprobado este proyecto de ley. También quiero mencionar el perjuicio que un proyecto de ley como éste le ocasiona a la pequeña empresa chilena, al taller, a ese empresario que por cuenta propia emplea a dos, tres o cuatro personas, a veces, laborando en la parte de atrás de su casa, con rentabilidades sumamente bajas y, por ende, no puede pagar más del salario mínimo. Debo recordar que la pequeña y mediana empresa emplean mayoritariamente trabajadores de baja calificación, y son las que más sufren con estos reajustes tan importantes del salario mínimo. Éstos son los costos del proyecto, porque si sólo de beneficios se tratara -repito-, sería un egoísmo de nuestra parte no aumentar mucho más este indicador. Finalmente, quiero mencionar algunos aspectos de carácter macroeconómico. Respecto de los montos del reajuste de 12 y 10 por ciento para los próximos tres años, me parecen muy altos, porque como decía el Ministro señor García, van mucho más allá que la inflación esperada: del orden de un 4 ó 4,5 por ciento y de los aumentos de productividad que en Chile alcanzan a un 3 por ciento. La gran duda es si este aumento del ingreso mínimo, que es más alto que los aumentos de productividad e inflación esperados, no va a ocasionar costos en términos de empleo para aquellos trabajadores de menor productividad. En este punto, solicito al Gobierno que examine de cerca el desempleo, en especial el juvenil, por cuanto si la situación macroeconómica del país empeorara como consecuencia de la crisis asiática o de algún otro fenómeno, y tuviéramos incrementos importantes del desempleo, en ese caso, el Gobierno debería revisar este aumento de tres años y de montos tan sustanciales de reajuste que ha implementado. En la segunda parte, continuaré con mi análisis. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Antes de ceder el uso de la palabra al próximo orador, debo informar que el señor Ministro ha solicitado intervenir a continuación. Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, primero, quiero rescatar de esta discusión la forma en que se ha llevado a cabo esto en la Cámara de Diputados. En los años anteriores se dio una situación absolutamente distinta de la que tenemos hoy. Una Cámara convulsionada, detrás de los Ministros para conseguir un punto más; los trabajadores, por su parte, en forma legítima intentando mejorar las condiciones laborales. Hoy es distinto. Hoy tenemos una Cámara distendida. Hay discusión con altura de miras, y esto se ha producido porque se ha llegado a un acuerdo importante entre el Gobierno y el mundo laboral. Un acuerdo que más allá de las cifras, que de por sí son importantes, hay que rescatar que se ha recuperado la confianza, la credibilidad y el diálogo, y eso es lo importante. Aumentar el reajuste en los términos señalados -12,7 por ciento, en 1998; 12,4 por ciento, en 1999 y 10,4 por ciento, el 2000- significa, como ha dicho el señor Ministro, que es el reajuste más alto otorgado en Latinoamérica al salario mínimo, lo cual constituye una señal clara de que, además del componente de productividad y de la inflación para determinarlo, ha existido un factor que hemos reclamado desde hace mucho tiempo: el de la equidad y de la solidaridad, que siempre debe estar presente en un gobierno que es de los trabajadores, como éste del Presidente Frei. Desde ese punto de vista, saludamos y felicitamos al Gobierno y a la CUT por este acuerdo que significa una concertación social, importante para que el país progrese y se desarrolle. Me parece trascendente lo expresado por el Diputado señor Montes, en el sentido de que los empresarios debieron haber estado presentes en la mesa de diálogo, porque son ellos los que pagan los reajustes. Ojalá, en discusiones posteriores, participen para que exista una total concertación social de trabajadores, Gobierno y empresarios. Por cierto, no estoy de acuerdo con lo planteado por el Diputado señor Dittborn, en cuanto a que este reajuste signifique un aumento de la cesantía y de la inflación. No lo estoy, pues la práctica y la experiencia demuestran lo contrario, porque en los últimos diez años hemos aumentado el salario mínimo, en términos reales, en un 84 por ciento -del 89 al 2000-, ya que con ese reajuste tenemos una inflación controlada y baja cesantía en el país. Por lo tanto, no debemos escuchar estos vaticinios, que siempre nos presentan un país deteriorado cuando la realidad cotidiana es distinta, ya que estamos avanzando y progresando. El diputado informante planteó en su informe que la Comisión del Trabajo, por la unanimidad de los miembros presentes, expresó al Gobierno la necesidad y posibilidad de extender el bono de invierno a los discapacitados. Con la aprobación de esa medida estaríamos dando una señal clara de no discriminación. ¿Por qué una vez más se discrimina contra los discapacitados? ¿Por qué no pueden obtener el bono de invierno? Son pocos en el país y pedimos al Gobierno que haga un esfuerzo para que el beneficio también lo perciban estas personas. Creo que este acuerdo es bueno para el país, nadie lo pone en duda. Y eso es lo que debemos rescatar en esta discusión, en que tanto la Oposición como nosotros estamos de acuerdo en mejorar la calidad de vida de más de 500 mil chilenos que perciben este beneficio. Por esas razones, la bancada del PPD apoyará el proyecto de ley. He dicho.El señor NARANJO (Vicepresidente).- Al término del Orden del Día, el único comité que no ha hecho uso de la palabra es el de Renovación Nacional. Por tanto, ofrezco la palabra a algunos de sus diputados. El señor SEGUEL.- Reglamento, señor Presidente. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en la lista de oradores, me correspondía hablar después del Diputado señor Dittborn. Sin embargo, su Señoría le concedió la palabra al Diputado señor Aníbal Pérez. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Bien. Tiene la palabra el Diputado señor José García. El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer el valor que tiene el acuerdo a que ha llegado el Gobierno con los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Un acuerdo que fija el salario mínimo por tres años, si se considera que habrá elecciones presidenciales en 1999 y municipales el 2000, sin duda beneficia la economía, porque da estabilidad a las reglas del juego, que serán previamente conocidas por los empleadores y trabajadores. Sabemos que no es fácil llegar a acuerdo en materia de salario mínimo, porque los dirigentes sindicales, en cumplimiento de su rol, están llamados a plantear los anhelos e inquietudes de quienes representan, que siempre son mucho más altos que los que la economía puede otorgar sin que ello signifique aumentar los niveles de cesantía y desempleo, que generalmente afectan a los más jóvenes y a la mano de obra con menor capacitación. Reitero que valoramos en todo lo que significa el acuerdo del Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores; felicitamos a los ministros que han participado en él y también a los dirigentes sindicales que, en una demostración de madurez, serenidad y conocimiento del manejo económico del país, han aceptado, quizás con la incomprensión de sus bases, la fijación de los montos del salario mínimo por tres años. Respecto del bono de invierno, el año pasado en la Comisión de Hacienda se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo, a través del Ministro del ramo, en orden a que este beneficio debe hacerse extensivo a todas las personas que perciban una pensión inferior a la mínima. En este caso, a 60.899 pesos. Así lo reconoció el Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat, el año pasado en la Comisión de Hacienda, y así lo aprobó la Cámara de Diputados en su momento. Sin embargo, durante la discusión en el Senado, el Gobierno introdujo una indicación para que el bono de invierno sólo le sea pagado a los pensionados del nuevo sistema que gocen de la garantía estatal, es decir, sólo a aquellos a quienes el Estado les paga. Esta situación se repite este año, de manera que creo interpretar a todos los diputados de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente y de la Unión de Centro Centro al sostener que se comete una tremenda injusticia cuando a un jubilado de una AFP, cuya pensión es de 30 mil pesos, o a una viuda, cuyo montepío es de 20 ó 25 mil pesos, ambos por debajo del mínimo, no se les otorga el bono de invierno. De acuerdo con cifras que obran en mi poder, los pensionados del nuevo sistema mayores de 65 años son aproximadamente 40 mil. De ellos, 27 mil tienen pensiones inferiores a 60 mil pesos, de los cuales sólo 6 mil gozan de la garantía estatal, por lo que se está dejando a 21 mil pensionados del nuevo sistema -repito, mayores de 65 años, con pensiones inferiores a 60.899 pesos- sin el bono de invierno. Es una injusticia, porque también se trata de personas pobres, chilenos igual que los pensionados del antiguo sistema y que también se esforzaron por hacer su ahorro previsional, gran parte, incluso, en las antiguas cajas. Por lo tanto, no hay razón valedera para dejar al margen del bono de invierno a estas 21 mil personas. Tampoco hay razón alguna para privar del aguinaldo de Fiestas Patrias y del de Navidad a los 265 mil pensionados del nuevo sistema. El Ejecutivo dice que forman parte de un sistema distinto, por lo que no tienen derecho a estos beneficios. Cuando se imponía en el antiguo sistema, ¿se hacía pensando también en que iban a tener como beneficio un aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad? La respuesta es no. Simplemente se imponía pensando en la pensión. Estos aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad se conceden graciosamente por el Estado con cargo a los recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, debemos entregárselos a todos los jubilados, del antiguo o del nuevo sistema. No hay ninguna razón para discriminar en forma cruel a 265 mil hombres y mujeres que entregaron una vida de trabajo. Y digo en forma cruel, porque cuando planteamos otorgar el aguinaldo de Fiestas Patrias lo hacemos pensando en que los pensionados también deben celebrar esta festividad nacional; y cuando nos referimos al aguinaldo de Navidad, también creemos que estas personas deben celebrar la fiesta cristiana del nacimiento de Jesús. Sin embargo, se les priva de estos beneficios. Por último, quiero compartir lo señalado por otros señores diputados respecto de la carga que se impone a las mutuales de seguridad. Sistemáticamente, en cada proyecto que reajusta la pensión mínima o que otorga aguinaldos de Fiestas Patrias o de Navidad, las mutuales -que tienen un funcionamiento ejemplar que, incluso, vienen de otros países a conocer y a copiar- deben asumir la carga de financiar estos beneficios. La cotización para cubrir los accidentes del trabajo o las licencias médicas está destinada a ese fin y no a otros, como los que plantea el proyecto. Es una discusión que tenemos todos los años. El Gobierno ha dicho que creó una comisión con las mutuales de seguridad para que en el próximo proyecto de reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales se formule una indicación para resolver el problema. Esperamos que así sea, para no estar todos los años haciendo presente la carga que se impone a las mutuales de seguridad. He dicho.La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, solicito que se inserte mi intervención. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se insertarán los discursos de los señores diputados que así lo soliciten. Acordado. -En conformidad al acuerdo anterior y al artículo 85 del Reglamento, se insertan los siguientes discursos no pronunciados en la Sala: El señor BUSTOS (don Manuel).- Señor Presidente, intervengo en este debate ya no como diputado informante, sino como un representante de comunas habitadas por sectores populares y como ex dirigente sindical. Aunque ya no tengo el cargo formal de dirigente de sindicatos, ésta es una condición que es parte esencial de mi vida. Por origen y por formación soy parte de la clase trabajadora. Nunca podré renunciar a dicha condición. Nunca podré olvidarla o ignorarla. Como presidente de la CUT, participé activamente en la discusión para lograr acuerdos con el gobierno actual y el anterior para establecer el salario mínimo anual. En los primeros años del gobierno de don Patricio Aylwin también participaron los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y del Comercio. Después se han negado a participar, hasta el día de hoy. Éste ha sido un gran error que no ha favorecido el diálogo social que ellos dicen apoyar. Es claro que este proceso de fijar el salario mínimo en diálogo con los actores sociales interesados en la materia, es una característica propia de los gobiernos democráticos. No sucedía lo mismo durante el gobierno del senador designado que se apropió del poder. Sectores de derecha encabezados por el diario “El Mercurio” quisieran que no existiera salario mínimo o que éste fuera tan bajo que no prestara ninguna utilidad. Si fuera por ellos, tampoco habría democracia. Los sectores más razonables se dan cuenta de que un salario mínimo de un nivel adecuado es conveniente para todo el país y no sólo para quienes son directamente favorecidos, que son los trabajadores más desprotegidos. Es conveniente porque contribuye a fortalecer la estabilidad y la paz social, que es uno de los principales elementos que han permitido lograr un sostenido crecimiento económico. Un salario mínimo en un nivel razonable contribuye a favorecer la solidaridad con los más pobres y el diálogo entre empresarios y trabajadores. Este año, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores han logrado un acuerdo para tres años. Hay que decir claramente que esto es bueno para los empresarios, para los trabajadores y para el Gobierno. A todos estos sectores les entrega reglas claras en esta materia para los próximos tres años. Se evita el desgaste de discusiones anuales que siempre han sido difíciles. Lograr un acuerdo para los próximos tres años es la expresión de una enorme dosis de buena voluntad, madurez y responsabilidad de los dirigentes de la CUT y de los directivos de Gobierno que participaron, especialmente del señor Álvaro García, Ministro de Economía, cuyo papel fue fundamental. Ojalá aquellos que tanto critican a la CUT y al Gobierno tuvieran tanta visión de país y tanto sentido patriótico. Por estas razones, este acuerdo ha sido valorado positivamente por los señores Roberto Fantuzzi, presidente de Asexma y Germán Dastres, presidente de Conupia, que representan a las empresas pequeñas y medianas, que son las que pudieran tener más dificultades para pagar el salario mínimo. Ellos han dicho que en sus empresas se paga un salario de monto superior y que este salario mínimo acordado es bueno para el país. Que tomen nota aquellos que hablan a nombre de este sector, pero no hacen nada por apoyar su desarrollo. Incluso el señor Walter Riesco, presidente de la Confederación que representa a los grandes empresarios, se ha pronunciado en términos favorables. Lamentamos que ellos no hayan participado activamente en un acuerdo de tanto beneficio para el país. Llegar a un salario mínimo de $ 100.000 el año 2000, tomando en cuenta que el año 1989 su monto era de $ 18.000, significa un aumento de 84% en términos reales. Éste es un enorme avance que es justo que valoremos. Es fruto de las propuestas elaboradas por la Cut y por sus asesores, con sólidos fundamentos técnicos. Es fruto de la sensibilidad y acogida entre las autoridades de gobierno, y de la clara decisión de su Excelencia el Presidente Eduardo Frei. Este acuerdo ha sido posible gracias al notable crecimiento económico que el país ha tenido los últimos 10 años, gracias al aporte de todos los chilenos y especialmente de los trabajadores. Es un gran logro. Sin embargo, todavía persisten muchas injusticias y diferencias muy grandes entre ricos y pobres. Por eso un conjunto de diputados hemos creado hace algunos días una bancada social. Es una feliz coincidencia que la creación de esta bancada concuerde con este valioso avance en la lucha por una sociedad más justa y solidaria. Ojalá podamos seguir avanzando con el mismo éxito en otras materias. He dicho. El señor FOSSA.- Señor Presidente, al igual que en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, durante el análisis de este tema y con la presencia del Ministro subrogante de Hacienda, señor Manuel Marfán, y asesores, dejamos constancia de las siguientes reservas sobre la propuesta del Gobierno para el reajuste del salario mínimo. Primero: el alza del salario mínimo por sobre dos dígitos, 12,75%, escapa al equilibrio económico de ajuste con el IPC, que se estima para el presente año de sólo 4,5%. Segundo: que este hecho provoca dos efectos importantes: presión inflacionaria y alza de costos en todos los niveles, especialmente en la empresa o negocios pequeños y medianos. Tercero: que tiene efecto en el desempleo particularmente de la gente joven o que busca trabajo por primera vez. Cuarto: la crisis económica, que se manifiesta en parte del mundo, está rebotando en nuestro país desde noviembre de 1997 y según los especialistas, se prolongará por el resto del año y parte de 1999. Existen situaciones que vienen generando problemas negativos en los niveles de costo y, consecuentemente, en la subsistencia de varios negocios, con consecuencias negativas en el empleo y desempleo de nosotros mismos. Por otro lado, nos parece acertado el que, por primera vez, el Gobierno nos haya propuesto una reajustabilidad del salario mínimo por los próximos tres años, ya que el previo conocimiento de estos indicadores genera estabilidad para los análisis de flujos, costos, contratos y convenios colectivos en el mediano plazo. Con estas observaciones, que ruego queden en acta, señor Presidente, nuestra bancada, Renovación Nacional, respalda este proyecto. He dicho. El señor MESÍAS.- Señor Presidente, aceptando como buena y acertada la argumentación con que se fundamenta este proyecto de ley, es importante, además, valorar lo práctico y novedoso que resulta fijar anticipadamente el ingreso mínimo mensual que regirá hasta el año 2000, hecho inédito que ha sido posible en virtud de la estabilidad que los gobiernos de la Concertación han logrado para nuestra economía. No han faltado las voces agoreras que anuncian los efectos negativos en el IPC y en el empleo; ni tampoco las que hablan de la prolongación del ajuste o del afán populista del Gobierno. Sin embargo, estimamos que el acuerdo logrado con la Central Unitaria de Trabajadores, introduce un factor de estabilidad en lo social, económico y político, lo cual es una clara señal de sensibilidad hacia los sectores más postergados de nuestra sociedad. No creemos que un aumento de trescientos pesos diarios que equivalen a menos de medio litro de leche y medio kilo de pan, pueda constituir una presión inflacionaria. Pensamos que el apoyo que la pequeña y mediana empresa dio a la medida en la Comisión de Trabajo, que son precisamente quienes pagan los salarios mínimos, garantiza que no habrá desempleo. Por otra parte, el aumento se otorgó considerando las alzas de productividad, más un plus por el hecho de haberse negociado a un plazo de tres años, lo cual es indicativo de que no afectará el ajuste. En cuanto a que el Gobierno ha abandonado su línea “realista” y optado por una “populista” con fines electorales, nos parece un juicio injusto y apresurado. ¿No recuerdan que el año pasado en vísperas de las elecciones parlamentarias el Gobierno, a pesar de todas las presiones, no transigió en el aumento del 9 por ciento, en su afán de cuidar la macroeconomía? ¿Qué porcentaje de votos blancos, nulos y abstenciones provocó esa criteriosa, pero impopular medida? Nadie debe entender, entonces, que el aumento que nos ocupa se puede traducir en incrementos de otras remuneraciones. Cuando llegue la hora de fijar el reajuste de las remuneraciones del sector público, el Gobierno sabrá actuar de nuevo, como siempre lo ha hecho, con prudencia, racionalidad y realismo, aunque estaremos a un año de las elecciones presidenciales. De paso, esta negociación tiene también el mérito de haber evitado la presión electoral que se pudiere producir en esa coyuntura política. Finalmente, el acuerdo Gobierno-Cut, que desde 1993 no se producía, tiene un fuerte componente simbólico, ya que se han revivido las relaciones armónicas y se han rescatado los principios elementales de equidad, sin los cuales éstas pueden tornarse confrontacionales, con el consiguiente daño para el país en su conjunto. Por las razones expresadas, anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley del Ejecutivo. He dicho. El señor MUÑOZ (don Pedro).- Señor Presidente, quienes perciben remuneraciones cercanas al ingreso mínimo no son los trabajadores de los sectores modernos de la economía, sino más bien aquellos de las empresas menos competitivas, más pequeñas, y en las cuales existe baja demanda por calificación y experiencia. Además, en general, se trata de trabajadores que tienen un bajo poder negociador con sus empleadores y que normalmente no se encuentran sindicalizados. Uno de los beneficios más importantes de una política de ingreso mínimo, es compensar el menor poder negociador de algunos trabajadores de modo que aumente la posibilidad de que la remuneración percibida esté más cercana a la productividad del trabajador. El salario mínimo, por tanto, cumple un importante rol en la economía, y ello justifica su mantención. En esta oportunidad, además, debemos valorar el acuerdo logrado entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, instancias que además avanzan al fijar anticipadamente el ingreso mínimo mensual de los años 1999 y 2000. Esta madurez del movimiento sindical y la visión política de largo plazo del gobierno, lamentablemente, una vez más no es asumida por el sector empresarial, los que no concurren a la búsqueda de acuerdos que permiten estabilidad social y avances en la búsqueda de la equidad y la justicia social. Con todo, respecto de esta materia quiero llamar la atención de esta honorable Corporación, del Gobierno y de la Cut, en cuanto a la sentida y legítima reivindicación de los trabajadores de la región que represento, en cuanto a ir en la búsqueda de generar mecanismos que diferencien el ingreso mínimo mensual, regionalizándolo, considerando que el costo de la vida en la región de Magallanes y Antártica chilena es más elevado que el del resto del país. Espero que este tema alguna vez sea incorporado en la discusión. Además, no puedo dejar de valorar el esfuerzo económico que significa reajustar la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, todos beneficios que permiten seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por último, quiero relevar el otorgamiento del bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, que este proyecto le otorga a los pensionados, sector que requiere constantemente de nuestro compromiso en orden a entregarles recursos que les permitan transitar por la vejez en forma digna. Sin duda, estamos avanzando; por ello, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a este proyecto. He dicho. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo valorar muy sinceramente lo que me parece una muy positiva señal del Gobierno y que se contiene en este proyecto de ley, tanto porque representa un esfuerzo muy serio de llegar a un acuerdo con los trabajadores organizados, estableciendo un diálogo que persigue un real consenso con los trabajadores, como porque constituye un importante esfuerzo de equidad, ya que no sólo se consideraron para el cálculo de los nuevos montos del ingreso mínimo los factores de “inflación esperada” y “productividad”, ya que ello va en la perspectiva de disminuir la enorme brecha que hoy existe en materia de distribución de ingresos en nuestro país. Sin embargo, creo que sería erróneo quedarse sólo en la satisfacción de haber logrado este positivo acuerdo, ya que, si bien él constituye un avance, creemos que dice relación con un tema que nos obliga a referirnos a las enormes desigualdades que se manifiestan en este regresivo patrón de distribución de la riqueza nacional. Es muy posible que éste sea el único acuerdo posible de alcanzar hoy, pero no podemos obviar lo mínimo que es. Ello torna particularmente indignante que, a pesar de lo mínimo que es, haya habido sectores, como algunos dirigentes del empresariado nacional, que se han manifestado en contrario de este aún exiguo monto. Resulta muy injusto que un país, que ha pasado en pocos años desde los US$ 2.000 a los US$ 5.000 per cápita, con un alto crecimiento económico y con una extraordinaria estabilidad, deba alegrarse porque 400.000 chilenos vayan a recibir, por ocho horas de trabajo, un ingreso de $ 80.500. Ésta no es sólo una cifra referencial, como dicen algunos, sino que ella representa lo que efectivamente van a recibir mensualmente 400.000 chilenos. Todo ello, mientras investigadores -economistas tan serios, como los del Programa de Economía del Trabajo (PET)-, exhiben cifras científicas que respaldan la necesidad de asumir todo lo que nos queda por delante en materia de justicia social, lo que nos exige plantearnos que aún estamos lejos de la cifra necesaria y justa del ingreso mínimo, como una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia. En efecto, considerando los índices reales de conformación de las familias del quintil más pobre del país, el PET estima que el monto del ingreso mínimo necesario hoy alcanza a la cifra de $ 134.862. Por ello, siendo éste un esfuerzo grande y una señal positiva, estamos, sin embargo, muy lejos todavía de la meta, y por ello también es que resulta tan irritante que, a pesar de sus limitaciones, la derecha económica no lo reconozca y se oponga. Hay que reconocer que, junto con los logros alcanzados en las cuentas y equilibrios macroeconómicos, se sigue distribuyendo de un modo muy desigual. Que, además, los aumentos de la productividad no se están trasladando de manera equitativa a los salarios, así como que, además, el incremento de los salarios es muy desigual, donde los salarios más altos se llevan una mayor proporción de este incremento de productividad, todo lo cual genera una mayor distancia y desigualdades entre los asalariados. Por último, se señala que un límite a la fijación del ingreso mínimo es el de considerarlo como una causa de presión inflacionaria, pero esto es muy injusto, ya que significa descargar sobre los más pobres el peso de resguardar los equilibrios macroeconómicos, a pesar que existen fórmulas mucho más justas socialmente de evitar las presiones inflacionarias, por ejemplo, las que provienen de las ganancias empresariales y del gasto suntuario, solucionables mediante el establecimiento de tributos, lo que ayudaría a una mejor distribución del ingreso nacional. Este esfuerzo y este debate deben continuar, pues es la sociedad en su conjunto la que debe asumir este esfuerzo por terminar con las desigualdades en el país, tan agudas como irritantes. Sólo así lograremos una sociedad más integrada y más justa. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Corresponde votar. El señor MONTES.- Señor Presidente, solicito votación separada del artículo 7º. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Muy bien. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado en general el proyecto, excepto el artículo 7º, respecto del cual el señor Montes solicitó votación separada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Alessandri, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña María Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Ignacio). El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación el artículo 7º. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Alessandri, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Espina, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña María Pía), Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Mesías, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Riveros, Rocha, Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Vargas, Vega, Venegas, Villouta y Walker (don Ignacio). -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bustos (don Juan), Coloma, Correa, Dittborn, Errázuriz, Fossa, Hales, Ibáñez, Jocelyn-Holt, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Melero, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Orpis, Paya, Ulloa y Van Rysselberghe. -Se abstuvieron los Diputados señores: Encina, Pollarolo (doña Fanny) y Rojas. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado en general y en particular. Despachado el proyecto. VII. PROYECTOS DE ACUERDOASIGNACIÓN PROFESIONAL A EMPLEADOS FISCALES CON ESTUDIOS ACADÉMICOS NO RECONOCIDOS. (Continuación). El señor NARANJO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo cuya discusión quedó pendiente en la sesión 17ª. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 23, de los Diputados señores Krauss, Riveros, señora Caraball, doña Eliana; señores Velasco, Núñez, Bustos, don Manuel; señorita Sciaraffia, doña Antonella; señores Rincón, Silva, Ortiz, Letelier, don Felipe; Seguel, Mora, Mulet; señora Prochelle, doña Marina; señores Acuña, Tuma, Pareto, Jarpa, Ojeda, Cornejo, don Patricio; Jiménez, Martínez, don Rosauro; Muñoz, Naranjo, Villouta, Correa, García-Huidobro, Masferrer, Prokurica, García, don René Manuel; Monge, Kuschel, Valenzuela, don Felipe; señora Muñoz, doña Adriana; señores Gutiérrez, Huenchumilla, Pérez, don José, y Urrutia. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto y por tres minutos y medio, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, los temas que plantea el proyecto de acuerdo han sido extensamente tratados por las Comisiones de Hacienda y de Educación de esta Corporación. Por lo pronto, el martes pasado tuvimos una sesión de casi cuatro horas, en la cual contamos con la presencia del Contralor General de la República, quien dio respuesta extensa y televisada al oficio que se solicita remitir en el punto primero. Él nos dio una cuenta detallada de las razones que llevaron a la Contraloría a definir las normativas que hoy está aplicando, en reemplazo de aquellas que se habían empleado equivocadamente, en opinión del Contralor, por ese mismo organismo durante un período anterior. Por otra parte, la Comisión de Educación ha acordado reunirse en una fecha muy próxima con el Ministro de Educación y con el director de la División de Educación Superior para resolver las propuestas legislativas que deben abordarse para solucionar este problema. Además, la Comisión de Hacienda debía recibir hoy al Director de Presupuestos para analizar una solución financiera; pero éste ha solicitado postergar la reunión para la próxima semana, porque hoy se reunirán los representantes de la Contraloría, del Ministerio de Educación, de Hacienda y de la Anef para buscar una solución al problema. Si bien el proyecto de acuerdo tiene un fin muy loable, el tema de fondo que plantea ya está siendo abordado por dos Comisiones de la Cámara de Diputados y esperamos que se llegue a una solución. Por las razones expuestas, estimo que el proyecto debería ser retirado por quienes lo impulsan, para no dar una señal de rechazo. En caso de que ello no ocurra, debe ser rechazado por estar tratándose el asunto en dos Comisiones de la Corporación. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don Aldo), Correa, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña María Pía), Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, Leal, Leay, León, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Monge, Montes, Mulet, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rincón, Riveros, Rojas, Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Vargas, Vega, Velasco, Vilches y Villouta. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Coloma, Ibáñez, Jaramillo, Muñoz (doña Adriana), Palma (don Andrés) y Walker (don Ignacio).MAYORES RECURSOS PARA BOMBEROS. El señor NARANJO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 27, de los señores Errázuriz, Galilea, don Pablo; Krauss, Delmastro, señora Caraball, doña Eliana; señores Pareto, señora Ovalle, doña María Victoria; señores Jarpa, Fossa, Kuschel, Álvarez, García-Huidobro, Velasco, Mulet, Ojeda, Sánchez, Ulloa, Van Rysselberghe, Bertolino, Ortiz, Villouta, Rojas, García, don René Manuel; Monge, Molina, Masferrer, Martínez, don Rosauro; Caminondo, Letelier, don Juan Pablo; Jiménez, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Silva, Moreira, Pérez, don José; Urrutia, Vargas y Tuma. “Considerando:1. Que los bomberos cumplen una delicada función en la sociedad que no sólo beneficia a los ciudadanos que puedan verse afectados por un siniestro, sino también a las compañías de seguro, que gracias a su intervención, evitan o reducen el monto de la indemnización a pagar;2. Que los bomberos no cuentan con los recursos materiales necesarios para hacer frente a una población que crece día a día sin que sus medios aumenten en la misma forma;3. Que las subvenciones y aportes que proporcionan a los bomberos el Estado, las municipalidades y otros ingresos que puedan tener, no les permiten cubrir sus crecientes necesidades;4. Que la mayor eficiencia de los bomberos va en beneficio directo de las personas y de las propias compañías en que esas personas tienen asegurados sus bienes, La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca que un porcentaje no superior al 0,5 por ciento de las primas que se pagan a las compañías de seguros vaya en beneficio directo de los bomberos, para ser distribuido a través de su Junta Nacional en proporción a la población y a la extensión del territorio que debe atender cada compañía de bomberos”. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene su origen en una indicación que presentamos en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados hace un par de años, por cuanto es evidente que cuando Bomberos actúa, además de beneficiarse los dueños de los bienes siniestrados, también lo hacen las compañías de seguros que reducen el monto de la indemnización a pagar. Entonces, ¿no parece justo y lógico que de las primas que los asegurados pagan a las compañías de seguros, un pequeño porcentaje, no más del 0,5 por ciento, pueda ir a Bomberos para ser distribuido por la Junta Nacional, no en forma arbitraria ni de la manera que le parezca, sino atendiendo a criterios objetivos, como la población que le corresponda atender y la extensión geográfica que debe cubrir? Hay sectores muy poblados, como Puente Alto y La Pintana, y otros que no lo son tanto, pero que tienen un gran territorio, como San José de Maipo. Por otro lado, tampoco es bueno que estos dineros se distribuyan de acuerdo con los criterios históricos, porque muchas veces éstos no responden a la realidad. Cuando presentamos esa indicación en la Comisión de Gobierno Interior, se nos respondió que era inadmisible, porque en la práctica constituye una especie de impuesto, de expropiación, o como se le quiera llamar, razón por la cual debe ser de iniciativa del Presidente de la República. Por ello, solicitamos que el Ejecutivo envíe un proyecto, con el objeto de ayudar a Bomberos, sin perjuicio de los recursos que se le destinan a través del Presupuesto de la Nación. Ello no debería significar mayor costo a los asegurados. En cambio, las compañías de bomberos podrán actuar con mayor eficiencia y favorecerán mucho más todavía a las compañías aseguradoras que deben indemnizar los perjuicios por los siniestros que ocurran. Ése es el fundamento del proyecto de acuerdo para el cual solicito la aprobación de la Cámara. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la situación de Bomberos, en general, no debe transformarse en un tema político: los buenos y los malos, los que están a favor o en contra de Bomberos. Desde el 11 de marzo de 1990, diputados de todas las bancadas hemos presentado indicaciones y proyectos de acuerdo que, en los hechos, han significado que en los ocho años de la Concertación se hayan aumentado de manera muy importante los ingresos de los cuerpos de bomberos. Más aún, en situaciones especiales siempre se ha contado con la disposición del Ministerio de Hacienda y del Superintendente de Valores y Seguros para su solución. La bancada democratacristiana apoya el proyecto de acuerdo, que es positivo y espero que sea aprobado por unanimidad, pero quería dejar constancia de lo que hemos hecho hasta hoy. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, apoyo totalmente a los bomberos y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos a cumplir bien su función, pero el proyecto de acuerdo en discusión incurre en algunos errores que no hacen aconsejable su aprobación. Respecto del establecimiento de un porcentaje no superior al 0,5 por ciento de las primas que se pagan a las compañías de seguros, no sé si se refiere a todas las primas. Por su redacción, así se entiende, es decir, toda prima de seguro, sea contra incendio, robo o cualquier otro tipo de siniestro, debe pagar el 0,5 por ciento a este fondo de Bomberos. Creo que debería restringirse a las primas contra incendio. Incluso, en este caso, también hay que tener cuidado, porque se discrimina a las propiedades aseguradas contra incendios en beneficio de las que no lo están. Al revés de lo que sostiene mi colega Maximiano Errázuriz, esto sí incidirá en el costo de las primas contra incendios o contra cualquier otro tipo de siniestros, las que, por supuesto, serán más caras. Si estamos en verdad preocupados por la situación de Bomberos, debemos tratar el tema en la Ley de Presupuestos, y fijar subvenciones adecuadas sobre la base de los antecedentes que nos presenten para conocer sus reales necesidades. Por la razones expuestas, votaré en contra del proyecto de acuerdo. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para intervenir en contra del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, nadie puede negar mi preocupación por los bomberos en todo tipo de situaciones y actividades, de manera que el hecho de que impugne el proyecto no significa que esté en contra de la institución. Quiero confirmar lo que acaba de expresar el Diputado señor Ibáñez, en el sentido de que esta iniciativa generará un alza de las primas de seguro, dado que las compañías, que son empresas particulares, no aceptarán que parte de las primas que cobran se descuente de sus ingresos. Por otra parte, quiero hacer presente al Diputado señor Errázuriz que, en la actualidad, un porcentaje de las primas de seguro de incendio va en beneficio de la superintendencia de bomberos de las respectivas ciudades. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alessandri, Ávila, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Leay, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Moreira, Mulet, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Prochelle (doña Marina), Rincón, Rojas, Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Vargas, Velasco y Vilches. -Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Dittborn, Guzmán (doña María Pía), Ibáñez y Villouta. -Se abstuvieron los Diputados señores. Álvarez, Cardemil, Longton y Núñez.CREACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS. El señor NARANJO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 28, de los señores Cornejo, don Patricio; Olivares, Arratia, señora Caraball, doña Eliana; señores Ojeda, Jarpa, Delmastro, Bertolino, Ortiz, Mora, Villouta, García, don René Manuel; Masferrer, Martínez, don Rosauro; Caminondo, Palma, don Osvaldo; Letelier, don Juan Pablo; Kuschel, señora Muñoz, doña Adriana; señores Jiménez, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Silva, Pérez, don José; Moreira, Urrutia, Vargas, Tuma, señorita Sciaraffia, doña Antonella, y señor Salas. “Considerando que:1. Las personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, constituyen una proporción significativa de nuestra población.2. Es un imperativo moral incorporar a los discapacitados a una vida social plena.3. Los programas de prevención y rehabilitación de los discapacitados son muy insuficientes en nuestro país.4. De acuerdo a la ley Nº 19.284 que establece normas para la plena integración de los discapacitados, señala expresamente que la prevención y rehabilitación de las discapacidades, constituye una obligación del Estado.5. En mérito al artículo Nº 4 de la mencionada ley, el Estado deberá ejecutar programas destinados a las personas con discapacidad, de acuerdo a las características particulares de sus carencias. Por las razones anteriormente expuestas, los diputados que suscriben, someten a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente: Proyecto de acuerdo:1. Oficiar al señor Ministro de Salud y por su intermedio a todos los Directores de Servicios de Salud del país para que, en el uso de sus atribuciones, creen centros para la atención integral de los discapacitados, donde al menos se identifique a cada uno de ellos; se les abra un registro o ficha clínica individual; se determinen sus respectivos diagnósticos y sus secuelas discapacitantes; se les entregue atención médica preferencial de acuerdo a su previsión; sean ingresados a programas de rehabilitación integral; sean ayudados a ingresar al Registro Nacional de la Discapacidad y se les procure las ayudas técnicas que contempla la ley Nº 19.284 y, en lo posible, se promueva su reinserción educacional, cultural o laboral, según sea el caso”. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, hace dos semanas presenté una moción con el objeto de que la Cámara se aboque al estudio de la aplicación de más de 300 leyes que hemos dictado a partir de 1990. Una de mis motivaciones para formular esa moción fue lo que ocurre con la ley Nº 19.284, referida a la discapacidad. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, cuando se discutió la iniciativa legal existían en Chile alrededor de 300 mil discapacitados; pero, de acuerdo con un informe de Mideplán, la cantidad ascendería a 1 millón 280 mil personas. Para gozar de los beneficios de la ley de discapacidad -que no sólo dicen relación con salud- se requiere cumplir con dos requisitos: uno, acreditar la discapacidad a través del Compín y, dos, inscribirse en el registro nacional de discapacidad del Registro Civil. Han transcurrido tres años desde que el Parlamento dictó esa ley, pero si uno ve el registro de los discapacitados inscritos para ser favorecidos no sólo con lo establecido en el proyecto de acuerdo, sino con el total de beneficios otorgados por ley, resulta que no hay más de doce mil acreditados por el Compín e inscritos en el registro nacional. Es decir, hace más de tres años hemos dictado una ley que ni siquiera beneficia al 2 ó 3 por ciento de los discapacitados del país. Sugiero a los autores del proyecto de acuerdo que, en lugar de tratar ahora el tema del Ministerio de Salud, nos aboquemos a evaluar los resultados de la ley sobre discapacidad y a proponer su modificación para que, efectivamente, esas personas gocen de sus beneficios. Voy a apoyar el proyecto de acuerdo, pero quiero ir más allá, porque lo mencionado en algunos de sus considerandos, especialmente en la página 1, está en la ley. El problema es que ella no se ha aplicado. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Cornejo para hablar a favor del proyecto de acuerdo. El señor CORNEJO (don Patricio).- Señor Presidente, la cantidad de discapacitados en Chile no se conoce con exactitud como tampoco la magnitud y características de sus carencias. Hay quienes hablan de un 4 por ciento y otros de hasta un 10 por ciento. Con las cifras más conservadoras, en Chile habría sobre 500 mil y hasta un millón y medio de discapacitados. La dictación de la ley Nº 19.284, vigente desde hace cuatro años, fue un esfuerzo legislativo de real magnitud. Define lo que es una persona con discapacidad; señala que la prevención y la rehabilitación de los discapacitados es una obligación del Estado y un derecho y un deber para ellos y sus familias, y de la sociedad en su conjunto; indica también que el Estado deberá elaborar programas para los discapacitados, de acuerdo con sus carencias, con criterios de priorización, según el grado de discapacidad y el nivel socioeconómico; crea el Registro Nacional de la Discapacidad; señala que estará a cargo del Registro Civil e Identificación y define lo que son las ayudas técnicas; estipula el rol de las comisiones de medicina preventiva e invalidez de los servicios de salud en este tema y establece que deberán contar con especialistas para realizar sus funciones; se preocupa de la prevención en forma muy destacada. También señala las medidas tendientes a la rehabilitación de los discapacitados; establece todas las facilidades inherentes a la educación que se les debe brindar, desde los jardines infantiles hasta la educación superior, e indica la responsabilidad del Estado en la capacitación laboral de los discapacitados y los mecanismos para su inserción o reinserción en el mundo del trabajo; se refiere a las exenciones arancelarias y gravámenes aduaneros de que podrán beneficiarse los discapacitados para la importación de vehículos y demás ayudas técnicas; establece los procedimientos y sanciones para aquellos que discriminan contra los discapacitados y crea el Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadi. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Señor diputado, ha concluido su tiempo. El señor CORNEJO (don Patricio).- Sólo quería hablar a favor de este proyecto y agradecer a todos los señores diputados que lo han apoyado. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Si no hubiera opiniones en contra del proyecto de acuerdo, podríamos darlo por aprobado. No hay acuerdo. Quedará pendiente parte de su discusión y la votación, porque ha terminado el tiempo destinado a estos proyectos. VIII. INCIDENTESALCANCE SOBRE CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS EN EL SENADO. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en los últimos días ha habido una fuerte polémica, revestida con ribetes de fiscalización, por la construcción de dos nuevos pisos y un comedor en el Senado de la República. Me sumo a quienes lamentan esa inútil obra, pero creo que en política las cosas se tienen que decir por su nombre porque, cuando no ocurre así, en definitiva se desinforma, se desvirtúan las denuncias y ellas no cumplen sus objetivos en cuanto a los autores o propósitos reales de estas especies de corrupciones. El referido comedor está siendo construido por iniciativa de una Mesa del Senado que cesó en sus funciones. Si se quisiera fiscalizar, no debería ser a la Mesa actual, sino a aquélla que era presidida por un senador de Renovación Nacional -hoy precandidato a la Presidencia de la República en unas elecciones que se realizarán pronto en ese Partido- y por un senador de la Unión Demócrata Independiente, no reelecto por decisión de la ciudadanía. Ellos propusieron la construcción del comedor, firmaron los contratos y pidieron plata adicional al Ministerio de Hacienda para ello. Es cierto que la autorización también la dio la Comisión de Régimen Interno del Senado, en la cual los partidos de Oposición tenían mayoría. ¿Por qué otras personas contribuyeron a dar acuerdo para la ejecución de ese proyecto? Por una razón muy simple, política y de fondo: el comedor en el techo del Senado tiene por objeto garantizar la seguridad de un personaje público nacional muy importante, que ha recibido honores insólitos en nuestro país durante el presente año -entre ellos el calificativo de “benemérito”-, para que él pueda usar en plenitud las dependencias del Senado. -Manifestaciones en la Sala. El señor PALMA (don Andrés).- Los diputados que hoy reclaman en esta Sala... -Manifestaciones en la Sala. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Voy a llamar al orden a los señores diputados. Continúa con la palabra el Diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Los diputados que hoy reclaman debieran hacerlo de verdad por todo lo relacionado con el comedor del Senado. ¿Es justo que en el país se tenga que gastar esa cantidad de dinero para garantizar la seguridad de un personaje con un pasado bastante discutible? -Manifestaciones en la Sala. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, veo que esto causa ira y alteración en algunos señores diputados. Lo único que les pido es que tengan la misma disposición para discutir las cosas de verdad. Reitero que el comedor sobre el último piso del Senado tiene por objeto garantizar la seguridad de Pinochet. En lo personal, estoy dispuesto a garantizarla porque quiero que se muera de viejo. Pero quienes han hecho toda esta denuncia han ocultado parte fundamental del hecho: cuál es el propósito del comedor y quiénes tomaron la decisión. En mi opinión, en política hay que ser transparente y decir las cosas tal como son. He dicho. -Aplausos.CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO EN TALAGANTE. Oficio. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en días pasados, el Diputado señor Jaime Jiménez se refirió a un problema de interés para el país -así lo dijo- y, en particular, para el distrito 31, que él representa. Hizo mención a la decisión tomada por Emeres, Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, de adjudicar, en forma condicionada a la aprobación definitiva del Corema, el depósito de basura de varias comunas del Gran Santiago en un sector de Talagante que deslinda con Isla de Maipo. En su intervención, el Diputado señor Jiménez expresó su preocupación por el impacto económico y social que la instalación del vertedero tendrá para los empresarios, trabajadores y sus respectivas familias, fundamentalmente de los sectores agrícola y frutícola. En fecha reciente, recibí una carta del presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, señor Ronald Brown, en la cual me manifiesta la preocupación de su sector respecto del tema. Dice textualmente que “el manejo de basura y desechos puede producir contaminaciones de proporciones, tanto en el aire, en la tierra y en el agua como en las napas subterráneas, en una zona preferentemente de uso agrícola, lo que se contradice notoriamente con las altas y crecientes exigencias que los mercados internacionales colocan a nuestros productos y, como consecuencia de ello, se puede esperar que la imagen de la fruta chilena sea afectada en el exterior y que los productos provenientes de esa zona no califiquen como susceptibles de ser exportados”. Añade en su carta que si se comprueba una determinada contaminación, en cualquier etapa del proceso productivo o de comercialización y ello se hace público en el exterior, será toda la actividad hortofrutícola de exportación la que se verá altamente perjudicada, en especial cuando los principales mercados han acometido iniciativas muy estrictas respecto de la higiene de los alimentos. He querido hacer coincidir la preocupación del Diputado señor Jiménez con esta carta que, en mi condición de Presidente de la Comisión de Agricultura, he recibido de parte de los exportadores frutícolas, para reiterar la preocupación que existe respecto de la instalación de un vertedero en la zona antes descrita, por los efectos negativos que puede tener en un sector de actividad económica tan importante, como es la agricultura frutícola de exportación. Por ello, junto con reiterar los diferentes oficios a instituciones del Estado que solicitó el Diputado señor Jiménez, quiero, formalmente, que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para expresarle nuestra profunda preocupación respecto de este hecho. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.EXIGENCIAS EXCESIVAS EN COLEGIOS DE IQUIQUE. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia. La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).- Señor Presidente, distintas organizaciones sociales de mi distrito, en particular juntas de vecinos, me manifestaron su preocupación porque en algunos colegios, tanto municipalizados como particulares subvencionados, lamentablemente se está produciendo un mercantilismo excesivo, en el sentido de que exigen a los alumnos asistir con determinadas vestimentas, incluso para hacer gimnasia, que lleven el respectivo símbolo o insignia, muchas veces de gran costo para la gente de escasos recursos. En definitiva, transgreden la normativa que el Ministerio de Educación ha dispuesto en este sentido. Se supone que los colegios no pueden vender tales productos, mucho menos si ello va en desmedro del presupuesto familiar, normalmente escaso. Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Educación, para que ordene una fiscalización mayor al respecto, y al Ministro del Interior, a fin de que adopte medidas en la misma dirección. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana.MANTENCIÓN DE CAMINOS EN REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre el daño que, en algunas ocasiones, puede significar una obra de adelanto como las que se han concesionado en materia de obras públicas, en particular por lo que está sucediendo en el antiguo camino Estación Central-Melipilla. A raíz de la concesión de la autopista de El Sol, esa vía se ha descuidado y deteriorado, en perjuicio de los vecinos de las comunas que integran el distrito 31, que represento, es decir, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla. Por eso, solicito que el Director Nacional de Vialidad informe a la Cámara acerca de los recursos que antes se invertían en mantener la hoy autopista de El Sol y cuánto se invierte en el camino antiguo. En general, importa saber en qué medida y porcentaje se destinan recursos para mantener las rutas antiguas, de 1994 a la fecha. Al mismo tiempo, para que se le pida especial preocupación por la descuidada vía que une Melipilla con Curacaví y María Pinto -el camino Melipilla-Bollenar-, hasta la ruta 68, porque hoy se ha transformado en una verdadera trampa para los usuarios por falta de mantención. Deseo que se envíe copia de mi intervención a los señores alcaldes de Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, El Monte, Talagante, Melipilla, María Pinto, San Pedro, Curacaví. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención.RECONOCIMIENTO A DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE VALLENAR. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, los médicos y demás funcionarios del hospital de Vallenar realizan esfuerzos por salvar la vida de la joven Lorena Pinilla, que se accidentó hace algunos días, hecho que conmocionó a la comunidad. Ella continúa en estado grave, pero aprovecho la oportunidad para resaltar los esfuerzos que se hacen en un hospital antiguo, pero muy bien dotado con modernos equipos, que le fueron entregados durante los últimos ocho años, y con excelentes y sacrificados funcionarios. Felicito a los médicos y demás funcionarios; a las decenas de dadores de sangre, especialmente amigos de la joven, a carabineros, bomberos, estudiantes, etcétera. Por último, solicito que se hagan llegar mis felicitaciones al director del hospital de Vallenar y al señor René Ceriche, que representa a los trabajadores, con copia de mi intervención. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma indicada, con la adhesión de los diputados de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional.ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA. Oficio. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, hace algunos días, la Cruz Roja cumplió un aniversario más. En mi nombre y en el del Diputado señor Ortiz, solicito que se envíe oficio a la Cruz Roja Chilena, en homenaje a su nuevo aniversario. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre de su Señoría.SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ARGENTINO. Oficio. El señor VELASCO.- Señor Presidente, por otro lado, dadas las consecuencias derivadas de los embates de la naturaleza -inun-daciones y gran cantidad de víctimas-, quiero que se oficie al Parlamento argentino para que se le exprese nuestra solidaridad como país. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, al cual adhieren todos los diputados presentes. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.TARIFAS DEL AGUA POTABLE. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución). El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, me referiré a las tarifas que los servicios sanitarios de regiones cobran por el agua potable. Las tarifas las determina el Ministerio de Economía según un procedimiento establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 70 y en el decreto supremo Nº 454, de 1989, que lo reglamenta. El criterio que se sigue se basa en costos económicos eficientes de las empresas y no depende de su situación contable o financiera. Debe tenerse presente que el gran objetivo en materia de tarifas de servicios prestados por empresas sanitarias, que tienen características monopólicas, al igual que en el caso de las eléctricas, fue establecer mecanismos basados en los siguientes principios: En primer lugar, de eficiencia económica. De acuerdo a este principio, el sistema tarifario debe permitir maximizar el bienestar social a partir de los escasos recursos productivos que toda comunidad posee. En este sentido, el precio, la tarifa para el usuario, debe ser calculado sobre la base del criterio de costo marginal. En segundo lugar, de autofinanciamiento. Según este principio, el sistema tarifario debe permitir que las tarifas aplicadas a las empresas de servicio público generen ingresos suficientes para cubrir los costos de operación y mantención y también los de inversión o desarrollo a través del tiempo. En tercer lugar, de equidad. Este principio consiste, básicamente, en no discriminar las tarifas, sino exclusivamente por razones de costos distintos, evitando así subsidios cruzados entre consumidores de una misma zona geográfica. Finalmente, de inteligencia. Según este principio, la estructura tarifaria debe ser capaz de entregar señales de precios correctos para la toma de decisiones, tanto para el consumo de los usuarios como para la inversión de las empresas, permitiendo una mejor asignación de los recursos productivos y evitando el derroche de servicios. Ahora bien, el sistema tarifario basado en los costos en que incurren las empresas, no necesariamente van a reflejar tarifas bajas ni parejas entre regiones o al interior de ellas. A modo de ejemplo, voy a señalar la situación de la Tercera Región. Existen dos cuentas tipo para Atacama: el grupo 1, conformado por las ciudades de Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar e Inca de Oro, y el grupo 2, configurado por Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Huasco y Freirina. La cuenta tipo de 15 metros cúbicos, para el grupo 1, tiene un costo de 4.808 pesos, lo que significa un precio de 152 pesos por metro cúbico; en cambio, para el grupo 2, que es el más afectado en este momento, el costo de los 15 metros cúbicos es de 11.374 pesos, lo que arroja un precio de 546,52 pesos más IVA por metro cúbico. Por otra parte, los clientes de la Tercera Región se desglosan en 34.294 para Copiapó, Vallenar y Tierra Amarilla, y 27.860 para el resto de las comunas. Es prácticamente un número similar. Teniendo presente que las tarifas podrían ser altas, el legislador previó dos sistemas, que, en definitiva, significan rebajarlas, además de la gestión que en forma permanente deben hacer los directores de la empresa, en el sentido de exigir eficiencia en la administración. Dichos sistemas son el subsidio al consumo y la tarifa política, que es lo que nos preocupa en esta oportunidad. Las principales características del subsidio para el pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, son las siguientes: es en favor de los usuarios residenciales de más bajos recursos y aplicable a los cargos fijos y variables y los porcentajes a subsidiar deben ser los mismos para los beneficiarios de una misma región que presenten un nivel socioeconómico similar. Para postular al subsidio es necesario que el grupo familiar y demás personas residentes en la propiedad se encuentren en la imposibilidad de pagar el monto total del valor de las prestaciones, atendidas sus condiciones socioeconómicas, encontrarse los solicitantes al día en el pago de los servicios, y previa solicitud por escrito del beneficio en formularios especiales, en la municipalidad que corresponda a la dirección de la propiedad con servicio domiciliario de agua potable o alcantarillado. Al momento de asignar los subsidios, la municipalidad selecciona a los postulantes de acuerdo con el nivel socioeconómico, determinado sobre la base de sectores y factores objetivos fijados por resolución del intendente. Finalmente, el prestador del servicio factura el valor de los subsidios a la municipalidad correspondiente que, para estos efectos, será considerada cliente. En la boleta que se extienda al consumidor deberá indicarse separadamente el precio total de las prestaciones, el monto subsidiado y la cantidad a pagar por el usuario. En el caso de la Tercera Región -ejemplo que estamos señalando-, sólo reciben subsidio 17.461 clientes, en circunstancias de que la cantidad total de clientes en la Región es de 62 mil. En conformidad con el artículo 48, Nº 1), de la Constitución Política del Estado y en consideración a la insuficiente cantidad de subsidios, a las desigualdades y a los altos niveles, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que informe sobre las razones por las cuales, a la fecha, no ha fijado una tarifa política, pese a la diferencia de subsidios existentes en la Tercera Región, donde hay comunas que han aumentado en forma considerable la moratoria, porque no pueden pagar ni seguir solventando estos costos tan altos del agua potable. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En atención a que el Diputado señor Vilches ha invocado la facultad consagrada en el artículo 48, Nº 1), de la Carta Fundamental, que exige que la “proposición cuente con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes”, corresponde votar. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por el honorable Diputado señor Vilches. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Alessandri, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña María Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Ulloa, Vargas, Vega y Vilches.NORMAS COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS EMANADAS DE LA LEY Nº 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución). El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, la preservación del medio ambiente es probablemente el gran tema de fines de este siglo y, sin duda, será el más conflictivo en el próximo. La globalización de la economía mundial está convirtiendo al planeta en una verdadera aldea, saltando y borrando fronteras por doquier, eliminando los límites de las naciones y convirtiendo a Oriente y Occidente en un gran complejo comercial. Sin embargo, el medio ambiente siempre ha sido globalizado en este planeta. Sólo ahora todos los países están sintiendo el efecto global, producto del crecimiento de la población y su desarrollo simultáneo. A nivel nacional sucede lo mismo. Sin embargo, el desarrollo sin equidad territorial, a lo largo y a lo ancho del país, da como resultado un mega Santiago, necrosado por la contaminación de su ambiente. Me alegro de vivir en provincia, con aire puro y aguas puras o, al menos, más puras que en Santiago; pero no me alegro de que la Región Metropolitana sufra este mal, porque también afecta a la vida nacional, esto es, más inversión y gastos en Santiago para solucionar sus problemas en desmedro de las regiones. Cuando Santiago estornuda, el resto del país se resfría. En septiembre de 1992, inició su tramitación legislativa en el Senado el proyecto de ley sobre bases del medio ambiente, cuyo objetivo era desarrollar jurídicamente la garantía consagrada en el artículo 19, Nº 8º, de la Carta Fundamental, crear una institucionalidad que permita solucionar los problemas ambientales existentes y evitar la creación de otros; crear los instrumentos para una eficiente gestión del problema nacional y ambiental, y disponer de un cuerpo legal general. Luego de casi dos años de tramitación, en marzo de 1994 fue publicada la ley Nº 19.300. Han pasado cuatro años desde su entrada en vigencia, y son múltiples las críticas que se le han hecho a dicha ley y a la institucionalidad ambiental. Me voy a detener en algunas de ellas, las cuales tienen que ver con el hecho de que muchas de sus disposiciones no han podido aplicarse porque no se han dictado los cuerpos legales o reglamentarios correspondientes. No obstante, debo hacer mención a un documento que me hiciera llegar don Rodrigo Egaña, Director Ejecutivo de la Conama, en el cual se ha establecido una política ambiental para el desarrollo sustentable, aprobada por la unanimidad de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y por su Consejo Directivo de Ministros en enero del presente año. En razón de lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie al Presidente de la República, en virtud del artículo 48, Nº 1), de la Constitución Política del Estado, para que, por intermedio del Ministro Secretario General de la Presidencia, informe sobre la legislación complementaria y la reglamentación que debe emanar de la ley N° 19.300, separando lo que se ha dictado hasta la fecha -respecto de lo cual se necesita una evaluación-, de lo que no lo ha sido. En especial, se requiere información sobre lo siguiente: Un reglamento que establezca requisitos, plazos y limitaciones de aplicación general que deberán cumplir las áreas silvestres protegidas de propiedad privada, para gozar de las franquicias, ejercer derechos y dar cumplimiento a las obligaciones y cargas a que se refiere el sistema nacional de las áreas silvestres protegidas. (Artículo 35 de dicho cuerpo legal). El reglamento que fija el procedimiento para clasificar las especies de flora y fauna silvestres en las siguientes categorías: extinguidas, en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas y fuera de peligro. (Artículo 36 del mismo cuerpo legal). Una legislación que vele por que el uso del suelo se haga en forma racional, a fin de evitar su pérdida y degradación. (Artículo 39). Una legislación que establezca la naturaleza y la forma de asignación, división, transferencia, duración y demás características de los permisos de emisión transables. (Artículo 48). Dentro del plazo de un año, -desde 1994-, la Conama debió presentar al Presidente de la República el estudio técnico para la formulación del proyecto de ley sobre los permisos de emisión transables. (Artículo 3º). El decreto supremo reglamentario del Fondo de Protección Ambiental. Normas primarias y secundarias de calidad ambiental, y normas de emisión. Además, diversos estándares que deben ser establecidos de acuerdo con la ley y que, indudablemente, requerirán de muchos estudios e investigación locales y también de carácter nacional, ya que, en la actualidad, se está operando con muchos estándares y normas de emisión extranjeros. Por lo tanto, debe readecuarse de acuerdo con la realidad nacional. Asimismo, en relación con su operatividad, se solicita información sobre: zonas del país declaradas latentes o saturadas, anteproyectos de planes de prevención y descontaminación, estado actual de tramitación, grado de cumplimiento del segundo programa priorizado de normas, publicado en el Diario Oficial del 15 de abril de 1997, y, finalmente, definiciones sobre el seguro ambiental. Por lo tanto, solicito el envío del oficio en virtud del artículo respectivo de la Constitución Política. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación la solicitud hecha por el Diputado señor Delmastro. -Efectuada la votación en forma económica, no se registró resultado por fallas del sistema electrónico. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por un problema técnico, se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobada la petición del Diputado señor Delmastro.ADQUISICIÓN DE AVIÓN PRESIDENCIAL Y USO DE TRANSPORTE AÉREO POR AUTORIDADES PÚBLICAS. Oficios. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución). El señor NARANJO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya. El señor PAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo dejar constancia de que los partidos de Oposición hemos tenido que recurrir al mecanismo constitucional que estamos ejerciendo en este minuto, como única manera de lograr que el Gobierno no transforme en una de papel la facultad de fiscalización que tenemos los miembros de esta Cámara. Esta decisión obedece a que muchas veces el Gobierno contesta, pero en cualquier plazo, cuando las situaciones que queremos fiscalizar están absolutamente ejecutadas. En segundo lugar, como punto de Reglamento, si bien me parece razonable usar el sistema de votación para dejar constancia de que, como exige la Constitución, un tercio de los diputados presentes apoyan las solicitudes de fiscalización de distintos parlamentarios, no se trata de un acuerdo que, como tal, requiera votación, distinción que es prudente tener presente para evitar confusiones en el futuro respecto del quórum de diputados presentes en la Sala a la hora de formular estas solicitudes. Entrando en materia, es de público conocimiento que se ha puesto a disposición del Presidente de la República un avión de uso exclusivo. La prensa ha informado que costaría 35 millones de dólares. Para tener parámetros de comparación, cabe recordar que los recursos que en alguna oportunidad se pusieron a disposición de Carabineros para solucionar sus problemas de dotación y aumentar en dos mil las plazas -materia discutida durante varias semanas y, en particular, en la semana anterior- ascienden a 14 mil millones de pesos, o sea, prácticamente es la misma cifra que, en virtud de las informaciones de prensa, se estaría empleando en la adquisición de un avión presidencial. De manera que nos parece importante que se explique cómo se realiza dicho gasto, que, además, consideramos un descriterio. Por lo tanto, en virtud del artículo 48, Nº 1), inciso segundo, de la Constitución Política, pido que se envíen los siguientes oficios: Al Ministro de Hacienda, a fin de que nos informe sobre cuál es el tipo y valor del avión adquirido para uso del Presidente de la República. Asimismo, en qué fecha, mediante qué mecanismo -si hubo o no licitación- y con cargo a qué ítem del Presupuesto Nacional se efectuó la adquisición, puesto que la Cámara aprobó la Ley de Presupuestos para este año, y en ningún momento se señaló que recursos consultados en ella se destinarían a la compra de un avión presidencial. Al Ministro de Defensa Nacional -en el mismo tenor-, con el objeto de que nos indique qué tipo de vehículos de transporte aéreo existen -sean aviones o helicópteros- para el transporte de pasajeros, utilizados por algún organismo dependiente de ese ministerio, por otras reparticiones o por autoridades públicas. Asimismo, deseamos saber el valor de esos vehículos y en razón de qué procedimiento y con cargo a qué ítem del Presupuesto nacional fueron adquiridos. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Señor diputado, de acuerdo con la Constitución, es necesario dejar constancia del quórum reunido en cada caso. Por lo tanto, se votarán en forma separada los dos oficios de fiscalización solicitados por su Señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, ¿por qué no votamos los dos en un solo acto? El señor NARANJO (Vicepresidente).- No es posible, señor diputado, pues, en cada caso, se debe dejar constancia de los diputados presentes en la Sala. En votación la petición de oficio al Ministro de Hacienda, solicitado por el Diputado señor Paya. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobada la petición del Diputado señor Paya. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Espina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña María Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longueira (don Pablo), Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Sánchez, Ulloa, Urrutia y Vargas. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación la petición de oficio al Ministro de Defensa. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobada la petición de enviar oficio al Ministro de Defensa. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Álvarez, Álvarez-Salamanca, Alessandri, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Guzmán (doña María Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longton, Longueira (don Pablo), Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, Sánchez, Ulloa, Vargas y Vega.-Se abstuvo el Diputado señor Urrutia.ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y OBRAS SANITARIAS DEL PROGRAMA FOSIS. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución). El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, también en virtud del artículo 48, Nº 1), de la Constitución Política, solicito que se oficie al Ministro de Planificación y Cooperación -si aún desempeña ese cargo- o a quien lo esté reemplazando, a fin de que nos remita en forma detallada toda la información existente a partir de marzo de 1994, sobre todos los proyectos del programa Fosis que, en materia de electrificación y obras sanitarias, han sido asignados a distintas empresas. Como sabemos, una vez realizados dichos proyectos, las empresas -sean privadas o públicas- deben reembolsar acciones a las comunidades que contribuyeron con recursos propios a su materialización. Por eso, queremos tener conocimiento de todos los postulantes a esos proyectos, de las empresas ejecutoras y quiénes han recibido los aportes reembolsables de dichas empresas; el nombre completo de las personas -en el caso de tratarse de personas naturales- y su Rut, y de las instituciones jurídicas -cor-poraciones, ONG, fundaciones, etcétera-, a fin de saber adónde están yendo estos recursos que, obviamente, deberían ser entregados en su totalidad a los beneficiarios, que son quienes han efectuado aportes. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación la petición de oficio del Diputado señor Longueira. Por encontrarse bloqueado el tablero electrónico, las votaciones restantes se efectuarán por el sistema de manos levantadas. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobada la petición del Diputado señor Longueira.INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DE PERSONAL Y SERVICIOS DE URGENCIA DEL PAÍS. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo de la Constitución). El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, en razón de la crisis que hoy afecta a los servicios de urgencia del Ministerio de Salud y a la atención de salud, en general, en virtud del artículo 48, Nº 1), de la Constitución Política, solicito que se oficie al Ministro de Salud, con el objeto de que informe sobre los siguientes puntos:1º A cuánto ascienden los recursos destinados a acelerar e implementar soluciones de los problemas de equipamiento e infraestructura, particularmente de las condiciones de trabajo y del entorno laboral de los equipos de salud que trabajan en los servicios de urgencia, desde 1994 a la fecha. Que especifique en qué regiones y centros hospitalarios se han efectuado las inversiones, con el objeto de tener un enfoque desglosado de las mismas. 2º Cuántos cargos se han creado en los servicios de urgencia de la Región Metropolitana, a partir de marzo de 1994, y en qué centros hospitalarios de las distintas regiones del país se han asignado cargos. 3º En qué forma se está cumpliendo con la normativa legal vigente relativa a los días de descanso compensatorio a que tienen derecho quienes trabajan en turnos adicionales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cómo se recupera el desgaste que significa trabajar en dichos servicios de urgencia y los recursos que el Estado debe destinar para tal efecto. 4º Si se ha desarrollado o no el programa de educación continua para el personal que trabaja en los servicios de urgencia, UCI, residencias y maternidades, atingente a los temas y problemas de su desempeño, y una evaluación del mismo. 5º Cómo ha funcionado la unidad técnica creada en la Subsecretaría del Ministerio de Salud destinada a perfeccionar el adecuado y oportuno desarrollo de la función de urgencia en el país.6º Si se ha implementado o no lo acordado por el grupo de trabajo destinado a sentar las bases de la creación de un futuro centro de trauma de adultos y de niños de referencia nacional.7º Si se ha llevado a cabo lo relativo a entregar incentivos a quienes desempeñan especialidades en falencia. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación la petición formulada por el Diputado señor Melero. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobada la solicitud del Diputado señor Melero. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN OCTAVA REGIÓN. Oficio. (Aplicación del artículo 48, Nº 1, inciso segundo, de la Constitución). El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, sólo para reiterar -también en ejercicio del artículo 48, Nº 1), de la Carta Fundamental- la petición de oficio al Ministro de Obras Públicas que formulé junto con el Diputado señor Rosauro Martínez en la sesión del miércoles pasado. En la Octava Región, la empresa Pawic, durante tres años, obtuvo contratos de diferentes organismos públicos por 10.000 millones de pesos para ejecutar diversas obras, todas las cuales se encuentran atrasadas o abandonadas. En el caso concreto del distrito 47, de Ñuble, que representa el Diputado señor Rosauro Martínez, hay un proyecto, Huépil-Yungay, por 1.420 millones de pesos, que se encuentra abandonado. Durante un año, la inspectora fiscal le estuvo pidiendo al Director Nacional de Vialidad que pusiera término al contrato, quien guardó absoluto silencio y sólo contestó después que la denuncia se hizo pública. Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas a fin de que explique las razones por las cuales durante un año la Dirección de Vialidad mantuvo silencio ante una situación de evidente abandono de una obra de más de 1.400 millones de pesos. He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación la solicitud del Diputado señor Víctor Pérez. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobada la solicitud del Diputado señor Víctor Pérez.INCONSECUENCIA DE OPOSICIÓN EN EJERCICIO DE ACCIÓN FISCALIZADORA DE LA CÁRAMA DE DIPUTADOS. El señor NARANJO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, voté favorablemente cada una de las proposiciones que formuló la Derecha en esta sesión. Naturalmente, no puedo ignorar el hecho de que está ejerciendo una facultad exclusiva y excluyente de esta Corporación. Sin embargo, lo que repugna es el uso oportunista que se hace de esta facultad consagrada en la Constitución Política. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor ÁVILA.- Toda esta Derecha que hoy huye en estampida,... -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor ÁVILA.- ...es obvio que no nació a la vida política en 1989. Todos ellos tienen una trayectoria en el gobierno del cual formaron parte, ya fuera directamente, a través del ejercicio de los cargos de directores de servicios, alcaldes designados u ocupando altos cargos en la administración de aquel entonces, o bien indirectamente, mediante los privilegios de un régimen que ofrecía buenos negocios. Por lo tanto, no pueden presentarse hoy como seres impolutos, que no reconocen un pasado de compromiso con un régimen que no sólo violó los más esenciales derechos humanos, sino que también sacrificó reiteradamente el principio de probidad en la gestión pública de un modo absolutamente inédito en la historia de Chile. Pues bien, esas mismas personas, hoy se presentan como los grandes catones, como predestinados a proteger la probidad pública. Pienso que la facultad fiscalizadora está en manos nuestras, por decisión de la ciudadanía; en esencia, no nos pertenece. Por lo tanto, cuando se hace uso de ella, por una parte, hay que tener autoridad moral para ejercerla y, por otra, ser absolutamente consecuentes. La función fiscalizadora se degrada cuando se utiliza con criterio político partidista, cuando primero se averigua a quién afecta para utilizarla y en ese error, muy grave, han incurrido muchos de los parlamentarios que forman parte del conglomerado de la Derecha. Ellos se denominan “centro Derecha”, naturalmente, porque obedecen a una especie de complejo centrípeto, una especie de tendencia irresistible a irse al centro, lo cual no pasa de ser una mera mascarada porque, en el fondo, siguen siendo la Derecha más tradicional, reaccionaria y ultramontana. He dicho.SOLUCIÓN A CRISIS DE ARICA Y PARINACOTA. Oficios. El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y al Ministro del Interior, presidente del Comité Interministerial para el Desarrollo de Arica y Parinacota, a fin de que se tomen las providencias que permitan materializar, en forma urgente, lo planteado en el proyecto de acuerdo, fruto de una sesión especial en que se trató in extenso la situación de Arica y Parinacota, aprobado en forma unánime por esta Cámara el 7 de mayo recién pasado, con el informe y en presencia del Ministro de Economía en representación del Gobierno. Es necesario que, en el corto plazo, se haga realidad la voluntad del Gobierno de ayudar al desarrollo de Arica y Parinacota, creando y mejorando incentivos a la inversión en empleos, con lo que se une a la voluntad unánime de esta Cámara para avanzar en ese mismo sentido, pues los problemas de la zona necesitan solucionarse ahora y no en años futuros. Uno de los principales obstáculos para el logro de este objetivo, que busca desterrar tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se debe a la lenta burocracia estatal que no responde a los planteamientos de los parlamentarios ni de los personeros de Gobierno, ni tampoco de las organizaciones sociales y particulares, incluidos empresarios e inversionistas. La lentitud habitual del aparato público exaspera a quienes buscan crear actividades y producir cambios en Arica y Parinacota. Temas como la ubicación y construcción de centros de acopio de minerales se arrastran por años, como se prolongó en exceso la ejecución de los complejos fronterizos y centros exportadores. Sólo ahora empiezan a verse avances reales. La redefinición de las áreas silvestres protegidas avanza a paso de tortuga, con lo cual se compromete un posible desarrollo minero. Tampoco se responde con eficacia a los problemas presentados en un potente proyecto de parque industrial y comercial privado, que se está instalando en la ribera norte del río Lluta. Más de cien interesados bolivianos no pueden concretar su inversión, porque es necesario autorizar la venta de terrenos a extranjeros en ese sector -lo que ya se hizo en otros sectores de Arica-, para lo cual sólo se requiere voluntad y deseo de obtener pronto la autorización para su materialización. Debemos entender que Arica y Parinacota necesitan atención preferente del aparato estatal y si queremos enfrentar con éxito el desarrollo de ambas provincias bifronterizas, será necesario tener iniciativas legales y administrativas en forma frecuente, reaccionando a las nuevas situaciones a tiempo y eficazmente. No debemos temer a modificar y mejorar la ley Arica cada vez que sea necesario. Lo mismo tenemos que hacer con los planes e iniciativas gubernamentales del aparato público a cargo del desarrollo de Arica y Parinacota. Las mismas facultades que solicitamos para el Gobernador de Arica las pedimos para el de Parinacota, provincia que progresivamente va asumiendo los tremendos desafíos que se le presentan, por ser parte del corredor bioceánico centrosudamericano, con temas de transporte, turismo, desarrollo minero, medio ambiente, comercio exterior, todo lo cual hace necesario reforzar las capacidades de los servicios públicos de Parinacota, especialmene de su Gobernador. Ahora, Arica y Parinacota están expectantes. Saben que se celebró una sesión especial en la Cámara para tratar la situa- ción de ambas provincias y de los efectos de la ley y del plan Arica. Saben que por unanimidad se acordó pedir nuevas acciones del Gobierno en favor de Arica y Parinacota. Por ello, ésta es una gran oportunidad para dar una señal clara de la preocupación que existe por los problemas de Arica, acogiendo lo que se pide en el proyecto de acuerdo. La señal no puede demorarse, pues todo día de demora, frustra y desanima a quienes confiamos y estamos seguros de que el Gobierno quiere continuar el camino de apoyar a Arica y Parinacota que comenzó en forma potente y comprometida con el plan y la ley Arica, de 1995. Ambas iniciativas deben ser redinamizadas y mejoradas con energía, decisión y, sobre todo, con rapidez. Solicito que se adjunte el texto de mi intervención a los oficios He dicho. El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntos al texto de su intervención con la adhesión de los señores diputados que así lo manifiesten. En el turno del Comité Socialista, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 14.36 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica. (Boletín Nº 2167-13). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, iniciado en moción de los Diputados señora Adriana Muñoz y señores Juan Pablo Letelier; Carlos Montes y Andrés Palma y del ex Diputado señor Mario Devaud que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención y dicta normas de protección de los derechos del ciudadano. (Boletín Nº 914-07). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, del proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de acuerdo sobre aprobación del “Convenio sobre traslado de personas condenadas”, adoptado por el Consejo de Europa, el 21 de marzo de 1983, en Estrasburgo, Francia. (Boletín Nº 1769-10). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, del proyecto de acuerdo antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4. Oficio del Senado. “Valparaíso, 7 de mayo de 1998 Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha dispuesto el archivo, previa consulta a la honorable Cámara de Diputados, de los siguientes proyectos de ley:1) El que dispone la cancelación de anotaciones en el boletín comercial, en los casos que indica. (Boletín Nº 324-05), y2) El que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, diputados y senadores. (Boletín Nº 966-07). Lo que tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia en respuesta a sus oficios Nºs 182, de 21 de julio de 1994, y 1369, de 8 de septiembre de 1993. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a V.E., (Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.5. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica. (boletín Nº 2167-13)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en único trámite reglamentario, acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica. El proyecto iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, ha sido calificado con “discusión inmediata” en todos sus trámites constitucionales. A las sesiones que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistieron el señor Ministro de Hacienda (S), don Manuel Marfán L.; el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Jorge Arrate M.; el señor Subsecretario del Trabajo, don Julio Valladares M.; el señor Subsecretario de Previsión Social, don Patricio Tombolini V., y el señor asesor del Ministerio de Hacienda, don Alberto Arenas D.-o-I. ANTECEDENTES GENERALES. Uno de los objetivos fundamentales que ha tenido el Supremo Gobierno es la obtención de un crecimiento sólido y sostenido cuyos resultados alcancen a todos los chilenos y, en especial, a los de menores recursos, todo ello inserto en un espíritu de concertación social de todos los sectores que hagan posible un desarrollo sostenido con equidad. Para estos efectos, el día 6 de mayo del presente año, se celebró un Acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno, relativo a diversas materias de índole laboral, entre las cuales se destacó, precisamente, el incremento del ingreso mínimo mensual, por un período de tres años. Para la determinación de dicho incremento se utilizaron, en concreto los criterios de la productividad y la inflación esperada para el período de vigencia de los nuevos montos del ingreso mínimo. El primero, debiera constituir el factor fundamental del crecimiento del poder adquisitivo de éste en el tiempo, y la segunda, el mecanismo más idóneo para mantener el poder adquisitivo de esta remuneración.II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO. En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que las ideas matrices o fundamentales del proyecto son reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, a contar del 1º de junio de 1998; reajustar también la asignación familiar y maternal del sistema único de prestaciones familiares y el subsidio familiar para personas de escasos recursos. Además, otorga a los pensionados un bono de invierno y un aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad para 1998. Tales ideas matrices o fundamentales se encuentran desarrolladas, en el proyecto en informe, en 9 artículos permanentes que regulan las materias siguientes:1. Ingreso Mínimo Mensual. El salario mínimo ha cumplido un importante rol en la economía como instrumento para corregir fallas en el mercado laboral. Ello justifica su mantención, pues asegura un piso salarial a quienes ocupan puestos de trabajo de muy baja productividad, puesto que, los trabajadores que se encuentran en esta situación no disponen de la capacidad de negociación o posibilidades de movilidad, que eviten que sean contratados a un salario inferior a su productividad. De igual modo, las relaciones laborales requieren desarrollarse en un marco de estabilidad que otorgue seguridad, tanto a los trabajadores como a los empleadores, respecto a la evolución futura de ciertas variables claves. A este objetivo contribuye el ingreso mínimo. En tal sentido, este proyecto de ley da un importante paso adelante, al fijar anticipadamente el ingreso mínimo mensual que regirá a contar del 1º de junio de los años 1999 y 2000, evitando de esta manera la incertidumbre y los riesgos asociados a una negociación anual. Específicamente, el proyecto, en su artículo 1º, eleva el ingreso mínimo mensual de $ 71.400, a $ 80.500, a contar del 1º de junio del presente año. Este monto se incrementará a $ 90.500 y $ 100.000, a contar del 1º de junio de los años 1999 y 2000, respectivamente. Asimismo, se fija en $ 66.361, a contar del 1º de junio del presente año, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y para los trabajadores mayores de 65 años. El valor de este ingreso mínimo se elevará a $ 71.670 y $ 77.404, a contar del 1º de junio de los años 1999 y 2000, respectivamente. Por último, a contar del 1º de junio del presente año, se establece en $ 57.342 el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales, valor que se incrementará a $ 61.929 y $ 66.883, a contar del 1º de junio de los años 1999 y 2000, respectivamente. El artículo 2º tiene por objeto clarificar la situación de los profesionales funcionarios afectos a la ley Nº 15.076. Para éstos, en conformidad al artículo 7º de dicho cuerpo legal, se calculaba el sueldo base de sus remuneraciones en sueldos vitales, hoy ingreso mínimo. Sin embargo, a partir del año 1983, al no reajustarse el valor del ingreso mínimo, se optó por hacer extensivos a estos profesionales funcionarios los reajustes generales de remuneraciones de los funcionarios de la Administración Pública que se otorgan periódicamente. Por ello, en cada ley de reajuste de los ingresos mínimos, se procede a excluirlos en forma expresa.2. Asignaciones Familiares y Maternal y Subsidio Familiar. En segundo lugar, este proyecto también reajusta, a contar del 1º de julio de 1998, las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y el subsidio familiar para personas de escasos recursos establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020. En efecto, el artículo 3º reajusta, a contar del 1º de julio de 1998, las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. La necesaria focalización con que las asignaciones familiares deben ser entregadas a sus beneficiarios, justifica mantener la actual diferenciación por tramos. Por tanto, el citado beneficio se fija en $ 3.025 mensuales por carga a los beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 91.800; en $ 2.943 por carga para los beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 91.800 y no exceda los $ 186.747; y en $ 1.000 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 186.747 y no exceda los $ 365.399. Por su parte, el artículo 4º incrementa, a contar de la misma fecha, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020 de $ 2.800 a $ 3.025. Esto beneficia a personas de escasos recursos.3. Bono de Invierno y Aguinaldo. Asimismo, y considerando la difícil situación que enfrentan los pensionados más pobres, se ha decidido otorgar nuevamente este año un Bono de Invierno, cuyo monto ha sido reajustado en un 9,5% respecto del valor del año pasado; también se otorgan los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad de 1998. Estos beneficios se otorgan por una sola vez cada año a los pensionados que se indican en cada caso en los artículos 5º y 6º del presente proyecto. En este sentido, el artículo 5º del proyecto concede, por una sola vez en el año 1998, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, y a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual a $ 60.899, y a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, un bono de invierno de $ 24.090. Éste se pagará en el mes de junio del referido año, a todos los pensionados antes señalados que al primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad. Este bono será de cargo fiscal y no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal. Tampoco será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. No tendrán derecho a este bono quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el seguro social de la ley Nº 16.744, o de pensiones de gracia, siempre que la suma de ellas supere los $ 60.899. Por su parte, el artículo 6º otorga, por una sola vez, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, que tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto de 1998, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 1998, de $ 7.603. Éste se incrementará en $ 3.914 por cada persona que, a la misma fecha, tenga acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Al mismo aguinaldo, con el incremento cuando corresponda, tendrán derecho quienes, al 31 de agosto de 1998, tenga la calidad de beneficiarios de las pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos a que se refiere el decreto ley Nº 869, de 1975; de las establecidas en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política de la ley Nº 19.123, y de las indemnizaciones del artículo 11 de la ley Nº 19.129. Asimismo, se concede un aguinaldo de Navidad del año 1998 a todos estos pensionados, el que ascenderá a $ 8.721 por cada pensionado, incrementándose en $ 4.922 por cada persona que, a la misma fecha, tenga acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Estos aguinaldos presentan las mismas características y condiciones establecidas en leyes anteriores sobre la materia, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 6º y 7º del proyecto.4. Otras disposiciones El artículo 8º del proyecto extiende el límite que la ley Nº 18.469 dispone para que el Estado cubra el valor total de las prestaciones médicas a que se refiere dicho cuerpo legal, a los afiliados al Régimen de Prestaciones de Salud cuyo ingreso mensual no exceda de $ 80.500. En consecuencia, se eleva dicho límite, que actualmente es de $ 71.400, hasta la cantidad señalada, favoreciendo de este modo a un mayor número de personas de escasos recursos. Por último, su artículo 9º señala el financiamiento del mayor gasto fiscal que representará la aplicación de este proyecto, el que se efectuará, durante el año 1998, con transferencias del ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del presupuesto vigente.III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO. En el proyecto que vuestra Comisión os informa no existen normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.IV. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. Vuestra Comisión estimó que todo el articulado del proyecto en informe deba ser conocido por la Comisión de Hacienda.V. DISCUSIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR. Sometido a votación en general y en particular, el proyecto en informe se aprobó por unanimidad. Durante dicha discusión el señor Ministro de Hacienda (S), don Manuel Marfán L. expresó que el proyecto en discusión contempla, al igual que años anteriores, un mejoramiento del ingreso mínimo pero con la diferencia de que se establece un nivel del mismo por el período de tres años, elevándolo de $ 71.400 a $ 80.500, a contar del 1° de junio del presente año, de $ 80.500 a $ 90.500, a partir del 1° de junio de 1999 y de $ 90.500 a $ 100.000, a partir del 1° de junio del año 2.000. Estas cifras corresponden a un aumento real de un 12,7% para 1998, de un 12,4% para 1999 y de un 10.5% para el año 2.000. Agregó que el resto del articulado corresponde a lo que, tradicionalmente, se contempla en esta clase de iniciativas estableciendo reajustes para beneficios de carácter anual, dado su impacto presupuestario, principalmente en lo referente a la asignación familiar, la que se incrementa en un 8% para el tramo de ingreso que no exceda de los $ 91.800 pesos, de un 7% para el tramo de $ 91.800 a $ 186.747 pesos y de un 6,5% para el tramo de $ 186.747 a $ 365.399 pesos. Por su parte, vuestra Comisión consideró de suma trascendencia el que este año, a diferencia de los anteriores, el Supremo Gobierno llegará al establecimiento del mecanismo de reajuste del ingreso mínimo por tres años basado en un acuerdo con la principal organización de trabajadores, cual es la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, estimó que es necesario que a futuro se contemple la posibilidad de que se reincorporen a dichas negociaciones las organizaciones de empleadores, a quienes cabe un rol fundamental en la discusión de aquellas materias de tanta trascendencia para el mundo laboral, por cuanto el fijar variables a largo plazo, tiene una incidencia importante en quienes toman decisiones de contratación y lleva aparejada la consideración sobre expectativas de inflación futura. Asimismo, estima que el salario mínimo permite, además, a quienes no pueden negociar colectivamente un piso que sitúa en un plano de mayor igualdad a la parte trabajadora en relación con la empleadora. Sin embargo, vuestra Comisión manifestó su preocupación en torno a que el salario mínimo tiene costos, principalmente en el desempleo juvenil, pues a aquellos sectores del mercado laboral que tienen una más baja productividad les cuesta mucho más acceder a puestos de trabajo cuando el ingreso mínimo es más alto. En este sentido, es parecer de la Comisión que el mercado laboral juvenil y, especialmente el infantil, debiera ser sustituido por una mayor participación de los jóvenes en el sistema educacional, restringiendo de esa manera su participación en el mercado laboral antes del término de sus estudios. Por otra parte, la Comisión estimó conveniente que los beneficios contemplados en los artículos 5° y 6° del proyecto en informe pudiesen ser extendidos a las personas inválidas, las que particularmente, siempre se encuentran en una situación bastante desmedrada respecto de los otros beneficiarios de esta ley. Finalmente, estima que debieran adoptarse los resguardos necesarios ante la eventualidad de que la economía no tenga el desempeño por todo esperados.VI. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR. No hubo opiniones en tal sentido.VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS O DECLARADOS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN. No existen indicaciones en tal sentido.VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN. Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que oportunamente os dará a conocer el señor diputado informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Elévase, a contar del 1º de junio de 1998, de $ 71.400 a $ 80.500, el monto del ingreso mínimo mensual. A contar del 1º de junio de 1999, dicho monto será de $ 90.500 y, a partir del 1º de junio del 2000, tendrá un valor de $ 100.000. Fíjase, a contar del 1º de junio de 1998, en $ 66.361, el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y para los trabajadores mayores de 65 años de edad. Este mismo ingreso mínimo ascenderá a $ 71.670, a contar del 1º de junio de 1999 y a $ 77.404, a contar del 1º de junio del 2000. Elévase, a contar del 1º de junio de 1998, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 53.094 a $ 57.342. Este valor se elevará a $ 61.929 a contar del 1º de junio de 1999 y a $ 66.883, a contar del 1º de junio del 2000. Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará para el cálculo de las remuneraciones de los profesionales funcionarios a que se refiere el artículo 7º de la ley Nº 15.076, modificado por el artículo 8º de la ley Nº 18.018. Artículo 3º.- Reemplázase, a contar del 1º de julio de 1998, el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 18.987, por el siguiente: “Artículo 1º.- A contar del 1º de julio de 1998, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:a) De $ 3.025 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 91.800;b) De $ 2.943 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 91.800 y no exceda los $ 186.747;c) De $ 1.000 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 186.747 y no exceda los $ 365.399; yd) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 365.399, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para estos trabajadores; dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan.”. Artículo 4º.- Fíjase en $ 3.025, a contar del 1º de julio de 1998, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020. Artículo 5º.- Concédese por una sola vez en el año 1998, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual a $ 60.899, a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal conforme al Título VII de dicho cuerpo legal, y a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, un bono de invierno de $ 24.090. El bono a que se refiere el inciso anterior, se pagará en el mes de junio del presente año, a todos los pensionados antes señalados que al primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad. Será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. No tendrán derecho a dicho bono quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el seguro social de la ley Nº 16.744, o de pensiones de gracia, salvo cuando éstas no excedan en su conjunto la suma de $ 60.899 mensuales. Artículo 6º.- Concédese, por una sola vez, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, que tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto de 1998, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 1998, de $ 7.603. Este aguinaldo se incrementará en $ 3.914 por cada persona que, a la misma fecha, tenga acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. En los casos en que las asignaciones familiares las reciba una persona distinta del pensionado, o las habría recibido de no mediar la disposición citada en el inciso precedente, el o los incrementos del aguinaldo deberán pagarse a la persona que perciba o habría percibido las asignaciones. Asimismo, los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia no podrán originar, a la vez, el derecho a los aguinaldos a favor de las personas que perciban asignación familiar causada por ellos. Estas últimas sólo tendrán derecho a los aguinaldos en calidad de pensionadas, como si no percibieren asignación familiar. Al mismo aguinaldo, con el incremento cuando corresponda, que concede el inciso primero de este artículo, tendrán derecho quienes, al 31 de agosto de 1998, tengan la calidad de beneficiarios de las pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975; de la ley Nº 19.123 y de las indemnizaciones del artículo 11 de la ley Nº 19.129. Cada pensionado tendrá derecho sólo a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión. En el caso que pueda impetrar el beneficio en su calidad de trabajador afecto al artículo 10 de la ley Nº 19.533, sólo podrá percibir en dicha calidad la cantidad que exceda a la que le corresponda como pensionado. Al efecto, deberá considerarse el total que represente la suma de su remuneración y pensión, líquidas. Los aguinaldos a que se refiere este artículo no serán imponibles. Quienes perciban maliciosamente estos aguinaldos o el bono que otorga este artículo o el anterior, respectivamente, deberán restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles. Concédese, asimismo, por una sola vez, a los pensionados a que se refiere este artículo, que tengan algunas de las calidades que en él se señalan al 25 de diciembre del presente año, un aguinaldo de Navidad del año 1998 de $ 8.721. Dicho aguinaldo se incrementará en $ 4.922 por cada persona que, a la misma fecha, tenga acreditada como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban esos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Cada pensionado tendrá derecho sólo a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión. En lo que corresponda, se aplicarán a este aguinaldo las normas establecidas en los incisos segundo, tercero, sexto y séptimo de este artículo. Artículo 7º.- Los aguinaldos que concede esta ley, en lo que se refiere a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, serán de cargo del Fisco y, respecto de los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, de cargo de la institución o mutualidad correspondiente. Con todo, el Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a dichas entidades de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pudieren financiarlos, en todo o en parte, con sus recursos o excedentes. Artículo 8º.- Reemplázase, en el artículo 29 de la ley Nº 18.469, el guarismo “$ 71.400”, las dos veces que figura, por “$ 80.500”. Artículo 9º.- El mayor gasto fiscal que represente, durante el año 1998, la aplicación de esta ley, se financiará con transferencias del ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto vigente.-o- Se designó Diputado Informante a don Manuel Bustos Huerta. Sala de la Comisión, a 7 de mayo de 1998. Acordado en sesión de fecha 7 de mayo del año en curso, con la asistencia de los señores Bustos, don Manuel; Caminondo, don Carlos; Dittborn, don Julio; Fossa, don Haroldo; Letelier, don Juan Pablo; León, don Roberto (Presidente); Paya, don Darío; Pérez, don Aníbal; Prochelle, doña Marina; Seguel, don Rodolfo, y Villouta, don Edmundo. (Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Secretario Abogado de la Comisión”.6. Certificado de la Comisión de Hacienda. “Valparaíso, 12 de mayo de 1998 El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica: Que en sesión del día de ayer fue aprobado en particular por la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley originado en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica (boletín Nº 2167-13), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, con la asistencia de los Diputados señores Palma, don Andrés (Presidente); Álvarez, don Rodrigo; Galilea, don Pablo; García, don José; Huenchumilla, don Francisco; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel, y Villouta, don Edmundo. Concurrieron a esta sesión, en representación del Ejecutivo, los señores Manuel Marfán, Ministro de Hacienda subrogante; Álvaro García, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; Julio Valladares, Subsecretario del Trabajo; Patricio Tombolini, Subsecretario de Previsión Social, y los respectivos asesores. Asistió, también, el señor Carlos Massad, Presidente del Banco Central de Chile. Del debate de la Comisión surgieron dos indicaciones a los artículos 5º y 7º que fueron declaradas inadmisibles por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ellas son las siguientes: De los Diputados señores Álvarez, Galilea, don Pablo; García, don José; Jocelyn-Holt; Montes y Ortiz, para reemplazar el inciso primero del artículo 5º, por el siguiente: “Artículo 5º.- Concédese por una sola vez en el año 1998, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión, de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744 y del decreto ley Nº 3.500, de 1980, cuyas pensiones sean de un monto inferior a $ 60.899 y a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, un bono de invierno de $ 24.090.”. De los Diputados señores Jocelyn-Holt, Montes, Ortiz y Villouta para suprimir en el artículo 7º la frase “y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744” y la palabra “mutualidad”. Sometido a votación el articulado del proyecto fue solicitada votación separada para los artículos 5º, 6º y 7º. Los artículos 5º y 6º fueron aprobados por 6 votos a favor y 3 abstenciones. El artículo 7º lo fue por 6 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones. El resto del articulado fue aprobado por unanimidad. La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Huenchumilla, don Francisco. Se adjunta al presente certificado el informe financiero correspondiente. El texto del proyecto de ley aprobado por esta Comisión es el mismo que aprobara la Comisión de Trabajo en sesión de fecha 7 de mayo de 1998. (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión”.