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- rdf:value = " RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Artículo 34 del Reglamento).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hacer uso del derecho establecido en el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Señor Presidente , honorables colegas, de acuerdo con las normas obligatorias para todos y cada uno de los honorables diputados, contenidas tanto en el Reglamento de la honorable Cámara como en el Código de Conductas Parlamentarias, invoco su debida atención sobre ciertos asuntos públicos y notorios.
Además de la sensibilidad y honra personal ofendidas, se ha afectado la reputación del Poder Legislativo en su imagen pública. Evitar estos hechos es tarea a la que todos estamos obligados; ello en beneficio de la mantención de la dignidad parlamentaria y del estado de derecho, único garante de la libertad, la probidad y el engrandecimiento de la República.
En efecto, han sido permanentes los ataques personalizados en esta parlamentaria por otro miembro de esta distinguida Corporación. Tal actitud, con publicidad, está reñida con el decoro mínimo a que los parlamentarios estamos obligados a mantener en nuestros actos, tanto privados como públicos. De allí que solicito la superior consideración del señor Presidente , y la hago extensiva a toda la Mesa de la honorable Cámara, por las reiteradas, pertinaces, falaces y denostativas provocaciones de que he sido objeto de parte de la colega diputada señora Lily Pérez .
En los hechos descritos, que con profusión se dan a conocer en la prensa nacional, con alarma he comprobado que mi persona aparece vinculada a ciertos poderes ocultos e intervenciones indebidas en beneficio de las actividades empresariales de mi cónyuge, al punto de existir una confusión en tales actos, que jamás he cometido, y en la necesaria transparencia en los gastos que audita la Corporación. Resulta gravísimo que ahora el escándalo sea la forma de pregonar la falsedad a fin de hacerla aparecer como cierta, para así imponerla. Eso ya no tan sólo respecto a mi integridad ética como persona, sino contra todos los miembros de la Cámara y a su muy lúcida presidencia.
Las falsas afirmaciones contenidas en toda la prensa escrita, televisiva y radial pretenden sembrar ya no una simple duda, sino que han venido a perturbar el desarrollo de una institución de centenaria raigambre democrática, cuyo primer deber es el respeto a la condición humana.
Así las cosas, se ha transgredido permanentemente tanto el espíritu como las expresas disposiciones contenidas en los artículos 90 y siguientes del Reglamento de la honorable Cámara. El número 5º del artículo 90, epígrafe 5º, “De las faltas al orden.”, dice lo siguiente: “Faltare al respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los ministros con acciones o palabras descomedidas, o con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes”.
Tan evidente y manifiesto es lo que expreso que, sin duda, da lugar a las máximas sanciones allí contenidas. Sólo soy una parlamentaria y jamás me arrogaré el carácter de juzgadora. De allí que, frente a la subjetividad humana, está el Reglamento. Si aún aquello no fuera suficiente, el Código de Conductas Parlamentarias es sumamente preciso, ya que en su Título II, ��De los Deberes”, consagra como imperativo inequívoco las obligaciones a las que todos estamos sometidos, regladas como fundamentales. Tales son, entre otras, las del artículo 7º, letra a): “Obrar con honradez y buena fe”.
Estos principios, que se debieran compartir por todos, son precisados en el Código al punto de vincularlos expresamente con la veracidad de los dichos en los hechos y en las afirmaciones o negaciones.
La letra b) dispone: “Obrar con fraternidad frente a sus colegas, debiendo abstenerse cuidadosamente de expresiones malévolas e injuriosas y aludir a antecedentes personales de ella.
La letra c) indica: “Ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados, funcionarios y otras autoridades públicas”.
La actitud incontrastable de la diputada en cuestión, que demuestra que ha faltado, transgredido, menoscabado y denostado a mi persona, tanto en mi función parlamentaria como en mi dignidad humana, no se ha detenido allí. No satisfecha con las públicas y falsas referencias a la suscrita, hoy no trepida en enlodar la inestimable función de todos los miembros del Poder Legislativo.
Me supone intereses reñidos con la honorabilidad del cargo y nos imputa a todos trabas a la transparencia pública. Nadie, en su sano juicio y con rectitud de bien, podrá suponer que tales ignominias son ciertas. ¿Podría pensarse que todo el Poder Legislativo está compuesto por presuntos rufianes, desinteresados en el cuidado de los fondos públicos, patrimonio de todos los chilenos? ¿Cuántos años costó que este Parlamento entrase en funciones para que uno de sus integrantes ponga en duda su actuar?
¡Cuán fácil es hacer perder la credibilidad en las instituciones de la paz, donde deben prevalecer los argumentos y no las ofensas, la inteligencia y no la espuria figuración, la discusión veraz y profunda, y no la descalificación maledicente. Atacan al Congreso aquellos que temen a la razón; ofenden a la Nación aquellos que no creen en su dignidad, hoy representada por todos nosotros.
Por consiguiente, solicito a la honorable Cámara de Diputados, a los Comités parlamentarios, en particular a la honorable Mesa, que, con el debido acuerdo de la Sala y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Corporación, se sirvan considerar imponer a la diputada señora Pérez las sanciones previstas en el señalado artículo, a las que es merecedora, no en ánimo de revancha, sino de justicia.
Aprovecho esta solemne ocasión en beneficio de la Corporación, y no en el mío propio, para agradecer las muchas y reiteradas muestras de solidaridad y afecto que, con dignidad parlamentaria, me han expresado los colegas de las más diversas bancadas, donde la expresión unánime es la inaceptable actitud de quien se pretende erigir como juez absoluto de las personas, incluso de esta institución.
Formalmente, pido el pronunciamiento de esta honorable Corporación, y aprovecho de agradecer las muestras de generosidad humana frente a lo que debe ser considerado como una afrenta mayor al prestigio de todos los integrantes de esta Cámara. Se ha violentado la lealtad que todos nos debemos en la digna tarea de legislar, que el pueblo nos ha encomendado, entregándonos su confianza. Chile requiere un Parlamento digno. ¡Dignifiquémoslo!
He dicho.
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